Mientras vivió, permaneció en lo alto. Hoy quedan retratos pisoteados, libros y panegíricos, y algo como un horror en la conciencia colectiva.
Carlos Sahagún, Poesías completas (1957-2000)

1El nexo entre la conformación de una esfera pública democrática y las memorias individuales que le dan vida es central en la afirmación de la ciudadanía en las sociedades avanzadas. Uno de los muchos desafíos del tiempo presente es que, si la memoria del pasado se banaliza, tendremos individuos fallidos, sin memoria ni identidad, y, por ello, presas fáciles para los movimientos totalitarios… Y es que la izquierda, después de la humillación colectiva por la derrota militar y la opresión sufrida bajo la dictadura, no pudo, no quiso o no supo contribuir a la rehabilitación pública de una memoria que aún parece subordinada; algo que produjo frustración en las generaciones vencidas y una vindicación política protagonizada más tarde por sus nietos, en una lógica generacional semejante al ajuste de cuentas con el pasado de otras sociedades. Como sostiene Koselleck, en los conceptos de espacio de experiencia y horizonte de expectativa hay que revisar la transición a la democracia en Cataluña y España, y quizá así podamos comenzar a construir una nueva ecología de la memoria (Duch, 2014: 8).

2El recuerdo traumático de la guerra civil y el franquismo presenta una síntesis compleja en el plano individual entre lo que Freud denominó olvido patológico y recuerdo encubridor. El salto a la memoria colectiva de los procesos traumáticos ha sido tematizado por Zizek mediante el tratamiento del síntoma como «retorno de lo reprimido» y la apolitización del pasado. Las aportaciones sobre historia y psicoanálisis ayudan a clarificar la persistencia de la «herida abierta» sobre el inconsciente colectivo y la construcción de una memoria contrahegemónica. No solo el paso del tiempo, sino más bien la lógica generacional, como muestra la historiografía comparada, produce una repolitización de la memoria colectiva.

3La memoria es limitada por su carácter selectivo y se formula en el lenguaje y en los esquemas mentales de cada época. No es nunca omnicomprensiva, ya que una historia de la memoria comporta una historia del olvido, puesto que se retiene parcialmente el pasado; la memoria es acumulativa, se organiza en el eje de la temporalidad y de la sucesión, por eso hablamos de sedimentación y de multiplicidad de memorias en una problemática nada ajena, por los procesos de estructuración y jerarquización, a la de las relaciones entre memoria y poder. El poder unificador de la memoria es algo que corresponde a cada grupo particular, de aquí que cada grupo reconstruya un mismo acontecimiento en función de su deformación y de los propios olvidos. Como así sucedió respecto a la gestión de la memoria en la transición democrática española posterior a la muerte de Franco. Tal como plantea Halbwachs, la sociedad tiende a desechar de su memoria todo lo que podría separar a los individuos o alejar a los grupos unos de otros de forma irreconciliable, de ahí que reelabora sus recuerdos en cada época para ponerlos de acuerdo, según las condiciones variables de su equilibrio. La nueva sociedad intrínsecamente vinculada, en un grupo concreto, con el que comparte espacio y tiempo, reconstruye y perpetúa una unificación del relato del pasado y de las memorias anteriores del grupo. La memoria es concreta y afectiva, puesto que, de nuevo según Halbwachs, es necesario sentirse en relación con una sociedad de hombres y mujeres: el sentimiento de pertenencia es una de las necesidades humanas básicas.

4La memoria colectiva proporciona cohesión de tiempo y espacios, aporta una especie de marco de totalidad que confiere sentido y completa la memoria individual. Vendría a ser un centro organizador, la visión del mundo de un grupo: «La experiencia de la memoria colectiva está, pues, organizada por una lógica social de significación y de evaluación que relaciona los recuerdos» (Cuesta, 1993: 50). Se normativiza, proporciona aprendizaje mediante las imágenes del pasado, es la memoria ejemplar por el propio grupo portador, es simbólica; como afirma Cuesta, «no se limita sólo a experiencias, constituye y utiliza símbolos que remiten a un significado».

5La función social de la memoria le otorga condición de indispensable en todo tipo de grupos sociales, puesto que proporciona identidad, legitimación, continuidad y vínculo afectivo. Logra funciones de nostalgia, puesto que permite una huida hacia atrás en el tiempo para, desvinculándose del presente, presentar la sociedad pasada como atractiva. Una relación entre presente y pasado que acentúa la continuidad social y sitúa en el presente la finalidad social de la memoria; por ello, cada memoria es una forma de legitimar el pasado a partir del presente (Namer, 1987), como así sucedió en España durante la transición y la consolidación democrática.

