Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books

Política criminal y libertad

 | 
Marcela Gutiérrez Quevedo
, 
Thomas Mathiesen
, 
Dan Kaminski
, 
et al.

Prisión y sociedad

Una política criminal a partir de los medios masivos de comunicación

Jorge Emilio Caldas Vera

Résumé

La incidencia de los medios masivos de comunicación en el acontecer social ha influido en la construcción de una política criminal coyuntural, caracterizada por la hiperinflación legislativa, cuyo eje es la inclusión innecesaria de numerosos tipos penales y un irrazonable aumento en la cuantía de las penas, particularmente las privativas de la libertad, ocasionando un desbordado nivel de hacinamiento en las cárceles y penitenciarías de Colombia, hecho que riñe con los principios y valores constitucionales.
El diseño de una política criminal coherente, de largo alcance y respetuosa de la dignidad del ser humano, debe ponderar los intereses de la sociedad, las demandas de justicia de los ciudadanos y el respeto por los derechos y garantías tanto de las víctimas como de las personas enjuiciadas y las condenadas, cometido que sólo se logra con la participación de diversos entes públicos y privados, de los cuales los mass media son pieza angular.

Note de l’éditeur

La delegada para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo hace una investigación permanente sobre el desarrollo de la política criminal en Colombia.

Texte intégral

I. INTRODUCCIÓN

1Este artículo plantea la realidad sobre las relaciones entre la justicia penal y los medios masivos de comunicación en la construcción de una política criminal. Ello viene determinando un problema social que incumbe tanto a las autoridades judiciales como a los ciudadanos, pues la criminalidad genera informaciones capaces de construir una realidad que posteriormente se ventila en los procesos penales, dando como resultado decisiones judiciales no siempre coincidentes con la verdad procesal.

2En tal sentido, se proclama que la política criminal del Estado no ha sido ajena a la incidencia de las informaciones de prensa, haciéndola débil y coyuntural. Es evidente que la política criminal en Colombia carece de claros elementos para la construcción de un modelo que privilegie la libertad como postulado constitucional y que con él se logre desestimular la prisión como única fuente de satisfacción de la víctima y la sociedad frente al delincuente. En consecuencia, se requiere la implementación de una política criminal coherente, de largo alcance, desprovista preponderantemente de medidas previas y sanciones privativas de la libertad, lo cual depende en gran medida de la labor de los medios masivos de comunicación.

3En realidad, en un ejercicio sociojurídico es posible demostrar, desde un plano teórico, la incidencia que tienen los mensajes de los medios masivos de comunicación social en las decisiones judiciales y, a su vez, en el saber que el común de los ciudadanos tiene sobre la criminalidad, su castigo y el enfoque que el Estado debe darle para combatirla.

4Basado en la observación como primera fuente de investigación y en mi experiencia como comunicador socialperiodista, abogado litigante y funcionario estatal en el área penal, me es posible afirmar que la política criminal en Colombia se ha venido gestando a partir de criterios coyunturales generados en gran medida por los medios informativos, cuyo efecto es el incremento desmesurado de penas y medidas de aseguramiento intramurales que, como consecuencia, generan hacinamiento carcelario. Esta afirmación es respaldada por el creciente aumento punitivo para todos los tipos penales existentes en el código. El secuestro, el terrorismo, el homicidio, el enriquecimiento ilícito, el concierto para delinquir, el hurto, las lesiones personales y el homicidio en accidente de tránsito son comportamientos expuestos de manera regular en las informaciones de prensa en las que se pide airadamente al Congreso de la República que aumente las penas, logrando que efectivamente el legislador se ocupe del asunto y actúe en consonancia, particularmente incrementando las penas privativas de la libertad y haciendo más gravosos los requisitos para otorgar libertades.

5Lo cierto es que el papel jugado por los medios masivos de comunicación en sus relaciones con la justicia penal marca un derrotero indescifrable, inconsistente y malsano, al pretender, equivocadamente, convertir al derecho penal en principio y fin de las soluciones a los problemas estructurales de la sociedad. La falta de oportunidades para nuestros jóvenes, los deficientes sistemas educativos, las crisis de la familia y una inequitativa distribución del ingreso y la riqueza en nuestro país son los elementos generadores de la criminalidad en Colombia, y mientras esas condiciones no cambien, mal podría entenderse que el aumento de penas o la inclusión de nuevos delitos en el código son la solución a la criminalidad. Así, cada vez que ocurre un delito los medios de comunicación claman justicia, reivindican la necesidad de aumentar penas y minimizan la actividad de las autoridades, a su vez, esa circunstancia es aprovechada por algunos legisladores que inmediatamente proponen reformas penales con el correspondiente aumento punitivo.

  • 3 Página del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (inpec).

6En Colombia, para finales del año 2013 la cifra de hacinamiento en las cárceles del ámbito nacional estaba entre el 58% y el 60%, teniendo en cuenta que en nuestro país hay 138 establecimientos de reclusión, cuya capacidad real es aproximadamente para 76.000 personas y para la época la cifra superaba los 120.000 reclusos,3 lo cual demuestra la inconsistencia de los instrumentos utilizados por el Estado para combatir la criminalidad.

