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Cátedra Unesco. Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Bibiana Ximena Sarmiento Alvarez

Construcción de la política pública para la población con discapacidad mental, víctima del conflicto armado: espacios y actores

Construction of the public policy for people with mental disabilities, victims of armed conflict: spaces and actors

Carlos Iván Molina Bulla

Résumé

En este capítulo se aborda la investigación realizada en 2016 sobre el desarrollo de política pública para la población víctima del conflicto armado con discapacidad mental/psicosocial. Para tal fin se acude a la revisión histórica, documental y a actores/agentes que han desarrollado perspectivas y aportes encaminados a la construcción de decisiones en el campo de la intersección de la salud mental, el conflicto armado y la discapacidad. Se identifican las posturas de agentes gubernamentales, de expertos en atención psicosocial/mental, de grupos organizados, así como de víctimas del conflicto armado. Finalmente, se establecen algunas de las limitaciones en el desarrollo de la participación y la gobernanza en este espacio de discusión.

This chapter describe research conducted in 2016 on the development o public policy for the population victims o armed conflict with mental/psychosocial disability. To that end, we turn to the historical review, documentary and actors/agents who have developed contributions and perspectives to the construction o decisions in the intersection between the mental health field, armed conflict and disability. The positions o government agents, experts in psychosocial/mental health care, organized groups, as well as victims o armed conflict are identified. Some o the limitations in the development o participation are established and governance in this space for discussion.

Texte intégral

introducción

1La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, en el marco de su participación desde 2006 en la Cátedra Unesco: “Derechos Humanos y violencia: gobierno y gobernanza”, ha llevado a cabo una aproximación a la construcción de política pública para la población desplazada y víctima del conflicto armado, con énfasis en aquella población con problemas mentales (que no llegan a configurar un trastorno), trastornos mentales y discapacidad mental.

2El interés de la Cátedra Unesco está relacionado con el seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el auto 006 de 2009 sobre protección a las personas en situación de desplazamiento forzado con discapacidad, en las que hace énfasis en la salud mental, en el marco de la sentencia T-025 de 2004.

3Como lo plantea la Corte Constitucional en el auto 006 de 2009:

[…] conforme a los instrumentos internacionales reseñados es claro que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las personas con discapacidad, que lo obligan no sólo a evitar eventuales discriminaciones, sino también a desarrollar acciones tendientes a garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar de todos los derechos constitucionales, en igualdad de condiciones.

4Ahora bien, este capítulo hace una aproximación e indagación en torno a la construcción conceptual, institucional y participativa que ha marcado las decisiones gubernamentales para la población víctima del conflicto armado y la discapacidad mental. Se abordan los datos existentes en torno a la discapacidad en la población víctima del conflicto armado que proceden de la indagación efectuada en 2015, la aproximación del gobierno nacional a propósito de la discapacidad, de la salud mental y la construcción de política para la población víctima del conflicto con discapacidad, así como la participación de la comunidad en esta construcción.

5Del mismo modo, se identifican y abordan documentos, agentes y actores interesados en la construcción de política pública en torno a discapacidad mental/psicosocial y a salud mental, así como el desarrollo de la participación democrática y deliberativa en la elaboración de políticas, planes y programas.

6Las preguntas generales que se formularon en esta indagación a partir de revisión documental, entrevistas, observación participante y grupos de discusión fueron: ¿Cuáles son los elementos conceptuales que se establecen en torno a la discapacidad mental/psicosocial? ¿Cuáles son los elementos de política pública con que se cuenta? ¿Cuáles son los espacios de desarrollo de política pública y la participación en tales espacios? ¿Cómo se posicionan los actores frente a esta problemática y al desarrollo de la política pública?

discapacidad en el marco del conflicto armado colombiano: situación actual

7De acuerdo con la revisión efectuada con relación a la población con discapacidad, según cifras publicadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los datos obtenidos del Registro Único de Víctimas, el número de personas que presentaban algún tipo de discapacidad para diciembre de 2016 era el siguiente:

tabla 1. hecho victimizante por número de personas víctimas con discapacidad y sin discapacidad

Hecho

Con discapacidad

Sin discapacidad

Sin información

2

42

Pérdida de bienes muebles o inmuebles

7.168

101.424

Abandono o despojo forzado de tierras

119

4.241

Homicidio

21.761

962.647

Secuestro

1.820

32.580

Desaparición forzada

4.955

160.637

Tortura

1.134

9.023

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

1.839

15.740

Vinculación de niños, niñas y adolescentes

257

7.782

Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos

11.423

81.523

Amenaza

21.180

307.200

Minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo

3.981

6.887

Desplazamiento

187.265

6.850.697

Fecha de corte: 01/12/2016-12:00:00 a. m.
(Fuente: Red Nacional de Información (
rni)).

