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Pluralismo jurídico y derechos humanos: perspectivas críticas desde la política criminal

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Ángela Marcela Olarte Delgado

Tercera parte. Enfoque interseccional y política criminal

Mirada interseccional a la criminalización de la pobreza. Estudio del impacto de la política criminal contra las drogas sobre las mujeres en Colombia1

Intersectional approach to the criminalization of poverty. Study of the impact of criminal drug policy on women in Colombia

Sara Méndez Niebles et Alejandro Gómez Restrepo

Résumé

La política criminal contra las drogas ha generado efectos desproporcionados en las mujeres, respecto a otros grupos poblacionales, en virtud de su excesiva criminalización y encarcelamiento, lo que ha causado una afectación mínima en las redes de narcotráfico y un alto impacto respecto a su familia y comunidad. Según los postulados de Loïc Wacquant, las tendencias contemporáneas en política criminal y de seguridad han generado el fenómeno de la criminalización de la pobreza. Aquello, atravesado por el enfoque interseccional desarrollado por la autora Kimberlé Crenshaw –entendido como la mirada sobre los entrecruces de diferentes factores de discriminación–, permite comprender cómo algunas mujeres, en condiciones múltiples de vulnerabilidad, al entrar en organizaciones narcotraficantes son criminalizadas excesivamente por el ejercicio punitivo del Estado. Este fenómeno global puede observarse en Colombia, donde hay una tendencia al endurecimiento punitivo y securitario orientado por el fenómeno criminal del narcotráfico. Además, específicamente, a partir de la muestra tomada del estudio efectuado en la cárcel El Pedregal en Medellín, puede observarse cómo mujeres con escasos recursos económicos, sin educación, madres y cabeza de hogar son procesadas y condenadas por delitos asociados a drogas. Por ello, en esta investigación, con base en una metodología hermenéutico-crítica cualitativa y documental, primero, se aborda el fenómeno de la criminalización de la pobreza bajo el enfoque interseccional; segundo, se identifican las características de la política criminal contra las drogas en América Latina y en Colombia, y, tercero, se observan los datos estadísticos sobre mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal, en Medellín, a partir del estudio realizado. Se concluye que resulta imprescindible adoptar una perspectiva interseccional en la formulación de la política criminal en Colombia, especialmente respecto al fenómeno del narcotráfico, con miras a reducir el ejercicio punitivo que se observa en virtud de la consolidación de un Estado securitario.

Texte intégral

1. Introducción

  • 1 El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación “Modelo actual de reintegración: gir (...)

1La política criminal latinoamericana frente a las drogas y el narcotráfico ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres respecto a otros grupos poblacionales, especialmente en Colombia. Estas se han visto enfrentadas a un fenómeno de excesiva criminalización y encarcelamiento. Lo anterior, dado que son detenidas por la comisión de delitos que conllevan un alto riesgo, de allí su fácil captura. Además, por encontrarse en un bajo nivel en la cadena del narcotráfico, cumpliendo funciones tales como la distribución o el tráfico de pequeñas cantidades de drogas. De esta forma, su criminalización y encarcelamiento tiene mínimo impacto en las estructuras criminales y, a su vez, produce un alto impacto en las comunidades a las que estas mujeres pertenecen, ya que en su mayoría son madres cabeza de hogar. Esto es especialmente grave en el contexto colombiano, donde la política criminal contra drogas se ha enfocado en juzgar y condenar a personas en contextos de vulnerabilidad social.

  • 2 Sociólogo nacido en Montpellier, Francia, en 1960; especializado en sociología urbana, pobreza urba (...)
  • 3 Jurista nacida en 1959 en Canton, Estados Unidos, especializada en teoría crítica de la raza y el g (...)

2El sociólogo Loïc Wacquant2 manifiesta cómo las tendencias contemporáneas en política criminal y en seguridad han llevado a la criminalización de la pobreza, es decir, al direccionamiento del aparato punitivo hacia las clases sociales más bajas, en las cuales se ubican personas que, dada su condición de pobreza estructural, buscan en el negocio de la droga un sustento económico. Esto, en conjunción con los postulados de la autora Kimberlé Crenshaw3, permite entender cómo mujeres en condiciones de precariedad entran a hacer parte de las redes de narcotráfico dada su vulnerabilidad socioeconómica, y es sobre sus cuerpos en los que recae de manera desproporcionada el ejercicio punitivo del Estado. Lo anterior, toda vez que la filósofa propone el enfoque interseccional para comprender cómo diferentes condiciones de vulnerabilidad, al recaer en una misma persona, las conducen a contextos de discriminación particulares. Estos planeamientos se hacen evidentes cuando se observa el contexto colombiano, al estudiar las falencias en la política criminal y a partir de datos extraídos de una muestra poblacional de mujeres recluidas en la cárcel El Pedregal de Medellín.

  • 4 Este texto no se estructura como un estudio de caso o un análisis de impacto, es decir, no se prete (...)

3A partir de lo anterior, en la presente reflexión se cuestiona: ¿cuáles son los efectos específicos de la política criminal contra las drogas en Colombia sobre las mujeres desde una mirada interseccional? Para responder esto, la investigación tiene como objetivo general indagar por los efectos específicos de la política criminal contra las drogas sobre las mujeres en condiciones múltiples de vulnerabilidad en Colombia, ejemplificado con los datos extraídos de la cárcel El Pedregal en Medellín4. De esta forma, se plantean tres objetivos específicos: primero, se abordará el fenómeno de la criminalización de la pobreza bajo el enfoque interseccional desde las perspectivas propuestas por Wacquant y Crenshaw; segundo, se identificarán las características de la política criminal contra drogas en América Latina y, particularmente, en Colombia; y, tercero, se observarán los datos estadísticos sobre mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal en Medellín, a partir del estudio realizado. Así, este texto se plantea como un estudio teórico soportado en un referente empírico.