7Al finalizar este artículo intentaré formular algunas conclusiones en torno a las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación en aras de construir una política criminal sana, coherente y de largo alcance.

II. LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8Desde épocas remotas, las relaciones entre los medios de comunicación y la justicia penal han sido de complementariedad, como quiera que los medios constituyen el principal actor en materia de control social informal.

9La radio, la televisión, los periódicos y revistas escritas y virtuales, inclusive las redes sociales, son los que de una u otra manera vienen constituyendo cada vez más un canal de control, vigilancia y advertencia al poder estatal de hasta dónde pueden ir sus funciones sin desconocer derechos y garantías fundamentales.

10En general, el poder estatal debió descender de su pedestal, otrora inescrutable, para entender que en las democracias constitucionales los principios y valores introducidos en el texto superior son medulares y, en aras del respeto a ella, la participación ciudadana debe estar presente en todos los escenarios del poder. A su vez, la publicidad es el eje de toda su actividad en materia judicial, en tanto las diversas actuaciones tienen como garantía fundamental las audiencias públicas a las que pueden concurrir los ciudadanos y puntualmente los medios masivos de comunicación.

11Estos son los encargados de describir y analizar el acontecer social, actividad que les permite formar o crear opinión pública. Los comunicadores sociales son no solo quienes informan, sino forman, ellos examinan el acontecer social desde diversas ópticas y van generando conciencia en torno a la problemática del ser humano. La prensa misma es la que define qué es noticia y qué no lo es, dependiendo de factores como la oportunidad, la actualidad del tema para la colectividad, pero también los intereses políticos que estén en juego.

12Precisamente, uno de los escenarios en los que más trascendencia tiene la prensa es el de la criminalidad. Si se observan críticamente los noticieros de televisión se encuentra que en un alto porcentaje esos espacios informativos ocupan su tiempo en noticias relacionadas con dicha problemática. Narcotráfico, terrorismo, hurtos, homicidio, lesiones con ácido a mujeres, y en general todo tipo de acciones delictivas, son recreados con videos y dramatizados en noticieros televisivos y demás informaciones de prensa.

13Los mass media demuestran imperfección en la definición de los conflictos sociales, porque dan mayor realce a las perspectivas de la política criminal de los actores que disponen de mayor poder socioeconómico e institucional y muy poco hablan de la problemática criminal de los sectores menos privilegiados de la comunidad.

14Esas informaciones tienen un asiento importante entre los operadores del derecho, que, finalmente, antes que abogados, jueces o fiscales son seres humanos; lo mismo que entre los periodistas, comunicadores sociales y columnistas de opinión. En consecuencia, se va creando un saber del sentido común que muchas veces prima en el imaginario de quienes administran justicia o respecto de quienes informan a la población a través de los medios, incluso por encima de los hechos o de otros saberes, el jurídico entre ellos.

  • 4 Germán Silva García. “Las ideologías profesionales”, en El mundo real de los abogados y de la justi (...)

15Una extensa investigación empírica sobre la profesión jurídica en Colombia logró demostrar con suficiencia que las preferencias ideológicas de los operadores judiciales, en particular las basadas en prejuicios socioeconómicos, políticos, sexuales y raciales, tenían una elevada incidencia en la toma de decisiones propias del proceso penal4. El bagaje de conocimientos de los operadores judiciales se basa no sólo en un saber técnico jurídico o en una teoría de la dogmática jurídica penal, sino en un saber del sentido común, que el operador percibe como proveniente de su experiencia, pero que muchas veces se ha alimentado y engrosado de prejuicios.

III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL COLOMBIANA

16Las características que identifican la política criminal con la que cuenta el Estado colombiano se han determinado, en diferentes y repetidas oportunidades, en distintos escenarios y por diversos actores. De ella se ha dicho que es incoherente, coyuntural, reactiva y episódica; adjetivos a los que se agrega el hecho de ser con frecuencia instrumentalizada por intereses populistas.

17Sin embargo, a riesgo de ser reiterativo, hay que decir que en Colombia continúa una política criminal errada que, en medio de su inestabilidad, mira la prevención de la criminalidad sólo desde la óptica de la intimidación o el miedo que supuestamente produce la norma penal en todos los individuos de la sociedad, es decir, desde la amenaza de una sanción como consecuencia punitiva, preferiblemente la privación de la libertad. Esta visión se traduce en la criminalización o en la creación de más conductas punibles y en la utilización del incremento de la cuantía de la pena privativa de la libertad como instrumento intimidante y por ende disuasivo (recuérdese el reciente proyecto de ley para instaurar la cadena perpetua).

18La ciudadanía envía señales de temor y de percepción de impunidad frente a la criminalidad, lo que obliga a reprimir con mayor contundencia el delito y a disminuir esa sensación de zozobra; por su parte, el Congreso de la República legisla sobre la base de ese clamor de seguridad ciudadana, especialmente en defensa del interés social, perdiendo de vista que en un Estado social de derecho el individuo, la persona, es el centro de protección, y la defensa de sus derechos humanos es antes que la seguridad pública.