8En los hallazgos de esta aproximación, con corte al 1 de diciembre de 2016, el desplazamiento forzado se establecía como el hecho victimizante asociado a un mayor número de víctimas con algún tipo de discapacidad, con 187.265 personas registradas, lo cual representa un incremento frente a febrero de 2016, cuando se reportaban 173.106 personas. En segundo lugar, las personas con discapacidad que reportaron como hecho victimizante el homicidio, con 21.761 personas y, en tercer lugar, la amenaza, con 21.180 personas. En las personas sin discapacidad, el orden del hecho victimizante se mantiene, aunque cambia en la proporción de homicidios, como se puede observar en la Tabla 1.

9Se encontró además que los hombres que presentan algún tipo de discapacidad habían sufrido en mayor proporción que las mujeres el desplazamiento forzado (lo cual no sucede con la población sin discapacidad, en la que la relación es inversa), al haber sido víctimas de minas/artefactos antipersonal, de amenazas, de actos terroristas/atentados/combates y hostigamientos. En cambio, en las mujeres prevalece haber sido víctima de delitos contra la integridad sexual, o haber padecido la muerte o desaparición de un familiar, como se puede observar en la Tabla 2.

tabla 2. hecho victimizante por número de personas víctimas con discapacidad y sin discapacidad y género de la víctima

tabla 2. hecho victimizante por número de personas víctimas con discapacidad y sin discapacidad y género de la víctima

tabla 2. hecho victimizante por número de personas víctimas con discapacidad y sin discapacidad y género de la víctima. (Continuación)

tabla 2. hecho victimizante por número de personas víctimas con discapacidad y sin discapacidad y género de la víctima. (Continuación)

Fecha de corte: 01/12/2016-12:00:00 a. m.

10Una de las conclusiones en el avance de este proyecto en 2015, y que se confirma con los hallazgos de 2016, es que el conflicto armado no solo causa, sino que además exacerba, los diferentes tipos de estructuras de desigualdad y de inequidad presentes en las sociedades donde estos fenómenos tienen lugar. Agudiza las formas de discriminación, aislamiento, exclusión y todo tipo de violencias de las cuales son víctimas las personas con discapacidad.

  • 1 Corte Constitucional, Auto 006 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

11Adicionalmente, resulta claro lo planteado por la Corte Constitucional cuando reconoce en el Auto 006 que las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas afrodescendientes, indígenas, palenqueras y raizales, son mucho más afectadas, lo que lleva a que la población con discapacidad se encuentre en un nivel de vulnerabilidad extrema, en el que se evidencia una violación grave de sus derechos fundamentales1.

12También se pudo observar, en esta primera aproximación de 2015, que la situación particular de la salud mental y la discapacidad mental-psicosocial en Colombia, asociada al conflicto armado, no es clara y requiere una aproximación adicional dado el riesgo de una doble o triple estigmatización asociada con esta población y su condición.

construcción conceptual y de política pública para la discapacidad mental y el conflicto armado: discusiones con actores diversos

desde la construcción histórica del concepto de discapacidad mental

13En la búsqueda histórica y documental sobre el concepto de discapacidad mental en 2015 y 2016 se encuentran algunas perspectivas y tendencias que posibilitan la construcción histórica del concepto en el contexto occidental, analizadas a su vez por otros autores en el contexto latinoamericano (Ventura Velásquez, Ventura Puebla y Hernández Tapanez, 2003).

14En 2016, se pudo corroborar cómo algunas de estas perspectivas históricas no se encuentran agotadas del todo en el presente y entran todavía en pugna en el campo de la discapacidad y la inclusión. Esto se hace evidente a la hora de consultar a los actores que participan en la discusión y al abordar sus posturas.

