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Los riesgos del puntivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Ángela Marcela Olarte Delgado

Primera parte. Actitudes punitivistas y la presunción de inocencia

Capítulo IV. Incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia en Colombia1

Chapter IV. Incompatibility of preventive detention with the presumption of innocence in Colombia

Norberto Hernández Jiménez

Résumé

El presente trabajo analiza el panorama colombiano frente a la detención preventiva, a partir de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Situaciones como el uso excesivo de la detención preventiva y la duración del tiempo que la persona permanece privada de la libertad; la mezcla de condenados y sindicados en los establecimientos de reclusión y la gravedad del delito como criterio orientador para adoptar la decisión de recluir preventivamente a un individuo, comprometen seriamente a la administración de justicia local frente a los parámetros interamericanos. Este contexto ha sido descrito por la Corte Constitucional a través de la figura del estado de cosas inconstitucional en las cárceles, corporación que en todo caso encuentra proporcional la existencia de esta medida de aseguramiento. Aunque los jueces no son ajenos a esta situación, la mayoría de los entrevistados defiende la imposición de la prisión preventiva por considerar que no se compromete la responsabilidad penal en virtud de la separación de funciones (garantías y conocimiento) y, por ende, se mantiene vigente la presunción de inocencia.

Texte intégral

1. Introducción y horizonte metodológico

  • 1 Una versión preliminar de este documento fue presentada en el Congreso Internacional “Presunción de (...)

1La privación de la libertad en una cárcel o penitenciaría en Colombia se produce de manera exclusiva por dos vías, que exigen en todo caso la intervención de un juez penal. La primera, a través de la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva –también conocida como prisión preventiva–, que puede solicitarse con posterioridad a la formulación de imputación (procedimiento ordinario –Ley 906/04) o al traslado de la acusación (procedimiento abreviado – Ley 1826/17), siendo competencia de un juez de control de garantías y, la segunda, en virtud de una sentencia condenatoria ejecutoriada, tras la declaratoria de responsabilidad penal, una vez superadas las fases del proceso penal, con la culminación del juicio oral o por las salidas alternas que conllevan a una terminación anticipada del proceso a través de la aceptación de cargos unilateral o negociada con el ente acusador (Hernández, 2018, p. 191). En este último evento, el funcionario competente es el juez de conocimiento.

  • 3 La utilización del término sindicado, propio del sistema de enjuiciamiento penal regido por la Ley  (...)

2Empero, en el trámite del proceso penal, los sindicados3 pueden ser detenidos preventivamente para garantizar su comparecencia al proceso, conservar las pruebas o salvaguardar a la víctima y a la comunidad frente al eventual peligro que representaría dicho individuo en libertad (artículo 250-1 Constitucional).

3A continuación, se relacionan los estándares que el sistema interamericano ha adoptado sobre la figura de la detención preventiva (oea y cidh, 2013):

(i) La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla;
(ii) los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso;
(iii) consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona;
(iv) aun existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal;
(v) todos los anteriores aspectos requieren una motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones;
(vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; y
(vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena.

  • 4 Este índice en las Américas supera el 36 % (oea & cidh, 2017, p. 22) (No se encontraron estadística (...)
  • 5 En lo sucesivo se utilizará la sigla eci, para referirse al “estado de cosas inconstitucional”.
  • 6 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153/98. Sobre la intervención judicial en el sistema (...)
  • 7 Para un análisis de las sentencias, véase Hernández (2018, pp. 95-161). Escobar (2018) considera qu (...)

4Actualmente en Colombia, más del 34 % de las personas privadas de la libertad no han sido condenadas (Inpec, abril de 2019)4. Esta cifra, compaginada con el índice de hacinamiento carcelario, que supera el 50 % de la población intramuros, es alarmante, prolongándose las inhumanas condiciones de reclusión analizadas desde el año 1998 por la Corte Constitucional, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional5 en las prisiones colombianas6. La panorámica contemporánea que podemos vislumbrar en las Sentencias T-388/13 y T-762/15 no dista mucho de aquel escenario7.

Gráfico 4.1. Situación jurídica de la población reclusa

Gráfico 4.1. Situación jurídica de la población reclusa

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas del Inpec (abril de 2019).

Gráfico 4.2. Hacinamiento carcelario

Gráfico 4.2. Hacinamiento carcelario

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas del Inpec (abril de 2019).

  • 8 “[…] como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y (...)
  • 9 “[…] conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuent (...)
  • 10 En el texto The decent society, Margalit (1996) construye una filosofía moral con base en la siguie (...)

5Los sindicados en la actualidad ocupan 41.303 plazas carcelarias, que si bien no son el factor determinante de la crisis carcelaria colombiana, sí dificultan la satisfacción de los derechos de aquellas personas privadas de la libertad que han sido vencidas en juicio, existiendo en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada. Al respecto es importante enfatizar que aun cuando lo derechos a la libertad física y a la libre locomoción, lo mismo que a los derechos políticos, se encuentran suspendidos8 en contra de las personas que se encuentran privadas de la libertad, otros derechos fundamentales permanecen intocables9 a favor de la población carcelaria (véase la tabla 4.1), y por la situación de hacinamiento los mismos no han podido ser garantizados por parte del Estado10, generándose así una violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (Ariza & Iturralde, 2011, p. 20).

Tabla 4.1. Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad

  • 11 “[…] por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende co (...)

Derechos suspendidos

Derechos intocables

Derechos restringidos o limitados11

Locomoción

Vida

Intimidad personal y familiar

Derechos políticos (voto)

Debido proceso (presunción de inocencia)

Derecho de reunión

Derecho de asociación

Libre desarrollo de la personalidad

Libertad de expresión

Derecho al trabajo

Derecho a la educación

Fuente: elaboración propia con base en las sentencias T-963/06, T-627/07, T-511/09, T-815/13, T-861/13, T-588A/14, T-077/15, T-111/15, T-244/15, T-267/15, C-026/16, T-323/15, T-536/15, T-049/16, T-075/16, T-078A/16, T-127/16, T-276/16, T-278/16, C-328/16, T-560/16, T-686/16, T-154/17, T-180/17, T-182/17, T-193/17, T-276/17, T-444/17, T-720/17, T-002/18, T-100/18 y T-162/18.

