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Cátedra Unesco. Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza

 | 
Bibiana Ximena Sarmiento Alvarez
, 
Marcela Gutiérrez Quevedo

Sección I. Estudios sobre derechos humanos

Patrones de comportamiento del Estado colombiano en los casos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos relacionados con violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Behavioral patterns of the Colombian state in the litigious trials before the Inter-American Human Rights System related to violations to International Humanitarian Law

Sergio David Fernández Granados

Résumé

El presente artículo presenta un análisis de los casos contenciosos de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de identificar patrones de comportamiento del Estado colombiano en términos procesales y materiales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El trabajo se divide en dos partes: la primera aborda el debate sobre la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presenta de manera detallada la posición esgrimida por cada uno de los órganos del Sistema Interamericano, así como por el Estado colombiano; el segundo acápite aborda de manera crítica los tres patrones de comportamiento del Estado colombiano que se evidencian en los casos relacionados con violaciones al Derecho Internacional Humanitario dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los patrones de conducta aparecen en el siguiente orden: el abuso de la presentación de excepciones preliminares de no agotamiento de recursos internos; la pretensión estatal de limitar los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh), basados en el análisis de contexto y, por último, el incumplimiento de las órdenes proferidas por las sentencias de la cidh por parte del Estado colombiano.

This article presents an analysis of Colombia’s contentious issues before the Inter-American Court of Human Rights and its purpose is to identify the Colombian State’s behavioral patterns in judicial and material terms, in the context of the Inter-American Human Rights System. This work is divided in two parts. The first one addresses the existing debate on the relationship between the International Humanitarian Law and the International Human Rights Law in the context of the Inter-American Human Rights System. This part presents in detail the position of every organ of the Inter-American System and of Colombian State. The second part addresses the three behavioral patterns of the Colombian State, which are put in evidence when issues related to violations to the International Humanitarian Law inside the Inter-American Human Rights System show up. The article tackles those behavioral patterns critically. The behavioral patterns are presented as follows: the abuse of preliminary demurrers based in the non-exhaustion of internal remedies, the state claim on limiting the jurisprudential developments of the Inter-American Court of Human Rights that are based on the context analysis, and finally, the failure to fulfill the judicial orders of the Inter-American Court.

Texte intégral

introducción

1Este articulo presenta un análisis del comportamiento estatal en el marco de los casos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en adelante sidh o Sistema Interamericano, el cual permite revelar tres patrones de conducta del Estado colombiano: el abuso de las excepciones preliminares como herramienta para impedir el análisis de fondo de los casos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte idh; la negativa frente a la aceptación de la responsabilidad histórica por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, en adelante dih, y los Derechos Humanos, en adelante ddhh, derivada de los análisis de contexto emanados de la Corte idh; y el cumplimiento parcial de las sentencias por parte del Estado colombiano.

2La investigación se basa en el método de inferencia científica en ciencias sociales desarrollado por King, Keohane y Verba (2000), que consiste en desarrollar inferencias descriptivas y causales al examinar el comportamiento del Estado colombiano en los casos contenciosos ante la Corte idh relacionados con violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Este análisis se desarrolla a partir de la revisión documental de los casos contenciosos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh), la revisión bibliográfica de la doctrina respecto a cada tema y subtema abordados, así como el análisis de datos y cifras aportadas por estudios realizados en lo referente al cumplimiento de las sentencias de la Corte idh por parte del Estado colombiano.

  • 1 Al respecto, la Corte idh da como hecho probado que los grupos de autodefensa civil denominados Co (...)

3Al examinar estas conductas, se infiere la tesis de que el propósito del Estado es, en primer lugar, la evasión de, no solo de su responsabilidad jurídica, sino ante todo, de su responsabilidad histórica por violaciones al dih y los ddhh, incluso tras las condenas proferidas por el sidh en las que la Corte idh señala, mediante el análisis de contexto, hechos como la conformación de grupos paramilitares potenciada por políticas de Estado mediante las que se permitió la conformación de grupos de autodefensa civil coordinados por las fuerzas militares en el marco de la confrontación armada interna1. En segundo lugar, este no reconocimiento de la responsabilidad, así como la falta de capacidad institucional, generan obstáculos para reparar de manera integral a las víctimas de violaciones a los ddhh.

4Respecto a la elusión de la responsabilidad no solo jurídica sino histórica del Estado y de sus agentes por violaciones al dih y los ddhh, el análisis prueba que ésta persiste gobierno tras gobierno y que constituye un escollo para la reconstrucción de la verdad histórica, la garantía del derecho a la justicia y la reparación integral de las víctimas de violaciones a los ddhh y el dih, un problema nodal máxime en el contexto actual de construcción e implementación de mecanismos de justicia transicional derivados de los diálogos de paz con las guerrillas.

5Por otro lado, al analizar el incumplimiento de los fallos por parte del Estado colombiano, se observa que esta conducta se explica debido a dos razones, ambas alarmantes de cara a las tareas que se avizoran para el país ante el proceso de construcción e implementación de procesos de justicia transicional producto de los diálogos de paz con las guerrillas. Por un lado, la incapacidad estatal para cumplir los fallos está dada por la debilidad y falta de coordinación institucional; por otro lado, persiste la falta de voluntad política respecto a la aceptación de responsabilidades históricas por violaciones al dih y los ddhh, lo cual es un óbice para la reparación integral de las víctimas, en particular en lo que se refiere a medidas de satisfacción y reparación simbólica.

6Evidenciar los patrones de conducta estatal en los casos relacionados con violaciones al dih ante la Corte idh constituye un fin en sí mismo de este trabajo; a su vez, al poner en evidencia la resistencia estatal frente a sus obligaciones internacionales en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en adelante didh, y en materia de dih, el artículo brinda herramientas para desarrollar un análisis crítico sobre la conducta estatal en esta materia que permita servir de guía para la protección de los derechos humanos en el marco del sidh, pues aquí se describe el patrón de comportamiento al que apela el Estado colombiano de manera sistemática.

7Sumado a lo anterior, el artículo plantea dos objetivos específicos. En primer lugar, exponer el estado actual de la discusión sobre la relación que debe existir entre el dih y los ddhh en el marco del sidh, mediante la presentación de las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Comisión idh o cidh, de la Corte idh y del Estado Colombiano, en el que se centra el análisis. En segundo lugar, evidenciar y analizar cada uno de los patrones de comportamiento estatal en Colombia en casos relacionados con violaciones al dih ante la Corte idh, con sus particularidades y consecuencias a través del análisis de casos.

la relación entre el derecho internacional humanitario y el sistema interamericano de derechos humanos

8El vínculo cada vez más estrecho entre el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ha animado el debate sobre el tipo de relación que debe existir entre estos cuerpos normativos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las actuaciones del Estado colombiano, así como de los órganos del sidh y por supuesto de la sociedad civil de cara al Sistema Interamericano, han estado determinadas en buena medida por un asunto que puede resumirse de la siguiente manera:

(…) el Derecho Humanitario y el didh coinciden parcialmente en su contenido, y plenamente en su finalidad, lo cierto es que sus fuentes jurídicas (…), su campo de aplicación y sus mecanismos de sanción, aplicación y protección son diferentes (Piza y Trejos, 1989).

9Las tres posiciones destacadas en el debate son: la de la Corte idh, la de la cidh y, por supuesto para nuestros intereses, la del Estado colombiano, la cual se analiza en el segundo acápite, que aborda la postura estatal expresada en sus pronunciamientos y patrones de conducta en los casos ante la Corte idh.