19El Código Penal vigente, Ley 599 de 2000, ha sido modificado en más de treinta oportunidades, las reformas penales han tenido como objeto el aumento de condenas, lo que ha repercutido en el endurecimiento del sistema. Estas reformas se han llevado a cabo sin que medien estudios sobre su impacto y viabilidad, y están fundamentadas esencialmente en demandas de seguridad ciudadana y en la percepción de impunidad por parte de la sociedad.

20La función de la política criminal frente al derecho sustancial penal consiste en determinar qué bienes jurídicos precisan de protección penal, o qué otros medios menos gravosos, distintos de la persecución penal y del encarcelamiento, pueden ser suficientes y eficaces para la protección de los bienes jurídicos fundamentales y la seguridad pública.

21La política criminal no se agota en el sistema penal, concebirla sólo desde esta perspectiva conlleva el riesgo de distanciarla de otros aspectos relevantes relacionados con la criminalidad, como la política social. Se debe tener presente que, de cara a los derechos fundamentales del individuo, no prevalece el interés general y que el Estado no puede materializar su función de proteger a la ciudadanía a través del uso preferente de los instrumentos represivos propios del derecho penal.

22Si se repara en lo sucedido durante los últimos veinte años en materia de legislación penal, se podrá comprobar que las leyes introducidas han sido la reproducción de lo descrito por los medios masivos de comunicación. Cuando, por ejemplo, se alertó sobre el delito de secuestro porque los grupos delincuenciales empezaron a privar de la libertad a personas de reconocida prestancia social, económica o política, se expidió el Estatuto Antisecuestro, que fuera incorporado al código. Igual sucedió con las leyes 190 de 1995; 890 de 2004; 733 de 2002; 1474 de 2011 y, en general, con todas las que han reformado el Código Penal. En la expedición de estas la prensa ha jugado un papel determinante como quiera que la problemática social que despierta interés noticioso admite que ante la alarma social que se crea se piense primeramente en la herramienta penal y no en otras soluciones menos drásticas y más efectivas. Esto se ha hecho evidente en leyes como las que aumentan las penas a violadores, a quienes queman a mujeres con ácido, a quienes perpetran acceso carnal abusivo o violento a personas menores de edad o a los que hurtan celulares.

23En otras palabras, si bien es cierto que el Estado tiene la función de resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, esta obligación no está relacionada necesariamente con la promulgación de normas penales ni con la inclusión de nuevas figuras delictivas autónomas, y menos con el aumento de las penas. Equivocadamente se piensa, en primer lugar, en la sanción penal, dejando de lado la prevención, las medidas pedagógicas, las penas alternativas y las sanciones administrativas, culturales o morales, que incluso podrían resultar más eficaces en la lucha contra la delincuencia.

24Por su parte, la política penitenciaria, aunque aparece desmembrada de la criminal, está fuertemente ligada a ella, conservando una relación de causa y efecto. Uno de los principales elementos que caracteriza a la política penitenciaria en nuestro medio es la ausencia de proyectos, planes y programas para la resocialización o reinserción social positiva de las personas condenadas, carencia que a su vez genera reincidencia delictual, lo cual representa una de las causas de la sobrepoblación carcelaria y penitenciaria en el país.

25Esto sólo para insistir en el origen de algunos fenómenos que aquejan al sistema penitenciario y carcelario, como el hacinamiento y sus inherentes consecuencias: graves deficiencias en los servicios de salud, alimentación, inseguridad, violencia, corrupción, ingobernabilidad de los establecimientos de reclusión, escasez de actividades encaminadas a la resocialización del condenado, como el trabajo remunerado, estudio y recreación, entre otras.

  • 5 La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han venido haciendo rigurosos llama (...)
  • 6 A partir de la sentencia C-153 de 1998 la Corte Constitucional fijó unas metas en materia penitenci (...)
  • 7 El actual defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ha insistido ante el Gobierno nacional (...)

26Las secuelas anotadas se han incrementado a un ritmo acelerado en los últimos años, a pesar de los llamados y propuestas que constantemente se hacen desde los órganos de control del Estado5, de las altas cortes6, de la academia y de los medios masivos de comunicación social. Infortunadamente, a corto o mediano plazo no se vislumbra una solución de fondo7.

  • 8 El 31 de mayo de 2013 el inpec decretó el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria (artículo (...)

27La política criminal debe partir de la realidad y edificarse en la realidad misma. El desarrollo de una política criminal represiva, vindicativa, alejada del contexto social, económico y cultural del país repercute en la administración de justicia, en la sociedad y principalmente en la política penitenciaria, ya que, en esas condiciones, la población reclusa tiende a aumentar, desbordando la capacidad de la infraestructura carcelaria, de tal modo que los establecimientos de reclusión no pueden cumplir con el fin primordial de la pena, cual es la reinserción social o resocialización del condenado8.

  • 9 Así se constata en la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Le (...)

28El análisis de la política criminal no se puede desligar de sus tres componentes, que son el derecho sustancial penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario, los cuales interactúan. Así, el derecho procesal penal está fuertemente influido por el sustancial penal, y ambos tienen consecuencias vitales en el sistema penitenciario9, por lo tanto, es importante partir de un estudio autónomo de cada uno de ellos en el terreno deontológico y operativo.

