1La excepción como instrumento político aparece en la historia de Brasil de forma continua y permanente, expresándose a través de prácticas institucionales y sociales que constantemente reproducen en el presente las violencias pasadas y las lógicas autoritarias, arbitrarias y de barbarie ocurridas en situaciones históricas pretéritas.

2La reflexión contemporánea sobre las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos nos remite a los debates sobre el derecho a la verdad, la memoria sobre el pasado, las víctimas y la lucha por la justicia y la reparación. Pero también nos revela que hablar de un pasado de violaciones y de sus víctimas es constatar que el presente está marcado por la constante de las violencias, por la barbarie y la producción de nuevas víctimas. Revela que las políticas de olvido y conciliación llevaron a un proceso de represión y a la continua repetición de las prácticas de terror.

3El contexto contemporáneo del orden liberal no solo nos obliga a un análisis del cuadro actual de ampliación del aparato punitivo del sistema de control social penal, sino que hace también emerger un pasado obscuro que reaparece en el presente como fantasma de un largo pasado de violencias masivas contra poblaciones excluidas, contra esclavos, pobres, negros, indígenas, poblaciones marginalizadas, favelados, campesinos, trabajadores urbanos, defensores de derechos humanos, activistas sociales, presos, militantes de izquierda, etc. Estos fantasmas reaparecieron en momentos de excepción, como en el período de la dictadura brasilera entre 1964 y 1985, y sorprendentemente continúan también asustando con su presencia a las sociedades democratizadas. Y es aquí donde se percibe el eslabón entre el pasado de tinieblas y sus víctimas injusticiadas por las violaciones masivas y el presente sombrío de las sociedades contemporáneas.

4En relación con las torturas, la muerte, el desaparecimiento forzado de personas y otras violaciones de derechos humanos, Jose Maria Gomes afirmó que durante la democracia –especialmente en aquellas sociedades que pasaron por la experiencia del horror de Estado, como Brasil y Argentina, y no completaron sus procesos de transición–, ocurren más muertes, torturas y violencias que en los períodos dictatoriales3. Y aquí se establece el terrible puente entre las injusticias del pasado y las injusticias del presente de las sociedades del Cono Sur. Así, como expresan datos de entidades como Human Rights Watch, el sistema punitivo brasileño (policía y sistema penitenciario) asesina más en pleno Estado Democrático de Derecho que durante los 21 años de dictadura4.

5De este modo, solo es posible entender los problemas y conflictos del presente de una sociedad recurriendo a su pasado, como tampoco se puede concebir una política de memoria que parta del olvido o de la omisión del presente.

6Las sociedades que no superaron las barbaries históricas impregnaron su tejido social y su cultura con prácticas sociopolíticas que naturalizan las violencias, el autoritarismo, la exclusión social y la negación de los derechos de los que no tienen poder.

7Existe un puente entre el pasado de violencias en masa –de las violencias de una sociedad colonial y esclavista, y de las violencias de regímenes dictatoriales vividos en el transcurso del siglo xx– y el presente del capitalismo de barbarie. En Brasil, como en otras sociedades latinoamericanas, existe un legado histórico que viene de una arraigada cultura oligárquica cuya base está conformada por el pacto colonial, el autoritarismo, el esclavismo, el privilegio, la discriminación y la desvalorización humana de amplios segmentos sociales marginalizados.

8En este caso, siguiendo los pasos de Walter Benjamin, el análisis de la violencia que nos interesa centraliza su crítica en la violencia social en su relación con el derecho. Para Benjamin, toda violencia social tiende a legitimarse y esta legitimación necesita la complicidad del derecho.

9El autor afirma que toda violencia representa una forma de injusticia. Y tal situación se manifiesta como una sombra en todo orden social, inclusive en los considerados legítimos. Para Benjamin, el autoritarismo y la excepción están presentes en todas las sociedades contemporáneas. El autor llega a afirmar que para los oprimidos y las víctimas de la violencia, el estado de excepción es la regla general5.

