Version classiqueVersion mobile

Análisis económico de los procedimientos de selección de contratistas del Estado en el Derecho colombiano

 | 
Mónica Sofía Safar Díaz

V. Conclusiones

Texte intégral

1En el sector público los procedimientos de carácter consursal especialmente los de convocatoria pública, son los preferidos porque se cree que permiten escoger la oferta más baja, que evita lo más posible la corrupción y el favoritismo, que se consideran opuestos a la eficiencia, que ofrecen un criterio claro para comparar propuestas y que permiten igualdad de oportunidades para ofertar, eliminan la colusión y ahorran costos al erario, alimentado en su mayoría por dinero de los contribuyentes. No obstante, la realidad demuestra que este principio de transparencia caracterizado por la libertad de concurrencia y la diferenciación superficial de los procedimientos de selección en atención a umbrales de presupuesto y naturaleza del objeto contractual no reducen dichas prácticas. Por ello deben considerarse mecanismos alternativos al concurso tal como se concibe en la actualidad para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia teniendo en cuenta que ésta se logra verdaderamente cuando se aplican criterios de eficiencia económica, esto es, cuando los beneficios de la contratación, tanto en el corto como en el largo plazo, superan los costos de su realización.

2En esta medida, es importante resaltar que la negociación pone énfasis en el desarrollo de la capacidad gestora de la administración pública en su condición de consumidor dentro del mercado, pues permite la creación de compromisos a largo plazo que se pueden utilizar como incentivo para obtener descuentos en contrataciones repetidas, ya que reduce los costos de la contratación, mientras que los modelos de contratación por concurso como juegos estáticos que no permiten discusión no ofrecen la seguridad de una relación a largo plazo, de modo que se dificulta aún más la consecución de la mezcla ya poco probable de precio más bajo, mayor flexibilidad y ejecución óptima.

3La teoría económica sugiere que el concurso, utilizado adecuadamente, tiene el potencial de mejorar la relación calidad-precio, la asignación eficiente de recursos y la transparencia en la contratación. Se trata de un juego con información incompleta, en el que los jugadores –administración pública y oferentes– toman decisiones racionales y estratégicas, dependiendo de las decisiones que toman los otros. Pero como esa utilización adecuada del procedimiento parte de la base de una delimitación clara y precisa del objeto de la contratación para lo cual se requiere obtener la mayor información posible del mercado a partir de la revelación clara de las preferencias del contratante, la negociación en el sentido de una discusión profunda con los potenciales proveedores del Estado se hace necesaria, y a ella solo acudirán quienes vean una oportunidad de obtener el contrato, con lo cual dicha negociación debe realizarse como una etapa más dentro del procedimiento de selección y no como una fase anterior a éste, en aplicación del principio de planeación.

4Es por ello por lo que en este trabajo se sugiere como procedimiento óptimo un concurso competitivo en dos etapas en el cual se permita al ente público negociar a discreción con los interesados en participar los aspectos técnicos de la contratación, y una vez se cuente con el número de oferentes que cumplan a cabalidad con aquello querido por la administración se proceda a la adjudicación mediante una subasta a la inversa, en la que los proponentes puedan evaluar su relación costo-beneficio para brindar la propuesta económica que más los favorezca en la competencia, y que por lo tanto genere la mayor rentabilidad para el ente estatal.

5Por otra parte, para dar mayor agilidad al procedimiento y contrarrestar los altos costos de la convocatoria pública e incluso de la restringida sin sacrificar la competencia, podría utilizarse la precalificación de oferentes, etapa en la cual las capacidades mínimas de quienes quieran contratar con la administración pública –como son la capacidad jurídica la capacidad financiera, la experiencia general y la organización– sean examinadas de forma masiva en una sola instancia, en la que de entrada sean descartados aquellos oferentes que no cumplan con los requisitos básicos para poder contratar con la administración pública y con la que sólo aquellos que ya fueron previamente calificados como aptos puedan presentar ofertas técnicas específicas y económicas en esa determinada entidad del Estado, y será con estos oferentes con quienes se depuren las condiciones de ejecución del objeto contractual en la primera ronda, y a los que se invitará a presentar oferta económica.

