1Ante el drama de la expulsión de los moriscos, la historiografía ha adoptado, mayoritariamente, la actitud de dar por hecho lo inevitable de la radical medida1. Para los historiadores del siglo XIX, la intolerancia creciente propia de la época, la imposible asimilación de los moriscos, fruto de su tenaz resistencia y del fracaso de la política de la Monarquía y de la Iglesia, y el peligro de sus sublevaciones, sirven para explicar la decisión. Incluso alguno de ellos, como Florencio Janer2, parece ver en ella un dictado de la Providencia, aproximándose así a los apologistas de principios del siglo XVII que exaltaron la medida y a sus artífices.

2Una gran parte de la historiografía actual considera también que la expulsión de los moriscos era inevitable, en el fondo por los mismos motivos de su resistencia cultural y religiosa, y de sus conspiraciones con los enemigos de la Monarquía. La discusión se centra en explicar las circunstancias que hicieron posible que la decisión se pudiera llevar a la práctica. Una decisión que se interpreta era aceptada como necesaria por el poder y por la mayoría de los expertos, o pretendidos expertos, que opinaron sobre el tema. Y una decisión que estaba tomada —se viene afirmando—, por lo menos, desde las discusiones que tuvieron lugar en Lisboa en 1582.

3A la muerte de Felipe II, concluye Henry Kamen en su libro sobre Felipe de España, se hicieron cambios radicales: «Tal vez el más trágico de ellos haya sido la nueva puesta en vigor de la decisión de expulsar a la población morisca de España3.» De manera parecida se expresaba Bernard Vincent en 1978: En los dos últimos decenios del siglo XVI «la idea de la expulsión como único remedio seguía latente», pero el cambio se produce a la muerte de Felipe II: «La suerte de los moriscos estaba echada desde 15984.» La tesis que subyace es a la vez la de continuidad y cambio en la política morisca de la Monarquía con el ascenso de Felipe III; continuidad porque se trata de aplicar una decisión, la de expulsarles, ya tomada desde hacía tiempo. Cambio brusco, ya que parece aceptarse que Felipe II nunca hubiera llevado a la práctica la decisión, pero que ésta era inevitable desde el momento de la toma del poder por su sucesor y por el duque de Lerma.

4Mi intención en estas páginas es pasar revista al modo en que se tomó la decisión, al cómo más que al porqué, aunque en el fondo pienso que un análisis preciso del proceso permitirá desechar ciertas justificaciones fatalistas y apuntar a circunstancias históricas concretas que explican los motivos que empujaron a los responsables a adoptarla en la coyuntura de 1607-1609, y que pasada esta no hubieran actuado. Evidentemente, lo contrafactual, lo que podía haber pasado si algo no hubiera sucedido, escapa a la tarea del historiador, por lo que no me arriesgaré a especular sobre ello.

1. Antecedentes: la postura de Felipe II

5La Guerra de Granada (1568-1570) marcó un viraje fundamental en la visión que se tenía de la minoría morisca. La dificultad de dominar lo que empezó como una sublevación de salteadores creó una gran alarma en el gobierno de Felipe II, gran parte de cuyos consejeros temían que el turco, en colaboración con otros enemigos de la Monarquía —entre ellos los hugonotes franceses— aprovecharan el levantamiento para invadir España. El temor no dejó de estar presente a partir de la Guerra de Granada, en los difíciles tiempos del final del reinado. Y eso a pesar de que durante la guerra el apoyo otomano y argelino a los rebeldes fue limitado y que, antes que intervenir a fondo en España, el Turco aprovechaba que Felipe II estaba ocupado reprimiendo la sublevación para conquistar Chipre y los argelinos, Túnez. Sin embargo, Felipe II no aceptó las demandas de expulsión que sus consejeros, y diversos personajes, le hicieron.

6Si en algún momento el Rey estudió en serio la medida, no de una expulsión a reinos extranjeros, sino de una deportación a zonas interiores, donde supusieran menos peligro, lo hizo a lo largo de los años setenta, primero en 1570, bajo el impacto de la guerra de Granada, y después en varias ocasiones entre 1574 y 1577, en el momento de máxima presión otomana tras la batalla de Lepanto. Y en todos los casos la prudencia y habilidad del Vicecanciller del Consejo de Aragón, D. Bernardo de Bolea, consiguieron bloquear el proyecto. La propuesta inicial proviene del sector más duro del Consejo de Guerra que, además de propugnar la deportación de todos los moriscos del reino de Granada —que se acabará efectuando ese mismo año 1570—, plantea la conveniencia de aplicar la medida a los valencianos e, incluso, a los aragoneses, ante el temor a que la sublevación granadina pudiera extenderse a la Corona de Aragón contando con la siempre temida llegada de la armada turca. Felipe II consulta la decisión con el Vicecanciller Bolea. Lo mismo hará en otras varias ocasiones a lo largo de la década de los setenta, cuando llegan a la Corte avisos de conspiraciones de los moriscos valencianos y aragoneses con los turcos, argelinos y hugonotes, detectadas por la Inquisición. Bolea, como presidente del Consejo de Aragón, consigue hábilmente que prevalezca el interés de la Corona aragonesa sobre las demandas del Consejo de Estado, más preocupado por la seguridad general de la Monarquía y predispuesto a tomar en serio unas conspiraciones bastante increíbles. Se trataba, en definitiva, de convencer al rey de que lo más conveniente era mejorar la seguridad de los reinos de Valencia y Aragón sin deportar a los moriscos, y contando con la opinión de los virreyes, conocedores de la situación de los territorios a su cargo. Se adoptaron así una serie de medidas defensivas, entre ellas el desarme de los moriscos aragoneses efectuado por sus señores en 1575, que tranquilizaron a Felipe II y evitaron medidas radicales como la deportación.

7Algunos años más tarde, ante las preocupantes noticias de nuevas conspiraciones, vuelve a plantearse no sólo la deportación sino incluso ya la expulsión fuera de España. Era lo que propugnaba el arzobispo de Valencia, don Juan de Ribera. La presión alcanzó su cota máxima en septiembre de 1582, cuando una junta de consejeros reunida en Lisboa, donde se encontraba la Corte, recomendó, bajo la instigación del gran duque de Alba, la expulsión de los moriscos españoles. Es un tópico en la historiografía que se tomó entonces la decisión de expulsar a los moriscos pero que la medida no se pudo llevar a cabo sino casi treinta años más tarde, al firmarse la Tregua de los Doce Años en 1609. Un análisis detenido muestra que Felipe II no dio el visto bueno a la propuesta de expulsar a los moriscos valencianos. Es más, en mi opinión el Rey Prudente no aceptó nunca tal posibilidad.

8Lo que caracteriza la política morisca de finales del reinado son las reiteradas discusiones sobre la forma de evangelizar a los moriscos valencianos. La primera tiene lugar a raíz de las Cortes valencianas de 1585. En 1591 se retoma por algún tiempo el trabajo sin mayor eficacia práctica. Y, por fin, a partir de 1595 vuelven a analizarse los papeles y memoriales anteriores y continúa la discusión como si el tiempo no hubiera pasado. Lo significativo de los trabajos de la nueva junta, que se reúne a partir de marzo de 1595, es la activa intervención de Felipe II supervisando de cerca los acuerdos; pidiendo, en su mejor estilo de gobierno, opiniones e informaciones complementarias. Se trataba de conseguir la conversión auténtica de los moriscos valencianos, ofreciéndoles facilidades para confesar sus pecados y recibir el perdón en el fuero de la conciencia sin tener que hacerlo judicialmente ante los inquisidores. Era necesario, además, instruirles mejor en la fe cristiana, y para ello, junto al envío de predicadores —medio defendido con insistencia por Felipe II— había que completar y mejorar la atención parroquial, propuesta básica de Ribera. Todo ello exigía una serie de breves y bulas papales. La lentitud de la puesta en marcha del plan y el retraso en la llegada del permiso de Roma para poderlo llevar a la práctica impidió que Felipe II pudiera verlo realizar. Murió antes.

9En definitiva, Felipe II actuó con decisión buscando aculturar a los moriscos, con el recurso básico a la represión inquisitorial sistemática. Esta presión comenzó a romper los marcos de resistencia cultural morisca y su continuidad podía haber contribuido a atenuar el carácter de «otro» que presentaba el morisco. Con ello se hubiese eliminado uno de los motivos de la expulsión, ya que su diferencia le exponía a servir de chivo expiatorio en el momento que hiciera falta, como sucedió en la coyuntura de 1609. Pero la medida corresponde a otra orientación política; hay que resaltar que incluso en los momentos más tensos el Prudente no se mostró partidario de expulsarlos, y que hasta sus últimos meses intentó llevar a la práctica el proyecto de una gran campaña misional con la que conseguir el milagro de la conversión. No obstante, la persistencia del islamismo morisco provocó denuncias proféticas que relacionaban los desastres que afligían a la Monarquía —como la derrota de la armada contra Inglaterra en 1588— con la pervivencia islámica en España, y anunciaban mayores males si no se ponía remedio. La voz del arzobispo Ribera fue la que con más insistencia efectuó este tipo de denuncias, pero no será la única.

