Conflicto político, violencia y poder en Colombia
p. 63-71
Texte intégral
1Es claro que la violencia ha sido una vía utilizada históricamente por la sociedad para resolver sus diferencias entre sí, y que ésta puede ser de tipo social, político, económico, familiar, entre otras. Ya desde la Roma esclavista o la antigua Grecia, el hombre se valió de métodos violentos para doblegar al otro. Incluso también el proceso colonizador europeo sobre Asia, África y América estuvo acompañado del sometimiento forzoso a los pueblos descubiertos. Se sabe pues que los conflictos son normales en cualquier sociedad y que éste « no es otra cosa que la manifestación material en las distintas sociedades humanas, de la diversidad, de las distintas expectativas, de la diversidad de los intereses contrapuestos, que son en buena medida un motor de desarrollo de la sociedad ». Otra cosa es que al parecer en Colombia, hay un hilo conductor asociado a cultura -política y violencia y que por tanto, en el país nos hemos habituado a resolver los conflictos a través de la violencia, máxime cuando las luchas sociales « históricamente han sido percibidas como subversores del orden y, en esa medida, fueron situados en ese campo grisáceo en que limita la subversión con la delincuencia y el tratamiento ha sido adecuado a estas circunstancias »1. Por supuesto a esta mirada se oponen estudios como los del historiador Eduardo Posada Carbó, para quien existe una sobrevaloración sobre la cultura violenta de los colombianos, a lo que él antepone más bien, argumentos para sustentar la tesis de que hemos sido una sociedad tolerante, con una democracia liberal en la que sólo una minoría ha acudido a la violencia como medio para resolver sus conflictos2. Sobre esto, coincidimos con Posada en que no es la sociedad en general, sino grupos focalizados de personas (políticos, bandoleros, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes) los que han persistido en acudir a la violencia como medio para satisfacer determinados intereses, o en otras ocasiones –ante la ausencia de justicia, la inequidad social y la exclusión– diversos grupos de ciudadanos deciden acudir a mecanismos por fuera de la institucionalidad para reclamar soluciones a sus problemas. También es cierto que diversos movimientos e identidades (campesinos, obreros, indígenas) han optado por la protesta o la movilización social en procura de defender sus causas a través de nuestra historia, y con frecuencia el Estado ha sido indiferente o intolerante ante la protesta, al punto de estigmatizar a todo aquel que vaya en contravía a sus intereses, incluso antes de los inicios de la guerra fría en los que la Doctrina de Seguridad Nacional ubicaba a los ciudadanos entre amigos y enemigos del Estado.
2De otra parte, si analizamos la historia hispanoamericana durante el siglo XIX para enfocar el tema en una larga duración, observaremos cómo los procesos de consolidación de los Estados-Nación y legitimación del nuevo Estado, una vez obtenida la independencia, implicaron la afirmación de los criollos y la invisibilización de las otras identidades pues se trataba de erigir un único tipo de ciudadano. Como lo anota el historiador Rodolfo De Roux, los criollos « cayeron en la ilusión de la nación virgen tentada de dar la espalda a negros, indios y españoles para desposar a la modernidad inglesa o francesa »3. El nuevo discurso implicaba unificar a las naciones en torno a unos valores en los cuales los otros no encajaban bien. En este contexto, se construyeron discursos para reafirmar unos valores y un tipo de sociedad en el que los héroes patrios mantuvieron a través de los siglos su vigencia y mayor importancia frente a los hoy llamados grupos subalternos4.
