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Cátedra Unesco. Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Ángela Marcela Olarte Delgado

Capítulo VII. El pago por servicios ambientales (PSA) en la reconstrucción de tejido social en Colombia

Chapter VII. Payment for environmental services (PES) in the reconstruction of social fabric1 in Colombia

Carolina Montes Cortés

Résumé

La figura de pago por servicios ambientales (psa) fue el instrumento que el Gobierno nacional escogió, desde el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para apoyar la construcción de la paz. En este orden de ideas, el documento Conpes 3886 de 2017 estableció los lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz que llevaron también a la expedición del Decreto Ley 870 de 2017 con el fin de facilitar y/o asegurar la efectiva implementación del Acuerdo Final (2016). No obstante, es preciso estudiar si los lineamientos de política y el programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz incluidos en el citado Conpes eran la opción ambiental más idónea para alcanzar la paz y contribuir a la reconstrucción del tejido social y las áreas ambientalmente estratégicas afectadas durante los años que duró el conflicto armado.

Texte intégral

Introducción

  • 1 Social Fabric in this context means how community members interact with each other, is about coexis (...)
  • 2 Según información de prensa, “el ‘No’ gana con el 50,23 % de los votos (6.424.385 votos) contra el (...)

1Con mucha expectativa, el país asumió en el año 2012 el inicio de los diálogos con el entonces grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (Farc-ep). En múltiples espacios políticos y académicos se abrió paso a las discusiones sobre los principales puntos que debían tenerse en cuenta para el desarrollo de los diálogos y el contenido mismo del Acuerdo Final. Varios años de discusiones culminaron con la adopción de un texto que, tras ser sometido a plebiscito, no fue aprobado2, por lo que fue necesario introducir algunos ajustes al documento original para poder adoptarlo.

2El fin del conflicto con la guerrilla de las Farc implicó múltiples ajustes para el país; la visión de una nueva Colombia sin la amenaza del conflicto interno supuso cambios en las dinámicas de la vida nacional, entre ellas, la ambiental. Desde la firma del Acuerdo Final se ha podido tener acceso a regiones inhóspitas en las que reinaba la violencia y por las cuales no se podía tan siquiera transitar. Áreas protegidas y ecosistemas ambientalmente estratégicos eran conservados por grupos ilegales al ser el refugio de los insurgentes; como bien lo advirtió Carrizosa Umaña, “las Farc eran la autoridad ambiental en muchas zonas” (Pardo Ibarra, 2018). Para este ambientalista, el complejo territorio colombiano deberá contar ahora con una mayor presencia institucional para proteger las áreas ambientalmente estratégicas que quedaron desprotegidas con el retiro de los combatientes que las custodiaban y prohibían la tala masiva de árboles (Pardo Ibarra, 2018).

  • 3 Aunque el enunciado del decreto hace referencia al diseño de “otros incentivos a la conservación”, (...)

3A partir de la firma del Acuerdo Final se hizo necesario buscar estrategias para su implementación desde los diferentes sectores de la administración pública nacional. Desde el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Gobierno nacional formuló el documento Conpes 3886 de 2017 (8 de mayo) contentivo de la política y el programa nacional de pago por servicios ambientales y expidió el Decreto Ley 870 de 2017 (25 de mayo) que estableció la figura de pagos por servicios ambientales (en adelante psa)3 como un incentivo a la conservación.

4Tanto el decreto como del documento Conpes referidos buscaron facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo Final en los puntos relacionados con el tema ambiental. Y aunque la figura del psa ya existía en el contexto ambiental colombiano, las nuevas estrategias planteadas y su nueva reglamentación le dieron un giro a este mecanismo para hacerlo más efectivo y darle un mayor alcance. Como afirma Frédéric Massé (2014), “implementar un acuerdo de paz resulta casi siempre más complicado que negociarlo” (p. 94); en el mismo sentido, determinar el mecanismo ambiental más efectivo para cumplir lo acordado no es un reto menor, se requiere realizar ajustes en la institucionalidad y en la normatividad para asumir los compromisos adquiridos.

5Tal como se mencionó anteriormente, para la cumplida implementación del Acuerdo Final, el Gobierno decidió formular una nueva política ambiental sobre psa y realizar ajustes normativos en consonancia con lo que doctrinariamente se ha afirmado: “aunque todos los esfuerzos para la paz son necesarios, no todos son igual de útiles […] para que las acciones tengan un efecto más generalizado y más sostenible en el tiempo, se recomienda que los objetivos sean crear y modificar leyes, modelos políticos o económicos diferentes” (Barbeito, 2016, p. 183). Además de lo anterior, se dispuso que a este programa se le hiciera seguimiento a través del Ministerio de Ambiente, entidad encargada de liderar su implementación; asimismo, que grupos de desmovilizados pudieran participar en él, por mandato normativo. Sobre el particular se afirma que “lo ideal es que las organizaciones o los actores encargados de supervisar la implementación de los acuerdos hayan participado o acompañado las negociaciones de paz” (Massé, 2014, p. 94).

  • 4 Es preciso aclarar que este escrito no tiene como objetivo evaluar los avances de las entidades púb (...)

6Así las cosas, y con el propósito de evaluar la conducencia de las medidas adoptadas desde el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible para la construcción de la paz, el presente artículo tiene como objetivo principal estudiar si efectivamente el psa, que busca garantizar la sostenibilidad ambiental en el marco del Acuerdo Final, es el mecanismo idóneo para la reconstrucción conjunta del tejido social y de las áreas ambientalmente estratégicas afectadas durante los años que duró el conflicto armado4. En otras palabras, la pretensión analítica de este documento es responder al siguiente cuestionamiento: ¿La política y el programa nacional de psa incluidos en el documento Conpes 3886 de 2017 responden, desde la perspectiva ambiental, a la necesidad de reconstrucción del tejido social y de los ecosistemas en el marco de la construcción de una paz estable y duradera?, pues es claro que la construcción de una paz sostenible, en términos ambientales, debe necesariamente contar con la participación de las comunidades afectadas por el conflicto armado y no limitarse a un proyecto nacional con escaso alcance operativo regional. Además de esto, pensando en una respuesta afirmativa, es válido preguntarse: ¿Incluyó el Decreto Ley 870 de 2017 herramientas para la reconstrucción del tejido social en la implementación del incentivo ambiental de psa?; lo cual puede ser objeto de otro estudio.