6El reverso de la memoria social o colectiva es el olvido. El trabajo de olvido responde, en general, a un cambio morfológico del grupo y presenta un carácter semies-pontáneo, semivoluntario. En este ámbito, constatable en la práctica de la historia oral (Duch y Ferré, 2009; Marinas, 2007), encontramos el silencio, la ocultación, aquello no dicho, los lapsus y las elipsis en el discurso.

7La memoria oficial o nacional buscará su justificación última en el pasado, de aquí la reelaboración de la historia que hace emerger su poder ideológico. La voluntad política de memoria es un rasgo común de los regímenes y sistemas políticos, que usan los lugares de la memoria y las conmemoraciones como momentos y espacios emblemáticos de rituales civiles. Pierre Nora ha definido los espacios de memoria como aquellos espacios que de manera selectiva, fruto de la voluntad humana y el transcurrir del tiempo, encarnan la simbología nacional o de grupo con perdurabilidad. Es decir, es espacio de memoria toda unidad significativa, momento, lugar, vestigio, emblema, documento, rito, forma, institución o cualquier otro objeto natural o artificial que la voluntad de las personas y el trabajo de los historiadores hayan constituido en una cuestión simbólica, viviente y patrimonial de la nación o de una colectividad, como así sucede en el caso catalán (Balcells, 2008; Duch, 2012) y español (Pérez Garzón y Álvarez Junco, 2002).

8La voluntad de memoria no necesariamente tiene que encarnarse en espacios privilegiados ni tampoco espectaculares, sino que a menudo elige lugares o encuentros sociales que potencian la socialización y la difusión ideológica. Un papel que ha jugado la toponimia urbana: «[La] rotulación de calles y plazas es una acción común y habitual en los cambios de regímenes políticos que expresan la emergencia de nuevos personajes, valores, conceptos y poderes de la situación naciente. Además, las calles como lugares públicos constituyen potencialmente un foco de emisión de mensajes. Esta solidificación de la memoria oficial, nacional o colectiva constituye un fácil banco de pruebas para el estudio de la memoria» (Cuesta, 1993: 62).

Espacio de experiencia y horizonte de expectativa

9El pasado violento ha sido estudiado en diversos países a partir de las aportaciones de Freud, quien sostuvo que, cuando se vive una situación de catástrofe psíquica, el sujeto, desde el punto de vista del narcisismo, siempre en peligro en estas situaciones, se daña en un doble sentido: a sí mismo y como miembro de una cadena o de un conjunto al que ha de contribuir. Así, mientras que las catástrofes naturales propician la solidaridad entre los miembros del cuerpo social, las catástrofes sociales lo disgregan y dividen. Diversos estudios (Kaes, 1996; Berman, 1994; Caper, 2003; Valverde, 2016) han mostrado como los traumas vividos en situaciones de «catástrofe social» no se agotan en la generación que sufrió directamente la experiencia, sino que son transmitidos a sus descendientes y afectan a segundas, terceras y cuartas generaciones. Como muestra un estudio realizado en Cataluña sobre la transmisión del trauma (Miñarro y Morandi, 2009: 441-466), los interrogantes más apremiantes de la política tienen que ver tanto con la distribución del poder y los recursos como con los combates por la igualdad y las libertades (Robin, 2009). Asimismo, la política afecta a cuestiones tan candentes como la pertenencia y la exclusión o la ansiedad por las fronteras (del yo y la sociedad, del grupo y la nación); además, podremos entrever la relevancia de las políticas memoriales de un sistema autoritario basado en la exclusión de las personas vencidas, la aniquilación en el espacio público de sus culturas políticas (Saz y Pérez, 2014) y la represión como sistema. Quizás por ello la impunidad de los crímenes cometidos por un Estado autoritario tiene consecuencias dramáticas que persisten en el tiempo. Así, como muestran numerosos estudios de sociedades con pasados represivos de larga duración, a pesar de que se restablezca un Estado de derecho con garantías constitucionales, cuesta reelaborar la sombra del tiempo vivido en desprotección. Esta dificultad en la reelaboración, tal como nos ha enseñado el psicoanálisis, tiene consecuencias en el psiquismo individual porque, cuando desaparecen las reglas que rigen las relaciones a propósito de la vida y de la muerte de las personas, del delito y de su castigo, se rompe el vínculo entre individuo y sociedad. El contexto social se vuelve incoherente, incomprensible e inaccesible. Algo que puede tener efectos destructivos en la trama psíquica e intersubjetiva de la transmisión entre generaciones. La opción del silencio como recurso para la supervivencia, como se ha observado en multitud de testimonios en España que «descubren» el pasado de sus familias muchos años después, afectó a la subjetividad y el núcleo de la identidad social de buena parte de los vencidos en la guerra civil (Mir, 2000; González Duro, 1978).

