1Cada vez parece más admitida la idea de que contra la versión canónica, y hegemónica hasta hace bien poco, de una transición –amén de modélica– controlada, moderada y pautada, lo que se produjo fue un proceso complejo cargado de incertidumbres y realizado a impulsos que sorteaban los muchos problemas que a diario iban surgiendo. Uno de los debates más jugosos de su interpretación ha versado sobre la dialéctica entre sus principales protagonistas: élites políticas procedentes del franquismo versus sociedad civil. En esta pugna entre visiones « desde arriba » o « desde abajo » han pasado ciertamente desapercibidas –o abordadas precipitadamente– algunas instancias políticas que merecerían mayor atención porque de ellas dependieron, en gran medida, el ritmo y las decisiones adoptadas y, por tanto, las valoraciones que de sus resultados se puedan extraer. Proponemos aquí estudiar más detenidamente el papel de los gobiernos civiles como instancias intermedias entre las altas esferas del poder político y la ciudadanía. En realidad, ¿fueron los artífices de la introducción de los aires democratizadores y reformistas en los pueblos o frenaron proyectos y favorecieron los ritmos y los intereses de quienes ocupaban el poder2? Tal vez se ha admitido apresuradamente la versión de quienes gobernaron y han pugnado por darle la mayor legitimidad posible a su actuación3.

2 Aunque ya son varios los trabajos que han centrado su atención en estos cargos, existen todavía ángulos ciegos en su correcta valoración. El poder de la institución se reforzó en el franquismo pero en los años finales de la dictadura su omnipresencia se hizo menos consistente de lo que algunos han pretendido, llegándose a hablar de ellos como « figuras patéticas, toda apariencia de poder y nada más que apariencia4». En la práctica, aunque siguieron conservando unas indudables cuotas de poder, fueron discutidos, criticados por los medios de comunicación y desautorizados en no pocas ocasiones por el propio Ministerio de Gobernación, particularmente a partir del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, llegando, incluso, a ponerse en cuestión la propia institución5. No en vano, la inestabilidad fue una de sus características más notables produciéndose un elevado número de relevos entre 1976 –con 49 nombramientos– y 1980 – año en el que tuvieron lugar 29 tomas de posesión. Cabe pues preguntarse por la contribución de aquellos poncios al proceso transicional y al servicio de qué ideario político actuaron, porque el proyecto político ucedista no era el único ni el más democrático posible de todos los que en aquellos años litigaron por hacerse con el control de las instituciones. Sin embargo, encontramos numerosos testimonios que demuestran su comportamiento como gobernadores de partido6.

3Desde su creación, con el nombre de jefe político, en el marco del incipiente liberalismo español, y hasta más allá de la constitución de 1978, la figura del gobernador civil constituye un elemento esencial para comprender las siempre complejas relaciones entre centro y periferia7. Apenas conocemos las trayectorias vitales y políticas de un puñado de los casi setecientos gobernadores que sirvieron a la dictadura, y es demasiado también lo que todavía solo intuimos respecto a su concurso en el proceso de reforma política. Sus exclusivas prerrogativas sobre el orden público, su condición de correas de transmisión del gobierno de turno y su innegable lealtad institucional, así como la dedicación preferente de estas figuras a su control, los convierten sin embargo en elementos fundamentales para su desenlace.

4La revisión historiográfica a la que desde finales de los años noventa del siglo XX ha sido sometido aquel proceso ha servido para destacar el carácter conflictivo y contencioso de la democratización española, rescatando el protagonismo de la sociedad movilizada y desterrando para siempre su condición de cambio pacífico y tranquilo. Sobre el protagonismo de la sociedad y el ciclo de protesta que hizo inviable la continuidad del régimen investigaciones recientes han incorporado al relato a las zonas rurales o semiurbanas y deprimidas, desde donde también se perfiló y condicionó la toma de decisiones en Madrid. Y respecto a la violencia, investigaciones como la de Sabio y Sartorius parecen demostrar que el triunfo de la reforma sobre la ruptura fue, entre otros factores, el resultado de una pugna desigual por el espacio político en la que finalmente se impusieron quienes controlaban los aparatos de coerción y represión del Estado. Sobre ese particular, los gobernadores alcanzaron un notable protagonismo. Asimismo, Antonio Herrera ha sugerido la existencia de interacciones entre los diferentes actores –élites franquistas y sociedad civil– en un proceso que podríamos calificar a la par como dinámico y dialéctico, en el que, por tanto, no solo se podría hablar del blanco y negro sino que habría muchas zonas « grises » que más que rupturas políticas nos permitirían hablar de continuidades8.

