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Cátedra Unesco. Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Ángela Marcela Olarte Delgado

Capítulo IV. Justicia como derechos: una noción de justicia construida desde la vivencia del desplazamiento forzado y sus actores1

Justice as rights: a notion of justice constructed from the experience of forced displacement and its actors

Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez

Résumé

La presente investigación tuvo por finalidad identificar los componentes más relevantes de la percepción del derecho a la justicia de un grupo de personas en situación de desplazamiento forzado. El punto de partida teórico fue la perspectiva de la justicia transicional desde abajo, razón por la cual se va a hacer referencia a esta y a la postura antagonista de la justicia transicional desde arriba. En síntesis, el presente capítulo explica la relevancia que tiene para las víctimas del conflicto armado el rol del Estado y el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, como garantía de su derecho a la justicia.

Texte intégral

  • 1 La investigación de la cual da cuenta este artículo no hubiera sido posible sin la ayuda de quienes (...)

Durante décadas, las víctimas fueron ignoradas tras los discursos legitimadores de la guerra, fueron vagamente reconocidas bajo el rótulo genérico de la población civil o, peor aún, bajo el descriptor peyorativo de “daños colaterales”. Desde esta perspectiva, fueron consideradas como un efecto residual de la guerra y no como el núcleo de las regulaciones de esta.
Sánchez (2013, p. 14)

introducción

  • 1 No solo en Colombia, sino también en otras partes del mundo golpeadas por conflictos, la exclusión (...)
  • 2 En la presente investigación, algunos participantes problematizaron el uso de la palabra “víctima” (...)

1En 2013, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”, cuyo valor, cinco años después, sigue sin ser totalmente reconocido. Muestra de ello es el escaso o, mejor, nulo debate político y social que ha tenido la exclusión de vastos sectores de la población, como un elemento transversal del conflicto armado y sus transformaciones1. Exclusión a la que se han visto sometidos de manera desproporcionada quienes han estado más indefensos ante la violencia y la inclemencia de la guerra: sus víctimas2. Es eso precisamente lo que emerge de la frase de Sánchez, así como uno de los puntos de partida problemáticos de la presente investigación.

  • 3 Una de las definiciones de justicia transicional que mejor complementa el marco teórico de este cap (...)

2Se hace referencia a la exclusión de las perspectivas y expectativas de las víctimas del conflicto armado de las discusiones y las decisiones en torno a la terminación del mismo, los mecanismos de justicia transicional3 a emplear y el alcance del derecho a la justicia que se debe garantizar para dar una respuesta a las violencias sufridas. Este factor de exclusión no representa una novedad en una sociedad caracterizada por la falta de participación de amplios sectores de la población, pero en escenarios internacionales ha sido cuestionada como una de las características a corregir en los procesos de justicia transicional en el mundo.

  • 4 Práctica si se tiene en cuenta que dicho paradigma de justicia tiene su origen en prácticas ancestr (...)

3La postura teórica y práctica4 que evidenció por primera vez la exclusión de las víctimas en la respuesta a lo que se conoce como delito o, si se quiere, a las graves violaciones a los derechos humanos –como lo es el desplazamiento forzado interno– fue la de la justicia restaurativa. En efecto, la crítica de Nils Christie a un sistema de justicia penal que expropia el conflicto a las partes es ilustrativa de dicha exclusión. Traído al campo de la justicia transicional, el concepto de justicia restaurativa ha sido el que más ha impulsado las comisiones de la verdad, así como otros mecanismos que hacen énfasis en “transformar las relaciones y restaurar las comunidades” (Lambourne, 2009, p. 31). Restauración que empieza, en el caso de las víctimas, con la participación efectiva de las mismas en la definición del alcance de su derecho a la justicia.

  • 5 Infortunadamente fue aquí donde se encontraron los mayores obstáculos, ya que los participantes pro (...)

4De cara a la anterior problemática, surgió la necesidad de construir de forma incluyente diálogos en torno al concepto de justicia frente al desplazamiento forzado –y como derecho de las víctimas del conflicto en general– encaminados a la acción transformadora y, sobre todo, a la participación efectiva de las mismas. Y fue este el objetivo general del proyecto de investigación que está al origen de este capítulo. Objetivo que se persiguió a través de unos propósitos más específicos. Primero, generar espacios de encuentro y reconocimiento al interior de una comunidad específica en torno a la justicia. Segundo, escuchar y visibilizar otras visiones del concepto de justicia. Y, tercero, diseñar conjuntamente estrategias de acción para el goce efectivo del derecho a la justicia5.

  • 6 Muchos de los hallazgos de los que no va a dar cuenta este capítulo tienen que ver con las expectat (...)

5En concreto, este capítulo presta gran atención a la metodología empleada en la investigación en la medida en que a través de ella se buscó superar el problema de la exclusión de las voces de las víctimas en las discusiones y los aportes acerca del derecho a la justicia de las mismas, en procesos de justicia transicional. Así mismo, valga la pena precisar desde ya que no todos los resultados del trabajo de campo van a ser analizados en este capítulo, en la medida que dar cuenta de todos superaría los límites de extensión previstos6. Es por esa razón que este capítulo hará referencia solamente a las perspectivas de justicia a las que se refirieron en mayor medida las personas que hicieron parte del estudio: la importancia del Estado como garante de ese derecho y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales como un componente del derecho a la justicia.

6Desde el punto de vista metodológico, la investigación compartió el interés creciente por incorporar al análisis de los derechos humanos la perspectiva socio-jurídica (Fariñas, 1998, pp. 355-356). Ello en la medida que dicha perspectiva evidencia las reivindicaciones sociales y las capacidades participativas de las comunidades no reconocidas por el Derecho (pp. 358-359). Y lo que sin duda resulta más relevante a la luz de la problemática de la cual partió esta investigación: el análisis socio-jurídico en el campo de los derechos propone una nueva construcción de los mismos.

Cualquier construcción teórica sobre los derechos de los hombres ha de partir del respeto a la pluralidad y a la diversidad, y de una verdadera integración de las mismas; lo cual se traduciría en la práctica en unas estrategias de realización de los derechos, centradas en la lucha contra (la) dominación y en favor de la autonomía (Fariñas, 1998, p. 369).

7En concordancia con los objetivos propuestos, se adoptó una perspectiva socio-jurídica para identificar elementos relevantes de la concepción social (sustancial) del derecho a la justicia que surge de la vivencia del desplazamiento forzado interno para, en un segundo momento, contrastarla con la principal concepción jurídica (formal) de dicho derecho, así como con los resultados de estudios similares previos y análisis teóricos que coinciden con las expectativas de las víctimas participantes de la presente investigación.

  • 7 La Fundación Colombia Nuevos Horizontes, ubicada en el municipio de Soacha, nació de la experiencia (...)
  • 8 Se realizaron dos grupos focales, el primero con siete integrantes de organizaciones defensoras de (...)
  • 9 Se entiende por esta la que es el resultado de la construcción de mecanismos de justicia transicion (...)

8En concreto, a partir de un enfoque cualitativo se identificaron las percepciones individuales y colectivas de lo que significa e implica el derecho a la justicia para un grupo de personas que ha sufrido el desplazamiento y la desprotección del Estado y que, como consecuencia de ello, han debido buscar la acogida de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes7, donde habitan y buscan reconstruir su proyecto de vida. A dichas personas se hará referencia con mayor detalle en breve. Antes de ello, es de mencionar que el enfoque socio-jurídico se enriquece de la adopción de herramientas de investigación propias de las ciencias sociales (Oliveira, 2006). Adopción que en el caso de la presente investigación estuvo representada por el uso de la entrevista semiestructurada –en la etapa preparatoria del trabajo de campo–, el grupo focal8 y otras metodologías participativas que se emplearon en la construcción de un concepto de justicia desde abajo9.

  • 10 Las personas entrevistadas fueron: un investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el (...)
  • 11 En este capítulo no se va a hacer referencia a las percepciones de los entrevistados acerca del der (...)
  • 12 Para evitar transmitir un preconcepto del derecho a la justicia, en la primera etapa de la investig (...)

9Con relación a las entrevistas semiestructuradas, estas fueron cuatro10, estuvieron dirigidas a personas que trabajan en organizaciones y actividades a favor de la población desplazada y cumplieron la finalidad de conocer experiencias previas en torno al derecho a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado; identificar el posible estudio de caso; conocer percepciones en torno al concepto social de justicia11; completar los criterios éticos (de acción sin daño de la investigación); y responder a la pregunta ¿cómo llegar al tema de la justicia sin transmitir un preconcepto? Con relación a esto último, en la presente investigación se tuvo en cuenta la posibilidad de que, como investigadora y abogada, se transmitiera a los participantes de la investigación un preconcepto del derecho a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. Para evitarlo se tomaron algunas precauciones12.

  • 13 Que en la práctica se verificó con las directivas de la Fundación, las cuales confirmaron la presen (...)
  • 14 Entendida como la reunión de varias víctimas, periódica u ocasional, con la finalidad de adquirir c (...)
  • 15 Esto en la medida en que no se trató de un grupo de víctimas integrantes de alguno de los escenario (...)

10Tanto los hallazgos de las entrevistas y los grupos focales, como la delimitación del problema y los puntos de partida teóricos, fueron factores determinantes para la escogencia del grupo de personas junto al cual se construyó un concepto de justicia desde abajo –conforme al “muestreo teórico” de Glasser y Strauss (1969, traducido por Forni; Martín & Salamanca, 2007)–, así como en la elección de las metodologías participativas. Para la selección de los habitantes de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes para realizar la investigación se tomó en consideración la vivencia del desplazamiento forzado interno13, la escasa o nula participación previa en procesos de empoderamiento –lo que permitía presumir que los sujetos podían contribuir en la construcción de un concepto autónomo, subjetivo y original de justicia– y la no organización14 de dichos sujetos15.

11Si el punto de partida fue la exclusión de la visión de las víctimas de desplazamiento en la definición del contenido de la justicia a ellas debida, las metodologías de investigación no podían ser otras distintas a metodologías participativas. En efecto, su elección guardó estrecha relación con la necesidad de dar voz a quienes no la habían tenido hasta entonces para expresar sus exigencias e intereses en términos de justicia. Así mismo, el punto de partida teórico de la justicia restaurativa fue relevante para pensar en un enfoque metodológico que posicionara a los sujetos titulares del derecho objeto de estudio en el lugar protagónico que el paradigma antagonista de la justicia retributiva no les ha otorgado hasta ahora.

  • 16 Quienes participaron en los talleres, pero no simultáneamente. Es decir, en algunos talleres partic (...)
  • 17 Antes de llegar a la Fundación, las personas que participaron en la investigación habían acudido a (...)

12Previamente a mencionar las etapas de la investigación, es oportuno hacer referencia a las personas que participaron en ella. Se trató de un total de 18 hombres y mujeres16 entre los 19 y los 68 años de edad; con distintos y ricos bagajes culturales y sociales; provenientes de los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Personas con muchas historias que contar y, especialmente, con muchas capacidades, intereses y sueños, pero también frustraciones y experiencias de abandono estatal17. Algunas de las destrezas que se destacan de los sujetos que participaron en la investigación son el interés genuino por ayudar a otras personas, los conocimientos agropecuarios, las actividades manuales, la capacidad de oratoria o comunicación verbal y la visión crítica del país y del derecho a la justicia, como se verá en este capítulo.