10Quizás se pueda interpretar más como una reflexión eticomoral que historiográfica, pero en la posguerra, especialmente en el ámbito rural (Mir, 2000), los hombres y las mujeres, la inmensa mayoría de la gente, vivió experiencias y episodios concretos de coraje, lealtad y fidelidad, así como también vivencias y situaciones relacionadas con la infamia, la traición y las delaciones. Los hombres, y a menudo subsidiariamente las mujeres, del mismo pueblo, de las mismas generaciones, habrán de soportar una convivencia por décadas en un espacio cargado de reproches, estigmas, etc. Unos, con la certeza de administrar y ser beneficiarios de la victoria en la guerra; otros, los vencidos, bajo el estigma de la derrota y la destrucción de su imaginario compartido. Una sociedad que despreciaba a los vencidos, que les negaba su dignidad humana en la medida que el poder instaba a la práctica de la invisibilidad y el no reconocimiento, ya que se impuso la construcción del enemigo y la dialéctica de vencedores y vencidos (Molinero, 2007: 201-225).

11La historia oral nos enseña como en los procesos de rememoración histórica solo se repiten las historias que no avergüenzan, aunque poco a poco, a medida que van apareciendo las otras, el protagonista se va volviendo menos bueno, ya que pasa del miedo a la ansiedad y el problema de la identidad se maximiza en sociedades con pasados traumáticos en las que la política de reconocimiento/exclusión prevalece y prima el coste de oportunidad sobre la política de la distribución, puesto que las políticas de reconocimiento constituyen un elemento simbólico fundamental en la construcción de identidades y subjetividades; bajo el franquismo se administraron con la exclusión deliberada del «enemigo» (rojos, vencidos, comunistas, masones, republicanos…) (Todorov, 2003; Aguilar, 199; Campos, 2007; Tébar, 2014).

12La represión política (Aróstegui, 2012; Romero, 2012; Fernández Prieto, 2012; De Juana y Prada, 2006), y más aún lo que Bourdieu denomina violencia simbólica, que no minimiza, en su implantación y naturaleza, sino que amplía y magnifica los efectos de la primera sobre los cuerpos y las mentalidades, está en el origen de enferme-dades mentales, traumas psíquicos y consecuencias en la calidad de vida a largo plazo si entendemos por salud aquella sociedad que procura garantizar una vida dichosa, saludable y autónoma a hombres y mujeres, a jóvenes, adultos y viejos.

13Bourdieu sostiene sobre la violencia simbólica que, «al entender ‘simbólico’ como algo opuesto a real y a efectivo, suponemos que sería una violencia puramente èspiritual’ y, en definitiva, sin efectos reales». Esta distinción ingenua, típica de un materialismo primario, es lo que la teoría materialista de la economía de los bienes simbólicos, cuestión a la que el sociólogo francés dedicó su labor intelectual, «tiende a destruir, dejando que ocupe su espacio teórico la objetividad de la experiencia subjetiva de las relaciones de dominación» (Bordieu, 2000: 50; 2012: 55, 61, 75 y 80), un complejo proceso subjetivo, transmitido generacionalmente, que se nos aparece con nitidez en la dialéctica memoria y olvido durante la transición y consolidación democrática en España, como he podido demostrar mediante el estudio de la toponimia urbana (Duch, 2004; 2007; 2012).

