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Los riesgos del puntivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Ángela Marcela Olarte Delgado

Segunda parte. Indignidad carcelaria y política criminal

Capítulo VII. Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista

Chapter VII. Analysis of deaths of detained persons: a contradiction for a rights-based criminal law system

Camilo Eduardo Umaña Hernández et Aixa Tatiana Cordero Romero

Résumé

Este texto busca describir y analizar las muertes de las personas sometidas a una medida de privación de la libertad del sistema penal. En el mismo se exponen los resultados del análisis de estadísticas que se obtuvieron para la investigación a partir de las bases de datos tanto del Inpec como de Medicina Legal. Atendiendo a la evidencia empírica compendiada, este escrito indaga sobre la contradicción entre la muerte de los detenidos y la imagen civilizatoria del sistema penal a través del estudio de la protección a la vida física de quienes se encuentren privados de la libertad. Empleando una sistematización de los fallecimientos encontrados, que se produjeron entre los años 2012 y 2018, se estudia la forma de muerte, el sitio de privación de la libertad en donde ocurrió el deceso y el número de investigaciones y sanciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos por esta circunstancia. Finalmente se exponen algunas conclusiones relacionadas con el entendimiento de un derecho penal garantista y de una racionalidad penal protectora del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad.

Texte intégral

1. Introducción

1La privación de la libertad como medida del sistema penal se presenta y justifica en la filosofía moderna occidental como una “sanción penal humanizada” pues, pese a ser una medida restrictiva de derechos, preserva la vida biológica de quienes son sometidos a ella y, en una visión idílica, se dice que además habilita a las personas a vivir en sociedad. Sin embargo, las muertes que se presentan día tras día de personas privadas de su libertad sometidas a una medida del sistema penal (en adelante, ppl) establece una realidad preocupante que nos cuestiona como investigadores sociales acerca de las premisas básicas del sistema punitivo (desde su justificación hasta su forma de implementarse).

2¿Qué nos dice (y cuestiona) la evidencia empírica en Colombia sobre esta idea? ¿Existe realmente un marco de protección de la vida de las personas privadas de la libertad? ¿Qué podemos aprender de estos datos? ¿Cómo relacionar las afectaciones contra la vida con las premisas de la racionalidad penal moderna?

3Las anteriores preguntas enmarcan nuestro objetivo general, el cual se centra en describir y analizar las afectaciones a la vida biológica de las personas privadas de su libertad, de conformidad con órdenes del sistema penal, y elucidar su impacto en la justificación y marco racional de la penalidad moderna.

4La descripción de la contradicción entre la muerte de los detenidos y una imagen civilizatoria del derecho penal se hará en una primera parte de este trabajo. Con este propósito, se presentará un barrido de literatura que comprenderá bases de datos de instituciones públicas, jurisprudencia, informes de derechos humanos y otros documentos públicos que incluyen alguna información de medios de comunicación.

  • 1 El derecho de petición en el sistema jurídico colombiano es un derecho fundamental establecido en e (...)

5En una segunda parte, haremos una exploración a profundidad de los datos sobre muertes de personas privadas de la libertad. Para obtener estos datos se hizo un análisis documental y se interpusieron derechos de petición1, solicitando información a diferentes instituciones públicas, entre las que se incluyen el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, Inpec) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante, inmlcf o Medicina Legal).

6Finalmente, estos datos nos permitirán avanzar en algunas conclusiones y nuevas preguntas de investigación relacionadas con el entendimiento de un derecho penal garantista y de una racionalidad penal protectora de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, las cuales serán plasmadas en la última parte de este escrito.

7Adelantamos aquí que el universo de información encontrada es de difícil abordaje para la investigación, no solo por la dificultad de acceso de los datos y la contradicción entre las fuentes de información, sino porque nos encontramos frente a una realidad que tiene una magnitud cuantitativa oculta y cualitativa profundamente problemática en cuanto a la determinación de las condiciones y contextos de las muertes de personas privadas de su libertad por medidas del sistema penal. Con este recaudo, demos pues un primer paso dentro de la realidad que decidimos abordar para este escrito.

2. La contradicción entre las muertes de ppl y la imagen civilizatoria del derecho penal

8El derecho penal ha sido construido desde la modernidad bajo la égida de una imagen civilizatoria (Dubé, García, & Machado, 2013). Esta imagen tiene como premisa básica la protección de la sociedad en sus bienes jurídicos más preciados tanto como de las personas que son sujetas de la intervención del sistema penal: aun cuando las personas delinquen, el ordenamiento jurídico debe preservar su vida y derechos humanos.

9Se podría decir entonces que el Estado de derecho no se diluye con el delito; por el contrario, cuando alguien lo infringe, el mismo se vivifica y sus garantías se hacen explícitas. En ese sentido, la imagen de protección civilizatoria a través del sistema penal tiene dos aplicaciones programáticas básicas frente a quienes cometen infracciones criminales: la protección jurídica y la protección física, las cuales constituyen garantías mínimas que debe proveer el Estado a toda persona sujeta a la intervención del sistema penal.

La noción de “protección negativa” en el derecho penal resulta adecuada para describir dos maneras con las cuales el sistema penal se observa y se describe a sí mismo. El primer autorretrato quiere proteger a la Sociedad, a la víctima o a la Moral contra el criminal; el segundo, lo contrario, quiere proteger al individuo y al criminal contra la injerencia punitiva del poder político central –garantías jurídicas–. Digamos por ahora que estas visiones reenvían a una noción de protección negativa porque la primera pretende casi exclusivamente proteger el mal por el mal (la pena) y la segunda pretende a menudo simplemente reglar y limitar la pena sin aceptar otras formas de componer el conflicto y las sanciones (Pires, 2010, p. 73).

  • 2 “El derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca bruta (...)

10Esta imagen es en cierto punto paradójica. En efecto, desde la modernidad la acción penal se ofrece como protectora de los derechos de las personas condenadas cuando, simultáneamente, funda su programa de acción en una serie de medidas jurídicas que apuntan a limitar los derechos2. Decimos “en cierto punto” pues es admisible pensar que en determinados casos no existe contradicción alguna entre las premisas de limitar derechos y proteger derechos – como cuando se realiza la protección física de una persona restringiendo su movimiento a un espacio aislado de posibles actores interesados en mellar su integridad–; sin embargo, “el punto” paradójico de las afirmaciones hechas es constatable en tanto las limitaciones empleadas a través del sistema penal suelen estar dotadas de una radicalidad tal que afectan incluso el derecho a la vida biológica de las personas sometidas a su control, lo cual es a todas luces contradictorio frente al propósito y fundamento del derecho penal moderno. Precisamente sobre esta situación paradójica se ocupa esta investigación.

11En cuanto a la protección de la integridad de las personas privadas de su libertad, el marco general de protección de los derechos humanos enuncia que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición (Asamblea General de Naciones Unidas, 1948). Así mismo, se dice que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, y que el mismo debe ser protegido de ser privado arbitrariamente (Asamblea General de Naciones Unidas, 1976).

12Al respecto, existe un marco especial cuando se produce la detención de una persona por parte de agentes del Estado o como consecuencia de una medida penal. En palabras empleadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, sidh), el Estado que adopta la medida restrictiva derivada del ius puniendi se convierte en el “garante de la seguridad y de los derechos de esa persona” (cidh, 1998, párr. 74).

13En efecto, en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos “toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de todos los derechos de los detenidos (Corte idh, 1995). En otras palabras, las personas privadas de la libertad por órdenes del sistema penal se ubican dentro del ámbito de sujeción del Estado puesto que “sus condiciones de vida y detención dependen de las decisiones que tomen las autoridades estatales” (Corte idh, 2002, párr. 1).

14En este sentido, el sidh caracteriza la relación de sujeción entre las ppl y el Estado a partir de la premisa de que la privación de la libertad se basa en la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se encuentre recluido: una vez se aplica la pena privativa de la libertad, los condenados se encuentran en una relación de dependencia absoluta frente al Estado, el cual se constituye en “garante de los derechos del detenido, lo cual implica, entre otros cosas, que le corresponde explicar lo que le suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia” (Corte idh, 2003, párr. 126).

15En razón al papel de garante, el Estado es internacionalmente responsable por las violaciones a los derechos a la vida o a la integridad personal que se cometan contra las personas que se encuentran bajo su custodia. En ese sentido, en la Observación 36 del artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que los Estados parte

deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida de las personas privadas de la Libertad por el Estado, pues al arrestar, detener y encarcelar a las personas, los Estados asumen la responsabilidad de velar por la vida y la integridad física de éstas, y no pueden invocar la falta de recursos financieros u otros problemas logísticos para disminuir esa responsabilidad (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2017, párr. 8).

16En el marco de estas obligaciones, es deber del Estado ofrecer atención médica, controlar periódicamente el estado de salud de las ppl y protegerlas de los hechos violentos que se puedan presentar entre los mismos reclusos.

17En el mismo sentido que para el Sistema Interamericano, para la Corte Constitucional colombiana los derechos de las personas privadas de la libertad parten del reconocimiento de la situación de especial sujeción que surge entre las mismas y el Estado. La Corte ha establecido que la relación de especial sujeción se debe entender como un vínculo cuyo fundamento es jurídico-administrativo, en virtud del cual el administrado (ppl) se inserta de forma forzosa en la regulación de la administración, quedando sometido a un régimen jurídico peculiar que significa un especial tratamiento de la libertad y de sus derechos fundamentales.