6Como se puede observar en las decisiones de la Corte Constitucional, y resulta obvio, en materia de detención preventiva permanece incólume la presunción de inocencia, como subprincipio del debido proceso y su aplicación desmedida puede contrariar este postulado, como por ejemplo cuando se aplica como regla general o se utiliza por un período de tiempo desproporcionado.

7Con base en lo anterior, el problema de la investigación se resume en la siguiente pregunta: ¿Son compatibles el uso de la detención preventiva con la presunción de inocencia en el contexto penitenciario y carcelario colombiano? Para resolver este problema se estudió la regulación de la detención preventiva en Colombia, enfocados especialmente en el punto de vista constitucional –limitador de la actividad penal– y el sistema interamericano de derechos humanos. Igualmente se analizó el ámbito de decisión judicial y, en específico, el campo concreto de la jurisdicción penal, con miras a identificar el panorama sobre el cual los jueces y magistrados, al ejercer la función de control de garantías, deciden detener preventivamente en establecimiento carcelario a una persona que aún no ha sido vencida en juicio y sobre la cual se mantiene incólume la presunción de inocencia. Para este efecto, se realizaron 12 entrevistas semi-estructuradas con estos funcionarios judiciales.

8Así, se analizaron las garantías con que cuenta el funcionario judicial al momento de adoptar la decisión, así como las restricciones impuestas tanto por el sistema normativo como por la burocracia estatal. Posteriormente se confrontaron estos hallazgos con los lineamientos establecidos tanto por la Corte Constitucional, como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) para denotar los fundamentos que soportan la excepcionalidad en la aplicación de esta medida y las situaciones que desbordan esta tolerancia.

2. Generalidades de la detención preventiva en Colombia12

  • 12 La descripción general de la medida de aseguramiento ya fue tratada en pretérita oportunidad en Her (...)
  • 13 Sobre la indemnización por responsabilidad estatal es importante resaltar que, en virtud de lo expu (...)

9La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva puede haber afectado el sistema penitenciario y carcelario, mediante la ocupación de plazas carcelarias que preponderantemente deberían estar destinadas a los condenados. Esto con independencia de considerar la cárcel como el mecanismo adecuado para infligir una pena en contra de la persona que trasgredió los parámetros de convivencia establecidos por el legislador y cuya actividad es catalogada como delito (Pavarinni, 1992). Igualmente ha lesionado el derecho a la libertad que tienen las personas, estableciendo que en la mayoría de los casos, los ciudadanos sometidos al proceso penal deben aguardar por la decisión definitiva privados de la libertad y, en caso de resultar absueltos, hacerse merecedores a una disculpa, y eventualmente a una indemnización, que luego de varios lustros13 podrá ser fallada como compensación de un tiempo irrecuperable.

  • 14 En lo sucesivo se utilizará la sigla cpp.
  • 15 Cfr. Zorro et al. (2016).

10Sea preciso enfatizar que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la libertad personal ha ocupado un papel protagónico como principio y derecho fundante del Estado social de derecho. Igualmente, la legislación adjetiva penal que adopta un sistema de enjuiciamiento de tendencia acusatoria, consagra como principio rector, la libertad (Art. 2º del Código de Procedimiento Penal14). No obstante, la teleología garantista del sistema acusatorio no ha contribuido a la disminución de la detención preventiva, como medida preferentemente decretada por los jueces de control de garantías15.

  • 16 Cfr. Bernal y Montealegre (2004, p. 154), Cruz (2012, p. 76), y OEA y CIDH (2013, p. 16). En el mis (...)

11Ahora bien, esta medida cautelar que ostenta un carácter excepcional16, es procedente si se demuestra la necesidad de proteger a la comunidad o a la víctima (Arts. 309 y 310 cpp), evitar la obstrucción a la justicia (Art. 309 cpp) o garantizar la comparecencia del sindicado al proceso que se adelanta en su contra (Art. 312 cpp) y opera siempre y cuando exista una “inferencia razonable” de responsabilidad.

  • 17 “Dentro de las audiencias preliminares, cuya competencia se encuentra asignada al juez de control d (...)
  • 18 De las entrevistas realizadas a los funcionarios judiciales, que son expuestas en la última sección (...)
  • 19 Sobre el tema, véase Hernández (2013). En el ámbito internacional, véase Kostenwein (2015).

12A pesar de la consagración de los parámetros constitucionales, congruentes con el derecho comparado, el operador jurídico –Juez de Control de Garantías o Magistrado con función de control de garantías17–, se limita al análisis de los requisitos legales establecidos en la legislación adjetiva para la imposición de la medida, cuya interpretación resulta flexibilizada en aras de obtener un objetivo, en exceso represivo, que genera tranquilidad en la ciudadanía18, de acuerdo con la información suministrada por los Medios de Comunicación, y adicionalmente repele cualquier reproche en contra de su actuación19. Por esto, aspectos como el hacinamiento carcelario no representan ningún criterio principal o accesorio para adoptar la decisión.

  • 20 “Se trata desde luego, de una necesidad que no surge ahora con la nueva normatividad, siempre ha es (...)

13Ahora bien, aunque este criterio no se encuentra expresamente consagrado dentro de nuestra legislación adjetiva, el Juez o Magistrado, al imponer la medida, no solo debe tener en cuenta el juicio de necesidad, la proporcionalidad, la adecuación y razonabilidad, sino también las condiciones objetivas de nuestro régimen carcelario (Aponte, 2004, pp. 127 y 136)20.

