Introducción

1Las memorias de un territorio son múltiples e interactúan, pueden solaparse, ser o no compatibles entre ellas y también combatirse o ser combatidas. La memoria es plural, aunque selectiva, eminentemente subjetiva, y no ajena a intereses varios, por lo que el riesgo que sufren de ser instrumentalizadas es evidente. La memoria colectiva no se destina únicamente al recuerdo del pasado sino también a la comprensión del presente y la construcción del futuro. Aunque el siglo XXI se ha impuesto como el siglo de recuperación de la «memoria histórica», la memoria ya había irrumpido en el terreno de la historia precedentemente, como objeto de esta1.

2Las políticas de memoria, por su parte, son intrínsecas a cualquier colectivo humano establecido en un territorio e influyen en su identidad y en aquello que definen como su patrimonio histórico. Las conmemoraciones, los museos, las exposiciones, la nomenclatura de calles y plazas, los homenajes, los monumentos, los memoriales, los premios, entre otras múltiples manifestaciones, participan en la recuperación y reelaboración de una memoria colectiva a la vez que, en la construcción identitaria de una comunidad en clave habitualmente nacional, puesto que todo proyecto se constituye a partir de una lectura del pasado y de la transmisión de unos valores determinados. En el ámbito hispánico, la relación entre memoria e historia, que se impone sobre todo a partir del cambio de siglo2, se integra en los debates que tienen lugar en Europa, América Latina o África, vinculados a la interpretación de los regímenes autoritarios del siglo XX y a las experiencias traumáticas de las guerras (civiles y mundiales). En España, tres décadas después de finalizada la dictadura franquista, se inició un proceso de revisión del pasado reciente y de reinterpretación del período de la Transición que remontaba hasta los años de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo y que, en definitiva, lo que llevaba implícito era un cuestionamiento de la calidad democrática de España. Las instituciones públicas debían ofrecer respuestas a la creciente demanda social.

3Cataluña no estuvo al margen del proceso de reivindicación de una política de memoria más acorde con los valores de un Estado democrático homologable a nivel europeo: al contrario, fue pionera en el desarrollo de unas políticas rupturistas e incorporó, además, importantes particularidades vinculadas, sobre todo, a la propia identidad cultural y a la voluntad de incluir a la reivindicación memorialista los valores republicanos. Este artículo tiene como objeto analizar la presencia de la memoria republicana en las iniciativas de las políticas públicas de memoria en Cataluña. Para ello se analiza la labor desarrollada fundamentalmente por la Generalitat —en buena medida a través del Memorial Democrático, institución adscrita desde 2007 a la Consejería de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, pero también desde la vicepresidencia del gobierno catalán—, así como desde el Ayuntamiento de Barcelona, por un lado, bajo el timón del Instituto de Cultura (ICUB) y, por otro, desde el área de Urbanismo. El estudio se centra en el período 2006-2011, en el que coinciden la presencia de gobiernos de izquierda tanto en la alcaldía de Barcelona como en el gobierno de Cataluña y en el de España, lo que se acompaña de la aprobación de toda una legislación de carácter memorial sobre la cual fundamentar las acciones. Esta investigación se cuestiona en torno al porqué de la relativa pérdida de la memoria republicana y a su encaje en el conjunto de memorias de Cataluña, en particular la de las víctimas del franquismo. Una de las principales aportaciones del estudio es poner de relieve que hubo significativas discrepancias en la construcción de una memoria histórica dentro de las instituciones catalanas.

4Tras hacer un breve repaso del modelo de Transición a la democracia en España y evocar la legislación sobre la que se apoyó la política de memoria de Cataluña en el periodo 2006-2011, abordaremos el espacio ofrecido a la recuperación de la memoria republicana, cómo esta fue rápidamente puesta fuera de juego y, para terminar, su relativo rescate, fundamentalmente desde la vicepresidencia del gobierno catalán.