4En este sentido, la investigación resulta novedosa al correlacionar los hallazgos teóricos de la criminología crítica bajo la perspectiva interseccional, con la información cuantitativa rastreada. Su novedad también se evidencia en el acercamiento a problemáticas sociales estructurales como el sistema histórico de opresión de la mujer, la pobreza y el narcotráfico, las cuales no se han comprendido de manera interconectada. Asimismo, el texto resulta relevante dado que al usarse el enfoque del feminismo interseccional frente a una problemática que ha sido históricamente pensada desde una mirada masculina –el narcotráfico y su criminalización– se da una perspectiva de género que es requerida en el sistema penal, la cual no se enfoca exclusivamente en las víctimas de los delitos, sino también en quienes son procesadas y castigadas. Lo anterior, al entender que las causas que llevan a la criminalización de mujeres, los delitos por los cuales son sancionadas y las consecuencias de este proceso punitivo son diferentes. Adicionalmente, debe enfatizarse en que el género es solo una de las variadas características de vulnerabilidad que recaen sobre estas mujeres y, por tanto, otros elementos como la clase, la raza, la etnia, incluso la condición de ser proveedoras económicas, deben ser tenidos en cuenta para comprender el contexto de su prisionización.

  • 5 Doctor en Criminología de la Universidad de Keele (Reino Unido). Fue becario de Investigación en Cr (...)
  • 6 Socióloga estadounidense nacida en 1948 en Filadelfia, Estados Unidos, sus investigaciones se han c (...)
  • 7 Metodología basada en la tradición de los estudios críticos del derecho y la sociología jurídica cr (...)

5Por estas razones, a nivel teórico, se toman como base los postulados criminológicos de Loïc Wacquant, complementados por los aportes de Alessandro De Giorgi5, atravesados por el enfoque interseccional propuesto a partir del feminismo de Kimberlé Crenshaw y nutrido por el pensamiento de Patricia Hill Collins6. Asimismo, como base jurídica se toman los informes de América Latina y Colombia sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento desarrollados por la Comisión Interamericana de Mujeres (cim) y Dejusticia, respectivamente, ambos desarrollados en el seno de la Organización de los Estados Americanos (oea), y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de política criminal. Además, como referente empírico se tomarán los datos extraídos de la cárcel El Pedregal en el marco del proyecto “Modelos de reintegración y resocialización en Colombia: un análisis comparativo de la prevención del delito, atendiendo a los factores de vulnerabilidad socioeconómica” (upb/Innova, Rad. 806B-06/17-77) realizado por el Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, en el año 2018, aplicado a 75 hombres y mujeres internos quienes hacían parte del Programa Especial de Cambio (pec). Por ello, se utiliza una metodología hermenéutico-crítica7, siguiendo un método deductivo, donde se correlacionan hallazgos teóricos, interpretándolos a través de un referente empírico que ejemplifica y materializa dichos hallazgos.

6Este texto concluirá reafirmando la necesidad de revisar, replantear y reformular, a través del enfoque interseccional, la formulación, el diseño, la implementación e, incluso, la evaluación, de la política pública de drogas en Colombia. Esto permitirá comprender el contexto de vulnerabilidad de las mujeres, en especial aquellas en quienes recaen múltiples condiciones de discriminación, como el ser madres solteras cabeza de familia, con bajos niveles educativos y en condiciones de precarización laboral. Por ello, partiendo de las recomendaciones que señalan los informes de la oea, se sostiene la necesidad de la reforma estructural del sistema en Colombia adoptando las recomendaciones que allí se expresan, en aras de la descriminalización de las mujeres cuando cometen conductas delictivas relacionadas con drogas y buscando, en últimas, la reducción del aparato punitivo con miras a disminuir sus efectos nocivos sobre las poblaciones vulnerables.

2. Enfoque interseccional en la criminalización de la pobreza

  • 8 “Con las teorías de la criminalidad y de la reacción penal basadas en el labelling approach y con l (...)
  • 9 El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2005) nombra como vidas desperdiciadas aquellas que han sido co (...)
  • 10 Esta es la lógica del etiquetamiento social, la cual no es natural, sino un producto social que, us (...)
  • 11 Usualmente, la clase social y la nacionalidad son los factores tomados de base para el etiquetamien (...)

7Desde los postulados de la criminología crítica8 contemporánea, se afirma que la construcción política del delito responde a los intereses de quienes ostentan el poder. En ese sentido, y en un escenario donde el neoliberalismo ha permeado todas las estructuras, emerge la figura del Estado penal o securitario como aquella concepción estatal donde lo único que se busca garantizar es la seguridad pública. Para garantizar este valor que se toma como supremo, se direcciona el aparato punitivo estatal hacia aquellos sujetos considerados como peligrosos. En una sociedad donde la economía arroja a unos seres humanos a condiciones de pobreza y marginalidad9, son estos quienes se conciben como un peligro por lo que serán el objeto de esta persecución estatal10. Así, las personas en quienes recae el control punitivo son aquellas que se encuentran en condiciones variadas de vulnerabilidad, especialmente la clase social11, pero también la nacionalidad, la raza, la etnia y el género. En este sentido, resulta trascendental observar estos postulados criminológicos a través del lente que propone la interseccionalidad.

8El enfoque del feminismo interseccional nace en el seno del feminismo negro, en la tercera ola del movimiento, siendo este segundo muy cercano al feminismo radical y teniendo como objetivo principal resistir a la opresión y las ideas que la justifican (Hill, 2012). Surge a partir de la experiencia de las mujeres negras sobre las que recae la intersección de raza y sexo –y muchas veces de clase– y se enfoca en buscar el desmantelamiento de todos los sistemas de opresión para alcanzar la verdadera igualdad de derechos para las mujeres negras. En este sentido, este tipo de activismo trasciende las necesidades particulares del grupo, y por ello debe compaginar su trabajo con el de otros movimientos y causas. Así, para las exponentes del movimiento, la de las mujeres negras es una lucha amplia por la dignidad humana de todas las personas (Hill, 2012).

9La jurista y activista del feminismo negro Kimberlé Crenshaw propuso en 1989 el enfoque interseccional como una herramienta que posibilita el estudio de la opresión y la discriminación desde una perspectiva institucional. La propuesta de la autora se enfoca en estudiar diferentes categorías como raza, clase, género, discapacidad, entre otras, y la manera en que estas pueden incidir en la vida de una persona de manera simultánea, para configurar una circunstancia de exclusión particular. Crenshaw estudió la jurisprudencia norteamericana y encontró que la regulación de la discriminación era limitada porque entendía que solo se podía dar en razón de una característica a la vez, es decir, únicamente en virtud del género, la raza o la nacionalidad (entre otras). Así, no se concebía la posibilidad de que la discriminación se desarrollara por el entrecruce de dos o más de estos elementos al mismo tiempo (Crenshaw, 1989).