3En el caso colombiano, tuvimos un siglo XIX violento en el cual las guerras civiles fueron una constante para dirimir confrontaciones partidistas a través de las armas, primero entre federalistas y centralistas y luego, entre liberales y conservadores. También los artesanos se movilizaron y se enfrentaron al establecimiento para reclamar sus derechos. Quiere decir lo anterior que el nuevo siglo despertó con una guerra civil, la de los Mil Días, y que múltiples tipos de violencia han estado ligadas a la historia del país, desde hace más de un siglo. Lo importante del análisis es que
la violencia ha sido un proceso estructurador y a veces decisivo a través de la historia colombiana... [esto] puede parecer que el país ha tenido un pasado particularmente violento. Sin embargo, una historia violenta es común a la historia de la humanidad en su conjunto. Una de las principales características de la violencia es su universalidad en los procesos estructurales de las sociedades humanas. Sin embargo, éste no es el punto fundamental: más importante es el hecho de que los seres humanos son pacíficos bajo ciertas circunstancias estructurales y son violentos bajo otras5.
4Luego de la famosa Guerra de los Mil Días, evento con el cual se inició el siglo XX, el país sufrió no sólo consecuencias en pérdidas de vidas, sino también su economía recibió un duro golpe. Era tal la desolación que, como lo anotan algunos autores, « si Colombia hubiera hecho un esfuerzo intencional por defraudar las esperanzas que se cifraron en la nueva nación independiente, no habría podido hacer un trabajo mejor »6. En contraste, hubo otros conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, de la que se beneficiaron diversos sectores del país que disfrutaron de la « prosperidad de la guerra ». Así por ejemplo, ante el cierre de las importaciones de telas, los textileros triplicaron sus ventas en el mercado nacional. Incluso hubo hechos singulares como el de Tejidos Coltejer, quienes a cambio de maquinaria norteamericana para su industria produjeron uniformes para el Ejército norteamericano. También los industriales del cemento incluso fundaron tres nuevas empresas durante la guerra7.
5En los años veinte del siglo pasado, las primeras generaciones obreras en el país fueron reprimidas por el Estado. A las élites nacionales les preocupaba enormemente que los vientos liberadores que venían de Europa (revolución rusa), México (revolución agrarista) y Argentina (revuelta estudiantil de Córdoba) influyeran en los trabajadores y sus líderes. No en vano, el partido socialista obrero, el partido socialista revolucionario y el partido comunista surgieron precisamente en las primeras décadas del siglo, y algunas de estas colectividades no descartaron a la violencia como método para obtener sus metas. Ejemplos de violencia estatal fueron la prohibición del derecho a la huelga y a los sindicatos, decretada por el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930) y la masacre de las bananeras de 1928. Como lo anotase Catherine LeGrand, la United Fruit en Colombia, logró con la complicidad del establecimiento erigir un « Estado dentro del Estado » en el que prácticamente las leyes eran impuestas por esta compañía norteamericana y los campesinos que laboraban para ella vivían en condiciones inhumanas sin servicio de salud ni derecho a un trato digno, es decir que la compañía frutera propiciaba, con la indolencia del Estado, una violencia social sobre sus trabajadores8.
6La génesis de la llamada primera Violencia hunde sus raíces en la finalización de la llamada hegemonía conservadora en 1930. Al retornar el liberalismo al poder, luego de más de cuatro décadas, esta colectividad se enfrascó en una lucha sin cuartel con el conservatismo para recuperar los espacios perdidos. Los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán, que desembocaron en su magnicidio, marcan la génesis de un enfrentamiento político irracional entre el liberalismo y el conservatismo que sólo culminaría con la instauración del acuerdo bipartidista. Así surgirían los primeros grupos de desplazados en el país, campesinos que huían de sus tierras perseguidos por los llamados pájaros y por sus enemigos políticos. Luego el golpe de Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, inauguraría un periodo de tregua bipartidista que se extendería hasta los finales del Frente Nacional. Allí el precio de la armonía liberal-conservadora fue la persecución y la exclusión política de todas las fuerzas ajenas al liberalismo y el conservatismo. Llama la atención entonces cómo el Frente Nacional pudo propiciar las condiciones para resolver las diferencias políticas entre las élites nacionales y al mismo tiempo, estas fueron incapaces « para establecer los canales institucionales apropiados para dirimir en forma pacífica los antagonismos con las clases subordinadas »9.