7En este orden de ideas, en este escrito se busca estudiar la política pública psa con el fin de detectar si existen discrepancias entre el problema público que requiere solución (implementación del Acuerdo a partir de la reconstrucción del tejido social involucrando la protección ambiental) y la estrategia formulada (esquema de pago por servicios ambientales). Es decir, examinar si efectivamente el Conpes 3886 responde a lo consagrado en el Acuerdo Final en cuanto a la construcción de la paz involucrando a la comunidad, revisando de manera sencilla cómo el Estado colombiano dio respuesta al problema ambiental surgido en el posconflicto.

8A partir de la necesidad de evaluar los objetivos y el programa planteado en el documento Conpes 3886, y su orientación a la reconstrucción del tejido social desde la perspectiva ambiental, se recurrió a la metodología desarrollada por Curcio (2007) para la evaluación de políticas o programas públicos, la “que combina la evaluación retrospectiva con la prospectiva y se centra en la definición y estructuración del problema público a solucionar”, que para el caso que nos ocupa es determinar si la política y el programa nacional de PSA incluidos en el documento Conpes 3886 de 2017 responden, desde la perspectiva ambiental, a la necesidad de reconstrucción del tejido social y de los ecosistemas en el marco de la construcción de una paz estable y duradera.

9Se recurre inicialmente a criterios de evaluación porque, como sostiene Salazar (2009), “la evaluación es indispensable para el análisis, por cuanto la primera suministra información de base, necesaria para el segundo”; y aunque, como afirma el autor, algunas veces ambos conceptos tienden a confundirse, no se puede perder de vista que la evaluación, al ser descriptiva, busca proporcionar una visión retrospectiva de los hechos mientras que el análisis busca los hechos y su razón de ser (Salazar, 2009). Así las cosas, lo que a continuación se expondrá es una evaluación de la política de psa en el marco de la implementación de los acuerdos de paz.

10Además, porque “la evaluación formula juicios sobre lo deseable de las políticas públicas e intenta determinar los valores que están detrás de sus objetivos, pues el objetivo de toda política pública debe ser la resolución de un problema social” (Salazar, 2009) y lo que se pretende con la formulación de las políticas públicas derivadas de los acuerdos de paz es establecer lineamientos que conlleven a su efectiva implementación y desarrollo, buscando desde los diferentes sectores construir la paz con la participación de todos los colombianos.

11Siendo pues la finalidad de la evaluación el “ser útil a los decidores, a los gestores públicos y a la ciudadanía en general” (Salazar, 2009), a continuación se presenta una evaluación de los objetivos de la política pública psa y del programa que la viabiliza con el fin de determinar las fortalezas y/o falencias en la reconstrucción del tejido social.

12Finalmente, con el fin de cumplir con el objetivo planteado en el desarrollo de este estudio, se recurrió al método deductivo de investigación documental. Para su construcción se recopiló y analizó la documentación oficial del Acuerdo Final, la política pública de psa y la doctrina asociada, de la cual se extrajo lo más relevante de su contenido para enriquecer el análisis y la discusión ambiental, permitiendo concluir que, aunque la figura del psa puede contribuir a la protección ambiental, gracias a las estrategias de conservación planteadas, no resulta suficiente para la reconstrucción del tejido social dañado durante los años que duró el conflicto, esto por las insuficientes estrategias consagradas para el logro de este fin.

2. La importancia de la protección ambiental en la construcción de la paz

13La construcción de la paz y el cambio en las dinámicas de vida sin la amenaza de la guerra debe verse reflejada no solo en la comunidad, también debe reflejarse en la naturaleza, que es el soporte de la vida, el refugio y el sustento de la población; son los diferentes recursos naturales, y los ecosistemas que conforman y los contienen, los que proporcionan los servicios ambientales que garantizan la continuidad de la especie humana y condicionan su calidad de vida.

14Desde el año 1999 (6 de octubre), la Asamblea General de Naciones Unidas, en el quincuagésimo tercer período de sesiones, aprobó la Resolución 53/243 con el fin de proclamar la “Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz”. Este documento, en el artículo I°, fue claro al determinar que “una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: […] e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y futuras” (Naciones Unidas, 1999). Es decir, la protección ambiental y la garantía de un desarrollo sostenible son elementos constitutivos de una cultura de paz.

15En el mismo sentido, Naciones Unidas, al establecer el “Programa de acción sobre una cultura de paz” determinó que, en la consolidación de las medidas adoptadas en el ámbito nacional, regional e internacional para promover el desarrollo económico y social sostenible, se debían “i) Incluir medidas de creación de capacidad en las estrategias y proyectos de desarrollo dedicados a la sostenibilidad del medio ambiente, incluidas la conservación y la regeneración de la base de recursos naturales” (Naciones Unidas, 1999, núm. 10). Según lo expuesto, es claro que la garantía de un ambiente sano, la conservación ambiental y la equitativa distribución de los recursos naturales son un presupuesto indispensable para la construcción de una cultura de paz, y en ello deben intervenir tanto las entidades del nivel central como las del nivel regional, contando siempre con el compromiso de la población.

16Sobre el particular, afirma Mauricio Hernández Pérez (2016) que

para algunos autores la idea de una cultura de paz no ha dejado de ser una suerte de imposición cultural por parte del organismo internacional en su afán por “homogenizar” el orden mundial a través de un supuesto consenso universal de valores para prevenir conflictos violentos que se llegasen a presentar (p. 10).

17Además, para el autor, las bases de una cultura de paz global deben ser complementadas con bases internas de la cultura de paz en cada Estado (Hernández Pérez, 2016, p. 11).

18En el mismo sentido, Barbeito (2016) afirma que, aunque Naciones Unidas “ha conseguido algunos éxitos, no funciona todo lo bien que podría funcionar. La onu suele pensar más en los estados [sic] que en los pueblos, y representar mejor los intereses de quienes tienen más poder que de los más necesitados” (p. 180).

19Sin embargo, en la actualidad no cabe duda de que la creación de capacidades para el desarrollo de proyectos dedicados a la sostenibilidad ambiental y a la conservación y regeneración de los ecosistemas está por fuera de ideas impositivas, pues la creciente degradación ambiental y las afectaciones que sufren los países, debido a sequías intensas y devastadoras inundaciones producidas por el cambio climático, los han impulsado a que estas iniciativas ambientales sean adelantadas voluntariamente.