10En este sentido, para Crenshaw (1989), los elementos esenciales del feminismo interseccional son tres: en primer lugar, las características de discriminación deben ser evaluadas de manera simultánea. En segundo lugar, los diferentes movimientos sociales deben trabajar de manera articulada para evitar entrar en contradicción y facilitar el tratamiento institucional que se le da a la discriminación. En tercer lugar, la autora señala que los movimientos sociales han identificado como sus sujetos políticos a las personas más privilegiadas dentro de estos, es decir, quienes se podrían encontrar en una situación de mayor privilegio de no ser por una característica específica de discriminación que recae sobre estos, tales como las mujeres blancas adineradas en el movimiento feminista o los hombres negros en el movimiento antirracista. Las demandas de estos últimos se convierten en las demandas de los movimientos y dejan por fuera las necesidades de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables en la construcción de sus agendas (Crenshaw, 1989).

11Desde el enfoque interseccional, los más afectados (dado el entrecruce de varios factores de discriminación) deben ser escuchados primero y sus solicitudes deben tenerse como primordiales al interior de los movimientos sociales en aras de sus exigencias ante el Estado. Aquello en tanto permite crear herramientas de protección más amplias que cubran a una mayor parte de la población (Crenshaw, 1989). De esta forma, es claro que el enfoque interseccional pone el énfasis en las diferentes condiciones sociales que pueden afectar a una persona de manera simultánea, que terminan por configurar un tipo de discriminación particular que debe ser objeto de observación por parte de la teoría, la movilización social y, en especial, la atención estatal que se materializa en las políticas públicas, siendo una de estas la política criminal contra las drogas.

  • 12 Siendo categorizados de esta forma los grupos poblacionales más vulnerables.

12Ahora bien, desde la perspectiva de la criminología crítica, según Loïc Wacquant, las sociedades contemporáneas utilizan tres estrategias para enfrentar las conductas que identifican como indeseables, ofensivas o amenazantes provenientes de los sujetos catalogados como peligrosos12: la socialización, la medicalización y la penalización. La primera se da cuando los Estados actúan atacando las causas y manifestaciones más evidentes, tal como pintar las casas de una zona empobrecida en aras de mejorar su aspecto urbano. La segunda consiste en la patologización de la persona que realiza la conducta reprochable y la enmarca en una problemática indidivual que debe tratar un profesional de la salud. La tercera radica en la utilización de la cárcel como el medio de control por excelencia. Para el autor, esta última, la penalización, “funciona como una ténica para la invisibilización de losproblemassociales que el Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, ya no puede o no quiere tratar desde sus causas” (Wacquant, 2009, p. 25). En ese sentido, la cárcel “actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad del mercado” (p. 26).

  • 13 Para profundizar sobre la noción de “Estado penal, securitario o punitivo” se recomienda la lectura (...)
  • 14 Wacquant (2001) define el gueto como las formaciones socioespaciales restringidas donde hay uniform (...)
  • 15 Para Wacquant (2001), este concepto indica la excesiva guetificación que se produce en la sociedad (...)
  • 16 Las personas constituidas en desechos humanos por la industria pasan de vivir en los guetos a las c (...)

13Este fenómeno, denominado criminalización de la pobreza, explica cómo las autoridades, en virtud de tomar los postulados del Estado penal13, adoptan políticas, como las de “tolerancia cero”, donde el foco ya no está sobre el individuo y su conducta que se considera reprochable, “sino que se proyectan, intencionadamente, sobre sujetos sociales, grupos considerados peligrosos” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019, p. 148). Los ciudadanos que viven en condiciones de pobreza, quienes desde la teoría de Wacquant viven en guetos14 e hiperguetos15, padecen un continuum carcelario16 que los conduce a vivir en zonas empobrecidas en los márgenes de las ciudades, lugares invisibilizados y estigmatizados, donde recaen en conductas ilícitas, algunas al interior de las redes de tráfico de drogas que ofrecen caminos fáciles para solventar sus necesidades económicas, y luego son capturados y criminalizados por el Estado al catalogarlos como sujetos riesgosos.

14Alessandro De Giorgi, en esta misma línea, identifica que la construcción institucional de una política criminal basada en el control de riesgos es aquella que otorga a la persona en situación de pobreza, al migrante, al consumidor de estupefacientes, la categoría de sujeto peligroso. Esta se entiende como una política criminal securitaria, donde al buscarse únicamente administrar a las personas bajo una lógica de riesgos, ya no se procura rehabilitar al sujeto ni se busca la resocialización como fin de la pena; por el contrario, tal y como se afirma en su texto Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control, “la cárcel se ha configurado cada vez más como un instrumento de incapacitación de grupos enteros de personas” (2005, p. 15).

  • 17 Tal y como se evidencia en el hecho de que los Estados controlan sus cuerpos al regular y controlar (...)

15A partir de la conjunción entre los postulados teóricos de estos autores de criminología crítica con el feminismo interseccional, puede afirmarse que la población femenina privada de la libertad ha sido marginalizada a nivel estatal y social, y sus necesidades han sido relegadas a último lugar, lo que ha empeorado el fenómeno de su encarcelación. Lo anterior, en virtud de que las mujeres, quienes han sido históricamente oprimidas y controladas estatalmente17, cuando se encuentran en condiciones de precariedad económica, y, debido a esto, entran a hacer parte de organizaciones de tráfico de drogas, son estigmatizadas, judicializadas y criminalizadas de manera desproporcional y diferenciada respecto de los hombres.

16Según la Relatoría Especial de las Naciones Unidas respecto a la Violencia contra las Mujeres (onu, 2013), existe un fuerte vínculo entre la violencia contra estas y su encarcelación. Los estereotipos de género pueden tener un impacto negativo desproporcionado sobre las mujeres al incrementar los tiempos de privación de la libertad, y algunos tipos específicos de violencia en comparación con los hombres. También, manifiesta que las mujeres que pertenecen a minorías étnicas o raciales se ven afectadas de manera aún más desproporcionada por estas políticas, debido a los factores estructurales que se interseccionan haciéndolas más vulnerables.

17En el mismo informe, la Relatoría indica que una de las vías que llevan al encarcelamiento de las mujeres es la misma violencia contra estas, dado que antes de ser criminalizadas habían sido previamente abusadas por sus compañeros de diferentes maneras: violencia física, emocional, económica, explotación y violencia sexual, entre otras (onu, 2013). Asimismo, identifica que la coerción a través de la violencia por parte de sus compañeros sentimentales para cometer conductas criminales, y la conexión de las mismas con otros individuos, las lleva a incurrir en crímenes de menor categoría, muchas veces sin saberlo (onu, 2013).

