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Légiférer dans la ville médiévale

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Jean-Marie Cauchies
, 
Éric Bousmar

La jurisdicción municipal en Cataluña y los juristas de Barcelona en la baja edad media

Tomàs de Montagut i Estragués

Texte intégral

1Sumario: 1. Planteamiento; 2. Los orígenes del régimen municipal en Cataluña y su potestad normativa; 3. Los juristas de Barcelona y sus actividades; 4. Conclusión.

1. Planteamiento

  • 1 Se partía del trabajo pionero de Francesch CARRERAS Y CANDI, Ordinations urbanes de bon govern a Ca (...)
  • 2 Cfr. Josep M. FONT RIUS, La potestat normativa del Municipi català medieval, en Miscellània Ramon d (...)

2Los fundamentales estudios del profesor Josep María Font Rius sobre la potestad normativa del municipio catalán medieval y sus ordenanzas municipales1 analizan a fondo la problemática de la producción y expresión del derecho por el municipio, disponiendo sus resultados de forma sistemática, de manera que hoy constituyen el sólido y coherente estado de la cuestión sobre temas tan esenciales como son: (i) el concepto de ordenanza; (ii) sus orígenes históricos; (iii) el fundamento jurídico de la formulación de las ordenanzas; (iv) su proceso de formación y aprobación; (v) la presentación formal de las ordenanzas municipales; y (vi) su observancia y vigencia2.

3Sobre todos estos extremos, que constituyen objeto prioritario de este simposium, no podemos hacer otra cosa que remitirnos a los valiosos trabajos del profesor Font Rius que aquí traeremos a colación de forma condensada y muy esquemática.

4Partiendo de esta base, nuestra aportación original se limita modestamente a encuadrar el concepto de potestad normativa del municipio dentro de la noción más amplia de jurisdicción municipal para poder comprender la posición que ocupa en ella la ‘facultas ordinandi’ junto a las demás potestades judiciales, graciosas y gubernativas que la integran.

  • 3 El estudio clásico sobre los abogados en la edad media continua siendo el de F.VALLS TABERNER, Los (...)
  • 4 Cfr. Josep M FONT RIUS, La recepció del dret comú a la península Ibérica, en Història del pensament (...)
  • 5 Publicado por Josep M. FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis s (...)

5En este sentido, nos será de gran utilidad, por su carácter paradigmático y revelador de la jurisdicción ciudadana, fijar nuestra atención en un municipio: Barcelona y en una actividad objeto de regulación municipal: el oficio de los juristas3. En efecto, la recepción del derecho común en Cataluña comportará a partir del siglo XII la formación y organización de comunidades municipales generadoras de un poder público que será vertebrado con instrumentes jurídicos muy sutiles, propios de juristas eruditos que han bebido en las fuentes del nuevo derecho romano-canónico y del cual son los protagonistas indiscutibles4. Por esta razón, el privilegio otorgado por Jaime I a la ciudad de Barcelona el 27 de julio de 1249 por el que se reorganiza su régimen municipal5, además de utilizar las nociones de ‘jurisdicción’ ‘compulsión’ ‘justicia’ y ‘ejecución’, concede a sus ‘paciarii’ o magistrados la potestad normativa de establecer y recaudar un tributo o prestación pública, que se denomina ‘común’ mediante la concesión de la correspondiente facultad de promulgar ‘ordinacions’ u ordenanzas que, valga la redundancia, ordenen su régimen jurídico tributario así como el de aquéllas otras materias que se dirijan a la consecución del bien del rey y de la ciudad de Barcelona.

  • 6 Cfr. Charles LEFEBVRE, Juges et savants en Europe (13e-16e s.), en Ephemerides iuris canonici, 22, (...)

6La noción de jurisdicción en la baja edad media es utilizada para caracterizar de forma moderna a todo poder público6 y, por ello, es indisociable de la nueva concepción objetiva del derecho que, basándose en el ‘ius naturale’ cristiano reconoce un orden racional establecido perpetuamente por el Dios creador en la sociedad y en la naturaleza, y que el hombre puede descifrar y traducir en normas positivas por medio del estudio y de la reflexión. El titular de jurisdicción o de potestad pública puede crear y declarar el derecho siempre que someta su voluntad a la verdad ordenada por la buena razón.

  • 7 Sobre esta cuestión vide Adriano CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensi (...)

7Por otro lado, existe el convencimiento de que en el Corpus iuris civilis y en el derecho común se encuentra la ‘ratio scripta’ que permite explicar y comprender todos los problemas sociales de acuerdo con el derecho natural o sentido natural que los rige, es decir, de acuerdo con la verdad7.

  • 8 La tecnificación de la justicia provoca que el modelo de jurista a seguir por las diferentes comuni (...)

8Esta nueva concepción objetiva del derecho provoca que el mundo de la justicia se tecnifique y profesionalice y que solo los juristas (legistas o canonistas), que han oído las lecciones del derecho culto en las Universidades o estudios generales y que han leído y estudiado sus libros de texto ordinarios, sean considerados competentes para aconsejar, defender o declarar el derecho en un caso o en una causa y para asesorar a los que deban constituir la ley general o la ‘ordinació’ particular. Los juristas están capacitados para traducir la verdad natural en verdad normativizada, es decir, en derecho porque dominan las buenas razones y las técnicas para aplicarlas al caso concreto a fin de conseguir un determinado resultado jurídico. Sin embargo, al dominar igualmente las malas razones su libre actividad o profesión liberal puede traducirse en injusticia por abuso y corrupción de la verdad. A disciplinar aquélla libertad del jurista y a luchar contra este último evento se dirige buena parte de la normativa promulgada para regular la actividad de los juristas8.

  • 9 Sobre el pensamiento jurídico altomedieval vide: Manuel GARCIA PELAYO, La idea del derecho en la Al (...)

9La nueva profesionalización de la justicia contrasta y se sobrepone a la tradición altomedieval, donde el derecho se afirmaba por cada miembro de la comunidad, se fijaba en costumbres o usos fruto de la experiencia colectiva, y se actuaba con la intervención de los prohombres de la comunidad o por jueces populares calificados por el conocimiento que tenían de las tradiciones populares y no por el dominio de la nueva ciencia del derecho común9.

  • 10 Sobre el concepto de poder como síntesis de protección y obediencia aplicado a Castilla vide: Alfon (...)
  • 11 Cfr. Emanuele CONTE, Dai servi ai sudditi. La realità dei contratti di status net diritto comune (c (...)

10La jurisdicción, en la Baja edad media, consiste en la potestad publica que organiza y vertebra a las comunidades municipales, señoriales, generales o universales mediante el vínculo político que se establece entre su titular (rey, General, Municipio, señor, Cofradía, Colegio, etc...) y los súbditos, naturales, ciudadanos, vasallos, cofrades,... sujetos a su obediencia. Desde otro punto de vista, el vínculo político bajomedieval se presenta como una síntesis de ‘iurisdictio’ y de ‘commune’, es decir, como una sintesis de la potestad y de la prestación públicas10, pero de una prestación pública de carácter real que genera el status de súbdito11. En consecuencia, podemos comprender, vista la pluralidad de jurisdicciones coexistentes, que los poderes públicos de los titulares de jurisdicción no son absolutos, sino que se relacionan entren si de forma jerarquizada, y se ordenan en función del grado de jurisdicción que se ejerza.

  • 12 Según Ramon de Penyafort también el derecho canónico es superior a los derechos civiles por razón d (...)

11No obstante, todos están sujetos al derecho natural cristiano, es decir, a la verdad tal como se fija, en último término, por la doctrina y normativa jurídica de la Iglesia y por la teología moral cristiana12. El problema para articular, de hecho, esta dependencia radica en que, tanto la autoridad de los teólogos como la de los juristas se basa en el valor personal de los conocimientos adquiridos, lo cual les hace independientes y les dota de gran libertad, en cuanto actúan como ministros del derecho y de la justicia respecta de los poderes políticos titulares de la jurisdicción y de las potestades inherentes.

  • 13 Cfr. Jesús VALLEJO, Ruda equidad, ley consumada concepción de la potestad normativa (1250-1350), Ma (...)

12El contenido de la jurisdicción se compone, fundamentalmente, de dos grandes elementos o facultades: (i) la potestad normativa, consistente en aquella actividad que constituye y ordena en general la ‘verdad natural’ (equitas ruda), expresándola en preceptos escritos de derecho positivo (constituciones, leyes, capítulos de corte, ordenanzas municipales, bandos señoriales, etc.); y (ii) la potestad declarativa, por la que se decide el derecho que corresponde observar o disfrutar a los miembros de la comunidad, y que se opera cuando éstos lo suplican, se lo merecen o lo deban obedecer para la consecución del bien común. Esta potestad declarativa se manifiesta y concreta en las actividades públicas de gobierno, de gracia y de justicia13.

13La aparición de la jurisdicción municipal está vinculada a la génesis y posterior establecimiento de un régimen municipal orgánico en Cataluña que contemplará el ejercicio de todas aquellas funciones normativas, judiciales y gubernativas propias de la jurisdicción. Sin embargo, estas potestades públicas del municipio dependerán y mantendrán una relación de coexistencia con la jurisdicción pública ejercida por el monarca o conde de Barcelona directamente o a través de sus oficiales (gobernador, veguers y bailes).

  • 14 Cfr. Josep M. FONT I RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre el (...)

14En consecuencia, no se puede hablar en abstracto de la potestad normativa de los municipios si se quiere comprender la realidad de los hechos históricos. La jurisdicción municipal sólo cobra sentido si se tienen en cuenta su interacción y dependencia respecto de la jurisdicción general (real y estamental). La producción de las normas, la administración de justicia y el gobierno del municipio debe explicarse en el marco de la monarquía de los condes de Barcelona y del ejercicio de sus poderes públicos que se proyectan, en muchas ocasiones, sobre los mismos ámbitos en los que actúa el municipio. La autonomía del municipio, en definitiva, es limitada14.

15Por ello, la regulación de la actividad de los juristas que se consideran integrantes de un oficio nos ofrece una buena muestra de esta interacción, solapamiento y coordinación entre el monarca y las Cortes, representantes de la comunidad territorial de Cataluña, y el municipio o universidad, representante de la comunidad local de ciudadanos.

16También nos interesa el caso de los juristas barceloneses porque refleja las tensiones existentes: (i) entre el antiguo derecho de la alta edad media y el nuevo derecho de la recepción; (ii) entre los ciudadanos prohombres, calificados por su posición social, y los ciudadanos legistas y canonistas, calificados por la autoridad que se les reconoce generalmente por mor de la doctrina que profesan; (iii) entre los intereses del rey y los de la Universidad de los ciudadanos.

17La regulación del estatuto jurídico de los juristas y de su participación en la administración de justicia corresponderá tanto al monarca como al municipio. Su análisis más detenido nos arrojará luz sobre la naturaleza, alcance y validez efectiva de la potestad normativa del municipio.

2. Los orígenes del régimen municipal en Cataluña y su potestad normativa

2.1. El régimen municipal en Cataluña

  • 15 Vide supra n.2 y Josep M. FONT RIUS, La comunitat local o veinal, en Symposium internacional sobre (...)

18Siguiendo en este apartado las enseñanzas del Profesor Font Rius15, nos limitamos a trazar un perfil esquemático y condensado de sus aportaciones.

19La formación de centras de población en la Cataluña altomedieval se debió tanto a la restauración de antiguas ‘civitates’ romano-visigodas en la Cataluña vieja (Barcelona, Gerona, Vic...), como a la restauración de ciudades en la Cataluña nueva (Tortosa, Tarragona, Lleida) o a la instauración de villas y lugares al entorno de castillos, monasterios o nuevas poblaciones dotadas de privilegios y franquezas.

20Estos núcleos de población progresaron paulatinamente desde el punto de vista social, económico y jurídico adquiriendo un ‘status’ de libertad y un nivel de riqueza y de cultura más elevado que el resto de la población rustica de Cataluña.

21Pronto estos colectivos urbanos adquirieron una personalidad jurídico-pública debido a que todos sus miembros practicaron: (i) una comunión económica (aprovechamiento comunal de tierras, bosques, pastos y aguas; explotación vecinal de servicios (molino, fragua, caminos, etc.); (ii) una comunión religiosa (encuadre de los ciudadanos y villanos dentro de obispados, parroquias y cofradías para las prácticas religiosas); y (iii) una comunión política derivada de la común obediencia y prestación de servicios al conde o al señor. Externamente la unidad de estas comunidades urbanas se manifestaba en los elementos que las delimitaban físicamente, como eran las murallas, o socialmente, como eran el derecho propio y las potestades temporales y espirituales comunes con que se gobernaban.

  • 16 Cfr. José M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, 2, Madrid-Barcelona, 1969. pp (...)
  • 17 Sobre la institucion de la paz y de la tregua vide: Eduard JUNYENT, La Pau i treva, Barcelona, 1975 (...)