18La jurisprudencia de la Corte Constitucional estipula también que existen tres elementos principales que caracterizan la relación de especial sujeción entre el Estado y las ppl: (i) la relación jerárquica de superioridad de la administración y subordinación del administrado; (ii) el sometimiento del administrado a un régimen jurídico especial y más estricto, que debe estar autorizado por la Constitución y la ley (controles que incluyen la posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales) y en el que existe una mayor proximidad o inmediación entre el administrado y la administración, y (iii) los fines constitucionales que sustentan las relaciones de especial sujeción que buscan la protección de los derechos de los internos y el fin principal de la pena que es la resocialización (Sentencia T-793 de 2008).

Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas) (Sentencia T-388 de 2013, párr. 7.5.1.2).

19Esta idea emplea el lenguaje de “el administrado” para las personas sometidas a la relación de sujeción y de “administración” para las instituciones en las que recaen las amplias facultades de restricción de derechos. Este lenguaje no es accidental, pues de lo que se trata aquí es de expresar un control específico que administra y abarca todas las fases de la vida de la persona privada de su libertad, a través de una instancia de intervención penal que se basa en la limitación y privación de derechos expresado de conformidad con una medida de tiempo específica. Bien sea con el objetivo de prevenir, de retribuir, resocializar o simplemente para dar una sanción cierta y equitativa (según la inspiración filosófica del operador del sistema), el administrado queda sometido a un régimen jurídico en el que hay un tratamiento restrictivo tanto de la libertad como del ejercicio general de sus derechos. Este régimen atraviesa la vida biológica del administrado, pero también domina su tiempo y, por lo tanto, las percepciones del pasado (lo que hizo estuvo mal) y las posibilidades de futuro (el mundo de afuera solo es disponible en la medida en que el sistema lo decida).

20Este dominio administrativo que irradia toda la vida del administrado es amplio (empleando la expresión de la Corte Constitucional) pues implica “la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación)”. Pese a ello, no es total pues la posibilidad de restricción de los derechos está ceñida a “la imposibilidad de limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros)” (Sentencia T-388 de 2013, párr. 7.5.1.3). En esta situación, el administrado (parte sometida de la relación de sujeción), en tanto sujeto de la medida penal, tiene en su haber una suerte de protección jurídica relativa al deber de garantía especial por parte de las instituciones.

21Según la Corte idh, “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal” (Corte idh, 1995, párr. 60). En efecto, el mínimo esencial de la protección de los derechos fundamentales de las personas en especial sujeción parte del goce efectivo de aquellos derechos que no permiten limitación alguna, entre ellos: el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad, la salud y el debido proceso. Los deberes del Estado con las ppl frente a estos derechos son, si se quiere, reforzados en comparación con el resto de los ciudadanos, pues la medida penal ubica a la persona en una situación de absoluta indefensión sometida al control de la institucionalidad encarnada en el penitenciario.

22En virtud de lo anterior, el Estado como garante del derecho a la vida de los reclusos tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción como por omisión, a la supresión de este derecho. Así mismo, tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares –obligación de protección–, así como, por supuesto, el personal estatal amenace de alguna forma la vida de la ppl –obligación de respeto– (sentencias T-195 de 1999 y T-958 de 2002).

  • 3 “La figura del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante la cual esta Corte, como otros (...)
  • 4 En 1998, la Corte Constitucional señaló que las cárceles colombianas se caracterizaban “por el haci (...)

23En relación con esta obligación, la Corte, en la declaración del estado de cosas inconstitucional3 del sistema penitenciario y carcelario del país, y sus reiteraciones, ha rechazado la precaria protección de los más mínimos derechos de quienes se encuentran privados de su libertad en establecimientos penitenciarios4.

  • 5 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1 (...)

24El “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”5 establece que, en caso de muerte o de desaparición de una persona detenida o presa, “un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición” (Asamblea General de Naciones Unidas, 1988, principio 34). Esta obligación, según los principios mencionados, abarca incluso eventualidades en que la muerte o desaparición ocurre poco después de terminada la detención o la prisión.

25El racional de protección de la vida biológica de ppl no se ha agotado en el escenario de privaciones ilegítimas de la vida sino también de aquellas medidas legales que implican la muerte de personas condenadas por infracciones penales. Motivo por el cual, hoy en día existe una creciente tendencia mundial de limitación de la pena de muerte.

26Los esfuerzos por la abolición de la pena de muerte están sustentados en las declaraciones internacionales de derechos humanos que establecen la protección de la vida humana como base, presupuesto y fundamento de los derechos. Esta posición es evidente en la Resolución 62/149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en el año 2007 declaró que una moratoria del uso de la pena de muerte contribuye a la mejora y al desarrollo progresivo de los derechos humanos considerando que el uso de la pena de muerte menoscaba la dignidad humana (Asamblea General de Naciones Unidas, 2008).

27Sin embargo, diferentes instrumentos internacionales, a renglón seguido de la protección a la vida, establecen una posición centrada en la limitación de la imposición de la pena de muerte –y no en su proscripción–. Esto es patente en documentos de gran relevancia como la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, cadh) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, pidcp).

  • 6 Adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones (...)

28Con respecto a la cadh, los países que no han abolido la pena de muerte solo podrán imponerla sobre los delitos más graves, en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas por tribunales competentes y de conformidad con la ley dictada con anterioridad al delito –posición limitativa– (artículo 4º). Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte idh), en su Opinión Consultiva oc-3/83 sobre las restricciones a la pena de muerte, aclaró que no se puede extender la pena de muerte a ningún otro delito que no estuviese contemplado al momento de entrar en vigor la Convención para los respectivos Estados parte, en los que tampoco se podrá legislar para extender la aplicación de la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada. En el sidh la posición limitativa, sin embargo, se encamina hacia la proscripción en el Protocolo a la cadh relativo a la Abolición de la Pena de Muerte6 que, pese a ser facultativo, estableció en su artículo 1 que los Estados parte en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

  • 7 En opinión del Comité, la expresión “los más graves delitos” debe interpretarse de forma restrictiv (...)

29A su turno, el pidcp en su artículo 6º establece la protección del derecho a la vida y, en lo sucesivo, determina una serie de reglas para imponer la pena de muerte, limitando su uso solo a los delitos “más graves”7 cometidos de conformidad con las leyes en vigor, siempre que no sean contrarias a las disposiciones del pidcp ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Así mismo, se establece una posición abolicionista frente a personas menores de 18 años y a mujeres que se encuentren en estado de gravidez. Así, según el pidcp, la pena capital no podrá ser aplicada a nuevos delitos, restablecerse en países en donde ya se encontrara abolida, aplicarse por delitos políticos, comunes conexos con los políticos o imponerse sobre personas que, en el momento de comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años, más de setenta o mujeres que estuviesen en estado de gravidez (artículo 6º).

  • 8 Según la Observación general núm. 6, sobre el artículo 6 del pidcp relativo al derecho a la vida (C(...)
  • 9 Dato encontrado en “Treaty Collection”, sitio web (Naciones Unidas, 1989).
  • 10 Aprobado por la Ley 297 de 1996, del 25 de julio de 1996.

30La tendencia hacia la abolición se hace general en documentos complementarios, como el Segundo Protocolo Facultativo del pidcp destinado a abolir la pena de muerte. De conformidad con este protocolo, los Estados parte deben incluir, en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, información sobre las medidas concretas que se han adoptado para que se haga efectivo el Protocolo de abolicionismo de la pena de muerte8. A enero de 2019, el Segundo Protocolo Facultativo del pidcp tiene 38 Estados signatarios y 86 Estados parte del tratado9 –entre los cuales está Colombia–10. Pese a encontrarse aún lejos de una ratificación universal, a finales de 2017, 106 países habían abolido la pena de muerte en sus sistemas jurídicos para todos los delitos, mientras que 142 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. La tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte es notable al constatar que solo cuatro países fueron responsables del 84 % de todas las ejecuciones registradas en 2017 (Amnesty International, 2017).

31Para el caso colombiano, la abolición de la pena de muerte ha sido históricamente zigzagueante. La pena capital que se encontraba abolida desde la Constitución de 1863, de conformidad con el precepto de la “inviolabilidad de la vida humana”, fue reinstituida por los Regeneradores en el artículo 29 de la Constitución Política de 1886. Lo anterior bajo la justificación de tratarse de una medida apropiada para evitar el aumento de los ataques contra la vida y lograr la reorganización social del período de gobernanza liberal (Aguilera Peña, 1991). En dicho período se prohibió la pena de muerte para delitos políticos, pero se declaró que era aplicable para los delitos de traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.

