Territorio y conflicto: perspectivas de la criminalidad en el posconflicto en Colombia1
Conflict and territory: perspectives on crime in Colombia’s post-conflict
p. 17-68
Résumés
La implementación de los acuerdos de paz con las farc y las negociaciones con el eln hacen que en la actualidad Colombia se deba enfrentar a un importante desafío: la consolidación territorial en zonas donde antes no hacía presencia ni ejercía control el Estado. Esto, a su vez, está intrínsecamente ligado a disponer de respuestas adecuadas frente a la criminalidad y la posibilidad de construir una paz estable y duradera. La complejidad de estos fenómenos, de la mano de las amplias limitaciones para el conocimiento de sus dimensiones y dinámicas, genera profundos interrogantes sobre la capacidad del Estado para abordarlos y alcanzar los propósitos de paz social que se ha planteado.
Este trabajo analiza espacialmente algunos delitos de alto impacto desde 1991 hasta 2014. El estudio interrelacionado permite establecer paralelos con algunos procesos anteriores de desmovilización y justicia transicional, describir el comportamiento de estos fenómenos en las últimas décadas, así como plantear algunas posibles hipótesis y recomendaciones sobre esta aproximación al delito en clave de posconflicto.
In the context of the implementation of the Peace Accord with Colombia’s Revolutionary Armed Forces (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-farc) and peace negotiations with the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional-eln), Colombia faces a tremendous challenge: the territorial consolidation of state power in places where it didn’t make any presence before. This challenge is related to the state’s capacity to fight crime and build a stable and lasting peace. Criminal phenomena are complex. Moreover, the impossibility of reaching full understanding of crime’s real dimensions and dynamics sets up unsurmountable limits in the State’s capacity to fight against crime. Therefore, this limitation raises questions about consolidating social peace.
In this article, I undertake a spatial analysis of six high impact crimes, from 1991 to 2014 in Colombia. I aim at finding similarities and differences between the current peace implementation process, and previous demobilization and transitional processes. Also, I describe these crimes’ behavior over the course of the last two decades, and formulate some hypotheses and recommendations for the analysis of criminal phenomena in a post-conflict context.
Entrées d’index
Keywords : spatial analysis, criminal policy, high impact crimes, crime geography, Peace Accord
Palabras claves : análisis espacial, política criminal, delitos de alto impacto, geografía del delito, acuerdos de paz
Texte intégral
Introducción
1Abordar los cambios en las dinámicas de la criminalidad es un requisito fundamental para conocer las principales problemáticas que se viven en el país en términos de seguridad y justicia, precisar los registros oficiales con los que se cuenta e identificar los aspectos que inciden en el desplazamiento de estos fenómenos entre territorios y en la variación de los registros disponibles. En la actualidad, la implementación de los acuerdos de paz con las farc y las negociaciones con la guerrilla del eln requiere la identificación de las principales transmutaciones de los fenómenos de la violencia y su desplazamiento en el territorio para poder anticipar los posibles efectos en el orden público y en la convivencia; además de producir respuestas sistemáticas en materia de política criminal que permitan generar acciones preventivas que intervengan los conflictos sociales posteriores a los acuerdos de paz. Entre otras, alarmas, se identifican la incorporación de desmovilizados a actividades económicas ilegales (fip, 2016), que se explica por una gran cantidad de factores de riesgo; el aumento de la violencia doméstica y sexual en las zonas de acogida (Scanlon y Muddell, 2009; Mazzoldi y Marín, 2016) y otros aspectos relacionados con las actividades ilegales que previamente desempeñaban los grupos armados.
2Este trabajo pretende brindar elementos para estudiar la variación de las dinámicas de la criminalidad en el ámbito municipal a través del análisis de algunos delitos violentos considerados de alto impacto2: homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, secuestro y delitos sexuales3, entre 1991 y 2014, que permiten identificar relaciones entre estas variaciones y fenómenos y las transformaciones políticas (como el proceso de Justicia y Paz), económicas, sociales e incluso la misma efectividad de las estrategias del control del delito, de las políticas de seguridad y la política criminal.
3La metodología principal que se utilizó para el desarrollo de este trabajo fue la heurística hermenéutica. Esta perspectiva permite la articulación de métodos cuantitativos y cualitativos que maximicen su rendimiento. De esta manera, la fase heurística se concentró en el levantamiento de los datos estadísticos relativos a los registros de criminalidad. Para esto, se tomaron como referencia las estadísticas de defunciones no fetales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) y los datos registrados administrativamente por la Policía Nacional4, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Nacional de Medicina Legal5.
4Para el análisis estadístico de los datos, se aplicó el método de interpolación Kriging, entre otras herramientas complementarias para el análisis de los distintos datos aportados por las entidades para cada una de las modalidades delictivas escogidas.
5Por su parte, la perspectiva hermenéutica recurrió a la teoría fundamentada, que señala que deben tomarse los hechos para construir la teoría que va a ser diseñada como marco analítico en el proceso investigativo. Desde esta perspectiva, resulta un error considerar que el marco teórico puede ser formulado de manera previa a la aproximación a los hechos objeto de análisis, por lo que es necesario elaborar la teoría una vez que se lleve a cabo un proceso de sistematización de la información, para no acomodar interpretaciones o condicionar la realidad a la perspectiva que propone la teoría escogida con anticipación (Strauss y Corbin, 2002). A partir del análisis geo estadístico de los datos y de la reconstrucción del contexto, se procedió a definir las categorías de análisis.
6A continuación, se presenta un breve recorrido por los elementos conceptuales y teóricos, desde la política criminal y el territorio, que sirvieron de marco para la presente investigación. Luego, se procede a mostrar los datos y los resultados del análisis geo estadístico, para al final dar a conocer las conclusiones y las hipótesis que permiten sugerir algunas consideraciones para futuros análisis en el marco del posconflicto.
Análisis espacial, criminalidad y control social
7El análisis espacial en estudios criminológicos y de política criminal ha estado muy relacionado con las teorías ecológicas y con los análisis urbanos del delito6, cuyas conclusiones y recomendaciones han sido acogidas principalmente por las instituciones estatales generadoras de políticas de seguridad. Sin embargo, este tipo de análisis no ha tenido mayores desarrollos en el país, que permitan sacar conclusiones en materia de política criminal para desarrollar propuestas orientadas a la construcción de un marco de acción preventivo y reactivo (fundamentalmente, en términos de justicia)7. En este sentido, y con la perspectiva del posconflicto, resulta esencial plantear algunas hipótesis sobre factores y elementos que inciden en la transformación de estas dinámicas de la criminalidad.