22Pronto (Cardona, 986)16 el conjunto de ciudadanos o villanos de cada localidad formé un cuerpo representativo que se organizó en un primer momento de forma rudimentaria, mediante la reunión o asamblea de los prohombres de la comunidad (concilium) y mediante el establecimiento de comisiones reducidas y temporales para tratar y solucionar casos concretos referentes a las relaciones de la comunidad con su señor, a la percepción de tributos o al mantenimiento de la paz y tregua decretada en las asambleas generales17.

  • 18 Cfr. Josep M. FONT I RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre el (...)

23La jurisdicción en el siglo XII correspondía al conde y a sus representantes (veguer y baile) mientras que la corporación de ciudadanos se limitaba a colaborar en el ejercicio de las facultades gubernativas y judiciales. Sin embargo, ya a principios del siglo XIII (Lleida, 1217) se utiliza el término romanista de Universitas para designar a la comunidad de habitantes con personalidad propia y diferenciada de la de los miembros que la integraban18. Ello manifiesta la creciente exigencia de la corporación de ciudadanos por dotarse de unos órganos estables y permanentes que, sometidos a normas, dispusieran de una estructura, de unas competencias y de un funcionamiento debidamente ordenados. Es decir, los ciudadanos querían establecer u obtener una jurisdicción municipal propia reconocida por el monarca. En definitiva, el movimiento de los ciudadanos se dirigía a la institucionalización de su comunidad o ‘Universitas’. Los medios para conseguir este objetivo fueron los de consolidar los poderes de la asamblea de prohombres; la conversión de los oficios delegados en ordinarios; y el respeto a la jurisdicción del monarca materializada en la presidencia que ejercía el oficial regio en la Asamblea general de los vecinos.

24Las circunstancias históricas explican el éxito de este objetivo político dado que, desde finales del siglo XII, tanto el monarca como los ciudadanos estaban interesados en la organización política de las ciudades. El primero, para poder disponer de los municipios como órganos auxiliares e inferiores de su jurisdicción general. Los segundos, para poder atender colectivamente a las crecientes necesidades de servicios de unos ciudadanos que no son autosuficientes en materias tan esenciales como la alimentación, la defensa exterior, la higiene, el orden público, etc.

  • 19 La Fundació Noguera de Barcelona ha emprendido la labor de publicar los libros de privilegios de di (...)

25Mediante privilegios reales19, el monarca fue reconociendo a los diversos municipios su organización y su jurisdicción propia a través de un largo proceso que el profesor Font divide en tres etapas: (a) la fase preliminar de finales del siglo XII cuando aparecen formas inseguras e inestables de asociación (coniuratio, confratria o consulatus) dirigidas a asegurar la defensa militar de la ciudad y organizadas a través: de unos magistrados directivos (consules); de unos asesores de los magistrados (consiliarii); y de la reunión o asamblea de los prohombres. Excepto en Lérida, dichas formas corporativas no se consolidan en el resto de localidades (Cervera, Girona, Vilagrasa, Perpinyà, Barcelona).

26La segunda fase (b) se inicia a mediados del siglo XIII y corresponde a los reinados de Jaime I y de Pedro el Grande. Es la fase decisiva para que los municipios catalanes adquieran una organización y una jurisdicción propia, estable, duradera y con una potestad normativa claramente reconocida y efectivamente ejercida.

27La estructura orgánica de las universidades se compone de: (i) una comisión reducida de magistrados (de 2 a 5) rectores de la comunidad (jurats, paers, consuls); (ii) de un Consejo de consellers (hasta cien en Barcelona); y (iii) de una Asamblea general de vecinos (los antiguos prohombres). A su lado permanece el oficial regio (veguer, baile) que preside la ‘Universitas’ y que colabora con ella para que su jurisdicción sea efectiva en la práctica mediante la ejecución de sus decisiones.

28La tercera etapa (c) del municipio catalán medieval corresponde a los siglos XIV y XV y se caracteriza por el aumento de la población urbana con las consiguientes luchas sociales y por la extensión del régimen municipal a los núcleos rurales de convivencia colectiva. También evoluciona la estructura orgánica en cuanto aparecen consejos reducidos que substituyen a la Asamblea general, imposible de reunir y que entra en crisis.

  • 20 Una excelente síntesis del proceso de institucionalización de la comunidad municipal en: José M. FO (...)

29La jurisdicción privilegiada del municipio se mantendrá y confirmará hasta principios del siglo XVIII en que desaparecerá al ser suprimida por el Decreto felipista de Nueva Planta (1715-1716)20.

2.2.La potestad normativa del municipio

  • 21 Vide supra n.2.

30Si atendemos ahora a la potestad normativa que corresponderá a los municipios catalanes en cuanto titulares de jurisdicción, debemos también limitamos a trazar un cuadro esquemático de los conocimientos esenciales sobre esta materia aportados, una vez más, por el profesor Font Rius21.

31Las ordenanzas, bandos y establecimientos son fuentes normativas locales mediante las cuales el municipio afirma su autonomía. Se diferencian de las costumbres locales porque éstas establecen los trazos fundamentales de la constitución política del municipio y de su ordenamiento jurídico particular en los ámbitos privado, penal y procesal, mientras que las ordenanzas pertenecen a un nivel normativo inferior de carácter reglamentario y se refieren a aspectos puntuales que precisan de regulación. Las ordenanzas evidencian el grado de jurisdicción alcanzado por el municipio. Sin embargo, los conflictos de competencias y la concurrencia con las jurisdicciones superiores de los señores o del rey serán constantes e inevitables, dando lugar a normativas concurrentes que deberán armonizarse y jerarquizarse para conocer cual es el derecho que efectivamente se debe aplicar a una materia o en una causa.

  • 22 Cfr. Costumbres de Lérida, ed. Pilar Loscertales de Valdeavellano, Barcelona, 1946, cap.58: « De co (...)
  • 23 Vide infra n.43.
  • 24 Cfr. Carme BATLLE, Vida y institucions poltiques a Barcelona (del 714 a la fi del segle XIII), en (...)
  • 25 Se trata de un conjunto de ordenanzas municipales relativas a diversas materias (obligación de tran (...)
  • 26 Cfr. Francesch CARRERAS Y CANDI, Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya, (segles XIII a XVII (...)
  • 27 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Registre de les Ordinacions Municipals de Catalunya (ss. XIII-XVII), en La (...)

32En consecuencia, la historia de las ordenanzas es paralela a la del municipio y al proceso de su fortalecimiento y organización. Si ya encontramos prevista esta facultad normativa en los textos de costumbres como los de Lleida (1228)22 o en privilegios como los de Barcelona (1249)23, los primeros documentos conservados de ordenanzas se remontan al último tercio del siglo XIII (Barcelona 127124 y 1289-129025, La Guardia dels Prats 1275, Valls 1299, etc...)26 y luego ya a partir del siglo XIV27.

  • 28 Vide supra n.5.
  • 29 Vide supra n.23.
  • 30 Cfr. 1296-1996,700 anys dels costums d'Orta. Actes de les Jornades d'Estudi. Orta, 25,26 i 27 d’oct (...)
  • 31 Cfr. Costums de Tortosa, ed. Jesús Massip, Barcelona, 1996, cap. 1.5.9, p.52.
  • 32 Vide Josep SERRANO I DAURA, Els Costums de la Batllia de Miravet. Estudi introductori i edició, Hue (...)

33La legitimación de la potestad normativa deriva, bien de la concesión del príncipe titular de la jurisdicción general, a través de un privilegio y para una localidad concreta (Barcelona-124928), bien del reconocimiento de una práctica consuetudinaria anterior de origen popular (Lleida29, Horta de sant Joan30, Tortosa31, Miravet32).

  • 33 Sobre estas nociones vide el clásico estudio de Walter ULLMANN, Historia del pensamiento político e (...)
  • 34 Vide por ejemplo, sobre esta cuestión la Ordenanza de Barcelona, publicada el 15 de octubre de [13] (...)

34Las ordenanzas son normalmente el resultado del acuerdo entre los poderes ascendentes (‘populus’) y descendentes (‘princeps’)33 manifestado a lo largo de un proceso normativo que se inicia, por lo general, con la redacción del texto capitulado de las ordenanzas por parte del municipio; que continua con el trámite de aprobación o confirmación automática o revisora, simultánea o ‘a posteriori’, de la autoridad jurisdiccional superior; y que termina con la publicación exterior, por parte del agente de la autoridad. La interpretación posterior de las ordenanzas solía corresponder al municipio, como se deduce de la reserva expresa de competencia que figura en muchas ordenanzas34.

35Por la forma de presentación se distinguen aquellas ordenanzas que carecen de orden dispositivo sistemático y que se limitan a acumular una serie de disposiciones heterogéneas, de aquellas otras donde existe una cierta clasificación y ordenación sistemática por razón de la materia sobre la que se proyectan los diversos capítulos.

36No hace falta decir que la intervención de juristas cultos en la redacción de ordenanzas se traduce en una mayor y mejor organización y coherencia de su estructura formal y de su contenido.

3. Los juristas de Barcelona y sus actividades35

  • 35 Este apartado se corresponde, en buena medida, al texto de la ponencia presentada en las terceras J (...)

37En esta época, la finalidad teórica de toda potestad normativa es la de conseguir dirigir y gobernar a los miembros de la comunidad de forma que se consiga la realización de la justicia. En la baja edad media, cuando se implanta progresivamente en Cataluña el derecho culto, la consecución de la justicia comporta la intervención necesaria de los juristas que por su autoridad doctrinal no son meramente unos técnicos, sino que se consideran sacerdotes o ministros de la justicia. ‘De facto’ son los que, en muchas ocasiones, deciden y definen el derecho. Ello sucede así porque, para que el nuevo derecho sea efectivo, se precisan los conocimientos técnicos de los juristas en el proceso de su creación, de su aplicación y de su interpretación. Además, para conseguir esta renovación jurídica que impulsan los juristas y algunas fuerzas sociales heterogéneas, hay que vencer previamente las resistencias que ofrecen los derechos tradicionales, sus formas y mecanismos de producción y las mentalidades y comportamientos de los grupos sociales que se basan en ellos.

38La formación intelectual del jurista educado en el derecho común que se ensena en las Universidades o Estudios Generales le capacita para ejercer tres profesiones distintas que, no obstante, no aparecen normalmente diferenciadas como otros tantos oficios independientes, sino que se agrupan como facultades, actividades u oficios específicos derivados del oficio general de jurista sabio o sabio en derecho.

39Así, el jurista es o puede ser alternativamente: un abogado, un juez o un asesor o consejero. Como abogado defiende en derecho las pretensiones de las partes que litigan o negocian. Como juez ejerce la potestad declarativa del derecho en las causas que conoce y enjuicia por delegación. Como consejero asesora a los titulares de jurisdicción con sus propuestas, opiniones y dictámenes ‘pro veritate’ que tales titulares precisan en los momentos de creación, aplicación o interpretación del derecho y para legitimar su actuación.

40En consecuencia, regular la actividad de los juristas implica establecer y determinar la posición, la influencia y las características de su intervención técnica en los procesos normativos, gubernativos y judiciales que competan impulsar y dirigir a los titulares de la jurisdicción. En cierto modo, se trata de someter a normas a quienes, por su ciencia, estaban en disposición de influir y de mover estas normas con una gran libertad.

41Naturalmente, y como ya hemos apuntado antes, sobre esta materia existirá una concurrencia de sistemas normativos que, desde diferentes instancias(rey, Cortes, Municipio) y en diferentes momentos (desde 1243 a 1399) irán perfilando el contenido y la validez del régimen jurídico resultante.

42A continuación, analizaremos a grandes trazos esta normativa concurrente a la luz de su contexto histórico-jurídico y de otras disposiciones que estimamos relevantes para la comprensión del significado que tiene para la potestad normativa la regulación de los juristas de Barcelona.

  • 36 Reeditada en Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, en Textos Jurídics Catalans. Lleis i Co (...)

43El treinta de noviembre de 1243, y desde Játiva, Jaime I promulga una pragmática que afecta a los abogados y a los tribunales de justicia de Cataluña. Desgraciadamente no conocemos el texto original ya que sólo disponemos de un sumario o extracto de la pragmática utilizada en el siglo XV para integrar la primera edición impresa de las Constituciones generales de Cataluña (1495)36.

  • 37 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Jaume I i la municipalitat de Barcelona, en Estudis sobre els drets i inst (...)

44Según se desprende de esta versión resumida, las Curias (entre las que se encuentra la del veguer de Barcelona) aceptaban a los abogados para la disputa de las causas. Por otro lado, en Barcelona sabemos que la Curia del veguer estaba asesorada por los prohombres de la ciudad en materia de administración de justicia37.

45El problema que se infiere y que viene a resolver la pragmática consiste en la tensión producida por unos abogados juristas que defienden las causas sobre la base del derecho común y unos jueces populares que solo conocen el derecho tradicional (Usatges y costumbres de la localidad) y son incapaces e incompetentes para comprender y dilucidar la causa que se plantee por juristas eruditos - que algunas veces son forasteros del lugar - en los términos cultos y técnicos del derecho común, tecnolenguaje que es ajeno a la experiencia jurídica popular.