Orden Público y disciplina

5El aterrizaje presidencial de Adolfo Suárez en el verano de 1976 con el mandato de acelerar el proceso de cambio fue saludado con un profundo cambio de gobernadores. Según Ponce Alberca, 19 de los 50 gobernadores fueron sustituidos en agosto9. Con todos ellos se reuniría Martín Villa en Madrid para unificar criterios en relación a los desafíos del proceso10. Se trataba, sobre todo, de « unificar criterios de actuación sobre derechos de reunión y manifestación », pues hasta entonces se habían producido notables disparidades en relación a autorizaciones, prohibiciones de manifestaciones públicas e imposición de multas, aplicándose frecuentemente con severidad y fuertes restricciones. En la agenda también se planteaba tratar la propia ley electoral y el futuro referéndum de la ley para la reforma política. La toma de posesión de los nuevos gobernadores había estado presidida por las palabras del propio Martín Villa, no exentas de la nueva retórica discursiva con apelaciones a los « derechos públicos de los ciudadanos – reunión y asociación política– » y de servicio « a la comunidad nacional » en un momento inicial de reformas del sistema político11.

6Desde este punto de vista, ha ganado terreno la tesis de que « durante los años del cambio político, los gobernadores fueron el instrumento del gobierno de Adolfo Suárez para poner en marcha el proceso democratizador contando con la cooperación y colaboración de los entes locales e, incluso, de las redes locales y provinciales del Movimiento12», pero, además, este proceso habría sido de tal manera que en ese ejercicio de poder se actuó con equidad y respeto a todas las opciones políticas. Sin embargo, en la práctica sabemos que fueron muy desigualmente repartidos los permisos y las sanciones porque el trato a las diferentes opciones partidarias fue muy diferente:

No entenderemos nunca por qué a unos se les persigue con la obsesión de los cazadores de brujas, por qué, mientras las fuerzas de orden público vigilan y detienen si alguno lleva propaganda, « ilegal », mientras se encierra y detiene a hombres adultos responsables que inspiran a muchos ciudadanos sentimientos de reforma y cambio ante lo establecido –lo mismísimo que hacen nuestros gobernantes de turno– mientras la policía reprime una manifestación que protagonizaron grupos minoritarios, mientras la Guardia Civil se acerca a los centros escolares, mientras se toman mil precauciones para que no haya ningún rebrote de disconformidad crítica por la llamada « izquierda », hemos podido ver a cientos de jóvenes con pistolas al cinto en la manifestación de Oriente y no ha pasado nada13.

7En lugares como Albacete no faltaron quienes se esperanzaron con una intensificación de los modales democráticos habida cuenta de la combinación de nuevo presidente y nuevo gobernador14. Nada más lejos de la realidad. Y no porque en este caso Moisés Arrimadas fuera un falangista y seuista condecorado, condiciones ambas que no lo hacían muy diferente del ministro de la Gobernación o del propio presidente, sino porque la convicción del Gobierno fue conjurar cualquier riesgo de que el proceso de reforma fuese desbordado o amenazado por la presión de las fuerzas del cambio en cualquiera de sus manifestaciones15.

8De hecho, como señalan Ponce Alberca y Carlos Sánchez, los gobernadores siempre fueron fieles servidores del poder que los había nombrado, lo que venía a facilitar al gobierno central el control de las provincias en estos momentos de cambio. Mantener el orden público, en su sentido más autoritario, y transmitir fielmente las directrices emanadas por el Ministro de la Gobernación serían sus principales cometidos. En ese sentido, podríamos subrayar que ellos no estaban para hacer política ni tomar iniciativas. En ellos descansaba la estabilidad del propio Estado. Y todo en un contexto de permanente mudanza e incertidumbre porque no existía un guion fijo, una hoja de ruta indiscutible que marcara su proceder. Así, en muchas regiones, como la futura autonomía castellano-manchega, se celebraron reuniones « regionales » entre gobernadores de estas provincias – junto a otros representantes de la administración como presidentes de diputación o delegados sindicales– que dejaban abierta la puerta a proyectos reformistas en la figura del máximo dirigente provincial, que pudieran disponer de cierta independencia, en su momento, frente al poder central16. A nadie se le escapaba entonces la creciente demanda de descentralización que existía en amplias capas de la sociedad civil y de las regiones. Incluso se hablaba desde instancias muy próximas a la futura UCD de cambios en la concepción de los gobernadores civiles que deberían pasar « de ser el responsable de una gestión política a la de un simple delegado de orden público17».