  • 18 Esta pobreza estructural se caracteriza por el hecho de que resisten periodos prolongados de desnut (...)

18Sumado a lo anterior, a partir del enfoque interseccional resulta claro el perfil de las mujeres que son criminalizadas por delitos relacionados con drogas: estas son en su mayoría madres cabeza de familia y con condiciones económicas precarias (situaciones de pobreza estructural18 en los términos de Wacquant). Estas circunstancias las obligan a cumplir un doble papel: proveedoras del sustento económico familiar y cuidadoras del hogar. Sumado a esto, no tienen buenas opciones de acceso al mercado laboral debido a la ausencia de oportunidades de formación educativa, lo cual lleva a que los trabajos a los que puedan acceder sean, a su vez, precarios (Dejusticia, 2016).

  • 19 Padeciendo, así, el continuum carcelario identificado por Loïc Wacquant (2009).

19La anterior situación hace que las mujeres sean perfectas para cumplir tareas de bajo rango en las organizaciones criminales, donde son utilizadas para conductas como el transporte, que implica un alto riesgo de captura y, a su vez, un bajo nivel en términos de responsabilidad, debido a que no acceden a la información relevante del negocio y, en ese sentido, no representan riesgo alguno en caso de ser capturadas. Además, si esto sucede pueden ser fácilmente reemplazadas (Dejusticia, 2016, p. 12). Así las cosas, la criminalización de estas mujeres no produce efectos reales sobre el fenómeno estrucutral del narcotráfico, pero sí las afecta a ellas de manera desproporcionada produciendo efectos en sus cuerpos, sus familias y sus comunidades, quienes ya se encontraban previamente en condiciones múltiples de vulnerabilidad19.

3. La política criminal contra drogas en América Latina y Colombia

  • 20 Jurista colombiano, nacido en Bogotá en 1959, especializado en Derecho Constitucional. Actualmente (...)

20La “guerra contra las drogas” ha sido la política criminal implementada como respuesta tradicional en las Américas frente al problema de drogas, la cual fue promovida por Estados Unidos desde la década de los ochenta. Esta política ha identificado el prohibicionismo frente al consumo, el porte y la comercialización, es decir, el uso del derecho penal, como las herramientas que deben ser aplicadas para desmantelar el negocio del narcotráfico. Parafraseando a Rodrigo Uprimny20, esto se traduce en que los Estados muestran mejores resultados en la “guerra contra las drogas” en cuanto más personas lleguen a la etapa final del proceso criminal: la pena privativa de la libertad (Dejusticia, 2016). De esta manera, bajo esta doctrina, la política criminal contra drogas se ha enfocado en criminalizar y encarcelar en aras de evidenciar resultados, sin una reflexión profunda sobre los contextos sociales (Dejusticia, 2016).

  • 21 Informe presentado por Youngers (2014).
  • 22 Informe presentado por Walmsley (2018).
  • 23 Informe presentado por Cloutier (2016).
  • 24 Informe presentado por Malinowska-Sempruch y Olga Rychkova (2015).

21Los informes de Youngers21, Walmsley22, Cloutier23 y Rychkova y Malinowska-Sempruch24, arrojan los siguientes datos: la encarcelación de mujeres en Latinoamérica se ha doblado en virtud de crímenes asociados con drogas (Youngers, 2014). Aunque las mujeres se constituyen como minoría dentro del sistema carcelario, al estar entre el 2 y el 9 % (Walsmley, 2018), su encarcelamiento está aumentando desproporcionadamente dado que se registra alrededor de un 53 % de incremento (Cloutier, 2016) en comparación con el de los hombres, que está en 20 % (Walsmley, 2018). Además, no puede afirmarse que tal incremento sea fruto del crecimiento poblacional, ya que no se ha dado al mismo ritmo acelerado, pues este último ha sido tan solo del 21 % (Walsmley, 2018).

22El informe de Walsmley (2018) también indica que el incremento de las mujeres privadas de la libertad se ha visto de manera más dramática en países como Guatemala, El Salvador y Brasil. En este último, así como en Argentina y Costa Rica, más del 60 % de las mujeres privadas de la libertad han sido penalizadas por delitos relacionados con drogas (Comisión Interamericana de Mujeres, 2016); igualmente, es tendencia global que las mujeres encarceladas por estos crímenes lo sean sobre todo por realizar cargos y tareas de menor escala y, generalmente, por acciones no violentas (Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015). Por ello, se afirma que la dureza de las sentencias dadas a las mujeres también radica en que sus cargos son tan mínimos dentro de las organizaciones criminales que rara vez tienen información importante para entregar a las autoridades que les permita negociar sentencias más suaves con el Estado (Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015). Asimismo, el sistema penal rara vez toma en cuenta las situaciones que llevan a las mujeres a involucrarse en el narcotráfico (Malinowska-Sempruch y Rychkova, 2015), pues carece, precisamente, de un enfoque interseccional.

23De igual manera, es pertinente recalcar que las mujeres indígenas, afrodescendientes y aquellas con orientaciones sexuales e identidades de género no heteronormativas, tienen más probabilidades de ser criminalizadas y condenadas. Por ejemplo, en Brasil, el 55 % de las mujeres encarceladas son afrodescendientes (cim, 2016). Además, según lo rastrea el informe Mujeres, políticas de drogas, y encarcelamiento: guía para la reforma política en América Latina y el Caribe, dirigido por la cim en 2016, es usual que mujeres pertenecientes a minorías étnicas o raciales, así como las mujeres campesinas, tengan una dependencia económica de la producción de cultivos ilíticos. Por esta razón, cuando aquellas son criminalizadas por delitos asociados a esos cultivos, su sustento económico se ve amenazado, lo que incrementa su vulnerabilidad. En Colombia también se observan estas realidades.

24Ahora bien, para comprender las particularidades del caso colombiano resulta indispensable caracterizar la política criminal de manera general en el país. Esta es definida en Colombia como “el conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacer frente a las conductas punibles, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en su jurisdicción” (Corte Constitucional, 2015, párr. 29). En este sentido, es una política pública que tiene como fin combatir la criminalidad a través de diferentes estrategias y acciones en la esfera social, jurídica, económica, administrativa, entre otras (Corte Constitucional, 2001).

