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Cátedra Unesco y Cátedra Infancia : derechos humanos y políticas pública

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Bethania Assy

Sección I. Cátedra Unesco: política pública y violencias

Proceso de atención en salud mental a la población víctima del conflicto armado: una mirada desde el campo de la salud mental

Carlos Iván Molina Bulla

Résumé

En el trabajo adelantado por el Centro de Investigación sobre Dinámica Social –cids1, en la Cátedra unesco en el año 2011, se realizó el análisis de los aspectos que en el campo de la salud mental desarrollaba la nueva Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Los elementos de dicha ley, asociados al proceso, se establecen y analizan con el fin de realizar un seguimiento a las intervenciones destinadas a la situación en salud mental de esta población vulnerable, así como establecer un marco para el desarrollo de futuras aproximaciones a la población afectada por el conflicto armado.

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Texte intégral

1Sumario. Introducción. i. Política pública y legislación como construcción social de la salud mental: marco de análisis. ii. Los diversos espacios de salud mental en la ley de víctimas desde el campo de la salud mental. iii. Salud mental y derechos de las víctimas. iv. Salud mental, reparación y capital global. v. Los espacios para las intervenciones en salud mental en la ley de víctimas. vi. Discusión y conclusiones. Bibliografía. Anexo i.

INTRODUCCIÓN

2Como centro participante en la Cátedra unesco desde el año 2006, en 2011 el Centro de Investigación sobre Dinámica Social –cids– realizó el análisis de los aspectos que en el campo de la Salud Mental desarrolla la nueva Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, en la cual se establecen lineamientos para el abordaje de la población víctima del conflicto armado colombiano, ley que será objeto de discusión y desarrollo durante los meses siguientes a la publicación de este documento.

3En particular, se realiza una aproximación en torno a la atención en salud, la atención médica, la atención psicosocial y en el área de salud mental, que son los temas de interés para la Cátedra unesco, el cids y para el trabajo realizado desde 2006 en lo que tiene que ver con la construcción de política pública en salud mental.

I. POLÍTICA PÚBLICA Y LEGISLACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD MENTAL: MARCO DE ANÁLISIS

4El análisis que se plantea en este artículo tiene como base el campo de la Salud Mental (De Santacruz, Molina y Aitken, 2007), considerado tanto un medio como un fin para la construcción de derechos, y capital global dentro de la nación.

5Al efecto, en la construcción legislativa y de política pública es posible reconocer elementos que se aproximan al campo de la salud mental, dando cuenta o no de las intervenciones dirigidas a poblaciones afectadas por trastornos mentales, a las poblaciones vulneradas en salud mental y a la salud mental de todos los colombianos.

6Desde este marco y perspectiva son susceptibles de análisis, aproximaciones e intervenciones de diversa índole, aquellas políticas sectoriales en salud, tales como leyes, políticas y planes en salud mental y salud en general que involucran a poblaciones afectadas o vulneradas socialmente, y por ende en su salud mental, y, finalmente, las intervenciones estatales o legislativas que por conexidad se aproximan al resto de la población y se asocian con sus derechos y capitales, como medios para el logro de la salud mental.

7Este documento analiza, desde tal perspectiva, el articulado de la Ley 1448, así como su alcance inicial en el campo de la salud mental, lo cual permite hacer un seguimiento a largo plazo sobre su implementación e impacto, sus logros y limitaciones.

II. LOS DIVERSOS ESPACIOS DE SALUD MENTAL EN LA LEY DE VÍCTIMAS DESDE EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL

8Dentro del articulado de la Ley 1448 es posible identificar diversas instancias referidas a lo que se ha denominado, en la construcción nacional de política pública en salud mental, el “campo de la salud mental” (De Santacruz, Molina y Aitken, 2007). Con base en ello, existen en la ley elementos de la salud mental emparentados con el ejercicio de derechos y espacios de reparación distintos a los elementos específicos del sector salud, pero conexos con un concepto más amplio de salud en general y de salud mental en particular.