9Para lograr una transición pautada, bajo el signo de la moderación y el liderazgo reformista, el gobierno de Suárez a través de sus gobernadores civiles no dudó en atajar expeditivamente cualquier desafío en la calle por minúsculo o cívico que fuese. Sus declaraciones a los medios y sus enfáticas manifestaciones en favor del diálogo y la convivencia quedarían en muchas ocasiones en un plano secundario en aras de esa obsesiva preservación de un orden público interpretado de la manera más restrictiva y que, seguramente, no se ha perdido del todo en la mente de la derecha más recalcitrante18.

10Para el decisivo otoño de 1976, que habría de alumbrar la ley para la reforma política, los gobernadores recibieron una instrucción reservada del Ministerio del Interior que expresaba la firme voluntad gubernamental de impedir o restringir el uso del espacio público, así como el derecho de reunión, a todos aquellos ciudadanos potencialmente interesados en interferir el incierto proceso de reforma política que empezaba a liderar el ejecutivo19. Entre los supuestos a abortar sin contemplaciones se incluyeron los festivales, las asambleas obreras, pues consideraba « demostrado que se convierten siempre en instrumentos de subversión y nunca solucionan nada », o los encierros. La reiteración de manifestaciones « sobre los mismos temas, por ejemplo, la carestía de vida o las tasas académicas » e incluso la amnistía, quedaba prohibida20. La protesta y el uso pacífico de espacios públicos con fines políticos o reivindicativos quedaban restringidos o criminalizados.

11Solo el PCE recibió una mención expresa: « Se impedirá a toda costa cualquier reunión o manifestación de carácter comunista, y la actuación pública de personas cuya significación comunista sea notoria ». El resto de fuerzas políticas, igualmente ilegales pero colaboradoras del gobierno, quedaban autorizadas a actuar públicamente mediante solicitud realizada por personas físicas. Toda la experiencia de Martín Villa al frente del gobierno civil de Barcelona casi se resume en aquella instrucción21. Como señala Casanellas la salida de Arias Navarro no se acompañó de modificaciones sustanciales en la política de orden público, sino que asistimos a una nueva « oleada represiva » que se va a prolongar prácticamente hasta las elecciones de junio de 197722.

12La preocupación del Gobierno por el éxito del referéndum para la reforma política le condujo a utilizar todos los recursos a su alcance, ya fueran de carácter persuasivo o represivo. El reformismo con sangre entró, y sus mejores transmisores fueron los gobiernos civiles. Suelen apuntarse como factores esenciales del éxito del referéndum ciertas dinámicas aprendidas e interiorizadas por la ciudadanía durante décadas de relación con las votaciones organizadas por la dictadura. Pero parece demostrado que el gobierno decidió tomarse bastantes molestias por si acaso. Ponce Alberca documenta cómo los gobernadores, activados desde el Ministerio, se lanzaron a generar un ambiente positivo hacia el gobierno con inauguraciones, prometiendo soluciones a viejos problemas, o distribuyendo dinero en forma de subsidios. Por su parte, los actos de propaganda preparados por la oposición fueron reprimidos y clausurados. Aunque se recomendó un uso moderado de las « facultades de imposición de multas y arrestos personales » lo cierto es que no faltaron las « prohibiciones de actos, detenciones y retenciones de quienes hacían propaganda»23.

13Todo lo relacionado con el PCE continuó marginado del espacio público de discusión y debate, invisibilizado y proscrito por, entre otras cosas, su apoyo a un proceso rupturista. Un endurecimiento que coincide con el proceso de abandono de la clandestinidad, reorganización y expansión del partido después de la asamblea de Roma, en un contexto de movilización obrera del que se había contagiado también, hacía meses, la periferia del desarrollismo24.