  • 18 En esta etapa se propició el conocimiento entre todos los participantes de la Fundación Nuevos Hori (...)
  • 19 La segunda etapa incluyó la aplicación de metodologías de empoderamiento que reconocieron el papel (...)
  • 20 Con el ánimo de salir de las fronteras de la investigación desde la academia y para la academia, la (...)
  • 21 Para recordar las posiciones y opiniones de todos los participantes, el cierre de la investigación (...)
  • 22 Una de las actividades de la segunda etapa fue el tetralema. Se plasmó en el centro de una carteler (...)

13Desde el punto de vista temporal, el trabajo de campo se realizó entre los meses de junio y noviembre de 2017, en la sede de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, ubicada en el Municipio de Soacha (Cundinamarca). En total se realizaron 14 talleres, divididos en cuatro etapas: Etapa 1. Reconocimiento colectivo18. Etapa 2. Metodologías de empoderamiento19. Etapa 3. Acción participativa20. Etapa 4. Formas de devolución creativa21. Las metodologías participativas fueron transversales en toda la investigación y consistieron, entre otras, en la realización conjunta de un sociodrama, un mapa de actores, un tetralema22 y un juego de roles. Todos ellos referidos al tema de la justicia.

14El análisis de la información construida conjuntamente partió de la transcripción de las grabaciones de todos los talleres, la lectura de los relatos –primero como un todo y luego en sus partes–, la identificación de las ideas recurrentes o predominantes, la identificación de las categorías de análisis y la confrontación de estas con los hallazgos de investigaciones previas teóricas y prácticas.

15En las secciones 1 y 2 se va a abordar el marco de referencia teórico que sustenta la necesidad de indagar en las perspectivas y aspiraciones de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado acerca de su derecho a la justicia. Junto a eso, en la sección 2 se van a mencionar investigaciones similares realizadas con anterioridad en Colombia, así como algunas generalidades de este tipo de estudios. Los principales resultados de la investigación estarán contenidos finalmente en las secciones 3 y 4 –los mayores hallazgos de la investigación están representados en términos de recurrencia de los relatos–. De otros resultados no se va a dar cuenta en la medida en que desbordan los límites espaciales de este capítulo y serán estudiados en una próxima publicación.

1. justicia transicional desde arriba23

  • 23 La justicia transicional desde arriba es entendida en este escrito como aquella que no tiene en cue (...)

16Uno de los primeros en evidenciar la necesidad de consultar las expectativas y capacidades de cada realidad nacional en transición, en contraposición al énfasis exagerado que se venía dando a las experiencias y experticias extranjeras, fue el informe sobre justicia transicional y Estado de derecho del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Security Council, 2004, n.° 15). En el mismo sentido Lambourne (2009) y los hallazgos de su investigación realizada en Camboya, Ruanda, Timor Oriental y Sierra Leona, los cuales dan cuenta de la nula participación que han tenido las personas afectadas por las dinámicas de violencia en la escogencia de las medidas de justicia transicional a emplear.

  • 24 Traducción propia del original: “In addition, decisions about transitional justice are too often ma (...)

Además, las decisiones acerca de la justicia transicional se toman muy a menudo sin consultar a las poblaciones afectadas. Por ejemplo, la decisión de establecer la Corte Especial y la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sierra Leona, después del final de la guerra civil, fue tomada por las Naciones Unidas y el gobierno sierraleonés. No se consultaron las necesidades y las expectativas de la población local durante el proceso de diseño de esas instituciones24 (Lambourne, 2009, pp. 28-29).

  • 25 Después de cuatro años de diálogo entre los delegados del gobierno nacional de Colombia y los deleg (...)

17En el caso de Colombia han sido los estudios dedicados –precisamente y con esa motivación– a indagar en los intereses y expectativas de las víctimas, los que han puesto en evidencia el escaso conocimiento que se tiene de las percepciones de las víctimas del conflicto armado interno y de los demás colombianos acerca del conflicto, sus posibles soluciones y las medidas de justicia transicional a emplear. Algunos de ellos han destacado, por ejemplo, la falta de sustentación empírica que caracteriza los “campos de la construcción de paz” (Rettberg, 2008, p. 15). Otros, por su parte, predijeron lo que se constató en los resultados del plebiscito especial para refrendar el acuerdo de paz suscrito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep)25: la presentación de la visión de unos pocos como representativa de la mayoría, en un contexto de desconocimiento de las opiniones de todos los colombianos.

¿Qué tanto está la sociedad colombiana dispuesta a perdonar los crímenes de los grupos armados ilegales? ¿Cuáles son sus exigencias de justicia, de verdad y de reparación? ¿Qué tan optimistas son los colombianos respecto a la terminación del conflicto y el logro de la reconciliación? El desconocimiento de estas percepciones generales de los colombianos ha llevado a que, en algunas ocasiones, posiciones sustentadas en experiencias y visiones individuales circulen y se presenten como representativas de la mayoría de la población, aunque no necesariamente reflejen una opinión generalizada (Fundación Social, fs; Project Counselling Service, pcs, y Centro Internacional para la Justicia Transicional, ictj, 2005, p. 4).

  • 26 Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002,454 de 2005, C-209 de 2007, C-771 de 2011, C-694 de (...)
  • 27 Se hace referencia al Acuerdo sobre víctimas del conflicto armado, en el que se contempla el Sistem (...)

18En efecto, en nuestro país se han dado discusiones y tomado decisiones en torno a la garantía del derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, en las que han prevalecido los protagonismos políticos y jurídicos, en desmedro de los sociales. Es así como, tanto el Congreso de la República (Ley 975 de 2007 y Ley 1448 de 2011) y la Corte Constitucional colombiana26, como los representantes del gobierno nacional (recientemente, en la definición del Punto 527 del Acuerdo de paz con las farc-ep, en el que participaron también representantes de este grupo) se han referido a este derecho y a su alcance normativo sin que en esas decisiones hayan tenido un papel protagónico las voces de los titulares de dicho derecho o sin que habiéndose escuchado esas voces estas hayan sido tenidas en cuenta.

  • 28 No se hace aquí referencia a las prerrogativas de las víctimas de graves violaciones a los derechos (...)
  • 29 Traducción propia de la denominación original: “Nuremberg/Absolutist Accountability Model” (Fletche (...)

19En consecuencia, habiendo quedado en manos de juristas y políticos la definición del derecho a la justicia, este se ha vaciado de contenidos sociales y ha quedado reducido al reproche legal, a la retribución penal de los daños ocasionados y a la previsión de la participación procesal de las víctimas en la investigación y el juzgamiento de los responsables de las violaciones28; tal como lo demuestran las definiciones contenidas en los marcos legales, constitucionales y políticos mencionados en el anterior párrafo. Es esa la razón por la cual se habló en el 2017 del “triunfo del derecho penal en la justicia transicional” (Sarmiento, pp. 48-52), así como uno de los rasgos característicos de la justicia transicional desde arriba –“top-down processes of transition” (McEvoy & McGregor, 2008, p. 10)– o “modelo de rendición de cuentas absolutista/de Núremberg”29 dentro de la clasificación de justicia transicional de Fletcher (2016, pp. 488-491).

20Las anteriores denominaciones comparten la crítica formulada por varios autores al legalismo que ha predominado en la justicia transicional. Crítica que McEvoy explica retomando el aporte en este campo de la autora Judith Shklar, el cual destaca cómo la mirada estrictamente legal ignora el análisis político y social que otras disciplinas pueden proporcionar (2008, p. 18). A ello agregaríamos que no solo se han ignorado los aportes de otras ciencias distintas a las jurídicas, sino también otras posturas distintas a las de los juristas, como las de los actores –activos y pasivos– de las violencias.

21No siendo ese el tema central de la presente investigación –sino precisamente el opuesto, es decir, el de la mayor relevancia de las percepciones de las víctimas del conflicto, en sentido general, y de las víctimas de desplazamiento forzado interno, en sentido particular–, se va a omitir hacer más referencia a ese debate teórico y se va a reservar el mayor espacio a los hallazgos de la presente investigación, los cuales representan una mirada desde abajo, desde los sobrevivientes de la guerra y el desplazamiento, acerca de su derecho a la justicia.

  • 30 Lo que llevó a la Corte Constitucional, en el 2004, a declarar el estado de cosas inconstitucional (...)

22Antes de ello, sin embargo, pongamos de presente que la población que ha vivido el desplazamiento forzado en Colombia ha atravesado distintos campos de exclusión y silenciamiento de sus voces: el de la guerra que los ha desarraigado, herido y humillado (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pp. 295-298), el del desplazamiento que los ha ‘descampesinado’, estigmatizado, limitado y restringido en el ejercicio de su ciudadanía (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 439-474), y el de la justicia ordinaria y transicional que les ha puesto obstáculos –la primera– y se ha opuesto a nuevas perspectivas de justicia y a tener en cuenta sus propias expectativas –la segunda–. En fin, dicha exclusión también se ha expresado en el reiterado y prolongado desconocimiento de sus derechos fundamentales por parte del Estado30.

2. justicia transicional desde abajo

  • 31 En Colombia, cada vez adquiere más relevancia la perspectiva de la justicia transicional desde abaj (...)
  • 32 Traducción propia de la denominación original: “Hybrid Accountability Model”.

23Parte de la respuesta teórica que se ha dado a las críticas dirigidas contra la justicia transicional desde arriba está representada por posturas novedosas que propugnan por un nuevo paradigma de justicia transicional desde abajo (‘from bellow’o bottom-up’), que se centre en las expectativas y necesidades de las víctimas y en las realidades nacionales concretas, más que en las definiciones legales de carácter internacional31. Algunos de estos análisis se corresponden con la “justicia transicional desde abajo” de Mika (2009), la “justicia transicional holística e integral” de Lieselotte (2013) y el “modelo híbrido de rendición de cuentas”32 de Fletcher (2016, pp. 491-496). Estas posturas coinciden en cuestionar el modelo de justicia desde arriba basado en la judicialización de los responsables de las violaciones, y son las que han servido de fundamento a lo que se ha denominado “la crisis del triunfo del derecho penal en la justicia transicional” (Sarmiento, 2017, pp. 48-56).

24Según la clasificación de Fletcher, el primer modelo de justicia transicional que abrió la puerta a otras miradas de justicia más allá de la retribución fue el modelo híbrido de rendición de cuentas (2016, pp. 491-496). Modelo que se asocia, precisamente, a una mirada de la justicia transicional más centrada en las víctimas (“a victim-centered approach”, p. 491). Sin embargo, aun cuando desde esta nueva perspectiva la víctima adquiere mayor centralidad y se empiezan a contemplar medidas distintas a las estrictamente judiciales, la justicia sigue siendo concebida únicamente como persecución penal, de nuevo limitando el concepto a una perspectiva precisa, cual es la retributiva.

  • 33 Traducción propia del original: “The holistic model of transitional justice supports thinking about (...)