10La posición aducida por la Corte idh defiende la idea que el dih debe ser utilizadosólo como herramienta interpretativa para dotar de contenido los pronunciamientos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin remplazar la competencia material de la Corte, limitada a la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh). Así lo planteó la Corte idh al señalar que:

En audiencia pública, el Estado señaló que estaba de acuerdo con interpretar armónicamente la convención con otros tratados, pero no admitió la aplicación del artículo 3 común como una norma infringida por Colombia en un caso individual. Tanto el artículo 25 como el 27.1 y 29.b), por su ubicación en el texto de la convención, no pueden ser considerados como normas atributivas de competencia; son normas que establecen derechos y la última es una norma de interpretación. (…) de la cadh se desprende, con toda claridad, que el procedimiento iniciado en casos contenciosos ante la Comisión que culmine en una demanda ante la Corte debe referirse precisamente a los derechos protegidos por dicha Convención (Caso Las Palmeras. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002. Párr. 34)

11Por otro lado, la cidh plantea que existe una relación convergente entre los fines de ambos cuerpos normativos que:

apunta a proporcionar la mayor protección efectiva al ser humano a través de la aplicación acumulativa de ambos cuerpos de normas…”, de manera que “es posible referirse a un conjunto unificado de derechos humanos bajo diferentes marcos institucionales (Vismara y Rey, 2006).

12Esta tesis permitiría no solo el uso del dih como criterio de interpretación de la cadh, sino su aplicación por parte de los órganos del sidh, posición originada en el caso conocido como La Tablada (Caso 11.137. cidh, 1997).

13Por último, en el marco del sidh, el Estado colombiano ha defendido una posición renuente con respecto al uso interpretativo del dih para dotar de contenido a la cadh y a su aplicación, pues considera que ambos cuerpos normativos son autónomos e incluso excluyentes, posición defendida por el Estado en el Caso Rodríguez Vera y otros (Corte idh, 2014).

  • 2 Al respecto, señala Alejandro Aponte, que al interior de la Corte idh existen voces que hablan sin (...)

14De cómo se resuelva este debate dependen asuntos tan sensibles como la posibilidad de usar las normas del dih para interpretar de mejor manera la cadh, a fin de ampliar el estándar de protección de los ddhh por parte de los órganos del sidh; también empieza a ser planteada la posibilidad de usar la jurisprudencia de la Corte idh en casos de condenas contra los Estados, con el fin de que éstas aporten al marco probatorio para el establecimiento de responsabilidades individuales por violaciones al dih y a los ddhh2, pues este debate está ligado de forma como cercana con otros, como el uso del análisis de contexto para el establecimiento de responsabilidades internacionales del Estado e incluso responsabilidades penales en el ordenamiento interno (Fajardo Arturo, 2015).

15Los casos llevados contra Colombia en el sidh han jugado un papel importante para esclarecer la posición de la Corte idh, la cidh y, por supuesto, del mismo Estado colombiano respecto a las obligaciones en materia de dih frente al Sistema Interamericano. Estas obligaciones de Colombia en materia de dih se encuentran consagradas en el Artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra, que impone reglas mínimas a las partes en conflictos no internacionales frente al tratamiento de personas que no participen de manera directa en las hostilidades; además del Protocolo ii de 1977, que amplía la protección de las víctimas de conflictos de carácter no internacional bajo el principio de trato humano.

16Al analizar los casos contenciosos de Colombia ante la Corte idh, se observa que de los dieciséis fallos contra Colombia, quince están referidos a violaciones de los derechos humanos producidas por actores del conflicto armado que vive el país, de ahí la relevancia de discutir la relación que deben tener el dih y el didh en el marco del sidh, pues, como se verá, el debate sobre esta relación ha determinado patrones de conducta por parte del Estado colombiano en su defensa frente a casos contenciosos en el marco del sidh.

la posición de la cidh frente a la aplicación del dih en el sidh

  • 3 El caso se refiere a los hechos sucedidos tras combates registrados entre miembros de las fuerzas (...)

17Desde el Caso La Tablada en 19973, la cidh ha defendido la aplicación del dih en el marco del sidh bajo cuatro argumentos que ha reiterado de manera sistemática y que se presentan a continuación:

18El primer argumento planteado por la cidh ha sido la obligación misma impuesta en la cadh de proteger los ddhh, pues estima la comisión que, de no aplicar el dih, no podría cumplir de manera cabal su función:

Si la Comisión obrara de otra forma, debería declinar el ejercicio de su competencia en muchos casos de ataques indiscriminados perpetrados por agentes del Estado que provo can un número considerable de bajas civiles. Un resultado de esa índole sería claramente absurdo, a la luz del objeto y fin de la Convención Americana y de los tratados de Derecho humanitario (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997a).

19En segundo lugar, en los casos en los que existen infracciones al dih, la cidh aduce como argumento para aplicar tal cuerpo normativo el principio del derecho según el cual la ley especial prevalece sobre la ley general, de manera que en los casos en cuestión la ley especial y por ende la más idónea para el examen de los hechos es el dih (Ochoa Sánchez, 2001). Además, la cidh ha apelado a la invocación al principio Pro Homine para justificar la aplicación del dih, al aducir que éste puede ofrecer estándares de protección más altos que el didh en casos de conflictos armados internos (Burgorgue-Larsen y Úbeda de Torres, 2010).

20El tercer argumento aducido por la cidh, precisamente frente a casos contra Colombia, ha sido el mandato de la cadh en su artículo 29, reforzado mediante declaraciones de la Corte idh en su respuesta a una opinión consultiva:

El artículo 29 de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la convención puede ser interpretada en el sentido de “excluir o limitar el efecto” de otros actos internacionales de la misma naturaleza o de otra convención en que sea parte un Estado. Consecuentemente, la comisión es competente para aplicar directamente normas de derecho internacional humanitario, i.e. el derecho de la guerra, o de informar la interpretación de las disposiciones de la Convención con referencia a estas normas. Esta postura de la Comisión es confirmada en la opinión consultiva de la Corte sobre “Otros Tratados”, donde la Corte consideró los antecedentes de la Comisión y notó con aprobación que ésta había hecho referencia a otros tratados aparte de la Convención Americana, “con prescindencia de su carácter bilateral o multilateral, o de que se hayan adoptado o no dentro del marco o bajo los auspicios del sistema interamericano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997b).

21Finalmente, la cidh ha invocado el articulo 27.1 como argumento para aplicar el dih en tanto este constituiría el mejor instrumento normativo, por ejemplo, en casos de guerra, en los que se permite a los Estados adoptar medidas que limiten el ejercicio de los derechos contenidos en la cadh, mediante disposiciones que no sean “incompatibles con las demás obligaciones que le impone el derecho internacional”, de esta manera, la cidh entiende que puede aplicar “las demás obligaciones” a que hace referencia el artículo 27.1.

22Estos argumentos planteados por la cidh encendieron el debate respecto a la aplicación del dih en el marco del Sistema Interamericano, pues como se verá a continuación, tal posición no ha sido compartida por la Corte idh y menos por el Estado colombiano.

la posición de la corte idh frente a la aplicación del dih en el marco de los casos contenciosos ante el sidh

23Los pronunciamientos de la Corte idh respecto al papel que juega el dih en los casos contenciosos ante el sidh comenzaron con la sentencia de excepciones preliminares del caso Las Palmeras vs. Colombia. Allí la Corte idh aceptó la excepción preliminar presentada por el Estado colombiano y planteó que su competencia Ratione Materiae no incluye el cuerpo de obligaciones normativas del dih, en particular, los Convenios de Ginebra de 1949.

24Esta posición ha evolucionado con lentitud hacia un uso cada vez más amplio del dih; aunque si bien es cierto que es un hecho que continúa restringido a ser un referente de interpretación, no es menos cierto que las consecuencias de su uso son cada vez más relevantes, pues entre estas se pueden encontrar acciones de protección como las presentadas con las medidas provisionales emitidas que invocan la cadh y el dih, como se vio en el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las comunidades de Jiguamiando y Curvaradó, 2003). o en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el que la Corte señaló:

Que, para tornar efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, el Estado Parte tiene la obligación, erga omnes, de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto significa, a juicio de la Corte, que dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares, inclusive grupos armados irregulares de cualquier naturaleza. La Corte observa que dadas las características especiales del presente caso, y las condiciones generales del conflicto armado en el Estado colombiano, es necesaria la protección, a través de medidas provisionales, de los derechos a la vida y a la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó así como de las personas que tengan un vínculo de servicio con dicha Comunidad, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana y en el Derecho Internacional Humanitario (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. 2002: párrafo 11).