10Esta excepcionalidad del terror embutido en las sociedades democráticas revela la esencia de las prácticas en la contemporaneidad, donde la lógica política del “campo” (refiriéndose al paradigma de Auschwitz)6 con las prácticas de violencia sistemática y masiva, se torna la referencia de la sociedad actual.

11Estas prácticas de violación en masa de los derechos humanos se reprodujeron en diferentes acciones en el transcurso del siglo xx y en esta primera década del siglo xxi, desde las experiencias de terror de Estado de las dictaduras militares del Cono Sud de América del Sur –especialmente los casos de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay–, hasta los días actuales bajo el orden neoliberal con los procesos de criminalización, control y ex-terminio de poblaciones excluidas y vulnerables. Es la reproducción del mal banalizado y radical.

12En el caso brasilero tenemos la herencia reciente del régimen militar instaurado a través de un golpe de Estado en 1964, suplantando al gobierno constitucional del Presidente João Goulart (Jango).

13En Brasil, el golpe militar de 1964 representó la instalación de una nueva forma de dominación política que posibilitó el desarrollo de un modelo de modernización capitalista dependiente y excluyente. Además de la gran represión política e ideológica sobre el conjunto de la población –que azotó principalmente a las clases populares, a los militantes de izquierda y a las lideranzas sindicales y de movimientos sociales–, el régimen impuesto posibilitó la creación de las condiciones y estímulos para la entrada de capitales extranjeros, con la política de contención de los niveles salariales (ajuste salarial), de beneficio a los grandes oligopolios en detrimento de las pequeñas y medias empresas, beneficiando el proceso de concentración ampliada del capital. De este modo, el golpe militar aceleró el proceso de expansión del capital monopolista, nacional e internacional, adaptando el aparato de Estado y la superestructura jurídico-política del país a las necesidades de la acumulación capitalista internacional. Representó, por lo tanto, un modelo de modernización autoritaria del capitalismo brasilero.

14El modelo de la dictadura militar brasilera presentó una característica fundacional, una dictadura de nuevo tipo que posibilitó la consolidación en los doce años siguientes de otras dictaduras militares en todo el Cono Sud del continente sudamericano.

15Durante el período 1964-1985 verificamos que las prácticas de falta de respeto a los derechos humanos y de violencia generalizada estuvieron acompañadas de justificativas sobre la seguridad nacional, el orden, el progreso y el desarrollo. La Doctrina de la Seguridad Nacional y el Desarrollo se convirtió en la base ideológica del régimen7. Las persecuciones políticas llevaron a la organización de un gran aparato de represión que se expresó en las prácticas de terror de Estado.

… aunque la tortura sea una institución muy antigua en el país y en todo el mundo, en Brasil ocupó la condición de instrumento rutinario en los interrogatorios sobre actividades de oposición al régimen, especialmente a partir de 1964 […] Si la tortura pudo transformarse en hecho cotidiano de la vida nacional fue porque todas las estructuras del Estado pasaban por un proceso correspondiente de endurecimiento y exclusión del derecho a participar. Se irguió en el país todo un poderoso sistema de represión y control, que es necesario conocer a partir de sus antecedentes más remotos8.

16Como vimos, la consolidación del Estado Autoritario a partir de 1964 tuvo como consecuencia la implantación de un modelo económico dependiente y concentrador de renta, aliado al capitalismo internacional y excluyente. Para la implantación y consolidación de este modelo económico fue necesaria la adecuación sin ningún tipo de cuestionamiento del aparato jurídico-político de Brasil a las necesidades de acumulación del capital. Las restricciones a las libertades democráticas y la represión a los movimientos sociales se convirtieron en garantía de que el proceso de acumulación capitalista internacionalizado podría seguir su marcha sin voces disonantes. En este sentido, hubo una intensa concentración del poder y se desencadenó una represión sin precedentes contra cualquier forma de oposición al modelo económico y a las prácticas del régimen9.