7Alrededor de las diversas explicaciones sobre las raíces de la violencia colombiana hay un sinnúmero de miradas, que van desde atribuirla a problemas partidistas, a la lucha de clases, a la fragilidad de las instituciones políticas, a la injusticia social y al derrumbe parcial del Estado, entre otros motivos. Es importante hacer distinción entre diversos momentos de la Violencia colombiana interconectados entre sí, que a juicio de Daniel Pécaut, se constituyen en diversos estratos históricos de un fenómeno complejo. Así por ejemplo, según este autor, el primer estrato correspondería a la guerra de los años cincuenta, el cual tuvo como protagonistas a los grupos de autodefensa campesina en la lucha por sus intereses, quienes devendrían luego en los sesenta, las guerrillas clásicas colombianas (FARC, ELN). Luego, a partir del triunfo de la revolución cubana estas adquirirían otra connotación (maoista, guevarista, inspiradas en la teología de la liberación) y surgirían otras nuevas como el EPL, añadiendo nuevos elementos a la confrontación (constituyendo el segundo estrato). Un tercero, surgiría en los años ochenta a la par con los conflictos centroamericanos, etapa de radicalización política de las guerrillas y surgimiento de estrategias en pos de derrumbar el régimen. El último estrato entonces estaría asociado al final de la guerra fría y a la pérdida de referentes ideológicos externos, periodo en el cual se expande el paramilitarismo en su lucha por el control territorial y las guerrillas optan por dedicarse de lleno al negocio del narcotráfico y la extorsión como medio para subsistir, acumular riquezas y fortalecerse10. Es de señalar, que no en todas las regiones del país, la violencia ha tenido la misma incidencia11 ni las mismas manifestaciones sino que ello ha variado, dependiendo del contexto. Los partidos políticos, las élites políticas y económicas, y los grupos armados en Colombia, se han valido del poder de la violencia como un instrumento de presión para el logro de diversos propósitos particulares como la apropiación de las mejores tierras o el manejo de lo público. Las élites han sido polivalentes, esto es, han transitado de lo público a lo privado y viceversa.
8Nos proponemos entonces establecer los nexos entre violencia política y social, dado que hechos históricos como el desplazamiento forzado o la protesta, han sido acallados sistemáticamente a través de la represión o el aniquilamiento. Regulaciones como la Ley Heroica, que prohibía el derecho a huelga a fines de la década de los años treinta, hechos como la masacre bananera de 1928, el asesinato de estudiantes, de líderes como Guadalupe Salcedo, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y una serie interminable de militantes de la izquierda nacional12, son tal vez un reflejo de un establecimiento poco tolerante con las diversas formas de oposición. A decir del historiador César Ayala, un hecho singular en Colombia, es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos liberal y conservador para « continuar la política por otros medios »13. Como lo anotase recientemente el historiador Herbert Braun, la violencia « también fue liberal », sólo que la historiografía colombiana al respecto ha estado permeada por miradas muy complacientes con el rol del liberalismo en los años de la Violencia14.
9Hemos asistido pues al siglo XX, periodo en el cual las llamadas terceras fuerzas políticas estuvieron marginadas del poder y sólo tuvieron cabida dentro del Estado a partir de la Constitución política de 1991, lo cual se ha hecho evidente con la elección de alcaldes y gobernadores de movimientos cívicos, oxigenando así la política. Esto debido a que la clase dirigente del país « con el soporte del Estado, acabara con los movimientos y los ensayos de terceros partidos –como el MRL, la Anapo o el Nuevo Liberalismo– impidiera la expresión fluida de los conflictos sociales y neutralizara las reformas sociales importantes »15. Hoy sabemos que entre 1946 y 1966 el país fue protagonista de una de las más intensas formas de violencia civil, periodo en el cual hubo alrededor de 200.000 muertos en una nación de trece millones de habitantes. Los móviles de estos enfrentamientos, eran disputas burocráticas e ideológicas por el control del Estado y « los aparatos políticos se utilizaron para llevar la guerra a las áreas rurales, y la mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario sirvió para escalar la violencia »16. Surgen precisamente las guerrillas de las FARC y el ELN en este lapso, como respuesta a los problemas sociales de la época.