6Esta propuesta, aplicable a todos los tipos de contratos que quiera celebrar la administración pública, eliminaría los altos costos administrativos de la convocatoria abierta para cada objeto específico y limitaría de forma natural el número de participantes sin restringir la competencia, con lo cual no se atentaría contra ninguno de los principios de la contratación estatal, la transparencia y sus manifestaciones de igualdad de oportunidades y libertad de concurrencia y por el contrario se daría plena aplicación al principio de eficiencia económica, pues ambas etapas permiten la revelación de información que se requiere para delimitar de forma precisa el objeto del contrato teniendo en cuenta las preferencias del ente público contratante y la realidad del mercado desvelada por los oferentes, además de centrar la atención de las entidades públicas en una mayor inversión en los costos de una supervisión efectiva de la ejecución contractual, con el fin de permitir al sector público adjudicar sus contratos con la misma rapidez que se da en el ámbito privado.

7El mecanismo mixto de negociación y subasta inversa propuesto en este trabajo eliminaría en el ámbito del derecho contractual público colombiano la diferencia artificial entre la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos determinada por la cuantía y naturaleza de los contratos, procedimientos que son altamente ineficientes en la medida en que desaprovechan por completo la ventaja de rentabilidad que representa el sector público en la economía del país y que han sido concebidos bajo un criterio puramente jurídico, olvidando que se trata de una política pública vital para el desarrollo económico y social de una nación y que es el principal mecanismo de ejecución de las demás políticas públicas del Estado. Lo anterior, combinado con un entrenamiento efectivo de los funcionarios que se encargan de realizar la escogencia de los colaboradores de la administración pública, hará que la contratación estatal sea un mecanismo verdaderamente impulsador de la economía nacional teniendo en cuenta la importancia de este mercado, al generar una verdadera competencia que incentive el incremento de la producción y la innovación y mejoramiento de las tecnologías empleadas en ella, con la consecuente creación de empleo y la generación de ingresos como motor básico del tráfico económico.

8Así, si se tiene en cuenta que el desafío principal en materia de contratación pública para todos los gobiernos y obviamente, en el ámbito colombiano, es balancear la necesidad de transparencia con la eficiencia administrativa y económica en aras de asegurar en lo posible la igualdad de condiciones para los potenciales oferentes, es necesario cambiar la concepción actual de los postulados de transparencia y eficiencia, entendiendo que los procedimientos diferentes de los del concurso estático con convocatoria pública no implican necesariamente menos transparencia en la contratación ni eliminación de la competencia, pues es claro que las excepciones a esta regla adoptada como general pueden conducir a una eficiencia en la inversión de recursos públicos sin derivar necesariamente en situaciones de corrupción, es decir, que los componentes de libertad de concurrencia e igualdad de oportunidades no siempre garantizan transparencia, y por el contrario, un procedimiento restringido o negociado, así como la inclusión de una etapa de negociación previa a la presentación de ofertas, puede ser más eficiente sin incurrir en actos de corrupción ni sacrificar la competencia ni la relación costo-beneficio, esencial para el desarrollo económico de un país.

9En resumen, la planeación de la contratación y con ella la escogencia del procedimiento óptimo de selección son claves para reflejar las necesidades del Estado y la distribución efectiva de los gastos relacionados con ellas a largo plazo y de forma estratégica, pues las compras públicas son el punto central para la utilización de los recursos del Estado con una relación calidad-precio eficiente y unos niveles mínimos o nulos de corrupción. No debe olvidarse que la administración pública es un consumidor más, que busca maximizar su función de utilidad, con el componente adicional de una eficiente y continua prestación de servicios públicos para lograr la satisfacción del interés general, y en esta medida los recursos públicos, que son escasos, deben gastarse de la mejor manera posible, pensando en el largo plazo y la vida útil de las adquisiciones que se hagan, de tal manera que lo más eficiente, desde el punto de vista económico sea la compra de bienes, servicios y obras que representen la combinación óptima de la mayor calidad y experiencia y el menor precio que se pueda pagar por ello.

© Universidad externado de Colombia, 2009

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search