20Así las cosas, el camino para construir en Colombia una cultura de paz debe contemplar planes y programas comunitarios centrados en el respeto a la vida y el cuidado del entorno que permitan transformar las prácticas y creencias de desigualdad y excusión, tal como lo afirma Hernández Pérez (2016, p. 12). Además,

el tejido de paz es un proceso mixto, plural, colectivo y a la vez de creación de conciencia individual y social, junto con los cambios de estructuras económicas, políticas y culturales que atienden los fundamentos ilustrativos de nuestra historia y nación, los cuales deben responder a las exigencias de renovación y desarrollo social que vive la humanidad en el contexto actual (Mariño, 2016, p. 75);

pues no es posible hablar de un proyecto de construcción de paz que no involucre a la comunidad con sus dinámicas de vida y el entorno en el que se desarrolla, el cual implica mayoritariamente dependencia de los recursos naturales.

21En Colombia se han adelantado esfuerzos por recuperar emocionalmente a las personas y comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, afirma Cancimance (2016) que, a pesar de este esfuerzo, “no se puede desconocer que los traumas y sus efectos en la vida de las personas y colectividades persisten y siguen generando emociones de miedo, rabia, dolor, venganza, odio e impotencia. Transitar hacia la paz y el posconflicto significa reconocer esas heridas de la guerra y trabajarlas” (p. 147), en lo cual falta un largo camino por recorrer.

22Por ejemplo, modelos como el de “Bosques de Paz”, que integra diferentes componentes como (i) la protección ambiental, de la biodiversidad y los ecosistemas; (ii) el desarrollo de proyectos productivos para las comunidades organizadas; (iii) el fortalecimiento de la conciencia y la educación ambiental y; (iv) la construcción de un monumento vivo de paz y memoria histórica de la terminación del conflicto (MinAmbiente, Res. 470 de 2017, Art. i°); le permite a las comunidades reconocer y trabajar en las heridas de la guerra a través de los proyectos agroforestales en los cuales los bosques, más que ecosistemas, se constituyen en monumentos vivos que conmemoran el dolor de las víctimas y sus seres queridos, les permiten reconstruir historias de vida y representar en un elemento vivo a la persona afectada por la guerra.

23Afirma Cecile Barbeito (2016) que “las víctimas de las guerras no son solo las personas que mueren, también los familiares y amigos que han perdido personas a las que quieren. Muchas veces, las familias necesitan apoyo para superar su dolor. Algunas organizaciones promueven el diálogo y la reconciliación entre personas y comunidades enfrentadas” (p. 55). Según la autora, se puede ayudar a las comunidades a través del apoyo económico de proyectos iniciados por ellas o a través de la participación en sus actividades.

24De esta forma, miembros de comunidades organizadas ubicadas en áreas degradadas ambientalmente por el conflicto pueden vincularse a proyectos regionales y locales de protección ambiental, de reforestación, o constituirse en guardianes de la paz y el ambiente propuesto por el programa de Bosques de Paz; estas comunidades pueden ser capacitadas en educación ambiental y prácticas productivas sostenibles para apoyar las acciones orientadas a la conservación de las áreas de los Bosques de Paz, tal como lo sostiene la norma ambiental.

25Por su parte Frédéric Massé (2014) asegura que “numerosos estudios han demostrado que la construcción de la paz no incumbe exclusivamente al gobierno [sic] y a la insurgencia. La sociedad puede jugar un papel importante antes, durante y después del diálogo” (p. 87), por lo que la participación comunitaria en proyectos de protección ambiental en los que se promueva la inclusión podrá ser decisiva en la construcción de una paz estable y duradera.

26El desarrollo de proyectos comunitarios centrados en la protección ambiental no solo contribuye a la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas, también favorece la generación de bienestar social y la reconstrucción del tejido social roto por la violencia, pues las labores de protección de ecosistemas suponen compromisos con un proyecto común, relacionamiento y fortalecimiento de vínculos, pues, “para tener un mundo con más y más paz, es necesario cambiar muchas cosas: por un lado, eliminar todas las formas de violencia. Por otro lado, inventar y construir realidades alternativas que sean cooperativas, humanas y equitativas” (Barbeito, 2016, p. 55), como por ejemplo los proyectos ambientales en donde todos, de una u otra forma, terminan siendo beneficiarios de los servicios ambientales que proporcionarían los ecosistemas recuperados.

3. La construcción de la paz como finalidad en la política pública ambiental

27Antes de ahondar en el problema público que nos ocupa, es pertinente revisar si la construcción de la paz, como finalidad que inspiró la formulación del Conpes 3886, resuelve los problemas fundamentales que deben enfrentar millones de pobladores rurales en el país, como son la escasez, la falta de educación y de oportunidades laborales, la baja calidad de vida, la destrucción de los recursos naturales, etcétera, y/o contribuye de manera decidida a la recuperación ambiental de los ecosistemas del país; pues, aunque no se desconoce la importancia de la paz para la constitución del orden social, esta resulta insuficiente para el logro de objetivos superiores que conducen a tener una sociedad más justa y equitativa.

28Según Norberto Bobbio (1982), existen dos tipos de paz: (1) la paz interna y (2) la paz externa, las cuales están estrechamente vinculadas (p. 158). La paz interna es definida como la ausencia o la solución (cese) de un conflicto del propio individuo (asuntos de su esfera de creencias, deberes, intereses, placeres, etcétera); mientras que la paz externa es aquella ausencia o solución (cese) del conflicto externo, es decir, el conflicto que se presenta con otro u otros individuos; tipos de paz que son interdependientes en el sentir de algunos pensadores (Bobbio, 1982, p. 158) con los cuales se está de acuerdo pues, sin duda, los hechos violentos que han tenido que enfrentar algunas comunidades del país, además de generar un conflicto externo en los individuos, los enfrenta a conflictos internos asociados a la sed de justicia y a la impotencia de actuar en situaciones de evidente vulnerabilidad.

  • 5 En términos de Hobbes, “la guerra es el periodo de tiempo en que la voluntad de enfrentarse con vio (...)

29Por su parte, la paz que pone fin a ese conflicto particular denominado guerra es la que ha llamado la atención de los investigadores durante los últimos años; por tanto, el concepto de paz es definido en negativo como la ausencia de guerra5. Se argumenta que

se está en presencia de una situación de conflicto cada vez que las necesidades o los intereses de un individuo (o de un grupo) no pueden satisfacerse sino en detrimento de otro individuo (o grupo): el caso más representativo es la rivalidad de varios individuos (o grupos) por la posesión de un bien escaso (Bobbio, 1982, p. 162)”.

30Particularmente en el caso colombiano, el bien escaso ha sido la tierra (no solo bajo el concepto de recurso natural en el que se desarrollan los ecosistemas, también vista como un bien objeto de explotación económica) y la posibilidad de aprovecharla de manera equitativa y en igualdad de condiciones. También se percibe como bien escaso la participación política en la toma de decisiones sobre aspectos que afectan el bienestar general y favorecen a algunos pocos, hecho que genera exclusión social y desigualdad en las oportunidades.