9Realizar este análisis más amplio es pertinente desde la mirada planteada, ya que la propuesta de campo de la salud mental, trasciende el ejercicio sectorial y es acorde con la estrategia en el sector salud, de Atención Primaria en Salud (oms, 1978), que según la Ley 1438, es la estrategia intersectorial (Congreso de la República. Ley 1438 de 2011)

10La correlación va de los conceptos amplios de la intervención legislativa a los específicos.

III. SALUD MENTAL Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

11En primera instancia encontramos un espacio de discusión sobre salud mental y es el de los derechos de las víctimas. Como se ha discutido con anterioridad (Cátedra Unesco 2006-2010) existe una relación estrecha entre el ejercicio pleno de los derechos y la salud mental: no hay salud mental, si no hay derechos (Molina, 2007).

12Desde este punto de vista, la ley de víctimas se puede considerar en su conjunto como una estrategia global de salud mental para las víctimas: promoviendo los derechos en medio del conflicto y reconociendo los derechos como parte fundamental de su definición: “Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 30 de la presente ley tendrán entre otros los siguientes derechos…” (Congreso de la República. Ley 1448 de 2011).

13Se deberá entonces considerar que uno de los derechos que tienen las víctimas, “entre otros”, es el derecho a la salud mental como se encuentra establecido en la Ley 1438 que así lo consagra (art. 65) (Congreso de la República. Ley 1438 de 2011).

14Además, se deben resaltar, en términos de salud mental, los siguientes derechos que se establecen en el artículo 28 de la Ley de Víctimas (aunque todos se encuentren asociados).

  • Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
  • Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
  • Derecho a la reunificación familiar cuando, por razón de su tipo de victimización, se haya dividido el núcleo familiar.
  • Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

15En los apartados anteriores se ha buscado rescatar los elementos de reconstrucción del capital simbólico de las víctimas, contando con un espacio de diálogo: el derecho a la salud mental a través de la atención y la reparación, el derecho fundamental a reunificar la familia (la red primaria de apoyo es un entorno indispensable para la salud mental) y, por último, liberar a la mujer de todas las formas en las que se le violenta en el conflicto (también se debería resaltar el derecho a la no violencia para niños y adultos mayores).

IV. SALUD MENTAL, REPARACIÓN Y CAPITAL GLOBAL

16Otro vínculo entre el campo de la salud mental y la Ley de Víctimas se establece en los procesos de reparación y en la restitución de tierras. Toda reparación del capital del cual fueron despojadas las víctimas, ya sea de carácter económico, cultural, simbólico o social, promueve la restitución de su salud mental y previene múltiples problemas en este campo, los cuales se presentan debido a los aplazamientos y revictimizaciones asociadas con su no reconocimiento como víctimas, y al desconocimiento de los diversos capitales (no solo económicos, sino también sociales, culturales y simbólicos) que les fueron arrebatados en medio del conflicto (molina, 2007). Un ejemplo primordial es la restitución de tierras: en esta se restituye un capital económico, pero adicionalmente se restituye el carácter simbólico (legitimador) de la tierra, los capitales sociales que se construyeron en dicho territorio (en ocasiones desde tiempos ancestrales) y la posibilidad de hacer uso del capital cultural acumulado.

17Desde este punto de vista, el espíritu de la Ley 1448 está vinculado, en general, con la salud mental, si la entendemos aquella como un bien colectivo, que en el caso de esta ley se rescata a través de la restitución de capitales y un esfuerzo nacional, colectivo y redistributivo (De Santacruz, Molina y Aitken, 2007), para rescatar a las víctimas de la situación en la que se encuentran.

V. LOS ESPACIOS PARA LAS INTERVENCIONES EN SALUD MENTAL EN LA LEY DE VÍCTIMAS

18Desde el punto de vista planteado, la ley de víctimas es en su conjunto una estrategia de salud mental: promueve los derechos en medio del conflicto y establece estrategias de prevención primaria para los trastornos mentales. Sin embargo, será necesario determinar en los apartados los elementos de prevención secundaria y terciaria de posibles problemas de salud mental o trastornos mentales específicos.