29Las condiciones inhumanas de sobrepoblación en las cárceles han sido propiciadas en gran medida por el uso recurrente del sistema de justicia penal por parte de las autoridades para la resolución de los problemas socioculturales. Las reformas legislativas que contienen incrementos de penas, nuevos tipos penales, aumento de los requisitos para acceder a los subrogados penales y a los beneficios administrativos han tenido una directa y eficaz repercusión en el elevado índice de hacinamiento carcelario en Colombia.

30Las penas y medidas privativas de la libertad deben tener una utilización residual, es decir, para los casos y delitos de alto impacto, en donde el daño al bien jurídico tutelado por el Estado sea realmente grave. En el país no ha existido una política coherente que racionalice el uso de las penas intramurales y, por lo tanto, la sobrepoblación carcelaria sigue creciendo. Por el contrario, ha primado la expansión de la intervención penal bajo la permanente insistencia de los medios de comunicación que consideran como solución viable el aumento punitivo sin mayores consideraciones diferentes a la seguridad ciudadana y la percepción de impunidad por parte de la sociedad.

  • 10 Yeison Manco López. Aprender en línea, recuperado el 24 de mayo de 2012 de [www.udea.edu.co].La v (...)

31Un ejemplo palpable de esta política lo constituye la Ley 890 de 2004, antes referida, la cual si bien se profirió con el ánimo de hacer efectivas las formas de justicia premial10, consagradas en el recién ingresado sistema penal acusatorio, tuvo el efecto negativo de aumentar el número de detenidos preventivamente, de un lado, y de otro, el número de personas privadas de la libertad por sentencias condenatorias, toda vez que el aumento general de penas previsto en la ley elevó los quantums mínimos y máximos para la concesión de libertades en la fase de investigación. En consecuencia, se aumentaron las medidas privativas de la libertad e igualmente se tornaron de muy difícil concesión los subrogados penales de suspensión condicional de ejecución de la pena, por cuanto la sanción para la mayoría de los delitos se incrementó por encima de los cuatros años, cuando la ley exige una pena que no exceda de tres.

32Otra de las reformas estructurales sobre el Código Penal del 2000 es la Ley 1453 de 2011, también citada, mejor conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. Su propósito fue enfrentar los fenómenos de mayor impacto que atentan contra la seguridad de los habitantes del territorio, y para conseguirlo hace una serie de aumentos de pena, crea tipos penales autónomos y adiciona requisitos para ser beneficiado con medidas administrativas distintas a la privación intramural de la libertad.

33La promulgación de esta disposición legal ha tenido una incidencia directa en el nivel de hacinamiento reinante en los 138 establecimientos de reclusión nacionales. Conforme a las estadísticas de población de internos en los centros penitenciarios y carcelarios del país, suministradas por el inpec, a octubre de 2010 el total de población reclusa era de 83.667, y la capacidad real de los establecimientos carcelarios era 64.440, para un nivel de hacinamiento del 29,8%. Posteriormente, en noviembre de 2011 la cifra del nivel de hacinamiento se incrementó al 33%. En agosto de 2012, después de un año y un mes de la promulgación de la Ley 1453, la capacidad real de los centros de reclusión ascendió a 75.676 y en contraste, el número total de internos se incrementó vertiginosamente a 111.979, con un total de hacinamiento del 48%. En los últimos meses el nivel de hacinamiento ha tenido un incremento constante, las estadísticas más recientes dan cuenta de que a 12 de noviembre de 2013 la capacidad del sistema penitenciario es de 75.726 internos y la población total es de 120.077, para un porcentaje de hacinamiento de 58,2%.

34Los establecimientos penitenciarios son instituciones que tienen como objeto la reeducación y la reinserción a la sociedad de las personas condenadas. El sistema penitenciario demanda una reestructuración que impida los efectos desocializadores en el interno y en su familia. Mejorar las condiciones de reclusión y humanizar las condiciones de vida de los reclusos permitiría que la privación de la libertad cumpla con su fin resocializador. La política criminal debe velar por la búsqueda de alternativas diferentes a la prisión, la necesidad de reducir la pena privativa de la libertad a los eventos estrictamente necesarios y potenciar las medidas legislativas que faciliten el contacto del condenado con el mundo exterior y el apoyo de la sociedad.

35En el imaginario popular más difundido en nuestra sociedad circulan varias concepciones sobre el propósito de la pena, es decir, para qué se castiga. Sin embargo, se puede afirmar que son dos las ideas que predominan de verdad. La primera da cuenta de que la pena se impone como respuesta a otro mal cometido, a manera de escarmiento o retaliación (retribución). La segunda dice que la pena se impone para restituir el orden perturbado, para restablecer la confianza en la ley y en la autoridad, para estabilizar las expectativas de seguridad de la ciudadanía. Una y otra noción generalmente son manifestadas por actores distintos: la víctima o sus dolientes, como expresión natural y, por qué no, válida de un sentimiento; la otra es divulgada por algunos legisladores con pretensiones bien distintas y pocas veces entendida por la comunidad en su verdadero sentido, alcance e intencionalidad.

36Sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos cuán efectivo ha resultado el paradigma según el cual tanto la prevención general (social) como la especial (individual) se obtienen a partir de un criterio penal de la política criminal, es decir, con base en una concepción siempre represiva.

37Es hora de preguntarnos si la introducción de una disposición constitucional o legal constituye por sí misma una protección suficiente, pues se cree que con la amenaza de un castigo tan severo como la privación de la libertad se conseguirá de manera infalible la seguridad de los ciudadanos. Si bien se reconoce un efecto intimidatorio a través de la imposición legal de una pena, tal mecanismo no ha de ser el único que utilice el Estado, ya que estaría agregando a la pena propiedades que no tiene y que nunca va a tener, tal como la de forjar en cada individuo valores morales que ayuden a evitar la criminalidad.

38Este puede ser el marco propicio para la reflexión sobre uno de los temas que con frecuencia es abordado desde una perspectiva distinta, inclinada casi siempre a la creación de más conductas punibles, al incremento de la pena privativa de la libertad o a hacer más severos los requisitos para el otorgamiento de los subrogados penales y de los beneficios administrativos, bajo la premisa de que con tales medidas se garantiza la seguridad ciudadana. Se busca concientizar a la sociedad y al Estado de que el fin resocializador de la pena y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, e incluso puede ayudar a su realización, ya que la humanización de los centros de reclusión permite la resocialización del individuo, reduce los índices de reincidencia y, en consecuencia, constituye un instrumento que aumenta la seguridad de la sociedad en general.

IV. EL PAPEL JUGADO POR LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN SUS RELACIONES CON LA JUSTICIA PENAL

39Ciertamente, discutir las relaciones entre medios de comunicación y justicia penal, o mejor, los problemas jurídicos, políticos y sociales que suscita esa relación, es una cuestión bien árida, por cuanto los mass media constituyen la expresión del carácter democrático de una nación y, por tanto, su presencia en todos los aspectos de la justicia penal tiene asidero a través del principio de publicidad.

40Es un hecho notorio que los medios de comunicación inciden en la construcción de los procesos sociales, entre ellos la implementación de la política criminal del Estado, situación demostrada por la sociología fenomenológica, teniendo en cuenta que ella aparece como medio para descubrir cómo conocemos otros modos de pensar y, sobre todo, cómo ocurre la comprensión y la comunicación con otros.

  • 11 Ritzer. Teoría sociológica, Madrid, Editorial Mc. Graw-Hill, 1997, ob. cit., p. 264.

41Así las cosas, la sociología se ha ocupado del asunto a través de la escuela del interaccionismo simbólico, más conocida como la “sociología de la vida cotidiana”11, para la cual las definiciones son determinantes en la vida de los individuos porque muchas veces fabrican realidades y, así, marcan los límites y condiciones del acontecer social.

42Para esa escuela, tanto las definiciones como las interpretaciones son juicios de valor y, por ende, no descansan sobre elementos objetivos, sino sobre consideraciones subjetivas. En ese sentido, la política criminal está sustentada en consideraciones subjetivas a partir de las aproximaciones que hacen los medios de la realidad.

43Ello indica que en las relaciones sociales, las personas le asignan determinados significados o símbolos a ciertos hechos, empleando unos conocimientos que son propios del “sentido común” o del “saber cotidiano”, que es una clase de conocimiento precientífico, muchas veces alimentado de creencias no verificadas, de apreciaciones puntuales o experiencias particulares que se generalizan y convierten en verdades, es decir, de una sabiduría popular que excluye de por sí cualquier criterio científico.

44Ese saber del sentido común tiene un asiento importante entre los operadores del derecho que, finalmente, son, antes que abogados, jueces o fiscales, seres humanos, lo mismo que entre los periodistas y comunicadores sociales; de igual forma, muchas veces prima en el imaginario de quienes administran justicia o respecto de quienes informan a la población a través de los medios.

  • 12 Edwin M. Schur. Our criminal society, New Jersey, Prentice Hall, 1969, p. 116.
  • 13 Harold Garfinkel. “Conditions of Successful Degradation Ceremonies”, en Deviance. The Interactionis (...)

45Con la aparición de la teoría del etiquetamiento o labeling approach se entendió que la criminalidad no era algo objetivo, sino un acto de definición política en el que tanto los comportamientos como los sujetos criminales lo son en la medida en que quienes tienen el poder son los que determinan esas categorías, es decir, ellos definen el “proceso de criminalización”12, al cual sigue una “denuncia pública” y la “indignación moral” para adscribirle al sospechoso o imputado la identidad de criminal13.

  • 14 Erving Goffman. Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pp. 11 y ss.

46De ese modo se crea un “estigma” en la persona señalada como delincuente. Se trata de una marca que alude a una seña física, social o psicológica que totaliza la identidad del individuo y lo reduce a la deshonra, asociándose a él un conjunto de atributos negativos que desvaloran al sujeto señalado14.

47La sociología jurídica ha demostrado cómo determinados grupos adelantan una “dramatización del mal”, ya que la ponderación de la delincuencia versa sobre comportamientos que se desean reprimir, pero no como manifestación de una política estatal contra el crimen, sino como un instrumento de poder.