8Desde la perspectiva positivista, inicialmente ligada al estudio de las causas del delito, se creía que éstas podían ser identificadas en el delincuente. Este enfoque tuvo una transformación al introducir la dimensión del espacio en el análisis, a partir de la cual las causas o factores que inciden en la ocurrencia del delito no se van a encontrar en el delincuente sino en el contexto que lo rodea (Weisburd y Telep, 2014).
9Por otra parte, la noción de espacio se constituye en una categoría esencial para la disciplina geográfica, puesto que, junto con el concepto de lugar, región y territorio, definen los criterios esenciales para estudiar las relaciones entre los seres humanos y el medio natural (Mercier, 2009). Desde una perspectiva social, las prácticas sociales y los discursos deben ser comprendidos en el espacio. Un enfoque procesual permitiría afirmar que no es posible comprender el delito, ni el control social como categorías en abstracto y que su análisis debe estar ligado a un contexto social y a un lugar en particular.
10El análisis espacial8 ha sido una de las técnicas de análisis criminológico administrativo de mayor uso por parte de las agencias de seguridad de los Estados (Norza-Céspedes y Espino-Duque, 2011) y de los interesados en la relación entre espacio-delito. En este contexto, el uso de la estadística9 juega un papel central en la identificación de zonas de concentración, correlaciones, interpolaciones, etc., para las interpretaciones de los elementos que inciden en la comisión del delito y en la generación de propuestas para la intervención y prevención del mismo.
11La herramienta principal de la geo estadística para el análisis criminal es la de “los puntos calientes” (Weisburd et al., 2004), que plantea la posibilidad de analizar los fenómenos criminalidad a partir de “pequeñas unidades geográficas con altas tasas de actividad delictiva” (Weisburd y Telep, 2014), que luego permitan generar propuestas para la intervención y prevención. Es por esto que su uso ha estado asociado a estrategias de los organismos de seguridad del Estado para la implementación de medidas reactivas y preventivas frente al delito. El abordaje de “los puntos calientes” parte de la idea de que el delito no se distribuye de manera homogénea en el espacio, sino que se concentra en las ciudades, en zonas de alta criminalidad (Eck, 2005; Rosa, 2011), que habitualmente no superan el 5% y que concentran más de la mitad de los delitos (Gorr y Lee, 2012), por lo cual la efectividad de las intervenciones mediadas por criterios espaciales puede resultar más eficiente.
12Uno de los propósitos principales de estos puntos calientes (hot spots) es el análisis espacio-temporal del fenómeno, dado que no es posible considerar la ocurrencia de los hechos sin tener en cuenta cuándo tienen lugar, ya que sus desplazamientos no serían mesurables sin tal dimensión (Helms, 2012). Por esta razón, algunos autores recomiendan un análisis longitudinal que se concentre en los puntos calientes críticos, es decir, aquellos que concentran un gran número de delitos y que se han concentrado en el tiempo (Gorr y Lee, 2012), de manera que puedan tenerse en cuenta las intervenciones sobre los fenómenos y su efectividad para enfrentarlos.
13Sin embargo, el estudio de los puntos calientes ha considerado como unidad de análisis los hechos de manera individual, considerados e identificados en contextos urbanos. Pocos ejercicios han hecho uso de estas herramientas para el análisis nacional, en especial para estimar el espacio delictual, sobre todo en los casos en los que no se dispone de los registros administrativos para su análisis (Rosa, 2011). A continuación, en la Tabla 1 pueden encontrarse algunos ejemplos de estudios y las perspectivas que utilizan (ver Tabla 1).
14Lo anterior permite no sólo entender cómo ha sido aplicada la geo estadística a este tipo de fenómenos, sino que también permite concluir que la fortaleza de su aplicación se deriva de evaluaciones sobre su implementación en el campo de las políticas públicas (Gorr y Lee, 2012). Sin embargo, esto permite establecer algunas consideraciones sobre la metodología que debe llevarse a cabo y las alternativas dada la naturaleza compleja de los datos.
15Como la unidad geográfica va a ser el municipio como organización administrativa, los puntos calientes harán referencia a municipios o agrupaciones de municipios en los que se concentra una alta tasa de delitos por encima del promedio (Eck, 2005). Si se analiza la naturaleza de los datos que son representados a través de la generación de las superficies, es claro que estos no necesariamente representan la criminalidad real, sino más bien el conocimiento institucional alcanzado sobre los distintos fenómenos.
16Cabe resaltar que los datos sobre delitos que llevan las instituciones tienen muchos límites, especialmente, como lo ha señalado la criminología crítica, porque no tienen la capacidad de hablar sobre los fenómenos en sí, sino sobre el conocimiento que las instituciones han tenido sobre este (es decir, la cifra dorada de la criminalidad). Estos datos podrían asemejarse a un iceberg: en la superficie sólo puede hablarse de lo que emerge sobre esta, y a partir de lo visible generar hipótesis sobre el tamaño de su composición, por ejemplo. Sin embargo, es necesario disponer de otra información complementaria para poder aproximarse de manera más precisa a esa “criminalidad real”.
Tabla 1. Estudios geo estadísticos de criminalidad

T: teórico
E: empírico
17Antes de entrar a analizar los datos estadísticos nacionales, y algunos municipales de interés, deben hacerse algunas salvedades sobre los fenómenos que se están estudiando. En primer lugar, los registros institucionales no tienen capacidad para hablar de los fenómenos en sí, sino de los reportes que lleva su institución en el marco de su misionalidad y a partir de categorías habitualmente normativas que no discriminan modalidades de la conducta, lo que podría facilitar comprender determinados fenómenos. Estas tasas de la criminalidad en general difieren de acuerdo con la fuente que se consulte10. Adicionalmente, el análisis de estos datos resulta complejo, al no poder tener en cuenta los cambios normativos en materia de políticas penales que tienen incidencia en los registros administrativos (por ejemplo, la creación de un nuevo tipo penal o su modificación). Finalmente, no tienen en cuenta factores que en términos territoriales van a incidir de modo fundamental en los registros que puedan obtener las entidades: la capacidad y eficacia institucional, la confianza ciudadana en las instituciones, el interés por denunciar y la percepción social de los fenómenos que deberían ser denunciados11.