31Sobre este particular, se sostiene que “hay factores que les generan oportunidades a los actores armados para obtener apoyo y reclutar miembros”. A estos factores se les denomina “causas objetivas y subjetivas”. Las “causas objetivas” están directamente relacionadas con la desigualdad a todo nivel (social, laboral, patrimonial, etcétera) y la persecución a líderes sindicales. Por su parte, las “causas subjetivas” están relacionadas con teorías políticas que justifican la revolución y la lucha armada (Comisión de Historia del Conflicto y susVíctimas, 2015). En Colombia, la mezcla de ambos factores ha perpetuado el conflicto por más de cinco décadas; y unas y otras causas siguen estando presentes, por lo que aún siguen activos los grupos armados ilegales (Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, 2015).

32Por lo anterior, en la medida en que se retrase la reforma rural integral y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades campesinas con su derecho a explotar económicamente sus territorios, en esa misma medida se impulsa el resurgimiento del conflicto, pues el objeto de disputa sigue siendo el mismo bien escaso (la tierra): eso es lo que precisamente ha detonado la guerra interna en Colombia. Alcanzar una paz estable y duradera, como se propone en el Acuerdo Final, no es suficiente garantía para la convivencia de las comunidades ni para el logro de la estabilidad en las regiones. No basta con centrarse en conseguir y mantener un estado de paz permanente, es necesario asegurarle a la comunidad el sustento, el bienestar y el entorno ambientalmente adecuado para que su calidad de vida se mantenga.

33Entonces, la paz como bien insuficiente significa que ella, por si sola, no puede asegurar el orden social ni una sociedad perfecta con hombres felices y prósperos; es una mera condición para que otros valores fundamentales para el hombre puedan realizarse, pues aunque la paz “evita el mayor de los males (la muerte violenta) […] no persigue el mayor de los bienes” (Bobbio, 1982, p. 174), puesto que una vida en medio del hambre, la escasez o el deterioro notable del entorno no alcanza niveles de satisfacción, bienestar ni dignidad inherentes a la existencia humana.

34Está claro pues que

el problema de la paz es uno de los problemas que cada tanto corresponde resolver a los hombres; no es el problema único, el problema por autonomasia [sic] cuya solución liberará de una vez por todas, definitivamente a la humanidad del miedo, la esclavitud, y la haga a partir de entonces feliz (Bobbio, 1982, p. 167).

35En otras palabras, una vez alcanzada la paz organizada y regulada surgirán nuevos problemas que los hombres deberán reconocer y entrar a resolver con el mismo celo para mantener alejados los conflictos externos; entre ellos se pueden listar la sobrepoblación, el deterioro ambiental o la escasez de alimentos, por poner algunos ejemplos.

36Por esto, es indispensable que las comunidades desarrollen herramientas propias para generar un estado permanente de paz o armonía en su relacionamiento a partir del reconocimiento del otro, de sus intereses, del bienestar que se genera en entornos ambientalmente adecuados y que se proteja el sustento de todos que, en últimas, también es el sustento propio. En este caso, la restauración y la conservación de los ecosistemas puede verse como un elemento indispensable para generar cohesión en las comunidades que resultan beneficiadas de los servicios ambientales que se proporcionan.

37Solo “es injusta la paz que impone a los vencidos un castigo, una reparación de los perjuicios, una pérdida de territorios, dictados por el espíritu de venganza y no por el propósito de restablecer el orden violado” (Bobbio, 1982, p. 172); por lo que no resulta injusta la obligación de recuperar los recursos naturales dañados en medio del conflicto, porque la protección y recuperación ambiental es un asunto de supervivencia de la especie; tanto víctimas como victimarios padecerán o gozarán en la misma proporción de los beneficios que trae consigo un entorno que provea a satisfacción bienes y servicios ambientales.

38Así las cosas, la paz duradera a la que hace referencia el Acuerdo Final está enmarcada en las teorías del pacifismo. En este marco conceptual, la paz es un bien altamente deseado y debe ser alcanzada utilizando todos los medios posibles.

La paz a la que aspira el pacifista no puede ser otra cosa que la paz de satisfacción, o sea una paz que es el resultado de una aceptación consciente, como solo puede serlo la paz que se instituye entre partes que ya no tienen reivindicaciones recíprocas que formular. Solo una paz de este tipo puede esperarse con fundamento que sea duradera [cursivas añadidas] (Bobbio, 1982, p. 178).

39Ahora bien, es dable preguntase si el Conpes 3886, con el que se ha buscado la implementación del Acuerdo Final, efectivamente ha tenido en cuenta la satisfacción de los actores involucrados en los procesos de reconstrucción del tejido social, en especial excombatientes y comunidad.

40Según Gutiérrez Sanín (2018), “por posconflicto debemos entender el tránsito de la guerra a otro estadio, que no necesariamente es la paz deseable (p. 1), que es la situación por la que actualmente cruza el país. Afirma este autor que en Colombia estamos en un posconflicto “traumático e inestable […] pero posconflicto al fin y al cabo” (Gutiérrez Sanín, 2018, p. 15), e invita a reflexionar acerca de las políticas públicas que se formulen y que conduzcan a la construcción de una paz sostenible, entre ellas la política ambiental.

41Aunque existen diferentes puntos de vista, se considera que el problema público que da origen a la política de paz (en términos ambientales), más que una condición objetiva de guerra ha sido visto por los actores violentos como un hecho justificado en la inequidad social y en el difícil acceso a los recursos productivos, entre ellos, la tierra. Colombia, que sigue siendo un país con múltiples necesidades básicas insatisfechas en gran parte de su territorio, busca ahora reconstruir su tejido social a partir de la reparación de los lazos que fueron rotos por la violencia y, aunque las estrategias de recuperación y/o conservación ambiental sean indispensables para la protección de los territorios que quedaron ahora a merced de la población y los explotadores ilegales, no son suficientes para encontrar la paz anhelada, pues las comunidades reclaman alternativas productivas y mejoramiento de la calidad de vida por encima del derecho al goce de un ambiente sano.

42Claramente, el acceso a la tierra y las posibilidades de aprovecharla económicamente se constituyeron en un punto central de las discusiones previas a la firma del Acuerdo Final. De hecho, la reforma rural integral, que fue ampliamente desarrollada en el punto I del citado acuerdo, propende por una mejor distribución de la tierra y el establecimiento de garantías para que los campesinos puedan encontrar en ella una fuente de sustento para sus familias.