El modelo holístico de la justicia transicional defiende la rendición de cuentas de manera híbrida. Por un lado, la responsabilidad penal individual sigue siendo aceptada, soportada en la justicia legal y el derecho como puntos de partida para las sociedades que se recuperan de pasados violentos. Por el otro, el modelo holístico responde a los críticos de los juicios penales y el legalismo expandiendo lo que incluye la justicia transicional. No obstante dicha expansión, la responsabilidad legal sigue presente pero bajo una nueva forma33 (Fletcher, 2016, p. 496).

25Desde el punto de vista de las personas en situación de desplazamiento, también empieza a ganar relevancia la perspectiva desde debajo de los procesos de paz y su implementación. Es así como el informe del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos de los desplazados internos hace referencia a la necesidad de que las personas que han sufrido el desplazamiento participen en los procesos de paz y que sus derechos, necesidades e intereses sean incorporados en los acuerdos y sus desarrollos. Todo ello como garantía de las soluciones perdurables (Asamblea General, 2010).

26No obstante lo anterior, en la práctica las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado interno en Colombia no han sido parte de la toma de decisiones sobre la cesación del conflicto, las medidas de justicia transicional a implementar y el contenido del derecho a la justicia a garantizar. Para empezar, se desconocen sus expectativas en términos de justicia. De ahí la relevancia de las investigaciones que con anterioridad a la presente han indagado en los intereses y expectativas de las víctimas frente a sus derechos, en el marco de la justicia transicional.

  • 34 A otras no se va a hacer referencia. Como, por ejemplo, a las citadas en el informe del cmh, fs, oi (...)
  • 35 1. Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación,(...)
  • 36 Las de Beristain, Ruta Pacífica de las Mujeres y Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Cast (...)
  • 37 Lasde Ruta Pacífica de las Mujeres y Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda. Las d (...)
  • 38 Las de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda.

27Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio partió de la identificación de dichas investigaciones. A ellas se hará referencia en las siguientes secciones del presente capítulo34, prestando especial atención a las perspectivas de justicia. Sin embargo, anticipemos de qué investigaciones hablamos35 y cuáles son algunas de sus características principales. Las siete investigaciones apenas citadas se realizaron entre el 2005 y el 2018; una de ellas es de carácter internacional (la de Beristain), pero fue tenida en cuenta por incluir entre los entrevistados a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos colombianas. Solo tres de los estudios emplearon metodologías cualitativas36, solo dos se centraron en las voces de las víctimas exclusivamente37 y, de estas dos últimas, solo una se enfocó en víctimas de desplazamiento forzado interno38.

  • 39 Adopción previa que se constata, principalmente, en las preguntas y opciones de respuesta de los cu (...)

28Lo más relevante, sin embargo, resulta ser el punto de partida compartido por todos los estudios, del cual se ha querido distanciar la presente investigación. Y es la adopción previa39 de una idea de justicia que, como dijimos, es la predilecta de la justicia transicional desde arriba. En efecto, estos estudios se caracterizan por privilegiar un derecho a la justicia que se manifiesta, de un lado, en investigaciones, juzgamientos y sanciones de los responsables y, de otro, en el acceso a los mecanismos de denuncia, defensa y participación de las víctimas y sus familiares en los procesos penales. Es decir, una justicia principalmente de contenido retributivo y judicial.

Con respecto a las medidas de reparación, prevalecen las necesidades económicas […], seguidas de la verdad: lo que exige el 44% de las víctimas es que se sepa la verdad sobre los hechos. Sin embargo, se eleva a 26,6% el número de víctimas que quieren justicia, es decir que los responsables sean juzgados [las cursivas se agregaron] (Rettberg, 2008, p. 13).

  • 40 “Por último, la no expresión de las expectativas de justicia puede significar, simplemente, que est (...)

29Pero, ¿qué se colige de las indagaciones en las expectativas de justicia de las víctimas en un contexto de justicia transicional? Para empezar, las expectativas de las víctimas –o la no existencia de las mismas40– dependen de factores individuales y colectivos tales como el tipo de victimización sufrida, la participación previa en un proceso penal, el conocimiento de las oportunidades jurídicas y la lectura que cada individuo hace de las posibilidades reales de ver garantizado ese derecho (Beristain, 2010, pp. 22-25). A ello agregaríamos que también depende de la experiencia que se haya tenido con las instituciones del Estado, así como de las condiciones estructurales que caracterizaron el conflicto que se quiere superar.

30De la investigación de Beristain (2010) se destaca que la justicia fue identificada como aquel derecho frente al que las víctimas tienen la mayor expectativa, en contraposición a la posibilidad real de ver garantizado ese derecho:

Un aspecto a señalar es que la expectativa de justicia alcanza, en muchos casos, una jerarquía mayor que las demás medidas, y ayuda a dar un sentido de integralidad al conjunto de las mismas. Sin embargo, suele ser la más frustrada, según el escaso nivel de cumplimiento en este campo (p. 33).

  • 41 Uno de los talleres realizados consistió en hacer una escultura en greda que representara lo que pa (...)
  • 42 Una de las instituciones que más ha hecho referencia a la relación entre la garantía efectiva del d (...)

31Por otra parte, las víctimas otorgan a la noción de “su derecho a la justicia” contenidos (definiciones o características), funciones y sentidos –incluso simbólicos41– que van más allá de la aspiración de persecución penal de los responsables. Esto demuestra que su visión de justicia no se corresponde necesariamente con la visión desde arriba de la justicia transicional, la cual privilegia la retribución del daño en cumplimiento a unas funciones legales de disuasión y consolidación de la democracia y la paz (Sarmiento, 2017, p. 51). Un ejemplo de ello son las pocas referencias que los participantes de la investigación hicieron a la cárcel y al castigo como componentes de su derecho a la justicia y, en contraposición, las muchas alusiones a demandas que se corresponden con los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición42, tal como se evidencia a continuación y como será explorado con más detalle en un próximo libro.

Esa parte, digamos, si justicia existiera, sería eso, reivindicar lo que nos han quitado y darnos una respuesta de por qué nos hicieron eso (hombre proveniente de Valle del Cauca).

Si existiera [la justicia] sería como una reparación integral ¿Sí? como que el Estado le dijera a uno: bueno, yo te quité esto y te voy a dar esto, en otro lado puede ser, no puede ser en el mismo lado. Entonces, eso es una justicia, porque él me arrebató esto y volvió y me entregó esto (hombre proveniente de Guaviare).

Que no vuelva a pasar lo mismo, eso es importante (mujer adulta mayor proveniente de Guaviare).

32En fin, frente al derecho a la justicia hay expectativas, si bien también experiencias, frustraciones y tensiones. Pero, sobre todo, la justicia en la presente investigación sirvió de excusa para generar una oportunidad de expresión y de escucha ante la vivencia del desplazamiento y su posible solución. Y ante esa posibilidad, las respuestas de los participantes no solo superaron las previsiones, sino también los límites de extensión de este capítulo. Es por eso que, a continuación, se van a analizar los resultados de la investigación más importantes –en términos de recurrencia en los relatos–, no sin antes mencionar dos aspectos relevantes, relacionados con las percepciones de justicia desde abajo.

  • 43 Véase también Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda (2018), en lo que respecta a (...)

33De la visión de los participantes de su derecho a la justicia también hace parte “la justicia divina” y “la justicia resiliente”. La primera, por su parte, coincide con los resultados de otras investigaciones en las que las víctimas atribuyeron a Dios la única posibilidad de obtener justicia. “Dios es el único que puede hacer justicia” (cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes, 2012, p. 38), por ejemplo, fue una de las respuestas a la pregunta “¿por qué piensa que no es posible hacer justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos en el marco del conflicto armado?” (p. 38) de la investigación citada43.

Es complejo, es complicado, porque créame que no es fácil, por ejemplo, en el caso mío, tener que salir uno de un sector donde tenés tu empleo, tenés tu familia, rápido y simple. Yo creo que eso pasa por una… Siempre hay una razón de ser para que las cosas… El único que da respuestas a todos esos interrogantes que uno tiene es Jesús (hombre proveniente de Antioquia).

  • 44 En el mismo sentido Millar: “One thing that I always found inspiring was the efforts people in Sier (...)

34La segunda, es decir, “la justicia resiliente”, fue otro de los hallazgos de la presente investigación. En este caso, se trata de una justicia que es el resultado de la resistencia ante posturas que invitan a quedarse en el dolor y el resentimiento, así como una muestra de la capacidad para reponerse ante las peores adversidades. Al mismo tiempo, la justicia resiliente da cuenta de las expectativas que existen hacía adentro en términos de justicia. Es decir, los individuos también encuentran formas de hacerse justicia a sí mismos sin pasar necesariamente por mecanismos institucionales externos44.

Pienso totalmente diferente, yo pienso de que… Si yo me aferro al pasado me voy a estancar, y yo lo que debo de pensar es: ¿qué voy a hacer yo?, ¿cómo voy a hacerlo? para salir adelante. De que no puedo seguir pensando de que… tuve y en estos momentos no tengo, que a raíz de otras personas… Bueno sí, me caí, sí, me desplazaron, sí, no tengo, porque las razones que sea que haya pasado. Tengo que luchar y tengo que esmerarme para ver cómo logro superarlo y cómo logro estabilizarme y cómo logro de que el pasado no siga afectando mi presente y aún más mi futuro (hombre proveniente de Antioquia).

3. el derecho a la justicia y el llamado a las instituciones

  • 45 En el tetralema, algunas de las respuestas a “lo que es la justicia” fueron las siguientes: “una le (...)
  • 46 En el tetralema, algunas de las respuestas a “lo que es la justicia” fueron las siguientes: “es jus (...)
  • 47 En este mismo sentido la investigación de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda ( (...)

35En la investigación, hablar del derecho a la justicia –asociado a los hechos que llevaron a los participantes a buscar ayuda en la Fundación (asociados al desplazamiento interno)– evocó institucionalidad45. Fue así como, además de la marcada incredulidad ante la posibilidad de obtener justicia por parte del Estado46 –la cual también se vislumbra en el concepto de “justicia divina”47–, este derecho fue vinculado a un concepto más amplio de justicia que abarca las percepciones acerca de la relación de las personas, en general, con los poderes públicos y su propia experiencia con las instituciones del Estado antes, durante y después del desplazamiento.

Mi pensamiento de gobierno, como primera opción, es que el gobierno debería garantizar que la justicia fuera lo correcto, es lo primero que debería uno… ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando dice justicia? Vamos al gobierno, vamos al alcalde que elegimos, vamos al presidente, entonces es eso. Son los primeros que deberían garantizar (hombre proveniente de Valle del Cauca).

Y es verdad, vemos lo negativo porque positivo casi no hay, nosotros hemos estado casi en… […] No han hecho cosas buenas por nosotros, casi nos han cerrado la puerta, la, la… O sea, eso ya no es como cuando uno está “vamos a solicitar algo”… Y resulta y pasa que siempre quedamos defraudados, entonces no vemos nada positivo porque siempre terminamos viendo lo negativo, decepcionados (mujer proveniente de Norte de Santander).

  • 48 La corrupción también fue una de las categorías identificadas al indagar sobre el derecho a la just (...)