18En este sentido, Beltrán y Picato (2004) plantean:
Cualquier cuenta de la criminalidad es discutible porque existen muchas formas de definir qué es un crimen: lo que proscribe la ley, lo que persiguen las autoridades o lo que perciben las víctimas y el público. Toda fuente será parcial por más que, como es usual, haya sido generada por instituciones estatales. No todas las víctimas denuncian los delitos, ni todos los policías y jueces actúan contra los sospechosos; peor aún, las peculiares definiciones del crimen usadas por los segundos pueden inflar ciertas prácticas que los ciudadanos no ven como criminal. El uso crítico de la información disponible, sin embargo, no deja de ser necesario, aunque sea imposible llegar finalmente al nirvana positivista del número “real” de crímenes que se cometen en una sociedad y un tiempo determinados.
19Por la anterior razón, aunque este análisis sea insuficiente en términos de la complejidad que suponen los fenómenos, en este caso permite abordar un gran número de datos que las instituciones han venido registrando en los últimos años para los municipios de Colombia, e identificar posteriormente tendencias espaciales y regiones que deberían estudiarse con detalle, para profundizar sobre las hipótesis y generar conclusiones más robustas.
20En este sentido, para efectos del presente ejercicio, es necesario rescatar el planteamiento del nuevo realismo de izquierda, el cual propone un enfoque bidimensional dentro del cual debe darse una reflexión sobre las estrategias de control social y también una aproximación al delito (Taylor, Walton y Young, 2001).
Criminalidad de alto impacto: análisis de dos décadas de transiciones
21Desde hace algunos años se viene discutiendo en el ámbito internacional la importancia de entender la variación de la criminalidad. Por ejemplo, en el mundo la disminución de las tasas de homicidios ha sido objeto de análisis (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), 2014). Colombia no ha sido la excepción a esta tendencia, a pesar de las circunstancias que rodean al conflicto armado, la reconfiguración de los poderes armados locales y la creciente conformación de bandas criminales (International Crisis Group, 2007; Norza-Céspedes y Espino-Duque, 2011). La discusión sobre la disminución de las tasas de la criminalidad no se agota en el homicidio, sino que también se identifica como una constante en delitos violentos. Sin embargo, resulta fundamental destacar que, en el caso de Colombia, esta variación tan significativa no se presenta de manera homogénea en todos los delitos ni a lo largo del territorio. Una lectura de las variaciones de algunos fenómenos de criminalidad en Colombia supone también la interpretación de distintos factores que se consideran importantes para entender estos cambios.
22Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de la Policía Nacional, esta afirmación sólo es predicable en términos globales con respecto al homicidio y al secuestro. Como se puede apreciar en la Gráfica 1, los delitos orientados al lucro muestran una tendencia de crecimiento importante durante el periodo 2003-2014, al igual que el acceso carnal violento, aunque en menor medida, a diferencia del secuestro, que registra una disminución muy significativa, y el homicidio, que registra un descenso importante y paulatino. Aunque la naturaleza de estos últimos delitos es compleja, su variación se entiende vinculada de manera importante a las dinámicas del conflicto.
Gráfica 1. Variaciones del número de delitos en Colombia entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
23En este sentido, la Gráfica 2 permite evidenciar que los delitos relacionados con el conflicto armado, a pesar de las particularidades, reportan un máximo en el año 2002, el cual podría ser denominado como un año de intensificación de la violencia del conflicto. Sin embargo, preocupa un repunte del secuestro en 2012 y el aumento de los delitos sexuales a partir de 2010. El homicidio, por su parte, continúa en descenso, lo que sugiere una posible transformación de las dinámicas del conflicto y algunas manifestaciones de los procesos de negociación con los grupos guerrilleros.
Gráfica 2. Variaciones de los fenómenos criminales relacionados con el conflicto armado en Colombia entre 1991 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información consultada en la Red Nacional de Información del Registro Único de Víctimas (Uariv) (2016).
24A continuación, se presentan las conclusiones del análisis exploratorio de datos estructurado en tres ejes:
El primero, relacionado con las agresiones contra la vida y la integridad, que concentra el análisis del homicidio, el acceso carnal violento y los delitos sexuales en el marco del conflicto.
El segundo eje se concentra en el análisis específico del secuestro, que tiene naturaleza compleja por ser una agresión a la libertad, que se convirtió durante la década de 1990 en una fuente importante de obtención de recursos de los grupos armados al margen de la ley y de los grupos de delincuencia común.
El tercer eje analiza algunas manifestaciones del crimen orientadas al lucro en lo relacionado con los delitos de extorsión, hurto a personas y tráfico de estupefacientes.
25Inicialmente, se presentan los datos nacionales sobre los comportamientos de estos delitos, luego se hace un análisis detallado de cada uno de los fenómenos con base en los registros disponibles en las fuentes.
Delitos contra la vida y la integridad
Homicidios de 1991 a 2014
26En primer lugar, en este caso se recurre a una definición normativa del homicidio. Desde esta perspectiva, se entiende que es un fenómeno social cuya definición está atravesada, por una parte, por una norma (art. 103 y 104 del Código Penal, principalmente), que define cuáles supuestos de muertes son relevantes para el sistema penal; y, por otra, por las actuaciones de las autoridades responsables de investigar y juzgar estos hechos, que tendrán a su cargo hacer la adecuación típica, establecer que se trata de un homicidio (y no de una desaparición forzada, un genocidio o un aborto, por ejemplo) y atribuir la responsabilidad a una persona determinada (Pérez, 1991). Desde esta perspectiva, el presente trabajo se distancia de los enfoques epidemiológicos que integran al análisis de muertas violentas el suicidio, los accidentes de tránsito, entre otras causas de muerte. Asimismo, resulta sustancial destacar que este primer análisis, dadas las características de los registros, no permite establecer las distintas diferencias que rodean los fenómenos, ni las particularidades de los mismos, por lo cual la complejidad de estos queda sujeta a la posibilidad de comparación de las fuentes.
27Por otra parte, el homicidio ha sido utilizado como una de las medidas de la violencia más precisas existentes (Fischer, 2010), más allá de las implicaciones en materia de política criminal y justicia. Desde esta perspectiva, se ha constituido como fuente principal de análisis de impacto de las políticas de seguridad ciudadana y su variación ha llevado a concluir que estas han sido efectivas en la lucha contra la criminalidad. De acuerdo con lo representado en la Gráfica 3, puede evidenciarse que en las últimas dos décadas ha disminuido a la mitad los registros de muertes por homicidio en Colombia12, de acuerdo con los datos del dane, la Policía Nacional y Medicina Legal13.
28Se evidencia una tendencia al descenso en los homicidios en Colombia, la cual es más significativa en términos de registros totales que en términos de tasas. Por otra parte, se resaltan unos años críticos en el periodo, que permiten identificar tendencias en 1991, 1996, 2002 y 2010, por lo que también se puede afirmar que de modo gradual se estabiliza la tendencia al descenso, con ligeros picos, cada vez más distantes.