  • 25 En esta sentencia la Corte Constitucional toma como base el Informe Final de la Comisión Asesora de (...)

25Como estrategia penal, la Corte Constitucional colombiana, en su Sentencia T-762 de 2015, retomando lo abordado en la T-388 de 201325, identifica que la política criminal se desarrolla en tres niveles: la criminalización primaria, la cual consiste en la determinación de un comportamiento como delito y su establecimiento en una norma penal en virtud del proceso legislativo, es decir, su tipificación. La criminalización secundaria, es decir, la determinación de un individuo como responsable de una conducta ya establecida como punible por la ley, o sea su judicialización. Y la criminalización terciaria, la cual consiste en la ejecución de la sanción penal: la fase penitenciaria.

  • 26 Fenómeno según el cual “en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efect (...)
  • 27 La Corte especifica cinco problemáticas estructurales: primero, la desarticulación de la política c (...)

26En adición, en dichas sentencias se señala que las falencias en la estructuración de la política criminal (en sus tres esferas) han desencadenado en una grave crisis carcelaria. Para este Alto Tribunal, respecto al Sistema Penitenciario y Carcelario existe un estado de cosas inconstitucional26, es decir, un conjunto de circunstancias fácticas que evidencian la vulneración masiva de los derechos humanos de esta población. La Corte identifica que esto se ha producido debido a unas problemáticas estructurales27 que tienen como epicentro la política criminal. Al respecto, la Corte Constitucional afirma, basándose en el Informe Final de la Comisión Asesora de Política Criminal de 2012, que esta “es reactiva y toma decisiones sin fundamentos empíricos sólidos” (2015, p. 86). Lo anterior, toda vez que las instituciones encargadas de la formulación y el diseño de esta política toman decisiones apresuradas en aras de responder de manera rápida ante fenómenos sociales emergentes, los cuales son mediados por la opinión pública. Así, se trata de exponer resultados con fines de aumentar la popularidad política. En consecuencia, estas respuestas no tienen como meta impactar en los índices de criminalidad y no se apoyan en fundamentos consistentes, lo que lleva a una incoherencia normativa (2015; 2013).

27Además, la Corte señala que existe una fuerte tendencia al endurecimiento punitivo –populismo punitivo– que se materializa en: “(i) la creación de nuevas conductas penales, (ii) el incremento en las penas mínimas y máximas de los delitos existentes y, (iii) el aumento de las personas privadas de la libertad” (2015, p. 89). En este sentido, la cárcel resulta el eje de la política sobre el crimen. Asimismo, la Corte plantea que esta política es poco reflexiva frente a los retos del país, ya que al no haber fundamento empírico y al no existir bases de datos serias y confiables, se diseña sin entender el contexto social (p. 91).

28Sumado a ello, en la misma jurisprudencia se señala que la política criminal en Colombia ha dependido de la política de seguridad. Ante ello, se aclara que, si bien entre ambas debe existir un nexo armónico, en Colombia lo que se observa es una clara subordinación de la primera a la segunda. Para la Corte, esto se debe al contexto de conflicto armado y, especialmente, al fenómeno social del narcotráfico (Corte Constitucional, 2015). Producto de esto, la política criminal colombiana es “inestable e inconsistente” (p. 91), además de volátil.

29Estas falencias de la política criminal se ven materializadas en la política antidrogas, cuyo enfoque punitivo excesivo (dada la doctrina de la “guerra contra las drogas”), desconoce el contexto al criminalizar a las mujeres sin comprender sus condiciones sociales de vulnerabilidad debidas a las diferentes circunstancias de discriminación que en ellas se interseccionan. En Colombia, las mujeres encarceladas por delitos de drogas tienen el siguiente perfil: frágiles condiciones socioeconómicas, dificultad de acceso al mercado laboral y educativo, y responsabilidad por obligaciones económicas de sostenimiento del hogar.

30Los datos provistos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), rastreados en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: una guía para la reforma de políticas en Colombia elaborado por Dejusticia en 2016, arrojan la siguientes evidencias: i) la gran mayoría de las mujeres han sido sancionadas por delitos no violentos; ii) el 84,16 % de las mujeres recluidas en Colombia fueron condenadas o sindicadas de manera exclusiva por un delito de drogas; iii) el 74 % de las internas no ha podido finalizar la educación secundaria; iv) más del 90 % eran madres, en comparación con el 76,2 % de los hombres que eran padres, y el 52,81 % de las mujeres condenadas por estos delitos fueron sancionadas en momentos en que no contaban con un compañero/a del núcleo familiar que pudiese ayudar en el cuidado de sus hijos; v) solo un 27,24 % de los hombres privados de la libertad se encontraban en esta situación, y vi) el 86,4 % de las madres cabeza de hogar fueron privadas de la libertad por delitos de drogas no violentos, de baja lesividad (Dejusticia, 2016).

  • 28 No obstante, en Colombia se han dado múltiples discusiones sobre la penalización de la dosis mínima (...)

31Sumado a lo anterior, las mujeres en Colombia acceden al narcotráfico, en su mayoría, como correos humanos, también conocidos como “mulas”, en el tráfico nacional e internacional. También como expendedoras a menor escala o micro traficantes, operarias de tareas de bajo nivel y alto riesgo como recepción y almacenamiento de mercancía, o transmisoras de mensajes en los mercados de drogas ilícitas. Asimismo, trabajan como cultivadoras en plantaciones ilícitas, encargadas en labores de procesamiento y empaquetado. Esta última conducta se observa principalmente en mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. También, son criminalizadas de facto al ser usuarias de drogas, a pesar de que el porte y el consumo han dejado de ser un delito28. Frente a estas situaciones, las mujeres pertenecientes a poblaciones criminalizadas de forma selectiva, como las mujeres trans y las trabajadoras sexuales, resultan afectadas de mayor manera (Dejusticia, 2016, p. 13).

32Así las cosas, la política criminal contra drogas en Colombia falla por diferentes motivos: no se reconocen las circunstancias particulares de las mujeres empobrecidas cabeza de hogar, tampoco de las campesinas, afrodescendientes e indígenas, de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, de las mujeres embarazadas y madres solteras (Dejusticia, 2016). En general, en esta política se observa la ausencia de un enfoque interseccional, lo que conduce a que las condiciones previas de vulnerabilidad en las que se encontraban las mujeres se vean posteriormente agudizadas producto de las circunstancias propias del encierro, y más en Colombia dada la crisis carcelaria expuesta, sin que existan beneficios reales para el Estado respecto al fenómeno social del narcotráfico.