10Así pues, la decisión de expulsarles no llegó a tomarse en tiempo de Felipe II ya que faltó un paso fundamental, la aceptación por el rey de las recomendaciones de sus consejeros. Sin embargo, la administración que se impone con el nuevo monarca retomará las discusiones de las juntas de Lisboa de 1582 y pronto Felipe III se declarará partidario de la expulsión. Los consejeros pretenderán reforzar sus argumentos enraizándolos en las presuntas decisiones tomadas por el Prudente, y de esta forma recalcan la continuidad con la época anterior, aunque solo sea para destacar el cambio puesto de manifiesto en la firmeza de Felipe III frente a la falta de determinación de su padre. A mi parecer, el nuevo monarca se dejó ganar pronto por una idea que iba avanzando posiciones en sectores influyentes, pero no estoy de acuerdo en que ya en 1598 la suerte estuviera echada. El proceso de toma de decisión fue especialmente complejo, como vamos a ver.

2. El problema de los granadinos dispersados por Castilla

11En efecto, a comienzos de 1599 se había tratado en el Consejo de Estado la deportación de los granadinos dispersos por Castilla. En aquella ocasión, el todavía marqués de Denia y pronto duque de Lerma se manifestó partidario de deportarlos a Berbería, salvo a los niños que podrían educarse en seminarios. De entre los útiles se podrían tomar esclavos y galeotes. Los bienes se les confiscarían. Los otros miembros de la junta se oponen a la propuesta, aunque no a que el Rey consulte con su confesor si sería lícito condenarles a muerte por su islamismo y si como alternativa se les podría esclavizar y confiscar los bienes. Pero su consejo es que los granadinos se saquen de las ciudades y se distribuyan por lugares de entre cincuenta y quinientos, o como máximo mil vecinos, de forma que no supongan más del 2% del total de la población, y que se ocupen de la labranza y no de actividades comerciales. El Valido se opone argumentando que el reparto no solucionaba de raíz el problema5.

12¿A qué responde esta súbita iniciativa nada más comenzar el reinado? La contestación la encontramos en las Actas de las Cortes de Castilla. Los procuradores habían solicitado que se respondiera a las peticiones de la Cortes pasadas antes de otorgar el servicio extraordinario del casamiento, y el marqués de Denia debía de tener prisa por resolver el asunto antes de salir para el Reino de Valencia, donde se celebraría la boda de Felipe III y Margarita de Austria. El problema se arrastraba desde varios años antes, por lo menos desde el 19 de agosto de 1592, cuando el jurado sevillano Rodrigo Sánchez Doria planteaba el problema morisco como un peligro militar y de orden público, agudizado por su crecimiento demográfico, y recordaba el frustrado proyecto de rebelión preparado para la noche de S. Pedro de 1581 en Sevilla6. Las discusiones posteriores se centraron en los «muchos moriscos» granadinos que había en Castilla y la necesidad de controlarlos, pero el enfoque era primordialmente económico. El memorial que se aprueba el 16 de noviembre de 1593 concluye con un arbitrio económico: «Los campos estarán más cultivados, los labradores que sustentan la tierra serán más aliviados con tantos travajadores y jornaleros7...» De esta forma, la petición acaba englobada en el memorial sobre el acrecentamiento de la labranza y la crianza que se discute el 23 de noviembre de 15988. Por último, en las peticiones y capítulos generales se solicita que los moriscos granadinos se redistribuyan en lugares pequeños y se dediquen exclusivamente a la agricultura. La respuesta de Felipe III a la demanda de las Cortes fue que «como en negocio tan grave e importante se va considerando para proveer en ello lo que convenga9».

13Y eso es lo que había hecho la junta, cuya resolución mayoritaria recogía textualmente la petición de las Cortes, y aunque no hay indicios de que el consejo se materializara en ninguna medida práctica, hay aspectos que deben destacarse. El principal consejero se ha inclinado abiertamente por una solución radical; se ha planteado como tema de análisis político, y no meramente académico, si es posible sentenciar a muerte a todos los moriscos por apostasía y si, como concesión graciosa, se puede conmutar esta condena por la de esclavitud y confiscación de bienes. Y por último, se enfrenta al nuevo rey con la sombra de su padre, en un problema que este no se atrevió a resolver. La emulación será utilizada por ideólogos y consejeros políticos para presionar a Felipe III en favor de la expulsión.

3. La intervención del patriarca Ribera

14Por su parte, en el Reino de Valencia, fallecido Felipe II, se puso finalmente en ejecución la campaña de evangelización preparada durante tanto tiempo. En las instrucciones a los predicadores de 1599, el arzobispo Juan de Ribera recomienda que la predicación sea sencilla10. Se propugna, frente a la dureza represiva anterior, actuar con suavidad y «procurar reduzir a las personas más respetadas entre ellos, las quales generalmente son los más ricos». Se busca, en definitiva, lograr la captación de las elites por medio de la benevolencia y no de la persecución, aunque como medida táctica se les amenace con «sacar de entre ellos a todos los que son estimados por más sabios o observantes en el Alcorán». Las razones de este cambio creo que pueden deberse a la sensación de fracaso que causó la gran oleada represiva inquisitorial del último tercio del siglo XVI y que constató la continuidad del islamismo morisco11.

15El fracaso, anunciado, de la predicación del edicto de gracia era visto por Ribera como un éxito ya que forzaría a adoptar soluciones políticas: «En caso que nuestra industria no fuere de provecho, por la pertinacia y dureza de los oyentes, se conseguiría general utilidad en España, porque Su Magestad havrá de cuydar de limpiarla de infieles, siendo su Real apellido Cathólico12.» Se decide entonces a presionar al nuevo Rey. En diciembre de 1601 remite un primer memorial a la Corte13. Declaraba tajantemente: «Sabemos con evidencia moral que [todos] son moros y que viven en la secta de Mahoma guardando y observando (en quanto les es posible) las ceremonias del Alcorán, y menospreciando las leyes santas de la Iglesia Cathólica. Tanto que, hablando con propiedad, devemos llamarlos no moriscos, sino moros.»

16El argumento fundamental que aportaba era el radical fracaso de la predicación del reciente edicto de gracia en el Reino de Valencia, en cuya preparación tanto tiempo y esfuerzo se había gastado. Insistía, sobre todo, en el «gravísimo y evidente peligro en que se halla toda España» por causa de sus conspiraciones con los múltiples enemigos de la Monarquía, y cómo la voluntad de Dios, que se había manifestado ya al permitir la pérdida de «la poderosa armada» enviada contra Inglaterra, ha vuelto a mostrar con el reciente fracaso ante Argel, «que no conviene emplear allí sus fuerças», sino que se debe acudir a la raíz del mal. Considera el peligro tan grave que, a pesar de tener casi setenta años, teme llegar a ver «perdida España» si no se previene. Aunque anuncia que tiene pensados algunos remedios «suaves y aun provechosos» para hacer frente al mal, no indica Ribera, en este papel, cuáles son; espera que el Rey se lo pida. No tardó Felipe III en hacerlo, ni el Arzobispo en contestar.

17El memorial llegaba en un momento político adecuado. El 30 de noviembre de 1601, la Junta de Tres, integrada por el confesor real Fr. Gaspar de Córdoba, por D. Juan de Idiáquez, comendador mayor de León, y por el conde de Miranda, analizaba diversos informes y memoriales sobre los moriscos14. Después de algunas noticias relativas a los moriscos aragoneses y en particular a la recurrente amenaza de su sublevación en caso de una invasión francesa, se estudian dos denuncias proféticas: una proviene ni más ni menos que de san Luis Bertrán y es transmitida, en carta de 13 de agosto, por el noble valenciano D. Juan Boil de Arenós. El resumen de la carta que se incluye en la consulta para conocimiento de Felipe III, dice: «El santo fray Luis Beltrán le mandó representasse a Su Magestad [Felipe II], que haya gloria, el gran peligro en que están los Reynos de España por los muchos moriscos que hay en ellos.» D. Juan Boil pide ahora a Felipe III que «lo remedie antes que sucedan los inconvenientes que el Santo pronosticó». Esta amenaza se completa con otra de un monje «grave en letras y virtud» del monasterio de Montserrat15. Ambos anuncian graves castigos divinos por las ofensas que los moriscos cometen. La junta transmite al Rey la inquietud que los pronósticos le han causado y le insiste en que se trate de la «reformación de costumbres». Pide también que se aseguren los reinos, para lo cual el Rey acepta la propuesta de traer las galeras de Italia con infantería en la próxima primavera, aunque de momento no se especifica cuál será su misión.

18Poco después, el 19 de diciembre, la junta estudia el memorial de Ribera16. Manifiesta su admiración por la claridad de su pensamiento —«en este del Patriarca está más descubierta la materia»— y pide soluciones urgentes en tres frentes. En el militar, con la movilización de tropas; en el de la decisión «de lo que se ha de hazer desta gente que es el punto de maior dificultad», recabando con toda urgencia de Ribera las soluciones que anunciaba. Para ello se aconseja que un correo «yente y viniente» vaya a buscarlas a Valencia para que, juntamente con los «papeles que ay del tiempo del Rey Nuestro Señor» Felipe II, que se supone que están en poder del conde de Chinchón, se estudien de inmediato. Por último, el padre Confesor debe resolver «lo que toca a la consciencia, que quedó a su cargo».