14Nótese que la ciudadanía vislumbra cierta “impunidad” cuando la persona no es privada de la libertad (provisionalmente), a pesar de que la decisión de responsabilidad penal solo se cristaliza en la sentencia que emite el Juez de Conocimiento y que es susceptible de la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios. En virtud de esto y los otros aspectos enunciados, constantemente se actualiza el concepto judicial –utilizado de manera jocosa e irrespetuosa– acerca de que “una detención preventiva no se le niega a nadie”, ya que su imposición no es investigada, a diferencia de la abstención al respecto.

3. Presunción de inocencia

15A lo largo de la historia constitucional se ha reiterado que el principio de la presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes con los que cuenta una persona.

16Al respecto, nuestra Corte Constitucional (Sentencia C-003/17) señala:

  • 21 Así es definida la presunción de inocencia en las sentencias C-205 de 2003 (m. p. Clara Inés Vargas (...)
  • 22 Las sentencias T-460 de 1992 (m. p. José Gregorio Hernández Galindo), su-1723 de 2000 (m. p. Alejan (...)
  • 23 Las sentencias T-525 de 1992 (m. p. Ciro Angarita Barón; av José Gregorio Hernández Galindo), C-774 (...)
  • 24 Las sentencias T-581 de 1992 (m. p. Ciro Angarita Barón, sv José Gregorio Hernández Galindo), C-244 (...)

La presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada21. Asimismo, la presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte del debido proceso22 y tiene un carácter fundamental,23 por lo cual debe aplicarse no solo a sanciones penales, sino también administrativas24.

  • 25 Esta relación se había hecho en Hernández (2015, pp.205-206).
  • 26 Rad. 16384 (21-01-04) csj - Sala de Casación Penal.

17Por su parte25, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia26 –con apoyo de la doctrina– ha expresado que:

  • 27 “Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo, ob. cit., p. 93” [cita propia de la providenc (...)

Para desvirtuar dicha presunción es necesario demostrar la responsabilidad con apoyo en pruebas debidamente controvertidas, dentro de un trámite que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas27.
Si la presunción de inocencia es un estado garantizado constitucional y legalmente a toda persona que se le inicie un proceso en nuestro territorio patrio, desprendiéndose la regla del in dubio pro reo en el sentido de que toda duda debe resolverse a favor del procesado y que al aplicarse por los funcionarios judiciales conduce indefectiblemente a la declaratoria de no responsabilidad, bien a través de la preclusión de la investigación o de la sentencia absolutoria, de ninguna manera puede equiparársele con la declaratoria de inocencia, habida cuenta que si la duda se entiende como carencia de certeza, deviene como lógica reflexión en los casos en que se considere, no la aseveración de que se juzgó a un inocente, sino la imposibilidad probatoria para que se dictara sentencia condenatoria.

18La presunción de inocencia también se encuentra ampliamente regulada en instrumentos internacionales. El artículo noveno de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano afirma que:

Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido convicto. Por lo tanto, siempre que su detención se haga indispensable, se ha de evitar por la ley cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona.

19La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo onceavo, primer inciso, también ampara la presunción de inocencia de la siguiente manera:

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

20El Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y Libertad Fundamentales la consagra en su artículo segundo, como parte integrante del derecho al proceso equitativo diciendo que:

Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que la culpabilidad haya sido legalmente declarada.

21Lo mismo sucede con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo catorce, numeral segundo:

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

  • 28 Como se anotará más adelante, los funcionarios judiciales entrevistados refieren que la detención p (...)

22Ahora bien, aunque la presunción de inocencia es categórica al momento de decidir sobre la responsabilidad penal en la sentencia28, esta garantía acompaña al procesado durante todas las etapas precedentes. De esta manera, si la detención preventiva demanda para su imposición una inferencia razonable de responsabilidad, aunque no se derrumba completamente la inocencia, si queda seriamente comprometida comoquiera que cuenta con una valoración ex ante desfavorable en contra del sujeto, que puede influenciar en la declaratoria de su responsabilidad.

23En todo caso este debate parece encontrarse zanjado tanto a nivel local como en el ámbito interamericano, pero a partir de este último se pueden extraer otras situaciones que lesionan la presunción de inocencia y que son desarrolladas a continuación.

4. Compatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia. Una mirada comparativa desde el sistema interamericano de derechos humanos

24En el voto concurrente del juez Sergio García Ramírez [caso Bayarri vs. Argentina (30-10-08), Corte idh] se advierte que:

4. La prisión preventiva, que precede a la punitiva en la historia de la privación de la libertad vinculada a la sanción actual o futura de los delitos, tropieza con obstáculos éticos y lógicos de primera magnitud. Basta recordar –evocando al clásico Beccaria– que constituye una pena anticipada a la proclamación oficial de la responsabilidad penal de quien la sufre. Este dato pone en guardia frente a la –justicia de una medida que suprime, restringe o limita la libertad (en rigor, varias libertades o manifestaciones de la libertad humana: la ambulatoria, sin duda, pero también otras, irremisiblemente arrastradas por aquélla) aun antes de que el Estado resuelva, por el conducto pertinente, que existe un fundamento cierto y firme para suprimir, restringir o limitar esa libertad. Hay, pues, un juicio adelantado y en este sentido inoportuno, pero no por ello menos efectivo, sobre la responsabilidad penal del inculpado [cursivas añadidas].

  • 29 Cfr. las sentencias C-024/94, C-106/94, C-395/94, C-689/96, C-327/97, C-425/97, C-774/01, C-805/02  (...)

25De lo anterior se desprende que la detención preventiva pueda afectar la presunción de inocencia, comoquiera que resulta inevitable para su imposición, la realización de un juicio adelantado de responsabilidad. En todo caso, nuestra Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas oportunidades29 que la detención preventiva no vulnera la presunción de inocencia ya que su decreto no comporta la definición de responsabilidad del sindicado.