  • 4 Dos ejemplos de ello se presentan en los casos Cepeda Vargas vs. Colombia y Masacre de Ituango vs. (...)

25Asimismo, los efectos positivos se reflejan en el reconocimiento de nuevas víctimas y daños causados, que conducen a órdenes de reparación más amplias por parte del Estado en beneficio de las víctimas, todo ello en buena medida gracias a la inclusión del dih como criterio para desarrollar la interpretación de las normas de la convención, así como para fortalecer el análisis de contexto4.

26Si bien la posición de la Corte idh se distancia de la adoptada por la cidh, los efectos de esa interpretación en materia contenciosa han aportado elementos importantes en materia de reconstrucción de la verdad sobre la responsabilidad del Estado en violaciones a los ddhh, al asumir como agravante de estas conductas la violación del dih por parte de agentes del Estado. Tal ha sido su aporte en el caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, en el que la Corte determinó que:

Si bien es claro que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de Derecho Internacional Humanitario no puede ser declarada como tal, por este Tribunal 197, dichas normas son útiles para la interpretación de la Convención198, al establecer la responsabilidad estatal y otros aspectos de las violaciones alegadas en el presente caso. Esas normas estaban vigentes para Colombia al momento de los hechos, como normativa internacional de la que el Estado es parte 199 y como derecho interno 200, y han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de jus cogens, que forman parte del “bloque de constitucionalidad” colombiano y que son obligatorias para los Estados y para todos los actores armados, estatales o no estatales, que participen en un conflicto armado.

  • 5 Al respecto pueden verse los trabajos de Ramelli (2009) y Palacios (2011), los cuales permiten con (...)

27En esta sentencia, la Corte idh determina como hechos probados las violaciones por parte del Estado y sus agentes de varios artículos de la cadh y del dih. No obstante advierte que no puede declarar la responsabilidad estatal sobre las violaciones a normas del dih, dada su competencia material. Sin embargo, en esta sentencia la Corte idh fue tan lejos, que para algunos autores5 supone una inconsistencia, pues tras probar los hechos que confirman la violación de normas del dih por parte de agentes estatales, la Corte se inhibió de emitir juicios al respecto y sólo se limitó a emitir responsabilidades por violaciones a la cadh.

la conducta del estado colombiano frente a las violaciones al dih en el marco de los casos contenciosos ante el sidh

28El patrón de conducta estatal respecto a sus obligaciones en materia de dih en el marco de los casos contenciosos ante el sidh ha sido el mismo ante la cidh y ante la Corte idh: resistirse a la aplicación del dih por parte de los órganos del Sistema Interamericano y a su utilización como criterio de interpretación. Por ejemplo, en el caso Arturo Ribón Ávila ante la cidh, el Estado argumentó:

(…) en su respuesta y solicitud de reconsideración que la Comisión no tiene competencia para aplicar el derecho humanitario en casos individuales, como el presente, tramitados de conformidad con los artículos 44 a 51 de la Convención (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997b).

29El Estado colombiano ha argumentado de manera sistemática que el artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo otorga competencia a la cidh y a la Corte idh para conocer presuntas violaciones a la cadh; asimismo, ha desechado el argumento planteado por la cidh, referido a la autorización dada por la Corte mediante opinión consultiva “sobre otros tratados”, en tanto la Corte idh no es competente para ampliar u otorgar nuevas funciones a la cidh.

30Como se mencionó en el acápite anterior, en el Caso Las Palmeras vs. Colombia, el Estado consiguió que la Corte se inhibiera de declarar responsabilidad internacional por violaciones al dih. En contraste, en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia, de nuevo el Estado presentó una excepción preliminar para limitar el examen de los hechos del caso ratione materiae, al aducir que la pretensión de la cidh de que se calificara el crimen del senador Cepeda como crimen de lesa humanidad demandaba de parte de la Corte idh inhibirse de fallar al respecto, en tanto esa calificación suponía la aplicación del dih. Al respecto la Corte dejó claro que el uso de terminología propia de otras ramas del derecho es necesario para “dimensionar las consecuencias jurídicas de las violaciones alegadas vis-à-vis las obligaciones estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas 2010: párrafo 42).

31Tras haber perdido las excepciones preliminares del caso, el Estado colombiano presentó una aceptación parcial de responsabilidad que pretendía limitar los alcances del análisis de contexto de la Corte a fin de impedir que, como finalmente sucedió en la condena del caso Mapiripán vs. Colombia, la sentencia de la Corte idh desarrollara un acervo probatorio y una sentencia que de facto estableciera la responsabilidad de agentes estatales por violaciones al dih. El escrito presentado por el Estado señalaba:

“que, de no prosperar las excepciones preliminares, declare que en el presente caso no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor Manuel Cepeda Vargas; que no se probó la existencia del presunto “plan golpe de gracia”; y que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la up “en cabeza del Estado”. Además, alegó que no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22, ni del artículo 44, todos de la Convención Americana. En cuanto a reparaciones, solicitó se limiten a los familiares inmediatos del Senador Manuel Cepeda y acepte aquellas ofrecidas por el Estado, inclusive las indemnizaciones otorgadas en los procesos contenciosos administrativos y, en consecuencia, rechace las medidas adicionales de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas 2010: párrafo 5.).

32El cambio en la conducta de la Corte idh respecto a las excepciones preliminares presentadas por Colombia Ratione Materiae se evidencia en la negación de esas excepciones en los casos Rodríguez Vera (Palacio de Justicia) vs. Colombia y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, en las que la Corte idh reiteró que su referencia al dih se desarrollaría a efectos de interpretar mejor la cadh, pero a diferencia de Las Palmeras, en estos dos casos la Corte desestimó tales excepciones e incluyó en su jurisprudencia un contundente marco probatorio mediante el análisis de contexto, que permitió aportar elementos imprescindibles sobre la verdad histórica respecto a la responsabilidad del Estado en las violaciones a normas del dih y de la cadh.

33En lo referente al caso Santo Domingo, cuyos hechos se refieren al asesinato de 17 personas por parte de miembros de las fuerzas armadas colombianas, sucedido tras el bombardeo con un artefacto tipo clúster contra una casa, la Corte idh utilizó normas del dih para establecer la responsabilidad del Estado respecto a la violación al derecho a la propiedad privada en los siguientes términos:

Como ya fuera señalado (supra párr. 25), en el presente caso la Corte considera útil y apropiado interpretar los alcances del artículo 21 de la Convención utilizando otros tratados internacionales distintos a la Convención Americana, tales como el Protocolo ii de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter interno o las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Santo Domingo 2012: párrafo 270).

34Por otro lado, en el Caso Rodríguez Vera (Palacio de Justicia) vs. Colombia, la Corte idh dejó sin efectos la pretensión estatal de que se entendiera el “Derecho Internacional Humanitario no como norma complementaria [del] derecho internacional de los derechos humanos […] sino como norma especial, principal y excluyente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014: párrafo 38)., pues, como se ha visto, si bien la Corte idh no acepta la tesis de la cidh respecto a la aplicación del dih, ello no quiere decir que comparta la posición ortodoxa del Estado de asumir el dih como un cuerpo normativo excluyente respecto al didh. Muy por el contrario, la Corte idh ha entendido como un instrumento vivo al didh, en constante evolución, siempre tendiente a ampliar la garantía de los derechos humanos.