4. Las mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal29

  • 29 Si bien los datos no abarcan la totalidad de la población femenina privada de la libertad, se toma (...)
  • 30 Se recomienda la lectura de los capítulos “Perfil de vulnerabilidad de la población en proceso de r (...)

33Como se ha mencionado, la política criminal contra drogas en Colombia afecta de manera desproporcionada a las mujeres respecto a los hombres, especialmente aquellas en quienes recaen variadas circunstancias de discriminación, usualmente marcadas por condiciones de pobreza estructural. En aras de confrontar los hallazgos teóricos con datos reales, se tomará como referencia el estudio realizado por el Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, a partir del cual se realizó una caracterización30 de las personas privadas de la libertad en los establecimientos de la Regional Noroeste del Inpec durante el segundo semestre del año 2018 y se evaluó el perfil de vulnerabilidad de 71 personas que hacían parte del Programa Especial de Cambio (pec) dentro de la cárcel El Pedregal (49 mujeres y 22 hombres). Para ello, se aplicó una encuesta diseñada por el equipo investigador y su diligenciamiento se hizo de manera individual, con el apoyo de los investigadores vinculados al proyecto.

  • 31 “Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, intro (...)
  • 32 “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, (...)

34Según los datos obtenidos, al analizar el delito por el cual son encarceladas, según la tabla 1, de 49 mujeres entrevistadas, 21 de ellas fueron privadas de la libertad por el delito establecido en el artículo 376 del Código Penal31, donde se consagran doce verbos rectores, es decir, doce posibles conductas en las que se incurre en el tipo penal (introducir, sacar, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, suministrar). De estas 49 mujeres, 21 de ellas fueron criminalizadas por el delito de concierto para delinquir, el cual está consagrado en el artículo 340 del Código32. Según testimonios de las mujeres entrevistadas, este concierto para delinquir fue asociado con estructuras macrocriminales y, en ese sentido, al mismo narcotráfico, por lo que fueron condenadas por estos dos delitos mencionados bajo una misma razón: delitos asociados con drogas dentro de las redes de narcotráfico.

Tabla 1. Distribución de las mujeres privadas de la libertad según delito por el cual fueron detenidas

Delito por el cual fueron privadas de la libertad

Frecuencia

Porcentaje

Concierto para delinquir

21

43,0

Lavado de activos

1

2,0

Uso de menores

1

2,0

Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes

21

43,0

Homicidio

1

2,0

Hurto

2

4,1

Porte ilegal de armas

1

2,0

No informa

1

2,0

Total

49

100

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

35Asimismo, estas mujeres se encontraban en condiciones de vulnerabilidad antes de ingresar a los establecimientos penitenciarios, lo cual se evidencia en dos hechos: sus bajos niveles educativos y sus condiciones precarias de trabajo. Ambos factores están implícitamente relacionados, pues el ingreso a la educación superior permite aspirar a un empleo formal que propicie, por ende, mayor estabilidad laboral y económica. Por ello, la ausencia de educación superior y de un empleo estable deben ser comprendidas como condiciones de vulnerabilidad que se entrecruzan. Las condiciones de vulnerabilidad se reflejan en que, según la tabla 2, si bien el 95 % sabía leer y escribir, el 87,5 % % de estas mujeres solo contaban con estudios de primaria y únicamente el 32,5 % contaban con estudios superiores (9 mujeres con estudios técnicos, 3 con estudios tecnológicos y tan solo 1 con estudios de pregrado universitario). Al respecto, tanto Wacquant (2009) como De Giorgi (2005) han señalado que, dado el auge del neoliberalismo, se evidencia un desempleo cada vez mayor debido a la exigencia de mano de obra calificada producto de la lógica instaurada por la industria posfordista, lo cual es una de las características de la pobreza estructural. A partir de esto es posible deducir que estas mujeres, al carecer de los conocimientos exigidos por el sistema capitalista, difícilmente acceden a empleos, y los que consiguen en su mayoría son informales, por los que reciben sumas de dinero insuficientes para solventar sus necesidades económicas. En este sentido, como se observa en la tabla 3, de 40 mujeres 11 no tenían trabajo y 15 tenían un trabajo informal. Además, que 31 de estas 40 mujeres eran las principales proveedoras del hogar, es decir, un 77,5 %, lo que implica una mayor carga económica.

Tabla 2. Distribución de las mujeres privadas de la libertad según nivel educativo alcanzado

Último nivel alcanzado en educación

%

No

%

Sabe leer y escribir

38

95,0

2

5,0

Terminó la primaria

35

87,5

5

12,5

Terminó el bachillerato

22

55,0

18

45,0

Terminó una técnica

9

22,5

31

77,5

Terminó una tecnología

3

7,5

37

92,5

Tiene un título universitario

1

2,5

39

97,5

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

Tabla 3. Distribución de las mujeres privadas de la libertad según actividad laboral y rol económico antes de la captura

Antes de la reclusión usted tenía un trabajo

Frecuencia

Porcentaje

Con contrato laboral

9

22,5

Un trabajo informal

15

37,5

No tenía trabajo

11

27,5

Sin información

5

12,5

Total

40

100,0

¿Era la principal proveedora económica?

Frecuencia

Porcentaje

31

77,5

No

8

20,0

Sin información

1

2,5

Total

40

100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

Tabla 4. Distribución de las mujeres privadas de la libertad según ingresos estimados del hogar antes de la reclusión

Ingresos estimados del hogar

Frecuencia

Porcentaje

Sin información

10

25

Menos de 500.000

9

22,5

De 500.001 a 1.000.000

15

37,5

De 1.000.001 a 1.500.000

1

2,5

Más de 1.500.000

5

12,5

Total

40

100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

36En la tabla 4 se observa que 9 de estas mujeres debían sobrevivir con menos de 500 mil pesos. Ello resulta insuficiente, puesto que para 2019 el salario mínimo mensual obligatorio se encontraba en $828.116, es decir que estas cinco mujeres debían sobrevivir con casi la mitad de lo que equivale hoy a dicho salario. Según la tabla, 15 de estas mujeres sobrevivían con ingresos entre 500 mil y 1 millón de pesos, lo cual implica un salario muy cercano al mínimo mensual vigente. Al cotejar estos datos con la tabla 3, donde se indicó que 31 mujeres son las proveedoras de su hogar, se observa que estos bajos salarios deben ser distribuidos no solo para su propia manutención, sino también para proveer a los demás integrantes del núcleo familiar.

