Resumen: ¿Quién ejerce la función parental en derecho frances?

1Titulares designados por la ley, los padres ejercen la autoridad parental y son los administradores legales de los bienes de los hijos. Desde 1970, el ejercicio de la autoridad parental es conjunto. Esto implica el acuerdo de ambos padres en todas las decisiones relativas a los hijos, tanto si viven juntos o se separan, la pareja parental se supone que debe sobrevivir a la pareja conyugal (véase, A. KIMMEL). Estos principios se transponen con respecto a la aplicación de la administración legal: se confían a ambos padres, todas las decisiones relativas a la administración legal que deben tomarse de común acuerdo (véase, M. BRUGGEMAN). Sin embargo, la estructura familiar se debilita por el divorcio y las familias recompuestas. Esto da lugar a una alteración del principio de ejercicio conjunto de la patria potestad que no deja de tener impacto en el apoyo económico del niño (véase, C. RIEUBERNET). De hecho, es cada vez más difícil alinear el estilo de vida del niño con el de sus padres cuando éstos tienen diferentes recursos y viven por separado.

2Sin embargo, la función parental es una función controlada por el juez en el marco de la asistencia educativa encargada de proteger al niño en situación de riesgo. En este caso, se puede confiar el niño a un tercero sin privar a los padres de sus prerrogativas (véase, C. NEIRINCK) Además de la asistencia educativa, los padres pueden ser castigados por el juez de familia que declarará una delegación de la autoridad parental o por el tribunal segunda instancia que declarará la privación de la patria potestad. Por último, la declaración judicial de abandono abre la vía de la adopción (véase, C. NEIRINCK).

3Paralelamente, la administración legal también, en principio, se encuentra sujeta a la revisión judicial confiada al juez que tutela los menores, función asignada a los tribunales de familia. Sin embargo, este control recientemente se ha reducido en gran medida. En primer lugar, la administración legal ahora escapa de este control general, el juez que tutela los menores podrá intervenir sólo si sobreviene una dificultad. Por otro lado, el padre que ejerce en exclusiva la administración legal no está sujeto a un control sistemático (ver, M. BRUGGEMAN).

4En este ámbito, el papel los de terceros también está creciendo en lo que se refiere al ejercicio de la autoridad parental y a la administración legal. Por ejemplo, se puede confiar la gestión de bienes transmitidos a título gratuito al menor a un tercero en lugar de a los padres. Un tercero también puede provocar el control judicial alertando al juez, el juez de tutelas o el juez de la autoridad parental. Por otra parte, el juez de menores puede reducir los derechos de los padres, por ejemplo mediante la imposición de una ubicación neutra; también puede confiar al niño a un tercero lo que afecta necesariamente la relación del niño con sus padres. Por otra parte, el tercero puede tomar el lugar de los padres en la adopción posterior del niño. Al lado de este recurso clásico, se asiste a una evolución del concepto y el papel de terceros. Así, mientras que el tercero tradicional, cuya intervención se regula en la ley, debe ser necesariamente designado por el juez y elegido preferentemente entre los parientes, la intervención del nuevo tercero se basa en la relación de proximidad con el niño. Se basa en la voluntad, tanto en cuanto a su contenido como a su duración. Y escapa a los controles tradicionales.