1 Una Transición cuestionada, una legislación sobre la memoria

5El debate en Cataluña y España en torno a la recuperación de la memoria histórica no es ajeno a la revisión del proceso de Transición presentado durante tiempo como pacífico y modélico. La politóloga Paloma Aguilar defiende la tesis de que el recuerdo traumático de la guerra y de la represión había llevado a las élites políticas a erigir un régimen institucional alejado tanto del régimen republicano como de la dictadura, con el propósito de poner punto final a cualquier vestigio de enfrentamientos entre unos y otros. Se impuso el consenso y se instauró una monarquía parlamentaria que permitió la transformación —radical, pero sin ruptura— del régimen franquista en un régimen democrático3.

6Una de las consecuencias fue el mantenimiento de un patrimonio en el que seguían siendo visibles monumentos, nombres y espacios con referencias explícitas y de exaltación de la dictadura. Se ha escrito mucho sobre «memoria histórica» en contexto español, refiriéndose explícitamente a la memoria que emana de la represión ejercida por la dictadura franquista y que el proceso de Transición (1975-82/86) obligó al olvido. El nuevo contexto político y social, el interés por la revisión del pasado en países limítrofes y vecinos, la presencia de una generación crecida ya en democracia, etc., todo ello llevó a una demanda social de recuperación del pasado reciente y dignificación de las víctimas del franquismo. En esta revisión del pasado las políticas públicas de memoria debían cubrir lo que Ricard Vinyes define como el «gran vacío ético» promocionado por el Estado de derecho que no habría marcado una frontera neta entre democracia y dictadura, entre aquellos que habían luchado en el periodo precedente por defender la primera y aquellos que lo habían hecho desde el lado opuesto4.

7En Cataluña, tras más de dos décadas de gobierno de centro-derecha catalanista al frente de la Generalitat a través de Convergència i Unió, en 2003 se impone un gobierno de izquierdas, conocido como el Tripartito, fruto del pacto entre los tres partidos progresistas del territorio y que llevará a una ruptura con las políticas precedentes: los socialistas catalanes del Partit dels Socialistes de Catalunya, federado al PSOE; la izquierda independentista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); y la izquierda radical y ecologista de Iniciativa per Catalunya-els Verds (ICV), heredera del comunismo en Cataluña. De aquí surgirá el Memorial Democrático, vinculado a ICV, que dependía de la Consejería de Interior, Relaciones Institucionales y Participación5, en manos de Joan Saura, con el propósito de desarrollar las políticas públicas del Gobierno catalán y de recuperar, conmemorar y fomentar la memoria democrática. La vicepresidencia del gobierno, por su parte, quedaba en manos de la izquierda independentista (ERC), desde donde algunas iniciativas permitirían la proyección de una memoria más particularmente vinculada al catalanismo y a la cultura republicana.

8En Barcelona las cosas son algo distintas: la ciudad condal nunca había sido, como la Generalitat, feudo del centro-derecha catalanista, y desde las primeras elecciones democráticas de 1979, el consistorio había estado en manos de los socialistas del PSC, que rápidamente habían iniciado el proceso de desmantelamiento de la memoria franquista del espacio público. La simbología más visible directamente vinculada al franquismo fue suprimida en los primeros años de ayuntamiento democrático, pero este abandonó las propuestas iniciales de recuperación de la memoria republicana de la ciudad a través de la formación de los centros cívicos, concebidos como la restauración de los ateneos de tradición republicana6. La nueva legislación, en particular catalana, a partir de 2006 favorecerá la intensificación de la política precedente pero también introducirá algunos cambios importantes. El principal organismo del que emanan los proyectos memorialistas del ayuntamiento es el citado Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), creado en 1993 y que una década después incorpora una «comisión de memoria histórica» encargada de proponer y organizar los proyectos de cultura más vinculados a la cuestión memorial. El nuevo Plan estratégico de cultura de 2006 introducía en su amplio panorama de objetivos la voluntad de recuperar la memoria histórica reciente, llevar a cabo proyectos de museización y adecuar los espacios de memoria con elementos conmemorativos a partir de la señalización, el impulso de una Comisión de la Memoria Histórica y la creación y desarrollo de itinerarios, programas y actividades conmemorativos7. La gestión del patrimonio monumental, por otra parte, queda en manos del área de urbanismo del ayuntamiento, desde donde se gestiona parte de la política memorialista.