32Las declaraciones de estado de sitio motivadas por las guerras civiles de 1895 y de 1899-1902 (Guerra de los Mil Días) “quebrantaron gravemente el procedimiento penal de la pena capital” (Aguilera Peña, 1991, p. 6) al permitir que se trasladaran a la jurisdicción militar algunos delitos comunes sancionados con la pena capital y que se aplicara la pena de muerte a cualquier delito cometido por alzados en armas. Así mismo, la poca asistencia de la ciudadanía a las ejecuciones públicas es considerada por Aguilera Peña (1991) como un elemento que contribuyó a la abolición de la pena de muerte, pues quebrantaba la relación “público-reoespectáculo” se perdió el valor intimidatorio y edificante de la pena. Con esto, la pena fue abolida nuevamente por el Acto Legislativo 3 de 1910 (Asamblea Nacional de Colombia), por medio del cual se reformó la constitución y se estableció que “el legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso” (art. 3º). Se entraría así a lo que Foucault denominaría una fase de sobriedad punitiva:

El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía llevar consigo de espectáculo se encontrará en adelante afectado de un índice negativo. Como si las funciones de la ceremonia penal fueran dejando, progresivamente, de ser comprendidas, el rito que “cerraba” el delito se hace sospechoso de mantener con él turbios parentescos: de igualarlo, si no de sobrepasarlo en salvajismo, de habituar a los espectadores a una ferocidad de la que se les quería apartar, de mostrarles la frecuencia de los delitos, de emparejar al verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos, de invertir en el postrer momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración. Beccaria, en hora muy temprana, lo había dicho: “El asesinato que se nos representa como un crimen horrible, lo vemos cometer fríamente, sin remordimientos”. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. El castigo tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta del proceso penal. […] Desaparece, pues, en los comienzos del siglo xix, el gran espectáculo de la pena física; se disimula el cuerpo supliciado; se excluye del castigo el aparato teatral del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva (Foucault, 2002, pp. 11-16).

33Hoy por hoy, en Colombia, la pena de muerte es entendida como antítesis del derecho a la vida. Como tal, está proscrita constitucionalmente en los siguientes términos: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” (Art. 11). La Corte Constitucional (Sentencia C-144-97) ha entendido que la pena capital es desconocedora de “la condición de persona del sancionado” y que, por lo tanto, “destruye la propia credibilidad del Estado, pues la condena sólo se reconoce como ejercicio legítimo de la coacción estatal cuando se ejerce con el máximo grado de garantías individuales y no se desconoce la dignidad del delincuente” (párr. 8).

34Con todo esto, bajo los parámetros jurídicos expuestos emerge un punto especialmente paradójico de la imagen de protección del sistema penal: la práctica del sistema penal que se conforma bajo una auto representación de amparo de la integridad de las personas –al apartarse de la práctica de la muerte con suplicio e incluso la pena de muerte humanizada–, simultáneamente crea condiciones punitivas con las que se otorgan diferentes formas de muerte (Mereu, 2012; Pires, 2012; Umaña & Pires, 2016). Estas formas de muerte se pueden apreciar en prácticas que oscilan desde la muerte a “fuego lento” (expresión de Mereu 2012), que pone fin a la vida biológica de las personas por su extensión, o por las condiciones en que es aplicada la pena, o por ser atribuida a personas en edad avanzada o en graves condiciones de salud, hasta la muerte social que se refiere a la indiferencia con respecto a la vida social del individuo encontrado responsable, a quien le es arrebatada su posibilidad de inclusión en la sociedad (Umaña & Pires, 2016). No obstante, existe una forma más explícita que pone en cuestión la imagen de protección de la vida de los individuos: las muertes de las ppl, las cuales suponen una realidad ciertamente contradictoria frente a la promesa del derecho penal garantista.

3. Muerte de las ppl: un análisis de una realidad contradictoria frente a un derecho penal garantista

3.1. Los datos sobre la muerte de ppl

35En este texto hemos empleado la distinción muerte social/ muerte biológica para distinguir el fenómeno de la ruptura total con la sociedad (exclusión radical que supone una muerte social) del fallecimiento de las personas sometidas a medidas provenientes del sistema penal (muerte biológica).

36En un trabajo reciente, Umaña y Pires (2016) definieron la muerte social en contextos de privación de la libertad como

la anulación de la posibilidad de incorporación social de un sujeto, [… las cuales] no hacen referencia exclusivamente a las penas calificadas por la legislación como perpetuas, sino que comprenden todas aquellas penas de prisión consideradas ‘muy largas’ o que, debido a la edad de una persona o a las sus condiciones de salud, toman la significación de una cadena perpetua” (p. 5).

  • 11 En este texto no nos referiremos al término “muerte cerebral”. En este sentido estamos de acuerdo c (...)

37Esta definición es claramente distinguible de la muerte biológica, entendida aquí como la cesación de las funciones del tallo cerebral de una persona humana11, denominada habitualmente “muerte”.

38Nuestro análisis se concentra en los fallecimientos de personas privadas de la libertad en ubicación intramural y extramural, entre los años 2012 y 2018. Al escoger como sujetos de la investigación a las personas privadas de la libertad cuya vida ve su fin en el cumplimiento de la medida penal, dejamos de lado otros sujetos que son relevantes al momento de estudiar la realidad de las muertes en penitenciarias. En efecto, en la investigación encontramos evidencia de que en las cárceles se habrían producido muertes de visitantes, así como de vigilantes “e, incluso, personas que eran secuestradas e introducidas al penal [hablando de la cárcel La Modelo entre los años 1999 y 2001] para torturarlas y asesinarlas” (Revista Semana, 2016c). Esta realidad ubica a las cárceles como sitios donde los efectos de la violencia no se limitan a las personas detenidas. No obstante, la elección como sujetos de estudio de las personas privadas de la libertad encuentra sentido en la relación de especial sujeción entre las ppl y el sistema penitenciario y la concordante obligación de garantía por parte del Estado.

39Pese a la relevancia social de esta realidad, en el barrido de literatura que realizamos, las fuentes consistentes enfocadas en esta problemática en el contexto colombiano son realmente escasas, lo que hizo que el trabajo empírico adquiriera una preminencia en la construcción de las observaciones que hacen parte de este trabajo.

40Los datos obtenidos en esta investigación fueron codificados en diferentes categorías que le permitirán a quien lea este trabajo encontrar más que simples guarismos sobre los fallecimientos de ppl. El problema fundamental al abordar los datos sobre el fenómeno es que las cifras son difícilmente concluyentes pues existe una patente cifra negra, además de una gran variabilidad entre las fuentes consultadas. Más allá de los números que presentamos, buscamos ofrecer una sistematización consistente que permita conocer más sobre el fenómeno bajo estudio. Con esta intención elaboramos diferentes categorías sobre el origen y la causa de la muerte, el nivel de violencia que rodeó el fallecimiento, el sitio de privación de la libertad en donde ocurrió el deceso, y el número de investigaciones y sanciones disciplinarias en contra de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por muertes de ppl.

  • 12 Derecho de petición interpuesto el 25 de julio de 2018. Repuesta institucional: 08 de agosto de 201 (...)
  • 13 Derecho de petición interpuesto el 28 de agosto de 2018. Respuesta institucional: 12 de septiembre (...)
  • 14 La información del año 2018 suministrada por el Inpec corresponde al siguiente rango de tiempo: 1 d (...)
  • 15 La información correspondiente al año 2018 está aún sujeta a revisión y actualización, por lo que s (...)

41La información recolectada proviene de la respuesta oficial de sendos derechos de petición interpuestos para el presente estudio ante el Inpec12 y el inmlcf13. En las respuestas se evidencia que la información proviene de consultas hechas a través del Sistema de Información Disciplinaria –siid–, de la base de datos Sisipec Web del Inpec14, del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres –Sirdec–, y del Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia –Siavac–; estos dos últimos a instancias del inmlcf15.

42En el trascurso de la investigación también se envió un derecho de petición con destino a la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre el número de investigaciones penales que se han adelantado y el número de acusaciones en contra de agentes del Estado por muertes de ppl entre los años 1998 y 2018. Sin embargo, esta institución fue la única que no respondió ninguna información, razón por la cual en esta investigación no podremos presentar los datos esperados sobre investigaciones penales en la materia.

43Con la información proveniente de las instituciones enunciadas procuramos implementar una forma de organización de los datos que nos brindara un indicador sólido sobre la realidad de las muertes de ppl. La primera distinción que realizamos tuvo que ver con la ubicación de las personas privadas de la libertad. Debido a que no todas las ppl se encontraban en un mismo sitio de detención, se utilizaron dos categorías que agrupan las distintas formas de privación de la libertad previstas en el ordenamiento jurídico colombiano:

    • 16 El artículo 38 del Código Penal de Colombia (Ley 599 del 2000) establece que la prisión domiciliari (...)
    • 17 La vigilancia electrónica fue introducida en la legislación interna por la Ley 1142 de 2007 como me (...)
    • 18 El beneficio administrativo está consagrado en el Artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelari (...)

    Vigilancia indirecta o electrónica: son todas aquellas personas privadas de la libertad que se encuentran en prisión domiciliaria16, bajo vigilancia electrónica17 o beneficio administrativo18; y,

    • 19 La pena intramural está establecida en el artículo 38 del Código Penal (Ley 599 de 2000) como pena (...)
    • 20 La remisión está prevista en el “Instructivo General para Remisión de Internos. Código de procedimi (...)
    • 21 Según el “Instructivo General para Remisión de Internos. Código de procedimiento del Inpec”, en las (...)

    Vigilancia directa: son todas aquellas personas privadas de la libertad por medidas penales que se encuentran bien en espacios intramurales19, en remisión20 o en instituciones hospitalarias21.

44Una vez tuvimos datos sobre los diferentes lugares de privación de la libertad, nos propusimos analizar las causas de muerte como factor de gran relevancia para comprender cómo y en qué condiciones se producen estas muertes. Para esta clasificación usamos las causas de muerte reportadas por las propias instituciones en sus respuestas, las cuales fueron:

  1. Causas de muerte referenciadas por Medicina Legal: suicidio, muertes violentas y muerte natural.

    • 22 La información suministrada por el inpec sobre causas que rodean el fallecimiento de un ppl es de c (...)