17En gran parte, este aparato represivo y las prácticas terroristas utilizadas por el régimen militar continuaron, después de 1985, en las acciones policiales contra las poblaciones más pobres, y principalmente después de 1988 con el nuevo orden constitucional del Estado Democrático de Derecho.

18Así, lo que llama la atención de los activistas de derechos humanos, como también de la reflexión académica sobre el tema, es que en Brasil la vuelta a la institucionalidad democrática a mediados de los años ochenta, no significó una disminución representativa en las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Por el contrario, lo que se verificó fue un aumento significativo de los casos de violaciones que se centró principalmente en los contingentes más pobres de la población.

19El tecnicismo de la violencia existente dentro de un orden social que admite la deshumanización, el exterminio y las prácticas sistemáticas de falta de respeto a los derechos humanos, creó una ética negativa. Y es importante notar que el puente que une el pasado de violaciones y su continuidad en el presente construyó un patrón humano de “vida desnuda”; según Agamben, cuando el ser humano no posee cualificativos jurídicos o institucionales se encuentra fuera del alcance legal y adopta un nuevo patrón político cuya regla es el estado de excepción, momento de barbarie10.

20Aun siguiendo las reflexiones de Walter Benjamin, para evitar la repetición de la barbarie debe construirse una formación ética a partir de la memoria y de la modificación de la forma linear de entender el proceso histórico (“Nunca Mais”, como un nuevo imperativo categórico, según Theodor Adorno). La política de la memoria, las narrativas y los testimonios de los que sufrieron, la justicia de las víctimas, son el rescate de ese pasado que se repite como violencia en el presente. A través de la memoria y del testimonio lo que quedó en el pasado es restaurado en el presente para dar sentido a lo vivido.

21El tratamiento del pasado del régimen militar brasilero exige el no olvido de las torturas, de los desaparecimientos forzados, de las muertes, de las persecuciones, de la censura. Pero también posibilita entender los procesos de democratización, que en el caso brasilero se desarrollaron en el contexto de la globalización neoliberal, y cómo la política de olvido y conciliación no rompió con el pasado de violaciones haciendo que el fenómeno de la violencia permanezca y hasta se haya ampliado en las sociedades democráticas, como forma de tensión y conflicto permanente. Lo que se pone de manifiesto aquí es la verificación de la institucionalidad de la democracia que comenzó a existir en el orden neoliberal y el rol del Estado, ya no como gestor del bienestar sino como medio de control social penal y de ampliación de las prácticas de violencia contra los sectores más vulnerables y excluidos socialmente.

22Como afirmamos atrás, la dictadura militar instaurada a partir de 1964 llevó a una gran expansión de los mecanismos de represión que alcanzó al conjunto de la sociedad, especialmente a todas las fuerzas políticas oposicionistas, los movimientos populares, las expresiones culturales, la producción del conocimiento crítico, etc., teniendo como base teórica la doctrina de la seguridad nacional y el desarrollo.

23Por otro lado, la transición democrática en Brasil pasó por diferentes etapas, en un lento proceso donde predominaron los pactos “por arriba”: los acuerdos oligárquicos entre sectores de la dictadura y los segmentos liberales. La cuestión de la Ley de Amnistía de 1979 es uno de los momentos que marcaron estos “pactos por arriba”, donde no fueron contempladas las reivindicaciones de los movimientos populares y de los movimientos de derechos humanos.

24La continuidad de las prácticas de represión, o de “violencia sin ley”, en pleno régimen democrático –después de 1985–, tuvo como base todo el aparato represivo construido durante el régimen militar y la manera como se dio el proceso de transición democrática bajo el aliento de los pactos “por arriba”, conciliación de elites, dirigidos por la oposición liberal y por sectores del régimen militar que buscaban una salida para el agotamiento del propio modelo político autoritario que, ya en la segunda mitad de la década del setenta, presentaba divergencias en el seno de las clases dominantes que desde 1964 dieron sustentación al régimen11.