15Dentro de las aproximaciones a la discapacidad mental/psicosocial encontradas, se puede apreciar:

16• La mirada mágico-religiosa, en la que la discapacidad mental aún está emparentada con la noción de locura, como la aborda desde el punto de vista arqueológico Foucault (1994) y en la que nociones como el pecado, la mujer, la brujería y la mala fortuna se encuentran emparentadas. Desde la antropología médica se han planteado estos elementos “mágico-brujescos” en la comprensión social de la discapacidad mental que identifica Foucault desde la Edad Media y que todavía persisten en muchas regiones de Colombia, en donde la locura es aún un permanente estado de maldición, de gracia o de desgracia (Ossa, 2016; González, 2016). La intervención social desde esta perspectiva es más cercana a una aceptación parcial dentro del entorno o de expulsión de las ciudades, similar a la descrita en el célebre cuadro de El Bosco, La nave de los locos (Foucault, 1994). Estos hallazgos desde las ciencias sociales serían susceptibles de una mayor indagación, ya que son prevalentes en la periferia social, en las regiones de mayor influencia rural y no existe una forma unívoca de interpretación.

17• La mirada eugenésica, muy cuestionada en la actualidad, desde la cual la discapacidad estaba asociada con la anormalidad/degeneración/cronicidad (Asociación Española de Neuropsiquiatría, 1986) atribuible a la estructura biológica individuo/linaje/familia alterados (Foucault, 2003) y que alimentó las intervenciones médicas del siglo xix. Este tipo de conceptos fueron construidos de modo gradual en la época alienista de la psiquiatría del siglo xix (Vallejoy Leal, 2008) y su intervención implicó mecanismos de exclusión/eliminación (Foucault, 2012; Espino y García, 1998) que impactaron la intervención de la enfermedad mental, la creación de los grandes manicomios, así como la vida social y la política colombiana con representantes de la psiquiatría como Luis López de Mesa y Miguel Jiménez López (Carrizosa, 2014).

18• La mirada rehabilitadora-médica tiene elementos comunes con la anterior perspectiva en su origen y su ideal es la optimización individual desde la intervención de la lesión, el déficit o la enfermedad. Esta perspectiva acude a la mirada anatómico-clínica, es potenciadora de las habilidades y reivindica el derecho a una mejor calidad de vida. Sin embargo, como plantea Canguilhem (2004), la mirada medicalizada de la salud tiene el costo de ser segmentadora de los individuos, de sus funciones y de sus capacidades, al centrar su atención en la enfermedad y no en la salud. Pese a ello, es innegable el derecho a la rehabilitación en la discapacidad mental y los resultados favorables, en muchos casos, asociados a las intervenciones biológicas, psicofarmacológicas o psicoterapéuticas en términos sociales (Espino y García, 1998).

19Adicionalmente, en el caso de la discapacidad mental se establece un problema en la delimitación desde esta perspectiva, dado que la estructuración de la evidencia del daño no era ni es todavía claramente anatómica, fisiológica o bioquímica. A pesar del intento de sustentar esta perspectiva con base en las teorías sobre el linaje, los psicotrópicos y la estadística (Foucault, 2003), desde el siglo xix hasta hoy aún se carece de marcadores biológicos.

20Se dificulta entonces sustentar, en el marco de un modelo biomédico, estas características de la anormalidad, así como soportar un resultado consistente de las intervenciones desarrolladas en todos los casos.

21• Una compensación a estas dificultades y limitaciones acude a la perspectiva biosicosocial en el siglo xx, a los elementos multifactoriales de la enfermedad, a los determinantes sociales de la salud y a otras argumentaciones para sustentar la intervención desde diferentes aproximaciones clínicas en la actualidad. A pesar de los avances anteriores, algunos de los grupos de actores indagados en el campo de la discapacidad resienten esta aproximación clínica por considerarla excluyente y estigmatizadora. Esta perspectiva también ha sido cuestionada desde autores de la psiquiatría clínica como Nassir Ghaemi, por considerar que es susceptible a una pobre argumentación teórica y a vacíos considerables en su estructuración, lo que conlleva justificar cualquier interpretación e intervención en la discapacidad mental/psicosocial (Ghaemi, 2009).

  • 2 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención i (...)