46El monarca, con su pragmática, resuelve que no se admitan en las Curias a ningún abogado que alegue leyes (sin precisar si se alude a las romanas o a las góticas), aunque la redacción del extracto no permite saber si esta prohibición es absoluta (siempre) o solamente relativa (sólo cuando existan costumbres y Usatges que puedan aplicarse al caso). Con todo, la pragmática concede una primacía (absoluta o relativa) al derecho tradicional y, al mismo tiempo, limita la actividad de los juristas eruditos cuando actúan como abogados y en orden a la aplicación de sus conocimientos técnicos y legales.

  • 38 AHCB, Llibre Verd, 1, fl.217 r. (Lleida, 12.10.1246).

47Tres años más tarde, y desde Lleida (1246)38, el monarca promulga una carta o estatuto en que se profundiza en la línea de regular la actividad de los juristas. Por esta disposición se manda a todos los abogados que actúan en la Veguería y Bailía de Barcelona y en sus respectivas Curias que anualmente presten en poder de los jueces un juramento. Por él se obligan a instruir y a informar a las partes que defienden, única y exclusivamente en función de la verdad, de manera que no aceptarán defender causas que consideren malas según su buena conciencia, ni actuarán maliciosamente en las que patrocinen, ya que si en el transcurso de la defensa percibieran que la causa es injusta, deberán inmediatamente abandonarla.

48El juramento les obliga asimismo a actuar fiel y legalmente. Es decir, según la obediencia debida a la jurisdicción real en Barcelona y a las leyes que son los centros constituyentes de la verdad en normativa jurídica.

  • 39 Vide supra n.5.

49Tiene especial relevancia para nosotros el privilegio ya aludido de Jaime I de 27.07.1249 que reorganiza el municipio de Barcelona, pues por el se concede a la Universidad de Barcelona la autonomía financiera ‘pro utilitate et defensione civitatis’. En efecto, los paciarios podrán establecer ‘comunes’39 o tributos mediante ordenanzas que los ciudadanos de Barcelona están obligados a observar y a satisfacer. Además, esta potestad normativa que el monarca concede al municipio de Barcelona se extiende de forma genérica a otros ámbitos cuando el rey ordena a los habitantes de Barcelona que obedezcan las ordenanzas que los paciarios establezcan ‘pro bono nostro et civitatis nostre’, con la reserva explicita, en todo caso, del dominio, del derecho y del mandato regio.

50En definitiva, en 1249 nace formalmente la potestad normativa del municipio barcelonés para una materia específica como es la tributaria, con la posibilidad de ampliarse a otros campos, aprovechando el redactado genérico de la disposición y con unas limitaciones expresas en cuanto al cumplimiento de determinadas finalidades y a la subordinación de las ordenanzas municipales de Barcelona al derecho regio.

  • 40 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre els (...)

51Por otro lado, la disposición de 1249 nos interesa también en cuanto regula que el veguer de Barcelona administrará la justicia real ordinaria con el consejo de los prohombres de la ciudad y de los paciarios o magistrados municipales que actuarán, en consecuencia, a modo de jueces o de asesores populares40.

52Esta última disposición permite comprender mejor la constitución ‘Encara statuim’ de las Cortes de Barcelona de 1251 que se dirige a limitar la actividad profesional de los juristas cultos y la eficacia constitutiva de sus conocimientos legales.

53Ni las leyes romanas ni las góticas, ni las disposiciones del derecho canónico podrán utilizarse para instruir las causas judiciales seculares, ni tampoco para resolverlas. En éstas, ni podrán alegarse por los abogados ni podrán aplicarse por los jueces que en Barcelona, como hemos visto, no son juristas sino prohombres.

  • 41 CYADC-1704, 3, 1,8,1: « ...los Jutges encara, en las causas seculars no admetan legistas Advocats, (...)

54Además, se prescribe que en las causas seculares, los jueces no admitan a ningún legista como abogado41. Sólo en causa propia tal legista (o jurista culto) podrá actuar y aún sin poder instruir la defensa con sus conocimientos legales y del derecho común, ya que, en general, se ordena en toda causa secular, fundamentar las alegaciones sobre la base de los Usatges de Barcelona y según las costumbres usadas del lugar. Como recurso subsidiario se permite proceder según el sentido natural, es decir, no explícitamente según la razón escrita (corpus iuris civilis) sino según la razón natural que la buena conciencia de un jurista popular también puede descubrir en los usos y costumbres generales, y de su localidad. Estamos ante la manifestación de una lucha entre dos culturas jurídicas para controlar la administración de la verdad: los juristas defensores de la ley -que es la razón natural por antonomasia, en cuanto ‘ratio scripta’ objetivada en los libros de leyes-; y los prohombres, en el caso de Barcelona, defensores de la costumbre y de los usos tradicionales y de la razón natural que existe en esfera de la intimidad personal de cada sujeto y que se ha manifestado en la vida y tradiciones de Barcelona.

55En 1283, el rey Pedro el grande celebra Cortes en Barcelona a los catalanes para pedir su ayuda contra la ofensiva militar internacional que se ha organizado contra él para desposeerle de sus reinos.

56En esta coyuntura política Barcelona pide al monarca, no sólo la confirmación de sus privilegios sino también la de sus antiguas costumbres y la de nuevos capítulos o demandas.

  • 42 Ibid., p. 9: « Item quod proceres Barchinone ordinant et constituant banna, et vicarius bana ordina (...)

57Como consecuencia de esta súplica, el monarca otorga el privilegio conocido como ‘Recognoverunt proceres’ porque en él se hace constar que fueron los prohombres, ancianos y juristas de Barcelona quienes, reconociendo su derecho consuetudinario, lo formularon por escrito para que el monarca pudiera confirmarlo en su versión objetivada. A diferencia de privilegios anteriores, la vigencia del ‘Recognoverunt Proceres’ tiene un carácter perpetuo y no temporal ni a beneplácito del monarca. En consecuencia, podemos observar como los juristas han participado junto a los prohombres para formular el derecho tradicional de Barcelona que ahora se objetivista de forma indefinida. Entre las normas de este derecho antiguo se incluye el reconocimiento de la potestad normativa del municipio según la cual son los prohombres de Barcelona quienes, además de establecer y ordenar bandos, los pueden alterar y derogar libremente, sin necesidad de que intervenga la autorización del veguer. Este, encima, está obligado a ejecutarlos, siquiera percibe, en contrapartida, las penas pecuniarias en que incurren los que no observan los bans42.

  • 43 Ibid., p. 10: « Item quod vicarii qui noviter constituuntur in Barchinona jurant ad sancta Dei Evan (...)

58En definitiva, la potestad normativa del municipio de Barcelona otorgada por Jaime I de forma específica para la materia tributaria se ha afianzado y generalizado por la costumbre. Ahora, en 1284, esta costumbre se confirma perpetuamente por el rey pese a que no existe en su redacción escrita -y como se disponía en 1249- ninguna reserva expresa de prevalencia para el derecho del monarca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como contrapeso a esta autonomía política que se reconoce al municipio, al veguer -el oficial regio que administra la justicia-le corresponde ejecutar los bans municipales y percibir las penas que de ellos deriva. Por otro lado, si es cierto que el capítulo 39 del ‘Recognoverunt Proceres’ obliga al veguer a observar el consejo vinculante de los prohombres y las costumbres y los derechos de Barcelona, ello será salvando siempre el superior dominio del monarca43.

  • 44 Cfr. Tomàs DE MONTAGUT, Les monarquies cristianes medievals, pp. 151-160, en Història del dret espa (...)

59Lógicamente, el recelo de los prohombres y ciudadanos ante los juristas eruditos ha ido desapareciendo desde 1249, dado que la práctica y los usos burocráticos han inducido una potestad normativa del municipio que permite la creación de un derecho municipal propio que, al poder expresar directamente la justicia natural en preceptos, modifica y subordina el derecho común y lo despolitiza, al mismo tiempo que a sus juristas eruditos los relega a un nivel técnico, subsidiario e informativo. En cierto modo se reproduce en el ámbito local lo que se ha manifestado en el ámbito territorial, respecto a la legislación general de Cataluña en las Cortes de Barcelona de 1283. En ellas las limitaciones políticas que acepta el monarca le imponen constituir la ley general con el consentimiento del General o Universidad de Cataluña44.

  • 45 Cfr. Recognoverunt proceres. Versión medieval catalana del privilegio así llamado, Barcelona, 1927, (...)

60Por ello, entre los nuevos capítulos que los prohombres suplican y piden al monarca se encuentra aquél referente a la administración de justicia ordinaria por parte del veguer o del baile. Ahora se establece que estos oficiales no puedan encomendar la cognición y decisión de juicios o inquisiciones a otras personas que no sean juristas45.

61De la desconfianza de 1243 y de 1251 se ha pasado a la confianza plena de 1284.

62Es cierto que los ciudadanos también piden como excepción que las inquisiciones criminales se instruyan y decidan en la forma tradicional por los prohombres (el juhi de prohoms), pero ahora se especifica que éstos formarán cuerpo con un jurista (savi en dret).

63En 1286 el nuevo monarca Alfonso el liberal confirma a los consellers y a la Universidad de Barcelona las libertades, inmunidades y gracias otorgadas por su padre el rey Pedro, añadiendo que para la conservación de dichos privilegios, costumbres y ordenanzas puedan nombrar síndicos que las defiendan contra aquél que no las respete u observe.

64Por otro lado, el rey Alfonso, como se infiere de una disposición del mismo año 1286, concede y reconoce a los prohombres y Universidad de Barcelona que las ordenanzas que han establecido para exigir unos tributos o imposiciones son justas porque contienen la justa causa final consistente en perseguir la utilidad común que se concreta en financiar la construcción de las murallas y fosos de Barcelona, tan necesarios para su defensa.

65Además, el monarca concede que estas ordenanzas sobre las imposiciones sean a beneplácito de la ciudad de la misma forma acostumbrada con la que se ha determinado la vigencia temporal ‘de bannis et aliis ordinacionibus factis per vos et antecessores vestros in Barchinona”.

  • 46 Se encuentran noticias sobre la actuación posterior (s.XIV) de los síndicos en BRUNIQUER, Ceremonia (...)

66Juristas han participado en la redacción de las costumbres de Barcelona, juristas participan con el veguer y baile en la administración de justicia, juristas serán, probablemente, los que, como síndicos del municipio, deberán velar por la observancia del derecho municipal fruto de privilegios, costumbres y ordenanzas municipales46.

67Una vez despolitizados y reducidos a unos límites más técnicos conviene que los juristas, para desempeñar sus actividades, estén dotados de los conocimientos escolásticos que exige la profesión del derecho culto y de las aptitudes y cualidades morales y personales que exige el municipio o localidades para sus oficios de confianza.

68A garantizar ambos requisitos exigibles para el acceso al ejercicio del oficio de jurista se dirigirán una serie de disposiciones posteriores.

  • 47 Cfr. CYADC-1495, 1,2, f.71 v. : « Alfons segon en la cort de Muntso capítol XVII » y CYADC-1704, 1, (...)

69Así, en las Cortes Generales de Monzón de 1289 se establece que ningún sabio en derecho podrá actuar en ninguna Curia o Tribunal como abogado, juez o inquisidor hasta que no sea examinado por un Tribunal mixto compuesto por prohombres de la localidad y por sabios en derecho47.

70Los elegidos habrán de jurar fidelidad en el ejercicio del oficio en poder del veguer o baile y de los prohombres. Parece lógico que el carácter mixto del Tribunal se deba a la necesidad de examinar al candidato: por un lado, respecto a sus conocimientos técnicos en derecho y, por el otro, respecto a sus cualidades humanas y personales.

71El juramento de fidelidad a los prohombres garantiza la despolitización del jurista y su acatamiento al derecho de la villa o ciudad. Otro tanto sucede con relación al rey y a su derecho cuando la fidelidad se jura ante el oficial regio.

72En 1295 será el monarca unilateralmente quién tomará la iniciativa y promulgará unas ordenanzas sobre los abogados y la administración de justicia en Barcelona.

73La normativa se dirige a los abogados que habitan y ejercen el oficio en Barcelona, sin precisar si tales abogados serán o no juristas. En todo caso, se les exige jurar anualmente que no defenderán malas causas, que abandonaran las desesperadas y que defenderán legalmente a sus clientes.

74Además, se prevé su actuación como jueces delegados, en cuyo caso habrán de jurar oir y terminar la causa sin ninguna malicia ni dilación. También se regula su actividad como conjueces o como asesores del juez delegado, para limitar los casos en que pueden, a su vez, delegar.

75En caso de apelación de la sentencia pronunciada por el veguer o por el juez ordinario, éstos llamarán en consulta a unos abogados y juristas, que elegirán a su arbitrio, para que manifiesten oralmente si procede o no ejecutar la sentencia. En todo caso, el ‘consilium’ o deliberación de los jurisperitos y sus nombres se trasladarán en escrito que se registrará en la Curia para que se pueda dar copia íntegra a la parte que lo solicite.