14El resultado en lugares hasta hacía pocos meses escasamente problemáticos, como pudo ser Albacete, fue la prohibición sistemática, y violenta en no pocas ocasiones, de la casi totalidad de las iniciativas públicas y pacíficas auspiciadas por los únicos que estaban en posición y disposición de desafiar al gobierno, el PCE provincial, ya fueran conciertos de música, conferencias, presentaciones de libros, actos sindicales, e incluso cenas25. La jornada de lucha del 12-N de 1976, tradicionalmente interpretada como un fracaso y el canto de cisne de la ruptura, fue también el resultado de la dura presión gubernamental que exhibió toda su fuerza coactiva para disciplinar en la reforma. Las instrucciones a las fuerzas de orden público fueron tajantes: localizar cualquier aparato de propaganda subversiva y detener a sus responsables; prohibir y disolver todo tipo de reuniones públicas que pudieran ser conflictivas; y advertir a los activistas conocidos y dirigentes que serán responsables de los hechos que se derivasen de sus actuaciones, permitiéndose su detención preventiva. Solo en la ciudad de Albacete hubo 13 detenciones (algunas preventivas), heridos, controles de carreteras, algún despido y más de 600.000 pesetas en multas gubernativas26.

15Estas medidas fueron casi idénticas a las desplegadas en el intento de huelga del 15 de abril de 1977. Entonces, y según recoge Josep Clarà, se pidió a los gobernadores que:

La acción policial reseñada deberá conseguir la mayor eficacia a lo largo del próximo día 14. Dispondrá V.E. todo lo necesario para que de ningún modo pueda lograr realizarse cualquier tipo de concentración, conato de manifestación o la más mínima alteración del orden público en la calle. Para ello instruirá a las FOP a sus órdenes en el sentido de que en esta fecha deberá [n] actuar con la mayor energía y la máxima rotundidad. No se trata de disolver, sino de reprimir con toda contundencia el menor indicio de alteración. La fuerza deberá cargar y detener el máximo número de posibles manifestantes, a los cuales se les retendrá durante 72 horas y serán objeto de muy fuertes multas. Estas severas instrucciones serán válidas para cualquier tipo de acción subversiva durante este día, en el que se perseguirá cualquier bandera o enseña republicana27.

16Se exhortaba a prohibir todo tipo de reuniones, concentraciones o manifestaciones, a buscar los aparatos de propaganda, y a adoptar medidas de sustitución para cualquier servicio público que pudiese secundar la convocatoria. Martín Villa recordó también a los gobernadores la prohibición de « manifestaciones públicas » así como:

actividades y demostraciones consistentes en actos de propaganda, venta y difusión de publicaciones de dicho partido, pues su legalización no le exime del cumplimiento de dichas normas […] deberán reprimirse al máximo este tipo de manifestaciones y demostraciones públicas que, además de perturbar el ambiente ciudadano, pueden contribuir a fomentar peligrosas tensiones28.

17Frente al temor, la desconfianza, incluso la subversión, que para el Gobierno representaba el PCE, el suarismo estaba dispuesto a impedir cualquier interferencia en el proyecto reformista y su particular manera de entender la moderación. Por eso Arrimadas disolvió a porrazos a la militancia comunista que protestaba en Albacete contra la detención navideña de Carrillo29. En enero de 1977 un responsable comunista de Hellín fue detenido y encarcelado por portar documentación del partido y algunos carnés30. En febrero, 21 sacerdotes del Movimiento Rural Cristiano fueron detenidos por reunirse, en sesión privada y sin público, para debatir sobre las posibilidades del sindicalismo agrario en la provincia. Y en el contexto de la legalización del PCE, ya en la primavera del setenta y siete, documentamos también agresiones y detenciones; entre éstas últimas las de unos jóvenes sorprendidos… pegando carteles de propaganda comunista31. Según Sabio y Sartorius entre enero y marzo de 1977, se detuvieron en España a 2.745 personas por motivos político-sociales, casi las mismas que durante el segundo semestre de 197632. Se prohibieron incluso las concentraciones convocadas con un claro tono mesurado y pacífico. El primero de mayo de 1977, a seis semanas de las elecciones, fue prohibido en toda España a pesar del compromiso de los sindicatos para celebrar un acto tranquilo y no politizado. El problema de fondo era la calle.