19Los espacios de intervención en salud de la ley de víctimas se encuentran planteados en el Título iii, de Ayuda Humanitaria, Atención y Asistencia, que contempla la atención médica y psicológica con el fin de restablecer la vigencia efectiva de los derechos. Así mismo, plantea la atención de emergencia, cobertura y asistencia a la población en esta situación y determina, además, la distinción, dentro de toda la atención, de la atención humanitaria a víctimas del desplazamiento forzado.

20En el título iv, se establece la reparación a las víctimas, la cual considera medidas de rehabilitación de la población en las áreas psicosocial y de salud integral (individual, familiar y comunitaria), con gratuidad y garantía de servicios. En este punto, sin embargo, es necesario aclarar cómo se desarrollará una rehabilitación familiar y comunitaria. El modelo imperante de intervención y rehabilitación es de carácter individual y muy limitado en torno a lo colectivo, teniendo en cuenta, además, que las intervenciones comunitarias no necesariamente consideran al sujeto colectivo de derechos y que el concepto de comunidad ha sido cuestionado como base de las intervenciones biopolíticas (Esposito, 2003).

21En el Título iii, Capítulo i de Ayuda Humanitaria, Atención y Asistencia, se contempla la atención médica y psicológica de emergencia (art. 47), estando obligadas las instituciones públicas y privadas a esta intervención.

22Al respecto existen inicialmente dos inquietudes: 1. En qué consiste la atención de emergencia y en qué parámetros se basa su establecimiento, y 2. Cuáles son sus interpretaciones frente a la mejora de la situación estructural y no tan solo la coyuntural.

23Por otro lado, si las instituciones públicas y privadas están obligadas a esta atención, ¿cuál es la garantía y disponibilidad del recurso en aquellas instituciones? y ¿quiénes vigilarán el cumplimiento de dichas obligaciones, en particular con respecto a los entes privados, ips y eps?

24Está demostrado que el modelo de aseguramiento que estableció la Ley 100 (Congreso de la República. Ley 100 de 1993) y las reformas siguientes ha carecido de las herramientas de control y vigilancia necesarias para garantizar el acceso a las intervenciones.

25Existe en este punto una discusión adicional que se proyecta y es la limitación en las intervenciones o plan de beneficios del pos, las cuales fueron equiparadas en el régimen contributivo y subsidiado. Infortunadamente, muchas de las acciones y avances en salud mental que se habían desarrollado en el régimen subsidiado, como los hospitales día para niños y la atención al adulto mayor, fueron abolidas “recortando la atención y equiparando por lo bajo”. Adicionalmente, los trámites asociados al acceso se han incrementado, al tener que desarrollarse a través de autorizaciones engorrosas que generan filtros para la atención.

26En el Capítulo ii “Medidas de asistencia y atención a las víctimas”, se prioriza: “Restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas” y, dentro de la atención, privilegiar la “información, orientación y acompañamiento (jurídico) y psicosocial”.

27Ya de manera más explícita, en materia de salud, el artículo 52 establece que el “El sgsss garantizará la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de la presente ley, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del sgsss”. En este punto existen serias dificultades en salud mental, ya que está demostrado el déficit que en este aspecto subsiste en el sgsss desde la Ley 100 de 1993, tal como lo han aceptado lo gobiernos de turno.

28Adicionalmente, la carencia de datos sobre los recursos existentes en salud mental ha llevado a una incertidumbre sobre la oferta, lo cual ha generado la no participación en la nueva edición del Atlas de salud mental desarrollado en el año 2010 y publicado en 2011, al lado de países como Libia y Venezuela, lo que atenta contra la planeación del recurso y del talento humano para intervenir la población afectada en salud mental (World Health Organization, 2011).

29Por otro lado, dentro de la ley se establece que “toda persona que sea incluida en el Registro Único de Víctimas accederá a la afiliación contemplada en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011, y se considerará elegible para el subsidio en salud”.

30En esto último habrá que definir quiénes son los “elegibles” para dicho subsidio, y en qué condiciones y cuál será el acceso real. Este planteamiento viene asociado a una ampliación de los servicios para dicha población, en los términos del Parágrafo 1.° del artículo 52 de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “Con el fin de garantizar la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de que trata la presente ley, priorizando y atendiendo a las necesidades particulares de esta población, se realizará la actualización del Plan Obligatorio de Salud”; así como en los términos del artículo 65 de la Ley 1438 de 2011 que, como hemos dicho, establece la salud mental como un derecho.