19La intervención de este aporta luz sobre ese fondo oculto al que los consejeros se refieren de forma críptica. «Fr. Gaspar de Córdova puso en consideración que quando fuesse lícito en consciencia hecharlos de España, no sabe si convendría hecharlos en Berbería» por el peligro de tener tantos enemigos tan cerca de casa. Es de la opinión de «hecharlos en islas más remotas, como las de Bacallaus y otras»; es decir, de mandarlos a Terranova. Este punto clave de la licitud de expulsarles, y en su caso a dónde, quedó pendiente. Felipe III acepta que se envíe un correo urgente al Patriarca y pide que se propongan nombres para estar al frente de la flota de galeras y de las tropas. Como se ve, la maquinaria estaba dispuesta.

20El 3 de enero de 1602, antes de que llegara la respuesta de Ribera, se reunió de nuevo la Junta, ahora de Cuatro con la presencia del duque de Lerma, para acabar de resolver los puntos pendientes17. Se escucha, en primer lugar, el leitmotiv de estos años: «Este negocio es el de mayor importancia que a Vuestra Magestad se le puede ofrescer.» Hay, sin embargo, división de opiniones entre los consejeros: Idiáquez y Miranda votaron en favor de la expulsión de los valencianos —«y si pudiessen yr juntamente los de Aragón sería lo mejor»— a Berbería, excluyendo a los niños y a los que aceptasen vivir como cristianos. Pero siempre bajo la condición de que fuera lícito en conciencia. Y esta es una de las razones de la oposición de Lerma y el Confesor, que tienen escrúpulos de hacerlo: «Parece terrible caso, siendo bautizados, hecharlos en Berbería forçándolos por este camino a que sean moros.» Aconsejan que se pida la opinión del Papa, lo que evidentemente suponía dar largas al asunto. Otro argumento es el ya señalado unos días antes por Fr. Gaspar, el peligro que supondría tenerlos tan cerca como enemigos. No obstante, Felipe III se inclinó por la expulsión: «Si con buena conciencia se pueden echar, creo que es lo que más conbiene, más fácil y más breve.» En este momento, el Monarca se manifestaba contrario a la opinión de su Valido y decidido a llevar adelante la empresa, siguiendo el parecer de don Juan de Idiáquez. En efecto, en las discusiones que conducen a la toma de decisión, el que lleva la voz cantante es el Comendador Mayor de León, a quien le gusta insistir en el ejemplo de Felipe II. Su versión de las reuniones de Lisboa de 1582 —en las que estuvo presente— según la cual la decisión de expulsarles, aceptada por el Rey, no se habría llevado a la práctica por dificultades militares, aunque errónea, le sirve para pedir la aplicación de la medida.

21Pero además, en esta coyuntura pesa sobre la decisión regia el reciente fracaso de la empresa de Argel, a principios de septiembre de 1601, que supuso un duro golpe al Valido y al propio Rey. Era una de las acciones militares de segundo orden promovidas por Lerma para reforzar la seguridad en el Mediterráneo y que, al tiempo, «obedecen a la necesidad de obtener éxitos militares de reputación18». Se habían puesto muchas esperanzas en el éxito de la empresa que hubiera permitido a Felipe III compararse positivamente con su abuelo el Emperador y triunfar donde este había fracasado. «Estando Su Magestad y toda esta Corte esperando la buena nueva de la tomada de Argel» —escribe Cabrera de Córdoba— llegó la noticia de la retirada vergonzosa de Juan Andrea Doria. «Dicen que Su Magestad y el Duque, que tomaban esta empresa por propia, han quedado muy descontentos de no haberse hecho en ella lo que se esperaba; y que cuando se le dio la nueva a Su Magestad, dijo que Dios debía guardalla para Él19.» El fracaso ante Argel puede explicar el afán del Rey por resolver el problema morisco. Anhelaba un triunfo que podía ser particularmente brillante si en él se aunaba la defensa de la fe y vencer en un desafío ante el que sus gloriosos antepasados habían retrocedido.

22Tropezaba, no obstante, con la oposición de sus dos principales consejeros. El confesor Gaspar de Córdoba, a pesar de las alabanzas al memorial de Ribera —«no he visto (después que estoy aquí) papel más lleno de espíritu y de eficaces razones que este»— , y de haber quedado «atemorizado20», no había dado el visto bueno. Por otra parte, la razón que se me ocurre para explicar el cambio de bando de Lerma, con relación a 1599, es que ahora se trataba de los moriscos valencianos y sabía bien que la medida podía provocar duras reacciones en el Reino, poco convenientes antes de la celebración de una reunión de Cortes en Valencia en la que estaba muy interesado.

23En febrero de 1602, completaba Ribera su razonamiento con un segundo memorial21. Existen dos clases de moriscos, exponía en él a Felipe III:

La una de los que están sueltos y libres, sin reconocer vasallaje a señor alguno particular, como son todos los que salieron de Granada, aunque se hallan avecindado en lugares de señorío, y los que están esparcidos por algunos lugares de Castilla, como son Ávila, Olmedo, Hornachos y otros muchos. Y la segunda de los que son vasallos originarios de señores, como son los de los Reynos de Aragón y Valencia.

24Y aunque considera evidente que todos son herejes y traidores «y que el único remedio es echarlos de España», en una sorprendente pirueta intelectual, Ribera solicita del Rey la expulsión de los moriscos castellanos, mientras que recomienda que se permita la permanencia a los de la Corona de Aragón, a quienes «sería bien dexarlos por agora». Sorprende, en efecto, que quien veinte años antes, en 1582, había manifestado sin tapujos la necesidad de deportar a los moriscos valencianos, de cuya conversión sincera había desesperado y seguía haciéndolo todavía más férreamente, defienda ahora su permanencia.

25Pesan en su propuesta los intereses materiales. El propio autor reconoce que el principal motivo para defender la permanencia de los de la Corona de Aragón es de tipo económico: «Por escusar el grande daño temporal que resultaría a estos dos reinos y el avituallamiento dellos» ya que, según Ribera, los moriscos eran imprescindibles para su mantenimiento. Evidentemente, el arzobispo de Valencia, que bastantes conflictos había tenido ya con sus fieles, no desearía que los valencianos, y particularmente el estamento nobiliario, pudieran acusarle de fomentar la expulsión de los vasallos moriscos. Intenta, no obstante, justificarlo también con argumentos espirituales. Rozando la contradicción, Ribera afirma que es posible que, expulsados los castellanos, fuera más fácil evangelizar a los demás, lo que no acaba de encajar muy bien con el resto de un tratado en el que se insiste en la dureza de ánimo de todos ellos —«hereges pertinaces»— para aceptar el cristianismo; confiaba, en el fondo, en que «al verse solos en España [...] los hallásemos más fáciles a recebir la doctrina».

26Los memoriales de Ribera deben leerse dentro del género al que pertenecen. Son piezas construidas con una lógica escolástica y destinadas a influir en el ámbito político. En los dirigidos a Felipe III en 1601-1602 no solicitaba medidas de índole religiosa. Lo que pedía eran remedios políticos para salvar a España. El objetivo político del Patriarca era lograr de Felipe III lo que no había conseguido de su padre: evitar la «pérdida de España» que, influido en gran medida por una serie de anuncios proféticos, creía inminente. Veía posible la reconquista islámica de la Península como consecuencia de un levantamiento general de los moriscos, apoyados por los múltiples enemigos de la Monarquía Católica encabezados por el Turco. El odio de los moriscos hacia el cristianismo y sus conspiraciones constantes no dejaban lugar a dudar que si llegaba la ocasión, la aprovecharían. Y Dios permitiría que esta se presentara para castigar la condescendencia ante los innumerables sacrilegios y blasfemias de los moriscos contra lo más sagrado de la religión cristiana: «Y se debe temer juntamente, assí por lo que dicta la razón natural como por lo que nos enseñan las letras sagradas, que por los pecados de España [...] va Dios Nuestro Señor tomado ocasiones para castigarnos22.» Traición y sacrilegio son dos temas reiterados de los escritos de Juan de Ribera, cuya presencia se incrementa en estos últimos años.

27Como buen discurso escolástico, parte de una premisa mayor, que no es otra que considerar a todos los moriscos como apóstatas irrecuperables. La justificación, no muy firme, se basa en el reciente ejemplo del fracaso de la campaña de evangelización y reconciliación realizada en Valencia que se eleva a caso general. Pero la argumentación no apunta a encontrar un mejor camino evangelizador. No era esa la finalidad del escrito. Lo que se pretendía era evitar los efectos políticos derivados de esa premisa: la traición de los moriscos y el castigo divino por consentir su apostasía. En el primer memorial, se fundamenta el peligro recurriendo a la historia reciente: la dificultad para dominar la sublevación y guerra de Granada; los fracasos de las armas españolas ante Inglaterra y Argel, pruebas de que podemos esperar lo peor mientras no se calme la ira de Dios. En el segundo memorial, recurre Ribera a lo que llamaríamos el análisis sociológico de los moriscos, que se centra sobre todo en los granadinos deportados a Castilla y Andalucía.