  • 48 Vide ACA, Privilegios concedidos al Consell de Cent. perg. original, n.243, publicado en CYADC-1704 (...)

76Por otro lado, se confirma la presencia de los juristas como asesores del veguer en las inquisiciones de crímenes formando cuerpo con los prohombres48.

77Se sigue, pues, el capítulo 42 del ‘Recognoverunt proceres’, pero precisando que la presidencia del tribunal corresponde al oficial titular de la jurisdicción(veguer u otro ordinario).

78De esta disposición se desprende que no todos los abogados son juristas si bien para ser abogado en Barcelona será necesario aprobar el examen que realizarán dos juristas elegidos especialmente para este cometido. Sólo el que será aprobado podrá ingresar en el oficio y ejercer la abogacía. También se desprende que en la triple actividad de abogado, juez y consejero o consultor los juristas cultos coexisten con abogados y prohombres que no necesariamente lo son. No obstante, serán únicamente juristas quienes podrán examinar y aprobar a los que quieran ejercer el oficio de abogado. Con ello, el monarca también favorece que el profesional erudito y técnico se imponga sobre el de origen popular y de formación meramente práctica.

  • 49 AHCB, Llibrc verd, 1, 3, f.285 v. La inmunidad se refiere « ...in casibus tam a iure concessis quam (...)

79El treinta de diciembre de 1299 Jaime II otorga una carta o privilegio de franquicia, libertad e inmunidad a los consellers y a la Universidad de los ciudadanos y habitantes de Barcelona. Nos interesa tangencialmente esta disposición para comprender cómo se refuerza indirectamente la potestad normativa del municipio en una determinada materia mediante la renuncia de legislar sobre ella por parte del monarca. En efecto, Jaime II, atendiendo a las diversas ayudas y servicios monetarios y personales prestados por la ciudad de Barcelona, le concede libertad, franquicia e inmunidad de questias y de cualquier otra prestación o servicio pecuniario que puede exigir, pedir y obtener ‘in casibus tam a iure concessis quam non concessis’ y también de cualquier servicio en la armada regia49.

80En consecuencia, la potestad normativa en materia tributaria concedida a Barcelona por el privilegio de 1249 -confirmado genéricamente en 1284 y específicamente en 1286- cobra mayor relieve por esta inmunidad que ahora se otorga respecto a la potestad regia y a su normativa. Se afianza la autonomía tributaria de Barcelona y se soluciona la concurrencia de normativas en esta materia por autolimitación perpetua, pura, libre y absoluta de la regia.

  • 50 AHCB, Llibre de Privilegis, f. 192 y Llibre verd, 1, 3, f.279-281v. Sobre esta problemâtica deben c (...)

81Desde Valencia, el 17 de abril de 130 150 Jaime II aprueba y confirma unas ordenanzas que reforman el funcionamiento de la administración de justicia en Barcelona y afectan al régimen jurídico de las Curias del veguer y del baile y a los abogados, jueces, consejeros, notarios, procuradores y sayones que en ellas intervienen.

82La particularidad de esta disposición es que se presenta en forma de capítulos que han sido ordenados y tratados por el veguer, por el baile y por los prohombres de Barcelona con el consejo de dos juristas o sabios en derecho del monarca: Nadal Rainer y Bernat Desprat.

83El monarca ha recibido estos capítulos de ordenanzas municipales, los ha discutido con su Consejo y los ha aprobado con la formula típica de la normativa pactista consistente en añadir al texto presentado su aprobación pura, o condicionada por el tenor de la respuesta, que hace constar. Cabe destacar que la aprobación presupone, en general, el reconocimiento de la potestad normativa del municipio en la materia en cuestión a la que afecta, siquiera en alguna ocasión, como en el caso de los sayones de las Curias, se otorga la aprobación por propia autoridad y aún haciendo constar ‘atorgaho e plau al senyor rey eu estableix per sa propia auctoritat no per raho dela ordinacio quels prohomens naien feta con no pertanga a ells fer aytal ordinacio‘’.

84Otros capítulos reiteran, en el mismo sentido, normativas anteriores sobre el examen de los abogados o sobre su juramento o el de los notarios y procuradores, con la adición de matices o de nuevas obligaciones como la que prescribe a los abogados y jueces de no abogar ni juzgar en contra de las Constituciones u Ordenanzas hechas en Cortes generales ni en contra de las constituciones escritas de Barcelona.

  • 51 Vide infra n. 57.
  • 52 Ibid., f.280: « Item que los savis qui seran examinais e iutgeran e avocaran en les corts sien teng (...)

85Se trata igualmente en esta normativa sobre la triple actuación de los juristas como jueces, abogados y consejeros; de sus obligaciones de juzgar, de defender y de dar consejo y de sus respectivos salarios51, así como de los devengados por los procuradores y notarios. Destaca, en este sentido, la disposición que obliga a los sabios o juristas examinados a dar su ‘consilium’ a las curias, cuando se los pidan y sin percibir a cambio ninguna retribución o salario52.

  • 53 Sobre la organización judicial en el derecho romano-canónico vide: Charles LEFEBVRE, Juges et savan (...)

86En definitiva, y a diferencia de la materia tributaria, el monarca, si bien reconoce una cierta potestad normativa al municipio de Barcelona para regular la actividad de los juristas y demás personal forense, lo hace de forma no absoluta, sino relativa. Con todo, el margen de actuación del municipio para establecer el régimen jurídico de los juristas es considerable y se dirige a poner orden en una materia tan esencial para la comunidad como es el buen funcionamiento de la justicia local53. El creciente peso y presencia de los juristas en la vida diaria de la ciudad comportará la necesidad de su organización corporativa. En esta importante cuestión volverán a confluir rey y municipio y sus respectivos derecho y potestades que se irán delimitando y precisando con mayor claridad.

  • 54 CYADC-1495 = Constitucions de Catalunya. Incunable 1495, reed. Barcelona, 1986, f.304 = p.695: « La (...)

87Por ello, la declaración y concesión de Jaime II otorgada a Tarragona el 23 de enero de 132054 es un hito decisivo en el proceso de afirmación de la potestad normativa del municipio y de delimitación de su ámbito competencial y territorial.

88En efecto, la disposición del monarca pone fin al conflicto de competencias planteado por el rey entre su propia jurisdicción y la del municipio en orden al respectivo alcance de su potestad normativa.

89Al rey se le habían notificado algunos estatutos y ordenanzas establecidas recientemente por los consellers y prohombres de la ciudad de Barcelona que afectaban: unos a la ciudad en sentido estricto y otras a la ciudad y a su distrito jurisdiccional el cual abarcaba el territorio delimitado por los términos de Montgat a Castelldefels y desde Montcada al collado de Finestrelles, Collserola, las Gabarras, Vallvidrera y a la villa de Molins de Rei del Llobregat y desde este territorio hasta doce leguas dentro del mar.

90Las ordenanzas no contenían ‘in se’ iniquidad o injusticia, pero el monarca estimaba que la acción de ordenar los límites territoriales de la jurisdicción y la naturaleza de las penas desbordaba la competencia del municipio en materia de potestad normativa y que, por ello, las ordenanzas alcanzaban una eficacia que iba en detrimento y perjuicio de la jurisdicción regia la cual, en consecuencia, no podía tolerar su observancia al no haberlas autorizado.

91En definitiva, el monarca consideraba que a algunas ordenanzas de Barcelona les faltaba la causa eficiente justa dado que su Universidad carecía de jurisdicción para establecerlas. Con todo, ofrecía a la ciudad la posibilidad de presentar alegaciones para fundamentar su competencia y sus derechos.

92Los consellers y prohombres de Barcelona enviaron al rey a sus conciudadanos Pere de Vilafranca y Esteve de Puig con informaciones e instrucciones que razonaban y probaban la potestad de Barcelona en materia normativa, seguramente aportando las cartas y privilegios que la otorgaban. Además, examinados los libros antiguos de la Curia del veguer de Barcelona se pudo probar que tales ordenanzas y disposiciones análogas se promulgaban usualmente para la ciudad y su amplio territorio dependiente que se extendía dentro de los términos antes mencionados. Además, muchas de ellas se habían ordenado sin autorización del monarca.

93En definitiva, examinados por el Consejo real las alegaciones y pruebas presentadas por la ciudad se pudo constatar que los consellers y prohombres de Barcelona poseían y usaban legítimamente la autoridad y competencia para establecer y promulgar ordenanzas y disposiciones similares con vigencia no solo en la ciudad sino también en su extenso territorio. Se reconocía, asimismo, que unas veces las ordenanzas incidían sobre materia civil y otras sobre materia criminal y que tanto podían imponer sanciones o penas pecuniarias como aflictivas, pudiendo llegar estas últimas a la pena de mutilación de miembros o incluso a la misma pena de muerte.

94El rey, después de instruida esta causa en su Consejo declara y concede perpetuamente a los Consellers y a la Universidad de Barcelona ‘facere et ordinare in dicta civitate et in dictis terminis superius nominatis banna et ordinationes cum pennis pecuniariis et corporalibus vel uti membrorum mutilatione et morte sive suplicio ultimo et aliis prout vobis vel eis fore videbitur faciendum”.

95Desde ahora, la potestad normativa de Barcelona quedará plena y generosamente reconocida y afianzada por el rey, de modo que no es extraño que la disposición de 1320 se incluya en la compilación que se editó del derecho general de Cataluña en 1495. El paso siguiente, desde el punto de vista de la plena configuración del régimen jurídico del municipio, consistirá en vigilar y procurar que el derecho creado por Barcelona sea observado.

  • 55 Vide gl. ‘adibit’ a l. si quis mihi bona, 25 pgf. l, de adquir.her. (D.,29, 2, 25).
  • 56 Sobre las corporaciones profesionales o laborales de la Europa medieval vide la obra colectiva Cofr (...)

96En efecto, en la práctica, la vida del derecho (su aplicación e interpretación) depende de unos juristas que están acostumbrados a actuar libremente y, a veces, incluso de una forma libérrima y en contra del derecho vigente en y de Barcelona. En consecuencia, los abusos y corrupciones son notables y persistentes y consisten en exigir salarios inmoderados, en inducir dilaciones injustificadas en los pleitos, en defender malas causas, etc. Para solventar estos problemas es necesario someter a la disciplina de un organismo la actividad de los juristas. No obstante, solo al monarca le corresponde, por el derecho común55, otorgar o confirmar por ley la erección de una corporación o colegio que integre y vincule institucionalmente a todos los miembros de una profesión y les obligue especialmente a respetar unas determinadas normas56.

  • 57 Parece que existió un precedente de esta actividad ordenancista de los juristas en 1323, aunque en (...)
  • 58 Vide supra.

97Darán respuesta a esta exigencia, las ordenanzas temporales, duraderas por diez años, promulgadas en Barcelona por Alfonso el benigno el 6 de abril de 133357. Por ellas se constituye un colegio que agrupa a todos los abogados de Barcelona cuyo oficio es el de abogar o de juzgar58. Notemos que aquí el término abogado se toma en una acepción amplia que lo asimila al de jurista dado que comprende también la actividad de los jueces.

98A todos ellos se les permite elegir un rector o prior y cuatro consejeros con la misión de corregir con autoridad regia a los colegiales que usen mal del oficio y a aquellos que contravengan las constituciones, usos y costumbres de Barcelona.

99Si esta potestad correccional no da resultado y los abogados en cuestión son incorregibles, el prior, con el consejo de sus consellers y a su arbitrio deberá imponer unos castigos o penas que pueden llegar a la privación perpetua del oficio, si bien en este último caso deberá preceder la cognición de causa.

100El rector y los cuatro consejeros serán elegidos anualmente por los abogados de Barcelona junto con varios consellers de la ciudad. Los nuevamente elegidos jurarán el cargo en poder del veguer.

101Por otro lado, el prior, con el consejo de sus consejeros y la intervención asesora y aprobatoria de los consellers de Barcelona podrán establecer estatutos y ordenanzas para el buen funcionamiento del oficio. Estas disposiciones, que podrán tener carácter temporal, son objeto de renovación, cambio o enmienda por el mismo procedimiento.

  • 59 Ibid., p.82: « ...contra constituciones, usus et consuetudines civitatis ipsius in lesionem rei pub (...)

102En suma, la Universidad de Barcelona, que ya tiene reconocida la potestad normativa en términos muy generales, obtiene ahora la posibilidad de controlar la observancia del derecho producido mediante el sometimiento de los juristas de Barcelona y de su término a la disciplina y autoridad del colegio de abogados, una de cuyas misiones es la de corregir a los contrafactores del derecho municipal59. Además, los colegiales quedan sometidos a la observancia de unas ordenanzas específicas que regularán la profesión de jurista y que habrán de ser establecidas por el mismo Colegio de abogados pero con la necesaria intervención, consejo y aprobación de la Universidad.