29Como se puede evidenciar en los siguientes mapas, si bien existe en términos de tasas y de registros totales de homicidio una concentración del fenómeno en ciertas zonas del país como el Departamento de Antioquia, las ciudades capitales en términos de registros totales (principalmente, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y Pereira), algunos municipios del Valle del Cauca, Arauca, Meta, Boyacá y Norte de Santander, existe una tendencia gradual hacia la dispersión de estos fenómenos en puntos focalizados y estratégicos en materia de recursos minero-energéticos, control territorial y dinámicas relacionadas con las economías criminales.
30En cuanto a los registros totales de homicidio, la tendencia de la Policía Nacional muestra una variación menos marcada en los distintos años identificados como puntos de inflexión. Del análisis exploratorio de datos, además se puede establecer que los datos de la Policía Nacional, en primer lugar, tienen mayores coincidencias con los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y, en segundo lugar, se acerca a los registros del dane a partir de la década de 2000, como se puede evidenciar en la Gráfica 3.
Gráfica 3. Variación de la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en Colombia entre 1985 y 2014

Fuente: elaboración propia, con datos de Policía, Medicina Legal, Uariv y dane.
31Respecto a la relación entre los registros totales de homicidios y el número de víctimas en el marco del conflicto armado, habría que señalar, en primer lugar, que el mayor número de registros se encuentra asociado a ciudades capitales (principalmente, Bogotá, Cali y Medellín, y otros centros urbanos que varían de acuerdo con los años, principalmente Barranquilla, Cúcuta y Pereira). Por su parte, las tasas más altas se asocian con municipios de menos de 30.000 habitantes, en los cuales se puede señalar que existe alguna incidencia del conflicto armado.
32Adicionalmente, es importante resaltar que, a excepción de Medellín, que ocupa el primer lugar durante gran parte del periodo de mayor número de víctimas de homicidio del conflicto armado, durante la década de 1990 se presentan de manera constante altos registros en municipios pequeños de Antioquia. A partir de 2002, de modo gradual se van incorporando como municipios de victimización ciudades capitales (principalmente, Cali, Cúcuta) y municipios medianos como Buenaventura o Tumaco. Esta situación evidencia una paulatina migración del conflicto armado a zonas de influencia sobre sectores estratégicos en términos territoriales con relación a rutas de transporte y comercio de bienes legales e ilegales, de control territorial, entre otras, así como a zonas marginales de las ciudades que permiten incidir en mercados y establecer nuevas dinámicas de control, en las cuales no se disputa la titularidad del Estado.
33Desde esta perspectiva, para aproximarse a las tasas de homicidio y estudiar su variabilidad espacio-temporal, se definieron los intervalos a partir de una comparación entre los estándares internacionales y los promedios nacionales del periodo considerado14.
34Como se puede apreciar, a partir de los registros de la Policía Nacional, las zonas con altas tasas de homicidio para 1991 ocupaban una parte significativa del territorio nacional y gradualmente se fueron reduciendo y dispersando los municipios de alta incidencia del homicidio.
35Finalmente, en la comparación de los homicidios cometidos en el marco del conflicto armado, con aquellos relacionados con las dinámicas de criminalidad común, se debe destacar la preocupante coincidencia en 2002 entre los registros de la Policía Nacional y Medicina Legal y aquellos reportados por la Unidad de Víctimas. La diferencia entre lo registrado por el dane y por la Unidad de Víctimas conduce a señalar que más de 80% de los homicidios cometidos en ese año fueron en el marco del conflicto armado.
Mapas 1, 2, 3 y 4. Tasas de homicidio en Colombia durante 1991, 1996, 2002 y 2014




Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
36Sin embargo, las tendencias espaciales, si bien se matizan en ciertas regiones, coinciden, por lo que podría plantearse la hipótesis de que existe una relación importante entre las dinámicas de la criminalidad en el panorama municipal y las dinámicas del conflicto armado que no pueden ser disociadas.
Acceso carnal violento y otros delitos sexuales entre 1991 y 2014
37En relación con los delitos sexuales, se ha buscado analizar una de sus manifestaciones: el acceso carnal violento, tradicionalmente asociado a la violación. Como puede apreciarse a continuación, a partir del año 2003 se registra una tendencia al alza, que se refuerza a partir del año 2010. Esto podría estar asociado con la promulgación de la Ley 1257 de 2009, que busca fortalecer las respuestas estatales frente a las distintas formas de violencias por razones de género.
Gráfica 4. Aumento del número de víctimas de acceso carnal violento en Colombia entre 2003 y 2014, tasa por cada 100.000 habitantes

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
38Se ha considerado fundamental incluir el análisis de este delito, por cuanto múltiples lecturas sobre la violencia han asociado los procesos de retorno de excombatientes con manifestaciones de violencia sexual que afectan, principalmente, a los entornos familiares y comunitarios, como se señaló al principio de este texto.
Mapa 5. Tasa promedio por cada 100.000 habitantes de acceso carnal violento entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
39Sin embargo, existen varias restricciones para el análisis y las comparaciones entre las fuentes disponibles. Por una parte, la uariv reporta todo tipo de delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, no únicamente las violaciones. Por otra, los subregistros derivados de la invisibilización de este tipo de fenómenos. Finalmente, no se dispone de información que permita identificar las consecuencias de los procesos de justicia transicional en lo local, así como discriminar cuáles hechos registrados como acceso carnal violento responden a este tipo de procesos.
40No obstante lo anterior, es importante resaltar algunas tendencias espaciales de la violencia sexual en los periodos de análisis. Los registros totales de denuncias por acceso carnal violento se concentran en ciudades capitales, como sucede para la mayoría de delitos. Sin embargo, municipios pequeños de Boyacá y Meta cuentan con las tasas más altas, por lo cual la superficie representada anteriormente ofrece una concentración espacial en estos departamentos, que sigue la tendencia señalada para el homicidio. Por su parte, con relación a los delitos contra la integridad sexual en el marco del conflicto armado, Antioquia concentra 20% de las víctimas, le siguen Magdalena, Nariño, Bolívar y Putumayo. También el Valle del Cauca figura con casi 5% de los casos, además de ser un departamento representativo en los delitos de acceso carnal violento.