    Causas de muerte referenciadas por el Inpec22: arma de fuego, arma corto punzante, objeto contundente, intoxicación, accidente, suicidio y muerte natural.

45Con el objetivo de trazar un análisis cruzado de las categorías empleadas por las dos instituciones, clasificamos las causas preliminares declaradas por el Inpec dentro de categorías que se aproximaran a los datos de Medicina Legal. Como resultado de este trabajo de sistematización, se organizaron los datos del Inpec en torno a tres categorías que creamos en la presente investigación con el objeto de caracterizar el nivel de violencia utilizado:

  1. Causas violentas: en esta categoría agrupamos las causas frente a las cuales no cabe duda de que se refieren a un evento violento. Aquí incluimos aquellas en las que se declaró por parte del Inpec que la causa preliminar de muerte tuvo que ver con el uso de armas de fuego, armas corto punzantes u objetos contundentes.

  2. Causas posiblemente violentas: en esta categoría incluimos aquellas causas que si bien no se pueden constatar como violentas más allá de toda duda (al carecer de datos en concreto sobre cada caso, por ejemplo), constituyen causas de sospecha al dar elementos razonables para dudar sobre su entidad no violenta. En estas agrupamos aquellas causas en las que el Inpec declaró que la causa preliminar de muerte se dio por intoxicación, accidente y suicidio.

46Las causas de intoxicación y accidente generan suficiente duda, pues no son claras en cuanto al origen de la muerte y especialmente sobre la falta de atención en salud efectiva de las personas. Al respecto, la Corte Constitucional hizo una evaluación en una de las reiteraciones del estado de cosas inconstitucional en las penitenciarías en los siguientes términos:

El tener un servicio de salud claramente defectuoso e ineficiente en las penitenciarías y cárceles, de por sí, es una violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. […] Cuando a esta violación al derecho a acceder a los servicios médicos que se requieran se suman los graves riesgos de afectación a la salud, dado el estado de cosas, se genera un contexto de muerte; una institución donde se encierra a las personas, se las enferma, y luego, se les cierra la puerta de los servicios del sistema de salud, y se les abre la del cementerio (Sentencia T-388 de 2013, párr. 7.9.1.5).

47La causa de suicidio decidimos incorporarla en esta categoría tras explorar las sentencias del Consejo de Estado en las que encontramos diferentes referencias en los casos colombianos a “suicidios aparentes” para referirse al fenómeno según el cual “no se tiene certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte del interno, pero se pueden encontrar acreditados supuestos que permiten establecer la imputación fáctica y jurídica del daño al Estado, bajo los criterios de la falla en el servicio” (Consejo de Estado, Sentencia 2098401 de 2017, p. 27). Adicionalmente, la experiencia investigativa nos indica la existencia de un fenómeno de ocultamiento de la violencia de ciertas muertes bajo la apariencia del suicidio o el simple accidente, con lo cual la misma se puede tratar como una causa posiblemente violenta.

483. Causas declaradas como naturales: aquellas en las que se declaró por el Inpec que la causa preliminar de muerte se relacionó con una “muerte natural”, esto es, sin violencia. Pese a esta clasificación que excluye preliminarmente la entidad violenta de esta categoría, advertimos que no se debe descartar de plano una forma de violencia en estas muertes. Esto se puede concluir claramente de los relatos de paramilitares sobre la toma de las auc de las cárceles sobre las que declararon: “El veneno se usó mucho. El cianuro para matar gente. Eso entraba por el Patio 3 y se le daba un frasquito o polvo a cada mando de patio, se lo daba al que había que matar silenciosamente. Se daba en la boca o con jeringa […] decían que entre más pequeña la dosis más letal. […] Yo participé una vez que hubo cuatro muertos el mismo día y di la orden para que dos subalternos míos lo hicieran […] Los cuerpos se botaban en la puerta blindada y el Inpec los recogía envueltos en la cobija y los reportaba como infartos” [cursivas fuera del texto] (Hurtado González, 2018).

49Esta última constatación nos lleva a tratar la categoría declarada por el Inpec como relevante para el análisis, reparando que estos datos son indicadores de la valoración institucional de las muertes, pero no por ello se corresponden nítidamente con la realidad. En efecto, más allá de una alteración intencional de las cifras por parte del Inpec, muchas de las muertes en prisión están rodeadas por un halo de indiferencia, en virtud del cual las muertes pasan fácilmente fuera del radar de investigaciones apropiadas que podrían dar cuenta de un trasfondo violento.

50Teniendo en cuenta la relación de especial sujeción entre las ppl y el Estado, se entiende que es su deber garantizar la vida e integridad de todos los penados, a costa de verse obligado a asumir la responsabilidad por su muerte. Dicha responsabilidad es exigible con base en el deber de protección de los derechos fundamentales de las personas. En materia contencioso-administrativa es de especial relevancia el parámetro jurídico del artículo 90 de la Constitución Política, en el que se establece “la acción de reparación directa” como el mecanismo procedente para exigir la reparación de todos los daños antijurídicos causados por alguna entidad estatal. La Corte de cierre de dichos casos de reparación es el Consejo de Estado, razón por la cual se realizó un recuento de todas las sentencias de reparación directa por muerte de personas privadas de la libertad, resueltas por Consejo de Estado entre el 2012-2018, con el objeto de caracterizar la forma en que el Estado está asumiendo su responsabilidad por la muerte de personas en situación de privación de la libertad.

  • 23 Según el Proceso de Gestión Disciplinaria del Inpec, las investigaciones disciplinarias se deben ad (...)

51Con el objetivo de identificar el alcance o efectividad de la respuesta institucional frente a la atención de fallecimientos de ppl, se envió un derecho de petición al Inpec solicitando información sobre el número de procesos disciplinarios y el número de funcionarios del Inpec que han sido sancionados disciplinariamente por muertes de ppl. La respuesta suministrada por la entidad utiliza el Sistema de Información Disciplinaria siid, y evidencia tanto el número de investigaciones que actualmente se adelantan como el número de sanciones disciplinarias falladas entre 1998 y 2018 en contra de funcionarios del Inpec por muertes de ppl23.

52Estas últimas dos fuentes, entendemos, no son concluyentes sobre la respuesta institucional del Estado. Frente a lo declarado por el Inpec, por ejemplo, la Fiscalía hizo saber a los medios de comunicación que, ante la situación de asesinatos en las cárceles, no descartaba “iniciar investigaciones contra funcionarios del Inpec por el presunto ocultamiento de estas prácticas criminales en los penales” (Revista Semana, 2016a).

53Carecemos de más y mejores datos para trazar una aseveración global sobre el abordaje que hace la justicia y demás órganos de control sobre las muertes de ppl. En especial, habría sido de gran utilidad recopilar los datos de la Fiscalía General de la Nación, institución que declaró públicamente haber iniciado investigaciones por la desaparición forzada y el descuartizamiento en cuatro cárceles del país, entre 1999 y el 2001, en contra de decenas de “reclusos, visitantes y personas ajenas al penal, cuyos restos fueron arrojados por la red de alcantarillado de la cárcel” (Revista Semana, 2016a).

3.2. La realidad contradictoria

54En un artículo de El Espectador de 2012 (Marín Correa & Londoño Calle, 2012) se cita que

de acuerdo con el Inpec, en los últimos cinco años se han reportado 500 muertes de personas que estaban bajo su custodia. Las estadísticas muestran que la cifra ha aumentado año tras año. En 2008 se reportaron 47 fallecimientos; en 2009, 56; en 2010, 112; en 2011, 138, y este año van 140. Las causas han sido homicidio, suicidio, muerte por enfermedad o muerte natural. Al menos 500 personas que estaban bajo custodia del Inpec han muerto en los últimos cinco años. En lo corrido de 2012 (hasta noviembre) se han registrado 140 casos.

55Los hallazgos periodísticos, sobre un período similar en extensión e inmediatamente anterior al de nuestro estudio, contrastan de forma notable con los datos recopilados en esta investigación. En los datos proporcionados por el Inpec para esta investigación, entre los años 2012 y 2018 se presentaron 4.438 muertes de personas privadas de la libertad, de las cuales 2.799 ocurrieron en espacios de vigilancia indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) y 1.639 ocurrieron en espacios en los que el Estado ejerce un control de vigilancia directa sobre la persona privada de la libertad (espacios intramurales, casos de remisión y hospitales). Tomando como base esta respuesta del Inpec, trabajamos con las categorías justificadas en el anterior acápite usando la distinción entre espacios intramurales y extramurales.

Tabla 7.1. Clasificación de causa de muerte en espacios de vigilancia indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

Tabla 7.1. Clasificación de causa de muerte en espacios de vigilancia indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.

56En primera medida nos referiremos a las causas preliminares de los fallecimientos en espacios extramurales o de vigilancia indirecta. Como consta en la tabla 7.1., en espacios extramurales o de vigilancia indirecta el 9,6 % de las muertes se dieron por causas declaradas como violentas por el Inpec, de las cuales se utilizó el arma de fuego en el 95,1 % de los casos. Por otra parte, las muertes declaradas como posiblemente violentas equivalen al 0,6 % del total las muertes de ppl en espacios extramurales o de vigilancia indirecta, de las que el 56,3 % fueron catalogadas como causas accidentales y el 43,8 %, como suicidio. Finalmente, las muertes declaradas como naturales equivalen al 89,9 %, de las cuales el 91,1 % de las personas se declaró murieron en sitios de reclusión domiciliaria, el 7,5 % estaban bajo vigilancia electrónica y el 1,3 % mientras gozaban de beneficio administrativo.