36Desde ese concepto más amplio de justicia, de un lado, la percepción de la relación entre los participantes y el Estado está mediada por la crítica de los primeros hacia el segundo en términos de corrupción48 y de indefensión ante un derecho a la justicia al que se accede solo si se ostenta una posición privilegiada. Al respecto, algunas de las respuestas a “lo que es la justicia” en la actividad del tetralema fueron contundentes: “corrupta”, “es manejada por el Estado, según lo que uno ve, a lo que es conveniente y no a lo que debe ser”, “es variable, porque digamos, la justicia para la gente que no tiene se hace, pero para el que no tiene no le afecta tanto”, “engañosa”, “es muy analfabeta, por decirlo así, que las personas que saben pueden lograr lo que se proponen pero las personas que no saben, digamos, nos toca un abogado”, “las leyes en Colombia tienen muchas metidas, tienen muchas metidas para que las personas se puedan escapar, hechas a conveniencia”.

  • 49 La relevancia para las víctimas del trato que reciben de parte de los funcionarios públicos también (...)
  • 50 Se hace alusión a la actividad del mapa de actores.

37De otro lado, la experiencia de quienes viven el desplazamiento y han debido acudir a la ayuda de una organización privada –pues la del Estado no se concretó– da cuenta de la falta de atención que han sufrido, de la desconfianza con la que ven a las instituciones del Estado y de la relevancia que adquiere el trato que reciben de los funcionarios públicos cuando se piensa en justicia49. Con relación a esto último, resultó muy ilustrativa la actividad del juego de roles en la que, habiendo identificado previamente a los actores involucrados en la garantía del derecho a la justicia50, varios participantes de la investigación decidieron representar a las víctimas mientras otros personificaron a algunas autoridades del Estado. En esa representación se destacó el trato empático, amable, atento y respetuoso de los funcionarios públicos hacia quienes representaban a las víctimas en búsqueda de asistencia. Infortunadamente, la actuación idealizada de una forma de atención anhelada se contrapone, como dijimos, a la experiencia real.

Yo llevo tres años que no recibo una ayuda del Estado, que no sé qué es ellos llamarme a decir “sus hijos cómo están, su señora cómo está, se murieron, ¿qué hicieron?” Naadaa [sic], nada. Para ellos lo importante fue sacarnos de donde nos sacaron y dejarnos a la deriva, ese es el problema del Estado, que [en] el Estado ya uno no crea. Entonces por eso, ¿para qué hacer uno vueltas con ellos?, ¿para qué esto, que aquello, que lo otro? Si eso son ¡puros papeles!, yo tengo la carpeta llena de promesas y promesas y promesas que nunca cumplen, entonces el Estado no cumple para nada (hombre proveniente de Guaviare).

Yo creo que lo que nos duele a muchos colombianos es que empezaron con otros proyectos de la paz, primero, que no iban a ingresar al Congreso si no era porque votábamos nosotros, otros dijeron que no se iban a dar tantos beneficios y a medida que fue creciendo eso, a medida que fue haciendo… Se firmó, ganó el no, ganó una cosa, la otra, fuimos viendo que todo lo que al comienzo creíamos que no iba a implementar, al final quedó muy poco […] Siempre nos confiamos de que algo va a pasar y al final cuando ellos llegan al poder no pasa (hombre proveniente de Valle del Cauca).

38Las anteriores consideraciones coinciden con los hallazgos de algunas de las investigaciones que han indagado sobre las perspectivas de las víctimas, así como con lo documentado por el Grupo de Memoria Histórica –con relación a la desconfianza frente al Estado como uno de los impactos del conflicto en la democracia (2013, pp. 281-288)– y lo constatado por la Corte Constitucional, tanto en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 (en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en consideración de la trágica situación de los casi cinco millones y medio de colombianos que han sido desplazados por cuenta de la violencia) como en los innumerables fallos de tutela que han puesto en evidencia las fallas del Estado en la atención a la población en situación de desplazamiento.

39En estudios previos se destacó, por ejemplo, cómo el actuar del Estado moldea las expectativas de justicia de las víctimas. Factores como la desprotección, el costo humano de acudir a las instituciones y las frustraciones que genera una institucionalidad que defrauda a los ciudadanos lo sustenta (Beristain, 2010, p. 3). Así mismo, la investigación del cmh, fs, oim, uariv y la Universidad de los Andes (2012) dio cuenta de las limitaciones del Estado en la atención a las víctimas (p. 87), así como de los malos resultados de la evaluación que los participantes hicieron a la Fiscalía, en el marco de los procesos de Justicia y Paz.

Un elemento evaluado por la Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz? revela las condiciones bajo las cuales se relacionan con el Estado las personas afectadas por la violencia del conflicto armado. Se trata del procesamiento de las denuncias presentadas ante las diferentes instancias públicas. ¿El proceso ha sido claro? ¿Ha recibido apoyo de las entidades? ¿La información sobre el caso ha sido suficiente? Fueron algunas de las interrogantes planteadas a las muestras y en todos los casos la respuesta fue, principalmente, negativa […] (cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes, 2012, p. 75).

40En suma, hablar del derecho a la justicia desde abajo como una de las soluciones al conflicto armado en contextos transicionales conlleva una evaluación de las posibilidades de justicia y del actuar de las instituciones del Estado, y evoca los más recientes procedimientos de justicia que se han dado en el país. Desde otra perspectiva, esto quiere decir que la visión de las víctimas de su derecho a la justicia reitera la relevancia, en las transiciones de la guerra a la paz, de la (re) construcción de confianza entre los ciudadanos y las autoridades del Estado.

  • 51 Véanse, por ejemplo, las sentencias C-771 de 2011, C-579 de 2013, C-180 de 2014, C-577 de 2014 y C- (...)
  • 52 Traducción propia del original: “In other words, political justice involves transforming both insti (...)

41De ahí la importancia del análisis constitucional de la justicia transicional que la reconoce como un gran proceso de transformación social y política51, así como el concepto de “justicia política” de Lambourne (2009) que se desprende de la visión transformadora de la justicia del posconflicto: “En otras palabras, la justicia política implica transformar las instituciones y las relaciones para eliminar la corrupción y para promover un sentido de representación justa y participación de la población en general. Sin la justicia política, la justicia transformativa está incompleta y la construcción de paz es insostenible”52 (p. 45).

4. la garantía de derechos económicos, sociales y culturales como un componente del derecho a la justicia de las víctimas

Para mí justicia también es eso, que el gobierno se tocara un poquito el corazón, no digamos que le repongan todo lo que perdió la víctima del conflicto armado, sino al menos como satisfacer las necesidades de cada víctima ¿Sí?, al menos tener un hogar digno y tener un trabajo, un emprendimiento o una mirada hacia futuro (hombre proveniente de Guaviare).

42La visión (legalista) de la justicia transicional desde arriba ha ignorado, antes que nada, las vivencias reales de muchos de los afectados por los conflictos armados, es decir, sus expectativas, pero también sus necesidades. En consecuencia, dicha justicia ha desconocido las insuficiencias socioeconómicas que se desprenden de las violencias sufridas y, con ello, el papel que adquiere la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la percepción de justicia de quienes no han gozado de esos derechos, bien por el conflicto o bien por la violencia estructural que lo ha acompañado. En contraposición, la visión desde abajo del derecho a la justicia de algunas personas que han vivido el desplazamiento por causa de la violencia incluye la satisfacción de derechos básicos como una de las formas de hacer justicia.

43En efecto, los relatos de los participantes de la investigación no solo dan cuenta de la indefensión ante la desigualdad del contexto social y político que ha permitido el desplazamiento forzado, sino también de la relevancia, en términos de justicia, de la garantía de derechos ligados a la supervivencia y a sus necesidades de cada día, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, etcétera. Fue así como, ante la pregunta de la actividad del tetralema de “lo que es (justicia)” algunos respondieron: “una fuente de trabajo”, “una oportunidad”, “una oportunidad de estudio”, “una opción”.

Y lo más triste, lo más triste que tiene Colombia es que la juventud no tiene… como futuro. Muchos dicen que no, que sí, “que hay un esfuerzo, que puedes conseguir, que tienes que ir, que dormir, que trabajar”. Pero no es así, un bachillerato… bueno, gratis el bachillerato, pero después del bachillerato qué, en un país que un bachiller, un cartón de bachiller no te ayuda de a mucho ya, no puedes continuar tus estudios como… si quieres ser universitario, si quieres hacer tus cosas no tienes las oportunidades […] Y como estábamos hablando ahorita, nosotros como somos ciudadanos que no sabemos mucho de derechos, no vamos a saber dónde ir, no vamos a saber dónde llegar, con quién hay que hablar para una demanda, y eso es lo que hace que nosotros perdamos (hombre proveniente de Valle del Cauca).

44En efecto, los diálogos en torno a las violencias sufridas y a las respuestas debidas casi siempre concluyeron con expectativas tales como tener una casa, la educación de los hijos o sencillamente los alimentos que en el lugar de origen se tuvieron y a los que durante la situación de desplazamiento no pueden acceder. Un ejemplo de ello fue la actividad en la que los participantes de la investigación hicieron figuras en greda para representar su idea de justicia, justicia simbólica que terminó siendo la representación física de sus derechos a la alimentación (desde una perspectiva cultural), a la vivienda y a la protección especial de los hijos y las familias.

—Esta es mi arepa de mute que no me faltaba en la finca todos los días, y aquí no la he podido tener ¿Por qué? Porque el gobierno no nos escucha, nos tiene abandonados.

Investigadora: Bueno, ¿y tiene algo que ver con la justicia?

—Claaro [sic], porque si ellos en realidad hicieran algo por los que perdimos las fincas, nuestro patrimonio que teníamos allá en la selva ¡Hombre! Si ellos nos hubieran… Hubiera sido verdad lo que nos decían que aquí nos iban a arreglar, pues ya nos hubieran arreglado y estuviera comiéndome mi arepa. Pero desde que me vine de allá de la selva no me he comido mi arepa y eso era mi alimento diario, era que dábamos arepa al desayuno, arepa a las onces, arepa a las tres de la tarde y en la noche, ¡también! (mujer adulta mayor proveniente de Guaviare).

Pues yo creo que tenemos derecho a una vivienda digna, de nosotros porque… Nosotros quedamos sin nada y esta es la hora que el gobierno tampoco nos ha hecho… ni caso más, ni si dormimos o no dormimos, si estamos o no estamos o sea… creo que… ya (mujer proveniente de Norte de Santander).

Nosotros hicimos las ollas del campo que nosotros utilizamos, las tenemos llenas de comida, porque en el momento en que nos vinimos para acá quedaron vacías. Quedaron vacías. ¿Por qué? Porque el gobierno se olvidó de nosotros, se olvidó de todo lo que había pasado con nosotros. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esas ollas llenas de comida? Que el gobierno se acordara al menos de la alimentación no sólo de nuestra familia sino de muchas familias que pasan por ayudarlos y les cierran las puertas, entonces que a lo menos le ayuden con la comida tanto de los niños menores como de las cabezas de hogar, de las familias completas, entonces yo creo que esa es la justicia (hombre proveniente de Guaviare).