9En el ámbito estatal, los socialistas también ocupan la presidencia del gobierno español en este periodo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones en junio de 2004, lo que marca una ruptura con la etapa del conservador José María Aznar, pero también con la precedente del socialista Felipe González, presidente del gobierno entre 1982 y 1994. El cambio es en parte generacional: Rodríguez Zapatero tiene 44 años y representa a una generación de políticos que ya no había participado en el proceso de Transición.

10El nuevo contexto político se acompaña de una legislación en Cataluña y España que se preocupa por establecer el marco legal que permita el despliegue de iniciativas vinculadas a la recuperación y proyección de la memoria. La legislación catalana en esta materia es pionera y va más allá en sus reivindicaciones de lo que lo hará la legislación en el conjunto del territorio español. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006) establece que

La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas

11e impone el objetivo de lograr «el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña» (art. 54). También es su deber

[...] velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia8.

12Al Estatuto de Autonomía le sigue en breve la Ley del Memorial Democrático, aprobada en octubre de 2007 en Cataluña y que tiene por objeto desplegar las políticas públicas del Gobierno de Cataluña dirigidas a la recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática, subrayando que impulsará el conocimiento de la

Segunda República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de las víctimas del conflicto por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, de la represión de la dictadura franquista, del exilio y la deportación, del intento de eliminar la lengua y la cultura catalanas, de los valores y las acciones del antifranquismo y de todas las tradiciones de la cultura democrática9.

13El Memorial Democrático, en tanto que institución, fue el instrumento para llevar a cabo los objetivos de la Ley10. Pocos meses después de aprobada esta, el gobierno español aprobó la Ley de Memoria Histórica (diciembre de 2007), «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», una ley que incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, y que obligaba a retirar todos los símbolos franquistas del espacio público.

14Las principales particularidades de la ley catalana con respecto a la española son tres. La primera: la legislación catalana incorpora la cuestión de la identidad nacional. La recuperación y la promoción de la cultura y la lengua catalanas están en el epicentro de la vida política, institucional y social del territorio. La reconstrucción de una identidad históricamente reprimida/represaliada y sin estructuras de estado influye en los debates de memoria, y la Ley del Memorial Democrático hará referencia explícita a ello. En segundo lugar, se incorpora el concepto de «memoria democrática» que sustituye al de «memoria histórica», algo que tampoco pasó desapercibido y que rápidamente llevó a cuestionarse en torno a qué se entiende por recuperar, conmemorar y fomentar la «memoria democrática». Se objeta a esta idea que puede resultar problemático incorporar en esta memoria a sectores que en su momento no defendían un proyecto democrático11. Para quienes defienden el uso del concepto, sin embargo, la memoria histórica democrática consiste en construir y difundir el relato (o relatos) de los hechos del pasado. Jordi Borja, desde su compromiso político forjado en la lucha contra el régimen franquista y sus conocimientos de geógrafo urbanista y sociólogo, define el concepto como sigue:

supone la lectura crítica de la dictadura y la valoración de la resistencia democrática, sin silenciar ni perdonar nada, ni la violencia planificada del golpe militar y el Estado dictatorial ni los atentados contra los derechos de las personas realizados en nombre de la República o de la libertad12.

15En la misma línea, el historiador Ricard Vinyes afirma que la memoria democrática se nutre de la oposición de las clases subalternas a la dictadura, insistiendo en que pocas cosas hay más fuertemente inscritas en las memorias de estas que «los actos contra las tiranías, o la sucesión de rebeliones, o los esfuerzos contra las distintas opresiones e injusticias», para concluir: «Todo eso constituye la memoria democrática [...]13.»

16En tercer lugar, la ley catalana no revisita únicamente la guerra y la dictadura como lo hace la Ley española, sino que remonta al periodo republicano y a los valores democráticos defendidos por este. El Memorial Democrático recupera en su enunciado el régimen de los años treinta, que se impone como génesis de la democracia española tanto por lo que el régimen significó en sí mismo como porque la derrota republicana se acompañó de la imposición de una dictadura. El entonces director del Memorial Democrático, el politólogo Miquel Caminal, afirmaba taxativamente que la democracia solo podía defenderse desde la memoria republicana14.