18Entre el otoño del 76 y las primeras semanas del 77 adquirieron especial relevancia las actuaciones de los grupos parapoliciales de extrema derecha que gozarían del apoyo o la impunidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los gobernadores extremaron las medidas coercitivas con detenciones de entre tres mil y cuatro mil quinientas personales anuales en el periodo. Sin embargo, fruto de la arbitrariedad y de una mayor permisividad orquestada por el gobierno, el año 1978 conoció un mayor número de autorizaciones y menos detenciones33.

19Si el Fraga ministro la quería para sí, Martín Villa mostró idéntica debilidad por la calle. En otra instrucción, también reservada pero esta vez firmada por un ministro rebosante de « legitimidad para ejercer la autoridad » tras las elecciones, el antiguo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona recordaba a sus gobernadores la necesidad de no confundir « democracia con falta de autoridad ». Como norma de aplicación general solicitó de sus gobernadores un « amplio criterio de libertad en el terreno de las ideas (sic.) y restrictivo e inflexible en la calle » donde el orden debía « ser asegurado con medidas enérgicas, inflexibles » por « la tranquilidad de los ciudadanos ». Pensando en esa « tranquilidad », los ciudadanos activos que decidiesen protagonizar un piquete informativo serían neutralizados « con toda energía » y sus detenciones « difundidas al máximo por la prensa », las multas debían ser pocas en número « pero altas en su cuantía, sin importar que la misma rebase las atribuciones del gobernador ». Martín Villa recordaba también a los gobernadores la posibilidad legal (hasta el 28 de febrero de 1978) de practicar arrestos sustitutorios por impago de multas. Los encierros en edificios públicos serían abortados con dureza, y en los privados se autorizaba la intervención sin autorización del propietario o el juez en caso de existir una « clara situación de alteración o escándalo público ». Como meses atrás, se impedía « la repetición de manifestaciones sobre los mismos temas » y sus recorridos « se establecerán en zonas no céntricas » para invisibilizarlas34.

20A la acción gubernamental se unió su propia inhibición frente a los ataques de la ultraderecha. El 26 de noviembre de 1976 una bomba explotó en la Librería Popular causando importantes desperfectos. Inaugurada en septiembre de 1975, la librería era la sede encubierta del PCE provincial, punto de encuentro de toda la oposición y dinamizadora cultural y política de la capital. El propio Gobierno Civil puso el recinto en el disparadero con sus sistemáticas prohibiciones. Con posterioridad hubo un intento de quemar la casa de un militante comunista en Hellín, ardió la sede del PSOE en la capital, y la sede del PCE en Tobarra fue asaltada. En mayo de 1978 la sede comunista de La Roda corrió la misma suerte. Todas aquellas acciones terminaron de la misma forma: sin detenidos ni esclarecimiento de los hechos. La inhibición gubernamental frente a ese tipo de atentados buscaba, esta vez por otros medios, idéntico efecto desmovilizador y moderador de las actitudes opositoras, en este caso por el riesgo involucionista35.

Los Gobernadores de Partido

21Hasta la desaparición del partido-organización, los gobernadores civiles habían venido desarrollando la doble función de representantes plenipotenciarios del gobierno, y jefes provinciales de FET-JONS (o del Movimiento). Después de las elecciones de 1977 los gobernadores recuperaron de facto esa doble función política y gubernativa, en este caso asociada a la recién creada Unión de Centro Democrático. Todo indica que tras la victoria electoral, el gobierno procedió a la sustitución de los menos comprometidos (según Ponce Alberca, solo 1/3 de los nombrados entre agosto de 1976 y julio de 1977 continuaron con UCD), y los utilizó como agentes al servicio del partido. En el caso albacetense, el falangista confeso Moisés Arrimadas fue sustituido en mayo de 1978 por el ucedista Juan José Barco. El primero salió haciendo gala de su independencia política36. El segundo fue recibido como parte « de una operación del gobierno de UCD que sitúa a peones de su marca en la empresa de conservar el poder ». Según un líder provincial del partido « dentro del Ministerio del Interior había noticias en cuanto a la falta de idoneidad del gobernador cesado de cara a la consolidación del partido»37. Los buenos resultados electorales de UCD en la provincia contrastaban con una fragilidad organizativa que Barco, según se creía, podía contribuir a apuntalar.