La toponimia como ejemplo

14La toponimia urbana se podría considerar un ejemplo paradigmático de la continuidad de la violencia simbólica ejercida por la dictadura de Franco. En el estudio de carácter cuantitativo sobre la base de datos del Nomenclátor de municipios de España (2000), del Instituto Nacional de Estadística, pude mostrar como en los pueblos y ciudades permanecía —unos años antes de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica— una cacofonía memorial en el espacio público. Un esfuerzo investigador debería considerar históricamente, como reclamaba Pierre Vilar, el fenómeno de la continuidad o del cambio en la toponimia urbana como un hecho significativo de la voluntad de cientos de ayuntamientos, de distinto signo político en ciclos electorales sucesivos, de perpetuar una iconografía y un programa memorial impuesto bajo la dictadura o de adoptar unas denominaciones «neutras» o tributarias del imaginario democrático de tradiciones culturales y políticas plurales. Así, se puede analizar la persistencia de una memoria hegemónica impuesta por el franquismo o de la recíproca memoria subordinada antifranquista en la medida en que en el cambio del siglo xx al xxi el 42% de los ciudadanos españoles aún residían en municipios que conservaban la toponimia franquista; otros presentaban una singular cohabitación de memorias antagónicas, ya que el 79% de las capitales de provincia tenían más elementos de continuidad con la tradición conmemorativa autoritaria que de cambio en la búsqueda y afirmación de nuevos referentes democráticos. Los más extremos de abundante nomenclátor de raíz franquista eran las ciudades que albergaban importantes instalaciones militares y también los pueblos nacidos de la política de colonización agraria, así como los polígonos de viviendas de la Obra Sindical del Hogar.

Cartografía de las memorias colectivas

Mapa 1: Referencias a la Constitución en la toponimia. Mapa 2: Referencias a Franco en la toponimia. (INE 2000). Elaboración propia.

15En los mapas anteriores, podemos ver que las referencias que se hacen a la Constitución se encuentran sobre todo en Andalucía y Castilla y León, donde hay más de un 15% de calles que hacen referencia a ello. Aun así, dichas referencias se distribuyen de modo bastante homogéneo por el resto de la península, sobre todo por el centro, con una franja importante de Extremadura a la Comunidad Valenciana. Vemos también que en toda la franja mediterránea hay asimismo una importante presencia de la Constitución en la toponimia, aunque en un volumen menor que el que podemos ver en Castilla y León o Andalucía, siendo la excepción el norte cantábrico, donde hay menos de un 3% de referencias a ella. En el caso de las menciones a Franco en la toponimia, es destacable el hecho de que en Castilla y León también hay referencias a la dictadura en más del 15% de las calles. Estas también tienen el mismo volumen en Castilla y La Mancha, por lo que vemos una toponimia con mayor porcentaje de referencias al franquismo en la España profunda, más rural y conservadora, mientras que podemos ver una mayor sustitución de la toponimia franquista en las comunidades autónomas de la costa, aunque la mediterránea mantiene cierto número de referencias, siendo Cataluña y Murcia las únicas comunidades donde las referencias son menores al 3%, como en el norte cantábrico.

16Los pueblos y las ciudades de España que han erradicado la toponimia franquista de una manera más clara y contundente se localizan en Cataluña, islas Baleares y Euskadi, donde a la sustitución memorial se añadía la recuperación de la lengua propia (Duch, 2012). En menor medida y de manera contradictoria, en Galicia y Andalucía occidental se observa una significativa mutación en el nomenclátor, sobre todo en relación con el resto de comunidades autónomas. En definitiva, el estudio del nomenclátor muestra un notable letargo condescendiente con la simbología que la dictadura había grabado en mármol en plazas y calles.

17La memoria social es un concepto complejo, ya que consiste en un relato sobre el pasado que se construye en el presente en función de distintos y cambiantes intereses y finalidades, si bien en los actores políticos que protagonizaron el cambio democrático municipal en 1979 y tras sucesivas renovaciones hasta 2001, en lo que me consta empíricamente, se manifiesta una transmisión generacional del miedo y del trauma y una socialización en aquello que conocemos como la «servidumbre voluntaria», como se refleja en la incapacidad de acabar con la dominación simbólica franquista sobre la ciudad democrática (Cuesta, 2007; 2008; Pérez y Manzano, 2008; Aguilar, 2008).

18El programa memorial autoritario de un régimen fascistizado tendría así éxito medio siglo después en una sociedad que había transitado pacíficamente a la democracia quizás porque: «La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero esta magia solo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos […], así se limita a desencadenar las disposiciones que el trabajo de inculcación y de asimilación ha realizado» (Bordieu, 2000: 54).

19La sociología sostiene que la dominación perfecta es la que no se siente. Puede ser por adhesión a los valores dominantes o por resignación, por lo que los procesos de persuasión son fundamentales. Cuando fallan, se recurre a la coerción, pero los mejores sistemas de control son los que no necesitan del uso de la policía. La inoculación del miedo que paraliza se articuló, como he pretendido esbozar, mediante una feroz represión, con la ayuda de la Iglesia católica y a través de las estrategias memoriales de la dictadura. La socialización del miedo paralizó a la inmensa mayoría de la sociedad hispánica, aunque una minoría opositora antifranquista, desafiando la violencia simbólica, consiguiera abrir grietas de esperanza que estimulaban a la acción.

