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Análisis económico de los procedimientos de selección de contratistas del Estado en el Derecho colombiano

 | 
Mónica Sofía Safar Díaz

Introducción

Texte intégral

  • 1 O. Soudry. “Promoting Economy: Electronic Reverse Auctions under the EC Directives on Public Procur (...)

1La contratación pública puede definirse como el sistema de ofertas en cadena para la adquisición de todos los bienes servicios y obras necesarios por parte del Estado cuando actúa con miras a la satisfacción del interés general1; es una actividad económica clave para los estados, puesto que tiene un gran impacto sobre la manera como se gasta el dinero de los contribuyentes; juega un papel estratégico para evitar el mal manejo y el desperdicio de los recursos públicos. Así que la pregunta que surge es si en el marco de la contratación pública en Colombia, la legislación actual sobre los modelos de evaluación y escogencia del colaborador de la administración pública es eficiente, es decir, maximiza los beneficios de la inversión estatal, o si, por el contrario, atenta contra la eficacia de una relación calidad-precio genuina en el campo de lo público, al ser ineficiente.

  • 2 En este sentido, los analistas sugieren que el mercado de compras públicas demanda anualmente, en p (...)

2La contratación estatal tiene una gran importancia para el desarrollo económico de cualquier país, porque el sector público puede utilizar su gran poder de adquisición para promover objetivos y políticas económicas y sociales, y Colombia no es la excepción2. En consecuencia, los intereses financieros en juego y la cercana interacción entre los actores públicos y los privados ha hecho a este campo particularmente susceptible a la corrupción y a las prácticas desleales y restrictivas de la competencia, de modo que uno de los pilares fundamentales y comunes en todos los regímenes a nivel mundial es la procuración del principio de transparencia por medio de sus más importantes manifestaciones: la libertad de concurrencia y la imparcialidad y objetividad en la escogencia del colaborador del Estado, para lo cual se han creado legislaciones con procedimientos complejos costosos y demorados, bajo la firme convicción de que con ellos se logrará este cometido.

3No obstante, esta visión desde el punto de vista jurídico de la transparencia en la contratación estatal deja de lado un aspecto igualmente importante, si se tiene en cuenta que la administración pública, al comportarse como demandante de bienes y servicios del mercado, es un consumidor, y a ella le aplican los presupuestos propios de maximización de su función de utilidad, que comprende la realización de un análisis costo-beneficio para tomar decisiones que sean eficientes, y en lo posible óptimas, esto es, que la pongan en una situación imposible de mejorar. Ello implica que con una estructuración inadecuada de los mecanismos necesarios para la escogencia objetiva de las mejores ofertas en el mercado por una visión sesgada de la transparencia en la que se obvia la eficiencia económica, se incurre en un análisis erróneo de la relación calidad-precio, que a su vez puede conducir a las tan temidas prácticas de tratamiento injusto y parcial de los oferentes, y en últimas, al fracaso de la contratación estatal como herramienta de ejecución de políticas públicas.

4Es así como la transparencia y especialmente la eficiencia económica de la contratación pública no sólo dependen de la garantía de una libre concurrencia y de una evaluación justa e imparcial de las ofertas que resulte en una adjudicación objetiva, sino que el mismo diseño del mecanismo de escogencia de los futuros contratistas juega un papel fundamental en la obtención de la mejor oferta disponible en el mercado pues es mediante estos procedimientos como se crean los incentivos correctos en los agentes económicos para que consideren atractivo someterse a un trámite, generalmente de carácter concursal, en el que la consecución del negocio no depende de una interacción directa, sino de unas reglas previamente establecidas. La relación costo-beneficio que hacen los proveedores de los bienes y servicios que demanda una entidad pública no solamente analiza el objeto del contrato y su valor en término de inversiones y utilidades sino que los costos de preparar una propuesta, la duración del procedimiento de selección y las probabilidades de ser el adjudicatario son parte vital de los incentivos para querer contratar con el Estado.

5Partiendo de la premisa anterior, y utilizando la teoría de juegos, se buscará determinar qué modalidad de procedimiento dada una estructura de información determinada, es la que puede estimular de la mejor manera la competencia y conducir a mayores rentas para la parte contratante, así como clasificar a los proponentes según sus evaluaciones de modo que asegure que el oferente con mayor calificación también presente la oferta más competitiva y garantice una asignación eficiente de recursos por ser la más ventajosa. Así, con base en varias suposiciones sobre la información disponible, o mejor, el grado de incertidumbre por parte de los oferentes respecto del objeto del procedimiento de selección y las propuestas de otros participantes en cuanto al valor del contrato –ya que no hay certeza sobre los costos de ejecutar el objeto específicamente requerido–, las características de los participantes –como si son neutrales o adversos al riesgo– y las estrategias de oferta de los mismos oferentes –las cuales no se presentan de manera simultánea–, el análisis económico crea diferentes modelos, cada uno con base en diferentes suposiciones sobre la información.

6Para desarrollar la temática expuesta y con el fin de analizar desde el punto de vista económico los procedimientos de selección de contratistas del Estado en Colombia, se partirá en la primera sección de la ineficiencia de la convocatoria pública como regla general de escogencia en la contratación estatal; en la segunda sección se procederá al análisis de las modalidades de selección desde la perspectiva económica con aplicación de la teoría de juegos; en la sección tercera se aterrizará al análisis económico de los procedimientos de selección de contratistas en el ámbito jurídico colombiano en la sección cuarta se propondrá un modelo de selección de contratistas eficiente; para terminar, en la sección quinta se presentan algunas conclusiones del estudio realizado.

Notes

1 O. Soudry. “Promoting Economy: Electronic Reverse Auctions under the EC Directives on Public Procurement”, en Journal of Public Procurement, vol. 4 n.° 3, Pr. Academics Press, Florida Atlantic University, 2004, p. 340.

2 En este sentido, los analistas sugieren que el mercado de compras públicas demanda anualmente, en promedio, más del siete por ciento del producto interno bruto mundial, que equivale a todo el pib de Latinoamérica y representa el treinta por ciento del comercio global. En Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha determinado que la contratación estatal constituye aproximadamente el dieciséis por ciento del pib nacional. Ver A. Ulloa. “El mercado público y los acuerdos comerciales, un análisis económico”, en Serie de Comercio Internacional, n.° 69, Santiago de Chile, Cepal- Naciones Unidas, 2006, p. 25, y [www.mincomercio.gov.co].

© Universidad externado de Colombia, 2009

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