22Las pruebas de la utilización por UCD de los gobiernos civiles como plataforma para consolidar su estructura política y con ella sus expectativas electorales, son cada vez más numerosas y claras38. En la anteriormente citada instrucción reservada de octubre de 1977, Martín Villa planteaba sibilinamente la necesidad de que los gobiernos civiles actuasen como parte de la cadena de transmisión entre gobierno y partido:

siendo la UCD el partido ganador […] se impone se acate la línea gubernamental en toda su extensión, coordinando los intereses particulares del partido con la política general programada por el Gobierno. De ahí que se exija una perfecta síntesis entre partido y Gobierno para llevar a cabo las responsabilidades que impone la acción política y administrativa.

23De hecho, en sus declaraciones a los medios de comunicación del mes de julio anunciaba un nuevo talante en el gobierno de las provincias, con más retórica que efectividad como se podría comprobar poco tiempo después, aunque no dudara en subrayar que « el pluralismo político debe ser aceptado y mantenido, sin perjuicio de la concreta opción política del Gobierno, que en todo momento debéis representar y servir ». Sin embargo, todo ello debería de ser compatible con el reforzamiento de la institución « para entender mejor los fines y funciones del Gobierno en el ámbito provincial»39.

24El 31 de agosto de 1978, el director general de política interior solicitaba a todos los gobernadores preparar y enviar con carácter reservado todo lo relacionado con actividades de partidos políticos con representación parlamentaria siendo « lo más completo posible » el parte referido a UCD. Solicitaba también informes sobre los compromisarios elegidos en las asambleas provinciales de UCD que debían asistir al Congreso Nacional, con expresión de « edad, profesión, prestigio personal y si estaba afiliado a algún partido político de los que se integraron en UCD, y si en la actualidad se le considera integrado en alguna tendencia o grupo concreto dentro del partido»40. Tras las municipales, el mismo director solicitaba de los gobernadores información sobre las estrategias de los partidos y los movimientos sociales frente al gobierno de UCD41. En un telex de 23 de diciembre de 1980 se establecía que con carácter bimestral los gobernadores remitiesen a la dirección general de política interior informaciones concretas sobre las actividades de los partidos políticos en la provincia en relación a la política general, regional y local, además de un apartado exclusivo para despiezar críticamente la situación del partido en cada provincia42. También en 1980 y en el marco de la moción de censura al Gobierno, Josep Clarà documenta cómo la misma dirección general reclamaba nuevamente informes cuyo único fin era diseñar la acción política de UCD. Entre el 21 y el 22 de mayo los gobernadores debían remitir al ministerio información sobre el impacto del debate y la impresión general sobre el mismo entre diferentes sectores sociales, además de informes sobre posibles ilegalidades cometidas por el PSOE entre 1979 y 1980 o apoyos a grupos extremistas43.

25Las actuaciones de la Guardia Civil frente a las nacientes organizaciones políticas son reveladoras de la obsesión informativa del gobierno. A mediados de mayo de 1978 fue el PSOE quien denunció delante del gobernador Barco algo parecido a un acoso policial. A su modo de ver, « a algunas agrupaciones de los pueblos » las fuerzas del orden « les piden constantemente datos sobre dirigentes, número de militantes y otras cuestiones»44, comentándole de paso el vacío que se les hacía en la mayoría de los centros oficiales a los que se dirigían en busca de « informaciones técnicas » que consideraban imprescindibles para su acción. Una de esas localidades fue Tobarra, donde los socialistas de la localidad expresaron su malestar por las indagaciones de las fuerzas del orden para disponer de información sobre afiliación. Al parecer ésta era una práctica extendida en las poblaciones más pequeñas de la provincia. Los socialistas de esos pueblos decían sentirse presionados por el celo informativo de las autoridades del orden45. Y quizá no exageraban, pues todavía a principios de 1982 denunciaban la vigilancia de que eran objeto por parte de la Guardia Civil durante la preparación de una huelga en la localidad de Almansa46. Los comunistas sufrieron los mismos problemas. El PCE albacetense comunicó a la prensa su « extrañeza » por el interés del cabo primero del puesto de la Guardia Civil de La Roda por recabar información acerca del número de afiliados comunistas en la localidad. Cuando denunciaron esta circunstancia al gobernador, éste parece que argumentó que tan solo se trataba de una iniciativa personal47.