Tabla 5. Distribución de las mujeres privadas de la libertad según la existencia de hijos, número y relación con estos

Hijos

Frecuencia

Porcentaje

33

82,5

No

7

17,5

Total

40

100,0

Número de hijos

Frecuencia

Porcentaje

1

12

36,4

2

11

33,3

3

5

15,2

4

3

9,1

5

2

6,1

Total

33

100,0

Relación con los hijos

Frecuencia

Porcentaje

12

90,9

No

1

3,0

Sin información

2

6,1

Total

33

100,0

Fuente: Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

37Cruzando la información de la tabla 5 –donde se expresa que 33 de estas mujeres tienen hijos y se relacionan con estos–, con la tabla 3 –donde se observa que 31 de ellas son las principales proveedoras del hogar– y con la tabla 4 –donde se señala que sobreviven con salarios muy bajos– es posible afirmar que la pobreza estructural se materializa cuando los recursos que obtienen no son suficientes para sostener a sus familias. Esto, entendido bajo los planteamientos teóricos, conduce a que muchas de estas mujeres busquen en negocios como el de la droga sustentos económicos que puedan satisfacer sus necesidades y las de aquellos que dependen de ellas, por los que son capturadas y penalizadas.

38Así las cosas, estos datos empíricos permiten ejemplificar la vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran estas personas, la cual debe ser comprendida de manera interseccional, pues los datos permiten observar el entrecruce de diferentes factores: su condición de mujeres y de madres; sus bajos niveles educativos; la falta de empleo o la tenencia a empleos informales y, por ende, inestables; sus bajos ingresos económicos y el hecho de ser las proveedoras del hogar. En este sentido, si bien los datos no recaen sobre la población total femenina privada de la libertad en Colombia, como referente empírico permiten observar la forma en la cual la interseccionalidad urge ser aplicada como enfoque en la política criminal, pues el entrecruce de estos factores se torna en elementos explicativos de su ingreso a las redes criminales.

5. Conclusiones

39La tesis relativa a que la política criminal de Colombia frente a las drogas afecta gravemente a las mujeres en condiciones de pobreza, sin efectos reales sobre el fenómeno del narcotráfico, se valida a partir del análisis teórico y su relación con los datos estadísticos extraídos del estudio de caso en la cárcel de El Pedregal. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo modificar el diseño y la implementación de esta política criminal a partir de un enfoque interseccional y de derechos humanos para reducir la afectación desproporcionada sobre estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

40Así, al entrecruzar los datos se puede afirmar que estas mujeres se encuentran en condiciones precarias, en una pobreza de tipo estructural, con bajos niveles educativos y, en su mayoría, con trabajos informales o sin trabajo, con la necesidad de proveer dinero para sus familias. El negocio del narcotráfico ofrece para estas mujeres beneficios económicos representativos por lo cual, ante la evidente necesidad, muchas de estas optan por entrar a redes criminales donde aspiran a recibir altas sumas de dinero por labores que no requieren mano de obra cualificada. De esta forma ingresan a los grupos y realizan trabajos de bajo nivel, pero de alto riesgo –como el transporte– por los que, debido al reforzamiento del aparato punitivo estatal y la doctrina de la “guerra contra las drogas”, son aprehendidas, enjuiciadas y condenadas por delitos asociados con drogas y, al ser privadas de la libertad, se afirma su continuum carcelario y su vulnerabilidad se ve aumentada (Wacquant, 2009).

41Al poder estatal no le importa el cuerpo de las mujeres más que para dominarlas, como lo hace a través del control de su reproductividad y, según lo soporta el presente análisis, específicamente a través del control penal. De esta forma el estado colombiano, como afirma Uprimny, reporta datos de efectividad de la política criminal con solo evidenciar capturas y enjuiciamientos, y desconoce los elementos contextuales del delito y las diferentes circunstancias de discriminación que se entrecruzan, lo que conlleva una circunstancia de exclusión que arroja a estas mujeres a una vida de miseria y desesperación, lo cual es aprovechado por redes criminales que las incorporan a su delincuencia. Así las cosas, estas mujeres experimentan un círculo vicioso de vulnerabilidad, discriminación, exclusión y represión. ¿Hasta cuándo las mantendremos en el olvido?

Bibliographie

Referencias

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Jurisprudencia

Congreso de Colombia (24 de julio de 2000). Ley 599 de 2000, Por la cual se expide el Código Penal DO: 44.097.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Sentencia C-646 de 20 de julio de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Primera de Revisión. Sentencia T-388 de 28 de junio de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-762 de 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Notes

1 El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación “Modelo actual de reintegración: giros y continuidades del discurso securitario, atendiendo a la prevención del delito mediante la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas en proceso de reintegración del Grupo Territorial Paz y Reconciliación de Medellín (Fase ii)” con radicado 108C- 05/18-77, realizado por los integrantes del Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, y es producto de la beca/pasantía Joven Investigador de Colciencias.

2 Sociólogo nacido en Montpellier, Francia, en 1960; especializado en sociología urbana, pobreza urbana, desigualdad racial, cuerpo, etnografía y teoría social. Sus textos Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio (2001), Las cárceles de la miseria (2001) y Castigando a los pobres. El gobierno neoliberal de inseguridad social (2009), son aportes contemporáneos a la criminología crítica.

3 Jurista nacida en 1959 en Canton, Estados Unidos, especializada en teoría crítica de la raza y el género.

4 Este texto no se estructura como un estudio de caso o un análisis de impacto, es decir, no se pretende realizar un estudio empírico, sino efectuar una revisión teórica que toma un referente empírico para ejemplificar y fortalecer los hallazgos cualitativos.

5 Doctor en Criminología de la Universidad de Keele (Reino Unido). Fue becario de Investigación en Criminología de la Universidad de Bolonia (Italia) y profesor invitado en el Centro para el Estudio de Derecho y Sociedad de la Universidad de California, Berkeley. Sus investigaciones han girado en torno a las teorías críticas del castigo y control social, etnografía urbana y economía política radical.

6 Socióloga estadounidense nacida en 1948 en Filadelfia, Estados Unidos, sus investigaciones se han centrado principalmente en feminismo, género y raza.