57En cuanto a las causas preliminares de los fallecimientos en espacios intramurales o de vigilancia directa, las causas preliminares declaradas como violentas por el Inpec equivalen al 5,7 % de los fallecimientos, en los que el arma corto punzante se utilizó en el 93,5 % de los casos. El 11,7 % de las muertes ocurrieron por causas declaradas como posiblemente violentas, de las que el suicidio se presentó en el 57,8 % de los casos. Por último, el 82,6 % de los fallecimientos se reportaron como muertes naturales.

Gráfico 7.1. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia Indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

Gráfico 7.1. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia Indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.

  • 24 Con el objetivo de caracterizar la respuesta institucional frente a la atención de fallecimientos d (...)

58Del total de las muertes en espacios intramurales o de vigilancia directa, el 53,3 % se presentaron en espacios intramurales, el 46,6 % en instalaciones hospitalarias y tan solo el 0,3 % en lugares bajo remisión. Estas muertes no se han presentado de una manera homogénea en el territorio, por lo que evidenciamos que existen centrales que presentan mayor riesgo que otras en cuanto a las muertes de ppl, siendo de mayor ocurrencia las regionales central y occidental. Sin embargo, se trata de las regionales con mayor número de reclusos, por lo que es pertinente revisar dichas cifras proporcionalmente con el número de personas internas para poder trazar un factor de riesgo. De conformidad con esto, las regionales con mayor riesgo son las de Occidente, Norte y Caldas, como se puede apreciar en la tabla 7.324.

Tabla 7.2. Clasificación según categorías de causas de muerte en espacios de vigilancia directa (Intramural, hospitales y remisión) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

Tabla 7.2. Clasificación según categorías de causas de muerte en espacios de vigilancia directa (Intramural, hospitales y remisión) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec

Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.

Gráfico 7.2. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia directa (intramural, hospitales y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio)

Gráfico 7.2. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia directa (intramural, hospitales y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio)

Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.

Tabla 7.3. Muertes de ppl territorialmente según el Inpec 2012-2018 (julio)

Tabla 7.3. Muertes de ppl territorialmente según el Inpec 2012-2018 (julio)

Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición.

  • 25 “La jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido clara en sostener que, en el contexto del Sis (...)

59Entre los años 2012 y 2018, el Consejo de Estado falló 33 veces sobre casos en los que se demandó al Inpec por su responsabilidad ante muertes de ppl en ubicación intramural producidas entre los años 1996 y 200925. En el 85 % de las ocasiones se declaró a la institución como responsable administrativamente, debido a que se logró comprobar la existencia de una falla en el servicio de cuidado y vigilancia en el 73 % de las ocasiones y una falla en el servicio médico en el 12 % de los casos.

60En estas declaraciones de responsabilidad, en el 60,6 % de los casos se evidenció que la causa de la muerte había sido violenta, de las cuales el arma de fuego fue la causa que determinó el 70 % de las muertes.

Tabla 7.4. Causas de muerte identificadas en las sentencias de reparación directa por fallecimiento de persona ppl en ubicación intramural, Consejo de estado 2012-2018

Tabla 7.4. Causas de muerte identificadas en las sentencias de reparación directa por fallecimiento de persona ppl en ubicación intramural, Consejo de estado 2012-2018
  • 26 Sentencia del 10 de mayo de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad 2089379 68001-23-31-000-2011-0 (...)
  • 27 Sentencia del 24 de noviembre de 2017, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 211258005001-23-33-000-2 (...)
  • 28 Sentencia del 18 de mayo de 2017, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2098401 68001-23-31-000-2003- (...)
  • 29 Sentencia del 5 de diciembre de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2089301 25000-23-26-000-2 (...)
  • 30 Sentencia del 10 de abril de 2016, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2090355 2500-23-26-000-2003- (...)
  • 31 Sentencia del 27 de enero de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2081505 54001-23-31-000-2004 (...)
  • 32 Sentencia del 1 de agosto de 2016, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2087844 54001-23-31-000-2005 (...)

elaboración propia a partir de relatorías de las sentencias del Consejo de Estado 2012- 2018.26 272829303132

61Con respecto a las causas declaradas como violentas, un factor de riesgo identificado es la existencia de armas en las penitenciarías. Las armas en los penales resultan cruciales para el problema de las muertes en privación de la libertad. Acumulado al anterior recuento estadístico, cualitativamente, frente al contexto violento de la toma paramilitar de las cárceles, el siguiente relato muestra la importancia del mencionado factor:

El 27 de abril de 2000 los paramilitares recluidos en el patio cinco de la cárcel Modelo de Bogotá tumbaron las paredes con granadas y ráfagas de fusil, ingresaron al patio cuatro y asesinaron a 32 internos. […] Lo que ocurrió en la Modelo, y posiblemente en otras cárceles del país, no fue otra cosa. La masacre de la cárcel Modelo duró 12 horas y sembró el terror dentro y fuera del penal. La Fuerza Pública no hizo nada por detener la barbarie. A la vieja usanza de las masacres paramilitares, ingresó dos días después, cuando los asesinos celebraban su hazaña con unos tragos. Doce días después, testigos aseguraban que los internos de los patios cinco y tres seguían portando armas de largo alcance y que en las noches patrullaban con brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia” (Ortiz, 2016).

62Con respecto a esta masacre, el entonces director del Inpec, general (r) Fabio Campo Silva, declaró ante los medios de comunicación: “Lo que hay en la Modelo es un arsenal para la guerra” (El Tiempo, 2000).

63No obstante la evidencia de la realidad social del problema de los asesinatos en las cárceles, la discusión sobre la posesión de armas luce fragmentaria frente a la entidad del problema de las muertes violentas. En efecto, por ejemplo, de nuevo frente al pico de violencia en las penitenciarías con la ofensiva de los paramilitares por el control de las cárceles, paramilitares declararon que en la época, “el que se moría con arma de fuego era miembro de las Autodefensas o era un duro que dejaban tener armamento ahí”, de modo que solo los jefes eran asesinados con arma de fuego mientras que los demás era sometidos a desaparición forzada usando animales y otras formas de descuartizamiento y enterramiento: “Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa [sobras de comida]” (Revista Semana, 2016b).

  • 33 Artículo 7: “Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínganse de manera especial (...)

64Al momento de evaluar la existencia de muertes de ppl en el país, resulta fundamental estudiar las cifras recopiladas por la entidad encargada de declarar científicamente sobre las causas de la muerte de las ppl, la cual es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Atendiendo a lo establecido en el Decreto 786 de 1990, Medicina Legal debe practicar autopsias a todas las personas que mueran bajo la custodia del Estado, como lo son las personas privadas de la libertad33. En este sentido, según lo establecido en sus bases de datos, entre enero del 2012 y julio de 2018 (idéntico período que el declarado por el Inpec en sus respuestas), se dictaminaron 765 muertes de ppl únicamente en espacios intramurales, de las cuales el 47,5 % se clasificaron como muertes violentas, el 39 % como muertes naturales y el 13 % como muertes por suicidio.

65Al comparar la información declarada por el Inpec y por el inmlcf sobre las causas preliminares de muerte de las ppl en ubicación únicamente intramural, en el mismo período (2012 a julio de 2018), se evidencia una gran divergencia pues mientras el inmlcf reportó en su respuesta 765 casos, el Inpec reportó 874 muertes. Una diferencia de 109 casos.

Tabla 7.5. Causas de muerte de personas privadas de la libertad en ubicación intramural 2012-2018, según el Inmlcf

Año

Muertes por suicidio

Muertes violentas

Muertes por causa natural

Total muertes

2012

14

54

42

110

2013

20

54

46

120

2014

10

77

43

130

2015

14

40

43

97

2016

20

60

40

120

2017

19

54

49

122

2018

7

24

35

66

Total por causa de muerte

104

363

298

765

elaboración propia a partir de respuesta del Inmlcf del 12 de septiembre de 2018 a derecho de petición. Uso de bases de datos sirdec y Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia del Inmlcf.

66Con los datos ofrecidos no nos es posible determinar las causas de la divergencia, pero sí diagnosticar la distancia de las cifras. Los números son igualmente disímiles al estudiar las categorías propuestas para la investigación. Mientras el Inpec considera que las muertes de ppl en situación intramural que se han producido por causas violentas ascienden a 80 (246 en caso en que se incluyan las posiblemente violentas), el inmlcf establece que en esta categoría estarían 363 muertes. Esta considerable diferencia, de nuevo, no tiene una explicación en los datos recabados.

67Este problema se replica en los reportes frente a las muertes declaradas como naturales, pues mientras para el Inpec las mismas equivalen a 628, para el inmlcf ascienden a 298 muertes. Finalmente, solo respecto a las cifras de suicidios se encontró una relación cercana entre las fuentes: para el Inpec el suicidio se dio en 105 casos como causa preliminar, mientras que para inmlcf se dio en 104 casos. Esta relación cercana nos indica que las diferencias estadísticas entre las dos entidades no se basan en un error en el procesamiento de los datos de los funcionarios que elaboraron el reporte de las respectivas respuestas institucionales, sino que existe una divergencia de criterios e incluso de conocimiento de los casos.