26Tras las elecciones de junio de 1977 una de las tareas esenciales de los gobernadores fue el mantenimiento sin deserciones masivas de la estructura municipal franquista a la espera de la convocatoria de las primeras elecciones municipales democráticas de la recién estrenada democracia. A Martín Villa le preocupaba la « desestabilización de la vida pública española48» que un movimiento dimisionario masivo pudiera desencadenar. Duda el antiguo ministro en sus memorias si esa fue la mejor decisión, o si hubiera sido más positivo montar gestoras municipales configuradas proporcionalmente en base a los apoyos recibidos por las diferentes opciones políticas en las generales de junio. Pero rápidamente responsabiliza al PSOE por su escasa convicción a la hora de plantear esas demandas, que achaca a la debilidad de los cuadros socialistas para asumir esas responsabilidades. Nada aclara el ex ministro sobre si su partido, levantado con no poco retraso y apresuramientos, padecía idénticas dificultades. Como hemos apuntado en otro lugar, el retraso hasta 1979 de las municipales obedeció a múltiples factores entre los que podemos señalar la estabilización de la reforma democrática en manos del gobierno, la protección de las negociaciones políticas entre las élites o la consolidación de los objetivos y proyecciones electorales tanto de UCD como del PSOE49. Pero durante casi dos años, el gobierno disfrutó de un control casi absoluto de la periferia administrativa a través de unos gobernadores que, en ocasiones como esta de Albacete, fueron claramente designados para actuar con la doble condición de delegados gubernativos y dinamizadores de UCD50. Eso explicaría, al menos en parte, por qué UCD pudo disputar 3 de cada 4 alcaldías en España y el PSOE apenas 2 de cada 551.

27El retraso en la convocatoria electoral, y la llegada en la primavera de 1978 de un gobernador de UCD tuvo efectos positivos para este partido en muchas provincias. En 1977 y a pesar de la victoria, UCD fue segunda fuerza política en 26 municipios de la provincia de Albacete (que tenía 86), entre los que se contaban los más importantes y más de la mitad de la población provincial. Pero en las municipales de 1979, UCD ganó por vez primera en la capital y ganó en la Diputación. Solo los pactos PSOE-PCE acabarían arrebatándole ambas instituciones. Vía pacto el PSOE gobernó 207.364 habitantes frente a 107.641 de UCD. Para el PSOE gestionar la Diputación y la capital resultó esencial para su consolidación al disponer de plataformas de gobierno y presupuestos con los que actuar y prestigiarse. Todo lo contrario sucedió con UCD que perdió « la situación idílica con que había contado hasta estas elecciones »: se convertía en oposición, el gobierno civil perdió parte de su capacidad para auxiliar electoralmente al partido, y se le cerraron vías esenciales de promoción y formación a través de la gestión presupuestaria52. Llegados a ese punto el gobierno civil protagonizó una reacción desesperada a través de la cual intentó forzar un nuevo escenario en la Diputación.

28El resultado de las municipales y los cómputos correspondientes para la conformación del pleno provincial arrojaron un saldo equilibrado resultante de la suma de los diputados socialistas y comunistas, frente a los obtenidos en solitario por la UCD. Para estos casos la normativa establecía que los empates sin acuerdo se resolverían con la designación como presidente del diputado de mayor edad, cualidad que no por casualidad ostentaba un socialista histórico de 81 años procedente de la pequeña localidad de La Recueja.