Delitos contra la libertad: secuestro entre 1991 y 2014
41El secuestro, especialmente durante la década de 1990, tuvo un papel fundamental en la financiación de grupos al margen de la ley y, en general, en el conflicto armado (a pesar de que se ha invisibilizado la participación significativa de la criminalidad común y la organizada en estos hechos), como puede apreciarse en la Gráfica 5. Por esta razón, durante la década de 1990 las penas establecidas en el Código Penal tuvieron un incremento significativo, tanto que a principios de la década de 2000 tuvieron que ajustarse por resultar desproporcionadas con respecto a los parámetros establecidos por la ley (Cita y González, 2016). Esto, de la mano de nuevas formas de financiación y de economías criminales, impactó de manera significativa el lugar que ocupaba el secuestro en esta escala de delitos.
42Sin embargo, la tendencia del secuestro sí ha estado estrechamente relacionada con las tendencias del conflicto armado, y al igual que en el homicidio y los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado, a partir del año 2002 se presenta un significativo descenso, como puede apreciarse en la Gráfica 6.
Gráfica 5. Variaciones del delito de secuestro entre 1970 y 2010

Fuente: cnmh y Cifras & Conceptos (2013).
Gráfica 6. Variaciones del delito de secuestro entre 1991 y 2014 en el marco del conflicto armado

Fuente: elaboración propia, a partir de la información consultada en la Red Nacional de Información del Registro Único de Víctimas (2016).
Mapas 6, 7, 8 y 9. Tasas de secuestro en Colombia durante los años 2005, 2009, 2012 y 201415




Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
43A pesar de lo anterior, se evidencia una intensificación de las dinámicas de secuestro en la zona oriental del país, especialmente en Arauca, Norte de Santander y el Magdalena Medio. Esto puede estar relacionado con una intensificación de las actividades del eln en estas zonas, como ya se ha indicado (Vargas, 2016), o en municipios que van a tener que vivir (o están ya viviendo) los retos territoriales del posconflicto (Valencia y Obando, 2016).
Delitos con contenido patrimonial
44A diferencia de la tendencia presentada en los delitos contra la vida y la libertad, en el periodo analizado (2003-2014) los datos de la Policía Nacional muestran una tendencia creciente. Cada uno de estos delitos, sin embargo, presenta unas tendencias específicas, como se muestra a continuación:
Hurtos entre 2003-2014
Gráfica 7. Aumento del número de víctimas de hurto en Colombia entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
45Este apartado hace referencia a los hurtos a personas únicamente, de acuerdo con el registro proporcionado por la Policía Nacional. Excluye los hurtos a residencias, automotores y establecimientos comerciales, pero involucra los distintos registros de hurtos simples, agravados y calificados, que se presenten contra una persona y no se relacionan con las circunstancias destacadas anteriormente (que ocurra en la vivienda o se trate de un automóvil).
Mapas 10 y 11. Tasas de hurto a personas por cada 100.000 habitantes en Colombia entre 2003 y 2009


Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
46En comparación con los demás fenómenos estudiados, en el caso del hurto la tendencia del fenómeno se presenta más marcada al registrar valores atípicos en ciudades con mayor concentración de población (principalmente capitales de departamento), tanto en el número total, como en la tasa. Asimismo, es importante resaltar que, como se ha demostrado, para el caso del hurto, el subregistro es significativo, lo cual puede incidir en un análisis del comportamiento del fenómeno16.
47Finalmente, se puede apreciar una ligera tendencia de vinculación de ciudades intermedias al hurto, lo cual en muchas ocasiones se ha relacionado con la desmovilización paramilitar centrada en las ciudades. El Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Santander muestran unas tendencias al incremento en distintos municipios que merecen un análisis más detallado, en especial, con relación a posibles mercados y redes criminales.
Extorsión entre 2003 y 2014
Gráfica 8. Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantes en Colombia entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
48En relación con la extorsión, es importante resaltar que si bien muestra una tendencia creciente, en el periodo 2003-2008 tuvo un comportamiento descendente, para luego repuntar de manera significativa a partir de ese año. Hasta 2012 se mostraba un comportamiento similar al del delito del secuestro (aunque es fundamental identificar si antes de 2003 venía en una tendencia descendente o creciente), pero a partir de entonces se disparó. Durante los últimos años, se ha alertado sobre la significativa proporción de casos de extorsión cometidos desde las prisiones (Conpes 3828 de 2015).
49Al contrario del hurto, si bien las ciudades aportan una proporción significativa de los casos ocurridos en el país, es importante destacar que la frontera nororiental con Venezuela (especialmente, Arauca, Norte de Santander y La Guajira), así como Casanare, Meta, Huila y algunas porciones del Magdalena Medio, concentran la mayor cantidad de casos. Esto puede sugerir una relación entre proyectos minero-energéticos, presencia de grupos armados y dinámicas de extorsión.
50Por otra parte, es importante resaltar que la amplia variabilidad de las tasas incide en una sobrerrepresentación del fenómeno en el mapa anterior.
Tráfico de estupefacientes entre 2003 y 2014
51Finalmente, se estudia el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 376 del Código Penal. Los mapas 13, 14, 15 y 16 muestran el comportamiento del fenómeno en 2005, 2010 y 2013 y sus promedios.
Mapa 12. Promedio de tasas de extorsión por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
Mapas 13, 14, 15 y 16. Tasas de tráfico de estupefacientes por cada 100.000 habitantes en Colombia en los años 2005, 2010, 2013 y sus promedios




Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
52En este punto, es fundamental destacar que se agrupan las distintas modalidades de tráfico, en todos los eslabones de la cadena de valor, por lo cual se hace complejo diferenciar aspectos sustanciales para la comprensión del fenómeno: zonas de producción, de tránsito, de comercialización17.
Gráfica 9. Aumento del número de casos de tráfico de estupefacientes en Colombia entre 2003 y 2014

Fuente: elaboración propia, a partir de la información entregada por la Policía Nacional (2016).
53Por otra parte, se evidencia una tendencia ascendente del tráfico de estupefacientes en el país, que parecería mostrar una ligera disminución a partir de 2013. Sin embargo, es claro que este no ha sido el comportamiento típico, en particular, dado el aumento de las hectáreas de coca cultivadas en el país. Por otra parte, se presenta una concentración espacial en el sur del país y en la zona del Eje Cafetero y Antioquia, que debe ser estudiada con detalle, en especial en relación con otras dinámicas de criminalidad como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de especies de fauna y flora, entre otras expresiones de economías ilegales.
54Finalmente, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, es preciso profundizar en el análisis de este fenómeno y su relación con las medidas de sustitución, el tratamiento diferencial a los pequeños cultivadores, entre otros aspectos.