  • 60 Registrado en ACA, C, Reg.488, fl.88 y publicado por Antoni RUBIÓ Y LLUCH, Documents per l’Histoira (...)

103Desde Valencia, Alfonso el benigno promulga, a beneplácito, un estatuto y ordenanza el 13 de febrero de 133560, en parte movido por los deberes propios de la dignidad real que le obligan a dirigir sus actos a la búsqueda de la utilidad pública, y en parte por las súplicas que le dirigen los consellers y prohombres de la ciudad de Barcelona. Por consiguiente, esta normativa, no es tanto una disposición regia ‘motu propio’ como una confirmación o aprobación de capítulos suplicados por la ciudad de Barcelona sobre la reforma y mejora de la administración de justicia local. Por ella, se intensificará la regulación que afecta a la actividad de los juristas.

104Así, como requisito para ejercer el oficio de jurista (juez o abogado) en la ciudad de Barcelona y en las veguerías de Barcelona y Vallés, se exigirá superar un examen en el que el candidato deberá, en todo caso, acreditar que ha oído las lecciones del derecho civil durante cinco años y que posee los cinco libros de texto que integran el ‘corpus iuris civilis’ con su aparato de glosas ordinario, es decir, con la ‘magna glossa’ de Acursio.

105Además, se regulan aspectos relativos al salario de los juristas y al procedimiento: de apelación, de acumulación de causas, de ejecución de sentencias, de jurisdicción voluntaria (sobre casos que afectan a albaceas, tutores o curadores), de interlocutorias, de nulidad de sentencias y de interposición de querellas.

  • 61 Ibid., p.63-64: « Item quod comissiones sive delegaciones que faciende sunt juxta statuta de hoc fa (...)

106Cabe destacar en estas ordenanzas que se distingue claramente la triple dimension del jurista cuando se indica que: ‘Item quod aliquis jurisperitus sive sit judex sive advocatus vel consilium dans...’. También se garantiza el control del colegio de abogados sobre la designación del juez o inquisidor delegado. Corresponderá esta función a un jurista nombrado por el prior del colegio y de acuerdo con los estatutos vigentes sobre la materia. En todo caso, se prohibe que sea el notario de la Curia u otra persona la que pueda designar al juez o inquisidor delegado o comisario61.

107Para reforzar la autoridad del Colegio, e indirectamente la de la Universidad de Barcelona que lo controla, se manda a todos los juristas de la Ciudad y Veguerías de Barcelona que juren anualmente obediencia al rector del Colegio en las cuestiones referentes a la profesión, sin perjuicio del derecho regio.

108Naturalmente, la Universidad de Barcelona, una vez controla el Colegio de juristas y la actividad de sus miembros, exige que estos estén dotados de los conocimientos técnico-legales que proporciona el derecho común. Por eso, no es suficiente demostrar estos conocimientos en aquel acto sino que el candidato debe acreditar su formación demostrando la audiencia de lecciones del derecho civil y la posesión de los libros de texto ordinarios de dicha materia.

109De todas formas, en las mismas ordenanzas se prefieren, en sede de apelación, disposiciones del derecho canónico a las del derecho civil, lo cual nos indica, para esta época, el grado de aplicación y uso de aquel derecho cuyo conocimiento, de momento, no se exige para ser jurista en Barcelona.

  • 62 Confirmación registrada en ACA,C., Reg.874, fl. 111 (Lleida, 15 de juny 1336). El traslado del perg (...)
  • 63 Vide ACA, C., Reg. 874, f. 83 (30 de marzo de 1343).

110Pedro el ceremonioso confirma y renueva a perpetuidad en dos ocasiones (133662 y 134363) las ordenanzas fundacionales del Colegio de abogados cuya vigencia finalizaba en abril de 1343.

  • 64 Vide supra n. 62.

111Pero el uno de mayo de 134364, el monarca, atendiendo a la súplica y petición que le dirigen los consellers y prohombres de la Universidad de Barcelona revoca las ordenanzas concedidas en 1333 para la erección y funcionamiento del Colegio de abogados y para la asignación de juristas comisarios de Barcelona en las causas.

112Las razones invocadas por la Universidad contra el Colegio de los juristas y su funcionamiento consisten en atribuirle la producción de grandes daños y de cuantiosos gastos a los justiciables. El sentido de esta revocación ha de entenderse como el deseo de recuperar jurisdicción delegada por parte del titular de la ordinaria, es decir, por parte de los consellers y prohombres de Barcelona. A partir de este momento, la Universidad actuará directamente y se subrogara en las funciones que ejercían el prior y consejeros del Colegio de abogados, el cual habría perdido la confianza del municipio.

113Posteriormente, y estando así las cosa, nos encontramos con diversas disposiciones de la Corte General de Cataluña que, en cierta forma y con modificaciones y algunas diferencias, generaliza para todo el Principado los requisitos previos exigidos en Barcelona desde 1335 para aquel candidato que se somete al examen que permite el acceso al ejercicio del oficio de jurista.

  • 65 CYADC-1704, 1, 2, 6, 4.
  • 66 Vide supra n. 47.

114Efectivamente, en la Corte de Cervera de 135965, además de confirmar lo establecido en las Corte de Monzón de 128966, se exige a todo jurista que quiera ejercer como abogado, juez o asesor la posesión de los cinco libros ordinarios del derecho civil o, en su defecto, los libros ordinarios del derecho canónico. Además, también se le exige haber oído las lecciones de dichos libros en un Estudio General durante cinco años. De esta última circunstancia dará fe mediante la prestación del correspondiente juramento.

  • 67 CYADC-1704, 1, 2, 6, 5.

115Cuatro años más tarde, en la Corte de Monzón de 136367 se confirma la anterior disposición y se completa su sentido al establecer y regular, ante el oficial ordinario del lugar y con carácter general, el juramento probatorio de haber oído durante cinco años y en un Estudio general las lecciones del derecho canónico o del derecho civil.

  • 68 Vide supra n. 50.

116A continuación, y coincidiendo en parte con lo establecido para los juristas de Barcelona en las ordenanzas de 1301 comentadas anteriormente68, se prescribe que los candidatos para ejercer el oficio de jurista en localidades catalanas, serán examinados, y en su caso aprobados o no, por dos juristas o sabios en derecho de tal localidad, si los hay, y sino por uno, siquiera ante la presencia del oficial ordinario (veguer o baile). La calificación se otorgará a discreción de los examinadores y de acuerdo con su buena conciencia.

117Posteriormente, el jurista aprobado deberá demostrar que posee como propios los libros de texto ordinarios del derecho que habrá oído en el estudio general.

118Si un jurista no cumple con estos requisitos será suspendido durante dos años en el oficio que ejerza y deberá satisfacer una pena pecuniaria.

119Esta normativa contradecía lo dispuesto sobre exámenes de juristas en las Cortes de Monzón de 1289 porque dejaba el control de acceso al oficio de jurista casi exclusivamente a los mismos juristas de la localidad, pues estos solo precisaban de la mera presencia del oficial regio ordinario para proceder al examen y conceder el aprobado que permitía la recepción del jurista en el oficio. La Universidad del lugar no solo quedaba marginada de este substancial cometido, sino también del importante y simbólico derecho a recibir el juramento del nuevo jurista. La razón de esta situación consiste en el creciente peso social de la corporación de los juristas que, convirtiéndose en tecnócratas, dejan de ser meros técnicos del derecho subordinados a los titulares del poder político local y aspiran, tanto a liberarse de la tutela municipal, como a gozar de una cierta autonomía organizativa y funcional En 1289, la solución adoptada era diferente porque situaba a los juristas bajo el control y dependencia de los prohombres de las localidades en cuanto al examen de entrada y al juramento de recepción en el oficio.

  • 69 AHCB, llibre vermell, 2, fls.221 v-222: « Quod iurisperiti et medici examinentur in civitate Barchi (...)

120Por ello en la Corte general de Barcelona de 136969 los representantes del brazo real de las ciudades, villas y lugares de Cataluña solicitan al monarca que se restablezca el régimen anterior de 1289 en cuanto a los derechos de las ciudades, villas y lugares de participar en el examen de entrada y en la recepción del juramento de los juristas, dado que, por no hacerlo ahora, se produce la admisión en el oficio de jurista de personas que no deberían serlo. Además, solicitan del rey que la designación de los juristas coexaminadores corresponda a los prohombres de las localidades.

121El monarca atiende parcialmente estas quejas pues se limita a restablecer la vigencia de las constituciones de 1289 y de 1359 antes mencionadas, de modo que a partir de ahora los juristas serán examinados por una comisión mixta de prohombres y juristas ante la presencia del oficial regio ordinario de la localidad.

122La pugna político/técnica entre Universidades, rey, Corte general y juristas tiene también su reflejo normativo en la pugna o concurrencia existente entre el derecho municipal, el derecho general catalán y el derecho común.

123A partir de un caso planteado en Tortosa, el monarca fijará unos principios generales que incidirán en la fijación del orden de prelación del sistema de fuentes del derecho catalán y también sobre la validez oficial que se atribuye a los conocimientos legales de los juristas cultos.

124En Tortosa se planteó la duda de si las constituciones generales de Cataluña debían preferirse, en la aplicación práctica del derecho, a los derechos canónico y civil, dado que las costumbres de Tortosa establecían estos últimos como supletorios de su propia normativa y no decían nada respecto al derecho general del Principado.

125El monarca ante esta situación tiene en cuenta que en Cataluña las constituciones generales de sus Cortes son consideradas leyes.

126Estas constituciones son establecidas por el rey con el consentimiento del General del principado de Cataluña y no deben tener un valor menor que las leyes y constituciones romanas. Se podría añadir que ello es así porque toda ley posterior deroga o abroga a la anterior pero el argumento utilizado por el monarca es el de hacer depender la vigencia de las leyes romanas de su libre beneplácito.

127En consecuencia, los juristas no son los oráculos de un derecho común que se impone a todos naturalmente(inclusive al monarca) por su intrínseca bondad, sino que deben limitar su actividad dentro de los cauces normativos y sobre aquellos derechos que establezcan los poderes públicos como vigentes.

128En el caso de Tortosa, primero se deberá atender al derecho municipal escrito (las Costums de Tortosa), en su defecto al derecho general de Cataluña creado por el rey con el consentimiento del General del Principado y finalmente al derecho común.

  • 70 Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, en Textes Jurídics Catalans. Lleis i Costums, IV/1, (...)

129Esta disposición especial para Tortosa adquirirá un cierto carácter general cuando se incluya en la compilación del derecho general de Cataluña editada en 149570.

  • 71 AHCB, CC, 4, 2, f. 18-20. Estas ordenanzas han sido parcialmente publicadas, en lo que se refiere a (...)

130En cierta forma, ya encontramos la recepción de este principio en las Ordenanzas y bans sobre los juristas establecidas y establecidos por los consellers de Barcelona y el Consejo de Ciento de la ciudad el 21.11.139471.

131Destacan estas ordenanzas y bans porque están otorgadas exclusivamente por la Universidad de Barcelona, de manera que la intervención del oficial regio, el veguer, se limita a promulgarlas y a ordenar su publicación. Estas ordenanzas debían ser registradas y depositadas en la Curia del veguer para su mejor observancia, pero no precisaban ni de autorización ni de confirmación regia. Se concedieron en virtud de la potestad normativa que competía al municipio en general y que ahora se practicaba en este caso concreto.

  • 72 Sobre el notariado catalan y su historia vide: Ignasi J. BAIGES I JARDÍ, El Notariat català: origen(...)

132Se distingue el oficio de jurista -que consiste en las actividades de aconsejar, administrar y hacer la justicia en materia civil y criminal a los ciudadanos y habitantes de Barcelona- de los oficios públicos de notario y procurador de naturaleza distinta a la de los juristas pero cuya intervención es necesaria para el funcionamiento ordinario de la administración de justicia72.

133Por otro lado, la Universidad, persiguiendo el bienestar y la preservación del bien público y universal de la ciudad decide intervenir para regular la actividad de los juristas y su oficio.

  • 73 Sobre la existencia real de estos libros en las bibliotecas de los barceloneses del siglo XIV vide: (...)

134Como requisito para ejercer el oficio de jurista en Barcelona, como abogado o juez, se manda que posean como propios los cinco libros de texto de las leyes con su aparato ordinario, si son legistas. Si son canonistas, deberán poseer los cuatro libros canónicos de texto, también con sus respectivas glosas ordinarias73. La posesión se acreditará mediante juramento.

135Además, para ejercer el oficio de jurista en Barcelona se deberá superar un examen que realizarán dos juristas designados por los consellers, de forma pública y ante el veguer y los consellers.

136De este requisito quedará eximido el jurista que posee los grados académicos de doctor o de licenciado, si bien deberá acreditarlos fehacientemente mediante escritura pública delante del veguer y de los consellers.