  • 30 Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador (07-09-04).

26A pesar de lo anterior, “según los estudios empíricos, nuestros países recurren, como regla, al encarcelamiento cautelar de personas inocentes, como si se tratara de una pena anticipada” [cursivas añadidas] (Bovino, 1997, p. 122). Si esto es así y la detención preventiva no es una medida excepcional, acorde con los pronunciamientos de la Corte idh, se está vulnerando la presunción de inocencia30.

27Igualmente resulta importante analizar el caso Suárez Rosero versus Ecuador (12-11-97) en virtud de la privación de la libertad por más de 3 años y 10 meses que tuvo que soportar el señor Suárez Rosero, concluyendo la Corte idh que un plazo desproporcionado de detención preventiva también vulnera la presunción de inocencia.

De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.

28Otros eventos en los que la Corte idh ha establecido que se vulnera la presunción de inocencia son: (i) recluir en un mismo sitio a personas condenadas y sindicadas, (i) omitir la reserva de ley para imponer la detención preventiva y (iii) fundamentar la procedencia de la detención preventiva, únicamente en la gravedad del delito (véase la tabla 4.2).

29Para culminar esta relación, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso José Luis Hernández versus Argentina (08-02-18) ante la Corte idh, tras estimar que se violó el derecho a la libertad personal y presunción de inocencia de la víctima porque se le impuso prisión preventiva obligatoria, lo que resulta incompatible con los estándares interamericanos. El señor Hernández fue privado de la libertad 1 año y 6 meses en una comisaría policial.

30En la tabla 4.2. se tabulan las situaciones en las cuales, con base en las decisiones adoptadas dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la detención preventiva resulta incompatible con la presunción de inocencia.

Tabla 4.2. Incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia

Situación

Decisiones Corte idh

Prisión preventiva como regla general

Caso Tibi versus Ecuador (07-09-04)
Caso Palamara Iribarne versus Chile (22-11-05)
Caso López Álvarez versus Honduras. (01-02-06)

Superar el plazo razonable en la duración de la detención preventiva (plazo desproporcionado)

Caso Jorge A. Giménez versus Argentina.
[Informe n.° 12/96 (01-03-96)]
Caso Suárez Rosero versus Ecuador (12-11-97)
Caso Barreto Leiva versus Venezuela, (17-11-09)

Recluir en un mismo sitio a personas condenadas y sindicadas

Caso Yvon Neptune versus Haití. (06-05-08)

Omitir la reserva de ley para la imposición de la detención preventiva

Caso Usón Ramírez versus Venezuela (20-11-09)

Imponer la detención preventiva teniendo como base exclusiva la gravedad del delito

Caso López Álvarez versus Honduras (01-02-06)

Fuente: elaboración propia del autor con base en los pronunciamientos de la Corte idh.

31Analizado el escenario interamericano y retornando al ámbito local, es preciso mencionar que mediante Sentencia C-469/16, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

Sin embargo, si una orden cautelar como la detención preventiva, que materialmente implica la suspensión del ejercicio de la libertad personal, pierde su justificación al estar desligada del criterio de proporcionalidad, se desvirtúa también su esencia preventiva y adquiere visos punitivos, con la consiguiente afectación a la presunción de inocencia.

  • 31 “El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada m (...)

32En consecuencia, para determinar si con la detención preventiva se afecta la presunción de inocencia, será imprescindible aplicar un test de proporcionalidad31. En aplicación del mismo y para el caso concreto, se dan por descontados los pasos: 1. Finalidad de la medida (acorde con el mandato constitucional de evitar el peligro o riesgo de fuga, peligro de obstrucción a la justicia o riesgo de destrucción probatoria, y el peligro de reincidencia o riesgo de reiteración delictiva [Guerra, 2010, p. 161]). Y 2. Idoneidad de la medida para alcanzar el objetivo propuesto (garantizar el cumplimiento de las decisiones, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad [Sentencia C-774/01]). Igualmente puede que la proporcionalidad en stricto sensu soporte el análisis abstracto de constitucionalidad; pero en sede de control concreto, las condiciones del sistema carcelario colombiano (anotadas por la misma Corporación mediante las sentencias T-153/98, T-388/13 y T-762/15), demuestran que la detención preventiva en el contexto local, es incompatible con la detención preventiva.

  • 32 A pesar de que la Ley 1786 de 2016 se torna en un salvavidas al respecto, que en todo caso se desin (...)
  • 33 En el mismo sentido el informe presentado por la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional (...)
  • 34 Véase en este sentido Londoño (2003) y Ospina (2015, p. 71). En las entrevistas judiciales realizad (...)

33Así, las sentencias del eci carcelario denuncian: (i) uso excesivo de la detención preventiva y la duración del tiempo que la persona permanece privada de la libertad en virtud de esta medida32 y (ii) a pesar de la diferenciación normativa entre cárceles y penitenciarias, condenados y sindicados se mezclan en los establecimientos de reclusión33. Adicionalmente en la práctica judicial se observa cómo en la argumentación para imponer la medida de aseguramiento en comento, se señala fuertemente –aunque no de manera exclusiva– la gravedad del delito cometido34.

  • 35 En contravía de esta concepción, las afirmaciones del entonces fiscal general de la Nación (Néstor (...)

34Corolario de lo anterior, es inaceptable mantener la teoría de que en el contexto colombiano la detención preventiva es compatible con la presunción de inocencia a través de una argumentación jurídica que respete los lineamientos del sistema interamericano de derechos humanos, aun cuando desde un punto de vista de conveniencia conlleve a la necesidad de aplicar la medida, lo cual debería estar limitado solo a algunos casos35. El juicio de proporcionalidad tanto en sede de la función de control de garantías como en sede de tutela, no soporta las anteriores exigencias y convierte en improcedente la medida de aseguramiento privativa de la libertad, salvo que esta se aplique bajo la modalidad de detención domiciliaria.

5. Compatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia. Una mirada desde la óptica de los funcionarios judiciales con función de control de garantías

35Como se anticipó con anterioridad, para el desarrollo de la presente investigación y aplicando una metodología cualitativa, se realizaron 12 entrevistas a funcionarios judiciales con miras a obtener una percepción de los operadores judiciales, que en todo caso no se constituye como una muestra representativa. Es imperante mencionar que de los 12 funcionarios judiciales entrevistados, solo 1 otorgó su consentimiento para ser citado expresamente (curiosamente se trata del único magistrado entrevistado). En todo caso, para evitar comparaciones odiosas, los entrevistados son identificados como funcionarios judiciales A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, obedeciendo el orden cronológico en el cual se realizaron las entrevistas.

36Ahora bien, no serán citados todos los funcionarios judiciales entrevistados, atendiendo a que la mayoría se limitó –de manera congruente–, a afirmar que la detención preventiva no vulnera la presunción de inocencia, ya que allí no se debate la responsabilidad penal del sujeto, eliminando así cualquier riqueza descriptiva útil para la investigación. Adicionalmente manifestaron que no tenía ninguna influencia la detención preventiva en la decisión de responsabilidad penal: “para el Juez Penal de Conocimiento es indiferente si la persona llega al juicio con o sin medida de aseguramiento. Se trata de momentos diferentes que no se interrelacionan” (entrevista al funcionario judicial C [04-06-18]).

37A continuación, se citarán extractos de dos funcionarios que agregan una posición diferente a la de la mayoría de los entrevistados, lo que permite nutrir la discusión:

38• Entrevista al funcionario judicial D (05-06-18):

Aunque la detención preventiva supone que la Fiscalía ha presentado medios de conocimiento suficientes para que el juez de garantías pueda hacer una inferencia razonable de autoría o participación respecto del imputado y, asimismo, pueda concluir la necesidad de imposición de la medida en función de los fines que constitucionalmente la autorizan, dicha cautela sí puede llegar a vulnerar la presunción de inocencia, en su faceta de regla de trato, principalmente por su duración, que termina convirtiéndola en una pena anticipada.
[…]
Ciertos pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia penal no son fieles a ese postulado, que se encuentra explícitamente plasmado en el inciso primero del artículo 7° de la Ley 906 de 2004. En ellos se ha considerado que el influjo de la detención preventiva cesa en el momento en que se profiere la sentencia –o incluso cuando se anuncia el sentido del fallo– y que a partir de allí el tema de la libertad se rige por los subrogados o mecanismos sustitutivos de la pena. Ello, con repercusiones sobre la posibilidad de que el procesado pueda quedar en libertad ante el cumplimiento del término máximo de la detención preventiva o prisión provisional.

39De lo dicho por el funcionario judicial D, es dable reafirmar la incompatibilidad de la detención preventiva con la presunción de inocencia cuando la duración de la misma no se corresponde con un plazo razonable. Igualmente menciona algo que se desarrolla un poco más por el funcionario judicial J, en cuanto a la aplicación de esta medida como una regla.

  • 36 De conformidad con la modificación introducida por la Ley 1908 de 2018 (Art. 23), este término se a (...)

40También es crítico –aunque no lo señala expresamente– con un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que contraría la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-221/17). Esta última había señalado que en ningún caso la detención preventiva podía superar el plazo de un año –que eventualmente puede aumentarse a dos36–, en virtud de lo normado en la Ley 1786 de 2016, incluso si se encuentra en trámite la apelación. Para la Corte Suprema de Justicia ese término solo opera hasta la sentencia de primera instancia [Rad. 49734 (24-07-17)], lo que ha nuestro parecer es incorrecto, no solo por el criterio de autoridad que radica en las decisiones de la Corte Constitucional un carácter vinculante –cuyo cambio se ha resistido a aceptar la Corte Suprema de Justicia tras la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991–, sino porque, al no encontrarse la sentencia en firme, la misma puede ser revocada en segunda instancia o incluso en casación y en esa medida, la privación de la libertad del sujeto obedece a una medida previa impuesta bajo los parámetros tradicionales o atípicos (Hernández, 2018, p. 205).

41• Entrevista al funcionario judicial J (22-08-18):

Frente a hechos escabrosos y de profunda conmoción social resulta difícil abstenerse de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva a quienes indiscutiblemente son señalados como presuntos responsables y hay evidencias que así lo acredita o la peligrosidad de este sujeto demanda una medida cautelar, sin que ello implique desconocer la presunción de inocencia, es decir, la presunción de inocencia no puede entenderse como ausencia de medida cautelar, la presunción de inocencia implica mucho más que esa simple mecánica judicial de privar de la libertad mientras cursa el proceso penal. Lo que si repugna y desvirtúa la presunción de inocencia es, como lamentablemente ocurre en nuestro sistema judicial no de ahora sino de antaño que a todo sindicado o indiciado se le imponga como una medida la detención preventiva, y que esta sea vista como un modo de hacer justicia y de no impunidad.

42Con base en lo afirmado por el funcionario judicial J, podemos ratificar que en muchos casos la medida de aseguramiento de detención preventiva se aplica como regla general. Congruente con la argumentación de aquel y los lineamientos del sistema interamericano de derechos humanos, de esta manera se vulnera la presunción de inocencia.

43Ahora bien, con miras a eliminar la posible ocurrencia de un sesgo en la selección de las declaraciones que fundamentan nuestra hipótesis de trabajo, es necesario reiterar que los funcionarios judiciales A, B, C, E, F, G, H e I manifestaron al unísono que es imposible afirmar la violación de la presunción de inocencia, atendiendo a que en al imponer la medida no se hace un análisis de responsabilidad penal. No obstante, no tienen en cuenta la situación carcelaria del país ni los pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos que comprometen la imposición de esta medida, por las situaciones ya anotadas.