4. La sustitución de cultivos ilícitos en la construcción de paz y en la protección ambiental

43El punto 4 del Acuerdo Final plantea la solución al problema de las drogas ilícitas a partir del reconocimiento de los cultivos de uso ilícito como una causa de este. Sin embargo, se plantea que la persistencia de este tipo de cultivos ha estado ligada, entre otras causas, a las condiciones de pobreza y la débil presencia institucional, la que ha sido capitalizada por organizaciones criminales que se dedican al negocio ilícito del narcotráfico y que acentúa la violencia en las regiones (Acuerdo Final..., 2016, p. 92 de 297).

44Buscando dar solución al problema de los cultivos ilícitos, el Acuerdo Final plantea alternativas para mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de la comunidad en los territorios afectados. De aquí se deriva la importancia que tiene el enfoque territorial participativo de los programas planteados (4.1.), como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (pnis) que prevé alternar la sustitución con recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos (Acuerdo Final..., 2016, p. 92 de 297).

45El Acuerdo mismo prevé que los programas de sustitución de cultivos estén integrados a la reforma rural integral (rri) propuesta en el punto i del citado acuerdo. Así las cosas, el pnis sería un componente más de la rri cuando los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito coincidan con zonas priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet), en caso contrario, los planes integrales de desarrollo se ejecutarían en acuerdo con las comunidades de la zona. En todo caso, el pnis deberá estar integrado a los planes de desarrollo territorial en atención a las condiciones específicas de cada región para garantizar la sostenibilidad social y ambiental (Acuerdo Final..., 2016, p. 92 de 297).

46En todo caso, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la transformación estructural del territorio deberá darse en el marco del respeto y la aplicación de los principios y las normas del Estado social de derecho con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las comunidades afectadas por la presencia de esos cultivos; esto también implica el respeto por la normatividad ambiental y la aplicación de los principios ambientales de protección y conservación adoptados por Colombia en el marco de convenios internacionales (Acuerdo Final..., 2016, p. 92 de 297).

47En este sentido, la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito deberá desarrollarse sin detrimento de la sostenibilidad ambiental de los respectivos territorios, lo cual implica que las alternativas de sustitución sean ambientalmente razonables según las condiciones de cada región, para lo cual se requiere apoyo del Gobierno nacional (Acuerdo Final..., 2016, p. 92 de 297).

48La erradicación de los cultivos ilícitos, como aspecto fundamental del Acuerdo Final, tiene tanto una connotación penal y de salud pública como ambiental. No obstante la importancia de la erradicación de esos cultivos, el programa de sustitución voluntaria se convirtió en un incentivo perverso que disparó las tasas de deforestación, pues al establecerse en la negociación este incentivo de sustitución, algunos cultivadores de coca deforestaron zonas boscosas para aumentar los cultivos ilícitos por los que posteriormente reclamarían su estímulo. Según el dnp, “la presencia de cultivos de uso ilícito y de minería ilegal asociados al conflicto armado, se constituyen en causantes de deforestación, contaminación hídrica y degradación de suelo, lo que ha representado la afectación de ecosistemas naturales y de la biodiversidad en el país” (documento Compes 3886), por lo que se considera que la implementación de los psa “aportará en la prevención de la deforestación, la transformación de los ecosistemas naturales y brinda herramientas para el desarrollo productivo sostenible” (documento Conpes 3886).

49En mayo de 2017, el pnis arrancó en 13 departamentos, vinculando a 83.790 familias. Su meta fue “beneficiar a 100 mil familias y sustituir 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales” en más de 40 municipios del país (Presidencia de la República, 2017);

las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos, se beneficiarán a través de distintos incentivos estipulados por el Gobierno Nacional (Presidencia de la República, 2017).

50Dentro de los incentivos del Gobierno para los beneficiarios, creados para dar cumplimiento al punto 4 del Acuerdo de Paz, se incluyeron: (1) la suma de un millón de pesos mensuales, durante un año, para invertir en sus nuevos cultivos; (2) la suma de un millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto sostenimiento; (3) la suma de nueve millones de pesos, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura.; (4) a partir del segundo año, una inversión hasta de 10 millones de pesos por familia para consolidar proyectos productivos; (5) brindar asistencia técnica durante todo el proceso y; (6) otorgar líneas especiales de crédito para los campesinos cocaleros que sustituyan los cultivos (Presidencia de la República, 2017).

51Sin embargo, dentro de la Estrategia Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos se contempló a las comunidades con cultivos en los parques naturales, a quienes se les propuso ser reubicadas por fuera de estas áreas protegidas y suministrarles vivienda rural, servicios, proyectos con vocación agropecuaria, o la opción de convertirse en guardias verdes vinculados a labores de conservación ambiental (MinAmbiente, 2015).

52Según Rubiano & Martín (2017), además, “la siembra de cultivos produce impactos considerables. Se estima que para plantar una hectárea de marihuana, coca o amapola se deben remover 1, 5, 2,5 y 4,5 hectáreas de ecosistemas naturales, respectivamente” (p. 100). Adicional a lo anterior, el uso de precursores y sustancias químicas peligrosas ha contaminado los demás recursos naturales (p. 100). Afirman los autores que las fumigaciones han ido en contravía de las obligaciones de protección ambiental incluidas en los tratados internacionales y que las políticas de erradicación han sido ineficaces produciendo múltiples daños ambientales (p. 105).

53Dentro de los programas planteados por el Gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos se han presentado inconvenientes por las deficiencias en los procesos de participación ciudadana y de comunidades; “otro aspecto problemático de estos programas es que tienden a plantearse objetivos simultáneos que a veces resultan contradictorios o difíciles de alcanzar en forma paralela, como la erradicación de cultivos en el corto plazo, el sostenimiento económico y la conservación de los bosques” (Rubiano & Martín, 2017, p. 107). En algunos casos, los proyectos se establecen en plazos muy cortos, por lo que no es posible evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos, haciéndolos ver insustanciales.

54Además, “en general, los cultivos, la sostenibilidad y recuperación de los suelos, la vegetación, la fauna y el agua afectadas por los cultivos ilícitos y las políticas empleadas para erradicarlos no son considerados en los programas de reducción de la oferta” (Rubiano & Martín, 2017, p. 108); situaciones como esta evidencian desarticulación entre programas adelantados y normatividad de protección ambiental. Un ejemplo de ello es el caso del Urabá chocoano, donde cientos de hectáreas de bosque húmedo fueron sembrados con palma africana (Rubiano & Martín, 2017, p. 108). Afirman algunos autores que las políticas sobre drogas deben ser armonizadas con las obligaciones del Estado de protección ambiental, pues

la dimensión ambiental de las políticas antidrogas también es relegada a un segundo plano y se mantiene la idea de que la erradicación de los cultivos ilícitos no sólo es deseable y posible, sino que es una precondición y un medio para realizar transformaciones más amplias en temas agrarios, de ordenamiento territorial y lucha contra el crimen organizado (Rubiano & Martín, 2017, p. 128).