22• La mirada basada en los derechos humanos, la perspectiva social del derecho, la ciudadanía y la inclusión social, que se relacionó en el siglo xx, en el caso de la discapacidad mental, con los movimientos de reforma psiquiátrica (francesa, inglesa, italiana, estadounidense y española) de la salud mental comunitaria y de la atención primaria en salud en España (Espino y García, 1998) y en Colombia (Escudero y Molina-Bulla, 2011). En esta aproximación prevalece el sujeto de derechos individual y colectivo, se privilegian las intervenciones sobre la vulnerabilidad de una población en general, la población en riesgo, pero va más allá en términos garantistas (de los derechos), acompañada de la intervención necesaria sobre la sociedad y la comunidad que tiene el deber de acoger a estos individuos e incluirlos, y potenciar sus capacidades sin estigmatizarlos. Buena parte de esta mirada se encuentra relacionada con la Declaración de Caracas de 1990 (Espino y García, 1998). Esta perspectiva entra en consonancia con los lineamientos de convenciones suscritas2 para la aproximación a la discapacidad en general.

23• Por último, la mirada basada en habilidades divergentes y la negación de la discapacidad que no es causalista, no se centra en el problema individual y atribuye parte o la totalidad del problema a la sociedad, a la familia y a la medicina como estrategia de control social. Cuestiona el estigma asociado con el diagnóstico, la enfermedad, no por los efectos del trastorno, sino por la etiqueta social (Goffman, 2000). Desde esta perspectiva vale la pena que las capacidades de poblaciones en condiciones divergentes sean visibilizadas, gestionadas, agenciadas y no relegadas. Esta mirada va más allá de la perspectiva de la inclusión social, al efectuar una atribución radical del concepto de discapacidad mental a un ejercicio de control social y de poder, que incluso llega al punto de negar la discapacidad como lo hizo la antipsiquiatría en el siglo xx y considerar que la enfermedad mental es un mito (Szasz, 1994).

24Uno de los efectos de estas miradas es cuestionar las intervenciones de rehabilitación de las personas con discapacidad mental o psicosocial, al considerar estas intervenciones como innecesarias, fraudulentas y/o violentas (Gonzalez, 2016). Justifica la discapacidad (diversidad) mental como diferencia entre individuos y como parte del abanico o espectro social (Szasz, 1994). Existen grupos de actores en el campo de la discapacidad en el país que responden a esta mirada y que cuestionan el desarrollo de la política pública centrada en la rehabilitación.

desde la construcción estatal de la política pública

25En lo que se refiere al análisis de los discursos en la política pública, hay una orientación divergente entre la construcción de políticas para la discapacidad mental y la discapacidad en general.

26Para la Política Nacional de Salud Mental de 1998, aún vigente, la discapacidad mental es contemplada como uno de los “factores críticos” para el desarrollo de la política y reconoce limitaciones en su intervención:

4.8 Carencia de recursos institucionales y de inversión para el desarrollo de programas de rehabilitación, que cuenten con el apoyo intersectorial, principalmente dirigido a grupos poblacionales con discapacidad, para así limitar las secuelas y cronicidad que pueden dejar (Ministerio de Salud de Colombia, 1998).

27Adicionalmente, uno de los propósitos del gobierno que desarrolló esta política en su “salto social” fue contemplar:

[…] los programas de protección social para los grupos poblacionales vulnerables entre ellos la población con discapacidad cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de esta población y el logro de su integración social y económica [y la] orientación de programas fundamentalmente a la prevención de la discapacidad (1998).

28La argumentación de la política de salud mental de 1998 es acudir también a elementos académicos y epidemiológicos para justificar su desarrollo en lo que a discapacidad se refiere, pero no es amplia en su intervención:

Los datos señalan que aproximadamente el 12% de la población presenta algún tipo de discapacidad o limitación física, mental o sensorial (8), la mayoría de los cuales no tiene acceso a los servicios sociales. Las discapacidades por trastornos mentales ocupan un lugar bastante importante dentro de la carga de enfermedad y discapacidad, teniendo en cuenta causas tales como el retardo mental, la epilepsia y los trastornos emocionales (Ministerio de Salud de Colombia, 1998).