25Fue durante el período militar que se profundizó la militarización de las policías y el uso desbordado de las políticas públicas y de los servicios de inteligencia (dops, doicodi); y fue la ley de seguridad nacional la que dio forma jurídica a la doctrina para garantizar la legalidad del aparato represivopunitivo organizado por el régimen. No debemos olvidar que la represión violenta contra la “subversión” no se limitó a los mecanismos formales, inclusive en la formalidad de excepción. La década de 1970 estuvo marcada por el surgimiento de los grupos de exterminio formados por miembros de las fuerzas armadas y por grupos civiles que servían de base operativa a los órganos de inteligencia y represión política. Una práctica que persiste hasta hoy, adelantada por la llamada “policía minera” y por milicias contra los nuevos enemigos –clases peligrosas empobrecidas.

26El montaje del aparato de terror del Estado durante la dictadura militar brasilera tuvo su momento clave con el inicio del gobierno del general Emilio Garrastazu Médici, en octubre de 1969. Este período del régimen dictatorial fue considerado el más duro, no solo del régimen de 1964 sino de toda la historia republicana, en el campo de la represión, del terror de Estado, de la violencia generalizada contra cualquier forma de oposición política o práctica sindical o comunitaria, o aun contra las expresiones culturales, etc. Fue durante este período, entre 1969 y 1974, que se creó un gran aparato de órganos de seguridad que llevó a prisión a millares de ciudadanos, tornando rutinario el uso de la tortura y del asesinato. Las fuerzas armadas se prepararon para combatir cualquier especie de oposición contra el régimen impuesto por la fuerza. Hubo una organización para la guerra abierta; aunque lo más importante fue la preparación para la guerra subterránea, sorda, clandestina, que se trabó a través de los interrogatorios, de las investigaciones sigilosas, de la escucha telefónica, del almacenamiento y procesamiento de las informaciones sobre todas las actividades consideradas oposicionistas. Se creó el Sistema Nacional de Informaciones, vértice en el Consejo de Seguridad Nacional, organizado en forma de pirámide, con base en las cámaras de tortura y los grupos operativos paramilitares. Con el crecimiento de los órganos de represión, a partir del período Médici, se dio la integración entre los diferentes organismos de seguridad –órganos vinculados al Ejército, la Aeronáutica, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales. Y en São Paulo, a partir de mediados de 1969, se experimentó otro órgano paramilitar –financiado por empresas multinacionales como la Ford, la General Motors, el Grupo Ultra, etc.– con la creación de la Operación Bandeirantes –oban–, cuya sede era la comisaría de la calle Tutóia. Los miembros de la oban eran militares de las tres armas y policías de las diferentes corporaciones.

27La experiencia de la oban sirvió de base para que los responsables por la seguridad nacional implantasen en todo el país, a partir de 1970, organismos de represión, control y seguridad con el nombre de Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna –doi-codi–12.

En el caso de São Paulo, el dops (más tarde deops) llegó prácticamente a competir con el doi-codi en la acción represiva reuniendo en torno del Delegado Sérgio Paranhos Fleury un equipo de investigadores que, además de torturar y matar innúmeros oposicionistas, eran simultáneamente integrantes de un bando autodenominado ‘Esquadrão da Morte’. Ese ‘Esquadrão’, con el pretexto de eliminar criminales comunes, llegó a asesinar centenas de brasileños, muchos de los cuales no registraban ningún tipo de antecedente criminal13.

28De esta forma, durante el proceso de democratización se mantuvo intacto el amplio aparato represivo, y sus agentes, mandantes militares y financiadores privados jamás fueron responsabilizados por los crímenes cometidos.

29En lo que se refiere a las cuestiones de seguridad pública, el legado autoritario de la dictadura militar se mantuvo también en la Constitución de 1988.