  • 15 Frank Tannenbaum. Crime and Community, New York, Columbia University, 1963, pp. 17, 19-21.

48En esa dirección, ciertos sectores de la comunidad tildan a determinados sujetos como malvados y empiezan a diferenciarlos de los demás, quienes interiorizan que son diferentes y obran de acuerdo con esa definición15.

49La “criminalización”, entonces, sería un proceso selectivo de definición de lo criminal, que usualmente se activaría en una forma tal en que los grupos más vulnerables en términos de poder, los “marginales” vendrían a ser de modo tanto preponderante como preferente los etiquetados como criminales.

50Esta caracterización del mal desestima el “derecho a la presunción de inocencia”, que resulta disminuido y opacado como consecuencia de la fuerza de las imágenes y percepciones que se imponen en la prensa, a la par que le causan un daño grave a los derechos al “debido proceso” y a la “defensa”, el buen nombre y la honra.

51Los medios de comunicación pueden aprovechar la teatralización del proceso penal (como ha ocurrido en Colombia en el caso de Luis Andrés Colmenares) y de las diligencias penales, inclusive de aquellas previas al proceso. La cuestión es que la “teatralización” se adecúa plenamente al lenguaje y a los objetivos de los medios de comunicación y, por ello mismo, resulta tan apropiada para hacer una construcción social de la realidad.

  • 16 Stanley Cohen, Folks Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, Oxford, Martin (...)

52Los medios de comunicación, sea de modo autónomo o paralelo a las diligencias penales, estigmatizan a sospechosos, indiciados, imputados y, con todavía mayor facilidad, a los condenados, para lo que actúan de modo activo en la adjudicación de nuevas posiciones de estatus16.

53Los medios de comunicación recurren a estereotipos creando un “pánico moral”. Se basan en el saber cotidiano, es decir, en las creencias que las gentes dan como ciertas contra todo argumento o evidencia. En tal caso, el accionar de los medios será probablemente muy efectivo. En particular cuando la propaganda utiliza alguna razón de autoridad, como por ejemplo, una opinión científica, se incrementan las posibilidades de éxito para generar el pánico. Su presentación por los medios, acompañada con relatos de “historias” con personajes, aunque ellos sean ficticios, le dan más credibilidad. Los casos relatados se presentan totalmente descontextualizados, por lo que estadísticamente, por ejemplo, pueden ser insignificantes, pero son tomados por la opinión pública como representativos del todo, según la inducción que hacen los medios.

54La anterior situación es bastante propicia para las manipulaciones de los medios de comunicación que, por una parte, quedan en una situación privilegiada para construir realidades sociales concernientes a la corrupción y, por la otra, pueden alcanzar a plenitud sus intereses comerciales, o sea, que tienen una oportunidad muy ventajosa para la venta de noticias en casos de criminalidad, más aún cuando dramatizan los casos.

  • 17 Rogelio Pérez Perdomo, “Escándalos de corrupción y cultura jurídico política”, en Globalization and (...)

55Ahora, los funcionarios de la administración de justicia penal se prestan para convertirse en activos partícipes de los procesos de construcción social de la realidad, porque los escándalos los ponen en la primera fila de los medios de comunicación, que los vuelve figuras y protagonistas, lo que conduce a una fama muchas veces apetecida17.

56Los mass media son vehículos a través de los cuales se construyen cogniciones socialmente compartidas y formas de interpretar la realidad. Alimentan el flujo de la llamada “opinión pública”, creando tendencias en ella. La proveen de objetos de atención y pensamiento, así como de explicaciones relativas a ellos. Los medios de comunicación hacen sentir al espectador partícipe de los acontecimientos que observa, los cuales son los que los medios le muestran, pues a la vez se le están ocultando otros que están sucediendo en el mismo momento; todo depende un tanto de cómo se cuente un hecho y cuándo se cuente. Ya la fenomenología había insistido bastante en el papel que juega el lenguaje en los procesos de construcción social de la realidad.

57En esas condiciones, los medios se movilizan sin restricciones en pos de sus intereses comerciales, lo que los lleva muchas veces al abuso cuando fallan los autocontroles éticos librados a la autonomía interna de los medios.

V. LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL A PARTIR DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

58Una política criminal de largo aliento debe ser construida bajo criterios de racionalidad en los que se ponderen los intereses de la sociedad, las demandas de justicia de los ciudadanos y el respeto por los derechos y garantías tanto de las víctimas como de las personas enjuiciadas y las condenadas.

59Es de resaltar que la política criminal no se agota en el sistema pe nal, concebirla sólo desde esta perspectiva conlleva el riesgo de distanciarla de otros aspectos relevantes relacio nados con la criminalidad, como la política social. Es necesario entonces fortalecer los elementos preventivos y las sanciones alternativas tomando en consideración que el objetivo principal de la política criminal es la prevención de los hechos delictivos, no solamente desde la óptica disuasoria, es decir, con el aumento de penas (prevención general), sino con el diseño de políticas sociales que se ajusten a la realidad y mejoren la situación de los sectores menos favorecidos y más vulnerables; para este fin es importante atender las circunstancias que fomentan la realización de conductas delictivas desde otras áreas de la política pública.