137Finalmente, después de superar el examen y antes de ejercer el oficio el jurista deberá prestar juramento de que no juzgará, ni aconsejará o abogará conscientemente contra lo dispuesto en los privilegios, libertades, usos y costumbres de la ciudad de Barcelona; ni contra las constituciones generales de Cataluña. En materia de salarios y de procedimiento forense jurará observar las ordenanzas y privilegios de la ciudad, las constituciones generales de Cataluña y las futuras ordenanzas de la ciudad.

  • 74 A título de ejemplo, ibid., fl. 19 cap. 7: « Item jurara lo dit jurista que sobre les causes de que (...)

138Otras disposiciones se refieren a la prohibición de patrocinar causas desesperadas y contrarias a la justicia; al pago de las costas por quién es vencido en el pleito y carecía de justa causa para litigar; a los salarios de los jueces; a la prohibición de obtener comisiones de causas, como juez o como consejero, por medios ilícitos; a la obligación de dar la sentencia dentro de un término de tiempo y después de percibir el salario, etc. Todas estas normativas vienen acompañadas de sus correspondientes sanciones o bans para los que las violen74.

139En definitiva, estas ordenanzas son uno de los más elevados exponentes de la potestad normativa del municipio porque regulan unilateralmente la actividad de los juristas en Barcelona, de manera que les obligan a observar el derecho de laciudad bajo juramentocuya violación les acarrearía -‘ipso facto’ y por perjurio- la pena de privación de oficio de judicatura y abogacía en Barcelona y les excluiría de la protección de todos los privilegios de la ciudad.

140En consecuencia, estas ordenanzas y bans se dirigen a garantizar institucionalmente en Barcelona la observancia y eficacia de su derecho en la administración de justicia local, al mismo tiempo que también se ordena con ellas la aplicación del derecho general (enunciado en segundo término) y se exige a los juristas que acrediten sus conocimientos del derecho común (romano-canónico).

  • 75 Los capítulos aprobados por Martin el humano se hayan registrados en ACA, C., Reg. 2192, fl. 94v ss (...)

141Para terminar nuestra exposición y como culminación de este proceso intitucionalizador de la actividad de los juristas de Barcelona, debemos estudiar brevemente la provisión del rey Martin promulgada en Zaragoza el 22.04.139975 por la que se aprueban y confirmas los capítulos de ordenanzas sobre los juristas de Barcelona y sus actividades de juzgar, aconsejar y abogar formulados por la Universidad de la ciudad y presentados al monarca, con suplica de aprobación, por los embajadores que Barcelona le envió a Zaragoza con motivo de las ceremonias de su coronación.

142Las ordenanzas de 1399 constituyen la regulación más completa y acabada sobre los juristas, que presupone, tiene en cuenta y complementa la anterior.

143La intervención del monarca se explica por razón de la materia que se regula (erección de la corporación de juristas y obligaciones del veguer), y por el carácter confirmatorio y fortalecedor de la autonomía municipal en esta materia, puesto que, a diferencia de 1301, la aprobación es pura, abstracta y general a cada uno de los capítulos, y no específica y a veces condicionada.

144Aunque no se mencione expresamente, la constitución del Colegio de juristas (no de abogados como en 1333) se desprende de la creación y regulación de sus órganos representativos: el prior y los consejeros del prior.

145El prior de los juristas y sus dos consejeros serán elegidos anualmente en el mes de mayo por un Colegio electoral formado por el veguer y el baile de Barcelona, por algunos consellers de la Universidad (tres como mínimo) y por algunos juristas seleccionados por todos los anteriores. La mediatización del Colegio de juristas por el Municipio estaba asegurada con la reserva de estas facultades electivas de los cargos directivos del Colegio.

146Los cargos elegidos, que no podrán volverlo a ser hasta transcurridos tres años desde el cese en el oficio, jurarán en poder del veguer que lo usarán bien y legalmente y que observarán los presentes capítulos.

147Uno de los primeros deberes del prior es inscribir a todos los juristas de Barcelona en el libro de matrícula de los juristas que se conservará en la Curia del veguer. A partir de su confección ningún ciudadano podrá ejercer el oficio de judicatura o abogacía sino ha sido recibido en el oficio por acuerdo del prior con sus consejeros y si su nombre no figura inscrito en el libro de matrícula.

148Para que un ciudadano sea recibido en el oficio de jurista deberá jurar, ante el prior de los juristas: que le obedecerá -a él y a sus ordenanzas- y que observará la normativa general y municipal de Barcelona sobre materia de examen y de comportamientos exigidos a los juristas. Además, se deberá inscribir este juramento en el libro de matrícula. Cada ano todos los juristas de Barcelona deberán renovar su juramento delante del nuevo prior y sus consejeros. Su contravención puede acarrear la pena de suspensión en el oficio así como la pecuniaria que se fije arbitrariamente por el prior, con el consentimiento del veguer y de los consellers.

149Otro deber del prior es convocar mensualmente un Capítulo o Junta de juristas de Barcelona a la que también asistirá el veguer y el baile de Barcelona y los consellers de la Universidad.

150En el Capítulo se oirán las quejas presentadas contra juristas; se considerará si alguno de ellos merece mala fama por ejercicio abusivo del oficio o por exigencia inmoderada de salarios; se corregirá al jurista que se extralimite, previa información sumaria de su conducta y se podrá decidir qué tal corrección se ejecute por el veguer o el baile, sin admitir recurso.

151Este Capítulo de juristas también será competente para emitir un ‘consilium’ sobre las dudas que a alguno de ellos se les ofrezcan como jueces en el ejercicio del oficio. Naturalmente, en este momento deberán ausentarse del Capitulo aquellos juristas que actúen como abogados en la causa de donde emanan las dudas, por existir sospecha razonable sobre su imparcialidad.

152Por otro lado, al prior le corresponde, con el consejo de sus consejeros y la aprobación del veguer o baile o de los consellers de Barcelona, la creación e interpretación de los estatutos y ordenanzas que exija el buen régimen y funcionamiento del oficio de jurista, es decir, tanto respecto a la actividad de los abogados como a la de los jueces. Estas ordenanzas también se inscribirán en el libro de matrícula.

153Para remunerar indirectamente los cargos de prior y de consejeros del prior se establece que el veguer o el baile de Barcelona asignará a unos de estos tres juristas como jueces de las reclamaciones de los ciudadanos, los cuales tienen asignados unos salarios.

154Finalmente, estas ordenanzas regulan el tema fundamental de las causas judiciales y la comisión de su enjuiciamiento a determinados juristas.

155Por un lado se establece que el prior de los juristas y sus dos consejeros elijan semanalmente y de forma secreta cada lunes a cuatro juristas para la Curia del veguer y a dos para la del baile. Su misión será la de asistir al magistrado ordinario (veguer o baile) y la de actuar procesalmente, juntos o en solitario, sobre todos aquellos hechos civiles o criminales cuyo conocimiento les delegue el magistrado durante aquella semana, por lo que son conocidos como ‘setmaners’.

156También se procurara que todos los juristas de Barcelona matriculados sean sucesivamente ‘setmaners’ aunque no según un orden rotatorio preestablecido sino a discreción del prior y sus consejeros, y ello a fin de evitar fraude en la presentación de demandas derivadas de saber con antelación que jurista actuaba como ‘setmaner’ en una determinada semana.

157Por otro lado se establece que el veguer y el baile deberán distribuir y repartir los hechos y las comisiones de las causas entre los ‘setmaners’ de forma imparcial. Pero lo más significativo es que para decidir este reparto deberan estar a consejo de los consellers de la Universidad según la forma y manera establecidas en el juramento que prestan anualmente en el inicio de su oficio.

158En definitiva, para comprender el significado de la potestad normativa del municipio y su incidencia en la formación del régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la baja edad media, mi exposición se ha construido sobre los siguientes ejes temáticos que estimo relevantes:

159(i) el derecho como verdad y la lucha por su administración; (ii) la competencia por la potestad jurisdiccional (normativa y judicial) entre el rey y el Municipio; (iii) los requisitos exigidos para acceder al oficio de jurista: a) examen de conocimientos; b) juramento de fidelidad; y c) formación en derecho común constatable por los estudios cursados y/o por los libros de derecho poseídos; y (iv) el control de la observancia del derecho general y municipal mediante diversos mecanismos jurídicos: a) el Síndico; b) el Colegio de agogados/juristas; y c) el juramento de observancia del derecho.

4. Conclusión

160En conclusión, la potestad pública de la Universidad de Barcelona en la baja edad media se enmarca dentro de la noción de jurisdicción elaborada por el derecho común y se encarna progresivamente en las personas de los juristas. De este modo, tanto la producción como la aplicación e interpretación del derecho municipal se ira monopolizando progresivamente por los juristas cultos cuyas actividades se harán imprescindibles para mantener la justicia en Barcelona y en Cataluña. Sin embargo, en uso de su potestad normativa, la Universidad y el monarca, unilateralmente o en las Cortes, irán perfilando el régimen jurídico de estos juristas para limitar la dimensión política y liberal de su profesión y para reconducir su actividad, dentro de unas pautas técnicas, al servicio de los órganos políticos de la comunidad general de Cataluña y de la municipal de Barcelona.

Notes

1 Se partía del trabajo pionero de Francesch CARRERAS Y CANDI, Ordinations urbanes de bon govern a Catalunya (segles XIII a XVII), en Boletín de la Real Academia de Buenos letras, XI, Barcelona, 1923-24, pp.292-334,365-431 i XII, Barcelona, 1925-26, pp. 37-62,121-153,189-208,286-295,368-380,419-423 i 520-533. Posteriormente estudiaron las ordenanzas municipales Francisco-Luís CARDONA CASTRO, La ciudad de Barcelona en el siglo XIV a través de sus ordenanzas municipales, en Cuadernos de Historia económica de Cataluña, XVII, Barcelona, 1977, pp.57-77; y Francisco ROCA SOLA, La regulación de la vida ciudadana por el municipio de Barcelona (1300-1350). Resumen de la tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en Filosofía y Letras..., Barcelona, 1979.

2 Cfr. Josep M. FONT RIUS, La potestat normativa del Municipi català medieval, en Miscellània Ramon d'Abadal. Estudis d'història oferts a Ramon d'Abadal i de Vinyals en el centenari del seu naixament, Barcelona, 1994 (Estudis Universitaris Catalans), pp. 131-164; Ordinacions locals en terres del Baix Llobregat i Penedès: Santa Creu d’Olorde i Sant Bartomeu de la Quadra, en Estudios Históricos y documentas de los archives de protocoles, V, Barcelona, 1977, pp.75-101; Et antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer, en Anuario de historia del derecho español, LII Madrid, 1982, pp.5-110; Estudis sobre els drets i institutions locals en la Catalunya medieval. Collectànea de treballs del professer Dr. Josep Ma Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica, Barcelona, 1985; Ordenanzas municipales de una villa catalana: Olesa de Montserrat (siglo XVII), en Liber amicorum prof.Ignacio de la Concha, Oviedo, 1986, pp. 191-219; Les ordonnances municipales en Catalogne (du XIIIe au XVIIe siècle), en Coutumes et libertés. Actes des journées internationales de Toulouse, 4-7 juin 1987, Montpellier, 1988 (Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule XIV), pp. 57-65; Usos i costum de Tarragona, Tàrrega, 1992.

3 El estudio clásico sobre los abogados en la edad media continua siendo el de F.VALLS TABERNER, Los abogados en Cataluña durante la Edad Media, en Obras selectas de Fernando Valls-Taberner. Volumen II, Estudios histórico-jurídicos, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Barcelona: Escuela de Estudios Medievales, 1954. Vide también: Joan Pau XAMMAR, De officio iudicis et aduocati liber vnus: in quo variae quaestiones iudicibus et aduocatis vtilissimae tractantur: in tres partes divisus partes; auctore Ioanne Paulo Xammar... ; cum indice duplici..., Barcinonae [Barcelona]: Ex typographia lacobi Romeu 1639; José PELLA Y FORGAS, El ejercicio de la jurisprudencia especialmente en Cataluña, Barcelona, 1906. Antonio PLANAS ROSSELLÓ, La abogacía en Mallorca (siglos XIII-XVIII), en Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 50, 1994, pp.329-366; Los juristas en la Mallorca del siglo XIII, en Memôries de l'Acadèmica Mallorquina d'Estudis Genalògics, n.8, Palma, 1998, pp.7-22. A nivel europeo los estudios reciente más destacados sobre esta temática se encuentran en L'assistance dans la résolution des conflits (3e partie: Europe médiévale et moderne), Bruxelles, 1997 (Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions., 64) y L’assistance dans la résolution des conflits (4epartie: Europe médiévale et moderne, suite), Bruxelles, 1998 (Recueils..., 65).

4 Cfr. Josep M FONT RIUS, La recepció del dret comú a la península Ibérica, en Història del pensament jurídic. Cur s 1996-97 dedicat a la memôria del professer Francisco Tomàs y Valiente, ed. Tomàs de Montagut, Barcelona, 1999 (Collecció Àgora, 2), pp. 95-106 y la bibliografía específica mencionada en pp. 105-106. Sobre la aportación de los juristas cultos al desarrolo de la organización judicial vide: Charles LEFEBVRE, Juges et savants en Europe (13e-16e s.), en Ephemerides iuris canonici, 1966, 22, 1-4, pp.76-202.