Nuestros constituyentes no consiguieron desprenderse del régimen autoritario recién finalizado, y acabaron constitucionalizando la actuación de organizaciones militares en actividades de policía (policía militar) y de defensa civil (cuerpo de bomberos), al lado de los policías civiles. Los policías continuaron constitucionalmente, aunque en menor grado, defendiendo más al Estado que al ciudadano14.

30Para Jorge Zaverucha, los militares brasileros perpetuaron su influencia en áreas estratégicas, principalmente en el sector de seguridad pública. En las luchas políticas durante el proceso de redemocratización, incluyendo las entabladas en la constituyente de 1986, la disputa por la dirección de las políticas de seguridad pública es la que mejor expresa el poder de los militares y la permanencia de las directrices de la Doctrina de Seguridad Nacional. Con el agotamiento de las experiencias de socialismo real, nuevos enemigos fueron elegidos en escala global: se substituyó el comunismo, el socialismo y los revolucionarios, por el narcotráfico y el terrorismo. El modelo de la seguridad nacional se adaptó entonces al nuevo orden, pasando de la guerra contra los comunistas a la guerra contra las drogas y el terror.

31La “Operación Rio”, adelantada en Rio de Janeiro en 1994, se constituyó en el marco del proceso de militarización de la seguridad pública. Pero dos años antes, en 1992, se había llevado a cabo en Rio la 2.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente –la Eco-92 o Rio-92–, con la presencia de una gran cantidad de jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de organizaciones no-gubernamentales de todo el mundo. Durante las actividades de la Eco-92, las fuerzas armadas fueron encargadas de patrullar la ciudad. Este hecho y la manipulación de los medios de comunicación crearon la falsa impresión de paz social que se incorporó al imaginario social tanto de los cariocas como de todos los brasileños. A partir de entonces, los segmentos más conservadores y retrógrados de la sociedad normalmente presentan aquel “ejemplo” de intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública como una solución adecuada para el control del crimen y la defensa de la paz en una ciudad en conflicto.

32En 1994, en medio de una coyuntura política de tensión y cerco a las políticas de derechos humanos adoptadas por el Gobierno (Leonel Brizola y Nilo Batista), hizo presencia el ejército en las favelas y suburbios de Rio de Janeiro, mediante la llamada “Operação Rio”: una maniobra de guerra en la cual ocuparon las favelas de la ciudad con el fin de combatir la criminalidad urbana15.

33En octubre de 1994, en medio de un cuadro de profundo aislamiento del gobierno de Rio de Janeiro como resultado de la coyuntura de las elecciones presidenciales, con la alianza conservadora de centro-derecha –psdb-pfl– que llevó a la presidencia de la República a Fernando Henrique Cardoso, se llegó a pensar en decretar el Estado de Defensa, lo que significaba, en la práctica, la intervención federal del Estado. Esta amenaza era una forma de confrontación política que colocaba a la defensiva las fuerzas democráticas progresistas, principalmente las que se encontraban en Rio de Janeiro.

Además de la “midia” y de la oposición política conservadora, la policía criminal, corrupta y envuelta con el narcotráfico y con el contrabando de armas, destilaban su odio a la política de derechos humanos implementada por el gobierno Brizola- Nilo Batista, con asesinatos, quema de archivos, masacres, fragilizando el gobierno y su autoridad16.

34La “Operación Rio” fue un episodio decisivo que marcó el fracaso del modelo democrático y participativo de gestión del control social penal17. Los militares empezaron a ser llamados para resolver problemas nacionales, no solo en el ámbito de la seguridad, como la defensa de la Amazonia, sino también en el área sanitaria, como la reciente intervención en la atención a pacientes con dengue en el Estado de Rio de Janeiro. Y también permitió el aumento de la aprobación popular a los militares, en especial al Ejército, avalada desde el final de la dictadura militar18.