17La legislación catalana en materia memorial va más allá y en 2009 se aprueba la Ley sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (más conocida como Ley de fosas) que legisla en torno al proceso de exhumación e identificación de las fosas comunes y convierte estos lugares en «espacios de memoria», con objeto de evitar que las víctimas asesinadas y enterradas sin sepulcro cayeran en el olvido.

2 2006: conmemorando la República. Acciones y conmemoraciones

18Las acciones llevadas a cabo tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona como por la Generalitat se pueden seguir a través de la documentación elaborada por los distintos organismos, edición de noticias institucionales, prensa, catálogos, etc. Todo permite afirmar que el despliegue de iniciativas en este periodo es realmente vasto: incluye conmemoraciones, señalización de espacios de memoria, exposiciones temporales, proyectos museísticos y un largo etcétera. El periodo invita, además, a la conmemoración de grandes efemérides: la celebración del 14 de abril como día clave de proclamación de la Segunda República, pero también los aniversarios de final del régimen republicano, los de la Guerra Civil o aun el de los bombardeos de Barcelona, el de la Batalla del Ebro o el del inicio del exilio español o del holocausto en Europa.

19En un primer momento la celebración de la República parece marcar el tono de las políticas de memoria. El punto de partida es la celebración en el 2006 de un acto institucional de conmemoración del 75 aniversario de la Segunda República, organizado por el gobierno catalán a través de la Dirección General de la Memoria Democrática en el que el socialista Pasqual Maragall (PSC), entonces presidente de la Generalitat y precedentemente alcalde de Barcelona, ensalzaba en el Teatro Nacional de Cataluña los valores republicanos como pilares de la actual democracia. Acompañaban al Presidente, el Consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura (ICV) y el Consejero Primero Josep Bargalló (ERC), representando una imagen de unidad de los tres partidos en el gobierno. Sonaron el Himno de Riego y la Marsellesa, y se vinculó la República a la memoria catalanista al revivirse la proclamación de la República que hizo Francesc Macià en 1931 y recordarse que esta permitió a Cataluña la recuperación de las instituciones de autogobierno más de doscientos años después de la instauración de la monarquía borbónica con la consiguiente abolición de sus instituciones y la creación de un Estado liberal español de carácter centralista. En los discursos se relacionaban valores actuales (sobre educación y salud públicas, igualdad de género, reconocimiento de sindicatos, una cultura al servicio de la ciudadanía, etc.) con el periodo republicano, en un proyecto truncado cuando el general Francisco Franco se rebeló contra la legalidad democrática15.

20En julio de ese mismo año se inauguró en el Palau Robert de Barcelona, organizado por el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat a través del programa Memorial Democrático —recordemos que la Ley no se aprueba hasta unos meses después, ya en 2007—, la exposición-homenaje a la «Olimpíada Popular de 1936», juegos alternativos a los organizados en Berlín por el régimen nazi que el golpe de Estado en España del 18 de julio, un día antes de su inauguración, forzó a anular. La exposición, comisariada por los historiadores Carles Santacana y Xavier Pujades se organiza integrándola a la otra gran efeméride de 2006, el 70 aniversario del estallido de la Guerra Civil, pero se plantea todavía en el marco de democratización de la práctica deportiva y la proyección de una imagen de los valores republicanos que el régimen defendía, como el pacifismo, la solidaridad y la justicia social, la vitalidad de las organizaciones deportivas populares y obreras o la unión entre cultura y deporte16.

21El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto de Cultura, también abre las puertas a la República. Lo hace a partir de acciones organizadas por los museos y archivos históricos que de él dependen. Bajo el título «A 75 años de la IIª República: los grandes debates» y en el marco del tradicional ciclo de conferencias Conversaciones en Barcelona, el ICUB organiza en el Palacio de la Virreina unas sesiones de reflexión acerca del significado y la importancia del periodo. Participaban historiadores de diversas universidades españolas y catalanas, y destaca que buena parte de los investigadores catalanes —entre ellos el coordinador de los actos, Manel Risques, de la Universidad de Barcelona—, eran miembros del Centro de Estudios sobre el Franquismo y la Democracia (CEFID), grupo vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona y en quien había recaído mayoritariamente la parte científica del proyecto del Memorial Democrático17.