45Ante esos hallazgos, surge el interrogante de si esas expectativas de justicia ligadas a la garantía de derechos económicos, sociales y culturales se deriva de la situación de precariedad en las condiciones de vida de los participantes de la investigación. Pregunta que, sin embargo, no está dirigida a desestimar la validez de estas expectativas y cuya respuesta coincide con algunas de las conclusiones de investigaciones previas que han indagado en las expectativas de las víctimas del conflicto armado en Colombia, en las cuales necesidades básicas como educación, trabajo, salud, pensión, vivienda, alimentación, servicios públicos y vestuario, hacen parte de las principales expectativas de las víctimas.

46En efecto, en el marco de las investigaciones que han indagado acerca de las perspectivas de las víctimas del conflicto armado en Colombia también ha emergido la cuestión de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales como una de las expectativas de las víctimas. Solo que no en términos de justicia, sino principalmente de reparación. Por ejemplo, en la investigación de fs, pcs e ictj (2005) las categorías más valoradas por los encuestados como posibles medios de reparación fueron “la educación, la generación de empleo y la atención médica y psicológica” (p. 46). Tres años más tarde, Rettberg también documentó el “cubrimiento de sus necesidades económicas” (2008, p. 58) como forma predilecta de reparación por las víctimas.

47A través de la reparación económica, la satisfacción de necesidades básicas también ha motivado la búsqueda de justicia en el escenario interamericano (Beristain, 2010, p. 37). Incluso en ese mismo contexto, ha sido evidente el vínculo de esa expectativa con la posibilidad de mejorar la calidad de vida y de afrontar las consecuencias de las violencias sufridas –en concreto del desplazamiento forzado (pp. 37-38)–. En consecuencia, dentro de las medidas de reparación, el apoyo a la educación ha sido ampliamente aceptado (p. 312). Preferencia que coincide con las expectativas de las víctimas desde una perspectiva de género, no solo por su valor en la superación de la desigualdad que históricamente ha afectado a las mujeres, sino también como una forma de hacer justicia.

Muchas de las mujeres entrevistadas mencionan su empeño en estudiar, su disposición a realizar un esfuerzo adicional para conseguir graduarse o titularse en algún nivel o alguna rama de la enseñanza reglada. El estudio como actividad educativa ha sido a menudo negado a las mujeres por considerar que no correspondía a su papel en la sociedad patriarcal. Ellas en cambio manifiestan su deseo y su compromiso de realizar estudios como una forma de mejora personal, de proyección profesional y también como una vía de intervención para hacer justicia o ayudar a los demás (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 450).

  • 53 Para mayor claridad, vale la pena recordar la diferencia entre la reparación material e inmaterial (...)

48En concordancia con lo anterior, la reparación material53 ha sido el mecanismo privilegiado para abordar los aspectos económicos de la transición. Al punto de que algunos autores la equiparan a “acciones de justicia distributiva” (Arnoso, Páez, Cárdenas, Zubieta, Espinosa & Bilbao, 2015, p. 280). Sin embargo, la manera de afrontar las expectativas socioeconómicas de las víctimas a través de la reparación ha sido criticada por algunos autores, por estar dirigida solamente a un grupo específico de personas (las víctimas o algunas de estas, si se piensa en los recursos limitados de los Estados), por invisibilizar factores estructurales de inequidad y por no tener el alcance suficiente para redistribuir riqueza o poder en el marco de la transición (Miller, 2008, pp. 278 y 284).

49Solo en una de las investigaciones previas que se interesaron en las expectativas de las víctimas se destacó la “inversión y asistencia social” (cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes, 2012, p. 79), no como una expectativa de la reparación, sino como una de las formas para “evitar que vuelvan a ocurrir o sigan ocurriendo los hechos violentos del pasado” (p. 79). Es decir, como mecanismo de no repetición, de acuerdo con la perspectiva de las víctimas entrevistadas. Por otra parte, queda la duda de si las personas que identificaron en segundo lugar a la Presidencia de la República –en la investigación de Fundación Social (2009)– como institución que podría servir para hacer justicia “con respecto a delitos cometidos en el conflicto armado y graves violaciones a los derechos humanos” (p. 149), lo hicieron al identificar dicha instancia como la principal responsable de la política económica y social del país.

50Ahora bien, a diferencia de los anteriores, los participantes del estudio de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda (2018) mencionaron en menor medida el deber del Estado de proveer derechos básicos como mecanismo para hacer justicia. Sin embargo, esta diferencia no invisibiliza el hecho de que también en esta investigación la garantía de derechos fue asociada a la garantía de la justicia de las víctimas. Garantía que, además, para el autor del relato citado en el artículo de Castrillón et al. (2018), no solo está referida a las víctimas de desplazamiento, sino en general a todas las personas: “Con menor frecuencia emerge el papel que tiene el Estado para proveer los derechos básicos a los colombianos. Al respecto, un participante menciona: ‘[…] lo justo sería […] que todas las personas tuvieran sus derechos como tal, pero no todo el mundo los tiene […]’” (p. 92).

51Por otra parte, en la medida en que ha crecido el interés de la justicia transicional en las expectativas de las víctimas y a la par con la convicción de que esa se debe adaptar a las realidades nacionales concretas, dicha justicia ha empezado a tener en cuenta las situaciones estructurales de desigualdad y las expectativas de las víctimas que se refieren a la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, como parte de las medidas a implementar en la transición. Es así como han aumentado las posturas teóricas y las experiencias prácticas que incorporan medidas de transformación social y económica para las víctimas de los conflictos. Los conceptos de “justicia reparativa” (Reparative Justice) de Mani (2005) y de “justicia transformativa” (Transformative Justice) de Lambourne (2009), y las transiciones en Nepal, Sudáfrica e Irlanda del Norte son ejemplos de esa nueva perspectiva teórica y práctica de la justicia transicional.

52Con relación a las experiencias prácticas de justicia transicional, el Acuerdo General de Paz de Nepal representa una excepción revolucionaria pues se focaliza en la justicia económica y social, según Pasipanodya (2008, p. 385). También las experiencias de justicia transicional de Suráfrica y de Irlanda del Norte han reconocido el papel de la inequidad estructural y material en los conflictos que se buscaban dejar atrás. Reconocimiento que en ambos casos se ha traducido en la adopción de estrategias institucionales –el segundo con más éxito que el primero– para la superación de la inequidad (Aiken, 2010).

  • 54 Algunas de las explicaciones de esa marginalización se encuentran en las limitaciones mismas del di (...)

53Desde el punto de vista teórico, aun cuando por muchos años marginalizar la justicia social y económica fue una tendencia del discurso de la justicia transicional (Pasipanodya, 2008, p. 387) –desconociendo su papel en el surgimiento de las violencias54–, la concepción misma de dicha justicia ha venido evolucionado en modo tal que de una justicia principalmente punitiva y de responsabilidades individuales se está pasando a una justicia cada vez más distributiva, interesada en las injusticias sistémicas y estructurales, tal como lo ha propuesto Rama Mani (Pasipanodya, 2008, p. 390). En efecto, Mani (2005) ha ampliado el marco conceptual y contextual de los mecanismos y procesos conocidos como justicia transicional (p. 524) y ha propuesto una forma de justicia que es incluyente, unificadora, orientada a los sobrevivientes, permanente y progresiva (p. 521): la “justicia reparativa”.

  • 55 Traducción propia del original: “While enshrining victims’rights, reparative justice does not just (...)

Al proteger los derechos de las víctimas, la justicia reparativa no se centra solamente en estas mientras excluye a otros grupos –tal como las comisiones de la verdad tienden a hacer–, ni se centra en los perpetradores exclusivamente –como los juicios tienden a hacer–. En vez de ello, la justicia reparativa se extiende a todas las partes de la sociedad. Ella incluye como beneficiarios a categorías económicas excluidas y a categorías estructurales, como aquellos que sufren injusticias sistemáticas tales como la discriminación, buscando con ello afrontar o reparar no solo los abusos directos perpetrados en el conflicto, sino también sus consecuencias e implicaciones sociales, económicas y culturales [cursivas añadidas]55 (Mani, 2005, p. 523).

  • 56 Que se deriva de la expansión de ambos conceptos y de la invasión de cada uno de estos en el territ (...)
  • 57 Otros autores también han entendido la redistribución socioeconómica como un mecanismo de justicia (...)

54Lambourne (2009), por su parte, ha expandido la mirada de la justicia transicional a otras áreas inicialmente no consideradas como la de la construcción de paz56. Es así como la autora concibe la justicia transicional como un proceso más largo y duradero, defiende las perspectivas “psicosocial, política y económica” de la justicia57 (p. 30) y sugiere que además de los mecanismos legales de justicia, también se requiere la transformación social, económica y política de las estructuras y las relaciones (p. 30).

  • 58 Traducción propia del original: “Transformative justice not only deals with the past but also estab (...)

La justicia transformativa no solo lidia con el pasado, sino que también establece condiciones y estructuras dirigidas a asegurar la justicia en el presente y en el futuro, creando una visión más a largo plazo y con mayor compromiso que la sugerida por el término “justicia transicional”. Esto se aplica tanto a la justicia legal que promueve la rendición de cuentas por las violaciones pasadas y la “verdad” que crea un registro histórico, como a las estructuras y relaciones que aseguren la justicia procedural en el presente y el futuro respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. La justicia transformativa también sugiere la necesidad de considerar no solo la justicia reparadora o restitutiva por las inequidades del pasado sino también la justicia distributiva o socioeconómica para el futuro [cursivas añadidas]58 (Lambourne, 2009, p. 45).

  • 59 Traducción propia de la denominación original: “Grafted Accountability Model”.

55Se hace referencia, también, a la dicotomía entre reconocimiento y redistribución que ha afrontado la justicia transicional –para algunos falsamente (Walker, 2012, pp. 77-78)–, así como al modelo de justicia transicional conocido por Fletcher como “modelo injertado de rendición de cuentas”59 (2016, pp. 496-501), el cual, precisamente, adopta una concepción de justicia más amplia basada en derechos más que en la responsabilidad penal (p. 500). Concepción que coincide, como en la presente investigación, con las expectativas de muchas víctimas relacionadas con sus necesidades económicas y sociales, más que con posibilidades de castigo para los responsables de las violencias (Pasipanodya, 2008, p. 388) e incluso con mayor relevancia, para ellas, que la posibilidad de conocer la verdad (Millar, 2011, p. 524; Aiken, 2016, p. 196).

  • 60 Dicha reparación es entendida, desde ese enfoque, como “parte de un esfuerzo global de construcción (...)

56En Colombia, la propuesta teórica que más se acerca a la inclusión del carácter distributivo de la justicia transicional ha sido la de la “reparación transformadora”60 de Uprimny y Guzmán (2010). Sin embargo, como su nombre lo sugiere, se trata de la incorporación de criterios de justicia distributiva al análisis de la reparación y no al estudio del derecho a la justicia de las víctimas. Además, aun cuando se trate de una propuesta teórica desde abajo –pues parte de la crítica a la justicia transicional desde arriba– (pp. 263-265), ella parte de la concepción preponderante de justicia como investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, desconociendo otras visiones de justicia, como la que aquí se presenta.