35Así, a partir de 1994, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, ocurrieron reformulaciones institucionales bajo presión de los militares, consolidando su rol dirigente en las políticas de seguridad pública en el ámbito federal. La Medida Provisoria 1.911 de 1999, tomada en medio de una crisis interna de los comandantes de las fuerzas armadas, en un momento en que ocurría una importante huelga de camioneros, extinguió en julio de 1999 la Casa Militar, la cual fue sustituida por el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República –gsi–, responsable de “prevenir la ocurrencia y articular el gerenciamiento de crisis en casos de grave e inminente amenaza a la estabilidad” y de “coordinar las actividades de inteligencia federal”. El general Alberto Cardoso, con el status de ministro de Estado, fue nombrado para la dirección del gsi. La Secretaría Nacional Anti-Drogas fue puesta bajo la responsabilidad del gsi y, por lo tanto, del general Cardoso, como también el recién creado Subsistema Nacional de Inteligencia, vinculado al gsi, responsable por centralizar todos los servicios de inteligencia civil y militar del país, incluyendo los servicios reservados de las policías militares (P-2s). Mediante la Ley 9.883 de 1998, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso también instituyó la Agencia Brasilera de Inteligencia y, bajo el comando del gsi, acabó incorporando los cuadros del extinto Servicio Nacional de Informações –sni–, órgano de inteligencia de la dictadura militar. Además, reglamentó por medio del Decreto 3.897 de 2001 la intervención de las fuerzas armadas en la “garantía de la ley y del orden”, para certificar sus acciones cuando fueran empleadas en áreas urbanas. Finalmente, mantuvo en vigor la Ley de Seguridad Nacional y amenazó usarla contra el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra –mst–19, pero reculó frente a las divergencias con los agentes de la Policía Federal que se recusaron a realizar tal incriminación.

36A fines del año 2000, después de una serie de ataques por parte de las facciones del narcotráfico en Rio de Janeiro, fueron movilizadas las fuerzas policiales (Policía Militar, Bope, Policía Civil, Policía Federal) y las fuerzas armadas (Ejército y Marina), con parte de las tropas que estuvieron en las fuerzas de la onu en Haití. Esta movilización de fuerzas, con el apoyo de los gobiernos federal y estadual, ocupó la Vila Cruzeiro en la Penha, y el Complexo do Alemão, considerados reductos del Comando Vermelho, la mayor facción de narcotraficantes de Rio de Janeiro. La gran prensa dio a los eventos un aspecto de liberación de las áreas subyugadas por la tiranía del tráfico de drogas. El problema era cómo limitar estas acciones a los aspectos policiales y a una lógica militar de ocupación de territorios enemigos. Lo que llamó la atención en el episodio fue exactamente la presencia de las tropas y armas del Ejército y de la Marina de Guerra.

37La lógica del enemigo interno utilizada por los regímenes autoritarios continúa en vigor, y los militares persisten en imponer sus métodos y valores en la conducción de las políticas de seguridad. Y entre las prácticas de “combate al enemigo” la tortura ha sido uno de los métodos más utilizados. Desde la fundación del Estado Novo, en 1937, hasta el día de hoy, la violencia institucional y la tortura se han generalizado en Brasil. Los “enemigos” fueron inicialmente los comunistas, los militantes de izquierda y los sindicalistas. Hoy son los excluidos sociales, los pobres, los que no tienen espacio en el modelo neoliberal, aquellos contingentes marginalizados llamados por Zygmunt Bauman “consumidores fallidos”. La noción de amenaza al orden se mantiene, pero los estereotipos actuales recaen sobre quienes son identificados como bandidos, terroristas y narcotraficantes.

38El control social penal contemporáneo adopta los conceptos de “guerra interna” –conflictos bélicos en territorios determinados en el espacio de la ciudad– y de enemigo –aquel que coloca en riesgo el orden establecido20. Las prácticas belicistas y la “metáfora de la guerra” empiezan a hacer parte de las políticas de seguridad pública. Los conflictos sociales son criminalizados y tratados con el uso de la fuerza, de la militarización de las acciones, donde no existe límite para el exterminio y destrucción del “otro”. Y el “otro” tiene la cara del “enemigo”. La figura del “enemigo” es construida de forma amplia, incorporando diversos segmentos sociales que comienzan a ser criminalizados, reprimidos, controlados, segregados y eliminados.