5 Publicado por Josep M. FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre els drets..., apéndice IX, pp.547-548.

6 Cfr. Charles LEFEBVRE, Juges et savants en Europe (13e-16e s.), en Ephemerides iuris canonici, 22, n.1-4, Roma, 1966, p. 123 que, al hablar de la doctrina de los juristas medievales fundadores del derecho procesal, señala: «Ceux-ci soulignent que la juridiction est un pouvoir, et l’action un droit, le procès un moyen de faire valoir une norme juridique par l’existence vraie ou supposée d'un fait ou d'un état de fait avec des formes qui sont d’utilité publique et auxquelles les parties ne sauraient renoncer».

7 Sobre esta cuestión vide Adriano CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, I, Milano, 1982, pp. 105-136; Ennio CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I-II, Milano, 1962-1964 (Ius nostrum, 6), vide el indice; Manlio BELLOMO, L’Europa del diritto comune, Roma, 1989, pp. 147-206, Tomàs de MONTAGUT, La Justicia en la Corona de Aragón, en La Administración de Justicia en la Historia de España, II, Guadalajara, 1999, pp.649-685.

8 La tecnificación de la justicia provoca que el modelo de jurista a seguir por las diferentes comunidades cristianas sea el ofrecido por el derecho romano y canónico. Así, en el caso frances cfr. Charles LEFEBVRE, Juges et savants en Europe (13e-16e s.), en Ephemerides iuris canonici, 22, n.1-4, Roma, 1966, p. 153: «De fait, l’ordonnance du 23 octobre 1274 reprend les prescriptions du c. 19 du concile de Lyon (7 mai-7 juillet 1274): les avocats sont tenus chaque année par serment de ne plaider que des causes justes; le montant des honoraires y est encore fixé à 30 1. Les avocats sont d’ailleurs constitués en confréries». Los paralelismos con el caso de Barcelona son notables. Se hace eco de esta concepción cristiana de los deberes del jurista según la moral popular catalana de la época (fines del siglo XIV) la famosa parodia de los libros de máximas conocida con el nombre de Llibre de tres. Al respecto vide Llibre de tres, edició i comentaris de M. de Riquer, Barcelona, 1997, p. 32: « [50]Tres coses fan bon advocat: benignament hoyr e lo dret bé mantenir e gran paga no querer »; y p.35 « [67] Tres coses fan bon jutge: lo dret de les parts oyr, los processes examinar e en pronunciar demanar conseyll ».

9 Sobre el pensamiento jurídico altomedieval vide: Manuel GARCIA PELAYO, La idea del derecho en la Alta Edad Media, en Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Madrid, 1968. Sobre la práctica de los conflictos vide: Josep María SALRACH, Prácticas judiciales, transformación social y actino política en Cataluña, siglos IXXIII, en Hispania, v. 57, no. 197, 1997, pp. 1010-1048.

10 Sobre el concepto de poder como síntesis de protección y obediencia aplicado a Castilla vide: Alfonso OTERO, Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el cambio del ordenamiento medieval, en Anuario de Historia del Derecho Español, 63-64, 1993-1994, pp.451-547.

11 Cfr. Emanuele CONTE, Dai servi ai sudditi. La realità dei contratti di status net diritto comune (comunicación al simposio "Glosse, Summe, Kommentar", celebrado en Osnabrück, noviembre 1996), ed. en: http://www.idr.unipi.it/iura-communia.

12 Según Ramon de Penyafort también el derecho canónico es superior a los derechos civiles por razón de determinadas materias relacionadas con la salvación del alma y con las personas y cosas de la Iglesia. Al respecto vide: San Raimundo de PENYAFORT, Summa iuris, ed.J.Rius Serra, Barcelona, 1945, p.39: « Constitutio ecclesiatica abrogat omnes leges sibi contradicentes in causis spiritualibus, et breviter, in omnibus que spectant ad salutem anime, id est, sine quibus anima salvari non potest vel impeditur ad salutem. In talibus enim sacre leges non dedignantur sacros canones imitari: ii. Q. Iii.§ Hinc colligitur: AUTHENT. Vers. Clerici apud propios episcopos conveniant § plurimum, Collatio VI. Sic intelliguntur c. di. X Lege, et sequentia usque ad § Ecclesie ».

13 Cfr. Jesús VALLEJO, Ruda equidad, ley consumada concepción de la potestad normativa (1250-1350), Madrid, 1992, pp.302-327; Victor FERRO, Els drets processal i penal a Catalunya abans del decret de Nova Planta, en Història del dret català, coord, per T. de Montagut, Barcelona, 1999; Tomàs de MONTAGUT, La Justicia en la Corona de Aragón, en La Administración de Justicia en la Historia de España, II, Guadalajara, 1999, pp.649-685.

14 Cfr. Josep M. FONT I RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre els drets...; pp.490-503. Tomàs de MONTAGUT, L'ordenament jurídic català i el dret municipal: el cas d'Orta, en 1296-1996,700 anys dels costums d'Orta. Acates de les Jornades d'Estudi. Orta, 25,26 i 27 d'octubre de 1996, Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1997, pp.63-84.

15 Vide supra n.2 y Josep M. FONT RIUS, La comunitat local o veinal, en Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI), I, Barcelona, 1991, pp. 491-576.

16 Cfr. José M. FONT RIUS, Cartas de Población y Franquicia de Cataluña, 2, Madrid-Barcelona, 1969. pp. 615-617.

17 Sobre la institucion de la paz y de la tregua vide: Eduard JUNYENT, La Pau i treva, Barcelona, 1975; Les Constitutions de Pau i Treva de Catalunya, segles XI-XII, estudi introductori i edició a cura de Gener Gonzalvo i Bou, Barcelona, 1994; Victor FARÍAS ZURITA, Poblamiento y sociedad en el noreste catalán, siglos XI-XII, tesis doctoral inédita dirigida por Josep Maria Salrach Marès, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1999; Gener GONZALVO. La Pau i treva a Catalunya: origen de les Corts Catalanes, Barcelona, 1986.

18 Cfr. Josep M. FONT I RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre els drets..., p.409, n. 551: « ...concedimus et laudamus vobis dilectis charis nostris et fidelibus civibus et populo et toti universitati civitatis Ilerde et omnium aliarum civitatum et villarum que sunt de dominicatura et regalia nostra... » (Privilegio de Jaime I a Lleida y otras poblaciones reales, sobre contratos de préstamo, año 1217...).

19 La Fundació Noguera de Barcelona ha emprendido la labor de publicar los libros de privilegios de diversas localidades catalanas. Hasta hoy han aparecido: Llibre de Privilegis de Cervera, 1182-1456, ed. por M. Turull, M.Garrabou, J. Hernando, y J.M. Llobet, Barcelona, 1991; El Llibre Verd de Vilafranca, ed. J.Vallés, J.Vidal, M.C. Coll y J.M. Bosch, 2 vols., Barcelona, 1992; Llibre de Privilegis d'Olot (1315-1702), ed. A. Mayans y X.Puigvert, Barcelona, 1995; Llibre Verd de Manresa (1218-1902), ed. M.Torras, Barcelona, 1996; Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1473), ed. G.Gonzalvo, J.Hemando, F.Sabaté, M. Turull y P.Verdés, Barcelona, 1997.

20 Una excelente síntesis del proceso de institucionalización de la comunidad municipal en: José M. FONT RIUS, Génesis y manifestacion.es iniciales del régimen municipal en Cataluña, en Miscellanea Barcinonensia. Revista de investigación y alta cultura, VI, n. 16, 1967, pp.67-91.

21 Vide supra n.2.

22 Cfr. Costumbres de Lérida, ed. Pilar Loscertales de Valdeavellano, Barcelona, 1946, cap.58: « De cotis constituendis. Sequitur de moribus scriptis cotis sive banis et statutis. Possunt de consilio comuni consules, cotos sive bannos ponere, minuere vel augere... ». Vide la reproducción, transcripción y traducción al catalán del manuscrito de las Consuetudines Ilerdenses conservado en el archivo municipal de Lleida en Els costums de Lleida, Lleida, s.d.

23 Vide infra n.43.

24 Cfr. Carme BATLLE, Vida y institucions poltiques a Barcelona (del 714 a la fi del segle XIII), en Història de Barcelona, dir. per Jaume Sobrequés, vol.2: La formació de la Barcelona medieval, Barcelona, 1992, pp.304-305: « Com que el privilegi del 1249 ho permetia, sembla que comença a esdevenir-se ben aviat l’actuació dels regidors, però les primeres conegudes son les dictades al cap de dos anys sobre la regulació dels corredors y hostalers -conservades la darrera per la seva confirmació de 1271-... Sobre les afers de la seva incumbència els consellers promulguen bans o estatuts, la contravenció dels quals provocava penes pecuniàries cobrades pel veguer. »

25 Se trata de un conjunto de ordenanzas municipales relativas a diversas materias (obligación de transitar con luz de velas por las noches, prohibición de dañar las viñas o las huertas, prohibición de transitar de noche por la ciudad con armas, etc...) que han sido transcritas por Manuel Rovira para su publicación, de un documento conservado en el Archivo Histórico Municipal de Barcelona. Agradezco al Prof. Rovira el haberme facilitado una fotocopia del texto transcrito.

26 Cfr. Francesch CARRERAS Y CANDI, Ordinacions urbanes de bon govern a Catalunya, (segles XIII a XVII), en Boletín de la Real Academia de Buenos letras, XI, Barcelona, 1923-24, pp. 298-299.

27 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Registre de les Ordinacions Municipals de Catalunya (ss. XIII-XVII), en La potestat normativa del municipi català medieval, pp. 158-163, vide supra n.2.

28 Vide supra n.5.

29 Vide supra n.23.

30 Cfr. 1296-1996,700 anys dels costums d'Orta. Actes de les Jornades d'Estudi. Orta, 25,26 i 27 d’octubre de 1996, Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1997, p.359, cap.20: «Item, quod iurati et procuratores ville de Orta, cum consilio et voluntate comendatoris, possint ponere cotos. sive bannos...»

31 Cfr. Costums de Tortosa, ed. Jesús Massip, Barcelona, 1996, cap. 1.5.9, p.52.

32 Vide Josep SERRANO I DAURA, Els Costums de la Batllia de Miravet. Estudi introductori i edició, Huesca, 1999, p. 139, costum 41: « Item, dant et concedunt dicti domini quod dicti iurati et proceres valeant facere stabilimenta, quosta, banna et ordinamenta iusta et racionabilia ad regimina et gubernationem bonorum eorumdem et earum possesionum et terrarum, crescere illa, minuere, interpretare et revocare; et quod dominacio ea confirmet. »

33 Sobre estas nociones vide el clásico estudio de Walter ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media, 4e ed., Barcelona, 1994, y la aguda recensión crítica afectuada a la versión inglesa de 1965 por José Antonio ESCUDERO publicada en el Anuario de Historia del Derecho Español, 35, 1965, pp. 644-650 y ahora en Pensamiento político medieval, en Administración y Estado en la España moderna, Valladolid, 1999, pp.543-550.

34 Vide por ejemplo, sobre esta cuestión la Ordenanza de Barcelona, publicada el 15 de octubre de [13]54 en AHCB, Consell de Cent, XXVI; « Ara oiats per manament del mostaçaff ordonaren los Consellers els promens de la ciutat... que ningu gos obrar de son mester en tenir taules en banchs en coves en paners en altres coses en tota la plaça de les Cols n en los carrers de la Ffreneria fora les fitas qui fficades hi son per los obrers de la dita Ciutat en encara sobre les dites fîtes... Retenen se empero los dits Consellers e promens que si alcunes coses aparien en lo dit ban escures o dubtoses que les puxen esmenar enterpretar e declarar aytantes vagades com se vullen a lur coneguda. »

35 Este apartado se corresponde, en buena medida, al texto de la ponencia presentada en las terceras Jornadas sobre La aplicación del Derecho organizadas por la Universidad de Jaén. bajo la dirección del Prof. Juan Saínz Guerra en noviembre de 1999.

36 Reeditada en Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, en Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums, IV/1, Barcelona, 1988, p.[746]: « No sia admes en alguna cort lo advocat qui allegara algunes leys pusque les consuetuts e usatges complesquen e abunden. Jacme primer en Castello de Xativa a ii de les kalendes deembre mil cc xl iii ». El texto se reproduce con alguna modificación en las siguientes compilaciones de 1588 y de 1704. Al respecta vide CYADC-1704, 2,2,3,1, reed. en Textes Jurídics Catalans, Lleis i costums, IV/2, Barcelona, 1995.