Conclusiones
55Es indispensable, dentro del proceso geo estadístico, partir de la consideración y evaluación de los datos y establecer cómo éstos representan el fenómeno. Se deben plantear preguntas como si son continuos los fenómenos, si la variable es aleatoria y si existe alguna correlación espacial entre los mismos. Sin estas condiciones, probablemente las herramientas que se apliquen pueden generar una superficie por medio de la cual se represente un fenómeno, pero no necesariamente significa que este sea válido en términos matemáticos.
56Los fenómenos de la criminalidad y las tasas como variables de estudio se encuentran asociadas a múltiples factores que inciden en su representación e interpretación. En primer lugar, aspectos demográficos y de urbanización inciden en la concentración en el territorio nacional del mayor número de registros. Esta situación se evidencia en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, lo cual genera sesgos significativos para el abordaje geo estadístico. En relación con las tasas, éstas permiten una ligera normalización del fenómeno, en la medida en que al peso que tiene el número de casos sobre determinado fenómeno se le asigna en función de la población de los municipios, lo que permite efectuar mejores comparaciones. Sin embargo, los sesgos que se generan en estos casos impactan principalmente a los municipios pequeños de menos de 25.000 habitantes, ya que afectan de manera significativa la ocurrencia de estos fenómenos, así en términos absolutos esto no sea tan representativo.
57Sin embargo, se pueden identificar algunas tendencias espaciales, las cuales van a diferir respecto a cada fenómeno, ya que, si bien no van a ser precisas estadísticamente, permiten plantear algunas propuestas en materia de prevención de la delincuencia. Por supuesto, éstas deben identificar si los municipios en los que se registran las más altas tasas disponen de una mayor capacidad institucional para atender los fenómenos y cuentan con una mayor confianza de la ciudadanía en las respuestas, que conducen a la disminución de los subregistros, o si simplemente es que estos fenómenos significan un problema de seguridad representativo frente a otros municipios o regiones del país. Esto se puede evidenciar en especial en el tráfico de estupefacientes, cuyos valores atípicos se concentran en el Eje Cafetero.
58En cualquier caso, el uso de la geo estadística para el análisis de los fenómenos de criminalidad es arraigada y se ha insistido en su pertinencia con base en los estudios, no por su solidez matemática, sino por los resultados que genera en materia de políticas de prevención. Es por esto que se hace necesario profundizar en un análisis crítico de los hot-spots, que permita con solidez definir herramientas complementarias para la comprensión teórica de los fenómenos, la validez epistemológica y la pertinencia metodológica.
No se cuenta con los datos que permitan hacer correlaciones válidas en términos de evaluación de impacto de la política criminal.
Resulta necesario abordar la discusión a partir de un tercer factor: la respuesta institucional.
Los factores contextuales permiten tener mayor claridad sobre las variaciones.
59Antes de proceder con un análisis de datos más profundo, es menester establecer una clasificación de los datos de los delitos de acuerdo con la población de los municipios en, al menos, tres categorías (de menos de 30.000 habitantes, entre 30.000 y 300.000 y de más de 300.000 de habitantes)18. Esto es necesario en la medida en que el número de delitos y las tasas no son comparables entre los municipios y, en muchas ocasiones, el número puede no ser significativamente alto, pero incide en una alta tasa, o a la inversa, las grandes poblaciones concentradas en centros urbanos pueden minimizar algunos fenómenos.
60A modo de ejemplo, en 2010 las diez tasas más altas de homicidios se presentaron en municipios con una población con menos de 25.000 habitantes (cuatro de los cuales no superaban los 10.000 habitantes) y este delito no superó los 50. En este mismo sentido, en 2014, las diez tasas más altas de homicidios se presentaron en municipios con una población con menos de 26.000 habitantes (ocho de los cuales no superaban los 10.000 habitantes) y los homicidios no superaron los 38 por año en cada municipio.
61En segundo lugar, y unido a lo anterior, del análisis de las relaciones entre tasas, población y número de homicidios, resulta evidente la necesidad de diferenciar el análisis de lo urbano y de lo rural. Esto plantea la necesidad de discriminar la naturaleza predominante del municipio (es decir, si es principalmente urbano o rural), pero también discriminar la naturaleza del homicidio (esto es, si su ocurrencia tiene lugar en zona urbana o rural).
62Por ejemplo, en el caso del homicidio, la mediana disminuyó de 17 en 2010 a 16 en 2014, y la media de 27 en 2010 a 25 en 2014. Asimismo, la tasa máxima de 2010 fue 326 y la de 2014 estuvo en 233, aunque estos son valores atípicos. En este sentido, si bien en algunos municipios pequeños (de no más de 30.000 habitantes) se destacan altas tasas, es importante resaltar que las grandes concentraciones de homicidios se presentan, como es evidente, en las tres ciudades principales: Bogotá, Cali y Medellín.
63Por su parte, a nivel nacional, se puede notar un desescalamiento de las acciones violentas derivadas del conflicto armado y la transformación de formas de financiación y violencia en contextos locales más orientadas hacia las economías criminales. En el panorama municipal, en cuanto a las tasas de homicidios, las más altas se encuentran en los departamentos de Cauca, Antioquia y algunas zonas de Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta y Chocó, lo que sugiere una importante conexión entre éstos y las zonas que cuentan con presencia de grupos armados ilegales asociados con estructuras criminales organizadas, en algunos casos con el narcotráfico. Con relación a la demografía del municipio, las tasas más altas se concentran en municipios con menos de 30.000 habitantes, lo cual también sugiere la incidencia del conflicto armado y otro tipo de conflictividades locales que habría que explorar para cada uno de estos, lo cual resulta válido desde la perspectiva de los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
64En el caso del acceso carnal violento, y en general de los delitos sexuales, existe una concentración en los departamentos de Valle, Huila, Boyacá, Santander y Vichada, y en la ciudad de Leticia. En el caso de estos fenómenos, que han sido históricamente invisibilizados, tendría que profundizarse en un estudio para determinar si son zonas con una mayor receptividad institucional de las denuncias, si existen particularidades culturales o si confluyen varios de estos elementos.
65En materia de hurtos, es importante destacar, al contrario de lo que ocurre con el homicidio, la concentración de este fenómeno en las ciudades de más de 300.000 habitantes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, entre otras pocas más), que sugieren la importancia de generar un análisis diferenciado, al menos para tres categorías de municipios (pequeños, medianos y grandes), cuya tendencia cambiaría para cada fenómeno criminal.