10Incluso, al comienzo del Frente Nacional, cuando ya los niveles del enfrentamiento bipartidista habían disminuido, Colombia llegó a ocupar la tasa más alta de muertes intencionales en el mundo17. Ya luego, de una tasa de cincuenta homicidios por cien mil habitantes en 1959, la cifra en Colombia descendió a un promedio de 20 o 30 homicidios por habitante en el periodo 1965-197518. Posteriormente, en la llamada segunda etapa de la violencia en Colombia (1987-2006), se registraron 484.714 homicidios, la mayoría asociados a la violencia común, aunque « en Colombia es confusa la línea divisoria entre violencia común y violencia política »19.
11Otro hecho relevante en la historia más reciente de Colombia ha sido la recurrencia del Estado de Sitio como mecanismo para resolver las crisis internas, lo cual ha conducido al debilitamiento de las instituciones y al fortalecimiento desmedido del control del Ejecutivo sobre los asuntos de orden público. Incluso entre 1958 y 1988, el Estado de Sitio tuvo una duración de 22 años, lo cual hizo posible que el Poder Ejecutivo se convirtiera de facto, en un poder legislativo20. En este contexto, se aprobaron el Estatuto de Seguridad, del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978- 1982) y el Estatuto de Defensa de la Democracia durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), los cuales « penalizaron conductas en las que incluyeron distintas formas de protesta social y ciudadana, permitidos en cualquier Estado de derecho »21. A lo mejor todas estas medidas de excepción, han insistido en la persistencia en recurrir a nuevas normas o a la creación de comisiones para resolver los problemas del país, en vez de medidas de fondo pues se pretende cambiar la realidad decretando normas y no estableciendo consensos.
12Cabe insistir en el lucro o beneficio particular como uno de los móviles de la violencia en Colombia, a lo largo de su historia. Así lo explicaba, por ejemplo, Eduardo Santa, respecto a los años 40– 60 del siglo pasado, al afirmar que cuando
los motivos políticos comenzaron a desaparecer gradualmente entre los autores de la violencia oficial, puesto que muchos descubrieron que la violencia dirigida contra personas indefensas cosechaba dividendos económicos considerables. La policía, los detectives y los pájaros al servicio de los comités políticos partidistas o caciques sectarios encontraron lucrativo robar haciendas, fincas, llevarse la cosecha de café o comprar propiedades rurales y urbanas a precios bajos, de las indefensas víctimas amenazadas a muerte... Así se crearon los beneficiarios de la violencia y fue frecuente que los jefes políticos regionales la propiciaran dadas las ventajas económicas que de ella derivaban22.
13Las causas para explicar la larga duración del conflicto armado en Colombia y su larga espiral de violencia, tienen que ver con la exclusión y un proceso de consolidación del Estado-Nación, en el cual no todos los ciudadanos se han percibido incluidos a excepción de algunas regiones más privilegiadas del modelo centralista, al cierre durante décadas de oportunidades para la participación política a los movimientos considerados opositores por parte de unas élites políticas muy conservadoras, al descuido de lo social, a la exclusión y la violencia de una sociedad inequitativa donde no se ha realizado una reforma agraria profunda y a las inconsistencias de un Estado históricamente débil, con una precaria presencia en buena parte del territorio nacional, entre otros motivos23. Por supuesto hay otras miradas especulativas sobre la violencia, las cuales sostienen que hay un gen violento en los colombianos o que incluso la geografía colombiana, presta sus condiciones « al triángulo férreo de la violencia »24 y por ello, en esta abrupta geografía y en especial en zonas apartadas del país « es, y siempre ha sido fácil ser rebelde » pues a juicio de James Henderson, « es la dificultad de su territorio lo que determina el alto grado del segundo elemento del triángulo, la debilidad del Estado colombiano »25. Si aceptáramos esta tesis, se tendría que suponer entonces que en los países o regiones más abruptas del planeta existen condiciones más propicias para la violencia y lo contrario, en las zonas de mayores planicies, lo cual nos resulta un determinismo geográfico. Más bien, en coincidencia con Alejandro Reyes, afirmaríamos que el primer error estratégico del Estado Colombiano, que terminó propiciando el surgimiento de las guerrillas fue « aplastar con represión militar las movilizaciones pacífìcas de las organizaciones campesinas y por tanto cerrar la vía reformista »26.