El trauma de la guerra civil en la transición a la democracia

20El paradigma fundacional de la transición no fue el antifranquismo, sino la democracia y, de manera elíptica, el «todos fuimos culpables». Los movimientos sociales que empujaron la transición hacia la reforma pactada no pusieron énfasis en su repertorio de protesta en la recuperación memorial; así sucede en el movimiento obrero, vecinal, estudiantil o feminista. Las urgencias del momento determinaron mucho más su acción colectiva, por lo que la conexión con la genealogía y la tradición socialista, libertaria, comunista y republicana de esos movimientos se soslayó. El resultado ha sido que las culturas políticas vencidas tienen una muy pequeña rehabilitación en el espacio público, como muestra el nomenclátor. Así, mediante una transición moderada, sin mito fundacional y con pretensiones inclusivas, se impuso un régimen consensual en el que «todos ganan» que el Partido Socialista rompió en 1995 ante la mayoría del Partido Popular.

21En el ocaso del régimen, la oposición no pudo contar, por tanto, con la madurez que aporta la continuidad generacional. Fue una generación huérfana, desconectada afectivamente de la dictadura, pero igualmente de las tradiciones críticas y las experiencias de lucha de quienes les habían precedido. En contraste con los republicanos del exilio, que alimentaron el vínculo con el pasado de sus organizaciones, los españoles se acostumbraron a vivir con una memoria corta y a asumir sin entusiasmo las identidades artificiales fabricadas por la memoria oficial del régimen. Aparecería así el impacto de la violencia simbólica franquista a largo plazo, determinante último, según mi parecer, de la desmemoria democrática que presenta el nomenclátor español en el final del siglo xx.

22La Segunda República aparece siempre asociada a la guerra como prolegómeno, cuando no como origen, del conflicto fratricida. La reestructuración de la memoria de la guerra sirvió así también para fomentar el olvido y la manipulación del recuerdo de la República. La guerra quedaba resituada así como eslabón necesario entre la República y la dictadura, la primera como causa y la segunda como consecuencia (Aguilar, 1996; 2008).

23Definitivamente, la guerra civil quedó instalada en la memoria de los españoles como el trauma necesario, como un aprendizaje cruel y despiadado que, en palabras de Cuenca Toribio, dejó «en el llamado inconsciente colectivo un poso de horror que es su único saldo favorable». Como señala Enrique Moradiellos, «en esa lección sobre la culpabilidad colectiva en la locura trágica se encontraban los orígenes culturales y antecedentes sociales de la operación política de desmantelamiento del régimen franquista y transición pacífica a la democracia que se pondría en marcha tras el fallecimiento del general Franco en 1975. El valor moral y la utilidad funcional de esa lección histórica implícita en el ‘Nunca más’ resultan incontestables».

24A un lustro de la muerte de Franco, casi el 70% de la población no había vivido la guerra, y, aunque un recuerdo de estas características se transmite de padres a hijos, el relevo generacional comenzó a agrietar las férreas identidades colectivas que se habían enfrentado en 1936. Fue en ese contexto en el que las propuestas tendentes a la «reconciliación nacional» (Molinero, 2007: 221-225) encontraron la audiencia necesaria entre los ciudadanos, si bien en contradicción con la tenaz fidelidad a las memorias grupales, a sus símbolos, legitimaciones y discursos identitarios. Por ello, fue necesario, como se ha dicho, un esfuerzo muy notable para ir introduciendo en la militancia política organizada la idea, comprensible sin embargo para la mayor parte de la ciudadanía, de que era necesaria una «reconciliación nacional» o, lo que es lo mismo, que ninguna de las Españas subsistentes estaba en condiciones de aspirar a una victoria definitiva, la dialéctica que adoptó la correlación de hostilidades entre las vías de salida transicional entre la reforma y la ruptura (Bernecker, 2009).

25Las élites del nuevo régimen, explícitamente comprometidas en «evitar que se reprodujeran los errores de antaño», renunciaron por ello a utilizar el pasado como arma arrojadiza y se esforzaron por refocalizar la memoria colectiva mediante la difuminación del recuerdo de los personajes y episodios menos congruentes con el espíritu imperante de concordia y reconciliación que impregnó la transición a la democracia (Juliá, 1997; Mateos, 1998). Abdón Mateos aporta en este sentido el caso de la figura de Pablo Iglesias, cuyo recuerdo había sido utilizado en la posguerra para anular la memoria de los dirigentes socialistas implicados en la guerra, y que fue a su vez des-plazado por la apelación a las experiencias del exilio y la clandestinidad que culminan en el Congreso del PSOE de Suresnes en 1974 (Juliá, 1997). Un análisis más prolijo demostraría que tales operaciones de memoria fueron realizadas en todos los partidos mayoritarios, sin excepción, a fin de facilitar el reconocimiento de la culpabilidad colectiva y el consenso en las decisiones políticas del presente.