35En este caso, la Corte idh no solo no cedió a la pretensión estatal, sino que además la Corte idh analizó a la luz del dih las detenciones arbitrarias que redundaron en las desapariciones forzadas probadas en el caso:

(..) este Tribunal destaca que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad es un derecho inderogable no susceptible de suspensión y aplicable inclusive en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha determinado que es una norma de derecho internacional humanitario consuetudinario, aplicable tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales, la prohibición de la privación arbitraria de la libertad. Por consiguiente, de acuerdo a “las obligaciones que […] impone el derecho internacional”, la prohibición de detención o encarcelamiento arbitrario tampoco es susceptible de suspensión durante un conflicto armado interno (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodriguez Vera, 2014: párrafo 402).

  • 6 Los hechos del caso se remontan a 1996 y 1997, fechas en las cuales grupos paramilitares irrumpier (...)

36Finalmente, vale la pena mencionar el Caso de Ituango6, en el cual, si bien el Estado no presentó excepciones preliminares Ratione Materiae sobre las cuales la Corte idh pudiera pronunciarse, sí hubo un ejercicio de interpretación de los hechos del caso bajo el prisma del dih.

Tal y como ha quedado demostrado, y así lo ha reconocido el Estado, la incursión paramilitar en El Aro, así como la sustracción de ganado, sucedió con la aquiescencia o tolerancia de miembros del Ejército colombiano, dentro de un contexto de conflicto armado interno (supra párrs. 63 y 64). En este sentido, este Tribunal observa que los artículos 13 (Protección de la población civil) y 14 (Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil) del Protocolo II de los Convenios de Ginebra prohíben, respectivamente, “los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”, así como “atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ituango 2006: párrafo 180).

37Este ejercicio de interpretación de nuevo tiene un triple efecto, pues, por un lado, aporta elementos de verdad que permiten en otras instancias judiciales contribuir a la consecución de justicia para las víctimas; en segundo lugar, el esclarecimiento de los hechos constituye en sí misma una medida reparadora y, en tercer lugar, permite establecer de manera más precisa los tipos, los montos y los beneficiarios de las medidas de reparación ordenadas por la Corte idh en sus sentencias.

38Este repaso general sobre la conducta estatal en el marco del sidh por violaciones al dih, sirve de preámbulo al análisis de tres patrones de conducta sistemática del Estado colombiano frente a este tipo de casos.

el primer patrón de conducta del estado colombiano. impedir pronunciamientos de fondo mediante la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos

39El análisis que se presenta a continuación tiene como propósito indagar sobre el comportamiento procesal del Estado colombiano en los casos contenciosos fallados por la Corte idh, a partir del examen de la conducta estatal respecto a la admisión de los casos expresada en las excepciones preliminares de no agotamiento de recursos internos.

40La primera condena contra Colombia por parte de la Corte idh (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado, 1992). merece especial atención dado que, como se verá, fundó la tradición por parte de Colombia de emplear prácticas procesales cuyo propósito es limitar los pronunciamientos de fondo por parte de la Corte idh sobre la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los ddhh.

41En el caso Caballero Delgado vs. Colombia, el Estado presentó tres excepciones preliminares: la falta de iniciativa de la comisión para encontrar una solución amistosa; la incorrecta aplicación de los artículos 50 y 51 de la convención y falta de agotamiento de los recursos internos. Al respecto, la Corte desechó las tres consideraciones al afirmar, respecto a la primera, que la búsqueda de una solución amistosa no es solo papel de la comisión, sino que reposa en ambas partes la posibilidad de plantearla.

42En la segunda excepción preliminar, el gobierno colombiano alegó que la comisión incumplió los plazos establecidos en el artículo 51.1 de la cadh, que establece que:

Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración ética.

43Esta excepción preliminar inauguró la tradición de prácticas por parte del Estado colombiano, en las que queda en duda la buena fe de sus actuaciones procesales ante el sidh, dado que, como lo argumentó la cidh y lo determinó la Corte idh, los plazos para la publicación del informe por parte de la comisión se habían extendido por petición del Estado mediante un recurso de reconsideración enviado a la comisión, hecho que excedió los tiempos de presentación del informe de fondo:

El Gobierno ha planteado esta segunda excepción con base en que la comisión atendió una petición “extemporánea” del propio Gobierno para que se reconsiderara el informe, fundada en un artículo inaplicable porque se refiere a Estados no Partes en la Convención. Independientemente de que, como queda dicho, a la luz del artículo 51.1 de la Convención la solicitud no fue extemporánea, la Corte debe recordar aquí lo que ya dijo en un caso anterior sobre la buena fe que debe gobernar estos asuntos (Caso Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, supra 38, párr. 35) y agregar que cuando una parte solicita algo, así sea fundada en una disposición inaplicable, no puede luego de que se lo concedan impugnar la fundamentación (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares. 1997ª: párrafo 45).

  • 7 Colombia ha presentado esta excepción preliminar bajo distintos argumentos en seis casos: (Corte I (...)

44En el caso Caballero Delgado, el Estado apeló a la excepción preliminar más usada por los Estados en los casos ante la Corte idh7: el no agotamiento de los recursos internos. La excepción preliminar que ha jugado un papel central en la estrategia de defensa del Estado, en tanto pretende inducir a la Corte idh a inhibirse de tomar decisiones de fondo, negando así las pretensiones fundamentales de las víctimas de manera anticipada, pues en todos los casos contenciosos de Colombia ante la Corte idh las víctimas han alegado la vulneración del artículo 8 de la cadh (garantías judiciales) y 25 (protección judicial). Un hecho, por lo menos paradójico, pues pese a que las víctimas alegan no haber gozado de garantías judiciales en el ordenamiento interno, el Estado presenta ante la Corte idh la excepción preliminar alegando que las víctimas no han agotado los recursos internos.

45El debate que se introduce con esta excepción preliminar es el siguiente: el agotamiento de recursos internos es una herramienta de defensa para los Estados, así estos evitan que lleguen casos al sistema internacional que bien podrían haber resuelto en el ámbito interno; a su vez, este agotamiento de recursos internos supone que el Estado garantice recursos idóneos, efectivos y plazos razonables para el desarrollo de los procesos judiciales al l interior de su sistema; la cuestión que surge es que, dado que el alegato de las víctimas en todos los casos de Colombia ante la Corte idh ha sido la vulneración de sus derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, entre otros, ¿puede inferirse, que existe un ejercicio de prejuzgamiento sobre el fondo por parte de la Corte idh al aceptar o negar la excepción preliminar del Estado colombiano de no agotamiento de recursos internos?

  • 8 Al respecto, la Corte idh ha señalado que “según los principios del Derecho Internacional generalm (...)

46Como ya se mencionó, la Corte idh ha reconocido que el agotamiento de recursos internos como requisito previo para la admisión de casos ante el sidh constituye un medio de defensa del Estado8; asimismo ha señalado que “el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado. Excepciones preliminares 1997ª).

47La carga de la prueba respecto a la excepción de no agotamiento de recursos internos reposa en el Estado, quien debe probar que sus recursos son idóneos “para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y provee lo necesario para remediarla” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte vs. Perú. 2000: párrafo 102) y deben ser eficaces, es decir, capaces de producir el efecto para el cual han sido concebidos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 1998: párrafo 66). Además la investigación debe tener plazos razonables, de lo contrario se puede incurrir en una violación a las garantías judiciales; por tal razón, la Corte idh ha desarrollado de modo jurisprudencial los elementos que deben tenerse en cuenta para un examen sobre la razonabilidad del proceso judicial que deben ser aplicados en cada caso concreto: “i) complejidad del asunto; ii) actividad procesal del interesado; iii) conducta de las autoridades judiciales, y iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Santo Domingo. 2012: párrafo 164).