31Además, como víctimas, estarán exentas de copagos en el sisben, lo cual viene siendo considerado para la población en situación de desplazamiento forzado.

32En el artículo 53 del Capítulo ii se recuerda nuevamente la obligatoriedad de la atención de emergencia “con independencia de la capacidad socio-económica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión”. De igual manera, en el artículo 54 se contemplan servicios de asistencia específicos (hospitalización, material médico-quirúrgico, osteosíntesis, transporte, etc.), en los cuales, desafortunadamente, no se contemplaron servicios específicos en salud mental. No es evidente el tipo de intervenciones de carácter psicoterapéutico o las intervenciones en crisis, así como las acciones en salud mental de emergencia.

33Como en otras circunstancias, es necesario tener en cuenta que a la hora de articular la Ley con los propósitos gubernamentales de mantener el sistema de aseguramiento será de difícil la concreción, dado el alto costo de mantener una cobertura real. El modelo gubernamental de gestión social del riesgo no ha sido compatible con las necesidades psicosociales y en salud de un país en conflicto como el nuestro, y menos con un modelo de atención primaria en salud.

34En este punto en particular surge una pregunta: ¿cómo articular la ley de víctimas con la aps en salud mental en el marco de un sistema de aseguramiento? ¿Si el sistema es modificado, cómo se garantiza la cobertura de esta población?

35En los artículos 62 a 65 del Capítulo iii. “De la atención a las víctimas del desplazamiento forzado”, se establecen elementos asociados a la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, lo que incluye las etapas de atención humanitaria, atención inmediata, atención humanitaria de emergencia y de transición, lo cual es acorde con el espíritu general de la ley. La ventaja de intervenir la situación crítica conlleva el riesgo inherente de no intervenir los problemas estructurales, y promover el asistencialismo y la “cronificación” de la situación.

36En el Título iv. “Reparación de las víctimas”, Capítulo viii. “Medidas de rehabilitación”, se establecen medidas para mitigar e intervenir las consecuencias en salud del conflicto. Sin embargo, no es clara la delimitación de las intervenciones, en particular cuáles corresponden a lo psicosocial y cuáles a salud mental.

37Los conceptos psicosocial y salud mental fueron construidos sin mayor delimitación en el país, lo que ha generado dificultades a la hora de su implementación. Por un lado, la endíadis “psicosocial” ha tenido múltiples interpretaciones asociadas, unas de carácter más clínico, en tanto factores o determinantes externos al individuo, y otras de carácter más social, en lo que se refiere a aproximaciones ajenas a la mirada medicalizada. Ambas posturas tienen efecto en la realidad generando acciones dispersas y traslapadas del gobierno.

38Como afirma el artículo 135, la rehabilitación es “una medida de reparación que debería integrar un conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social”.

39Dentro del programa de rehabilitación, el acompañamiento psicosocial:

… deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos.

40Sin embargo, los tiempos de la reparación no necesariamente son coincidentes con los tiempos en salud mental. Algunas de las mayores dificultades relacionadas con la víctimas tiene que ver con el tránsito después de la victimización y los procesos que se derivan de esta situación, que se elaboran (tramitan, solucionan) emocionalmente en tiempos no predefinidos y socioculturalmente diversos.

41El programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas (art. 137) incluye:

  1. Proactividad. Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las víctimas.
  2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberán contar con un componente de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias, según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.
  3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido, y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.
  4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén contemplados en el programa.
  5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales.
  6. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención.
  7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios, entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.

42Esta aproximación a las características del programa, y quizás sus principios rectores, establece elementos generales de intervención pero desconoce el enfoque diferencial en las intervenciones y la necesidad de contextualizar el enfoque propuesto. Es así como intervenciones descontextualizadas en salud mental suelen generar rechazo al no establecer las características propias de la comunidad objeto (Molina, 2007).