14También recordemos que el narcotráfico ha sido un importante combustible que ha jalonado la violencia en el país y ha degradado la guerra, desde la época de su aparición en los años setenta, hasta nuestros días. No es sino recordar el aciago periodo de la lucha de los carteles de la droga contra el Estado en el tema de la extradición, periodo en el cual se dieron los más bárbaros secuestros y asesinatos de ciudadanos inocentes (avión de Avianca, edificio del DAS, masacres) y apareció en escena el llamado narcoterrorismo. Asimismo, los vínculos del narcotráfico con los grupos guerrilleros y el paramilitarismo hicieron posible la supervivencia y expansión de estos grupos ilegales al punto que, entre 1991 y 1996, el 41 % de los ingresos de las FARC provinieron del negocio ilegal de las drogas (470 millones de dólares) y el 70 % de ingresos de las llamadas autodefensas campesinas de Colombia en el mismo lapso (200 millones de dólares) también se debieron a este matrimonio27. Ahora bien, se sabe que más allá del caso colombiano, se han realizado estudios sobre 78 guerras civiles ocurridas entre 1960-1999 en los cuales se concluye que las utilidades originadas de recursos naturales se han ido convirtiendo en el combustible más generalizado de las guerras internas hoy en el mundo y « el riesgo potencialmente más elevado de conflicto armado se presenta en las naciones que dependen de uno o de pocos productos primarios de exportación, debido a las posibilidades de extorsión que estos le ofrecen a las organizaciones rebeldes » mientras que en contravía a esta tendencia, las naciones muy pobres o con economías más diversificadas « son menos proclives a sufrir conflictos armados »28.
15La estela de violencia que dejó el paramilitarismo en el país se manifiesta en una altísima cadena de masacres (2.500) y cerca de 15.000 asesinatos selectivos en los últimos veinte años, liderados por los llamados señores de la guerra. El conflicto colombiano ha desembocado en una crisis humanitaria que incluso se ha desbordado a los países vecinos de tal forma que, entre 1985 y 2002, más de dos millones de personas fueron desarraigadas de sus hogares, víctimas de la creciente violencia, « generando una de las mayores crisis de desplazamiento interno de personas en el mundo »29. Lo peor de este asunto es que cada año, cerca de doscientas sesenta mil personas más se suman a la cadena del desplazamiento forzado en el país sin que al Estado parezca preocuparle grandemente.
A manera de conclusión
16Sobre Colombia se suelen tener miradas muy pesimistas o muy optimistas. Las primeras nos condenan a ser una nación de ciudadanos intolerantes y violentos que además no ha podido superar un conflicto armado interno, luego de más de cuatro décadas. Las segundas, nos clasifican como una democracia sólida y estable en la que las diferencias sociales no parecen tan marcadas. Yo diría en cambio, que no somos lo uno ni lo otro pues evidentemente sólo un reducto de la sociedad es quien se ha dedicado a utilizar mecanismos violentos para conseguir sus propósitos (bandoleros, guerrillas, paramilitares, mafias). También es cierto que sólo hasta la Constitución de 1991 se ha permitido el ascenso al poder de partidos no tradicionales. El que no hayamos tenido dictaduras no significa que tengamos una democracia plena, más allá de la que O’Donell denominase democracia delegativa. Según Gonzalo Sánchez, una particularidad del conflicto colombiano (desde los años ochenta) es « la multiplicidad de violencias en términos de sus orígenes, objetivos, geografía, modus operandi y estrategias, en donde lo pragmático y coyuntural parecería tener cada vez más peso en desmedro de los contenidos ideológicos ». Añade también que « en los mismos escenarios se pueden encontrar, diferenciados pero también entrelazados, el crimen organizado, la lucha guerrillera, la guerra sucia y la violencia difusa »30. Todos estos hechos han conducido a generar una imagen internacional muy negativa del país, máxime cuando la corrupción y el crimen parecieran campear de cara a un Estado permisivo y vulnerable.