55Sin embargo, la política antidroga no puede ser adelantada en desmedro de la diversidad biológica del país ni a costa del daño de ecosistemas estratégicos o sensibles.

56Por su parte, entre las líneas de acción propuestas en el documento Conpes 3886 se propuso incorporar esquemas de psa en la política de sustitución de cultivos de uso ilícito con el fin de facilitar los procesos de sustitución y migrar a proyectos de desarrollo alternativo en las áreas de importancia ambiental determinadas por las autoridades regionales. Estos proyectos psa deben ser priorizados como instrumentos de restauración en zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, en especial en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

57En fin, el verdadero problema radica en la sustitución de los cultivos de uso ilícito con otro tipo de cultivos de uso lícito, pues en gran parte del territorio estos cultivos ilícitos se han establecido gracias a la deforestación de bosques tropicales o de ecosistemas del bosque alto andino, por lo que lo ideal sería la reforestación o la recuperación del ecosistema dañado y no el establecimiento de otros cultivos porque, a la larga, terminará generándose un impacto mayor en caso de expandirse la frontera agrícola. Recordemos que, según los recientes estudios del igac, gran parte de los suelos del territorio nacional tienen vocación forestal y tan solo un 7,5 % tiene vocación agrícola; así las cosas, fomentar cultivos en suelos forestales va en contra de su vocación y genera mayor deterioro: lo ideal sería que se sembraran árboles para reforestar, optando por esquemas psa para obtener un doble beneficio.

5. La política y el programa nacional de psa en la reconstrucción del tejido social

58Buscar soluciones que resuelvan los múltiples problemas públicos es uno de los mayores retos que debe enfrentar una administración; más aún si se trata de un tema tan complejo como lo es la construcción de una paz estable y duradera. La estructuración de las políticas públicas formuladas para dar solución a este problema deben responder a la realidad social, económica, política, institucional y ambiental de este país, que enfrentó por más de 50 años un violento conflicto con el grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-ep).

59Desde el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Gobierno nacional decidió adoptar el instrumento del psa con el fin de dar efectiva y cumplida implementación a los Acuerdos de Paz. Así, el documento Conpes 3886 de 2017 contiene, en torno al psa, dos puntos a saber: (1) los lineamientos de política pública sobre psa y (2) el programa nacional de psa, a partir de los cuales se busca construir la paz. Siendo la pretensión analítica de este escrito revisar si el citado Conpes contribuye a la reconstrucción del tejido social, al incluir estrategias de inclusión a la comunidad en el marco de los programas de protección ambiental, a continuación se presenta una revisión de ambos puntos del citado documento, haciendo especial énfasis en las estrategias de participación comunitaria para la construcción de la paz.

5.1. El pago por servicios ambientales como herramienta para la construcción de paz

60Según los estudios que antecedieron la expedición del citado documento Conpes, existen dos grandes ejes sobre los que se debe trabajar desde la óptica ambiental para la construcción de la paz. El primero de ellos es la protección ambiental de la abundante biodiversidad, y el segundo es la valoración y reconocimiento económico de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas.

61Se argumenta que los beneficios ofrecidos a la sociedad por parte de los ecosistemas deben gozar de un reconocimiento económico que permita conservarlos para que sean garantizados de manera continuada en el tiempo; no porque la misma naturaleza demande una contraprestación, simplemente porque el mantenimiento de los ecosistemas tiene un costo que es asumido por algunos propietarios, los cuales se comprometen con su conservación, y esa es la razón por la cual deben ser compensados. En este orden de ideas, “al reconocer los beneficios generados por el conjunto de funciones ecológicas que prestan los ecosistemas, se hace necesario desarrollar mecanismos para valorarlos y establecer una medida del bienestar que le proporcionan a la sociedad” (documento Conpes 3886); este mecanismo es el pago por servicios ambientales. De esta forma, “quienes proveen servicios ambientales, y quienes se benefician de su provisión, estarían en capacidad de llegar a soluciones de mercado por medio de un pago que promueva la provisión eficiente del servicio” (documento Conpes 3886).

62Una de las posibles razones que inspiraron la adopción de este instrumento de protección ambiental (psa) pudo ser los escasos incentivos que existen el en país para la protección de los ecosistemas, los cuales quedarían a expensas de los explotadores ilegales de flora y fauna. Según el documento Conpes, la población campesina no ve recompensado su esfuerzo de protección ambiental cuando lo privilegia sobre sus actividades productivas (documento Conpes 3886). Se sostiene que los pobladores rurales no cuentan con suficientes incentivos que los motiven a proteger los ecosistemas naturales presentes en terrenos de su propiedad, por lo que se privilegian las actividades productivas sobre las de conservación ambiental (documento Conpes 3886).

63Así, el objetivo general de la política psa es “desarrollar lineamientos de política para la implementación de los psa que permita, a la institucionalidad pública, al sector privado y la sociedad civil, la realización de inversiones que garanticen el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales provistos por ecosistemas estratégicos” (documento Conpes 3886), en el cual subyace el claro interés de conservación ambiental y la vinculación de la comunidad parece estar limitada a la realización de inversiones en materia ambiental.

64Dentro de los objetivos específicos se listaron cuatro acciones que refieren un marco técnico, institucional, financiero y normativo, a saber:

(1) Generar lineamientos y directrices técnicas, operativas y de investigación, que faciliten la preparación e implementación de los psa en el país; (2) Promover la coordinación y articulación interinstitucional que fortalezcan las capacidades técnicas de entidades nacionales y subnacionales para la implementación de los esquemas de psa; (3) Brindar orientaciones para articular fuentes de recursos de todos los niveles de gobierno, los privados y la cooperación internacional, para mejorar la sostenibilidad financiera de los psa y (4) Orientar la construcción de un marco normativo alineado a la política para brindar seguridad jurídica en la inversión de recursos en psa (documento Conpes 3886).

65Así establecidos los objetivos, se trazó un plan de acción con las siguientes cuatro estrategias:

(i) Definir los elementos técnicos, operativos y objetivos de investigación; (ii) Establecer mecanismos de articulación interinstitucional que fortalezcan la institucionalidad para implementar psa; (iii) Articular mecanismos financieros e instrumentos económicos para brindar sostenibilidad financiera; (iv) Ampliar y alinear el marco de política y normativo para los psa (documento Conpes 3886).