22A caballo entre 2006 y 2007, también el Museo de Historia de la Ciudad, vinculado al ICUB, presentó la exposición «La Primavera Republicana», que en este caso ponía el acento en la fiesta y el ocio, en la cultura, en la nueva proyección social de la mujer y en la escuela, todo ello como proyectos republicanos para construir una sociedad más libre, justa e igualitaria, aunque también el miedo, el hambre y la destrucción provocados poco después por la guerra, estaban presentes. El comisario de la exposición en este caso era Francesc Vilanova, miembro del CEFID y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona18. En fin, desde el Archivo Histórico de la Ciudad, uno de los principales archivos municipales, también se quiso recordar la República y se organizó un curso de carácter divulgativo sobre Barcelona 1931-1934, así dos exposiciones19: «Entre la crónica y el imaginario. Fotografías de la Segunda República», una exposición sobre el imaginario republicano a través de la fotografía, puesta esta ya sea al servicio de la crónica ciudadana o al servicio de una cultura política; y «14 de abril de 1931. 75 aniversario de la proclamación de la República en Barcelona», que reunía textos, fotografías y documentos hemerográficos del día en que se proclamó el nuevo régimen20. Más allá de un documento histórico, la fotografía se convierte aquí en transmisora de valores.

23De los distintos actos de recuerdo y reivindicación republicana surgía la imagen de un pueblo victorioso y las esperanzas que el nuevo proyecto democrático republicano había despertado en la sociedad, las nuevas formas de hacer política, el compromiso social, las esperanzas de los ciudadanos por ver mejorar sus condiciones de vida y el valor que se ofrecía a la cultura, y la promoción de una nueva mujer, más libre, en una sociedad más igualitaria. Eran unos valores, y una memoria, proyectados en positivo, donde el compromiso popular contra el Alzamiento Nacional también estaba presente, más allá de que la guerra y la derrota republicana se vislumbraran como desenlace del proceso.

3 Enterrando la memoria republicana

4 El refugio de la memoria republicana, en el entorno de la izquierda independentista

35La recuperación de la memoria republicana escapa a las prioridades del Memorial Democrático, pero encontrará algún refugio en actos institucionales vinculados preferentemente a la vicepresidencia de la Generalitat, de la cual también depende la Secretaría de Asuntos Exteriores, en manos de la izquierda independentista. El color político de sus respectivos responsables proyecta unas memorias que si bien deberían ser compatibles acaban proyectándose como memorias independientes y extranjeras entre ellas. La memoria catalanista reivindica aquí sus fundamentos republicanos, pero va más allá de estos.

36Es así como en octubre de 2007, coincidiendo con el aniversario de la ejecución de Lluís Companys en 1940, Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat, reivindica la figura de quien fuera el segundo presidente de la Generalitat republicana, subrayando la defensa que hizo Companys de los derechos nacionales de Cataluña desde la izquierda y el republicanismo. Companys se erige de este modo en referente de la defensa de Cataluña y de la justicia social, subrayándose su actividad legislativa «de profunda significación social y creadora de espacios de soberanía» y concluyéndose que «Companys simboliza la Cataluña de izquierdas, progresista, laica y catalana, ligada a los intereses de los sectores populares39».

37La memoria de la República también se exilia a Francia. Fuera de las fronteras catalana y española, la Generalitat abre la puerta al período republicano no bélico en el país vecino cuando su Oficina en París, que depende de la Secretaría de Asuntos Exteriores adscrita a su vicepresidencia, acoge aquel octubre de 2007 en la ya desaparecida Maison de la Catalogne un ciclo de conferencias sobre la Segunda República, organizado y coordinado por la hispanista francesa Phryné Pigenet (octubre 2007) y en el que participan académicos de un lado y otro de la frontera. Los temas tratados son variados, abarcan desde la economía hasta la religión, pasando por el movimiento obrero, la patronal, la literatura o la industria de guerra, entre otros40.