17Se podría sostener que a lo mejor, un Estado menos precario, con instituciones más sólidas, y menos indolente ante la inequidad31 podría propiciar mejores escenarios para alcanzar la paz o, por lo menos, disminuir los altos niveles de violencia. Esto debido a que el conflicto en Colombia, como lo afirma incluso el Parlamento Europeo, va más allá de ser un problema exclusivamente armado y « tiene una dimensión social y política cuyo transfondo es la exclusión económica, política, cultural y social »32. No obstante lo anterior, también sabemos que « ninguna sociedad alcanza jamás una perfecta equidad y democracia, y es imposible demarcar una frontera a partir de la cual se pueda decir que una sociedad determinada las ha realizado ya »33. Asimismo, contrario a lo que se supone, al analizar la democracia en Colombia o su ausencia, no debemos olvidar que su grado de desarrollo o vigencia no guarda un orden homogéneo y simultáneo en todo el país pues:
existen grandes ciudades donde en la mayoría de sus localidades se impone algún tipo de orden democrático, salvo algunos vecindarios y negocios controlados por redes mafiosas, al tiempo que existen regiones enteras dominadas por los señores de la guerra o guerrillas, o donde se disputan su control al margen del Estado central34.
Tampoco la violencia y sus indicadores han afectado por igual a todas las regiones del país y en ciertos periodos fue más rural que urbana.
18Coincidimos con Hernando Gómez Buendía en que el conflicto colombiano, a la larga ha sido una guerra de perdedores en la que nadie ha ganado y hemos dilapidado lo mejor del país durante más de cuatro décadas. Ahora bien, querámoslo o no, habría que decir, como lo señalase Alberto Lleras Camargo en 1944, que « no se puede inventar una nación nueva, como si no tuviera cimientos, y ruinas, y como si los padres (y las madres) no hubieran existido, sufrido y trabajado sobre ella »35. La finalización del conflicto armado colombiano deberá seguramente pasar por una búsqueda de una solución política negociada. Sin embargo, como bien lo señala Daniel Pécaut:
hay motivos para temer que, aun si esta salida se produjera, tampoco bastaría para poner fin al conjunto de los fenómenos de la violencia. Muchos guerrilleros podrían zozobrar en el simple bandolerismo o preferir, como lo ha empezado a ocurrir, unirse a otras redes ilegales, sean narcotraficantes o paramilitares36.
19Habría que añadir, que hemos convivido con múltiples formas de violencia pero ello no nos convierte en un país bárbaro ni nos ha quitado el optimismo, los sueños o la esperanza en construir una mejor nación para nuestros ciudadanos. Lo otro sería resignarnos a ser sociedad incivil que sólo pareció despertarse de su letargo en el mandato ciudadano por la paz de 2001. Para un estudio de la nación en la larga duración, los trabajos del profesor Rodolfo de Roux nos han hecho posible una mejor comprensión de país, de cara a la historia latinoamericana.
Notes de bas de page
1 A. Vargas, « Antecedentes del conflicto armado en Colombia », en Democracia y proceso de paz en Colombia. Un debate desde la academia, R. González Arana (ed), Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2000, p. 3-6.