60Si bien es cierto que el Estado tiene la función intrínseca de resguardar la seguridad ciudadana de los nacionales, esta obligación, que no está relacionada directamente con la promulgación de normas penales ni con la inclusión de figuras delictivas autónomas, puede ser cumplida a cabalidad si se estimulan políticas públicas adecuadas para aliviar la desigualdad, permitir una redistribución del ingreso y la riqueza y abrir espacios para las oportunidades, lo cual se traduce en una política coherente de prevención del delito. Este hecho tendría un importante efecto en la población carcelaria, pues si los esfuerzos se encaminan a la prevención y se tiene claro que los problemas de disfunción sociales no se solucionan con cárcel, el resultado es que los niveles de criminalidad descenderán y sólo deberán ir a los establecimientos de reclusión los delincuentes de alta peligrosidad.

61Adicionalmente, los códigos Penal y de Procedimiento Penal deberán ser reformados para hacer más flexible el régimen de libertades, pues se debe entender como finalidad connatural de un Estado democrático que la condición del ser humano es la libertad, y la excepción, la privación de la misma.

  • 18 Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

62Recordemos que la política criminal constituye el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente al fenómeno delictivo con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción18.

63En la debacle de la política criminal colombiana son varios los responsables a cuya cuenta, podría decirse, corre la difícil tarea de rectificar, pues, tal como ha venido ocurriendo, es necesario que los diversos actores sociales interactúen decididamente en aras de construir una política criminal coherente, consistente, de largo alcance y efectivamente planificada, en lo cual los medios de comunicación son determinantes. Pero también lo es el poder legislativo, que debe tomar conciencia de que los análisis hechos por periodistas y comunicadores sólo son una opción entre las múltiples soluciones que se pueden adoptar frente al delito.

64En efecto, el Congreso de la República debe replantear la expedición de normas relacionadas con el sistema penal, es decir, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Carcelario y Penitenciario, así como las normas que indirectamente lesionan los intereses de una política criminal coherente. Ello implica neutralizar de manera inmediata la desbordada inflación legislativa; no se puede legislar pensando en los rendimientos electorales. Por eso, propuestas como las de introducir cadenas perpetuas, cárcel para conductores ebrios o crear tipos penales para “proteger” mujeres quemadas con ácido resultan, en principio, equivocadas y ajenas a una política criminal consistente.

65Ahora bien, una política criminal sana conlleva a que el legislador tenga en cuenta los importantes estudios y análisis que realiza el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, por ser este el órgano técnico-científico capacitado para conceptuar sobre la viabilidad de un proyecto de ley que incida en el sistema penal colombiano.

66Puestas así las cosas, debe decirse que la construcción de una política criminal coherente, de largo alcance, con capacidad para satisfacer las expectativas que en el ámbito de la justicia penal espera la opinión pública, requiere necesariamente la participación decidida de los medios masivos de comunicación social. Son ellos quienes pueden incidir de manera directa en la conciencia colectiva respecto de la conveniencia o no de crear ciertos tipos penales o de aumentar las penas.

67El principio de publicidad presente en todas las actuaciones penales es una garantía de transparencia y, por lo tanto, debe estar presente en la construcción de la política criminal del Estado, por ello, la participación de los medios de comunicación social es adecuada a los valores constitucionales, lo cual implica que no se puede impedir la participación de la prensa dando ideas, proponiendo soluciones, brindando alternativas no solo en materia penal, sino de la construcción misma de la sociedad.

68Los medios tienen la agudeza para descubrir los hechos constitutivos de conductas delictivas, advirtiendo la existencia de un problema social y sus límites, circunstancia ciertamente importante para solicitar de las autoridades su intervención. No obstante, en estos eventos es indispensable la autorregulación de la prensa, para no hacer de una conducta delictiva un libreto de telenovela y elevar a rango de delito todo acontecimiento que se considere disfuncional en la sociedad. En esta medida, los medios deben ser conscientes de su papel y responsabilidad, para evitar crear alarmas sociales que en la mayoría de ocasiones resultan ser falsas.

69La prensa debe propiciar debates públicos sobre las causas y las medidas de acción a tomar en lo delictivo. Es necesario que los medios de comunicación sean mucho más proactivos en sus informaciones y opiniones frente a determinados comportamientos que, aun cuando delictivos, no pueden tener como referente de solución el aumento de penas privativas de la libertad, ya que el diseño de la política criminal obedece a criterios técnicos y no a sentimientos propios del saber común y menos al afán publicitario, político o empresarial.

70En consideración a una política criminal coherente, los medios de comunicación podrían hacer una importante contribución a la sociedad si abandonan el protagonismo y la inmediatez noticiosa para hacer de la política criminal un escenario de análisis dialéctico, donde se propongan soluciones al problema de la criminalidad con el apoyo y opinión de criminólogos, sociólogos, penalista y, en general, de equipos interdisciplinarios que evalúen el problema y dictaminen soluciones.