29El contacto de la política pública, en este caso, con el campo académico, es aún limitado y está planteado en torno a la discapacidad como elemento de la carga de la enfermedad, la gestión del riesgo y no en tanto en la intervención en sí misma o como una política explícita sobre la discapacidad mental, menos aún sobre la que está asociada al conflicto armado. Prioriza además la discapacidad asociada al déficit cognitivo (retraso mental) y a la epilepsia sobre otras discapacidades.

30Adicionalmente, lo más cercano a un lineamiento reciente de política de salud mental para la discapacidad se encuentra consignado en el Plan Decenal de Salud Pública (Ministerio de salud y protección social de Colombia, 2013). Este plan establece una dimensión de convivencia social y salud mental, con dos componentes, uno de “promoción de la salud mental y la convivencia” y otro de “prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia”. En este último, se da importancia a lo relacionado con el conflicto armado y los efectos de la violencia. Sin embargo, en ningún apartado del plan se contempla la discapacidad mental como objeto de intervención.

31Por otro lado, en contraste con la política de salud mental y de acuerdo con la revisión realizada, la delimitación de una política nacional de discapacidad (discapacidad en general) tiene un mayor desarrollo en el Documento Conpes 116 de 2013 (Consejo Nacional de Política Económica y Social (dnp), 2013), el cual avanza en la comprensión de la discapacidad y adicionalmente establece compromisos en torno a su intervención asociada al conflicto armado. En el proceso de seguimiento de esta política se establecen parámetros explícitos para su desarrollo y el compromiso intersectorial en torno a la discapacidad en general, aunque no resultan claros en lo relacionado con los efectos del conflicto armado.

32Las diferentes aproximaciones a la discapacidad planteadas en el documento Conpes coinciden en algunos elementos con el desarrollo del concepto de discapacidad mental, ya que reconoce un modelo médico-biológico, uno social, uno político-activista, un modelo universal y uno biopsicosocial (Consejo Nacional de Política Económica y Social (dnp), 2013).

33De allí que la aproximación aceptada en esta política pública sea:

Es posible establecer un lazo entre los distintos niveles (biológico, personal y social) que sustentan la discapacidad y desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada uno de ellos. Se facilita, además, gracias a esta visión integradora, el establecimiento de una diferenciación entre los distintos componentes de la discapacidad, por ejemplo, entre las deficiencias, las actividades personales y la participación en la sociedad, lo cual nos clarifica la naturaleza de las actuaciones que son requeridas y los niveles a los que dichas actuaciones han de estar dirigidas (Consejo Nacional de Política Económica y Social (dnp), 2013).

34Sin embargo, en lo que se refiere a la población con discapacidad mental, se hace evidente un rezago con respecto a otras discapacidades, ya que, aunque aparece en las estadísticas citadas por la política pública, sólo se menciona en la necesidad de medicamentos y no ahonda en otros elementos de intervención o desarrollo (Consejo Nacional de Política Económica y Social (dnp), 2013).

35Al observar la trayectoria legislativa de 2009 a 2013 y las políticas de discapacidad, se hace más evidente que el avance en este campo es limitado, lo que se agrega al desarrollo también limitado de la política nacional en salud mental. Es necesario entonces establecer si en el espacio práctico del desarrollo de las políticas y desde los actores, el tema de la salud mental y la discapacidad mental/psicosocial es relevante.

desde la mirada de los agentes y actores sociales

desde los agentes gubernamentales

  • 3 Entrevistas a referentes de la política de discapacidad y de salud mental en el Ministerio de salud (...)

36En las entrevistas con los agentes gubernamentales (Ministerio de Salud, 2015 y 2016) que gestionan y desarrollan la política pública de discapacidad en el ámbito nacional, los mayores avances se encuentran en los espacios de construcción de la política de discapacidad y el documento Conpes asociado. En cambio, el desarrollo de una nueva política nacional de salud mental se encuentra aún en desarrollo3.

37De esta aproximación se hace relevante:

  • En cuanto a los espacios de participación, son más evidentes en el caso de la construcción de una política de discapacidad en general y no para la política de salud mental.

  • Para el caso de la política de discapacidad, los actores participantes han tenido un papel protagónico y una participación más amplia en el desarrollo e implementación de esta política de discapacidad, que en ocasiones ha convocado a las víctimas del conflicto armado para su participación y la gestión de recursos.