66Estrategias vinculadas a las correspondientes líneas de acción, tal como se muestra en la tabla 7.1.

TABLA 7.1. PLAN DE ACCIÓN PSA.

Estrategia

Línea de acción

1

Definir los elementos técnicos, operativos y objetivos de investigación para la implementación de proyectos de psa.

1. Establecer los principios y propósitos de los psa (elementos mínimos para diseñar e implementar proyectos de psa, tipos de intervenciones que se incentivan con psa, orientaciones para la aplicación de psa en el territorio nacional);
2. Desarrollar elementos técnicos y operativos para implementar psa con diferentes modalidades y avanzar en el conocimiento e investigación (desarrollar elementos técnicos y operativos para implementar psa con diferentes modalidades, desarrollar un marco de investigación que mejore el conocimiento para los psa);
3. Desarrollar metodologías y protocolos para el registro, monitoreo y reporte de las acciones e inversiones de
psa (registro de esquemas de psa, monitoreo de los esquemas de psa, evaluación y seguimiento de los esquemas de psa);
4. Establecer un modelo del ciclo de inversión de los proyectos de
psa.

2

Establecer mecanismos de articulación y fortalecer la institucionalidad para implementar psa.

1. Definición de acciones multisectoriales articuladas y coordinadas para implementar psa (incorporación de los psa en la gestión sectorial y para construcción de paz y el posconflicto);
2. Conformar la Unidad Técnica para el psa.

3

Articular mecanismos financieros e instrumentos económicos para brindar sostenibilidad financiera a los psa.

1. Establecer fuentes de financiación externas e internas;
2. Establecer un mecanismo financiero nacional para articular fuentes de recursos psa (mecanismos para la concurrencia y gestión de recursos para los psa).

4

Ampliar y alinear el marco de política y normativo para los psa.

Sin línea de acción.

67De entre las anteriores estrategias y sus correspondientes líneas de acción no se incluyó de manera precisa ninguna que condujera a la vinculación de la comunidad y la reconstrucción del tejido social de manera directa, salvo en la acción 2.2 que busca establecer acciones multisectoriales articuladas y coordinadas para construcción de paz y el posconflicto. Esta línea de acción, al desarrollarse específicamente, determina las rutas que permitirán la participación de las comunidades en los esquemas psa.

68Además, de manera particular, dentro de la línea de acción i.i se estableció como principio del psa el “posconflicto, construcción de paz y equidad” con el fin de orientar prioritariamente los esquemas psa a las

áreas y ecosistemas estratégicos con conflictos por el uso del suelo, presencia de cultivos de uso ilícito y de especial importancia para la construcción de paz; dando a su vez prioridad a los propietarios, poseedores u ocupantes de menores ingresos, y pueblos indígenas en situaciones de vulnerabilidad ubicados en dichas áreas (documento Conpes 3886).

69Justificando la aplicación de este principio, se podrán adelantar proyectos de reconstrucción del tejido social amparados en los proyectos de conservación ambiental, aunque no es muy clara la ruta para su inclusión.

5.2. Acciones para la construcción de paz en el marco del psa

70Las acciones propuestas en la política estudiada para la inclusión del psa en la gestión sectorial, con el fin de apoyar la construcción de paz y el posconflicto, involucran a diferentes entidades del nivel central, y su desarrollo se supedita a que se realicen ajustes normativos, de procedimiento y de gestión, sin mencionar de manera detallada cuáles de estos serían necesarios.

  • 6 Entendido como “conjunto de factores que promueven la articulación social y las relaciones entre in (...)

71A continuación se recogerán, de manera resumida, las acciones planteadas y la relación de estas en la reconstrucción del tejido social6 en el marco de la protección ambiental.

72Uno. Se propone elaborar lineamientos para incorporar los psa en los diferentes planes ambientales, como son: (1) planes de gestión ambiental – pga; (2) plan general de ordenación forestal; (3) plan de manejo ambiental de páramos, humedales y manglares; (4) planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas –Pomca, y en el manejo de áreas protegidas. En general, en los procesos de planeación ambiental es imperiosa la vinculación de la ciudadanía con el fin de abrir espacios de discusión sobre las medidas que a nivel local se vayan a adoptar, y los plazos, metas y estrategias que se vayan a fijar. Sin embargo, en esta participación no se evidencian estrategias para la reconstrucción del tejido social.

  • 7 MinAmbiente, Resolución 470 de 2017, Artículo 9°, numeral 2: Encuentros locales de “Bosques de Paz” (...)

73Dos. Se propone aprovechar los encuentros locales realizados en el marco de los Bosques de Paz7 para que las comunidades, y demás actores involucrados en ellos, incorporen los psa en sus proyectos. Recordemos que el artículo 4° de la Resolución 470 de 2017 estableció, dentro del criterio de participación comunitaria, que se debían incluir actividades para promover estrategias de inclusión, privilegiando tanto el desarrollo como el fortalecimiento de los procesos organizativos de las comunidades beneficiadas. Dentro de esta acción propuesta sí puede ser posible el desarrollo de proyectos de reconstrucción del tejido social, toda vez que con los Bosques de Paz se busca integrar a las comunidades a los proyectos de restauración ambiental y, de esta forma, contribuir a mejorar sus condiciones.

74Tres. Se propone que, en las áreas sustraídas de las Zonas de Reserva Forestal (Ley 2ª/59) y en el marco de los procesos de adjudicación de baldíos de la nación, sean ubicados terrenos con ecosistemas estratégicos (susceptibles de psa) para el desarrollo proyectos sostenibles. Para ello se requiere modificar la Resolución 1526 de 2012, para hacer viable los psa como medida de compensación en los procesos de sustracción para proyectos de interés social. Aunque la determinación de las verdaderas Zonas de Reserva Forestal es una de las más importantes acciones a desarrollar, en ellas no subyace la reconstrucción del tejido social, pues tiene una finalidad administrativa para conocer con precisión qué queda y qué se ha perdido en esas zonas y, de esta forma, favorecer la rri con la adjudicación de tierras.

75Cuatro. Se propone incorporar acciones de capacitación y formación en servicios ambientales en el Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria y en los Proyectos Ambientales Escolares (Prae) que le permitan a la ciudadanía conocer e implementar el psa como un instrumento de conservación ambiental. Esta acción tiene un enfoque de sensibilización ambiental y no de reconstrucción del tejido social.