Tabla 6. Comparación entre los datos aportados por el Inpec y el inmlcf sobre las causas de muerte de personas privadas de la libertad en ubicación intramural 2012-2018

Causas que rodearon la muerte de ppl
en ubicación intramural

Inpec

Inmlcf

Violentas

80

363

Muertes por suicidio

105

104

Declaradas como naturales

628

298

Total

813

765

elaboración propia a partir de respuestas oficiales del Inpec (8 de agosto de 2018) y del inmlcf (12 de septiembre de 2018) a derechos de petición.

68Las diferencias encontradas son ciertamente amplias entre cada categoría. Pese a que las preguntas hechas a las dos entidades son homologables y sus resultados deberían ser, en el peor de los casos, cercanos, los datos que fueron reportados son altamente divergentes.

69El grado de diferencia en la gran mayoría de las categorías (así como la cercanía frente al suicidio, tal como quedó dicho) nos hace descartar, en principio, un simple problema de procesamiento de datos por parte de los funcionarios que elaboraron las respuestas. En efecto, la magnitud de la distancia parece presentar un problema de registro mayor pues, teniendo que Medicina Legal debe practicar autopsias a todos los cuerpos de personas que fallecen en situación de custodia por parte del Estado, el hecho de que el Inpec registre 48 casos más que Medicina Legal es alarmante. Su explicación requerirá un nuevo esfuerzo investigativo.

4. Apuntes finales

70Las cifras referenciadas en el acápite anterior nos permiten cuestionar la pretensión básica de la intervención del sistema penal bajo el supuesto de la garantía de los derechos fundamentales de las ppl frente a un derecho tan básico como la vida biológica en nuestro país.

71Una de las observaciones comunes de la literatura experta en estudios carcelarios parece trazar una correlación entre la violencia y la vida en la prisión. Tomando tan solo como indicador las muertes violentas en Colombia, según lo reportado por el Inpec entre 2012 y 2018, podemos apreciar que la relación entre muertes violentas y lugar de reclusión no es concluyente pues las “muertes violentas” en espacios de vigilancia electrónica reportadas son mayores a las “muertes violentas” presentadas en espacios controlados completamente por el Estado; sin embargo, también hay que resaltar que dicha diferencia en términos porcentuales es tan solo de 3,9 puntos. Ante esto podemos trazar algunas conclusiones.

72En primer lugar, podemos apreciar que los porcentajes aproximadamente similares de muertes violentas de ppl en espacios de vigilancia directa frente a vigilancia indirecta, y el alto nivel de muertes posiblemente violentas en espacios de vigilancia directa, evidencian que hay una situación de riesgo para la vida de las personas privadas de la libertad en condiciones de especial sujeción con el Estado.

73En segundo lugar, existen otros factores que deben ser considerados al momento de diagnosticar el problema de las muertes de ppl más allá del lugar de privación de la libertad. Evidenciar que aún en los espacios de vigilancia directa se vulnera el derecho a la vida de manera violenta de las personas privadas de la libertad nos permite apreciar el conflicto social subyacente y la magnitud de los aspectos a tomar en cuenta al momento de elaborar una política pública clara que aborde esta problemática.

74No obstante, esto no quiere decir que el sitio de reclusión sea un factor menor o que, en otras palabras, poco influya la situación carcelaria en las muertes de ppl. Por el contrario, parece asombroso que, en lugares de vigilancia total y restricción alta de derechos, existan cifras de muertes similares a las de espacios abiertos, con menor seguridad y restricciones. La anterior observación se exacerba al estudiar que en los espacios de vigilancia directa es ostensible la existencia de más casos de “muertes posiblemente violentas” que en espacios de vigilancia indirecta, donde solo el 0,6 % de las muertes entre 2012 y 2018 se dieron por intoxicaciones, accidentes o suicidios.

75Este hecho cuestiona tanto la capacidad de los centros de reclusión del país para garantizar el derecho a la vida de sus reclusos, como la efectividad de las medidas de vigilancia indirecta establecidas para proteger y vigilar la vida de las personas privadas de la libertad en ubicaciones extramurales. Al respecto, las armas constituyen un factor de riesgo relevante que, sin embargo, no agotan el problema que tiene diversos orígenes, como fue evidenciado con los relatos recopilados en esta investigación.

76Por otro lado, al comparar las causas de muerte de personas privadas de la libertad en ubicación domiciliaria e intramural, llama la atención el hecho de que es en los espacios intramurales donde, pese a que existe un control absoluto por parte del Estado de las condiciones de vida y de seguridad, se presenta un mayor porcentaje de muertes de ppl por “causas violentas”; situación similar a aquella de las muertes “posiblemente violentas” en espacios intramurales que alcanzan el 19 % de las muertes de ppl, mientras que en espacios domiciliarios estas solo alcanzan el 0,5 % de las muertes.

Gráfico 7.3. Comparativo por causas de muerte en espacios de vigilancia directa o vigilancia Indirecta o electrónica, 2012-2018

Gráfico 7.3. Comparativo por causas de muerte en espacios de vigilancia directa o vigilancia Indirecta o electrónica, 2012-2018

Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición del Inpec. Uso de bases de datos Cedip-Inpec.

Gráfico 7.4. Comparativo causas de muerte en espacios intramurales y domiciliarios, 2012-2018

Gráfico 7.4. Comparativo causas de muerte en espacios intramurales y domiciliarios, 2012-2018

Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición interpuesto por los investigadores de este estudio. Uso de bases de datos Cedip-Inpec.

77Otro elemento que resulta importante para la discusión en esta investigación tiene que ver con las diferencias entre la información registrada por el Inpec y por el inmlcf en aspectos como el número de muertes de personas privadas de la libertad en ubicación intramural y sus causas.

78Sobre las causas que rodearon la muerte de las personas privadas de la libertad en espacios intramurales entre 2012 y 2018, se hace evidente que hay una gran diferencia entre las “muertes violentas” registradas por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y lo dicho por el Inpec. La misma divergencia se hace tangible con las muertes declaradas como naturales. El único aspecto en el que concuerdan aproximadamente ambas entidades es en las cifras que dan del número de suicidios presentados en dicho período.

79Habiendo descartado un simple problema de compendio de datos por parte de quienes respondieron a la información solicitada a las entidades, resulta importante destacar que con base en esta información se puede elaborar un indicador de ausencia de coordinación entre las entidades, frente a lo cual las muertes pueden caer en un limbo de información, registro y seguimiento institucional.

80Esto también demuestra lo profundamente enigmático que es este universo de información y la correspondiente dificultad tanto para hacer análisis o estudios de estos datos, como para garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad y para crear una política coherente con la realidad que viven las ppl en el país.

81Estas diferencias en las causas de muerte denotan una realidad en la que no es posible tener una claridad cierta sobre las causas que rodearon la muerte de personas privadas de la libertad, hecho que dificulta la respuesta institucional ante dichas violaciones al derecho a la vida y además se configura como un elemento profundamente negativo y problemático para el entendimiento y aplicación de una racionalidad penal protectora de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Bibliographie

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Notes

1 El derecho de petición en el sistema jurídico colombiano es un derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, mediante el cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una respuesta pronta sobre lo solicitado.

2 “El derecho penal, aun cuando rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera que sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo” (Ferrajoli, 1995, p. 21).

3 “La figura del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante la cual esta Corte, como otros Tribunales en el mundo, ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en relación con su respeto y garantía” (Sentencia T-762 de 2015, párr. 22). En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte sistematizó seis factores que han sido valorados en la jurisprudencia para determinar la existencia de un estado de cosas inconstitucional: “(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial” (párr. 7). En la sentencia T-302 de 2017 la Corte se refirió al estándar para juzgar la superación del estado de cosas inconstitucional en los siguientes términos: “para valorar si hay o no un estado de cosas contrario a la Constitución, se debe tratar de una situación crítica y estructural. Por tal razón, se insiste, superar un estado de cosas inconstitucional no puede presuponer que antes se alcance la plena protección de los derechos fundamentales. Se ha de alcanzar un estado de cosas que, si bien no sea perfecto e ideal, sí evidencie que el Estado avanza progresiva y programáticamente hacia la garantía del goce efectivo del derecho fundamental que se veía afectado” (párr. 9.1.4.1).