39El belicismo penal y la “metáfora de la guerra” son divulgados por la “midia” y por el discurso de las autoridades hasta alcanzar el imaginario de la población. A partir de ahí, la ciudadanía es obligada a elegir de qué lado está: del lado del orden y la ley, o del lado del desorden y el crimen. Se crea una falsa opción entre “ciudadano” y “bandido”.

40Con la lógica de la guerra son admitidos los “excesos inevitables”, el cerco de las favelas, el trato de las áreas populares como territorio enemigo, hostil y peligroso, la deshumanización de los moradores de estas áreas a través de persecuciones, torturas, detenciones arbitrarias y sin mandato judicial, asesinatos, etc. A este cuadro se une la práctica de las ejecuciones sumarias de bandidos, sospechosos y moradores de las zonas “peligrosas”, a través de los llamados “autos de resistencia”, que son un “permiso para matar”: la aplicación de la “pena de muerte informal”. Es la lógica de la guerra con la suspensión, en pleno orden democrático, de las garantías constitucionales de la ciudadanía para las poblaciones de estas áreas en conflicto.

41El paradigma de la eficiencia penal, aplicado mediante la política del enfrentamiento y de la criminalización de las cuestiones sociales, con acciones altamente represivas que alcanzan directamente los segmentos sociales más pobres y miserables, consolidó el modelo militarizado, la concepción bélica de seguridad pública y las prácticas de excepción como reivindicaciones de los medios de comunicación hegemónicos y por sectores de las clases media y alta. Esto lleva a la población y a los medios de comunicación de masa a rechazar los principios de los derechos humanos, limitando profundamente la ciudadanía de los subalternos. Se empieza a fortalecer el discurso conservador de que no existe compatibilidad entre los principios de derechos humanos, la legalidad democrática, el ejercicio de la ciudadanía y la seguridad pública. Este discurso conservador, en el sentido común de las clases media y alta, acaba consolidando una especie de “fascismo social”, con demandas de recrudecimiento penal, aumento de penas e inclusive de retrocesos en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de las poblaciones más pobres y excluidas de la sociedad.

42La crítica a los principios de derechos humanos lleva a la deshumanización de los transgresores, pervertidos y criminales. Este proceso de deshumanización se extiende al conjunto de las clases populares, identificadas como peligrosas y potenciales ejecutoras de acciones transgresoras y de prácticas desestabilizadoras del orden instituido.

43Con la preservación de las características del modelo neoliberal, los segmentos sociales en situación vulnerable continuarán sin espacio, sin tener un lugar formal en el proceso productivo. Esto significa la continuidad de los amplios procesos de exclusión iniciados a fines de los años setenta e inicios de la década de los ochenta, cuando se implantó el modelo actual. Así, la lógica, el discurso y las prácticas de criminalización ampliada deberán continuar cumpliendo su rol de regulación social a través de la exclusión, penalización y exterminio de los segmentos considerados indeseados.

44Desde 2007 fueron asesinadas en Brasil cerca de 150 mil personas; casi 50 mil muertos por año. Las acciones de la policía son responsables por gran parte de estas muertes. A pesar de que Brasil vive desde 1988 un orden constitucional democrático, de haber adherido a las Convenciones internacionales de derechos humanos –como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros– hubo un aumento significativo de los casos de violaciones de derechos humanos que se generalizaron a mediante los asesinatos, el desaparecimiento forzado, las torturas, los tratos crueles e inhumanos y las condiciones en las prisiones.