28Es fácil hoy criticar la falta de fundamento de ese análisis, pero no olvidemos los miedos y competencias que la presencia de los granadinos generaron en muchas zonas de la Corona de Castilla, que llevaron a culpabilizarles de la crisis castellana del tránsito del siglo XVI al XVII. Ribera se hacía eco de esos miedos y errores de cálculo y análisis. En su visión económica, los moriscos valencianos se ocupan de «ministerios que los cristianos viejos no usan [... y] nos proveen de lo necesario». En contraposición, las ciudades de Andalucía y Castilla se despueblan debido a la competencia que los moriscos, sobre todo los granadinos, hacen a los cristianos viejos ya que no solo «se han alçado con los oficios mecánicos y con lo que es negociar», sino incluso con el trabajo de peones y jornaleros. El tópico de la codicia y la sobriedad morisca se mezcla, en el discurso del Patriarca, con otros dos; el de la valoración de los moriscos como fundamento absoluto de la economía del Reino de Valencia, y el contrario de que son la ruina de la andaluza y castellana. Se llega así a un resultado contradictorio: mientras en Valencia nada se mantendría en pie sin ellos, en Castilla y Andalucía todos los males, y particularmente la despoblación, está causada por su actividad.

29En cuanto a su peligro político, se destaca que su integración en el seno de la sociedad cristiano-vieja y su dedicación a la trajinería hace a los castellanos más temibles como espías y más difíciles de controlar. Frente a ello, aunque no se dice, está implícita la idea de que ni los valencianos ni los aragoneses se sumaron a la sublevación granadina ni, a pesar de las conspiraciones, se han rebelado masivamente. El control que los señores, y otras autoridades, pueden ejercer sobre los moriscos es posible allí donde viven en lugares apartados y exclusivos, pero no cuando están mezclados con los cristianos viejos, como sucede en la Corona de Castilla. La separación física y la existencia de una organización política propia de la minoría, como son las aljamas, es vista como positiva por Ribera, en una nueva contradicción con lo que era la opinión generalizada que temía más a los moriscos aislados que a los dispersos entre los cristianos viejos. Lo que hace peligrosos a los moriscos de la Corona de Castilla es que escapan así al control tanto eclesiástico como político. La conclusión a la que llega es que la expulsión de los castellanos acabaría con las peligrosas consecuencias de su traición y de su apostasía, imposibles de impedir por otros medios, mientras que sí podrían serlo en Valencia. Almenos se aseguraría el Reino de sus conspiraciones «mandando que las aljamas pagassen (según fuessen) cierta cantidad» para la defensa terrestre y marítima.

30Es decir, el plan de Ribera respondía a una lógica de pensamiento y de acción política, con la que podemos no estar de acuerdo por sus principios teóricos y por sus fundamentos empíricos, pero que, en mi lectura de los memoriales, no encubría intenciones ocultas. El Arzobispo reconocía que la evangelización de los moriscos había fracasado, aunque hacía recaer la culpabilidad en la dureza de espíritu de estos, y no manifestaba dudas de que debía prevalecer el bien de la república, que exigía su expulsión, a consideraciones de índole espiritual defendidas por algunos autores que alegaban que con ello se les forzaba a ser musulmanes; en su visión, ya lo eran. En sus memoriales aportaba complejas pero eficaces razones para justificar legalmente la expulsión. Ribera, tras reconocer la dificultad del problema —«después de averlo pensado y encomendado con mi flaqueza a Nuestro Señor y consultádolo con libros sagrados y de autores graves y doctos»— propone que se haga una información secreta de la herejía y apostasía morisca por medio de las declaraciones de los obispos y curas, y también del notorio y evidente peligro en que está España. Basándose en esto, el Rey pronunciaría sentencia de confiscación de bienes y de destierro perpetuo de sus reinos. Es decir, la base jurídica sería de índole temporal y no espiritual, y ahí es donde Ribera tiene que acumular argumentos.

31Para ello escribe un tercer memorial23. En él insiste en la idea de que, en conciencia, y bajo pecado mortal, el Rey está obligado a procurar la paz y la prosperidad material y espiritual de sus reinos, amenazadas por tantos enemigos externos —principalmente el Turco— e internos —los moriscos—. Ante la alternativa de degollarlos o desterrarlos, el medio más suave es el segundo. De todo ello se deduce «una proposición firme y cierta, conviene a saber, que Vuestra Magestad (como rey christiano) está obligado a sacar estos de España, y como rey benigno y clemente, a contentarse con desterrarlos della24». Podría objetarse, dice, que la Iglesia no debe renunciar a su potestad para compeler a los bautizados a que vivan como cristianos y para castigar a los apóstatas, como sucedería si los moriscos son expulsados a Berbería. La réplica principal se basa en la obligación que por derecho natural y divino tiene el monarca de librar a sus reinos de peligros. El bienestar general del reino se sitúa por encima del derecho eclesiástico. Otro argumento, que justifica el que tenga los remedios propuestos por «suaves», es que la expulsión no hace más que conmutar la condena a muerte que merecían como traidores, ante la cual la Iglesia no tenía nada que alegar. En cuanto a que se les fuerza a vivir como moros al desterrarles a Berbería, alega que pueden ir a otras tierras de cristianos. Para impedir que se le pueda acusar de maquiavélico por anteponer el bienestar del Estado a la Religión, tiene, por último, que insistir en que los males que trata de evitar a la república no son sólo de tipo material. Una de las ideas básicas del tercer memorial es que al hacer prevalecer el interés del Estado al de la Iglesia, el Rey no hace otra cosa que prevenir los terribles daños espirituales que se producirían si España volviera a poder islámico. Por todo ello, suplica «hincado de rodillas y ojos ante sus reales pies, sea servido de mandar tomar breve resolución en este gravíssimo e importantíssimo caso25».

4. La «gran consulta» del 30 de enero de 1608

32Es posible que la Corte recibiese perpleja la argumentación de Ribera, que contradecía la decisión adoptada en la junta de 3 de enero; es lo que afirma Fr. Jaime Bleda en su Corónica de los moros de España26. Pero, además, está claro que el peso político de Lerma y el influjo ideológico del Confesor, contrarios a la expulsión, se impusieron al de los partidarios de ella. Entre estos se encontraba D. Martín de Padilla, Adelantado Mayor de Castilla, que en el mes de febrero de 1602 presentaba un plan de inmediata ejecución para «pasar a cuchillo» a los moriscos o, como alternativa más humanitaria y conveniente, esclavizarlos a todos. Al Consejo de Estado, a pesar de insistir en los tópicos del crecimiento demográfico morisco y del peligro de sus siempre posibles levantamientos, le pareció «riguroso expediente el que propone el Adelantado y dificultoso de executar y el tiempo mal a propósito no aviendo nueva causa que obligue a ello», lo que no ocurría de momento. No obstante, seguía insistiendo en la necesidad de tomar medidas cuando se estuviera sin la presión de los enemigos exteriores. Felipe III respondió con una evasiva: «Iré mirando en esto como en negocio que tanto importa27.»

33El caso es que el asunto se archivó durante cinco años y medio, en que se realiza una campaña de evangelización y se completa la red parroquial en el Reino de Valencia. Y de pronto, el 29 de octubre de 1607, vuelve a analizarse el problema, revisándose los antecedentes desde las discusiones de Lisboa de 158128. Ese día, por orden real, se reunió la Junta de Tres y repasó la enorme cantidad de papeles generados por el problema morisco, entre los que tienen un lugar principal los correspondientes a 1582, las discusiones de las juntas que prepararon la campaña de instrucción y reconciliación de los valencianos, y los memoriales de Ribera y de otros «doctos y santos hombres». Se estudiaron, de nuevo, posibles soluciones «visto el poco fructo que se a sacado de las diligencias que se han hecho para reducirlos y convertirlos». El confesor real, que entonces era el también dominico Fr. Jerónimo Javierre, propuso una nueva campaña misional preparada por un concilio provincial valenciano. D. Juan de Idiáquez y el conde de Miranda se sumaron a la propuesta, si bien la consideraban como un último intento obligado por la falta de recursos existentes para poder llevar a cabo con éxito medidas más radicales, y así, al mismo tiempo, como explicaba Miranda, «se assegura la consçiençia, y quando no baste para conseguir la conversión se abrá justificado más la causa y se podrá con más satisfaçión executar el rigor que pareciere convenir». El plazo que al Comendador Mayor de León le parecía prudente otorgarles era de un año. Se aceptó, además, mantener conversaciones con los líderes moriscos aragoneses que habían solicitado que se les instruyese. En cuanto a los castellanos, los tres eran partidarios de aplicar la medida, ya aprobada antes, de dispersarles por lugares pequeños donde debían ganarse la vida como agricultores.