7 Metodología basada en la tradición de los estudios críticos del derecho y la sociología jurídica crítica. Asimismo, se toma como base la investigación desarrollada por el Grupo de Investigación en Estudios Críticos de la Universidad Pontificia, “Bolivariana Modelos de reintegración y resocialización en Colombia: un análisis comparativo de la prevención del delito, atendiendo a los factores de vulnerabilidad socioeconómica”. Al respecto, se sugiere revisar el capítulo “Abordaje metodológico ‘Las palabras cruzan la vida’”, en Ruiz Gutiérrez et al. (2019).

8 “Con las teorías de la criminalidad y de la reacción penal basadas en el labelling approach y con las teorías del conflicto tiene lugar, en el ámbito de la sociología criminal contemporánea, el paso de la criminología liberal a la criminología crítica […] con la perspectiva de la criminología crítica, la criminalidad no es ya una cualidad ontológica de determinados comportamientos e individuos, sino que se revela más bien como un estatus asignado a determinados individuos por medio de una doble selección: la de los bienes protegidos penalmente y los comportamientos ofensivos a estos bienes considerados en las figuras legales, y la selección de los individuos estigmatizados que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas” (Baratta, 1986, citado por Cano, 2014, pp. 2-6).

9 El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2005) nombra como vidas desperdiciadas aquellas que han sido consideradas como vidas de menor, o incluso, nulo valor respecto al resto, lo cual se da en razón del diseño capitalista donde se establecen cuáles vidas serán privilegiadas y cuáles serán convertidas en desechos humanos, los cuales se encuentran en condiciones de pobreza y marginalidad.

10 Esta es la lógica del etiquetamiento social, la cual no es natural, sino un producto social que, usualmente, se construye fruto de decisiones políticas (Hikal, 2017).

11 Usualmente, la clase social y la nacionalidad son los factores tomados de base para el etiquetamiento. Al respecto, Vite Pérez señala que normalmente “los trabajadores inmigrantes o ilegales son visualizados como parte de los riesgos y peligros, asimilados a la criminalidad y a la pobreza, que atenta contra el orden socioeconómico predominante” (2006, p. 97).

12 Siendo categorizados de esta forma los grupos poblacionales más vulnerables.

13 Para profundizar sobre la noción de “Estado penal, securitario o punitivo” se recomienda la lectura del capítulo “Consideraciones teóricas sobre el ascenso del Estado securitario” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019).

14 Wacquant (2001) define el gueto como las formaciones socioespaciales restringidas donde hay uniformidad racial o cultural, fundadas en la relegación forzada de una población negativamente tipificada a un territorio reservado donde se desarrollan instituciones propias. Estos espacios se consolidan lejos de los barrios privilegiados buscando ser invisibilizados. Producto de lo anterior, los guetos se configuran como espacios de supervivencia y, por ello, al interior de estos se crean redes criminales, en especial de tráfico de drogas.

15 Para Wacquant (2001), este concepto indica la excesiva guetificación que se produce en la sociedad contemporánea fruto de la industria posfordista y el auge del neoliberalismo y consumismo, donde se da la aparición de una pobreza estructural.

16 Las personas constituidas en desechos humanos por la industria pasan de vivir en los guetos a las cárceles, de un abandono estatal abierto a un abandono estatal institucionalizado: continúan en un constante estado de vulnerabilidad y privación de derechos (Wacquant, 2009).

17 Tal y como se evidencia en el hecho de que los Estados controlan sus cuerpos al regular y controlar sus derechos sexuales y reproductivos: “el sistema que genera desigualdades y discriminación para las mujeres se basa principalmente en el control del cuerpo” (Romita, 2011, p. 6).

18 Esta pobreza estructural se caracteriza por el hecho de que resisten periodos prolongados de desnutrición y sufren la ausencia de la satisfacción de otras necesidades básicas. Además, al no encontrar trabajo por no ser mano de obra calificada, observan en la economía informal y la venta de drogas un negocio de alto rendimiento, especialmente los jóvenes que son, en su mayoría, consumidores (Wacquant, 2009), así como las mujeres cabeza de hogar.

19 Padeciendo, así, el continuum carcelario identificado por Loïc Wacquant (2009).

20 Jurista colombiano, nacido en Bogotá en 1959, especializado en Derecho Constitucional. Actualmente es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), del que fue su director por diez años.

21 Informe presentado por Youngers (2014).

22 Informe presentado por Walmsley (2018).

23 Informe presentado por Cloutier (2016).

24 Informe presentado por Malinowska-Sempruch y Olga Rychkova (2015).

25 En esta sentencia la Corte Constitucional toma como base el Informe Final de la Comisión Asesora de Política Criminal de 2012.

26 Fenómeno según el cual “en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal” (Corte Constitucional, 2015, p. 80).

27 La Corte especifica cinco problemáticas estructurales: primero, la desarticulación de la política criminal; segundo, el hacinamiento; tercero, el encierro conjunto de personas sindicadas con condenadas; cuarto, las deficiencias en el sistema de salud, y, quinto, las condiciones indignas de salubridad e higiene (Corte Constitucional, 2015).

28 No obstante, en Colombia se han dado múltiples discusiones sobre la penalización de la dosis mínima y existe un sector de la política que plantea que debe criminalizarse el consumo.

29 Si bien los datos no abarcan la totalidad de la población femenina privada de la libertad, se toma la muestra de las 49 mujeres como representativa y emblemática respecto del establecimiento penitenciario y carcelario estudiado.

30 Se recomienda la lectura de los capítulos “Perfil de vulnerabilidad de la población en proceso de resocialización en la Regional Noroeste” y “Evaluación del perfil de vulnerabilidad de la población en proceso de resocialización en el Complejo carcelario y penitenciario El Pedregal, Corregimiento de San Cristóbal” (Ruiz Gutiérrez et al., 2019).

31 “Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Congreso de la República de Colombia, 2000).

32 “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses” (Congreso de la República de Colombia, 2000).

Auteurs

Abogada, Universidad Pontificia Bolivariana. Auxiliar de investigación en el Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pasante en la sección de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enero-abril de 2019. saramniebles@gmail.com. https:// orcid.org/0000-0002-7115-8345

Abogado y politólogo, Universidad Pontificia Bolivariana. Joven Investigador de Colciencias en el Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos de la Universidad Pontificia Bolivariana; estudiante de Especialización en Derechos Humanos en la Universidad de Antioquia. alejogo24-18@hotmail. com. https://orcid.org/0000-0001-7178-0743

© Universidad externado de Colombia, 2020

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