66Con relación a la extorsión, habría que destacar que si bien se presenta como un fenómeno relativamente urbano, existe una importante concentración en la zona de los llanos orientales, sobre áreas de explotación petrolera, en general, en zonas de frontera y con alguna dispersión en el resto de territorio, lo que permite sugerir alguna hipótesis sobre su ocurrencia en zonas de presencia de grupos de crimen organizado, así como de proyectos minero-energéticos.
67El tráfico de estupefacientes vinculado con el microtráfico y el consumo interno, un delito sin víctima, ha servido en los últimos 30 años como termómetro para medir la criminalidad organizada, aunque en las dos últimas décadas ha estado vinculado con la financiación de los grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, habría que destacar que en la zona de Antioquia y el Eje Cafetero se presenta una concentración importante. Habría que diferenciar entre distintas acciones de la cadena del tráfico de estupefacientes, sin embargo, los datos disponibles no permiten discriminar porte de sustancias ilegales de transporte, producción, comercialización, etc. En este punto, además habría que destacar que es un fenómeno presente en el territorio a distintas escalas y no se ve afectado de la misma manera que los homicidios o los hurtos, de acuerdo con las características demográficas de los municipios.
68Finalmente, hay que resaltar el cambio que se presenta en el secuestro en términos de disminución, lo cual sugiere una transformación de la financiación de grupos al margen de la ley y la diversificación de actividades extorsivas y mercados ilegales. Aquí habría que destacar que los registros se asocian con el lugar de captura de la persona, por lo que resulta razonable encontrar unos puntos calientes en Bogotá, Cali, Villavicencio y Santa Marta.
69Todo lo anterior plantea la necesidad de articular las políticas de seguridad ciudadana, las políticas criminales, las políticas de seguridad y defensa y las políticas de justicia transicional, con el objetivo de generar respuestas efectivas a las distintas violencias que viven los habitantes de las ciudades y las áreas rurales del país.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références bibliographiques par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition. Ces références bibliographiques peuvent être téléchargées dans les formats APA, Chicago et MLA.
Format
- APA
- Chicago
- MLA
Bibliografía
Ávila, A.; Castro, J. D. (2016). Retos del postconflicto en materia de seguridad y administración de justicia en zonas rurales, en Valencia, L.; Ávila, A. Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales. Bogotá: Ediciones B.
Beltrán, I.; Piccato, P. (2004). Crimen en el siglo xx: fragmentos de análisis sobre la evidencia cuantitativa Carnegie Mellon University, en Rodríguez Kuri, Ariel; Tamayo, S. (eds.). Los últimos cien años, los próximos cien años. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Burgess, E.; Bogue, D. J. (eds.) (1967). Urban Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) (2016). La mal llamada “limpieza social”. Bogotá: Imprenta Nacional.
Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh); Cifras & Conceptos (2013). Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional.
Cita, R.; González, I. (2016). La proporcionalidad de las penas en la legislación penal colombiana. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho-Observatorio de Política Criminal.
Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho.
Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia (2013). Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho.
Departamento Nacional de Planeación/2015). Conpes 3828 de 2015 (Política penitenciaria y carcelaria).
Eck, J. (2005). Chapter 1. Crime Hot Spots: What They Are, Why We Have Them, and How to Map Them. En: Mapping Crime: Understanding Hot Spots. Washington: Departamento de Justicia de Estados Unidos, pp. 1-14.
Fundación Ideas para la Paz (fip) (2016). Economías criminales en clave de postconflicto. Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Bogotá: Notas estratégicas, n.o 01, enero de 2016.
Fundación Ideas para la Paz (fip) (2014). Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: Dimensión del fenómeno y factores de riesgo. Bogotá: Serie Informes, n.o 22, junio de 2014.
Fundación Ideas para la Paz (fip) (s. f.). Dinámicas del Conflicto Armado en el Sur del Valle y Norte del Cauca y su Impacto Humanitario. Boletín n.o 72, usaid-oim-fip.
Gorr, W.; Lee, Y. J. (2012). Longitudinal Study of Crime Hot Spots. Pittsburg: Carnegie Mellon University.
Helms, D. (2012). El análisis temporal. Análisis delictual: técnicas y metodologías para la reducción del delito, Chile: Fundación Paz Ciudadana.
Internacional Crisis Group (2007). Los nuevos grupos armados de Colombia, Informe sobre América Latina n.o 20-10 de mayo de 2007. Disponible en línea en: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/20_colombia_s_new_armed_groups_spanish.pdf
Madrid, A.; Ortiz, L. (2005). Análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas.
Mazzoldi, G.; Marín, I. (2016). La violencia sexual y de género: el continuum entre la guerra y la paz. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1308
Mercier, G. (2009). Hacia una teoría de lugar, en Montoya G., Williams, J. (ed.) (2009). Lecturas en teoría de la geografía. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas.
Norza-Céspedes, E.; Espino-Duque, G. (2011). Criminalidad y análisis espacial de los delitos en Colombia, 2010, Revista Criminalidad n.o 53 (1), pp. 17-43.
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y dih (2009). Caracterización del homicidio en Colombia 1995-2006. Bogotá: Autor.
10.1086/212433 :Park, R. E. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Behavior in the City Environment, American Journal of Sociology, 20:579-83.
Pérez, L. C. (1991). Derecho penal. Bogotá: Temis, t. v.
Salas, L. G. (2015). Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012, Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, vol. 24, n.o 1,157-172.
10.4314/ajcr.v9i2.52170 :Scanlon, H.; Muddell, K. (2009). Gender and transitional justice in Africa: Progress and prospects, African Journal on Conflict Resolution, vol. 9, n.o 2, 9-28.
Strauss, A.; Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia.
Taylor, Ian (2001). La nueva criminología. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.
Valencia, L.; Obando, C. (2016). 1. Los retos nacionales y territoriales del postconflicto, en Valencia, L.; Ávila, A. Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales. Bogotá: Ediciones B.
Vargas, N. (2016). Hacer la paz o seguir la guerra. La realidad del eln, en Valencia, L. Ávila, A. (2016). Los retos del postconflicto. Justicia, seguridad y mercados ilegales. Bogotá: Ediciones B.
Weisburd, D.; Telep, C. (2014). Policía y microgeografía del crimen. Nota Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, idb-nt-630.
Weisburd, D., et al. (2004). Does Crime Just Move Around Corner? A Study of Displacement and Difussion in Jersey City, nj, Document No. 211679, U. S. Department of Justice.
Notes de bas de page
1 Este trabajo contó con la asesoría del profesor Luis Gabriel Salas Salazar del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la especialización en análisis espacial.
2 La categoría de delitos de alto impacto no es normativa. Para efectos de este trabajo se entenderá por delitos de alto impacto aquellos que generan alarma social y tienen más incidencia en la percepción de inseguridad y las preocupaciones ciudadanas al lesionar de manera directa bienes jurídicos de carácter individual.
