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La gobernanza internacional de las migraciones

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Alexandra Castro Franco

Conclusión

Texte intégral

1Nuestra búsqueda de un marco ideal para la gobernanza de las migraciones que proteja los derechos de los migrantes nos llevó a explorar numerosos espacios de discusión, de estudio y debate sobre el tema. Constatamos así la existencia de una multiplicidad de espacios en los cuales el tema ha sido planteado, discutido y analizado con diversos enfoques y grados de profundidad, lo que nos demostró cómo el fenómeno migratorio es y continuará siendo un tema central de debate en el escenario internacional. En nuestro ejercicio debimos comenzar por descartar ciertas manifestaciones que consideramos impertinentes o menos significativas, con el fin de centrarnos en las que podían aportar al debate y sobre todo podrían constituir mecanismos de gobernanza migratoria respetuosos de los derechos de los migrantes.

2La búsqueda nos permitió constatar la gran dispersión existente en el debate migratorio, la gran diversidad de posiciones, estudios, balances, encuentros y reuniones que se han dado, particularmente a partir del año 2000, con el afán de contribuir a la comprensión del fenómeno y a la gestión de sus manifestaciones.

3Ahora bien, debemos decir que, a pesar de los esfuerzos importantes realizados para reunir a la comunidad internacional alrededor de la discusión del tema migratorio, no existe un marco suficiente para alcanzar una gobernanza de las migraciones que sea respetuosa de los derechos de los migrantes. En este sentido, todos los esfuerzos, manifestaciones, escritos que hemos tenido la oportunidad de describir y analizar han fracasado en su intento por gestionar de manera concertada los flujos migratorios respetando el marco internacional de protección de los derechos de las personas. A pesar de que en este sentido tenemos que resaltar que nuestro estudio no logró encontrar un escenario que cumpliese con este objetivo, hemos podido presentar un balance de los escenarios existentes, de sus dificultades y de las ventajas de cada uno de ellos, lo que sin duda puede ayudarnos a subrayar los elementos faltantes para lograr construir un marco adecuado de gobernanza internacional migratoria.

4En primer lugar, encontramos que, a pesar de los múltiples esfuerzos, la construcción de un consenso global sobre la gobernanza de las migraciones constituye aún un desafío para la comunidad internacional. La existencia de posiciones divergentes y de concepciones sobre el fenómeno migratorio que resultan contradictorias ha hecho que se paralice la toma de decisiones y se haga difícil la adopción de medidas vinculantes a una escala global. En efecto, la gobernanza de las migraciones a través de la imposición de barreras y la multiplicación de medidas de control aparece como irreconciliable con otras posturas que promueven la protección de los migrantes aun en los casos en que estos últimos se encuentren en situación irregular.

5En segundo lugar, conviene señalar también que el hecho de ligar las migraciones – y, más precisamente, a los migrantes – al desarrollo tiene dos efectos. Por un lado, beneficia a los migrantes, pues las percepciones en su contra, en los países de destino, pueden verse matizadas al considerarse al migrante como un agente del desarrollo; por otro lado, sus necesidades pueden resultar ignoradas, al ser instrumentalizados a partir de sus contribuciones soslayando sus dificultades y necesidades, tal y como lo demuestra el análisis de la política pública colombiana.

6En tercer lugar, a partir del análisis de los espacios de gobernanza regional de las migraciones en América Latina, podemos subrayar que, en nuestro criterio, los escenarios regionales de discusión migratoria constituyen espacios propicios para crear un consenso y establecer posturas conjuntas. El hecho de compartir una experiencia migratoria, así como todo un conjunto de intereses económicos, sociales y culturales, resulta favorable para llegar a un consenso sobre un discurso migratorio coherente. Tratándose de la experiencia latinoamericana, estos consensos giran alrededor de la necesidad de proteger los derechos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio y son críticos respecto a las políticas restrictivas de los países de destino. No obstante, estos marcos regionales presentan dos graves inconvenientes: por una parte, la imposibilidad de traducir estas posiciones cuando se trata de negociaciones y de informes con los países de destino de los migrantes. (Al respecto, la experiencia de las relaciones entre los países miembros de la can y los de la Unión Europea, así como entre Colombia y esta última, nos hace pensar que las posturas expresadas en tantos escenarios por parte de los países de América Latina en su conjunto no son más que discursos políticos). Por otra, las dificultades de cohesión de los países del continente que se sustentan en sus diversos regímenes políticos y que traen como consecuencia la parálisis de los mecanismos concebidos para gestionar conjuntamente las migraciones.