38Un apartado especial merece la celebración en Cataluña del Año Macià en 2009, en honor al primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià. Para ello será necesario remontar al año 2005, cuando una serie de decretos habían ido legislando la política conmemorativa de la Generalitat, que quedaba en manos de la vicepresidencia. En 2005 se creó una «Comisión Catalunya 2014» integrada por distintas consejerías pero también entidades municipalistas y representantes del mundo académico41 con el propósito de preparar los actos de recuperación y divulgación de la memoria de la Guerra de Sucesión (1701-1714) en el marco del tricentenario de la caída de Barcelona (11 de septiembre de 1714) bajo las tropas borbónicas y de sus consecuencias en la organización política e institucional de Cataluña, pues la derrota supuso el fin de las instituciones políticas catalanas y la supresión de la Universidad en Barcelona. Aquella conmemoración emergía como un referente fundamental del catalanismo ya que, desde la restitución de la Generalitat en 1977, el 11 de septiembre se había erigido en Diada Nacional de Cataluña, la fiesta nacional. A la vez, la Comisión debía encargarse de la conmemoración de aniversarios de hechos relevantes y personajes singulares de la historia del territorio, como es el caso de Francesc Macià.

39En 2008 una serie de decretos establecieron los criterios que debían regir la política conmemorativa del Gobierno de Cataluña y se creó una Comisión de Conmemoraciones Históricas y Culturales42, siempre en la misma línea de impulsar iniciativas de conmemoración relacionadas con la historia cultural y política de Cataluña. La Comisión estaba bajo la presidencia del vicepresidente del Gobierno catalán —recordemos que en manos de Esquerra Republicana—, y estaba integrada por cinco representantes de otros cinco departamentos (Presidencia; Vicepresidencia; Interior, Relaciones Institucionales y Participación; Cultura y Medios de Comunicación; Educación) en los que estaban representados todos los partidos del gobierno aunque prevalecía el sector independentista, quien detentaba la vicepresidencia y la consejería de Cultura y Medios de Comunicación y la de Educación.

40Mientras se llevaban a cabo los preparativos del Tricentenario, no podía rehusarse la celebración vinculada al principal referente del gobierno democrático catalán, la Generalitat republicana, y de su primer presidente, Francesc Macià, por lo que se previó celebrar el Año Macià en 2009, coincidiendo en 2008 con el 75º aniversario de su muerte y en 2009 con el 150 de su nacimiento. La intención era organizar actos diversos, conferencias y mesas redondas, en colaboración con ayuntamientos y entidades locales, y publicar textos sobre quien fuera primer presidente de la Generalitat restaurada, pero cabe reconocer que la repercusión de la celebración fue limitada y a pesar de toda la labor legislativa que hubiera permitido celebrar el Año Macià con gran pompa, finalmente pasó bastante desapercibida. La celebración coincide con el año en que se aprueba la Ley de Fosas, 2009. La abundancia de iniciativas vinculadas a las víctimas y represaliados ahoga una conmemoración ya de por sí pobre en acciones. Más allá de algunos actos institucionales y alguna que otra publicación, no hubo grandes eventos y no se implicó a la ciudadanía en ninguno de ellos. El Espacio Macià, de no haberse retrasado en su construcción, hubiera debido inaugurarse en ese momento, pero tuvo que esperar un par de años más.

41El acto institucional de apertura del Año Macià tuvo lugar en el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, el cual a finales de 2006 se había vinculado directamente a la vicepresidencia de la Generalitat. La conmemoración fue de carácter institucional, con parlamentos del Presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla —que había sustituido a Pasqual Maragall después de las discrepancias de este con el partido socialista catalán al final de su mandato y antes de los comicios electorales—, del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira (y presidente de la Comisión de Conmemoraciones Históricas y Culturales), y del Consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, quien de modo poco convincente enmarcó el Año Macià en los actos de recuperación de la memoria histórica. Hubo una última y breve intervención del director del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña y de uno de los principales especialistas de la figura de Macià, el profesor de la Universidad Rovira y Virgili, Josep Maria Roig Rossich43.