37 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Jaume I i la municipalitat de Barcelona, en Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval. Collectànea de treballs del professor Dr. Josep Ma Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica, Barcelona, 1985, p.706 donde se refiere a la organización inicial del municipio de Barcelona en 1249 y señala: « ...la funció de justicia continuava en mans del veguer, per bé que assessorat pels prohoms. »

38 AHCB, Llibre Verd, 1, fl.217 r. (Lleida, 12.10.1246).

39 Vide supra n.5.

40 Cfr. Josep M. FONT RIUS, Orígenes del régimen municipal de Cataluña, (reed.), en Estudis sobre els drets..., apéndice IX, p.547: « ...vicarius tamen Barcinone quotienscumque ibi ponatur iuret et teneat iustitiam et ea que fecerit faciat cum consilio proborum hominum et paciarorum. »

41 CYADC-1704, 3, 1,8,1: « ...los Jutges encara, en las causas seculars no admetan legistas Advocats, axi com dessus es dit. »

42 Ibid., p. 9: « Item quod proceres Barchinone ordinant et constituant banna, et vicarius bana ordinata per proceres Barchinone facit preconizari et ea exigi, et quod pena bannorum est vicarii. »

43 Ibid., p. 10: « Item quod vicarii qui noviter constituuntur in Barchinona jurant ad sancta Dei Evangelia in posse proborum hominum Barchinone coram populo de stando consilio eorum et servando jura et consuetudines Barchinone, salvo dominio domini regis. »

44 Cfr. Tomàs DE MONTAGUT, Les monarquies cristianes medievals, pp. 151-160, en Història del dret espanyol, T. de Montagut (coord.)/C.J. Maluquer, Barcelona, 1997.

45 Cfr. Recognoverunt proceres. Versión medieval catalana del privilegio así llamado, Barcelona, 1927, cap. 104: « Que judici en inquisició nos fassa sino per savi en dret. »

46 Se encuentran noticias sobre la actuación posterior (s.XIV) de los síndicos en BRUNIQUER, Ceremonial dels magnifchs consellers y regiment de la ciutat de Barcelona, vol. 5, Barcelona, 1916, cap.95 (Advocats, y síndichs de la ciutat), pp.285-292, y vol. 2, cap. 21, p.69 (Contencions, y debats sobre contrafacció de Privilegis, constitucions, y libertats, practicas, y consuetuts, special de Barcelona, o General de la Provincia). Una actuación contra la inquisicón incoada en Barcelona por el Comisario regio M Ramon Figuera: « Die Jovis chalendas februarii 1346, est alia requisitio facta per Sindicum coram dicto Comissario sobre enquesta general contra Usurers » (que era contraria a constituciones y privilegios).

47 Cfr. CYADC-1495, 1,2, f.71 v. : « Alfons segon en la cort de Muntso capítol XVII » y CYADC-1704, 1,2,6,1.

48 Vide ACA, Privilegios concedidos al Consell de Cent. perg. original, n.243, publicado en CYADC-1704. 2, 3, 7,1 y por F. UDINA, Dos privilegios reales de 1295 y 1333, aprobando las ordenanzas de los abogados de la ciudad de Barcelona y la constitución de su colegio, Barcelona, 1970 (Documentas originales conservados en el Archivo de la Corona de Aragón); también se encuentra editado en Privilegios rales concedidos a la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1971, p.29, doc.n.47; y con la traducción catalana de Y. Juncosa en Món Jurídic, 119, 1994, pp.46 ss.

49 AHCB, Llibrc verd, 1, 3, f.285 v. La inmunidad se refiere « ...in casibus tam a iure concessis quam non concessis nos et heredes ac successores nostri a vobis... exigere vel demandare ac ecciam habere possemus.»

50 AHCB, Llibre de Privilegis, f. 192 y Llibre verd, 1, 3, f.279-281v. Sobre esta problemâtica deben consultarse los trabajos sobre la génesis de la autonomia fiscal del municipio reunidos en Barcelona. Quaderns d'Història, 2/3, 1996, Institut Municipal d’Història, Barcelona, 1997 y en especial los trabajos de Pere ORTÍ IGOS, La construcció del sistema fiscal municipal a Barcelona, segles XIII-XIV, pp. 17-34; y de Manuel ROVIRA I SOLÀ i Sebastià RIERAIVIADER, Les ajudes concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II, 1314-1326, pp.35-52.

51 Vide infra n. 57.

52 Ibid., f.280: « Item que los savis qui seran examinais e iutgeran e avocaran en les corts sien tenguts de donar consell ales corts sobre ço que seran demanats sens tot salari. Atorga ho e plau al senyor rey. »

53 Sobre la organización judicial en el derecho romano-canónico vide: Charles LEFEBVRE, Juges et savants en Europe (13e-16e s.), en Ephemerides iuris canonici, 22, n. 1-4, Roma, 1966, pp.85-98.

54 CYADC-1495 = Constitucions de Catalunya. Incunable 1495, reed. Barcelona, 1986, f.304 = p.695: « La ciutat de Barcelona pot fer ordinacions ab penes pecuniaries e corporals axi de mutilacio de membres eo de mort e altres en la Ciutat de Barçalona e sos termens. »

55 Vide gl. ‘adibit’ a l. si quis mihi bona, 25 pgf. l, de adquir.her. (D.,29, 2, 25).

56 Sobre las corporaciones profesionales o laborales de la Europa medieval vide la obra colectiva Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa medieval, XIX semana de Estudios medievales. Estella’92, y en especial los trabajos de Antonio RIERA MELIS, La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350), pp.285-318 y de Juan Francisco ELIZARDI HUARTE, Gremios, cofradías y solidaridades en la Europa Medieval: aproximación bibliográfica a dos décadas de investigaciones históricas (1971-1991), pp. 319-416.

57 Parece que existió un precedente de esta actividad ordenancista de los juristas en 1323, aunque en la fuente que proporciona la noticia no consta la referencia archivística y además la atribución de su autoría al Benigno es dudosa ya que este monarca no empezó a reinar hasta 1327. Al respecta, vide Enric JARDÍ, Història del Collegi d’Advocats de Barcelona, Barcelona, 1989, p. 1: « Concretament, pel que respecta al «Cap y Casai» de Catalunya, Alfons III el Benigne, pel mes d’octubre de 1323, posà un cert ordre en l’exercici de la professió d’aquells «savis en Dret» y decreta que siguin inscrits en un llibre registre de les corts del veguer, del batlle de Barcelona y que observin un torn o una rotació en la defensa de les causes criminals y civils tota vegada que, essent les primeres no retribuïdes, calia compensar-les amb el profit econòmic que es podia treure de les segones ». Las ordenanzas de 1333 se encuentran registradas en ACA, C, Reg. 486, fls.87-88. Publica dos capítulos: José PELLA Y FORGAS. El ejercicio de la jurisprudencia especialmente en Cataluña, Barcelona, 1906, pp. 14-15; el pergamino real que contiene estas ordenanzas para derogarlas, otorgado por Pedro el ceremonioso en Barcelona el uno de mayo de 1343 se encuentra en ACA, Perg. CC, 285 y ha sido publicado fragmentariamente por F. UDINA, Dos privilegios reales de 1295 y 1333, aprobando las ordenanzas de los abogados de la ciudad de Barcelona y la constitución de su colegio, Barcelona, 1970 (Documentas originales conservados en el Archivo de la Corona de Aragón)·; de forma íntegra se encuentra editado en Privilegios rales concedidos a la ciudad de Barcelona, ed. A.M. Aragó y M. Costa bajo dir. F.Udina, CODOIN (ACA), 42, Barcelona, 1971, p. 81, doc. n 150.

58 Vide supra.

59 Ibid., p.82: « ...contra constituciones, usus et consuetudines civitatis ipsius in lesionem rei publice abutentes possit auctoritate nostra quam ei super hoc impendimus corrigere ac eciam emendare. »

60 Registrado en ACA, C, Reg.488, fl.88 y publicado por Antoni RUBIÓ Y LLUCH, Documents per l’Histoira de la Cultura Catalana Mig-eval, vol. 1, Barcelona, 1908, pp. 107-112, doc.n.92. El pergamino original se encuentra en ACA, Perg.CC, n.383 y ha sido publicado en Privilegios rales concedidos a la ciudad de Barcelona, ed. A.M. Aragó y M. Costa bajo dir. F. Udina, CODOIN (ACA), 42, Barcelona, 1971, n. 120, p.60-64.

61 Ibid., p.63-64: « Item quod comissiones sive delegaciones que faciende sunt juxta statuta de hoc facta judicibus sive inquisitoribus designentur et habeant designari per unum de jurisperitis per priorem dicti collegii ordinandum juxta eius arbitrium, prout eidem priorem videbitur ordinandum, et non per notarium ipsarum curiarum vel alterius earum vel aliquent alium, ne fraus circa predicta fiat ne fieri possit per aliquem nitentem formam dictarum comissionum vel delegacionum contra dicta statuta subvertere et contra ipsa statuta dictas comissiones seu delegaciones odio, corrupcione vel favore designare et ordinare. Dignum enim est quod jurisperitis qui cotidie laborant pro iuribus domini regis ac curiarum vicarii et baiuli forma per regiam earum vel alium minus juste non subvertatur nec mutetur in fraudent et preudicium judicum, jurisperitorum excellenciam statuta et ordinata in predictis servetur et per aliquem notarium dictarum curiarum vel alterius et advocatorum qui laborant pro re publica et juribus regiis et aliis in bono statu conservandis. »

62 Confirmación registrada en ACA,C., Reg.874, fl. 111 (Lleida, 15 de juny 1336). El traslado del pergamino original de 1336 así como la revocación de 1343 se encuentran en ACA, Privilegios reales, CC, 150 (Barcelona, 1 de mayo de 1343) y ha sido publicado en Privilegios rales concedidos a la ciudad de Barcelona, ed. A.M. Aragó y M. Costa bajo dir. F.Udina, CODOIN (ACA), 42, Barcelona, 1971. n. 126 y 150, p. 65 y pp. 81-83.

63 Vide ACA, C., Reg. 874, f. 83 (30 de marzo de 1343).

64 Vide supra n. 62.

65 CYADC-1704, 1, 2, 6, 4.

66 Vide supra n. 47.

67 CYADC-1704, 1, 2, 6, 5.

68 Vide supra n. 50.

69 AHCB, llibre vermell, 2, fls.221 v-222: « Quod iurisperiti et medici examinentur in civitate Barchinone ».

70 Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495, en Textes Jurídics Catalans. Lleis i Costums, IV/1, Barcelona, 1988, f.323 = p.[739]: « Que defallints los statuts e consuetuds se hage haver primer recors ala disposicio deles constitucions generals de Cathalunya que al dret cononich o civil com les leys e constitucions generals de Cathalunya no deuen esser de menor auctoritat que les leys e constitucions Romanes. »

71 AHCB, CC, 4, 2, f. 18-20. Estas ordenanzas han sido parcialmente publicadas, en lo que se refiere al régimen de los notarios, en Centenario de la Ley del notariado. Sección cuarta. Fuentes y Bibliografia. Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona, vol.2, tomo 1, Barcelona, 1965, doc.n. 41, pp. 171-175.

72 Sobre el notariado catalan y su historia vide: Ignasi J. BAIGES I JARDÍ, El Notariat català: origen y evolució, en Actes del y Congrés d’Hidstòria del notariat català, Barcelona, 11,12 yy 13 de novembre de 1993, Barcelona, 1994, pp. 131-166. Sobre los notarios barceloneses vide Jordi GÜNZBERG I MOLL, Los notarios y su organización social en Barcelona (1275-1544), tesis doctoral inédita dirigida por J. Hernando, Barcelona, 1997.

73 Sobre la existencia real de estos libros en las bibliotecas de los barceloneses del siglo XIV vide: Josep HERNANDO, Llibres y lectors a la Barcelona del s. XIV, 2 vls., Barcelona, 1995, especialmente las voces Corpus iuris canonici y Corpus iuris civilis del índice de autores y de obras en el vol.2, pp.743-744.

74 A título de ejemplo, ibid., fl. 19 cap. 7: « Item jurara lo dit jurista que sobre les causes de que sera jutge o advocat no fera conposicio alguna o pacte o avinença ab son clientol directament o indirecta o per qualsevol altre color o rao. E si ofa ipso facto sia privat de offici de judicatura e de advocació dins Barchinona. »

75 Los capítulos aprobados por Martin el humano se hayan registrados en ACA, C., Reg. 2192, fl. 94v ss. y en AHCB, Llibre verd, 2, fls. 113-116v. Esta carta real ha sido publicada parcialmente con su respectiva traducción castellana por Alfonso GARCÍA-GALLO, Manual de historia del derecho español, 2: Metodología histórico-jurídica. Antología de fuentes del derecho español, Madrid, 1975, n. 230, pp. 145-149. Se encuentra una transcripción de algunos capítulos de estas ordenanzas en Guillermo M. DE BROCA, Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el código civil de España y la jurisprudencia, Barcelona, 1918, 2e ed. 1985, pp.384-386, n. 2 a 5.

Auteur

Facultat de Dret, Proyecto I. BJU 2000-971, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

© Presses de l’Université Saint-Louis, 2001

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