34Nada anunciaba, pues, por el momento, cambios en el rumbo seguido con anterioridad. Se volvía a la situación de 1599. El Rey aceptó la propuesta y ordenó «que en Valencia se use la nueva instrucción lo más presto que se pudiere y para ello se busquen maestros y predicadores tan religiosos y doctos como para la dureza de aquella gente es menester29». En una nueva reunión de la Junta de Tres se estudiaron diversas noticias recientes y se trató sobre lo acordado en la anterior reunión y aprobado por Felipe III30. Javierre alabó, frente al pesimismo del Patriarca, el «sancto zelo» del Rey al permitir un nuevo intento de evangelización que serviría para acallar cualquier escrúpulo de que no se había hecho todo o lomás posible para convertirles. Idiáquez volvió a recordar cómo la decisión de expulsarles tomada en las reuniones de Lisboa de 1582 no pudo llevarse a efecto por falta de medios. Tampoco ahora se contaba con recursos suficientes; la historia servía de justificación por no tomar medidas más radicales. Él y el conde de Miranda aportaron una nueva propuesta, rechazada de inmediato por el Confesor: que se permitiera emigrar libremente a los que quisieran hacerlo. En palabras de Miranda se les debía hacer «la puente de plata sin reparar en lo que podrán hazer desde la puente donde fueren».

35Finalmente, todo este material fue analizado por el plenario del Consejo de Estado el 30 de enero de 1608. Se hizo, además, un resumen de los acuerdos anteriores para encauzar la discusión por los derroteros que interesaban31. En él se insistía en especial en la posibilidad de dejarles abierta la puerta, o mejor dicho «la puente de plata», para pasar a Berbería. La cuestión está planteada en términos interesados: «Quando no se pueden evitar los males se deve escoger el menor; conviene ver quál será de menos ynconveniente: permitir que los moriscos de Valencia vivan como apóstatas y hereges con tan grande escándalo y offensa de Dios, o dexarlos yr donde quisieren», con lo cual disminuía el peligro de «tener tantos enemigos dentro de casa».

36Llegado el momento de la votación se produjo un viraje radical32. Comenzó a exponer su voto don Juan de Idiáquez; vino a decir de forma un tanto confusa, y sin manifestarlo explícitamente, que era una buena oportunidad que debía aprovecharse para expulsar a los moriscos valencianos sin más instrucción ni dilaciones, preparándolo todo en secreto para efectuarlo a principio del invierno. Los siguientes en hablar fueron más claros: el conde de Chinchón, que también había estado presente en las discusiones de Lisboa de 1582, destacó que la buena coyuntura política, caracterizada por la paz con Francia e Inglaterra y por una situación favorable en el Mediterráneo dados los problemas internos del Turco y de Berbería, aconsejaba acabar de una vez y expulsar a los valencianos en otoño, aprovechando a los útiles como galeotes y recluyendo a los niños en seminarios para su instrucción. Mientras tanto se aseguraría a los aragoneses que la medida no les afectaría a ellos. Apuntaba además que los bienes podrían darse a los señores para paliar el daño que padecerían. El duque de Lerma dijo, en síntesis, lo mismo, con el añadido de que la Inquisición podría colaborar prendiendo a los cabecillas. Apuntaba también una nueva propuesta para los granadinos deportados por la Corona de Castilla: se trataba de volverles al Reino de Granada bajo la vigilancia de una serie de presidios que ellos mismos costearían. El cardenal de Toledo opinaba que el Patriarca había justificado suficientemente la conciencia y que debía expulsarse a todos los valencianos, incluso a los niños. Veía, en cambio, problemas en el regreso de los deportados a Granada, entre otros motivos porque contribuiría a la crisis económica de Castilla. También el Condestable de Castilla se mostró partidario de dejarse de nuevas campañas de instrucción y castigarles «blandamente» echándoles a Berbería a fines del verano, dejando en todo caso a los niños y a los viejos. El duque del Infantado se sumaba a los demás y como añadido ponía sobre la mesa el problema de los censalistas cuyas rentas se verían afectadas al igual que las señoriales. El conde de Alba de Liste, después de afirmar que merecían pena de muerte, encontraba digno de la clemencia real expulsarlos de inmediato, sin intentar ninguna nueva e inútil campaña de instrucción. Y concluía diciendo que «tiene por cierto que Nuestro Señor a reservado el hazerle este servicio tan agradable para Vuestra Magestad».

37Sin embargo, frente a todas estas opiniones se alzó la voz del confesor real, el dominico Javierre, que abogó por una junta de prelados en Valencia que organizase un último intento de evangelización. Si este fracasaba se justificaría mejor la decisión de expulsarles, medida de la que debían excluirse los niños y los viejos; además, para tranquilizar la conciencia se les debería prohibir, bajo pena de muerte, la emigración a «tierras de moros». La justificación legal se conseguiría gracias una causa general tramitada por el Santo Oficio, a la que se añadirían cargos de lesa majestad humana si se produjeran rebeliones, y «con esta provanza en común se podrá hazer justicia en común». A pesar de la postura de los demás consejeros partidarios de no esperar más y planificar todo para la expulsión de los moriscos valencianos después del verano, se impuso la opinión del confesor.

5. Bajo el impacto de la negociación de la Tregua de los Doce Años

38Si nos situamos en el verano de 1607 no parece que nada presagie ni obligue a la expulsión: el peligro exterior se situaba en sus cotas más bajas, y la Monarquía Católica, por primera vez desde hace años, realiza una política agresiva en el norte de África; la red parroquial en el Reino de Valencia está completándose, y en general se cuenta con un clero mejor formado; aunque perdura un cierto nivel de islamismo público en Aragón y Valencia, otras manifestaciones culturales se encuentran en claro retroceso, y la Inquisición, con limitaciones, está rompiendo las solidaridades internas. Hay que preguntarse por qué se reactiva desde el gobierno el debate sobre los moriscos. Voy a tratar de demostrar que entre el proceso de la toma de decisión de expulsar a los moriscos y las negociaciones de la Tregua de los Doce Años existen no sólo coincidencias cronológicas sino una profunda interconexión, cuya explicación obliga a preguntarse sobre quién manejaba el ritmo de las discusiones en la Corte y cuáles eran sus intereses. La primera respuesta es fácil: el duque de Lerma dominaba suficientemente la administración para poder fijar la convocatoria y el orden del día de las reuniones de las juntas y del Consejo de Estado. No quiero decir que no encontrara oposición a sus propuestas, ni que controlara todo el proceso de toma de decisiones, sino que estaba en condiciones de plantear los temas y orientar la discusión. Y eso es lo que en mi opinión hizo con la decisión final sobre los moriscos. En cuanto a la postura de Lerma sobre la situación en los Países Bajos, es bien conocida su decidida búsqueda de una solución negociada, en estrecha correspondencia con los gobernadores, el archiduque Alberto y su mujer la infanta Isabel Clara Eugenia.

39Desde comienzos del reinado se produjeron movimientos en favor de una solución política para el largo conflicto de Flandes33. En septiembre de 1605, el Consejo de Estado proponía que se buscasen interlocutores para conseguir la paz, pero Felipe III respondió que para que no padeciera su reputación debían ser los rebeldes quienes hicieran las propuestas34. Los primeros pasos efectivos se dieron en 1606. Tras el balance negativo de la campaña militar de Ambrosio Espínola de ese verano y la decisión del Consejo de reducir los gastos militares por falta de dinero, estaba claro que la posibilidad de un triunfo militar definitorio sobre los rebeldes era muy remota. En las instrucciones secretas del Rey a Espínola de 16 de abril se señalaba que un armisticio duradero sería el mejor medio para poder recuperar los territorios rebeldes. La estrategia española consistía en debilitar la capacidad de movilización holandesa por medio de unos años sin guerra, mientras se recuperaba la maltrecha hacienda para poder efectuar una nueva ofensiva.

40A lo largo de 1606 el archiduque Alberto había hecho gestiones discretas que recibieron respuesta clara a fines de año: los holandeses proponían una tregua de tres o cuatro años. El año 1607 se caracteriza por la definición de las exigencias fundamentales de ambas partes: los holandeses solicitaban el reconocimiento de la soberanía como condición previa para negociar; Felipe III y el Consejo de Estado pedían la libertad religiosa de los católicos holandeses como contrapartida al reconocimiento de la soberanía. En medio de ambos se encontraban los Archiduques, en Bruselas, y Lerma, en España, que necesitaban urgentemente la paz. El Archiduque se adelantó a aceptar la petición de los Estados Generales, y Lerma arrancó a Felipe III una aceptación inicial de los acuerdos. Gracias a ello se firmó a mediados de abril un armisticio por ocho meses, que salvaba la situación durante la campaña militar de 1607.

41Pero las reacciones en la Corte española, al conocerse el acuerdo, fueron muy negativas. La llegada de la noticia a fines de abril, coincidió con el ataque del almirante holandés Heemskerk y la destrucción de la flota española en Gibraltar. A duras penas consiguió Lerma, en mayo de 1607, que se dieran plenos poderes al Archiduque para negociar, con la condición de que los holandeses extendieran el armisticio al mar y retiraran su flota. Los holandeses aceptaron llamar a su flota y que el alto el fuego se extendiese al Mar del Norte y Canal de la Mancha, lo que reforzó la posición del Archiduque, pero faltaba la ratificación del acuerdo. La oposición en la Corte se endurece: el Consejo, reunido el 19 de junio, no acaba de dar el visto bueno; el 21 de junio, el Condestable, uno de los más radicales opositores a la paz según la infanta Isabel, denuncia la concesión de independencia y el grave abandono en que quedarán los católicos holandeses. Felipe III se muestra reticente a reconocer plenamente la soberanía a los rebeldes mientras desde Bruselas se presiona para que «venga el punto principal». Finalmente, Lerma consigue que Felipe III envíe dos versiones de la ratificación: una de ellas exigía la condición, tan querida por el Monarca, de libertad de culto para los católicos como contrapartida del reconocimiento de la soberanía35. Pero el Archiduque utilizará la otra; no se atrevió a presentar a los holandeses la exigencia de la religión para evitar que se rompieran las negociaciones, ya que sabía que estos no aceptarían limitaciones a su reconocida soberanía. Las conversaciones preparatorias comenzaron el 25 de octubre.