Por otro lado, afirman los críticos, el papel de las víctimas incluso en los ejercicios de justicia ha sido marginal y, por así decirlo, meramente procesal. En teoría y en el discurso político, la justicia es un derecho de las víctimas y, por tanto, todas las actividades que buscan la consecución de justicia y de sanción de los responsables de las violaciones están destinadas a satisfacer las necesidades de las víctimas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el proceso criminal adelantado no tiene en cuenta la voz y las necesidades de las víctimas. En los procesos penales ordinariamente el centro de atención está en el incriminado o acusado y no en la víctima (Uprimny & Guzmán, 2010, p. 267).

  • 61 La experiencia del Norte de Irlanda da cuenta de las limitaciones de la justicia distributiva frent (...)

57En contraposición a las anteriores posturas, hay quienes son escépticos y critican la idea de que los mecanismos de justicia transicional afronten problemas socioeconómicos. Una de esas críticas proviene de Waldor (2012), quien explica el auge de las posturas pro derechos económicos y sociales al interior de la justicia transicional (pp. 174-175) pero, al mismo tiempo, analiza sus dificultades prácticas (p. 179)61. Sin embargo, aun ese contexto de críticas, el autor reconoce, de un lado, que la justificación racional más fuerte de una justicia transicional que ataque las desigualdades socioeconómicas se da cuando ese tipo de transición coincide con las necesidades y prioridades de las víctimas (p. 175) y, de otro, destaca la relevancia de afrontar las desigualdades socioeconómicas del pasado y del presente en términos de justicia y de prevención de nuevos conflictos (p. 179).

  • 62 Desde este punto de vista, los hallazgos acerca del carácter rentista del desplazamiento forzado in (...)

58Otras de las oposiciones a las medidas de justicia transicional con contenido socioeconómico provienen, primero, del supuesto origen político o étnico atribuido a los conflictos (Miller, 2008, p. 268) y, segundo, de la distinción tajante entre justicia transicional y desarrollo (Pasipanodya, 2008, p. 389). Sin embargo, con relación a las primeras, esa asunción invisibiliza la incidencia en las violencias de factores económicos tales como el interés en los recursos naturales o en la propiedad y tenencia de la tierra62. Así mismo, más allá de los reparos teóricos, lo cierto es que se trata de la forma de justicia que más se acerca a las expectativas de justicia de las víctimas de desplazamiento que participaron en la investigación, así como la que mejor contribuye al mantenimiento de la paz y, en consecuencia, a la no-repetición.

5. conclusiones

59• Los retos de la transición de la guerra a la paz superan las aportaciones que, desde el derecho o desde la mirada estrictamente jurídica, se puedan dar. En efecto, las complejidades de la guerra y su superación llaman en causa a todas las disciplinas y formas de conocimiento. Dentro de estas últimas se destaca el saber de los sobrevivientes del conflicto, por ser actores principales de la transformación social y política a emprender.

60• Dar voz a quienes no la han tenido enriquece el debate democrático y da cuenta de la pluralidad de opciones por las que puede inclinarse un Estado cuando intenta superar una larga historia de conflicto y violencias. Por el contrario, limitarse a voces prominentes, que suelen no incluir en sus discusiones el análisis de los contextos y preocupaciones sociales, no contribuye significativamente a la construcción de paz, ni a la prevención de nuevas violencias.

61• El derecho a la justicia desde la perspectiva de las víctimas del conflicto armado difiere sustancialmente de cómo ha sido entendido hasta ahora por juristas y estudiosos, y propone grandes desafíos para el Estado. De un lado, la expectativa de justicia de quienes han vivido el desplazamiento recuerda las falencias del Estado en la garantía de sus derechos y los efectos en su sentimiento de injusticia. De otro, las visiones de los sobrevivientes de la guerra vinculan derechos de contenido prestacional a una justicia que casi nunca se ha preocupado por las condiciones de vida de quienes acuden a ella.

62• El derecho a la justicia visto desde la sociedad (desde abajo) abarca la solución de los problemas asociados al comienzo y al fin del conflicto armado. Es decir, la visión de justicia de las personas afectadas directamente por la guerra invita a pensar en los problemas estructurales del país y en los contextos que hicieron posible la guerra y que han de ser superados para acabarla.

63• El sentido de justicia de las víctimas no se fracciona en los términos que el jurista lo hace. Esto quiere decir que, la garantía de ese derecho va a ser percibida de forma integral no solo cuando se investiguen los hechos ocurridos, sino también cuando se conozca la verdad de lo ocurrido, se reparen los daños ocasionados y se garanticen los derechos que comprometen las condiciones de vida de los sobrevivientes, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales.

64• El abandono institucional y la desvalorización de amplios sectores de la sociedad han sido suficientes para que los sujetos golpeados por el conflicto armado se sientan impotentes, “desempoderados” y con muy pocas motivaciones para actuar. Este fue precisamente uno de los obstáculos de la presente investigación, así como una de las razones por las cuales el derecho a la justicia llama en causa al Estado. Obstáculo en la medida en que los límites de la acción hicieron imposible el cumplimiento del objetivo planteado de diseño, junto a los participantes, de acciones tendientes a garantizar su derecho a la justicia.

65• En Colombia son pocos los estudios que se han interesado en las perspectivas de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. De manera que son varias las tareas pendientes en este ámbito, así como muchos los temas por explorar. A manera de ejemplo, es poco lo que se conoce acerca de las expectativas retributivas y restaurativas de los sobrevivientes de la guerra, tema al cual esperamos referirnos en un futuro cercano.

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7. jurisprudencia consultada

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, 3 de abril de 2002).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-025 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, 22 de enero de 2004, expedientes T-653010 y acumulados).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-209 de 2007 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, 21 de marzo de 2007).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-771 de 2011 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla, 13 de octubre de 2011).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-694 de 2015 (M. P. Alberto Rojas Ríos, 11 de noviembre de 2015).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-161 de 2016 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, 7 de abril de 2016).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-330 de 2016 (M. P. María Victoria Calle Correa, 23 de junio de 2016).

Corte Constitucional de Colombia, Auto 373 de 2016 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, 23 de agosto de 2016).

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-160 de 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, 9 de marzo de 2017).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-007 de 2018 (M. P. Diana Fajardo Rivera, 1 de marzo de 2018).

Notes

1 No solo en Colombia, sino también en otras partes del mundo golpeadas por conflictos, la exclusión y la falta de participación de muchos sectores de la población han estado asociadas al surgimiento de las violencias: “In some the bloodiest and most brutal conflicts witnessed in recent years, such as that in Rwanda, it has been noted by inside observers that it was earlier failure to build or rebuild such an inclusive political community that led to the genocide” (Mani, 2005, p. 512).

2 En la presente investigación, algunos participantes problematizaron el uso de la palabra “víctima” y se reconocieron como “sobrevivientes”. Sin embargo, se va a hacer uso de ese término con la única finalidad de invocar los derechos reconocidos a este grupo de personas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y en la Ley 1448 de 2011, y que son el resultado de las resistencias, luchas y reivindicaciones de quienes han sobrevivido a la guerra no obstante haberse visto afectados por ella de manera dramática. Autores como García (2013) mantienen también la denominación “víctima” para reivindicar su carácter de actor político y para reconocer su potencial como líder de la agenda hacia una justicia distributiva en el marco de la transición. Tema de gran interés para la presente investigación. En el mismo sentido Rama Mani, quien en el 2005 se refirió a la preferencia de muchos afectados por la denominación “sobreviviente”, la cual destaca su capacidad de agencia y de acción: “As truth commissioners have found in South Africa, Sierra Leone and elsewhere, despite the trauma they have undergone, many victims prefer to be identified as ‘survivors’, to connote that they are not passive beings who lack agency and the capacity to act. They wish to be identified in a forward-looking, active way” (2005, pp. 522-523).

3 Una de las definiciones de justicia transicional que mejor complementa el marco teórico de este capítulo es la del juez constitucional colombiano, quien concibe dicho tipo de justicia a partir de una concepción procesual y transformativa: “la justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” (Corte Constitucional, Sentencia C-694 de 2015).

4 Práctica si se tiene en cuenta que dicho paradigma de justicia tiene su origen en prácticas ancestrales de pueblos indígenas de varias partes del mundo.

5 Infortunadamente fue aquí donde se encontraron los mayores obstáculos, ya que los participantes propusieron varias acciones de justicia pero solo una se concretó: la realización de una jornada de autoformación en acciones constitucionales. Jornada que contó con el acompañamiento de la investigadora y la monitora de la Cátedra Unesco, pero que consistió en un verdadero proceso de empoderamiento a partir de las propias capacidades. Los obstáculos mencionados surgieron de la movilidad permanente de los participantes y del asistencialismo como inhibidor de la acción de los sujetos y las comunidades.

6 Muchos de los hallazgos de los que no va a dar cuenta este capítulo tienen que ver con las expectativas restaurativas de los participantes de la investigación. A ellos se va a dedicar un próximo capítulo, no solo por la relevancia del tema, sino también por la amplitud de las consideraciones que implica abordar dicho tema.

7 La Fundación Colombia Nuevos Horizontes, ubicada en el municipio de Soacha, nació de la experiencia de desplazamiento forzado interno de su fundador y cumple la labor social de “brindar asistencia humanitaria de emergencia a traves [sic] de los servicios de alimentación, alojamiento temporal, vestido, apoyo sicosocial y en algunas veces oportunidades laborales a miles de hombres, mujeres, niños y adultos mayores, en condiciones de alta vulnerabilidad” (Fundación Colombia Nuevos Horizontes, s. f.).

8 Se realizaron dos grupos focales, el primero con siete integrantes de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y organizaciones de víctimas, y el segundo con tres de los integrantes del primer grupo. Los propósitos de dichas discusiones fueron los siguientes: conocer los significados que dichas personas le otorgan al derecho a la justicia y los que creen que las víctimas le otorgan; identificar los elementos que deben caracterizar a la justicia desde sus percepciones y experiencias; reflexionar acerca de la idea de justicia como cárcel y como restauración de las víctimas; reconocer experiencias previas de encuentro restaurativo entre víctimas y victimarios (las soluciones, las dificultades y las oportunidades de los mismos); y clasificar algunos de los componentes del derecho a la justicia desde los enfoques retributivo y restaurativo. De los resultados de estos grupos no se va a dar cuenta en este capítulo, en la medida en que todo el protagonismo va a estar reservado a las apreciaciones en torno a la justicia que emergieron de las reflexiones con las personas de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes.

9 Se entiende por esta la que es el resultado de la construcción de mecanismos de justicia transicional de parte de las víctimas o con amplia atención a sus necesidades y expectativas.

10 Las personas entrevistadas fueron: un investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la directora de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (Justapaz), un investigador del área de desplazamiento de la Comisión Colombiana de Juristas y una docente de Trabajo Social de la Universidad Externado de Colombia e investigadora social del tema de víctimas.

11 En este capítulo no se va a hacer referencia a las percepciones de los entrevistados acerca del derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado en la medida en que este escrito se va a centrar en las percepciones de las víctimas que participaron en la investigación.