6. Conclusiones

44Analizando la situación carcelaria en Colombia y confrontándola con los parámetros exigidos por el sistema interamericano de derechos humanos, no es factible continuar afirmando que la detención preventiva en el ámbito local es compatible con la presunción de inocencia. Es notorio que algunas de las situaciones descritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se actualizan en el ámbito nacional, lo que conlleva a la vulneración flagrante de dicha presunción.

45Algunos de los funcionarios judiciales entrevistados lo reconocieron así. No obstante, la muestra no permite llegar a ninguna generalización y solo contribuye como percepción de una reducida parte de aquellos que identifican un problema en la administración de esta medida cautelar. El verdadero resultado de investigación se encuentra al confrontar la situación actual de nuestro sistema carcelario con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se anotaba en el párrafo anterior.

46Adicionalmente, la detención preventiva no puede continuar funcionando como un placebo para que la ciudadanía en general considere que el sistema judicial funciona. Es imprescindible informar a la comunidad que la falta de imposición de esta medida no implica impunidad y que eventualmente, tras el devenir del proceso penal, se puede obtener una condena, siempre y cuando la Fiscalía General de la Nación demuestre –más allá de toda duda razonable– la ocurrencia del ilícito y la responsabilidad del sujeto.

47Un avance importante en el ámbito nacional, con miras a afrontar la duración de la detención preventiva más allá de un plazo razonable, fue la promulgación de las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, que fijan un plazo máximo de 1 o 2 años. Pero adicionalmente la primera de estas leyes incluyó un parágrafo al Art. 307 del cpp –que parece una obviedad en términos de proporcionalidad– que exige analizar el cumplimiento de los fines constitucionales tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, con base en medidas no privativas de la libertad. Superado ese test y resuelto de manera negativa, es procedente la detención preventiva.

48Pero si los criterios jurídicos fueran pocos, la Judicatura y la ciudadanía en general deberían voltear los ojos hacia el archipiélago carcelario y observar la crisis por la que atraviesa, que no aguanta más entradas al sistema. Se suma a esto los costos fiscales que genera la privación intramuros de un sujeto, lo que en términos de distribución de recursos no otorga la calificación más óptima y en definitiva afecta el bolsillo de todos.

Bibliographie

7. Referencias

Aponte, A. (2004). La detención preventiva en la nueva legislación procesal penal: hacia una prevalencia del principio de libertad. En Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura- Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Ariza, L. (2013). The economics and social rights of prisoners and constitutional court intervention in the penitentiary system in Colombia. En D. Bonilla (ed.), Constitutionalism of the global south. The activist Tribunals of India, South Africa, and Colombia. Cambridge: Cambridge University Press.

Ariza, L., & Iturralde, M. (2011). Los muros de la infamia. Prisiones en Colombia y en América Latina. Bogotá: Universidad de los Andes.

Bernal, J., & Montealegre, E. (2004). El proceso penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bovino, A. (1997). El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos. En M. Abregú & Ch. Copurtis (comps.), La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales. Buenos Aires: Ed. Del puerto.

Bradley, R. (1990). Judicial appointment and judicial intervention: The issuance of structural reform decrees in correctional litigation. En J. Dilulio (ed.), Courts, corrections and the constitution: The impact of judicial intervention on prison and jails 249-67. Oxford: Oxford University Press.

Cruz, L. (2012). Fundamentos de la detención preventiva en el procedimiento penal colombiano. Revista Derecho Penal y Criminología, xxxiii (95).

Escobar, J. (2018). ¿Quién mató a la tutela en materia de privación de libertad en Colombia? Revista Nuevo Foro Penal, 14 (91), 43-79.

Feeley, M., & Hansen, R. (1990). The impact of judicial intervention on prisons and jails: a framework for analysis and a review of the literature. En J. Dilulio (ed.), Courts, corrections and the constitution: The impact of judicial intervention on prison and jails 249-67. Oxford: Oxford University Press.

Feeley, M., & Rubin, E. (1998). Judicial policymaking and the modern state: How courts reformed america´s prisons. Cambridge: Cambridge University Press.

Fitzgerald, E. (1985). Prison discipline and the courts. En M. Maguire, J. Vaagg & R. Morgan (eds.), Accountability and prisons: opening up a closed world 29-45. Londres: Travistock.

Guerra, C. (2010). La decisión judicial de prisión preventiva. Análisis jurídico y criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch.

Hernández, N. (2018). El derecho penal de la cárcel. Una mirada al contexto colombiano con base en el giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento. Bogotá: Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes-Universidad Eafit.

Hernández, N. (2015). Receptación y dogmática penal. Estudio de caso en el contexto del sistema penal acusatorio colombiano. Revista Advocatus, (24), 189-214.

Hernández, N. (2013). ¿La detención preventiva es una medida excepcional? Estudio de caso. Revista Diálogos de Saberes, (39). Bogotá: Universidad Libre.

Inpec (abril de 2019) Estadísticas. Población de internos en establecimientos de reclusión y regionales según situación jurídica.

Kostenwein, E. (2015). Prisión preventiva: entre los medios de comunicación y las autoridades políticas. Revista Direito & Praxis, (6), (11), 54-79. Rio de Janeiro: Universidad do estado do Rio de Janeiro.

Londoño, H. (2003). La detención preventiva en las jurisprudencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Reflexiones a propósito de la Sentencia C-774 de 2001. Revista Nuevo Foro Penal, (65). Medellín: Eafit.

Margalit, Avishai (1996). The decent society. Cambridge (MA): Harvard University Press.

Organización de Estados Americanos & Comisión Interamericana de Derechos Humanos (oea & cidh) (2017). Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas (oea/Ser. L/V/II.163 Doc. 105). s.l: Autor.

Organización de Estados Americanos & Comisión Interamericana de Derechos Humanos (oea & cidh) (2013). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas (OEA/ Ser. L/V/II. Doc. 46/13). s.l: Autor.