26La conmemoración política es la práctica de la memoria colectiva organizada o memoria oficial. Representa la reescritura de la historia, no remite solo a un hecho, sino a su interpretación; suele tener una finalidad didáctica. La ínfima rehabilitación de los espacios de memoria del republicanismo histórico constituye el corolario de una desmemoria interesada. Así, entre los 18.667 términos de nuestra base de datos creada a partir del INE (2000), solo hemos localizado 957, es decir, el 5,1%, vinculados con objeto de homenaje público durante la Segunda República y con una política establecida de sustitución memorial y ostracismo imperativo en la dictadura (Duch, 2007), que comportaron la liquidación de la memoria comunal y la imposición de los elementos identificadores e identitarios del nacionalismo español franquista de carácter simbólico, ritual y mítico (Duch, 2012).

27En España se ha producido una privatización de la memoria pública del pasado de la guerra y la dictadura (Vinyes, 2014), la fijación de un particular modelo español de impunidad, como refleja la invisibilidad de las culturas políticas vencidas en 1939 en el espacio público en democracia (Saz y Pérez Ledesma, 2015). La ausencia de políticas públicas de la memoria en España permite comprender el proceso de memoria y olvido, si bien la experiencia comparada (Barahona, 2002; Aguilar y González, 2002; Guixé, 2014) refleja la extrema complejidad a la hora de adoptar políticas públicas memoriales en sociedades con pasado traumático, como sucede en algunas latinoame-ricanas o europeas.

28Si admitimos como cultura política las tendencias subyacentes en la dimensión psicológica del sistema político, esta comprende orientaciones de tipo cognitivo, afectivo y evaluativo que a su vez determinan inclinaciones, actitudes, creencias y valores, lo cual es consecuencia de la socialización política en la que algunos agentes son especialmente proactivos: la familia, la escuela, los grupos de referencia y sociabilidad y la experiencia laboral. Como ya señalaron Almond y Verba (1970), la cultura política se manifiesta en relación con el sistema político en una triple modalidad: parroquial, súbdita y participante. Si la primera corresponde a personas sin o poca conciencia del sistema político, la participante es la que manifiesta un mayor compromiso ciudadano, mientras que la de tipo súbdito intensifica las demandas sobre los insumos que se canalizarían en los partidos y grupos de interés. La secularización de la cultura política supondría el tránsito de las costumbres rígidas y difusas a reglas universalistas codificadas que derivan en el ejercicio de roles específicos, con la práctica de la negociación como característica principal. Las culturas ideológicas contienen notables factores de herencia familiar e impacto de las circunstancias. Todos estos temas, enumerados de manera excesivamente esquemática, deben tenerse en cuenta para comprender las dinámicas de continuidad sobre el cambio que se muestra concluyente en el estudio de la toponimia urbana en la España de finales del siglo xx. En el origen del mantenimiento del imaginario franquista en el nombre de las calles están, por una parte, las lógicas de deferencia, obediencia, lealtad, competencia y confianza, y la comprensión de la política como proceso armónico o discordante que una socialización política en dictadura impuso, y, por otra, el absoluto desprecio por la memoria de las culturas políticas derrotadas en la guerra civil. Así, es significativo que denominaciones tributarias de la «España eterna» como la de los Reyes Católicos sume 340 menciones en el nomenclátor hispánico de 1.009, mientras que el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, sea recordado en solo 68 municipios y que su antecesor, Niceto Alcalá Zamora, lo sea en 14. Que Agustina de Aragón aparezca honrada en 134 municipios y que la sufragista Clara Campoamor solo lo sea en 65 ciudades. Una vez más, deberíamos ser capaces de responder a las cinco preguntas canónicas de nuestro oficio: quiénes, cuántos, por qué, cómo y dónde. A plantear una respuesta compleja y comprensiva a todo ello se han dedicado estas páginas, que, a partir del estudio de caso de la dictaduratransición-democracia en España, pretenden contribuir a las complejas relaciones de la memoria, la historia y la política (Traverso, 2011).