48Pese a que la Corte idh ha negado de manera sistemática esta excepción preliminar, ello no ha sido óbice para que el Estado colombiano apele al agotamiento de recursos internos como argumento para impedir el conocimiento por parte de la Corte de los hechos de fondo, pues el Estado entiende que en casos en los que el alegato es sobre los artículos 8 y 25 de la cadh, el debate sobre el agotamiento de recursos internos no puede “disociarse enteramente del fondo de la controversia” (Faúndez Ledesma, n.d.). En el caso Caballero Delgado vs. Colombia el Estado argumentó que:

(…) en el ordenamiento colombiano existen acciones eficaces y concretas que pueden solucionar la cuestión, y entre ellas se señalan la acción penal, que tiene como propósito establecer si se violó la ley penal por parte de particulares o agentes del Estado; así como la acción contencioso administrativa que se dirige contra la Nación como persona jurídica para que se restablezca el derecho, mediante la indemnización de perjuicios por actos atribuidos a sus agentes (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y Santana. 1997ª: párrafo 57).

49Al respecto, la Corte idh señaló que:

Como el procedimiento ante la Comisión se inició el 5 de abril de 1989 por la denuncia de la desaparición forzada de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, es decir, con posterioridad a la interposición y resolución del recurso de hábeas corpus con resultados negativos, esta Corte considera que los denunciantes cumplieron con lo dispuesto por el artículo 46.1. a) de la Convención, pues agotaron el recurso interno adecuado y efectivo para asuntos de desaparición forzada de personas. Todas las demás instancias internas son materia del fondo del asunto, ya que están relacionadas con la conducta que ha observado Colombia para cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos consagrados por la Convención (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1997ª: párrafo 67).

  • 9 Este ha sido el principal argumento de la Corte idh para negar tal excepción preliminar; no obstan (...)

50De esta manera, la Corte idh desarrolla con respecto a Colombia una respuesta que será reiterada cuando se aduce la falta de agotamiento de recursos internos como excepción preliminar frente a casos en los que se alega la vulneración de los artículos 8 y 25 de la cadh: el agotamiento de recursos internos tiene excepciones, una de ellas es que los argumentos del Estado en la excepción de no agotamiento de recursos internos constituyan a su vez un asunto de fondo sobre el que la Corte idh debe pronunciarse9.

  • 10 Frente a la responsabilidad del Estado, la corte absolvió a éste señalando que: “Dado el corto tie (...)
  • 11 Respecto al no agotamiento de recursos internos, la Corte idh señaló que: “la vía contencioso-admi (...)
  • 12 La Corte idh desestimó la excepción preliminar del Estado por considerar que la víctima había agot (...)

51Lo anterior no quiere decir que la negación de tal excepción preliminar por parte de la Corte idh anticipe una condena contra el Estado por su responsabilidad internacional frente a la violación de los artículos 8 y 25 de la cadh, al contrario, existen varias sentencias en las que la Corte idh ha desestimado la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos y luego ha absuelto al Estado colombiano de su responsabilidad internacional por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, como se puede ver en los casos Caballero Delgado vs. Colombia10, Masacre de Santo Domingo vs. Colombia11 y Duque vs. Colombia12.

52En contraste, en el caso Las Palmeras vs. Colombia, la Corte idh condenó al Estado por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la cadh en relación con la obligación de respeto (Artículo 1.1) por la falta de investigación, sanción y reparación del daño causado a los familiares de las víctimas de los hechos en cuestión. En este proceso contencioso, el Estado alegó la existencia de recursos internos que aún no se habían agotado, no obstante, la Corte idh señaló que si bien existen recursos internos que a la fecha de la presentación de excepción preliminar no se habían agotado, éstos presentaban un “retardo injustificado” y que el Estado no dio “ninguna explicación satisfactoria acerca del trámite procesal desarrollado entre esa fecha y el inicio de 1998” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones preliminares presentadas por Colombia, Caso las Palmeras. 2002: párrafos 37-38).

  • 13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia (...)

53Como ya se mencionó, esta excepción preliminar ha sido la más aducida por el Estado en los casos ante la Corte idh, y el examen de las sentencias muestra que en tres de los seis casos en los que Colombia ha presentado la excepción preliminar el Estado ha sido condenado por la violación al artículo 8 de la cadh; asimismo, se puede establecer que los argumentos presentados por el Estado para alegar el no agotamiento de los recursos internos han sido desestimados por la corte por considerar el asunto como ligado al examen sobre la responsabilidad internacional del Estado frente a la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial13.

54El hecho a anotar es que con independencia del sentido de los fallos de la Corte idh en los seis casos en los que Colombia ha presentado excepción de no agotamiento de recursos internos, la negación de estas excepciones no ha tenido como argumento por parte de la Corte idh elementos de tipo forma como los tiempos de presentación de la excepción, sino su relación con la cuestión material del caso, es decir, su indivisible relación con los asuntos de fondo sobre los que la corte se debe pronunciar en relación con los artículos 8 y 25 de la cadh, sin que ello prejuzgue el caso, pues también es un hecho cierto que la corte en unas ocasiones ha absuelto y en otras ha condenado al Estado.

55No obstante, lo significativo de este hecho deviene de la evidente pretensión por parte del Estado colombiano de inducir a la corte a inhibirse de asumir los casos apelando, mediante la excepción de no agotamiento de recursos, a cuestiones del fondo, aun cuando esta excepción pueda parecer un elemento procesal formal. La gravedad del hecho podría dimensionarse al plantear un escenario en el que la Corte idh hubiese aceptado la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos en alguno de los casos referidos. La consecuencia de tal conducta resultaría tan obvia como grave en materia de la protección a los ddhh: la desprotección total a las víctimas de estos y otros casos de violaciones a los derechos humanos imputables al Estado.

56El examen anterior prueba que las decisiones de la Corte idh sobre excepciones preliminares de no agotamiento de recursos internos en los casos contenciosos adelantados contra Colombia, si bien guardan relación con el fondo de la controversia con respecto a los artículos 8 y 25 de la cadh, no han constituido un prejuzgamiento hacia el Estado sobre la vulneración a estos bienes jurídicos. Lo que sí se puede colegir del presente estudio es el propósito del Estado de impedir pronunciamientos de fondo, arguyendo asuntos en apariencia de tipo procesal formal, propósito ante el cual la Corte idh no ha cedido.

el segundo patrón de conducta. el estado contra el análisis de contexto: la negativa estatal frente al reconocimiento de la responsabilidad por las violaciones de los ddhh

57Ha sido un patrón sistemático de la conducta del Estado ante el sidh la aceptación parcial de su responsabilidad para enfocar su defensa en algunos elementos de su responsabilidad material, en particular en intentar limitar su responsabilidad respecto a las violaciones de los derechos humanos resistiéndose al desarrollo de análisis de contexto por parte de la Corte idh, dado que este análisis busca no solo el establecimiento de la verdad procesal sino histórica de los hechos, lo que se constituye en un mecanismo de reparación para las víctimas.

58La negativa del Estado colombiano frente a la aceptación de los hechos aducidos por la Corte idh en sus análisis de contexto adoptan expresiones en la etapa de presentación de excepciones preliminares, en el desarrollo del litigio e, incluso, con posterioridad a la sentencia, al negarse a aceptar el contenido reparador emanado del análisis de contexto desarrollado por la Corte idh.

  • 14 Los casos son Duque vs. Colombia; Caballero Delgado vs. Colombia; Diecinueve comerciantes vs. Colo (...)

59De los dieciséis casos fallados por la Corte idh, el Estado ha adoptado una posición de resistencia en cuatro14, mientras ha planteado posiciones de allanamiento (parcial) aceptado por la Corte idh en los demás. Como ya se dijo, el principal objetivo de esta resistencia estatal ha sido limitar el alcance de su responsabilidad sobre las violaciones a los ddhh alegadas en los casos, propósito que ha sido truncado debido a los desarrollos procesales probatorios de la Corte idh.

60El caso Cepeda Vargas vs. Colombia es un caso hito que prueba el esfuerzo del Estado colombiano por eludir su responsabilidad histórica respecto a las violaciones de derechos humanos, aun cuando pueda existir de forma paralela (paradójicamente) aceptación parcial de la responsabilidad estatal.