71Los medios no deben sobredimensionar la realidad social para convertir en delito un acontecimiento que no tiene tal carácter o que siéndolo puede regularse por vía diferente a la penal. Es imperativo que en los medios la pluralidad ideológica tenga recibo, ya que varias formas de pensar y ver los fenómenos pueden contribuir a una mejor información con aportes invaluables a la hora de establecer las causas y las soluciones a las conductas que se consideren delictivas.

Bibliographie

BIBLIOGRAFÍA

Legislación y jurisprudencia

Ley 65 de 1993.

Constitución Política de 1991.

Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional. Sentencia C-153 de 1998.

Ley 1709 de 2014.

Fuentes secundarias

Burke, Roger Hopkins. An Introduction to Criminological Theory.

Cohen, Stanley. Folks Devils and Moral Panics, The Creation of the Mods and Rockers, Oxford, Martin Roberson, 1980.

Garfinkel, Harold. “Conditions of Successful Degradation Ceremonies”, in Deviance. The Interactionist Perspective. Earl Rubington y Martin S.

Goffman, Erving. Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 1986.

Weinberg. 3.ª ed., New York, Macmillan, 1978.

Manco López, Yeison. “La verdad y la justicia premial en el proceso penal colombiano”.

Pérez Perdomo, Rogelio. “Escándalos de corrupción y cultura jurídico política”, en Globalization and Legal Cultures, (ed.) Johannes Feest, Oñati, 1999.

Ritzer, George. Teoría sociológica clásica. Mc Graw-Hill, 2011.

Ritzer, George. Teoría sociológica moderna. Mc Graw-Hill, 2001.

Silva García, Germán. “Las ideologías profesionales”, en El mundo real de los abogados y de la justicia, Tomo iv, Bogotá, Universidad Externado de Colombia e ilsa, 2001.

Schur, Edwin M. Our Criminal Society, New Jersey, Prentice Hall, 1969.

Tannenbaum, Frank. Crime and community, New York, Columbia University, 1963.

Notes

3 Página del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (inpec).

4 Germán Silva García. “Las ideologías profesionales”, en El mundo real de los abogados y de la justicia, tomo iv, Bogotá, Universidad Externado de Colombia e ilsa, 2001, p. 97.

5 La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han venido haciendo rigurosos llamados de atención a las autoridades concernidas en el tema penitenciario en busca de mejores condiciones de reclusión.

6 A partir de la sentencia C-153 de 1998 la Corte Constitucional fijó unas metas en materia penitenciaria que hasta la fecha no han sido cumplidas, a pesar de los llamados que los órganos de control, las cortes y los tribunales hacen permanentemente a las autoridades concernidas.

7 El actual defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ha insistido ante el Gobierno nacional para que se decrete la emergencia económica y social prevista en el artículo 215 de la Constitución Política, como mecanismo para solucionar la crisis carcelaria en Colombia.

8 El 31 de mayo de 2013 el inpec decretó el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria (artículo 168 literal “b” de la Ley 65 de 1993). El aumento a partir del Decreto de la Emergencia Penitenciaria ha sido de 2.540 internos y solo se han habilitado 169 cupos en los mismos 138 establecimientos.

9 Así se constata en la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985, y se dictan otras disposiciones.

10 Yeison Manco López. Aprender en línea, recuperado el 24 de mayo de 2012 de [www.udea.edu.co].La verdad y la justicia premial en el proceso penal colombiano”. La justicia premial es un modelo que irrumpe en Colombia y tiene antecedentes en la figura del plea bargaining estadounidense. En la justicia premial se encuentran dos discursos acerca de la verdad en el derecho penal que se inscriben en concepciones filosófico-jurídicas diversas; por un lado, se encuentra el consensualismo de la verdad que pretende llegar a acuerdos participativos y en igualdad de condiciones; por el otro, se encuentra un modelo sistemático de garantías que epistemológicamente retoman la verdad como correspondencia”.

11 Ritzer. Teoría sociológica, Madrid, Editorial Mc. Graw-Hill, 1997, ob. cit., p. 264.

12 Edwin M. Schur. Our criminal society, New Jersey, Prentice Hall, 1969, p. 116.

13 Harold Garfinkel. “Conditions of Successful Degradation Ceremonies”, en Deviance. The Interactionist Perspective, Earl Rubington y Martin S. Weinberg, 3.ª ed., New York, Macmillan, 1978, pp. 141 y 142.

14 Erving Goffman. Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 1986, pp. 11 y ss.

15 Frank Tannenbaum. Crime and Community, New York, Columbia University, 1963, pp. 17, 19-21.

16 Stanley Cohen, Folks Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers, Oxford, Martin Roberson, 1980, pp. 25 y ss. Roger Hopkins Burke. An Introduction to Criminological Theory.

17 Rogelio Pérez Perdomo, “Escándalos de corrupción y cultura jurídico política”, en Globalization and legal Cultures, Johannes Feest (ed.), Oñati, 1999, p. 41.

18 Corte Constitucional. Sentencia C-936 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Auteur

Exdelegado para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. Profesor de Derecho penal y criminología de la Universidad Externado de Colombia

© Universidad externado de Colombia, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Freemium

open access

Offert par L’éditeur de ce site