43Para el sustento económico de las intervenciones se establece en el parágrafo anexo al artículo 137, que

… los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas serán reconocidos y pagados por conducto del Ministerio de la Protección Social con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud –Fosyga–, Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, salvo que estén cubiertos por otro ente asegurador en salud.

44Lo anterior implica la posibilidad de cobro a la nación por parte de las entidades de salud, siempre que se establezca el conducto necesario para sustentar dichos cobros.

45Finalmente, en el artículo 138 se plantea “la estructura, funciones y operatividad del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas”, en el cual se establecen elementos básico para la estructuración de estos programas, sin que exista una claridad en los lineamientos de política que se deben seguir.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

46Para el desarrollo de la Ley 1448, tal como ha sido planteada, se requiere establecer los elementos necesarios para la estructuración de un plan de atención que la reglamente. Dentro de dicho proceso se deberán instituir los parámetros para la atención en salud, en salud mental y en el área psicosocial, los cuales generan dudas al analizar el texto de la ley ya que no establecen cuáles serán los lineamientos mínimos que se podrán exigir al Estado sobre estos elementos de atención.

47De otro modo, los vacíos que queden llevarán a dificultades similares a las planteadas en la atención previa a poblaciones vulnerables, y a las contradicciones que han prevalecido hasta el momento en salud mental, lo cual se ha relacionado con barreras de acceso, desviación de recursos, estigma y revictimización.

48El propósito del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en su participación en la Cátedra unesco ha sido:

  1. Realizar una revisión crítica del desarrollo de la política pública en salud mental;
  2. Identificar las principales vulneraciones que en salud mental sufren las víctimas de conflictos armados;
  3. Analizar las aproximaciones que hasta el momento se han propuesto para la población en situación de desplazamiento forzado y la población víctima de conflicto armado, y
  4. Proponer un estudio de salud mental en población víctima del desplazamiento forzado.

49Dadas las limitaciones existentes en la literatura colombiana sobre las vivencias del conflicto, la recuperación de la memoria histórica y la vulneración de la salud mental (más allá de los servicios de atención específicos a la población afectada), se hace necesaria una aproximación a estas características (salud mental, y problemas y/o trastornos mentales), en términos individuales, poblacionales y colectivos.

50Desde la perspectiva del campo de la salud mental (De Santacruz, Molina y Aitken, 2007), la aproximación deberá contemplar:

  1. Los trastornos mentales asociados al conflicto en la población afectada.
  2. La afectación en la salud mental de las poblaciones vulnerables, aun cuando no se configuren trastornos mentales específicos.
  3. El vínculo entre la salud mental de la población víctima del conflicto y la población receptora.

51Este último punto resulta fundamental en pos de los procesos de reparación y reintegración, de limitación del estigma de la población y de procesos de verdadera superación de la condición de víctima.

52Aún más complejo y necesario es contemplar que en estos procesos de reintegración en comunidad es altamente probable que participen también, y de alguna manera, aquellos que fueron parte de los grupos armados en un proceso de postconflicto de construcción de convivencia social.

53De ser así, la propuesta de intervenciones colectivas que propone la Ley 1448 deberá sustentarse en la Ley 1438, que rescata el derecho a la salud mental, y en una ley de salud mental que establezca los espacios y recursos necesarios para la promoción de la salud mental y la prevención de los problemas asociados.

54La base para esta construcción no podrá estar restringida a la evidencia foránea y descontextualizada que se ha utilizado de manera reiterada desde la mirada médica, sino que requiere de una aproximación a la evidencia, a la experiencia nacional y regional, así como al contexto local, que reconozca la carga de enfermedad de los trastornos mentales y los determinantes sociales de la salud mental, en particular aquellos que generan inequidades, y la multiculturalidad, como elementos propicios y adecuados para acercarse a la población afectada.

55La estrategia de Atención Primaria en Salud, que rescata la Ley 1438, servirá de marco para las nuevas propuestas, siempre que no se restrinja a una mirada economicista y cortoplacista de mercado (a la que estamos acostumbrados) que cuente, además, con una nueva política nacional de salud mental de forma que se trabaje con un norte claro.