42En torno al 14 de abril se celebró en el auditorio del Palacio de la Generalitat otro acto conmemorativo organizado una vez más desde la vicepresidencia sobre «El legado de Francesc Macià», en el que de nuevo Roig Rossich impartió una conferencia con motivo de la aceptación de la donación de una serie de documentos de los herederos de Macià al Centro de Historia Contemporánea de Cataluña. Y el mismo Roig Rossich, ese mismo día, intervino en la Universidad Autónoma de Barcelona con otra charla, organizada ahora por el grupo de Investigación de Estudios de Historia Social y Cultural (GREHSIC). La clausura del Año Macià, en diciembre de 2009, tuvo lugar en Vilanova i la Geltrú, localidad donde había nacido Macià y donde residió durante su infancia, enmarcada en un ciclo de conferencias organizado por el Institut d’Estudis Penedesencs y una exposición en el Foment Vilanoví sobre la figura de Macià, y una vez más se caracterizó por su carácter institucional, con las intervenciones del presidente y del vicepresidente de la Generalidad de Cataluña y del alcalde socialista de Vilanova y la Geltrú, Joan Ignasi Elena44.

A modo de conclusión

43En el periodo 2006-2011, las políticas públicas de Cataluña intentan adaptarse a las demandas sociales, pero también a las distintas sensibilidades ideológicas y al contexto político tanto español y europeo como específicamente catalán. Desde la Generalitat de Cataluña las consejerías se reparten las memorias, debilitando su proyección como referente común: de la memoria de las víctimas del franquismo se ocupa la Consejería de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, en manos de ICV, mientras que la memoria republicana queda en manos de la vicepresidencia del gobierno y de ERC. No son memorias incompatibles entre ellas, pero no se respeta el equilibrio y una memoria oculta a la otra. Cuando coinciden, avanzan en paralelo, sin apenas buscar espacios comunes. En cuanto a la política memorial del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de las complicidades ideológicas con el gobierno autonómico, se distingue en sus estrategias de acción y le cuesta adaptarse a la nueva legislación.

44Que el régimen democrático establecido tras el fin de la dictadura fuera una monarquía parlamentaria comportó sin duda que la memoria republicana resultara incómoda a algunos, y que las lecturas que se hicieran de esta no fueran siempre en clave positiva. Para determinados sectores, la memoria republicana podía incluso parecer innecesaria, puesto que el nuevo Estado de derecho contenía, a su parecer, todos los principios necesarios para construir la democracia.

45Si la particularidad de la legislación catalana recaía en su carácter pionero y en su interés por la memoria republicana, esta acaba velada por la memoria de las víctimas de la represión franquista. Por un lado, la República había tenido una vida corta y complicada. Por el otro, también es cierto que el dolor y el trauma pueden actuar como motores de lucha y resistencia por la tensión en la que se siembran, y acabar siendo más fuertes que el proyecto de un régimen progresista y modernizador como fue el de la República. El legado y la huella dejados por la represión fue mayor que el de la libertad, aunque el proyecto republicano hubiera podido ser un referente a recuperar en tiempos de democracia, aún más teniendo en cuenta el significado que el republicanismo cobraba en el espíritu y el proyecto catalanista. No hay que olvidar que parece instalarse un relativo consenso en Europa en torno a la idea de que la democracia puede reforzarse a partir del encaramiento con el pasado conflictivo.

46La memoria republicana que irrumpe es una memoria sesgada, puntual, más vinculada al ámbito local que al regional, vinculada al catalanismo y al autogobierno, que ni siquiera pone énfasis en el proyecto federal, y de poca inclusión ciudadana. El poco interés institucional fue consecuencia también de la poca demanda ciudadana, más interesada ya sea por la recuperación de la memoria de las víctimas, ya sea por el encaje de Cataluña en España y la cota de autogobierno. Sea como sea, el gobierno catalán se mostró dividido en la formulación de cuál era su genealogía democrática: mientras unos se vinculaban a la lucha contra el fascismo y la dictadura —una política de la memoria que se impone en la mayoría de países europeos, identificándola como democrática—, otros preferían rescatar el proyecto político catalanista de la Segunda República como el primer hito del autogobierno democrático catalán, que a pesar de algunas sombras pone de relieve cómo la democracia en Cataluña se vinculó a la hegemonía del catalanismo. Por lo tanto, detrás de las políticas conmemorativas de la Segunda República en Cataluña se fortalecía el desarrollo del modelo de autogobierno catalán que había sido ampliado a través de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2006.