2 E. Posada Carbó, La Nación soñada, Bogotá, Ed. Norma, 2006.
3 R. de Roux, Violencias y tolerancias, Bogotá, Editorial Nueva América, 2000, p. 37.
4 R. de Roux, « La insoportable longevidad del héroe patrio », Caravelle, Toulouse, n° 72, 1999, p. 31-43.
5 P. Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá, Biblioteca Popular, 1978.
6 A. Montenegro, A. Rivas, Las piezas del rompecabezas, Desigualdad, pobreza y crecimiento, Bogotá, Editora Aguilar-Taurus, 2007, p. 19.
7 M. Mora, Historia de la Industria colombiana 1930-1968, Bogotá, Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, 1989, p. 338-339.
8 C. Le Grand, « Living in Macondo: Economy and Culture in a United Fruit Company Banana Enclave (Santa Marta, Colombia, 1890-1930) in Gilbert Joseph, Ricardo Salvatore & Catherine LeGrand, Close Encounters of the Imperial Kind: Writing the Cultural History of U. S. – Latin American Relations, Duke University Press, 1998.
9 N. Richani, Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia. Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional, 2003, p. 55.
10 D. Pécaut, Crónica de cuatro décadas de historia política colombiana, Bogotá, Norma, 2006, p. 531.
11 Se considera usualmente una guerra en la periferia y no en el centro o en las urbes.
12 Carlos Toledo Plata, José Antequera, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Jaime Garzón.
13 C. Ayala, Gilberto Alzate Avendaño y la mentalidad leopardo, Bogotá, Universidad Nacional, 2007.
14 Conferencia, Universidad del Norte, Octubre 9 de 2009.
15 F. Leal Buitrago, « Las utopías de la paz », en Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz, Bogotá, Tercer Mundo, Universidad de Los Andes, 1999, p. 112.
16 H. Gómez Buendía, El Conflicto, Callejón con salida, Bogotá, Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003, p. 26-27.
17 P. Oquist, op.cit., p. 11.
18 M. Rubio, Homicidios, justicia, mafias y capital social, Bogotá, Universidad de los Andes, 1996.
19 M. Chernick, Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano, Bogotá, Ediciones Aurora, 2008, p. 61.
20 P. Medellín, El presidente sitiado. Ingobernabilidad y erosión del poder presidencial en Colombia, Bogotá, Planeta, 2006, p. 60.
21 Idem.
22 E. Santa, citado por Oquist, op. cit., p. 28.
23 R. González Arana, « Conflicto y postconflicto colombiano en el ámbito Internacional », Bogotá, I Congreso Nacional de Ciencia Política 2008, mimeo.
24 Geografía, debilidad del Estado y poder de las ideas, según J. Henderson.
25 J. Henderson, « Víctima de la Globalización. ¿Cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia? », Bucaramanga, Congreso Colombiano de Historia, 2003, mimeo, p. 4.
26 A. Reyes, Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, Friedrich Ebert Stiftung, 2008, p. 2.
27 Departamento Nacional de Planeación, 2002.
28 E. Pizarro, Una Democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Norma, 2004, p. 173-175.
29 M. Chernick, op. cit.
30 G. Sánchez, E. Lair, (eds), Violencias y estrategias colectivas en la región andina, Bogotá, Norma, 2004, p. 22.
31 Colombia ocupa junto con Brasil y Paraguay el ser uno de los tres países más inequitativos de América Latina.
32 S. Ramírez, « Actores europeos ante el conflicto colombiano », en Nuestra Guerra sin nombre, Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Norma, 2006.
33 L. Restrepo, « Los arduos dilemas de la democracia en Colombia », en Nuestra Guerra sin nombre, Bogotá, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Norma, 2006.
34 G. Duncan, Los señores de la guerra, Bogotá, Planeta, 2006, p. 36.
35 E. Posada Carbó, op. cit., p. 302.
36 D. Pécaut, Las Farc. ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?, Bogotá, Norma, 2008, p. 184.
Auteur
Universidad del Norte, Barranquilla
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