42Es justo en el momento —finales de octubre de 1607— en que la Junta de Tres, bajo el estímulo indudable de Lerma, reabre la cuestión morisca que había sido dejada de lado desde 1602. Aunque por lo pronto sus integrantes plantean una nueva campaña de instrucción dada la falta de medios para llevar a cabo actuaciones más radicales —no hay que olvidar que el 5 de noviembre se decretará la suspensión de pagos ante el peso de una deuda a corto plazo de doce millones de ducados— , se estudian en profundidad los antecedentes. Mientras tanto, las conversaciones con los holandeses se estancan en cuestiones burocráticas. Superadas estas, se acordó a fines de año empezar a negociar la tregua a principios de 1608. Como escribe Allen, los holandeses, después de un año de tenaz resistencia a las demandas españolas, partían como triunfadores36.

43En enero de 1608 se envían poderes a Bruselas y el archiduque Alberto elabora instrucciones para los negociadores. Es el momento —30 de enero— en que se reúne el plenario del Consejo de Estado para estudiar las propuestas de la Junta de Tres sobre el problema morisco y en el que, como hemos visto, todos los consejeros, Lerma incluido, votan a favor de la expulsión, salvo el confesor Javierre, que bloquea el acuerdo con su demanda de insistir en la evangelización.

44La coincidencia de los avances en las conversaciones con los holandeses, a costa de renunciar a defender las exigencias religiosas, con la reapertura del problema morisco y la rápida adopción de la radical medida de expulsarles no me parece mera casualidad. El duque de Lerma, cuya mano debe verse en la preparación de las discusiones, ofrecía al Consejo, y muy posiblemente al mismo Rey, una contrapartida a las cesiones hechas en materia de prestigio y de defensa de la religión ante los rebeldes.

45La posición de Lerma pasaba por malos momentos. Cabrera de Córdoba relata que a mediados de julio aparecieron, por diversos lugares de Madrid, pasquines acusando al Duque de ser un tirano y tener postrada a la Monarquía37. Según la embajada inglesa, se criticaba ásperamente su debilidad ante las demandas holandesas38. La propia Corte, contraria a la forma en que se llevaban las negociaciones, se encastilla en la propuesta de sólo reconocer la soberanía como contrapartida de la libertad de culto para los católicos holandeses. El Rey será el abanderado de esta exigencia: el 15 de julio de 1608, en Lerma, donde estaba reunido con el Duque, Idiáquez y Rodrigo Calderón, preparó nuevas instrucciones para el Archiduque. En ellas se fijaba la libertad de culto como condición necesaria para reconocer la soberanía. P. Allen destaca, frente a las tesis de J. Israel, que el rey actuaba movido primordialmente por su celo católico39. El Consejo, que no había intervenido en la elaboración de las instrucciones, las revisó el 19 de julio: se ofrecía un armisticio por cinco o seis años, sin reconocimiento de la soberanía.

46Posiblemente como reacción ante las críticas, y como alternativa a la expulsión de los moriscos, se planea entonces otra campaña de prestigio en el norte de África, de índole semejante a la realizada en 1601 sobre Argel. El objetivo ahora es la toma de Alarache, en la costa atlántica marroquí. La operación está vinculada a la intervención española en la guerra civil que enfrenta a los hijos de Ahmad al-Mansur. A la muerte del Xarife, a fines de 1603, comienza una lucha entre sus hijos Muley Xeque (Muhammad al-Shayj) y Muley Zidán, en la que en menor medida interviene también Muley Bufares (Abu Faris), por controlar el poder en Marruecos. Una lucha con constantes cambios de fortuna que favorecen alternativamente a Muley Xeque y su hijo Abdalá (Abd Allah), o a Zidán.

47El 24 de julio de 1608, se decide la toma de Alarache y se hacen los preparativos militares y diplomáticos. La decisión, precipitada y tardía, hay que situarla en el marco de las dificultades de Lerma en el verano de 1608. Se plantea como una campaña de prestigio en el norte de África, semejante a la de Argel de 1601, y con idéntico resultado. Pormotivos que desconozco, el Consejo de Estado tuvo sospechas, en vísperas de la operación militar, de que algo podía salir mal y discutió qué alternativa se debía tomar en caso de que la empresa fracasara: se decidió que para salvar la reputación sin arriesgar mucho se persiguiera a los corsarios berberiscos. Lerma no puede ocultar su nerviosismo: «Importa a la reputación que se haga algo para que el gasto que se ha hecho no sea \del todo/ infructuoso40.»

48Poco después, y cumpliendo los peores augurios, se fracasó de forma estrepitosa ante la fortaleza casi desguarnecida de Alarache. El 7 de septiembre, la armada —54 galeras y 14 galeones con más de siete mil hombres— llegó delante de la plaza. El marqués de Santa Cruz, alegando que la mar estaba alterada y temía una emboscada, se retiró y regresó a Cádiz41. El ridículo reactivó el estudio del problema morisco, aprovechando además la muerte del confesor Javierre. De momento se estudia una campaña evangelizadora, pero con la vista puesta en otras soluciones que podrían tomarse en el plazo de un año.

6. La preparación de la última campaña para la conversión de los moriscos

49El 14 de agosto de 1608, Ribera escribe al secretario real Andrés de Prada refiriendo lo que se va haciendo en la instrucción de los moriscos. La carta fue aprovechada para reactivar la resolución final. A principios de septiembre se envía un despacho al virrey de Valencia. Incluye, además de la carta real al marqués de Caracena, otra para el Arzobispo acompañada de una del secretario Prada. El proceso de elaboración fue complejo: primero se redactó un borrador para Ribera. En él se hacía referencia a su informe sobre la marcha de la instrucción y se le solicitaba que,

[...] con este correo que va yente y viniente, me aviséis con mucha particularidad de las diligencias que hasta agora se han hecho, si esa gente muestra gusto y voluntad de combertirse, qué tiempo será menester para que lo haga, qué esperança se puede tener de que junto con perseverar en la fee se aquietarán y apartarán de veras de su secta y de maquinar contra mi servicio y la seguridad y conservación destos reinos, y sobre todo lo que a vos os parece que se deve hazer para que çesen las graves ofensas que esa nación comete contra Nuestro Señor y se salga del cuydado que con el tiempo podría dar42.

50Antes de enviarla se decide cambiar el procedimiento y hacer intervenir al Virrey. En la carta a este, bajo cuyo modelo se reforma la del Arzobispo, el Rey ordena que los supremos dignatarios en el Reino se reúnan y traten «con mucho secreto» de la marcha de la instrucción de los moriscos y respondan al formulario recogido en la cita anterior. Pero la carta a Caracena incluye un añadido específico; se le pregunta «qué gente tiene el batallón de ese Reyno para en caso que fuese menester servirse dél, y cómo está armado43». Junto al interés por la evangelización se vislumbra la preparación de medidasmás radicales.

51La carta del secretario Andrés de Prada a Ribera es reveladora44. En primer lugar trataba de hacer creer que la reacción real era anterior a la presión de Ribera45. Lo fundamental, no obstante, era el poco disimulado mensaje:

Su Magestad (Dios le guarde) desea sumamente acortar en este negocio de los moriscos y cumplir, como tan siervo suyo, con lo que conviene a su honrra y gloria y a la seguridad y conservación de sus Reynos, y estuviera esto más adelante si al señor cardenal Xavierre (que santa gloria aya), como tan piadoso, no le pareciera que convenía hacer esta última y nueva diligencia, por no tener de essa gente el conocimiento y esperiencia que V. S. I. tiene [...] y así pienso que agora se a de encaminar mejor.

52En la carta, que merece leerse entera, Prada —hombre de plena confianza de Lerma— , asumiendo y alabando la visión profética del Patriarca, pinta un negro futuro si no se toman medidas radicales y siguen dejándose «engañar con esperanças tan vanas y largas» como las propugnadas por Javierre. Le insta a que conteste al Rey «tan clara y libremente como lo pide el lugar que Dios a dado a V. S. I. y la importancia del negocio».

53Es decir, sin perder tiempo, a los cuatro días de la muerte de Javierre46, Lerma aprovecha la intervención de Ribera y, por medio de un cuestionario bien planteado, y con la incitación añadida del secretario, trata de sonsacarle una respuesta cuya violencia era conocida y esperada de antemano. El Arzobispo, ingenuamente, cae en la trampa. El 13 de septiembre escribe a Felipe III en respuesta al cuestionario enviado por la Corte. Desespera de la posible conversión de los moriscos y opina que no piensan más que en maquinar traiciones y levantamientos. En cuanto a las medidas que podrían adoptarse, recuerda dolido que no se hizo caso a las que propuso en 160247.