7En cuarto lugar, nuestra investigación nos permitió constatar las grandes diferencias existentes entre los discursos basados en las migraciones vistas como una amenaza para la seguridad y los discursos de protección de los derechos de los migrantes. Consideramos que una buena gobernanza migratoria debe pasar por la protección real de los derechos de los migrantes. Para llegar a este objetivo se debe, por un lado, superar la ausencia de comunicación entre los espacios de discusión centrados en el análisis de las migraciones, a partir de sus vínculos con el desarrollo y los sistemas de protección de los derechos humanos; y, por otra parte, evitar la gran dispersión de estudios, espacios y debates existentes, para lograr despertar la conciencia de los responsables estatales sobre la situación de vulnerabilidad que sufren los migrantes y sobre el hecho que la mencionada “gestión migratoria” no puede pasar por la negación de los derechos fundamentales de quienes se ven involucrados en estos movimientos de personas.

8Consideramos que ideas como la de reforzar los controles a las fronteras, extendiéndolos hasta confines cada vez más alejados del territorio; restringir el acceso y desconocer derechos básicos a los migrantes, especialmente a aquellos que se encuentran en situación irregular; solicitar a los países de origen de los migrantes que restrinjan la salida de sus propios nacionales para evitar que migren, entre otras, han sido utilizadas durante largos periodos como manifestaciones de las políticas migratorias ligadas a la seguridad. Estas medidas, que buscan controlar la migración, han fracasado a la hora de disminuir el número de migrantes internacionales y, por el contrario, han tenido por efecto la mayor vulnerabilidad de los migrantes y la violación de sus derechos fundamentales. En este sentido, solo en la medida en que se elimine la amalgama migraciones-amenaza para la seguridad se podrá pensar en construir un sistema de gobernanza migratoria que resulte conforme con el derecho internacional de los derechos humanos.

9Ahora bien, aun cuando ninguno de los escenarios que hemos contemplado y analizado sea suficiente para garantizar una gobernanza de las migraciones que respete a cabalidad los derechos de los migrantes, consideramos que estos espacios han contribuido, en mayor o menor medida, al logro de este propósito. Por un lado, existe una comprensión de los contornos del fenómeno migratorio gracias a una gran cantidad de trabajos de investigación que se han llevado a cabo en todos los escenarios y en todas las escalas; al día de hoy podemos decir que se tiene un conocimiento sobre el fenómeno, sus causas y su impacto sobre la sociedad, la economía, la cultura, el mercado de trabajo, los migrantes como titulares de derechos y los miembros de su familia. El fenómeno migratorio no es un fenómeno silencioso o misterioso y, a pesar de que como todo fenómeno social está sujeto a eventualidades, al día de hoy se pueden trazar fácilmente las tendencias y corrientes migratorias tanto presentes como futuras. De la misma manera, las circunstancias difíciles que deben enfrentar los migrantes, los casos de abusos, de discriminaciones y los obstáculos que deben afrontar para irse a los países de destino, son conocidos y han sido señalados en repetidas ocasiones. Por tanto, podemos afirmar que los Estados tienen a su disposición los conocimientos y las herramientas para adoptar un enfoque integral del fenómeno migratorio.

10Por otro lado, existe un marco normativo internacional dirigido a la protección de los derechos humanos en todas las circunstancias, especialmente cuandoquiera que las personas se encuentran fuera de su Estado de origen. Este marco se alimenta de las observaciones de los órganos de protección de los derechos humanos, del trabajo de los comités especializados y de los relatores que se han pronunciado sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes.