61Los hechos del caso en cuestión tienen que ver con el asesinato del senador y comunicador social Manuel Cepeda Vargas, el 9 de agosto de 1994, crimen que tuvo como móvil su militancia política en la Unión Patriótica y sobre los cuales no hubo investigaciones ni sanciones que dieran con todos los responsables del hecho. Las víctimas alegaron la violación a los artículos 11 (Honra y dignidad), 13 (Libertad de expresión), 16 (Libertad de asociación), 22 (Circulación y residencia), 23 (Derechos políticos), 25 (Protección judicial), 4 (Derecho a la vida), 5 (Integridad personal) y 8 (Garantías judiciales). Al respecto, el Estado aceptó su responsabilidad internacional parcial por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a los derechos políticos, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

62Lo paradójico y contradictorio del hecho es que pese a esa aceptación parcial de responsabilidad, el estado presentó cuatro excepciones preliminares, las dos primeras pretendían la” limitación del marco fáctico del presente caso”, para excluir del conocimiento del Tribunal “todos los hechos que están pendientes de ser decididos en el caso de la Unión Patriótica” (Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 25). Al respecto, la Corte idh desechó las excepciones al señalar que:

(…) la Corte no conoce los alegatos actuales, presuntas víctimas o hechos del caso 11.227, por lo que no podría prejuzgarlo o determinar en qué medida lo haría la Comisión. (…) el juicio que se formula acerca de un caso no prejuzga sobre otros, cuando son diferentes los titulares de los derechos, aunque los hechos violatorios sean comunes (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 36).

63En la tercera excepción preliminar, el Estado alegó que la Corte idh no podía abordar la pretensión de la comisión de definir la muerte del senador Cepeda Vargas como crimen de lesa humanidad, en tanto ello supondría falta de competencia en razón a la materia, dado que la Corte idh no es competente para realizar el examen de delitos regulados por el dih. Tal pretensión también fue negada por la corte al señalar que sus funciones no consisten en determinar responsabilidades penales individuales y que en todo caso el uso de terminología propia de otras ramas del derecho es necesario para “dimensionar las consecuencias jurídicas de las violaciones alegadas vis-à-vis las obligaciones estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas. 2010: párrafo 43).

64Finalmente, la cuarta excepción preliminar pretendía impedir el análisis sobre hechos presentados por los representantes de las víctimas previos al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte idh por parte de Colombia (21 de junio de 1985). La Corte desestimó esta excepción al señalar que:

(…) está en posibilidad de incorporar o hacer referencia a esos antecedentes de los hechos, como elementos de contexto materia del fondo del caso, sin que lleve al Tribunal a derivar de ellos consecuencias jurídicas particulares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 46).

65Por último, el Estado acompañó la presentación de sus excepciones preliminares y su declaración de reconocimiento de responsabilidad parcial de un condicionamiento que tenía como propósito limitar los alcances de una eventual sentencia, al plantearle a la Corte idh:

(…) que, de no prosperar las excepciones preliminares, declare que en el presente caso no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor Manuel Cepeda Vargas; que no se probó la existencia del presunto “plan golpe de gracia”; y que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP “en cabeza del Estado”. Además, alegó que no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22, ni del artículo 44, todos de la Convención Americana. En cuanto a reparaciones, solicitó se limiten a los familiares inmediatos del Senador Manuel Cepeda y acepte aquellas ofrecidas por el Estado, inclusive las indemnizaciones otorgadas en los procesos contenciosos administrativos y, en consecuencia, rechace las medidas adicionales de reparación solicitadas por la Comisión y los representantes (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 5).

66La contradictoria declaración de responsabilidad que pretendía condicionar los alcances de las sentencias de la Corte idh antes de ser emitidas, previendo el fallo condenatorio que al final llegó, deja en evidencia el propósito del Estado de negar su responsabilidad histórica en la violación a los ddhh del senador Cepeda Vargas, propósito truncado por los desarrollos en materia procesal probatoria de la Corte idh, en particular por la implementación del análisis de contexto, que condujo precisamente a la conclusión que el Estado temía: el reconocimiento por parte de la Corte idh que el asesinato del senador Manuel Cepeda se dio en un contexto de violencia sistemática contra la up, reconocido por distintos organismos internacionales, y que miembros del Estado de manera reiterada emitieron juicios públicos que ponían en riesgo al senador Cepeda en tanto “colocaron a los miembros de la up en una posición de mayor vulnerabilidad y aumentaron el nivel de riesgo en que ya se encontraban” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 85), lo que generó un ambiente que contribuyó a:

... exacerbar situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de funcionarios públicos u otros sectores de la población hacia las personas vinculadas con la UP y, por ende, hacia el senador Cepeda (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cepeda Vargas, 2010: párrafo 86).

67El mismo patrón de conducta del Estado identificado en el caso Cepeda Vargas, puede evidenciarse en el caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia, cuyos hechos tienen que ver con la persecución, violencia y amenazas de que fue víctima el camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo, tras haber registrado las marchas de protesta contra la política de fumigación de cultivos de coca ocurridas en agosto de 1996. Sobre la persecución de que fue víctima Vélez Restrepo no hubo mayores investigaciones ni sanción a los responsables. Ante este caso, el Estado colombiano elevó una excepción preliminar en la que alegaba que la cidh en su informe había valorado de manera errada los hechos del caso, pues ésta afirmó que las “presuntas amenazas, hostigamientos e intento de secuestro sufrido por el señor Vélez Restrepo provinieron de agentes estatales y tenían un nexo causal con lo sucedido el 29 de agosto de 1996” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Restrepo y Familiares, 2012: párrafo 27); asimismo, el Estado señaló que la valoración de los hechos por parte de la Comisión (las lesiones sufridas por el señor Vélez) el 29 de agosto de 1996, constituían hechos no probados.

68El propósito del Estado aquí fue de nuevo intentar limitar el contenido del examen de la Corte idh o de su sentencia, pues pretendía impedir que ésta abordara el examen de los hechos violatorios de los ddhh del señor Vélez. Al respecto la Corte idh dejó claro que la valoración hecha por la comisión sobre los hechos no es causal de excepción preliminar y que el examen de los mismos por parte de la corte constituye el asunto de fondo sobre el que debe versar el litigio. De esta manera desestimó la excepción preliminar presentada por Colombia y luego emitió un fallo en el que, de nuevo mediante el análisis de contexto, declaró como un hecho probado la existencia de un:

(…) contexto de riesgo especial para los periodistas y comunicadores sociales en relación con el cumplimiento de sus labores, por motivo de actos de violencia, amenazas y hostigamientos por parte de actores del conflicto armado interno, entre ellos grupos armados disidentes, grupos paramilitares y algunos miembros de la fuerza pública, así como de grupos de delincuencia común (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Restrepo y familiares, 2012: párrafo 84).

69Este contexto sirvió de base para declarar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la protección judicial, garantías judiciales, integridad personal, el derecho de circulación y residencia y la protección del señor Vélez Restrepo y su familia:

… en cuanto a la obligación estatal de adoptar medidas especiales de prevención y protección, la Corte considera que el contexto de riesgo para periodistas en Colombia (supra párr. 84) debió ser tomado en cuenta por las autoridades estatales para evaluar diligentemente la necesidad de medidas de protección oportunas a favor del señor Vélez Restrepo y su familia (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Restrepo y Familiares. 2012: parr 193).

  • 15 Al respecto vale la pena recordar la respuesta del gobierno del expresidente Álvaro Uribe ante la (...)