4 En 1998, la Corte Constitucional señaló que las cárceles colombianas se caracterizaban “por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión, la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos” (Sentencia T-153 de 1998, párr. 53). Esta situación fundamentó la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en las prisiones, en virtud de la cual se adoptaron órdenes como diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo; crear un lugar especial para los miembros de la fuerza pública; separar a los sindicados de los condenados; investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a las cárceles de Bellavista (Medellín) y la Modelo (Bogotá); y adoptar medidas de protección urgentes mientras se adoptan las medidas de carácter estructural y permanente.
Estas órdenes estuvieron centradas en una lectura de déficit en la infraestructura física del sistema penitenciario. Posteriormente, la Corte volvió a manifestarse concentrándose en la necesidad de una política criminal respetuosa de los derechos pues “cualquier persona, por el simple hecho de ser privada de la libertad, se ve enfrentada a la violación variada y frecuente de muchos derechos fundamentales, y a la amenaza de gravísimas violaciones adicionales, que pueden implicar la muerte”, y concluyó que “las cárceles y penitenciarías están en un estado de cosas, que se han convertido en vertederos o depósitos de seres humanos, antes que instituciones respetuosas de la dignidad, de los derechos fundamentales de las personas y orientadas a resocializarlas” (Sentencia T-388 de 2013, párr. 8.2.12.3).
En el 2015, la Corte reiteró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario al evidenciar una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales en un número significativo de reclusos que viven en “situaciones de ingobernabilidad y violencia que muchas veces atentan contra la vida y la integridad de los presos” (Sentencia T-762 de 2015, párr. 60). En esta ocasión, la Corte propuso una serie de medidas generales que deben ser aplicadas por diferentes entidades estatales con el ánimo de garantizar la aplicación de un
estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. Finalmente, la Sentencia T-197 de 2017 retomó lo establecido en las providencias anteriormente mencionadas y ahondó en la necesidad de implementar una política criminal acorde con el Estado social de derecho que incida favorablemente en la superación del estado de cosas inconstitucional, por ello advirtió la necesidad de consolidar información actualizada sobre las condiciones de vida de las ppl para esclarecer las acciones que caben en el corto, mediano y largo plazo.

5 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.

6 Adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

7 En opinión del Comité, la expresión “los más graves delitos” debe interpretarse de forma restrictiva y limitarse exclusivamente a delitos de extrema gravedad que entrañen un homicidio intencional, en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional (Villanueva, 2018).

8 Según la Observación general núm. 6, sobre el artículo 6 del pidcp relativo al derecho a la vida (Comité de Derechos Humanos, 1982) todas las medidas realizadas por los Estados parte encaminadas a la abolición de la pena de muerte deben considerarse como un avance en el goce del derecho a la vida, por lo que deben comunicarse al Comité de Derechos Humanos en los informes anuales. En un sentido similar, la Observación general núm. 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida, ha establecido que los países que ya han abolido la pena de muerte no podrán reintroducirla en sus sistemas penales, pues la abolición es legalmente irrevocable e incluye, la imposibilidad de extraditar a una persona a un país en el que se enfrente a cargos penales que conlleven pena de muerte, también prohíbe que se aplique la pena “como sanción contra conductas cuya penalización en sí constituye una vulneración del Pacto, como el adulterio, la homosexualidad, la apostasía, o las ofensas a un jefe de Estado”, ni basar la imposición de la pena en disposiciones penales subjetivas o discrecionales que impiden que su aplicación pueda preverse razonablemente por cualquier ciudadano.

9 Dato encontrado en “Treaty Collection”, sitio web (Naciones Unidas, 1989).

10 Aprobado por la Ley 297 de 1996, del 25 de julio de 1996.

11 En este texto no nos referiremos al término “muerte cerebral”. En este sentido estamos de acuerdo con Requena-Meana (2009), quien aclara lo siguiente: “En 1968 un comité de expertos de la Universidad de Harvard propuso una definición del coma irreversible a la que denominó ‘muerte cerebral’ (brain death), y estableció un protocolo para su diagnóstico. A partir de entonces este término entró a formar parte tanto del vocabulario científico-médico, como del lenguaje común. En los últimos decenios se ha observado un cierto debate, en el ámbito más filosófico que médico, sobre el concepto de ‘muerte cerebral’, que ha condicionado una sospecha en algunos con respecto a su validez como criterio de muerte, sobre todo en el ámbito de los trasplantes de órganos. Dos problemas fundamentales se esconden detrás de este debate: uno de naturaleza metodológica, que confunde los planos del discurso (metafísico, gnoseológico, ético, fisiopatológico, clínico); y otro de tipo terminológico, condicionado por el anterior, que lleva a entender cosas muy diversas cuando se habla de ‘muerte cerebral’. […] El término ‘muerte cerebral’ es poco feliz, pues en su sentido literal indica que el cerebro ‘muere’, o que ‘ha muerto’. Pero esto no es ni un concepto médico, ni tiene una significación clara en un contexto no especializado. El médico habla de ‘necrosis’ (concepto anatomopatológico) o ‘disfunción’ (fisiopatológico) de un órgano, pero no se refiere a un ‘hígado muerto’ o a un ‘pulmón muerto’. Incluso el concepto de ‘muerte cardiaca/cardiorrespiratoria’ ha comenzado a utilizarse solamente en los debates originados alrededor de la ‘muerte cerebral’. La muerte es un término que se ha referido siempre al organismo, como entidad biológica unitaria, y no a una de sus partes”.

12 Derecho de petición interpuesto el 25 de julio de 2018. Repuesta institucional: 08 de agosto de 2018. Preguntando por: 1. El número de personas que han fallecido en situación de reclusión entre los años 1998-2018. 2. El número de personas que han fallecido en situación de reclusión entre los años 1998-2018 debido a algún tipo de violencia. 3. El número de personas que han fallecido en situación de reclusión entre los años 1998-2018 y que no ha sido posible identificar las circunstancias que llevaron a la muerte de la persona. 4. El número de procesos disciplinarios que actualmente se adelantan por el Inpec con ocasión de muertes presentadas en contra de personas privadas de la libertad. 5. El número de funcionarios del Inpec que han sido condenados disciplinariamente por muertes presentadas entre los años 1998-2018 en contra de personas privadas de la libertad. 6. Los sitios de reclusión en donde se registran las muertes producidas entre los años 1998 y 2018 de personas que se encuentran en situación de reclusión al momento de su fallecimiento.

13 Derecho de petición interpuesto el 28 de agosto de 2018. Respuesta institucional: 12 de septiembre de 2018. Preguntando por: 1. El número de autopsias médico-legales que se han realizado a personas en situación de reclusión en los centros penitenciarios del país entre los años 1998 y 2018. 2. El número de autopsias médico-legales que se han realizado a personas en situación de reclusión en los centros penitenciarios entre los años 1998 y 2018, en las que se evidencie que la causa de la muerte se dio por algún tipo de violencia. 3. El número de autopsias médico-legales que se han realizado a personas en situación de reclusión en los centros penitenciarios entre los años 1998 y 2018, en las que se evidencie que la causa de la muerte se dio por suicidio. 4. El número de autopsias médico-legales que se han realizado a personas en situación de reclusión en los centro penitenciarios entre los años 1988 y 2018, en las que se evidencie que la causa de la muerte se dio por algún tipo de falta médica.

14 La información del año 2018 suministrada por el Inpec corresponde al siguiente rango de tiempo: 1 de enero-31 de julio.

15 La información correspondiente al año 2018 está aún sujeta a revisión y actualización, por lo que se considera “información preliminar” y no definitiva. Rango de la información: enero de 2004 a julio de 2018.

16 El artículo 38 del Código Penal de Colombia (Ley 599 del 2000) establece que la prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y consiste en la privación de la libertad en el lugar de residencia de la ppl o en donde el juez determine.

17 La vigilancia electrónica fue introducida en la legislación interna por la Ley 1142 de 2007 como mecanismo de acompañamiento, vigilancia y ejecución de la medida de aseguramiento, de la prisión domiciliaria y como mecanismo independiente de sustitución de la pena privativa de la libertad. Según la sentencia T-267 de 2015, se realiza a través de tres mecanismos básicos: 1. El seguimiento pasivo rf a través del cual se instala un dispositivo, en el cuerpo de la ppl, que transmite a una unidad receptora que está conectada a una línea telefónica convencional. 2. Seguimiento activo gps (sistema de posicionamiento global), a través del cual, se instala un dispositivo en el cuerpo de la ppl, que lleva incorporado una unidad de gps que trasmitirá la ubicación del beneficiario. 3. El reconocimiento de voz, se lleva a cabo con una llamada al lugar de residencia de la ppl con el fin de autenticar su voz con la impresión de voz previa tomada durante el proceso de registro.

18 El beneficio administrativo está consagrado en el Artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), y establece que estos beneficios son permisos hasta de setenta y dos horas de libertad y franquicia preparatorias, trabajo extramuros y penitenciaria abierta.

19 La pena intramural está establecida en el artículo 38 del Código Penal (Ley 599 de 2000) como pena principal con una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso.

20 La remisión está prevista en el “Instructivo General para Remisión de Internos. Código de procedimiento del Inpec”, en el que se evidencia que la remisión es la técnica empleada por el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para conducir, desplazar, llevar o trasladar un interno desde su lugar de detención a un sitio diferente, previa orden emitida por autoridad competente, bajo condiciones de seguridad y protección, con el fin de evitar una fuga, un intento de fuga, una agresión hacia el interno o de este a sí mismo, o hacia otras personas.

21 Según el “Instructivo General para Remisión de Internos. Código de procedimiento del Inpec”, en las instituciones hospitalarias se generarán las mismas condiciones de cuidado y vigilancia requeridas por un recluso en remisión o en ubicación intramural; sin embargo, en este caso están coordinadas por el comandante de vigilancia, las directivas y el personal de seguridad del centro hospitalario.

22 La información suministrada por el inpec sobre causas que rodean el fallecimiento de un ppl es de carácter preliminar, debido a que la autoridad encargada de dictaminar las causas del deceso es el Instituto Nacional de Medicina Legal; de igual forma, la entidad encargada de investigar los hechos y la responsabilidad de cada caso de fallecimiento es la Fiscalía General de la Nación.