  • La participación de personas con discapacidad mental, en cambio, es menor y genera resistencias por parte de algunos actores en algunas comunidades y regiones.

38Todo lo anterior explica, al menos en parte, el pobre desarrollo de la participación de personas con discapacidad mental y sus familias en el desarrollo de una y otra política, ya que su rol no ha sido tan claro en este proceso, como el de otras discapacidades, de acuerdo con lo planteado por los actores sociales.

en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado

  • 4 Entrevista con el Dr. Alfonso Rodríguez.

39Desde la mirada experta en salud mental y atención psicosocial4 para las víctimas del conflicto armado, el desarrollo de política pública implica considerar una aproximación no patologizante y medicalizada, que intente manejar de nuevo a las víctimas como personas enfermas, como en el pasado.

40• No se puede confundir y emparentar el ser víctima con el tener discapacidad mental.

  • 5 Opinión experta del Dr. Alfonso Rodríguez.

41• Lo anterior no obvia que hay una población víctima que es altamente vulnerable y que ha requerido mayor atención, “es crítico en víctimas de tortura, de secuestro y minas antipersonal”5. El trabajo en atención a las víctimas debe ser conjunto con otras especialidades y terapeutas. Además, para este tipo de intervenciones es básico el acompañamiento familiar, distinto a la población víctima de alguna otra forma.

42• Las manifestaciones psicosomáticas son además numerosas. Son intervenciones muy específicas que aborden lo laboral y lo familiar. Además, en este caso, existe el alto riesgo de fracturas familiares o de violencia intrafamiliar y abandonos después de instaurada la discapacidad.

43• Buena parte de los procesos que han resultado favorables en la atención a víctimas tiene que ver con salir adelante en los dos ámbitos: familiar y laboral.

44• En general, existiría un acuerdo con la política de discapacidad en términos positivos como está planteada.

45• Otros grupos priorizables en la actualidad son las víctimas de violencia sexual y la población lgbti, en la medida en que está involucrado el cuerpo y las graves vejaciones a las que estuvieron expuestas durante el conflicto armado.

46• Otra dimensión problemática es la confusión sobre qué es psicosocial, cómo se entiende, el abordaje psicosocial, ya que con frecuencia es tomado para actividades lúdicas, uso del tiempo libre o como talleres, que terminan siendo un riesgo de banalización de la política pública.

47• Otro riesgo es la mercantilización de las intervenciones, que pueden ser serías pero que se ofertan como la solución para todo: mindfulness, psicodrama, etc. Usarlo para todo y para todos los territorios no es pertinente.

48• Por último, existe el riesgo de burnout en los profesionales involucrados en las actividades.

49Para rematar, desde esta perspectiva del doctor Rodríguez, compartida por otros expertos en el tema, se indica priorizar las recomendaciones que se hacen en salud mental y no hablar de protocolos inmodificables. Estas recomendaciones se adaptan al contexto y requieren la participación de la comunidad en pleno y de intervenciones contextualizadas.

desde la población con discapacidad mental/psicosocial

  • 6 En espacios como el nodo comunitario en salud mental o en el movimiento por la salud mental, 2016.

50Para las personas que participan desde una perspectiva comunitaria6, existen desarrollos en la política de discapacidad, pero está pendiente el desarrollo de una política de salud mental y que en el discurso de discapacidad se dé relevancia a la discapacidad psicosocial.

51Se resalta en este punto:

  • La escasa participación de las personas con discapacidad mental/psicosocial en la construcción de políticas de discapacidad y políticas de salud mental.

  • Aunque existe un nodo comunitario de salud mental, asociado a la discusión sobre discapacidad mental, su participación en el desarrollo de la política nacional de salud mental se da en espacios de socialización de los lineamientos gubernamentales, más que en espacios de construcción conjunta de las políticas.

  • Existe una acción permanente por la garantía del derecho a la salud y el acceso a los tratamientos en el caso de la discapacidad mental, pero este acceso es limitado.

  • En el caso de las políticas de discapacidad, el espacio está copado por otro tipo de discapacidades y por personas de la comunidad cercanas al gobierno, que no necesariamente asumen una posición crítica frente al mismo.