70Queda claro que el análisis de contexto desarrollado por la Corte idh ha permitido una comprensión mayor de la responsabilidad estatal en casos de violaciones de ddhh, cuyas consecuencias preocupan al Estado en tanto las conclusiones de la corte han sido asumidas por Colombia como un cuestionamiento a su legitimidad, cuya respuesta en ocasiones ha sido el desconocimiento total o parcial de esas sentencias15, olvidando el papel reparador que tiene la verdad histórica para las víctimas, como lo estableció la Corte idh en el caso de la masacre de La Rochela vs. Colombia:

Teniendo en cuenta las atribuciones que le incumben de velar por la mejor protección de los derechos humanos y el contexto en que ocurrieron los hechos del presente caso, el Tribunal estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, lo cual constituye una forma de reparación para los familiares de las víctimas, una contribución a la preservación de la memoria histórica y a evitar que se repitan hechos similares, y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de La Rochela. 2007: párrafo 54).

71La renuencia por parte del Estado a aceptar los aportes de la Corte idh mediante el análisis de contexto niegan el valor de la contribución de éstas y su potencialidad para generar efectos que “van más allá de una sentencia y terminan siendo herramientas para fortalecer las instituciones y la democracia de un país” (Carvajal Martínez, 2015).

72Uno de los aportes más importantes hechos por la Corte idh mediante el análisis de contexto en sus sentencias sobre Colombia ha sido el desarrollado en el caso Diecinueve comerciantes vs. Colombia, en el cual la corte examinó la desaparición y asesinato de las personas en cuestión a manos de paramilitares que habían planeado previamente el crimen junto a miembros del ejército.

73En este caso, el Estado mantuvo a lo largo del proceso una actitud de resistencia ante la aceptación de los hechos. En su alegato sobre las presuntas violaciones a los artículos 7,5 y 4, con relación al artículo 1.1 de la cadh, el Estado señaló que:

(…) los hechos relacionados con la desaparición y muerte de los 19 comerciantes en octubre de 1987 no son imputables al Estado, debido a que no existió una acción u omisión de sus agentes que influyera en que se cometieran tales delitos, y tampoco hubo un apoyo de sus agentes a los grupos delincuenciales autores de tales hechos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes, 2004: párrafo 114).

74Además, la cidh alegó que el Estado justificó la relación estrecha entre miembros del ejército y el grupo paramilitar que hacía presencia en la región con fundamento en la ley (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes, 2012: párrafo 113). Al respecto, la Corte idh enfocó sus esfuerzos en probar un contexto de favorecimiento estatal a la conformación de grupos de autodefensa que derivaron en organizaciones paramilitares, cuyo funcionamiento fue aupado por efectivos militares, y que la inacción del Estado para contrarrestar este fenómeno mediante medidas legislativas se dio de manera tardía (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes, 2004: párrafo 120).

75En el mismo sentido de la sentencia del caso Diecinueve comerciantes vs. Colombia, en la sentencia del caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la Corte idh aportó un análisis de contexto a fin de establecer la relación existente entre grupos paramilitares y miembros de las fuerzas armadas. Como consecuencia de esta relación y en la aceptación de la responsabilidad internacional del Estado, la corte extendió el número de víctimas de 12 a 49 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Mapiripán, 2005: párrafo 139). Es preciso señalar que en esta misma sentencia, la Corte idh, al hacer uso del principio iura novit curia, amplió la protección de las víctimas mediante la condena al Estado colombiano por violación al artículo 19 (Derechos del niño), pese a que tal violación no había sido presentada en la demanda, con lo que amplió no solo el contenido de la demanda, sino además, de manera consecuente, el de las reparaciones a que hubiere lugar (Cuastumal, 2013).

  • 16 La Corte idh ha determinado el papel que juegan las rentas petroleras en la agudización del confli (...)

76Sin duda alguna el análisis de contexto ha aportado a la comprensión de los factores que han agudizado el conflicto armado16, y se ha erigido en una herramienta formidable para:

(…) dimensionar las violaciones y condicionar la responsabilidad internacional del Estado en relación con sus obligaciones generales, y se constituye en una forma de reparación para las víctimas, así como de preservación de la memoria histórica de los hechos para evitar su repetición (Fajardo Arturo, 2015).

el tercer patrón de conducta. la injusticia después de la sentencia: el cumplimiento parcial de las sentencias de la corte idh por parte del estado colombiano

77En teoría, la sentencia judicial es la forma en que se materializa la justicia, pues se entiende como un hecho que después de ésta comienza la realización del bien jurídico vulnerado, así como un ciclo de reparación del daño causado. La realidad es bien distinta. Para el año 2014 se estimaba en apenas 50% el porcentaje de cumplimiento de las sentencias condenatorias y soluciones amistosas en el marco del sidh (Vivas-barrera, 2014).

78El cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte idh supone un reto cada vez mayor para los Estados, basta señalar que las primeras sentencias sobre Colombia solo incluían la indemnización monetaria, acompañada de la obligación de encontrar los restos mortales de las víctimas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y Santana, 1997ª) y posteriormente se ha ampliado el estándar de reparación desarrollado por la Corte idh.

79El debate central en materia de incumplimiento de las sentencias de la Corte idh es sobre la explicación de la conducta estatal frente al incumplimiento de medidas ordenadas por la corte, como la obligación de adelantar investigaciones judiciales sobre los hechos, las medidas de compensación de carácter no económico, la protección de víctimas y testigos y las medidas de reparación simbólica.

80El estudio elaborado por Anzola, Sánchez y Urueña (2014) señala que el nivel de incumplimiento por parte del Estado colombiano respecto a las órdenes proferidas por la Corte idh en las nueve demandas falladas durante el periodo 2004-2012 en lo referente a adelantar investigaciones judiciales es cercano a 80%, un hecho que supone la revictimización permanente de los afectados, en tanto, como se ha mencionado en los anteriores acápites, la totalidad de demandas contra el Estado colombiano en el sidh alegan la violación del artículo 8 y/o 25 de la cadh.

81El estudio señala que en lo atinente a medidas de compensación no económica, es decir, medidas de rehabilitación, el grado de incumplimiento supera 70%, y en lo referente a la protección de víctimas y testigos el nivel de incumplimiento es apenas inferior a 70%.

82Por norma, las medidas de reparación que exigen niveles de coordinación entre las partes, como las medidas de satisfacción simbólicas, son difíciles de realizar, dada la dificultad natural de ponerse de acuerdo con un Estado que no ha aceptado su paramilitartórica en los hechos por los cuales ha sido condenado. Al respecto, el estudio desarrollado por Acosta y Bravo (2008) aporta propuestas que pueden permitir subsanar estas dificultades, como poner de presente por parte de la Corte idh los contextos específicos en los cuales, por ejemplo, se deben desarrollar las obras, monumentos y actos de reconocimiento de responsabilidad estatal.

83En contraste con el bajo cumplimiento de las medidas de satisfacción, protección y verdad judicial, así como de las de rehabilitación, las medidas de carácter pecuniario tienen niveles de cumplimiento superiores a 90%; estas medidas se caracterizan por tener plazos de ejecución cortos, un hecho que al ser comparado con el nivel de cumplimiento de medidas de reparación de más largo aliento evidencia la incapacidad estatal de generar medidas de mediano y largo plazo para responder a las órdenes de la Corte idh y a las exigencias de las víctimas, a fin de reparar los bienes jurídicos afectados con ocasión de violaciones a los ddhh.

84El caso más preocupante es el del incumplimiento de las medidas de rehabilitación, pues el grado de incumplimiento expresado porcentualmente, aunque dramático, no da cuenta de la gravedad del asunto, pues en la práctica lo que sucede es que:

El proceso de concertación de medidas decretadas en las sentencias de la Corte idh, frente a la ejecución de las mismas, constituye un espacio de prolongación del contencioso en el cual las partes difícilmente llegan a acuerdos frente a la interpretación y alcance de las medidas a ejecutar. La ausencia de claridad en la medida de rehabilitación en salud desde la sentencia lleva a que las partes en el proceso de concertación negocien la claridad de una orden que desde un principio debió serlo y ejecutarse automáticamente a cargo del Estado responsable (Vargas Díaz, 2014).