56Así, la población actual víctima del conflicto armado tendrá, entonces, la oportunidad de una visión de futuro más promisoria que el de las víctimas de los múltiples conflictos que ha padecido el país en el pasado, en la medida en que el Estado se comprometa de manera concreta con sus necesidades actuales en salud mental y las de toda la población que los acogerá en el marco deseado del post-conflicto.

57La perspectiva del campo de salud mental nos permitirá una aproximación propicia para continuar y poder analizar en un futuro el cumplimiento de este compromiso.

Bibliographie

BIBLIOGRAFÍA

Congreso de la República. Ley 100 de 1993, Bogotá, Diario Oficial.

Congreso de la República. Ley 1438 de 2011, Bogotá, Diario Oficial.

Congreso de la República. Ley 1448 de 2011, Bogotá, Diario Oficial.

De Santacruz, C.; C. I. Molina y M. C. Aitken. Política nacional del campo de la salud mental, Bogotá, Kimpres, 2007.

Esposito, R. Communitas: Origen y destino de la comunidad, Buenos Aires, Amorrortu, 2003.

Molina, C. I. “Capital global y política pública en salud mental: la pertinencia de la Política Nacional de salud mental ante las consecuenias emicionales, individuales y familiares del deplazamiento forzado”, en C. Unesco. Derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los derechos humanos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007.

oms. Declaración de Alma-Ata. Alma-Ata, urss, 1978.

World Health Organization. Mental Health Atlas, Geneva, who Press, 2011.

Annexes

ANEXO I. ELEMENTOS EN LA LEY 1448 ASOCIADOS A SALUD MENTAL Y ASISTENCIA EN SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA. APARTES DE ARTICULADO.

1.1.1. Definición de víctimas (art 3.).

1.1.2. Título iii. Ayuda Humanitaria, Atención y Asistencia.

Capítulo i. Ayuda humanitaria a las víctimas

Artículo 47. Ayuda humanitaria … atención médica y psicológica de emergencia.

Parágrafo 2. […] Las instituciones públicas y privadas.

Capítulo ii. Medidas de asistencia y atención a las víctimas.

Restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas

Atención: información, orientación y acompañamiento (jurídico) y psicosocial

Artículo 52. Medidas en materia de salud: “El sgsss garantizará la cobertura de la asistencia en salud a las víctimas de la presente ley, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de los actores del sgsss”.

Subsidio de salud

Parágrafo 1. Actualización del pos […] competencias del sgsss y los términos de la Ley 1438.

Parágrafo 2. Exentas de copagos en el sisben.

Artículo 53. Atención de emergencia

Artículo 54. Servicios de asistencia.

Hospitalización.

Material médico-quirúrgico, osteosíntesis.

Trasporte etc.

Capítulo iii. De la atención a las víctimas del desplazamiento forzado.

Artículo 62. Etapas de atención Humanitaria.

Artículo 63. Atención Inmediata.

Artículo 64. Atención Humanitaria de Emergencia.

Artículo 65. Atención Humanitaria de Emergencia.

1.1.3. Título iv. Reparación de las víctimas.

Capítulo viii. Medidas de rehabilitación.

Artículo 135. Rehabilitación. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social.

Artículo 136. Programa de rehabilitación.

El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos. Artículo 137. Programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas.

1. Proactividad. Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las víctimas.

2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un componente de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.

3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.

4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén contemplados en el programa.

5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales.

6. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a los servicios de atención.

7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios, entre otros profesionales, en función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines. Parágrafo. Los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas serán reconocidos y pagados por conducto del Ministerio de la Protección Social con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Fosyga), Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, salvo que estén cubiertos por otro ente asegurador en salud. Artículo 138. De la estructura, funciones y operatividad del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas.

Notes

1 Este trabajo ha sido desarrollado en el marco y con los recursos de la línea de investigación de Construcción Social de Salud mental, psiquiatría y sociedad, perteneciente al Área de Investigación de Salud, Conocimiento Médico y Sociedad del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social cids de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia.

© Universidad externado de Colombia, 2013

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