  • En el caso de las políticas de salud mental, el atraso es evidente en la construcción de una nueva política de salud mental, exigencia de la Ley 1616 de 2013 y en la que participó el nodo comunitario.

  • La participación del nodo comunitario se ha sido restringida por parte del Ministerio de Salud cuando se trata de crear espacios para la construcción de políticas públicas o para integrar el Consejo Nacional de Salud Mental.

  • En torno a la discapacidad se pretende lograr posicionar el concepto de discapacidad mental/psicosocial o discapacidad psicosocial dada la alta carga estigmatizante que tiene el concepto “mental” en torno a la enfermedad.

desde la población víctima y discapacitada

52En relación con lo planteado por la población víctima del conflicto, hay que reconocer que la institucionalidad y los actores indagados privilegian a aquella población que se encuentra aglutinada en movimientos sociales u organizaciones. La población víctima no organizada asume posiciones que pueden ser divergentes con respecto a su relación con el Estado, así como con fenómenos como el proceso de paz (Mendoza, 2016). Esta población no participante en el desarrollo de políticas requiere una mayor indagación.

  • 7 Encuentro nacional de redes de las asociaciones de personas con discapacidad en Colombia, 11 de nov (...)

53En cuanto a los movimientos que trabajan en salud mental, hay grupos con representación nacional como el nodo comunitario de salud mental y que coinciden por lo general con los representantes que trabajan en relación con la discapacidad mental o psicosocial. Sus posturas reconocen los desarrollos estatales en torno a la agenda de discapacidad y los compromisos internacionales asociados con ella, pero con las restricciones ya comentadas en relación con el trabajo por lo mental7.

  • 8 Movimiento Social de Discapacidad en Colombia (Mosodic), entrevista grupal, mayo de 2016.

54Por otro lado, existen grupos asociados de víctimas del conflicto con discapacidad8 que trabajan parcialmente con entes gubernamentales y que reconocen al Ministerio de Salud su labor en la política de discapacidad, aunque más limitada en el campo de la salud mental frente a otras discapacidades.

55En tercer lugar, existen grupos de discapacidad que han acogido a víctimas del conflicto que critican la perspectiva gubernamental, los espacios de participación del gobierno y la participación en la construcción de políticas públicas, en tanto consideran que los agentes gubernamentales no convocan a las víctimas y que en muchas ocasiones son las familias de las personas con discapacidad quienes se abrogan el derecho a hablar por ellos o ellas. No son tenidos en cuenta como víctimas y, en tanto su discapacidad, tampoco se les incluye en el proceso de paz. Para ellos y ellas:

  • La discapacidad es o puede ser múltiple y no solo mental/psicosocial, lo cual no es contemplado en el ámbito gubernamental para las víctimas o si lo es, se hace de manera muy restringida.

  • En muchos casos, la discapacidad fue provocada por la acción u omisión estatal o por agentes estatales.

  • La discapacidad mental se convierte en una excusa para no ser convocados, argumentando la patología como una razón de exclusión de la participación.

  • La discapacidad generada por agentes del Estado es sistemáticamente invisibilizada y en cambio sí se convierte en una atribución al pasado de las víctimas y no al hecho victimizante, o a la vulneración de los derechos de la que han sido objeto, con lo que se les revictimiza.

56Llama la atención que algunos de estos actores, pertenecientes a estos grupos y que reclaman en la actualidad al Estado desde su posición de víctimas con discapacidad mental, estuvieron en otro momento del lado de los agentes gubernamentales, años antes y en el pasado contribuyeron a construir política pública. Las trayectorias de estos casos específicos plantean un reto de investigación posterior.

encuentros y desencuentros en la construcción participativa de una polÍtica pÚblica para la discapacidad asociada con el conflicto armado

57Dentro de los hallazgos, en primera instancia se pudo establecer un incremento de la población víctima del conflicto armado con discapacidad, primordialmente aquella que fue víctima de desplazamiento forzado de enero a diciembre de 2016, a pesar del proceso de paz llevado a cabo con las Farc y la intervención estatal en diferentes ámbitos.

58Este incremento refuerza las apreciaciones planteadas en torno a la alta vulnerabilidad de esta población, la persistencia del fenómeno y la necesidad de desarrollar políticas, planes y programas acorde con las características de estas víctimas.