29Estanislao Valero era un hombre con una preparación muy escasa, llamado a actuar al dictado de un partido que lo aupó a la Diputación con el único propósito de que le entregase la presidencia. Pero lo cierto es que, como escribía el colectivo Sagato el 23 de mayo, era un presidente legal y legítimo, y representaba más voto popular que UCD. Que la figura de Valero no era la más adecuada para dirigir la Diputación quedó pronto puesta de manifiesto por su sordera y su incapacidad para moderar el pleno53. El PSOE reaccionó preparando un decreto presidencial por el que delegaba formalmente sus atribuciones sobre la vicepresidencia. La UCD protestó abandonando el pleno o difundiendo bulos sobre la inseguridad de los ahorros de los clientes de la Caja de Ahorros Provincial ahora en manos socialistas. Pero el gobernador dio un paso más. Barco, amparándose siempre en informes jurídicos redactados por funcionarios propios, decidió actuar como los viejos gobernadores franquistas y con la Ley de Régimen Local de 1955 en la mano suspendió el primer acuerdo de la Diputación desde 1940 por su presunta ilegalidad e invocando sus obligaciones de tutela sobre la institución. Defendió su decisión como aséptica, pulcra, algo puramente legal y técnico que en última instancia deberían resolver los tribunales. Unos tribunales a los que bien pudiera haber recurrido UCD, pero lo hizo el gobernador protagonizando una interferencia política inaudita. Finalmente se impuso el talante negociador, y el 10 de julio la prensa anunciaba el acuerdo por el que el socialista Juan Francisco Fernández (el vicepresidente), pasaba a la presidencia, la vicepresidencia era para UCD y en la Caja se establecía un reparto proporcional de los sillones54.

30La perspectiva utilizada en este trabajo coloca el proceso transicional delante de un espejo que nos devuelve un reflejo crítico del mismo. Los gobiernos civiles, como parte de la estructura coactiva del Estado franquista fueron utilizados por el suarismo para disciplinar en la reforma a los sectores críticos con el proyecto gradualista gubernamental. Con independencia de la consistencia y la extensión de los apoyos que pudiera haber disfrutado el proyecto rupturista, o la centralidad que políticamente ocupaba el pueblo español en las encuestas, el gobierno diseñó una estrategia capilar para neutralizar, con no pocas dosis de violencia, a cualquiera dispuesto a desafiarle en el espacio público. Para el Ministro de la Gobernación la calle era, en todo caso, del gobierno y de su proyecto. Huelguistas y comunistas fueron, lógicamente, las víctimas propiciatorias, sin olvidar la nitidez con que desde Gobernación se planteó la estrategia de división de la izquierda tolerando la actividad socialista. En provincias con predominio del mundo rural como la aquí examinada, la estrategia tuvo efectos depresores sobre la emergencia de partidos y sindicatos, que no dio signos de vitalidad (comunistas al margen) hasta bien entrada la primavera de 1977. Sin olvidarnos de los efectos, también negativos, sobre la difusión de una cultura democrática alternativa, y la construcción de una ciudadanía política activa en el medio rural. La activación de recurrentes mecanismos coactivos del pasado para la contención del adversario político resulta apenas una herencia visible de un pasado resistente a los cambios. Los gobernadores, antaño líderes simultáneos del partido-Movimiento, asumieron con UCD nítidas funciones políticas como organizadores, intermediarios e informadores al servicio del partido a la vez que como delegados del gobierno. Cumplieron pues su papel de elementos democratizadores pero solo al dictado del proyecto ucedista, lastrando así las posibilidades políticas de otros agentes. Era una visión muy restrictiva de los derechos políticos, donde primaba mucho esa visión pacata del orden público, y de la exclusión del adversario político. Un ejercicio del poder, por tanto, más excluyente que inclusivo que marcaría la hoja de ruta de la posterior consolidación democrática del país.

31Las necesidades de estabilización de la reforma política y la definición de su control por el gobierno implicaron de lleno al mundo rural. El retraso en la celebración de elecciones municipales, justificable por la escasa estructura organizativa de los partidos sin que apliquemos el mismo rasero con las sindicales, facilitó el control gubernamental sobre la periferia administrativa durante un periodo trascendental. Un control sobre el que el gobierno mostró un interés tempranero dando también continuidad a modelos de gestión y representación de los intereses económicos agrícolas a través de las Cámaras Agrarias, instituciones claramente deudoras de la experiencia dictatorial y desarrolladas con la finalidad de crear bases de apoyo político afines y limitar la influencia sindical de la izquierda en el campo.