54Por su parte el marqués de Caracena obedece a la orden y responde, a regañadientes, al cuestionario alegando su falta de conocimiento en la materia. La visión desesperanzada que transmite es semejante a la del Arzobispo y sus remedios radicales: «Supuesto que como queda dicho ninguna esperança se puede tener de su conversión», propone «la prohibición de su lengua y del ávito bárbaro que traen de moros» y evitar que vivan aislados de los cristianos viejos. En cuanto a las prevenciones militares, trata de curarse en salud recordando sus avisos sobre las necesidades defensivas, en particular de Peñíscola y Bernia, y sobre la falta de armamento del batallón integrado por diez mil hombres. Solicita, en consecuencia, que mientras se estudian y llevan a cabo los posibles remedios se hagan los preparativos necesarios para «qualquier gran resoluzión48».

55No acaba aquí la intervención del Virrey; envía también las respuestas del franciscano Fr. Antonio Sobrino al cuestionario real, que contrastan con el pesimismo anterior. Su memorial es, a un tiempo, realista y optimista49. Reconoce las enormes dificultades para la conversión, derivadas del mal ejemplo y de los abusos de los cristianos viejos, sobre todo de las exigencias excesivas de los señores, de la falta de instrucción adecuada y de la resistencia cultural de los moriscos, enraizada en el islam y defendida por la aljama. Pero cree posible lograr avances notables en su cristianización en el plazo de un año. Alejado por su optimismo de la postura del Arzobispo, su programa es semejante al de Ribera en 1599: convincentes y honestos predicadores, buen trato y cargos honrosos para los moriscos —comenzando por no llamarles ‘moriscos’ sino simplemente ‘cristianos’, sin ningún calificativo—. Pero presenta diferencias notables en dos cuestiones: considera imprescindible acabar con el aislamiento morisco: mientras «estos bivieren juntos, como aora biven, ninguna cosa buena se hará». Es necesario, pues, favorecer la integración hasta alcanzar la meta de los matrimonios mixtos, a los que el Arzobispo reconoce haberse opuesto de forma sistemática. Y sobre todo le parece imprescindible, llegado el terrible momento de tener que «purgar» a España, comenzar la expulsión por los que viven en «las provincias marítimas».

56El Comendador Mayor de León recibió el encargo de analizar las respuestas de Valencia y redactar un informe. Lo hizo el 25 de octubre. El Rey Católico estaba obligado a tomar resolución sin dilatarlo más para evitar los peligros de las conspiraciones y del castigo divino. No obstante, el peligro no era tan inminente como para que no pudieran seguirse los consejos de Fr. Antonio Sobrino y llevar a cabo una campaña de evangelización durante todo el año 1609. El plan de Sobrino, desarrollado en juntas paralelas en Valencia y en la Corte, marcaría la línea de actuación, de la que debería excluirse, por el momento, la propuesta de Caracena de prohibir la lengua y el traje. El plazo de un año debía aprovecharse para reforzar las defensas de forma que «quando por sus secretos juicios permita [Dios] que no se conviertan, servirán las prevenciones para executar la resolución que se tomare con la reputación y seguridad que conviene50».

57Felipe III dio el visto bueno a la propuesta de Idiáquez y, poco después, debió de ordenar a Ribera la celebración de una junta de prelados en Valencia. Sabemos que comenzó el 22 de noviembre en el Palacio Real. Lo más destacado de lo tratado en ella fue la discusión, a propuesta del Arzobispo, de cuatro puntos polémicos. De ellos, el principal era el primero: determinar si los moriscos podían ser considerados de forma general como herejes y apóstatas notorios sin necesidad de una condena individual. Las demás cuestiones eran consecuencias prácticas de esta, cuya demostración había dejado pendiente en su memorial de 1602, donde se daba por supuesto que lo eran. La discusión tenía unas implicaciones políticas de alcance ya que una respuesta afirmativa reforzaba la justificación legal de la expulsión.

58Antes de proceder a la votación, el Patriarca propuso que se consultase la opinión de «personas graves y doctas» entre las que se encontraban representantes de las diversas órdenes religiosas y del clero parroquial de Valencia. Según Ribera, todos, salvo Fr. Antonio Sobrino, estuvieron de acuerdo en que podían considerarse herejes notorios. Pero Sobrino disiente tanto del fondo como de la relación que Ribera hizo al Rey de lo acordado en la junta. Según él, ni el obispo de Segorbe, Feliciano de Figueroa, ni, posiblemente, el de Orihuela, ni el inquisidor Sánchez, aceptaron la opinión de los consultores que no eran juristas sino teólogos. Y ahí radica la dificultad: el concepto jurídico «notoriedad de hecho» difiere de la idea de evidencia o fama, fundada en indicios, que manejan los moralistas, y requiere una certidumbre total, basada en evidencias, que pueda mantenerse por un juramento. Y vuelve sobre una idea que ya hemos visto señalada en el debate: si fueran herejes notorios la Inquisición podría y, lo que es más, debería castigarles a todos «sin otra vía ni prueba judicial», lo que ni hace, ni parece que pueda hacer51.

59La muerte de Javierre abría las puertas a la ejecución de lo acordado por el Consejo de Estado en su reunión del 30 de enero, y a ello contribuían, justificándolo, la opinión de Juan de Ribera y los polémicos acuerdos de la junta de Valencia, pero seguían pesando los escrúpulos de conciencia. A principios de diciembre se lleva a efecto la recomendación de Idiáquez de realizar una nueva campaña de instrucción en la que se aplicaría el plan de Sobrino. Felipe III escribe, el 7 de diciembre, a Caracena y a Ribera ordenándoles que a partir del principio de 1609, y durante todo el año, se trabaje en conseguir convertirles en «buenos christianos y fieles vasallos52». Con ello se tendría la conciencia tranquila llegado el momento de aplicar las tajantes decisiones recomendadas el 30 de enero de 1608 y se ganaba el tiempo necesario para los preparativos. Otra carta al Virrey precisa el fin último de la campaña evangelizadora. A espaldas del Patriarca —«aquí aparte para vos solo»— le informa de que mientras «durare la instrucción convine pensar mucho en el remedio de su infidelidad y apostasía» por si no se convierten, y le ordena que con todo secreto aproveche el tiempo para poner en orden el batallón del reino53.

60Algo sospecharía, no obstante, Juan de Ribera, ya que el 19 de diciembre, escribe una larga carta al secretario Prada, con el objetivo de que haga llegar sus argumentos tanto al Rey como al Valido54. Después de alabar el «santíssimo zelo» de Felipe III y de manifestar que aunque no espere gran cosa de la campaña de instrucción se hará «con toda diligencia y cuydado», vuelve a sus argumentos de 1602. Conviene empezar por los moriscos castellanos tanto para evitar los grandísimos daños que los Reinos de Aragón y Valencia padecerían, y las protestas que pueden esperarse, como por «el beneficio del mismo negocio» ya que, tal vez, los valencianos «quedarían más fáciles a la obediencia de lo que se les mandase y sin ninguna esperança de recobrar a España, que es la que sustenta todas sus quexas, persuadidos de las prophecías que los alfaquíes les enseñan». Mientras se expulsa a aquellos se llevaría a cabo, en Valencia, la nueva campaña misional, y a pesar del poco fruto de las anteriores «no será el tiempo perdido pues recibirá Nuestro Señor nuestra buena voluntad, y si él fuere servido que por medio de verse éstos solos y desamparados [...] se viniesen a reduzir se avrían ganado aquellos reinos y estos, y conseguídose tantos bienes como se dexan considerar». En esta carta, aunque no oculta su temor a las consecuencias de la expulsión que considera serán catastróficas, insiste sobre «los evidentes peligros que amenazan [...] de grandes males y revoluciones en España» por causa de la dureza y la traición de los moriscos de los Reinos de Castilla, «según lo prophetizó Fr. Ximénez diciendo que avía de padezer innumerables calamidades y daños y que esto se lo avía dicho el ángel S. Gabriel55».

7. El peligro marroquí

61Y entonces, el 4 de abril de 1609, el Consejo de Estado en pleno se inclina por la expulsión de los valencianos y deja entrever que seguirá la de los castellanos56. La propuesta que, por orden del Rey, se presenta para la discusión del decisivo Consejo de 4 de abril de 1609 se hace eco del temor a una invasión procedente de Muley Zidán de Marruecos con ayuda holandesa, emulando la hazaña de Miramamolín contra D. Rodrigo57. Según informes cuyo origen no se menciona, una embajada morisca ofreció a Muley Zidán apoyo armado en el caso de que se decidiera a invadir la Península; trataban de convencerle de que le bastaría un ejército de veinte mil hombres para conseguir su objetivo sobre todo si contaba con ayuda holandesa. Se decía que unos holandeses habían alardeado de que «le harían una puente con sus navíos por donde pudiese pasar muy a su salvo». El terrible panorama se completa con una mención al malestar en Italia y a la futura amenaza del Turco cuando se libere de las guerras de Persia. Daba por hecho, además, el escrito real que el esfuerzo por convertirles había fracasado, como el arzobispo de Valencia había anunciado y que no se podía esperar más. Con estos antecedentes, Felipe III demanda una resolución inmediata y orienta cuál debe ser. Lo que pide al Consejo es «el modo y tiempo de librarse de esta gente», incluso sin poner reparos «al rigor de degollarlos». A ello se dirige un cuestionario preciso que los consejeros deben responder relativo a aspectos prácticos de la ejecución de la medida. Concluye la propuesta declarando que con ello se logrará «mucha reputación a Su Magestad» e incluso será conveniente «para las cosas de Flandes». Como se ve, el Monarca da por adoptada la decisión y lo que solicita del Consejo es que la ratifique y proponga los medios más adecuados para ponerla en ejecución.