12 Para evitar transmitir un preconcepto del derecho a la justicia, en la primera etapa de la investigación se evitó hacer referencia a la palabra “justicia” o “derecho a la justicia”, así como a cualquiera de los componentes conocidos de esos conceptos (tanto retributivos como restaurativos). En su lugar, se habló, en general, de “las afectaciones que habían sufrido las personas por el conflicto” y “las posibles respuestas que se deberían dar ante esos hechos tan dolorosos”. También se solía mencionar de manera genérica y sin ahondar en ellos “los hechos que habían llevado a estas personas a buscar refugio en la Fundación” y, de cara a esos, se indagó por “las posibles consecuencias que debían recibir los causantes de esos hechos”. Así mismo, no se emplearon preguntas cerradas y sí se acudió al arte y a las voces de otras víctimas para hablar de las opciones que están presentes cuando se habla de la justicia. Esto último se logró a través de la discusión de la letra de la canción “De la guerra a la paz”, del autor Simeón Noguera Mayorga, contenida en el disco 1 de la Colección “Tocó cantar. Travesía contra el olvido”, auspiciada por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015.

13 Que en la práctica se verificó con las directivas de la Fundación, las cuales confirmaron la presencia allí de personas en situación de desplazamiento, en situación de emergencia y con alta desatención de parte del Estado.

14 Entendida como la reunión de varias víctimas, periódica u ocasional, con la finalidad de adquirir conocimiento acerca del alcance y la garantía de sus derechos, así como la búsqueda de incidencia en las decisiones que las puedan afectar.

15 Esto en la medida en que no se trató de un grupo de víctimas integrantes de alguno de los escenarios de participación reservado a las víctimas del conflicto armado interno o de alguna organización de víctimas. Este criterio fue considerado relevante en la medida en que estudios previos sobre percepciones de las víctimas habían demostrado que sí existe una variación en el tipo de respuestas de quienes han pertenecido a procesos organizativos y quienes, en cambio, no lo han hecho. Es el caso de la investigación del Centro de Memoria Histórica (cmh), Fundación Social (fs), Organización Internacional para las Migraciones (oim), Unidad para la Atención y Reparación Integral a lasVíctimas (uariv) y Universidad de los Andes, la cual llegó a la conclusión de que las respuestas de las víctimas organizadas se asemejaban a las respuestas de los expertos entrevistados: “Es así como los afectados (que se autodefinieron como tales en la muestra aleatoria y dentro de los cuales apenas 1% son víctimas organizadas, mientras que 99% restante son víctimas no organizadas), tienden a realizar una valoración más positiva del sistema de Justicia y Paz, mientras que las Víctimas Organizadas de la muestra intencional y exploratoria despliegan un acervo crítico semejante al del grupo de Expertos consultados” (2012, p. 8).

16 Quienes participaron en los talleres, pero no simultáneamente. Es decir, en algunos talleres participaron algunas personas y en otros talleres otras personas. En algunos de los talleres también participaron las directivas de la Fundación.

17 Antes de llegar a la Fundación, las personas que participaron en la investigación habían acudido a varias instancias estatales, tanto de Bogotá como de Soacha (Personería, Alcaldía, centros locales de atención a víctimas, entre otros), sin que alguna de ellas les hubiera proporcionado la asistencia necesaria para suplir necesidades básicas tales como las alimentarias y habitacionales. Es por esa razón que acudieron a la Fundación y se encontraban en el momento de la investigación en búsqueda de trabajo y de vivienda permanente.

18 En esta etapa se propició el conocimiento entre todos los participantes de la Fundación Nuevos Horizontes y de la Universidad Externado de Colombia. Este conocimiento mutuo incluyó la identificación colectiva de las fortalezas de cada uno, de las formas predilectas de comunicación, de los intereses y expectativas individuales y de las potencialidades y obstáculos del trabajo colectivo. Las actividades propuestas contaron con la participación de todos los habitantes de la Fundación, la investigadora de la uec y la monitora de la Cátedra Unesco, en relación horizontal y de igualdad, mediante talleres y reflexiones desde lo individual y lo grupal acerca de aspectos tales como: ¿cuáles son mis talentos?, ¿qué es lo que tenemos en común?, ¿qué nos diferencia? También se dio a conocer la voluntariedad y confidencialidad de la participación en la investigación, así como que no era necesario hablar de las experiencias dolorosas por las que se había atravesado.

19 La segunda etapa incluyó la aplicación de metodologías de empoderamiento que reconocieron el papel individual (las potencialidades de las personas, sus motivaciones y sus esperanzas) y colectivo (situar esas particularidades en el plano común, reconociendo lo colaborativo, lo solidario y lo emancipador) de forma integral y en torno a su concepción de justicia. Hicieron parte de esta etapa formas simbólicas de representar la visión de justicia, la identificación de los actores de la misma y preguntas tales como: ¿cómo podemos cambiar nuestra situación?, ¿qué queremos cambiar? y ¿cómo hacerlo?

20 Con el ánimo de salir de las fronteras de la investigación desde la academia y para la academia, la tercera etapa se propuso contribuir en la generación de acciones en torno a los problemas que rodean la garantía del derecho a la justicia, con los inconvenientes ya mencionados en la nota al pie 7.

21 Para recordar las posiciones y opiniones de todos los participantes, el cierre de la investigación incluyó la participación como ponente de un participante de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes en el evento académico “Congreso internacional de la Cátedra Unesco 2017”. En dicho evento se presentaron los resultados preliminares de la investigación por parte del participante y de la autora de este capítulo. Así mismo, el material que se construyó conjuntamente (la información, las reflexiones, las conclusiones) se regresó a las personas que hicieron parte de la investigación y a la Fundación a través de discusiones que sirvieron de inicio y de cierre de cada taller. Las guías de los talleres, las imágenes y los videos también fueron entregados a las directivas de la Fundación como herramientas de devolución. En fin, se espera que este capítulo, una vez publicado, pueda ser socializado y distribuido a los demás participantes de la investigación.

22 Una de las actividades de la segunda etapa fue el tetralema. Se plasmó en el centro de una cartelera la palabra “justicia” y a sus lados se incluyeron las frases “lo que es” y “lo que no es”. Además, en la parte superior e inferior los participantes podían indicar otros aspectos de esa palabra tales como “lo que es, pero no es”, “un poco sí, un poco no”, “ni esto, ni aquello”, “sí, pero no”, “ni sí, ni no”, entre otros aspectos.

23 La justicia transicional desde arriba es entendida en este escrito como aquella que no tiene en cuenta los intereses y las expectativas de las víctimas y que es definida por los órganos del poder público y, en ocasiones, también por los actores armados que dejan las armas a través de una negociación de paz en la que exigen la implementación de ciertas medidas de justicia transicional.

24 Traducción propia del original: “In addition, decisions about transitional justice are too often made without consulting the population affected. For example, the decisions to establish the Special Court and the Truth and Reconciliation Commission (trc) in Sierra Leone following the end of the civil war were made by the UN and the Sierra Leonean government. The needs and expectations the local population were not solicited during the process designing these institutions”.

25 Después de cuatro años de diálogo entre los delegados del gobierno nacional de Colombia y los delegados de las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), se firmó el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena. Acuerdo que fue modificado luego de que ganara el “No” en el plebiscito con el que se pretendía refrendar el Acuerdo (el 2 de octubre de 2016). Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se firmó un nuevo acuerdo en Bogotá (Teatro Colón) con modificaciones respecto de la primera versión, el cual fue refrendado finalmente por el Congreso de la República de Colombia entre el 29 y el 30 de noviembre del mismo año. Dicho Acuerdo está compuesto, entre otros, por cinco puntos principales: Reforma rural integral; Participación política; Cese al fuego y de hostilidades, y dejación de armas; Solución al problema de las drogas ilícitas; y Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

26 Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002,454 de 2005, C-209 de 2007, C-771 de 2011, C-694 de 2015, C-330 de 2016, C-161 de 2016, C-160 de 2017, C-007 de 2018, entre otras.

27 Se hace referencia al Acuerdo sobre víctimas del conflicto armado, en el que se contempla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

28 No se hace aquí referencia a las prerrogativas de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en términos de verdad, reparación y no repetición. Ello en la medida en que se quiere diferenciar la justicia de todas las anteriores, sin que con ello se desconozca la interdependencia entre verdad, justicia, reparación y no repetición.

29 Traducción propia de la denominación original: “Nuremberg/Absolutist Accountability Model” (Fletcher, 2016, p. 488).

30 Lo que llevó a la Corte Constitucional, en el 2004, a declarar el estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población desplazada (Sentencia T-025 de 2004). Estado de cosas que apenas en el 2016 se levantó parcialmente respecto componentes de la política pública (Auto 373 de 2016).

31 En Colombia, cada vez adquiere más relevancia la perspectiva de la justicia transicional desde abajo. Véase, por ejemplo, Acosta et al. (2018), Gómez (2013), Guzmán & Uprimny (s. f.) y Ríos (2015).

32 Traducción propia de la denominación original: “Hybrid Accountability Model”.

33 Traducción propia del original: “The holistic model of transitional justice supports thinking about accountability in a hybrid fashion. On the one hand, individual criminal accountability remains an accepted fixture, anchored in support of legal justice and law as the plumb line for societies recovering from violent pasts. On the other hand, the holistic model accommodates critics of criminal trials and legalism by expanding what transitional justice includes. Yet even with this accommodation, legal accountability remains present but in a new guise”.

34 A otras no se va a hacer referencia. Como, por ejemplo, a las citadas en el informe del cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes (2012): “Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación (2006), realizada por la Fundación Social, el Consejo Noruego para Refugiados, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Consejería en Proyectos (pcs) [...] Estudio de percepciones y oferta institucional en Nariño en temas de justicia, verdad, reparación y reconciliación (2008), realizada por la Fundación Social y el Fondo Global para la Paz y la Seguridad del Gobierno de Canadá [...] Región y reconciliación: claves de política pública desde lo local (2011), realizada por la oim, usaid y Fundación Social” (pp. 13-14).

35 1. Percepciones y opiniones de los colombianos sobre justicia, verdad, reparación y reconciliación, realizada por fs, pcs e ictj, y publicada en 2005. 2. Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?, realizada por Angelika Rettberg y publicada en 2008. 3. Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regiones: Antioquia, Valle del Cauca, Montes de María y Meta, realizada por Fundación Social y publicada en 2009. 4. Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos, realizada por Carlos Martín Beristain y publicada en 2010. 5. Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y paz?, realizada por cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes, y publicada en 2012. 6. La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia, realizada por Ruta Pacífica de las Mujeres y publicada en 2013. 7. “Comprensiones de perdón, reconciliación y justicia en víctimas de desplazamiento forzado en Colombia”, realizada por Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda, y publicada en 2018.

36 Las de Beristain, Ruta Pacífica de las Mujeres y Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda. Las demás empelaron principalmente encuestas.

37 Lasde Ruta Pacífica de las Mujeres y Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda. Las demás incluyeron entre los participantes a otros colombianos no afectados directamente por el conflicto armado, a miembros de organizaciones sociales y/o a expertos en la materia.