11En suma, teniendo en cuenta estos elementos, el factor que, según nuestros criterios, hace falta para establecer un marco de gobernanza migratoria en la cual los derechos humanos de los migrantes sean plenamente respetados, es la voluntad política tanto de los países de destino como de origen y tránsito. Como declaró el secretario general de las Naciones Unidas:

Muchos gobiernos que participan en procesos regionales siguen, no obstante, haciendo frente al reto de garantizar la aplicación de los planes aprobados y las decisiones adoptadas.

  • 859 Asamblea General de Naciones Unidas. Migraciones Internacionales y Desarrollo. Resolución A63/265 (...)

El seguimiento eficaz de declaraciones, planes de acción y otros compromisos no vinculantes depende fundamentalmente de la voluntad política de todos y cada uno de los gobiernos, de la disponibilidad de recursos y de la existencia de instituciones y una capacidad humana adecuadas para aplicar o adoptar los instrumentos, según sea necesario859.

12Desde nuestro punto de vista, la disposición de recursos, de instituciones y de personas depende de la misma voluntad política. Esto se ilustra a escala nacional con el caso de Colombia. Aunque este estudio nos mostró que el ejemplo de Colombia no era el mejor para mostrar cómo un Estado de origen puede realizar esfuerzos para visibilizar, proteger y actuar en favor de sus nacionales en el extranjero, consideramos que el marco nacional puede constituir un buen espacio para reivindicar los derechos de los migrantes. Los casos de México, con sus acciones ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Ecuador, con los medios desplegados para crear una estructura protectora de sus nacionales en el extranjero, y especialmente el amicus curiae presentado por México (y al cual se adhirieron la mayor parte de países latinoamericanos) que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley sb1070 de 2011 del Estado de Arizona (Estados Unidos), son buenos ejemplos de las acciones que pueden ser llevadas a cabo por parte de los Estados de origen de los migrantes, con el fin de velar por la protección de los derechos de sus nacionales en el exterior. Así, pensamos que el rol de los Estados a través de sus consulados debe evolucionar para que estos últimos se conviertan en verdaderos intermediarios en la protección de los derechos de los nacionales; se debe asumir una actitud que supere las simples denuncias políticas frente a las situaciones de violación de los derechos de los migrantes y vaya hasta llevar estos casos ante la justicia, la opinión pública internacional y los espacios de discusión bilaterales, regionales y multilaterales. En este sentido, pueden aprovechar los elementos señalados (estudios, informes y análisis, producto de las discusiones a escala mundial y regional), a fin de mejorar su comprensión de los contornos del fenómeno. Pueden también contar con la colaboración de los países vecinos que comparten una misma postura frente al fenómeno y frente a la protección de los derechos de los migrantes y pueden hacer uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos así como de los informes, fallos, opiniones consultivas y otros instrumentos que sirven para reivindicar los derechos de los migrantes. De esta manera, un marco posible para la gobernanza migratoria podría construirse a partir de las ventajas de las estructuras existentes y de una dosis de voluntad política de los Estados.

13Finalmente, en un caso como el de Colombia, donde se evidencia una clara ausencia de voluntad política, podría acudirse al accionar de los migrantes y de la sociedad civil ante las autoridades locales con el fin de incitarlas a que cumplan con sus obligaciones. La sociedad civil puede desempeñar un rol trascendental, especialmente para incitar a los Estados a asumir mayores compromisos en la protección de los derechos de los migrantes, así como para denunciar los casos de violación de los derechos de los migrantes ante los tribunales y para impulsar los cambios normativos en el derecho interno de los Estados.

Notes

859 Asamblea General de Naciones Unidas. Migraciones Internacionales y Desarrollo. Resolución A63/265 del 11 de agosto de 2008.

© Universidad externado de Colombia, 2016

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