Ospina, G. (2015). La inconstitucionalidad de la detención preventiva. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.

Pavarinni, M. (1992). ¿Menos cárcel y más medidas alternativas? Delito y Sociedad, 1 (2), 75-85.

Richardson, G. (1985). Judicial intervention in prison life. En M. Maguire, J. Vaagg & R. Morgan (eds.), Accountability and prisons: opening up a closed world 29-45. Londres: Travistock.

Rivera, I. (1997). La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría. Barcelona: Bosch.

Robertson, J. (1989). The role of ideology in prisoner’s rights adjudication: Habilitative prison doncitions and the eighth amendment. En A. Rutherfod (ed.), Criminal policy making 355-77. Aldershot.

Storey, T. (1990). When intervention works: judge Morris E. Lasker and New York City Jails. En J. Dilulio (ed.), Courts, corrections and the constitution: The impact of judicial intervention on prison and jails 249-67. Oxford: Oxford University Press.

Sturm, S. (1989). Resolving the remedial dilema: strategies of judicial intervention in prisons. University of Pennsylvania Law Review, 807-911.

Uprimny, R., Guarnizo, D., & Jaramillo, J. (2005). Intervención judicial en cárceles. En 12 Foro Constitucional Iberoamericano 129-63.

Zorro, A., Acosta, C., & Hernández, N. (2016). Un enfoque económico de la detención preventiva. Crecimiento de la población reclusa y hacinamiento carcelario en el tránsito del sistema penal acusatorio colombiano (2003-2008). En: E. Lozano (coord.), Teoría y puesta en práctica del análisis económico del derecho colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes.

Notes

3 La utilización del término sindicado, propio del sistema de enjuiciamiento penal regido por la Ley 600 de 2000 y consagrado en el artículo 29 constitucional, se hace extensivo en el presente documento para todos los individuos sometidos a un proceso penal y en cuya contra no se ha proferido una sentencia condenatoria ejecutoriada, comprendiendo las categorías: imputado y acusado, inherentes al sistema con tendencia acusatoria colombiano (Ley 906 de 2004).

4 Este índice en las Américas supera el 36 % (oea & cidh, 2017, p. 22) (No se encontraron estadísticas actualizadas con posterioridad al mes de abril).

5 En lo sucesivo se utilizará la sigla eci, para referirse al “estado de cosas inconstitucional”.

6 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-153/98. Sobre la intervención judicial en el sistema penitenciario, véase Ariza (2013), Bradley (1990), Feeley y Hansen (1990), Feeley y Rubin (1998), Fitzgerald (1985), Richardson (1985), Rivera (1997), Robertson (1989), Storey (1990), Sturm (1989), Uprimny, Guarnizo y Jaramillo (2005).

7 Para un análisis de las sentencias, véase Hernández (2018, pp. 95-161). Escobar (2018) considera que la intervención constitucional ha permitido que esta situación se perpetúe en el tiempo, reconfigurando el sistema punitivo colombiano, incorporando penas (fosos y mazmorras) ajenas a la legalidad.

8 “[…] como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal” (Sentencia T-511/09).

9 “[…] conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano” (Sentencia T-511/09).

10 En el texto The decent society, Margalit (1996) construye una filosofía moral con base en la siguiente premisa: una sociedad decente, o una sociedad civilizada, es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros. Estableciendo que los mejores escenarios para analizar qué tan decente es la sociedad de un Estado, son los hospitales y las cárceles.

11 “[…] por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles” (Sentencia T-511/09).

12 La descripción general de la medida de aseguramiento ya fue tratada en pretérita oportunidad en Hernández (2013) y Zorro, Acosta y Hernández (2016).

13 Sobre la indemnización por responsabilidad estatal es importante resaltar que, en virtud de lo expuesto en la Sentencia su-072/18, el Estado no puede ser condenado por un régimen de responsabilidad objetivo, debiendo analizarse el caso concreto y establecerse si la decisión fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.

14 En lo sucesivo se utilizará la sigla cpp.

15 Cfr. Zorro et al. (2016).

16 Cfr. Bernal y Montealegre (2004, p. 154), Cruz (2012, p. 76), y OEA y CIDH (2013, p. 16). En el mismo sentido lo consagran los siguientes instrumentos internacionales: (i) numeral 3 del Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (ii) numeral 5 del Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y (iii) Art. 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convenio Europeo de Derechos Humanos. Igualmente, la Corte Constitucional ha hecho énfasis al respecto en reiterada jurisprudencia: sentencias T-153/98, C-774/01, C-318/05, C-425/08 y C-1198/08, entre otras.

17 “Dentro de las audiencias preliminares, cuya competencia se encuentra asignada al juez de control de garantías, está la que resuelve la petición de medida de aseguramiento. Esta función habitualmente la realiza un juez penal municipal; sin embargo, cuando el conocimiento del proceso esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia, dentro de investigaciones adelantadas en contra de aforados, como los ministros del despacho y directores de los departamentos administrativos, entre otros, la función de control de garantías la ejerce un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal)” (Hernández, 2018, p. 204).

18 De las entrevistas realizadas a los funcionarios judiciales, que son expuestas en la última sección de este documento, se puede observar que, en los casos de connotación nacional, resulta difícil para el operador no imponer la medida en comento, según lo menciona uno de los entrevistados.

19 Sobre el tema, véase Hernández (2013). En el ámbito internacional, véase Kostenwein (2015).

20 “Se trata desde luego, de una necesidad que no surge ahora con la nueva normatividad, siempre ha estado presente. Lo que sucede en este momento, es que la restricción del uso de la detención preventiva por ejemplo, su carácter limitado estrictamente a asegurar la comparecencia del sindicado, tiene que cumplirse en condiciones dignas, o de lo contrario, toda la normatividad procesal es negada en la práctica. La dignidad está presente tanto en los límites para dictar la medida cautelar, como en las restricciones para capturar; y está presente también en el contexto de ejecución de la medida. Tanto más será cierto ello, si se tiene en cuenta que el Código está informado de manera general por el principio de humanización del proceso penal” (Aponte, 2004, p. 128).