38 Las de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda.

39 Adopción previa que se constata, principalmente, en las preguntas y opciones de respuesta de los cuestionarios cerrados de las encuestas.

40 “Por último, la no expresión de las expectativas de justicia puede significar, simplemente, que esta no se encuentra siquiera en el horizonte de lo esperable; no se trata de no querer justicia, sino de la evaluación de la situación, de un sentido de impotencia o una manera de evitar nuevas amenazas y reconstruir su vida” (Beristain, 2010, p. 27). Este es quizás el hallazgo más desalentador, ya que demuestra que aún antes de indagar en las expectativas, en términos de justicia, es necesario que se hayan generado espacios de confianza entre las personas y las instituciones o, si se quiere, es necesario que previamente se haya creado un contexto de posibilidades de garantía de unos derechos mínimos para que las personas puedan siquiera llegar a considerar el goce efectivo de su derecho a la justicia.

41 Uno de los talleres realizados consistió en hacer una escultura en greda que representara lo que para cada uno era la justicia. Luego de ello, cada participante describió su figura. Una de las explicaciones de su figura fue la siguiente: “Yo hice una escultura representando entre la tierra y el cielo, estoy entre una montaña montado con una culebra en el cuello, la culebra significa… Eh… Todo lo… Todo el peso que yo he tenido, toda la maldad, el veneno que siempre ha estado detrás de mí, las personas que me han querido hacer daño. Las estructuras que están arriba es que arriba yo tengo sueños, que son bloques, digamos para llegar hasta arriba, digamos. Las bolas que están hacia los lados son las piedras que yo he tenido que ir soltando a medida del camino para yo poder seguir avanzando y… Me hice en la estructura como sentado, porque yo quiero que cuando llegue, llegar ya al final poder estar ya sentado relajado en mi piso, en mi juventud y teniendo todo con mis hijos, mi familia… Teniendo todo, pero estar ya cómodo, no tener que estar corriendo” (hombre proveniente deValle del Cauca).

42 Una de las instituciones que más ha hecho referencia a la relación entre la garantía efectiva del derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y la no repetición de dichas violaciones es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Véanse, por ejemplo, el Caso Panel Blanca contra Guatemala (Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 173), el Caso de la Masacre de las Dos Erres contra Guatemala (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párr. 201) y el Caso Chitay Nech y otros contra Guatemala (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr. 236) (Calderón, 2013, p. 196).

43 Véase también Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda (2018), en lo que respecta a la relación entre Dios y perdón (p. 89); Dios y reconciliación (p. 90); y religión, perdón, reconciliación y justicia (p. 93). Por otra parte, en la investigación de Rettberg (2008) la creencia religiosa también había sido identificada como una de las formas de esclarecer la verdad (p. 73). Nos preguntamos si, más allá del valor y lugar que cada individuo atribuye a sus deidades y demás creencias espirituales, lo que en el fondo se releva es la incredulidad ante la posibilidad de que ciertos derechos de las víctimas puedan ser garantizados. Siendo solo una entidad suprema y no humana la única capaz de hacer justicia y establecer verdad.

44 En el mismo sentido Millar: “One thing that I always found inspiring was the efforts people in Sierra Leone were constantly making to rebuild their lives […] Such efforts to rebuild life remain for me one the most poignant memories postwar Makeni—people’s efforts to enact their own form justice within the flowing temporality their lives” (2011, pp. 528-529).

45 En el tetralema, algunas de las respuestas a “lo que es la justicia” fueron las siguientes: “una ley”, “es institución”.

46 En el tetralema, algunas de las respuestas a “lo que es la justicia” fueron las siguientes: “es justicia de aula únicamente, de aula en el salón cuando están dando alguna clase y le dicen qué puede hacer, no se puede hacer”, “para mí es una mentira”, “lo que no es, palabras sin poder”, “una puerta sin abrir”, “una puerta cerrada más bien”. Sin embargo, las anteriores respuestas se diferencian de los resultados de la encuesta realizada por cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes (2012) en la que más del 78% de los consultados (afectados, no afectados, víctimas organizadas y expertos) afirmaron ser optimistas ante la posibilidad de “hacer justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos en el marco del conflicto armado” (pp. 37-38).

47 En este mismo sentido la investigación de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda (2018): “En relación con la categoría de justicia, para los participantes, esta es principalmente justicia divina (es decir, que sólo un Dios es quien puede castigar a quien ha cometido una ofensa). Lo anterior tiene relación con la poca credibilidad que tienen las víctimas en la justicia que provee el Estado, ya que se cree que los juicios a los que deben ser sometidos los victimarios nunca llegan, ni tampoco la reparación que se ha prometido, factor que complejiza la situación del desplazado. De este modo, no es posible creer en la justicia que ofrece el Estado, por lo que las víctimas acuden a sus creencias religiosas como esperanza para obtener justicia. Esto ha sido reseñado por otros estudios, como en los de Huyse (2003), y en Hill, Juola & Cohen (2007)” (p. 95).

48 La corrupción también fue una de las categorías identificadas al indagar sobre el derecho a la justicia de las víctimas de desplazamiento en la investigación de Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa & Castañeda (2018): “Se cree también que la corrupción es un obstáculo para la justicia, y se presenta una falta de credibilidad en el sistema judicial colombiano. Las víctimas consideran que la justicia no funciona y, por tanto, no creen en ella” (p. 92).

49 La relevancia para las víctimas del trato que reciben de parte de los funcionarios públicos también fue evidenciada en la investigación del cmh, fs, oim, uariv & Universidad de los Andes: “Estas declaraciones reconocen que los funcionarios cumplen un papel importante y las víctimas, en general, sienten que se les trata bien. Sobre este punto, las valoraciones sobre el trato recibido por parte de los Afectados y las Víctimas Organizadas de la muestra exploratoria parecen coincidir en el grado de satisfacción. Sin embargo, cabe subrayar que la insatisfacción entre la población afectada es mucho más alta en Bogotá y en Suroriente, así como entre las personas pertenecientes al estrato medio y las mujeres” (2012, p. 77).

50 Se hace alusión a la actividad del mapa de actores.

51 Véanse, por ejemplo, las sentencias C-771 de 2011, C-579 de 2013, C-180 de 2014, C-577 de 2014 y C-694 de 2015.

52 Traducción propia del original: “In other words, political justice involves transforming both institutions and relationships to eliminate corruption and promote a sense of fair representation and participation of the general population. Without political justice, transformative justice is incomplete and peacebuilding unsustainable”.

53 Para mayor claridad, vale la pena recordar la diferencia entre la reparación material e inmaterial a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha institución “ha reconocido que con motivo de una violación a derechos humanos se pueden generar afectaciones en dos categorías principales. ‘Material’ e ‘Inmaterial’. Dentro del carácter inmaterial, la Corte idh ha reparado daños en la esfera moral, psicológica, físicos, al proyecto de vida, y colectiva o social. Mientras que el daño material incluye el daño emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos” (Calderón, 2013, p. 160). Con relación a la reparación simbólica, esta ha sido definida por la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) como “toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón pública y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” (Artículo 141).

54 Algunas de las explicaciones de esa marginalización se encuentran en las limitaciones mismas del discurso de los derechos humanos, en general, el cual se caracteriza por hacer énfasis en las violaciones a los derechos civiles y políticos, dejando en un segundo plano la garantía de los derechos socioeconómicos (Miller, 2008, p. 268). Más recientemente, en el 2016, Aiken seguía insistiendo en la poca atención que la justicia transicional prestaba a los legados de “desigualdad socioeconómica” o “injusticia distributiva” (p. 190), desconociendo que esa atención es una condición necesaria del proceso de reconciliación.

55 Traducción propia del original: “While enshrining victims’rights, reparative justice does not just focus on victims to the exclusion of other groups as truth commissions tend to do. Nor does it focus on perpetrators exclusively as trials do. Rather, it extends to all parts of society. It includes neglected economic categories, such as beneficiaries, and structural categories, such as those suffering systemic injustice like discrimination, in seeking therefore to address or redress not only the direct abuses perpetrated in conflict but also their social, economic and cultural consequences and ramifications”.

56 Que se deriva de la expansión de ambos conceptos y de la invasión de cada uno de estos en el territorio del otro (Lekha, 2013, p. 84).

57 Otros autores también han entendido la redistribución socioeconómica como un mecanismo de justicia (Pasipanodya, 2008).

58 Traducción propia del original: “Transformative justice not only deals with the past but also establishes conditions and structures in order to ensure justice in the present and the future, creating a longerterm vision and commitment than suggested by the term ‘transitional justice’. This applies to legal justice that promotes accountability for past violations and ‘truth’ that creates a historical record, as well as structures and relationships that ensure procedural justice in the present and future respect for human rights and the rule of law. It also suggests the necessity of considering not only reparative or restitutive justice for past inequities but also distributive or socioeconomic justice for the future”.

59 Traducción propia de la denominación original: “Grafted Accountability Model”.

60 Dicha reparación es entendida, desde ese enfoque, como “parte de un esfuerzo global de construcción democrática; en ese sentido, los programas de reparación deben ser concebidos como un proyecto político incluyente, dirigido en especial a integrar a las víctimas en el nuevo orden social, por medio del reconocimiento de su sufrimiento y el esfuerzo por aliviarlo, y al ofrecerles posibilidades de una vida decente” (Uprimny & Guzmán, 2010, p. 255).

61 La experiencia del Norte de Irlanda da cuenta de las limitaciones de la justicia distributiva frente a temas como la reconciliación en escenarios donde no se ha logrado un consenso acerca de las causas del conflicto (Aiken, 2016, p. 181).

62 Desde este punto de vista, los hallazgos acerca del carácter rentista del desplazamiento forzado interno en Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015) deberían ser suficientes para ampliar la mirada.

Notes de fin

1 La investigación de la cual da cuenta este artículo no hubiera sido posible sin la ayuda de quienes contribuyeron con sus conocimientos, experiencias y percepciones. Se agradece, en primer lugar, el acompañamiento y la asesoría de Ana María Malagón, investigadora social, defensora de derechos humanos, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y monitora de la Cátedra Unesco en 2017. En segundo lugar, a las directivas de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes por abrirnos sus puertas y participar en varias de las actividades, y, en especial, a sus habitantes transitorios, por su interés en los talleres, su calor humano y su generosidad al compartir sus concepciones del derecho a la justicia. En tercer lugar, se reconoce el valioso aporte de los profesionales que aceptaron ser entrevistados en la fase preparatoria de la investigación, así como a los miembros de las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas que conformaron los dos grupos focales llevados a cabo. En fin, mis agradecimientos a Laura Ospina, estudiante de 10° semestre de Psicología y monitora de la Cátedra Unesco en 2018, por sus observaciones a este capítulo.

Auteur

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Diritto del Minore de la Universidad La Sapienza de Roma y doctora de la Universidad de Camerino (Italia), Doctorado en “Derecho, economía y sociedad”, Currículo “Derechos Fundamentales en la sociedad global”. Desde 2007, investigadora de la Cátedra Unesco “Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza” de la Universidad Externado de Colombia. bibiana.sarmiento@uexternado.edu.co

© Universidad externado de Colombia, 2018

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