23 Según el Proceso de Gestión Disciplinaria del Inpec, las investigaciones disciplinarias se deben adelantar de acuerdo con la resolución 2122 del 15 de junio de 2012, la 2441 de 9 de julio de 2012 y las establecidas en el plan de acción de la vigencia.

24 Con el objetivo de caracterizar la respuesta institucional frente a la atención de fallecimientos de ppl, el Sistema de Información Disciplinaria siid del Inpec referencia que para julio de 2018 se encontraban abiertas 58 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios del Inpec con ocasión de la muerte de una ppl. El 26 % de las investigaciones se adelantan en la Oficina de Control Interno Disciplinario, el 17 % están vinculadas a la regional norte que agrupa a 16 centros de reclusión, el 14 % están vinculadas a la regional central que agrupa a 43 centros de reclusión, el 12 % a la occidental que agrupa 25 centros de reclusión; finalmente, el 10 % de las investigaciones se adelantan en la regional noroeste con 20 centros de reclusión, oriente con 13 centros de reclusión y en el Viejo Caldas con 20 centros de reclusión. El registro de investigaciones finalizadas entre 1998 y 2018 (rango de 20 años) evidencia que además de las investigaciones disciplinarias en curso precitadas, se han declarado 4 sanciones disciplinarias en contra de funcionarios del Inpec por causa de muerte de personas privadas de la libertad en ubicación intramural.

25 “La jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido clara en sostener que, en el contexto del Sistema penitenciario y carcelario, la responsabilidad del Estado es objetiva, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia y custodia del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por los agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares. Así, por ejemplo, se ha condenado al Estado a indemnizar a los familiares de una persona que fue asesinada en la cárcel con un arma que el Inpec no controló, bien sea un arma blanca, o una de fuego. Se ha encontrado responsable al Estado de la muerte de personas asesinadas mientras se encontraban privadas de la libertad, incluso cuando se ha demostrado que estas habían participado en una riña, pero era claro, a la vez, se había fallado en las condiciones de seguridad. Tampoco exime de responsabilidad que los hechos ocurridos sean confusos y no se pueda establecer claramente lo ocurrido, más allá de la muerte en la prisión. Los costos que el Estado ha tenido que asumir por cuenta del estado de cosas del Sistema penitenciario y carcelario no son únicamente por los daños causados a las personas privadas de la libertad. Se ha [n] reconocido indemnizaciones, por ejemplo, a los familiares de un teniente que hacía parte de la Guardia del Inpec y murió asesinado durante un amotinamiento” (Sentencia T-388 de 2013).

26 Sentencia del 10 de mayo de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad 2089379 68001-23-31-000-2011-00854-01 53078 (m. p. Guillermo Sánchez Luque); Sentencia del 7 de marzo de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2089168 73001-23-31-000-2007-00025-01 44683 (m. p. Guillermo Sánchez Luque); Sentencia del 27 de enero de 2016, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 2078637 23001-23-31-000-2003-01182-01 37103 (m. p. Hernán Andrade Rincón); sentencia del 31 de agosto de 2015, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2087734 15001-23-31-000-2000-01997-01 35809 (m. p. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero); Sentencia de 26 de junio de 2015, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2078141 25000-23-26-000-2002-01753-01 29153 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 29 de abril de 2015, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2076165 25000-23-26-000-1999-00319-01 26239 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 13 de noviembre de 2014, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2090020 25000-23-26-000-2000-02684-01 34219 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 9 de octubre de 2104, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2090024 25000-23-26-000-2002-01629-01 34080 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 09 de mayo de 2014, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2099979 25000-23-26-000-2000-00617-01 26570 (m. p. Stella Conto Díaz Del Castillo); Sentencia del 27 de marzo de 2014, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2084585 25000-23-26-000-2000-02123-01 25577 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 26 de marzo de 2104, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2020812 68001-23-15-000-2000-00018-01 27905 (m.p. Jaime Orlando Santofimio Gamboa); Sentencia del 26 de febrero de 2014, Sección Tercera, Subsección A, Rad. 2020811 25000-23-26-000-2001-01828-01 28125 (m.p. Hernán Andrade Rincón); Sentencia del 13 de noviembre de 2103, Sección Tercera, Rad. 2017247 25000-23-26-000-2001-01988-01 30376 (m.p. Hernán Andrade Rincón); Sentencia del 9 de mayo de 2012, Sección Tercera, Rad. 2009722 25000-23-26-000-1999-01961-01 23024 (m.p. Olga Mélida Valle De La Hoz).

27 Sentencia del 24 de noviembre de 2017, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 211258005001-23-33-000-2016-02449-01 59231 (m.p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 28 de enero de 2015, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2107750 76001-23-31-000-1998-01597-01 30306A (m. p. Jaime Orlando Santofimio Gamboa); Sentencia del 9 de julio de 2014, Sección Tercera, Rad. 2020320 76001-23-31-000-2000-13055-01 28973 (m. p. Carlos Alberto Zambrano Barrera); Sentencia del 5 de julio de 2012, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2073627 25000-23-26-000-2000-02046-01 24395 (m. p. Olga Mélida Valle De La Hoz).

28 Sentencia del 18 de mayo de 2017, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2098401 68001-23-31-000-2003-00450-0137497 (m. p. Jaime Orlando Santofimio Gamboa); Sentencia del 29 de mayo de 2013, Sección Tercera, Rad. 2015299 76001- 23-31-000-2000-00845-01 27894 (m. p. Carlos Alberto Zambrano Barrera).

29 Sentencia del 5 de diciembre de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2089301 25000-23-26-000-2003-00747-01 30281 (m. p. Danilo Rojas Betancourth).

30 Sentencia del 10 de abril de 2016, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2090355 2500-23-26-000-2003-01965-01 32408 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 27 de septiembre de 2013, Sección Tercera, Rad. 2018995 25000-23-26-2002-000-01682-01 29604 (m. p. Danilo Rojas Betancourth).

31 Sentencia del 27 de enero de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2081505 54001-23-31-000-2004-00039-01 38986 (m. p. Olga Medina Valle De La hoz); Sentencia del 22 de octubre de 2015, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2081712 2500-23-25-000-2999-02377-01 26984 (m. p. Guillermo Sánchez Luque); Sentencia del 9 de julio de 2014, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2077003 25000-23-26-000-2004-01720-01 36554 (m. p. Olga Mélida Valle De La Hoz); Sentencia del 26 de marzo de 2014, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2020813 73001-23-31-000-2000-03215-01 208645 (m. p. Jaime Orlando Santofimio).

32 Sentencia del 1 de agosto de 2016, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2087844 54001-23-31-000-2005-01166-02 38830 (m. p. Ramiro Pazos Guerrero); Sentencia del 3 de marzo de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Rad. 2095660 20001- 23-31-000-2010-00566-01 46521 (m. p. Guillermo Sánchez Luque); Sentencia del 29 de enero del 2016, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 2078460 05001- 23-31-000-2006-01559-01 38635 (m. p. Danilo Rojas Betancourth); Sentencia del 8 de febrero de 2012, Sección Tercera, Rad. 2009063 25000-23-26-000-1999- 00479-01 22943 (m. p. Hernán Andrade Rincón).

33 Artículo 7: “Dentro de las autopsias que proceden obligatoriamente, distínganse de manera especial las siguientes: a) Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas” (Decreto 786 de 1990).

Table des illustrations

Titre Tabla 7.1. Clasificación de causa de muerte en espacios de vigilancia indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec
Crédits elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.
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Titre Gráfico 7.1. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia Indirecta (prisión domiciliaria, vigilancia electrónica y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.
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Titre Tabla 7.2. Clasificación según categorías de causas de muerte en espacios de vigilancia directa (Intramural, hospitales y remisión) 2012-2018 (julio), a partir de datos del Inpec
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.
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Titre Gráfico 7.2. Clasificación según categorías de causa de muerte en espacios de vigilancia directa (intramural, hospitales y beneficio administrativo) 2012-2018 (julio)
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de respuesta del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición. Uso de la base de datos Gedip-Inpec.
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Titre Tabla 7.3. Muertes de ppl territorialmente según el Inpec 2012-2018 (julio)
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del Inpec del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición.
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Titre Tabla 7.4. Causas de muerte identificadas en las sentencias de reparación directa por fallecimiento de persona ppl en ubicación intramural, Consejo de estado 2012-2018
Crédits elaboración propia a partir de relatorías de las sentencias del Consejo de Estado 2012- 2018.26 272829303132
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Titre Gráfico 7.3. Comparativo por causas de muerte en espacios de vigilancia directa o vigilancia Indirecta o electrónica, 2012-2018
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición del Inpec. Uso de bases de datos Cedip-Inpec.
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Titre Gráfico 7.4. Comparativo causas de muerte en espacios intramurales y domiciliarios, 2012-2018
Crédits Fuente: elaboración propia a partir de la respuesta oficial del 8 de agosto de 2018 a derecho de petición interpuesto por los investigadores de este estudio. Uso de bases de datos Cedip-Inpec.
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Auteurs

Abogado, doctor en Criminología de la Universidad de Ottawa (Canadá) y doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco. Es además magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica y especialista en Derechos Humanos y dih de la Universidad Externado de Colombia.

Asistente de investigación de la línea de investigación Reivindicaciones Sociales y Derecho de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Investigación Estado y usos Sociales de la Ilegalidad de la Universidad Nacional de Colombia.

© Universidad externado de Colombia, 2019

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