3 Como se mencionó en la nota anterior, de acuerdo con el ejercicio de definición conceptual de la noción de delitos de más alto impacto, el desarrollo del contexto y los datos disponibles, se identificarán las modalidades delictivas principales que serán objeto de análisis espacial en el presente trabajo. Por lo tanto, este listado debe ser entendido como una propuesta, que deberá ser fundamentada teórica y metodológicamente en el desarrollo del trabajo.
4 Los datos de la Policía Nacional sólo fueron reportados para el periodo 2003-2014, los cuales se encuentran sistematizados en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco).
5 Se analiza la totalidad de los delitos que son conocidos por las autoridades, es decir, aquellos registros administrativos que en función de las competencias institucionales son atendidos por las instituciones, lo que se denomina cifra dorada de la criminalidad. En sentido estricto, puede entenderse como un análisis del control institucional de la criminalidad.
6 Todas estas corrientes tienen su origen en la Escuela de Chicago, principalmente en los trabajos de Park (1915) y Burgess y Bogue (1967), que se consolidan desde la década de 1920 en Estados Unidos como una primera expresión de los enfoques microsociológicos del análisis del delito (Taylor, Walton y Young, 2001). Esta escuela es la primera en comprender al delito como un fenómeno ligado al desarrollo de la ciudad.
7 Solo como ejemplo vale la pena destacar los análisis provenientes de entidades del orden nacional, como la Policía Nacional o el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009).
8 Este “se centra en el estudio, de manera separada, de los componentes del espacio, definiendo sus elementos constitutivos y la manera como éstos se comportan bajo ciertas condiciones” (Madrid y Ortiz, 2005).
9 El elemento fundamental de la estadística espacial tiene que ver con su preocupación por fenómenos en los cuales la ubicación en el espacio es un interés intrínseco o contribuye a un modelo estocástico (Gelfand, Diggle, Fuentes y Guttorp, 2010).
10 Por ejemplo, para el caso del homicidio, se tienen cuatro fuentes con naturaleza muy diversa: la del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), en donde se tiene en cuenta la causa de muerte que se inscribe en el certificado de defunción; la de la Policía Nacional, que reporta las noticias criminales sobre los hechos denunciados y aquellos que ingresan por oficio; la del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf), que se concentra principalmente en los dictámenes periciales por causa de muerte; y, finalmente, la de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv), que registra todas las víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, que han mostrado prueba sumaria para acreditar su condición. En el caso de Medicina Legal, la escasa presencia institucional a lo largo del país conduce a que los registros sean habitualmente más bajos.
11 Un ejemplo dramático relacionado con este punto, que ha sido ilustrado recientemente, es el de la mal llamada “limpieza social”, frente a la cual se genera un alto nivel de tolerancia social y un temor de la comunidad y las víctimas a denunciar estos hechos (cnmh, 2016).
12 Causa 101 del listado de causas de muerte en Colombia.
13 La Gráfica 6 muestra el comparativo de las tasas de homicidio entre 1991 y 2014.
14 Por esta razón, se estableció como muy bueno (verde) el intervalo entre 0 y 1 homicidio por cada 100.000 habitantes; bueno (verde claro), el intervalo entre 1 y 15 homicidios por cada 100.000 habitantes; regular (amarillo), el intervalo entre 15 y 35 homicidios por cada 100.000 habitantes; malo (naranja), el intervalo entre 35 y 75 homicidios por cada 100.000 habitantes y muy malo (rojo), cualquier registro superior a 75 homicidios por cada 100.000 habitantes.
15 Los intervalos utilizados tomaron como referencia la tendencia estadística. Los municipios con tasa igual a cero se ubicaron en el primer rango (muy bueno), entre cero y un secuestro como bueno, entre uno y dos secuestros como regular, entre dos y cuatro secuestros por cada 100.000 habitantes se clasificó como malo y más de cuatro secuestros por cada 100.000 habitantes como muy malo.
16 El contraste de registros entre los hurtos de celulares y los siniestros reportados a las empresas de telefonía evidencian un importante desfase, frente al cual se ha buscado adoptar medidas que restrinjan las posibilidades del comercio transnacional de estos bienes robados. Para mayor información, se puede explorar, como ejemplo, el siguiente sitio web: http://www.gsma.com/latinamerica/es/handset-theft-imei-database (consultado el 28 de octubre de 2016).
17 En particular, este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el país, sobre todo desde perspectivas locales y territoriales, o de acuerdo con los distintos eslabones de la cadena de valor del narcotráfico. Sólo a modo de ejemplo, ver Salas (2015) o Fundación Ideas para la Paz – fip (2013), que analizan, vinculado a las dinámicas del conflicto armado, este aspecto.
18 Esto puede evidenciarse sobre todo en el caso del homicidio, pero cada uno de los fenómenos presentan comportamientos estadísticos que requerirían un análisis exploratorio previo que permitiera generar los mejores criterios para la organización de los datos y su representación en contextos que no resulten magnificando o invisibilizando fenómenos.
Auteur
Abogada, magíster en Derecho con profundización en Sociología y Política Criminal y especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional de Colombia. Docente ocasional de la misma institución. Contacto: aromeros@unal.edu.co
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Análisis económico de los procedimientos de selección de contratistas del Estado en el Derecho colombiano
Hacia un mecanismo eficiente y transparente
Mónica Sofía Safar Díaz
2009
Casos de concentraciones empresariales en el sector energético europeo
Milton Fernando Montoya Pardo
2012
Regulación del mercado de energía eléctrica en América Latina
La convergencia entre libre competencia e intervención estatal
Luis Ferney Moreno
2012
Normas técnicas y derecho en Colombia
Desafíos e implicaciones para el derecho en un entorno de riesgo
Héctor Santaella Quintero
2008
Cátedra Unesco y Cátedra Infancia: justicia transicional y memoria histórica
André-Jean Arnaud, Castor M.M. Bartolomé Ruiz, Yolyn Elena Castrillón Baquero et al.
2015
Los contratos de transferencia internacional de tecnología
América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea
Manuel Guerrero Gaitán
2014
Política criminal y “prevención”
Carol Sierra Ramirez, Nilton Rosas Camacho Deily, Jorge Luis Triana Sánchez et al.
2015
Cátedra Unesco. Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza
Problemas, representaciones y políticas frente a graves violaciones a los derechos humanos
Bibiana Ximena Sarmiento Alvarez et Marcela Gutiérrez Quevedo (dir.)
2016