62Después de revisar, una vez más, las consultas anteriores y los memoriales de Ribera y de otros religiosos, asumió la iniciativa de la discusión D. Juan de Idiáquez. Comenzó declarando que había llegado el momento de dejar a un lado el miedo y «tomar la última resolución» para atajar las graves ofensas que se venían haciendo a Dios y evitar con ello el cumplimiento de «las prophecías que ha havido amenazando un riguroso castigo a estos Reynos». Los argumentos de Ribera sirven de justificación para la medida que se propone. Y no sólo las razones generales, sino los propios ejemplos: hace referencia a la revelación divina a Fr. Luis Bertrán, transmitida por D. Luis Boil, o la propia manifestación del Patriarca de que temía ver la pérdida de España. Y junto a la culpa por consentir los pecados públicos de los moriscos, el otro gran motivo alegado por Ribera: la amenaza de las conspiraciones. Acepta Idiáquez, que contaba con una larga experiencia como diplomático y consejero, sin ningún aspaviento, el peligro marroquí anunciado por la declaración real, y añade el recuerdo de la guerra de Granada, retomando lo dicho por Ribera en su primer memorial. Después de desechar algunas de las soluciones apuntadas y rechazadas por el Patriarca, «se resuelve en que se hechen todos destos Reynos» sin siquiera «hacer un proceso general» que no parece necesario, dada la notoriedad del delito, y que dificultaría la condición básica para el éxito: el más estricto secreto en la preparación.

63Como se observa, no aporta en este momento trascendente ninguna argumentación nueva ni de gran peso. El resto de su intervención se refiere a la ejecución, sin tampoco grandes novedades. Debe comenzarse por los valencianos, como estaba acordado, «porque son los que muestran mayor obstinación y desvergüença». La cuestión principal es cómo evitar que los de Castilla se alteren pensando, con buen sentido, que luego les tocará el turno. Propone, de forma original, que se decrete la expulsión «de los que están [a] tantas leguas de la marina» de modo que abarque a todos los del Reino de Valencia y tranquilice a los de Castilla y Aragón «que están la tierra adentro». La medida deberá efectuarse entre los meses de agosto y octubre próximos, y para asegurar el éxito hay que realizar una importante movilización de las flotas y traer tropas de Italia que refuercen las milicias peninsulares. Un problema que plantea, de difícil solución y que dará lugar a tensas discusiones, es qué hacer con los niños moriscos. Idiáquez apunta la brutal posibilidad de retener a los niños menores de 15 años para poderlos usar de galeotes en el futuro, «pues el Patriarca afirma que justamente se pueden dar por esclavos58».

64La otra opinión de peso fue la del duque de Lerma. Comienza confesando su arrepentimiento por no haberse manifestado con la resolución necesaria en otras ocasiones. Como muestra de su propósito de enmendarse, rechaza tajantemente cualquier dilación para intentar convertir a los moriscos. Ha llegado el momento de «echar esta gente destos Reynos» sin ningún escrúpulo de conciencia, y cabe suponer que sin necesidad de ninguna formalidad jurídica, ausente totalmente en su exposición. La única razón es, también, el peligro marroquí. Poco aporta Lerma a lo dicho por Idiáquez en cuanto a la ejecución, si no es la insistencia en el secreto hasta el punto de que deben continuarse «las juntas que tratan de la conversión en Valencia y en esta Corte» para que los moriscos no desconfíen. Y junto con ello su anterior propuesta de que los bienes de los moriscos se den a los señores para «consuelo del daño que recivieran de quedar sus lugares desiertos».

65Ni el marqués de Velada, que reconoce no estar al tanto por no haber asistido a anteriores consejos sobre el asunto, ni el cardenal de Toledo, Inquisidor General, ni el mismo Condestable de Castilla aportan nada sustancial a la discusión. Sólo el duque del Infantado discrepa de comenzar por los valencianos y defiende que se haga por los castellanos para así evitar daño a los señores. Por último, el conde de Alba de Liste, conformándose con lo expuesto por Idiáquez y Lerma, hace un canto a la necesidad de expulsarles como causantes de todos los males de la Monarquía: «Los daños de todos los males nacen de los moriscos pues los permite Nuestro Señor porque se a disimulado con su heregía y apostasía, porque siendo batizados hazen pública proffesión de moros.»

66La pobreza de la discusión del 4 de abril de 1609 se explica porque los consejeros se limitan, en gran medida, a volver sobre lo decidido en enero de 1608. Y a que, para no dejar cabos sueltos, el cuestionario elaborado para la reunión la orientaba hacia los aspectos prácticos.

67¿Creía el Consejo de Estado en el peligro de una invasión marroquí? Me cuesta creerlo, pero veamos los antecedentes inmediatos. En Marruecos se produjo un viraje, uno más, de la fortuna bélica el 27 de enero de 1609, cuando Zidán derrotó a Abdalá y tomó Fez, mientras el Xeque y su hijo se refugiaron en Alarache. El cambio en Marruecos se estudia en el Consejo de Estado del 4 de marzo y se vuelven a analizar los preparativos para la toma de Alarache; se oyen voces partidarias de disponer tropas en Andalucía. Mientras, Muley Xeque, temiendo la reacción que se produciría en Marruecos si su marcha coincide con la entrega, opta por atravesar el Estrecho por su cuenta. A mediados de marzo el Consejo de Estado recibe noticias de la llegada a la Península de Muley Xeque. La empresa de Alarache quedaba, una vez más, pospuesta ante su ocupación por Zidán59. Es entonces cuando se aprueba la expulsión de los moriscos.

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68Con ocasión de la conmemoración del cuarto centenario hemos podido leer en diversas ocasiones que el 9 de abril de 1609 Felipe III firmó la orden de expulsión de los moriscos, coincidiendo con la firma de la Tregua de los Doce Años. Dejando al margen el error de considerar que hubo un solo decreto para expulsar a todos los moriscos, me centraré en la fecha. No tenemos constancia ninguna de que tal día se tomara ninguna decisión sobre el destino de los moriscos. Hasta donde he podido averiguar, el error proviene de una ambigua frase de Boronat, mal interpretada por Henri Lapeyre: «Llegó a manos de Felipe III aquella consulta [del 4 de abril], y aprobó el contenido en el momento en que se había fijado el día para firmar solemnemente la Tregua con los holandeses, o sea el principio legal de su soberanía. Con este motivo habían cesado los ríos de dinero y los millares de hombres que formaban nuestros tercios de Flandes el día 9 de abril de 160960.»

69La confusa redacción, ya que lo que viene a resaltar es la coincidencia temporal entre ambos hechos, pero no que tuvieran lugar en el mismo día, llevó a Lapeyre a afirmar que «después de una reunión del Consejo, con fecha 4 de abril de 1609, el mismo día de la Tregua de los Doce Años, es decir el 9, fue tomada la decisión por el rey61». Sin embargo, es un error interesante porque vincula ambos hechos. Retomemos la evolución de las negociaciones de la Tregua con los holandeses.

70Estas se atascaron durante la segunda mitad de 1608, algo que favorecía los intereses de Felipe III que pretendía ganar tiempo y que no estaba dispuesto a ceder en sus condiciones expresadas en julio, pero en enero de 1609 la situación cambió. Los Estados Generales aprobaron un proyecto de tratado cuyos primeros artículos reconocían la soberanía de las Provincias Unidas y no aceptaban ninguna imposición en materia religiosa, es decir, que protegiera a los católicos holandeses. Mientras, en Madrid, Lerma debía enfrentarse en el Consejo de Estado a Idiáquez, al Condestable y al cardenal de Toledo, que defendían lo acordado en julio y eran partidarios de continuar la guerra. «Philip was crushed», escribe Allen, finalmente se iba a ver obligado a sucumbir ante los herejes rebeldes. Los negociadores en Amberes, a pesar de sus intentos desesperados de modificar las condiciones holandesas, no tuvieron más remedio que terminar aceptándolas. Había, no obstante, que acabar de convencer al Rey y a los miembros recalcitrantes del Consejo para que ratificaran la Tregua62. En mi opinión, la propuesta de expulsar a los moriscos era una contrapartida que podía contrarrestar el malestar moral y político que la Tregua provocaba en el Monarca y los consejeros, y facilitar su aceptación del tratado. Y el peligro marroquí una excusa para justificar la decisión.

71De forma inmediata al acuerdo del 4 de abril, comenzaron los preparativos de la expulsión, aunque las instrucciones precisas de su puesta en ejecución no se dieron hasta el 4 de agosto. Fue entonces cuando Felipe III firmó las órdenes. Para entonces la situación en Marruecos había cambiado, una vez más, y aunque la amenaza marroquí no era ya defendible como causa justificativa del peligro morisco, ahora sí, la suerte de los moriscos estaba echada.