21 Así es definida la presunción de inocencia en las sentencias C-205 de 2003 (m. p. Clara Inés Vargas Hernández; sv Rodrigo Escobar Gil; sv Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (m. p. Rodrigo Escobar Gil; spv Alfredo Beltrán Sierra; spv Clara Inés Vargas Hernández), T-331 de 2007 (m. p. Jaime Córdoba Triviño) y C-720 de 2007 (m. p. Catalina Botero Marino con av) [cita propia de la providencia].

22 Las sentencias T-460 de 1992 (m. p. José Gregorio Hernández Galindo), su-1723 de 2000 (m. p. Alejandro Martínez Caballero), C-774 de 2001 (m.p. Rodrigo Escobar Gil con av), T-827 de 2005 (m. p. Humberto Antonio Sierra Porto), C-030 de 2003 (m. p. Álvaro Tafur Galvis), C-416 de 2002 (m.p. Clara Inés Vargas Hernández), C-271 de 2003 (m. p. Rodrigo Escobar Gil; spv Alfredo Beltrán Sierra; spv Clara Inés Vargas Hernández), C-1156 de 2003 (m.p. Álvaro Tafur Galvis), T-331 de 2007 (m. p. Jaime Córdoba Triviño), C-417 de 2009 (m. p. Juan Carlos Henao Pérez, sv Nilson Pinilla Pinilla, sv Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sv Luis Ernesto Vargas Silva, sv Manuel Urueta Ayola), T-763 de 2010 (m. p. Juan Carlos Henao Pérez), C-289 de 2012 (m. p. Humberto Antonio Sierra Porto), señalan que la presunción de inocencia es una parte integrante del debido proceso [cita propia de la providencia].

23 Las sentencias T-525 de 1992 (m. p. Ciro Angarita Barón; av José Gregorio Hernández Galindo), C-774 de 2001 (m. p. Rodrigo Escobar Gil con av), C-416 de 2002 (m. p. Clara Inés Vargas) y C-417 de 2009 (m. p. Juan Carlos Henao Pérez, sv Nilson Pinilla Pinilla, sv Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sv Luis Ernesto Vargas Silva, sv Manuel Urueta Ayola) reconocieron que se trata de un derecho fundamental [cita propia de la providencia].

24 Las sentencias T-581 de 1992 (m. p. Ciro Angarita Barón, sv José Gregorio Hernández Galindo), C-244 de 1996 (m. p. Carlos Gaviria Díaz, sv Eduardo Cifuentes Muñoz; sv Julio Cesar Ortiz Gutiérrez), T-470 de 1999 (m. p. José Gregorio Hernández Galindo), su-1723 de 2000 (m. p. Alejandro Martínez Caballero), C-555 de 2001 (m. p. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1156 de 2003 (m. p. Álvaro Tafur Galvis), T-561 de 2005 (m. p. Marco Gerardo Monroy Gaviria), T-969 de 2009 (m. p. María Victoria Calle Correa), C-595 de 2010 (m. p. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-763 de 2010 (m. p. Juan Carlos Henao Pérez) señalaron que la presunción de inocencia no solo se aplica a actuaciones penales sino a otros procesos en los cuales se impongan sanciones [cita propia de la providencia].

25 Esta relación se había hecho en Hernández (2015, pp.205-206).

26 Rad. 16384 (21-01-04) csj - Sala de Casación Penal.

27 “Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo, ob. cit., p. 93” [cita propia de la providencia].

28 Como se anotará más adelante, los funcionarios judiciales entrevistados refieren que la detención preventiva no afecta la presunción de inocencia, como quiera que no se analiza la responsabilidad penal y que la imposición de la primera es indiferente para la decisión judicial de condena o absolución.

29 Cfr. las sentencias C-024/94, C-106/94, C-395/94, C-689/96, C-327/97, C-425/97, C-774/01, C-805/02 y C-456/06, entre otras.

30 Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador (07-09-04).

31 “El test de proporcionalidad es un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza” (Sentencia C-695/13).

32 A pesar de que la Ley 1786 de 2016 se torna en un salvavidas al respecto, que en todo caso se desinfla gracias a la intervención de nuestra Corte Suprema de Justicia [Rad. 49734 (24-07-17)].

33 En el mismo sentido el informe presentado por la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional en la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2018.

34 Véase en este sentido Londoño (2003) y Ospina (2015, p. 71). En las entrevistas judiciales realizadas durante esta investigación, algunos funcionarios judiciales manifestaron que la superación del plazo razonable y la aplicación de esta medida, como regla general, puede lesionar la presunción de inocencia.

35 En contravía de esta concepción, las afirmaciones del entonces fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez Neira) en la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2018 por la Corte Constitucional.

36 De conformidad con la modificación introducida por la Ley 1908 de 2018 (Art. 23), este término se amplía a 3 y 4 años cuando se trate de delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados y cuando se trate de grupos armados organizados, respectivamente.

Notes de fin

1 Una versión preliminar de este documento fue presentada en el Congreso Internacional “Presunción de inocencia, libertad y abolicionismo”, realizado el 30 de octubre de 2018 en la Universidad Externado de Colombia. El documento fue modificado durante la estancia de investigación realizada por el autor en la Universidad de Salamanca (2019-2), la cual fue financiada por la Pontificia Universidad Javeriana.

Auteur

Abogado, especialista y magíster en derecho penal de la Universidad Libre (Bogotá); especialista en derecho constitucional y en derecho administrativo de la Universidad del Rosario (Bogotá); magíster en criminología y ejecución penal de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); doctor en Derecho por la Universidad de los Andes (Bogotá). Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del grupo de investigación en Justicia Social, Teoría Jurídica General y Teoría Política.

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