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OpenEdition Books

Política criminal y “prevención”

 | 
Carol Sierra Ramirez
, 
Nilton Rosas Camacho Deily
, 
Jorge Luis Triana Sánchez
, 
et al.

Prólogo

Marcela Gutiérrez Quevedo

Texte intégral

POLÍTICA CRIMINAL Y “PREVENCIÓN”

1Este libro es el producto de las investigaciones de 2014 que se socializaron en el Congreso Nacional de Política Criminal y “Prevención”, en el que se presentaron diferentes posturas y críticas al concepto de “prevención” del delito, con el fin de extraer los elementos esenciales en la construcción de una política pública garantista y respetuosa de los derechos humanos.

2La primera parte del libro la hemos denominado “Una crítica al concepto de prevención”: en ella encontraremos los siguientes capítulos:

  • “Políticas públicas y prevención en Colombia”, de la profesora Marcela Gutiérrez. Este capítulo confronta una política criminal garantista con una política criminal reactiva y analiza la definición de política criminal de la Corte Constitucional para entender el valor fundamental de los tres poderes que inciden en ella. Así mismo, identifica prácticas de prevención integral y realiza una crítica constructiva de ellas.
  • “Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología”, del profesor Camilo Umaña. Este capítulo analiza ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señala algunos de sus límites y elabora algunas críticas contemporáneas. Estas consideraciones se hacen desde dos campos de análisis: la prevención del delito desde afuera y desde adentro del sistema penal.
  • “Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género”, de la profesora Ana Lucía Moncayo Albornoz. Este capítulo identifica algunos obstáculos para lograr una política de prevención del delito desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres. En él se hace una crítica tanto al paradigma de la vigilancia y el control como al de la selectividad que nutren el contenido actual de una política criminal de prevención. Esta investigación considera, así mismo, la necesidad de implementar una política criminal de prevención con enfoque de género, con fundamento en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), con el reconocimiento previo del conflicto armado y de las específicas vulneraciones contra las mujeres.
  • “La necesidad de una política preventiva verde en Colombia”, del profesor David Rodríguez. Este capítulo desarrolla la tesis según la cual una macropolítica pública de prevención de daños en Colombia debe tener como constituyente central el componente ambiental. Para desarrollar esta hipótesis, el autor divide su capítulo en tres partes. En la primera genera una definición de política pública apoyándose en las diversas aproximaciones epistemológicas que fundamentan la disciplina del análisis de políticas públicas; en la segunda introduce el marco teórico de la criminología verde; y en la tercera sintetiza los hallazgos de tres investigaciones que sobre el caso colombiano se han desarrollado desde la criminología verde.
  • “Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario”, de los profesores de la Universidad de Ibagué Nora Cristina Osorio Gutiérrez, María del Pilar Salamanca Santos, Laura Elisa Rivera Montealegre y Carlos Andrés Ávila Palacio. Este capítulo describe el análisis y evaluación de cinco programas socioeducativos implementados con 162 reclusos (127 hombres y 35 mujeres) desarrollados en 105 sesiones (62 con hombres y 43 con mujeres) por medio de una investigación de tipo evaluativo. En ella se verificó la producción de conocimiento científico sobre la efectividad de los programas socioeducativos.

3La segunda parte del libro la hemos denominado “Algunos métodos para una política criminal preventiva”. En ella encontraremos los siguientes capítulos:

  • “Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: construcción de indicadores auxiliares en la toma de decisiones de política criminal”, del profesor Jorge Luis Triana Sánchez. Este capítulo propone una metodología para realizar el análisis jurídico-económico del delito, orientada a auxiliar la definición de la política criminal, y en particular a las decisiones de las entidades que investigan el delito, tanto frente al procesamiento de los delitos como a la implementación de salidas alternas. La metodología propone crear indicadores tanto del fenómeno delictivo como del proceso de investigación del delito, que permiten generar directrices auxiliares en la toma de decisiones de política criminal, apoyadas en una jerarquización de los delitos y de los casos, en función de su costo social.
  • “Eficacia de la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos en la política criminal del Estado colombiano”, de los profesores Nilton Rosas Camacho y Deily Carol Sierra Ramírez. Este capítulo aborda la eficacia de la implementación y aplicación obligatoria de la conciliación como contribución a la descongestión de los despachos judiciales en materia penal. Como resultado de la investigación, el autor concluye que en Colombia se ha presentado un descenso evidente del uso de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, como consecuencia de la expedición de legislaciones paralelas y alternas a la normativa procedimental penal.

4Agradezco a los ponentes del Congreso Nacional en Política Criminal y “Prevención” por realizar, desde sus distintos enfoques y disciplinas, un trabajo de investigación riguroso que brinda valiosos aportes a la construcción de una política criminal. Este libro es una invitación a continuar investigando sobre el problema carcelario y un llamado a la academia para incidir de manera activa en la construcción de una política criminal que reconozca y proteja la dignidad y los derechos humanos para transformar la sociedad en el marco de la democracia.

  • 1 Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013.

5Este reto se hace aún más necesario ante la decisión de la Corte Constitucional, en Sentencia T-388 de 2013, de declarar el estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario y penitenciario como consecuencia de la violación grave y sistemática de los derechos fundamentales de los internos en las distintas cárceles de Colombia y de convocar a la academia para lograr “un mayor grado de exigibilidad en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos”1.

  • 2 Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.

6Para terminar, quiero dedicar este libro a la memoria de mi profesor Nils Christie por haberme acompañado en Colombia2 por los caminos de las vías alternativas a los conflictos y sobre todo con su ponencia en el año 1998 “El derecho penal y la sociedad civil. Peligros de la criminalización”. Pero sin duda lo que más recuerdo de él es su humanidad y solidaridad con los que sufren y se les causa dolor.

Notes

1 Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013.

2 Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.

© Universidad externado de Colombia, 2015

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