59Sin embargo, a la hora de abordar los documentos estatales y los actores involucrados, se pueden establecer varios puntos críticos en el desarrollo de las políticas y en la construcción de una discusión participativa de éstas en torno a la discapacidad mental/psicosocial en personas víctimas del conflicto armado:

  1. Los espacios estatales, los espacios de movimientos sociales (de atención y de victimas) y los espacios académicos: establecen puntos de contacto en desarrollo, que aún son frágiles en su construcción y en los que predomina el discurso y las intervenciones sobre otras discapacidades distintas a la discapacidad mental. “Lo mental” en la discusión está más o menos relegado a un tercer plano.

  2. Las divergencias conceptuales entre la construcción de lo mental y lo psicosocial: aún se encuentra en desarrollo aclarar lo que implican los términos sobre discapacidad mental y psicosocial, sobre el estigma relacionado con el término mental, así como su apropiación para las intervenciones en la política pública en torno a la población general y en particular para las víctimas del conflicto armado con discapacidad.

    • 9 Planteado en una reunión con Mosodic.

    El estigma y la carga de enfermedad para la población con discapacidad mental, víctima del conflicto armado, podría ser sumativa y múltiple: los estigmas asociados con ser víctima del conflicto, con el diagnóstico de trastorno mental y el de la discapacidad mental asociada que no parece “evidente” como otras discapacidades y sí altamente desadaptativa y/o una razón de exclusión de los vínculos sociales y los espacios participativos. En algunos casos, se suma el estigma de haber sido víctimas de crímenes de Estado, con la consecuente etiqueta de la insurgencia, o de la mentira9.

  3. Problemas en la consolidación y continuidad de los espacios de comunicación y espacios de decisión, que dependen particularmente del interés estatal por la participación, lo cual habla de una gobernanza democrática limitada.

  4. Por último, una tensión evidente entre la perspectiva médico-rehabilitadora y la perspectiva social del derecho, que es evidente en el caso de la discapacidad en general, pero que se hace crítica en el caso de la discapacidad mental, dado que se ponen sobre el tapete discusiones sobre autonomía, interdicción y toma de decisiones con apoyo. A esta dificultad se le suma la situación crítica de la atención básica y el derecho a la atención en salud de las personas con discapacidad mental.

60Con base en los elementos planteados en el registro de víctimas del conflicto armado, elementos históricos, relatos y experiencia de los agentes y actores, se hace indispensable una reformulación de las políticas abordadas. El desarrollo de una política de salud mental y de discapacidad mental/psicosocial debería convocar a los diferentes actores y agentes con énfasis en la población más vulnerable y en particular en la población víctima del conflicto armado. Esta población específica se encuentra invisibilizada y doblemente estigmatizada.

61Adicionalmente, ambas políticas deberían tener una articulación explícita con las políticas del posconflicto y la reconciliación, con un carácter territorial que se ajuste a las necesidades regionales diversas y no a la mirada estandarizante de la gestión gubernamental. De no ser así, esta gestión se hace susceptible, como en el pasado, de discursos y prácticas de grupos de presión con intereses que imponen su propia agenda como agenda pública.

62Para cerrar, es del caso agradecer los espacios brindados para esta investigación en el Ministerio de Salud, a los expertos consultados, a los grupos de personas con discapacidad e inclusión social, a los movimientos y personas asociados al trabajo en salud mental. Asímismo, toda la labor del nodo comunitario de salud mental y a los movimientos de víctimas del conflicto armado.

Bibliographie

bibliografía

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Notes

1 Corte Constitucional, Auto 006 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

2 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

3 Entrevistas a referentes de la política de discapacidad y de salud mental en el Ministerio de salud y protección social. Observación participante.

4 Entrevista con el Dr. Alfonso Rodríguez.

5 Opinión experta del Dr. Alfonso Rodríguez.

6 En espacios como el nodo comunitario en salud mental o en el movimiento por la salud mental, 2016.

7 Encuentro nacional de redes de las asociaciones de personas con discapacidad en Colombia, 11 de noviembre 2016.

8 Movimiento Social de Discapacidad en Colombia (Mosodic), entrevista grupal, mayo de 2016.

9 Planteado en una reunión con Mosodic.

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