45Incluso las acciones positivas de los mandatos del Presidente Luis Inácio Lula da Silva, a través de la Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República y de las acciones federales con el Programa de Aceleração do Crescimento da Segurança (pac da Segurança) y del pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) tuvieron gran dificultad para alcanzar las metas establecidas de reducir al 50% los asesinatos en 201021. A pesar de cierta mejoría en el cuadro, según datos del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –ipea–, con una tímida disminución en los asesinatos, la situación aún es grave22.

46Según el sociólogo Ignacio Cano, la imagen del desaparecimiento forzado aparece asociada a las dictaduras militares. Tanto en las dictaduras de América Central, principalmente en Guatemala, como en el caso argentino, el desaparecimiento forzado de personas alcanzó cifras elevadas. En el caso brasilero, aunque en menor escala, la represión de la dictadura militar también echó mano de este método. Lo que asusta es que en Brasil, en pleno Estado Democrático de Derecho, el desaparecimiento forzado de personas continúa siendo una práctica usual, como que el número de casos es mucho más elevado que durante el régimen militar. Solamente en el año 2007 la Policía Civil del Estado de Rio de Janeiro registró cerca de 4.600 casos de desaparición, más de la mitad del número de homicidios23.

47En Brasil la realidad permanente de naturalización de la violencia y la barbarie confirma la aseveración de Walter Benjamin en su Octava Tesis: para los oprimidos el estado de excepción es la regla general, mientras en otras partes del mundo el imperativo categórico adorniano del “Nunca Más” indica la idea de la excepcionalidad de la barbarie como situación puntual en la historia de una determinada sociedad, en períodos de emergencia, de guerra o autoritarios, en Brasil, por el contrario, la barbarie no es una excepción sino la regla general, constitutiva de esta sociedad, contra los oprimidos y vulnerables.

48El proceso de transición democrática en Brasil permanece inconcluso, acentuado por una intensa batalla hermenéutica sobre la significación del pasado24; batalla hermenéutica que estuvo –y continúa estando– marcada en nuestra sociedad por las prácticas políticas. Es justamente mediante la deconstrucción de la versión oficial de la historia de los vencedores y la recuperación del testimonio de las víctimas de las violencias que será posible la solución de este impasse.

49Para construir la paz social en el presente y en el futuro no se puede perder de vista la vigencia de las injusticias pasadas y la actualidad del sufrimiento impuesto. La memoria de las víctimas sirve de señal y condición necesaria para romper con la lógica destructiva del pasado de violencias que se reproduce en el presente25.

50El puente de la violencia que sirve de unión entre el pasado de violaciones de derechos humanos, sistemáticas y masivas, y la presente barbarie que sujeta millares de brasileños jóvenes y pobres a las condiciones de “vida desnuda”, solo podrá ser destruido a partir de una política de la memoria que reivindique la justicia mediante la instalación –ya prevista por el 3.^er Programa Nacional de Derechos Humanos– de la Comisión de Verdad y Reparación, la apertura de todos los archivos del período de la dictadura militar, el reconocimiento público de las responsabilidades por las violencias cometidas y la posibilidad de reparación por los crímenes practicados por los agentes del régimen militar. Solamente así será posible dar fin a una larga agonía, deconstruyendo los discursos autoritarios y desmontando las políticas genocidas adoptadas contra la gran masa de los excluidos sociales.

Cuando el muro separa / Un puente une
Si la venganza encara / El remordimiento pune
Tu vienes me agarras / Alguien me suelta
Tu vienes a la fuerza / Ella un día vuelve
Y si la fuerza es tuya / Ella un día es nuestra
Mira el muro, mira el puente,
Mira el día de ayer llegando
Qué miedo tienes de nosotros
Mira ahí.
Tu cortas un verso / Yo escribo otro.
Tú me prendes vivo / Yo escapo muerto
De repente, mírame de nuevo
Perturbando la paz / Exigiendo el trueque
Vamos por ahí, yo y mi perro
Mira el verso, mira el joven llegando
Qué miedo tienes de nosotros
Mira ahí!
(Pesadelo – Mauricio Tapajós y Paulo César Pinheiro)