85El patrón de comportamiento del Estado colombiano en materia de cumplimiento de las órdenes emanadas de las sentencias de la Corte idh es dramático y evidencia falta de voluntad política e incapacidad institucional para dar respuestas estructurales a problemas de garantía de derechos básicos como la protección judicial de sus ciudadanos, en particular quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.

conclusiones

86– El debate sobre el carácter del dih en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos presenta tres posiciones: la herramienta interpretativa de la corte; la de instrumento aplicable de la comisión y la de cuerpo normativo excluyente respecto al didh, aducida por Colombia. El examen hecho en este ensayo prueba que en la práctica la posición de la Corte idh ha tendido a acercarse más hacia la posición de la comisión que hacia el Estado colombiano, con lo que ha relegado a un papel cada vez más marginal la posición estatal y con lo que es posible avizorar cambios lentos pero claros en torno a una posición de interpretación más comprensiva sobre el contenido del dih y el alcance del sidh.

87– El no agotamiento de recursos internos constituye una excepción preliminar cuyo propósito siempre es inducir a la Corte idh a inhibirse de pronunciarse de fondo en una fase procesal previa a ese examen. En lo que respecta a la Corte idh, la decisión de negar la excepción preliminar de no agotamiento de recursos internos no supone anticipar la sentencia en lo referente a la violación de los artículos 8 y 25, pues existen casos en los que tras la negación de tal excepción se absuelve al Estado, y otros en los que éste es condenado.

88– El análisis de contexto desarrollado por la Corte idh, con ocasión de violaciones a los derechos humanos ligadas al desarrollo del conflicto armado colombiano, ha permitido esclarecer la responsabilidad histórica del Estado colombiano en relación con graves violaciones a los ddhh y el dih, así como aportar al esclarecimiento de los hechos, lo que se constituye en una medida de reparación para las víctimas.

89– La vulneración por parte del Estado colombiano de los artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) no cesa con las sentencias emitidas por la Corte idh, sino que continúa con el incumplimiento de las órdenes emanadas de éstas, lo que extiende el conflicto entre las partes una vez se ha agotado el proceso contencioso.

90– El incumplimiento de las órdenes de rehabilitación proferidas por la corte en las sentencias contra el Estado colombiano, así como de otras medidas de mediano y largo plazo, en contraste con el alto grado de cumplimiento de las medidas de carácter pecuniario, denotan la falta de voluntad y capacidad institucional del Estado para acometer medidas que garanticen el goce efectivo de derechos de los ciudadanos, a partir de actos de contrición frente a quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Bibliographie

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Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cepeda Vargas vs. Colombia Sentencia de 26 de mayo de 2010. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decisión del 13 de noviembre de 1981. Caso Viviana Gallardo y otras.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Sentencia de 21 de enero de 1994. Excepciones Preliminares (1997).

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Notes

1 Al respecto, la Corte idh da como hecho probado que los grupos de autodefensa civil denominados Convivir devinieron en grupos paramilitares que actuaron en connivencia con miembros de la fuerza pública de Colombia. La sentencia del caso de las masacres de Ituango señala que: “a partir de 1985, se hizo notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Estos se desarrollaron primeramente en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones del país”; asimismo, la Corte señala que: “A partir de 1997, se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos” (Párrafos 125.2 y 125.24).

2 Al respecto, señala Alejandro Aponte, que al interior de la Corte idh existen voces que hablan sin tapujos en este sentido, en particular la del magistrado Cançado Trindade, quien afirma que: “en la actualidad nove sentido alguno en contraponer la responsabilidad internacional del Estado (…) con la responsabilidad individual de agentes perpetradores de violaciones graves de los ddhh y el dih” (AponteCardona, 2010).

3 El caso se refiere a los hechos sucedidos tras combates registrados entre miembros de las fuerzas armadas de Argentina y miembros del movimiento “Todos por la patria”, en los que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, una vez redujeron a los atacantes, los asesinaron de manera extrajudicial.

4 Dos ejemplos de ello se presentan en los casos Cepeda Vargas vs. Colombia y Masacre de Ituango vs. Colombia.

5 Al respecto pueden verse los trabajos de Ramelli (2009) y Palacios (2011), los cuales permiten conocer en profundidad los argumentos que fundamentan esta crítica.

6 Los hechos del caso se remontan a 1996 y 1997, fechas en las cuales grupos paramilitares irrumpieron en los corregimientos La Granja y El Aro. El resultado fue el asesinato de varios pobladores, el robo de ganado y la destrucción de sus casas sin que se hubiesen presentado mayores investigaciones, juzgamientos o sanciones al respecto.

7 Colombia ha presentado esta excepción preliminar bajo distintos argumentos en seis casos: (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1997) - (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002) - (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.d.-f) - (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.d.-i) - (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.d.-j) - Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs. Colombia. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Excepeciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.

8 Al respecto, la Corte idh ha señalado que “según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado así como un medio de defensa y como tal, renunciable, aun de modo tácito. Dicha renuncia, una vez producida, es irrevocable” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, n.d.n).

9 Este ha sido el principal argumento de la Corte idh para negar tal excepción preliminar; no obstante, en la jurisprudencia de la Corte idh respecto a casos de otros países existe un amplio desarrollo sobre hechos que permiten excepciones a la regla de agotamiento de recursos internos, como la imposibilidad material de agotarlos, la inexistencia de debido proceso legal y la falta de acceso a los recursos disponibles. Al respecto ver Faúndez Ledesma.

10 Frente a la responsabilidad del Estado, la corte absolvió a éste señalando que: “Dado el corto tiempo transcurrido entre la captura de las personas a que se refiere este caso y su presunta muerte, la Corte considera que no ha habido lugar a la aplicación de las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención y que, en consecuencia, no existe la violación de ese artículo “(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caballero Delgado y Santana, 1995: párrafo 64).

11 Respecto al no agotamiento de recursos internos, la Corte idh señaló que: “la vía contencioso-administrativa será relevante en casos en que haya sido efectivamente intentada por personas afectadas por violaciones a sus derechos o por sus familiares. Es decir, no es un recurso que necesariamente deba ser siempre agotado, por lo que no inhibe la competencia de la Corte para conocer del presente caso. Sin perjuicio de ello, la Corte tomará en cuenta, en lo pertinente, los alcances y resultados de esa vía judicial en la determinación completa y adecuada de la responsabilidad estatal, así como en lo que corresponde a la fijación de una reparación integral a favor de las presuntas víctimas. Tales apreciaciones y valoraciones deben realizarse en atención a las circunstancias de cada caso específico, según la naturaleza del derecho que se alega violado y de las pretensiones de quien lo ha incoado. Sin embargo, este análisis puede corresponder, consecuentemente, al fondo del asunto o, en su caso, a la fase de reparaciones” (Párrafo 38). Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.

12 La Corte idh desestimó la excepción preliminar del Estado por considerar que la víctima había agotado los recursos internos, en este caso la acción de tutela, recurso que para el caso era el “adecuado y efectivo para cumplir con las dos finalidades perseguidas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs. Colombia. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Excepeciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Párrafo 32).

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Párrafo 104. Y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones.

14 Los casos son Duque vs. Colombia; Caballero Delgado vs. Colombia; Diecinueve comerciantes vs. Colombia y Masacre de Santo Domingo vs. Colombia.

15 Al respecto vale la pena recordar la respuesta del gobierno del expresidente Álvaro Uribe ante la condena de la Corte idh por el caso Cepeda Vargas (La Silla Vacía, n. d.).

16 La Corte idh ha determinado el papel que juegan las rentas petroleras en la agudización del conflicto armado en Arauca (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Santo Domingo, 2012: párrafo 56).

Auteur

Investigador del Centro de Investigación en Política Criminal. Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Correo:sergiod.fernandez@uexternado.edu.co

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