76Cinco. Se propone incorporar metas de psa en los planes nacionales de desarrollo con el fin de hacer que los diferentes sectores asignen los recursos correspondientes para la financiación de los esquemas de conservación ambiental en el plan plurianual y en los Planes Operativos Anuales de Inversión (poai). De esta forma se podrán alcanzar las metas propuestas en la política psa y garantizar la continuidad del programa nacional de psa. Con los recursos recaudados para la financiación de esquemas de psa se pueden adelantar proyectos en los que se enfatice en la reconstrucción del tejido social en torno a la protección ambiental, aunque no se haya manifestado expresamente esa intención.

77Seis. Se propone incluir el psa como un mecanismo de adaptación dentro de la política de cambio climático y dentro de las acciones necesarias para la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (pnacc), asegurando de esta forma su estabilidad en el marco fiscal de mediano plazo y en su gasto. Claramente esta medida está orientada a la búsqueda de recursos para el desarrollo de los esquemas de psa, aunque igual que en el caso anterior, con los recursos recaudados se pueden adelantar proyectos en los que se enfatice en la reconstrucción del tejido social en torno a la protección ambiental.

78Siete. Se propone incorporar los psa en los vehículos de implementación de las estrategias paz y del posconflicto, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet) y en los Contratos Plan para la Paz (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad). Asimismo, incorporarlos en el documento Conpes 3850 (Fondo Colombia en paz) y en el documento Conpes 3867 (Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto) con el fin de ser tenidos en cuenta como un mecanismo alternativo de conservación ambiental en los programas de desarrollo económico rural, en el marco de la construcción de paz. Esta es otra acción que puede ser aprovechada para la reconstrucción del tejido social, aunque no se establezca específicamente, pues los documentos Conpes referidos están orientados a ese fin.

79Ocho. Se propone que en los territorios objeto de intervención sean estructurados y ejecutados proyectos de psa con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales en el marco de una construcción participativa con las comunidades y las autoridades del sector ambiental. También se busca que se implementen proyectos productivos en zonas ambientalmente estratégicas, reduciendo los cultivos de uso ilícito y apoyando los programas de desarrollo alternativo y de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Esta acción también puede ser aprovechada para la reconstrucción del tejido social pues encaja por la vinculación de la comunidad a los esquemas de psa.

80Nueve. Se propone generar lineamientos para incorporar a la población beneficiaria de psa a los modelos de asistencia técnica o de extensionismo agropecuario, e incluir los territorios con psa que se complementen con iniciativas productivas agropecuarias en los procesos de focalización de estos servicios; estos proyectos deberán ser priorizados. Así mismo, se deberán incluir mecanismos que faciliten a los beneficiarios de psa el acceso a recursos del Fondo de Microfinanzas Rurales y que participen en el Plan Anual de Crédito de Incentivo de Capitalización Rural (icr) y Líneas de Crédito Especial (lec). La idea de los psa es reducir los conflictos por el uso del suelo en las áreas y ecosistemas estratégicos; para lograrlo se pretende involucrar el psa en las acciones de reconversión agrícola, pecuaria y en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Para ello también es indispensable articular el Programa Nacional de psa con sistemas agroforestales, agrosilvícolas, silvopastoriles, entre otros, que son generadores de servicios ambientales. Aunque es plausible la idea de apoyo económico a quienes se vinculen a los esquemas de psa, tampoco es claro cómo se puede generar cohesión entre los beneficiarios de estos incentivos.

6. Conclusión

81Es importante empezar a darle un mayor reconocimiento al gran aporte de los esquemas de psa existentes en el mejoramiento de la provisión de los servicios ambientales, especialmente en las cuencas hidrográficas y en la ampliación de los corredores biológicos; sin embargo, aún falta generar una mayor conciencia social en torno a la trascendencia de la conservación para aumentar los recursos económicos destinados a su financiación.

82A los proyectos psa de les deberá apoyar en la búsqueda de alternativas sostenibles que garanticen su continuidad, estableciendo opciones turísticas que les permitan además obtener algunos recursos adicionales.

83En las acciones para los esquemas de psa propuestas se le da gran importancia a las inversiones y a la financiación de los proyectos, más allá de las estrategias de reconstrucción del tejido social. Además, siendo la falta de claridad jurídica en torno a la tenencia de la tierra uno de los grandes obstáculos identificados, debe establecerse como prioritaria, en el desarrollo del proyecto psa, la claridad jurídica del predio objeto del beneficio.

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Notes

1 Social Fabric in this context means how community members interact with each other, is about coexistence and coherence building threads together for better interaction.

2 Según información de prensa, “el ‘No’ gana con el 50,23 % de los votos (6.424.385 votos) contra el 49,76 % (6.363.989)” (El Tiempo, 2016).

3 Aunque el enunciado del decreto hace referencia al diseño de “otros incentivos a la conservación”, el artículo 19 (capítulo v) se limita a mencionar que los demás incentivos serían los estímulos que estableciera la ley para aquellas personas que adelantaran acciones de conservación como la preservación y restauración o uso sostenible del suelo y de la biodiversidad en las áreas y ecosistemas estratégicos. Según la norma, estos estímulos tendrán en cuenta usos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo rom.

4 Es preciso aclarar que este escrito no tiene como objetivo evaluar los avances de las entidades públicas en relación con el cumplimiento de obligaciones e implementación del Acuerdo Final, ni evaluar la efectividad de las medidas para la erradicación de los cultivos ilícitos, pues no se incluyeron en el alcance de esta investigación.

5 En términos de Hobbes, “la guerra es el periodo de tiempo en que la voluntad de enfrentarse con violencia se manifiesta suficientemente con las palabras y los hechos” (citado por Bobbio, 1982, p. 162).

6 Entendido como “conjunto de factores que promueven la articulación social y las relaciones entre individuos en comunidad […] cada sujeto puede aportar desde su esfera de acción con sus conductas cotidianas, promoviendo la tolerancia y la convivencia pacífica para impactar positivamente la realidad en la que vive” (Baños López, s. f.).

7 MinAmbiente, Resolución 470 de 2017, Artículo 9°, numeral 2: Encuentros locales de “Bosques de Paz”: son espacios de participación y generación de confianza, en los cuales se construirán las iniciativas de los proyectos del programa “Bosques de Paz”, conformados por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades ambientales regionales, entes territoriales, la comunidad beneficiaria, entre otros.

Notes de fin

1 Social Fabric in this context means how community members interact with each other, is about coexistence and coherence building threads together for better interaction.

Auteur

Abogada, especialista en Derecho del Medio Ambiente y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con tesis doctoral en derecho ambiental. Docente Investigadora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente.

© Universidad externado de Colombia, 2019

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