1989-2015 La verdad después del silencio cómplice
p. 113-127
Texte intégral
1A partir de 1989 –tras el golpe que derribó a Alfredo Stroessner– en Paraguay se ha desatado un acalorado debate sobre uno de los regímenes de más larga duración en la historia hispano-americana (35 años) para demostrar cómo éste se ha basado en
las principales violaciones de derechos humanos, que consistieron en detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y el exilio forzado (Comisión 2008: 45).
2Esto no significa que durante la dictadura nadie intentara denunciar más o menos abiertamente que el Paraguay no era el país donde reinaba ‘la paz, el orden y el progreso’, sino un lugar amordazado, agobiado por el miedo y la violencia. Al contrario1. Los que lograron salir de los centros de detención fueron los que más se esmeraron en señalar la existencia de un mundo paralelo, subterráneo y oscuro, completamente antitético al que las instituciones fomentaban. Y lo hicieron utilizando todos los medios a su disposición: informes enviados a organismos internacionales2, entrevistas realizadas por periódicos extranjeros, ediciones de libros que trataban de poner al descubierto la maquinaria de brutalidad que los envolvió y los mecanismos institucionales, políticos, militares, policiales y culturales utilizados para ocultar la existencia de un terrorismo de Estado perfectamente organizado.
3El intento más concreto fue la publicación en Panamá en 1978 de Paraguay: la cárcel olvidada, escrito por Martín Almada que, en la introducción declara:
Como sobreviviente de las cárceles de Stroessner, creo que es mi deber contar a mis compatriotas y a todos los hombres del mundo lo que está pasando realmente en el Paraguay, detrás de la cortina de silencio que lo envuelve, por obra deliberada del dictador y sus aliados. En efecto, ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Stroessner ascendió al poder y son pocos los testimonios publicados de lo que han sido estos 24 años de violación sistemática de los derechos humanos. […] Al salir de la cárcel, dos perspectivas se presentaban ante mí: extirpar de mi memoria la experiencia recién vivida, o asimilarla y utilizarla en beneficio de mi pueblo. Opté por este último camino. […] Este libro, es una modesta tentativa destinada a agitar la conciencia de mis compatriotas primero, y, después, la de la comunidad internacional, en torno al drama del pueblo paraguayo (Almada 1989: 19-20).
4En las 169 páginas que componen el libro, el autor contaba su propia experiencia en las cárceles del Dictador, donde estuvo encerrado durante tres años y medio, e incluía una lista con los nombres de los mandatarios, de los torturadores y de los prisioneros cuyo destino muchas veces les era desconocido hasta a los mismos familiares.
5De gran importancia resultó también la lucha cotidiana que emprendieron Amnesty International y el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencias, este último fundado en 1976 tras «la gigantesca represión3 contra la incipiente Organización Político Militar (OPM), un grupo de estracción urbana y de clase media que estaba organizando la resistencia armada contra la dictadura» (Marecos Gamarra 2011: 15).
6Gracias a su trabajo, varios prisioneros recobraron la libertad y se exiliaron al extranjero. Pero, lamentablemente, dichas organizaciones humanitarias –casi diariamente atacadas por la prensa oficialista–, nunca se convirtieron en fuerzas opositoras del régimen, y su propósito de llevar a cabo una concreta actividad de contra-información, no tuvo éxito alguno, sobre todo adentro de los confines nacionales. A pesar de su empeño, en Paraguay las noticias sobre el tipo de violencia perpetrada contra los que eran definidos opositores al régimen, el uso reiterado de la tortura4, la inhumana condición de vida en las zonas de reclusión siguieron siendo consideradas ‘rumores’.
7Esta negación de la realidad queda patente en las afirmaciones y los cuentos de los mismos sobrevivientes, incluidos en los libros de carácter testimonial presentes hoy en el mercado. La mayoría de las víctimas describe la primera fase de su dramática experiencia como un período caracterizado por una sensación de incredulidad con respecto a los métodos empleados durante los interrogatorios, y a la existencia de calabozos clandestinos esparcidos por la capital. Todas sintetizan dicho asombro con expresiones tipo: «no sabía…», «no creía…», «no imaginaba…».
8Por otra parte, no era fácil adaptar esta imagen aterradora a un gobierno profundamente populista, paternalista y formalmente democrático, cuya
fachada institucional incluía convocar puntualmente a fraudulentas elecciones, mantener funcionando domesticadamente todos los poderes del Estado y contar, incluso, con una dócil pero funcional oposición parlamentaria. El propio Stroessner, aunque militar y dueño de todos los poderes, siempre fue el candidato y gobernó con el apoyo de un partido político tradicional: el Partido Colorado (Boccia Paz-Palau Aguilar-Salerno 2013: 16).
9Sólo una parte de la población se había dado cuenta del peligro implícito en la decisión de Stroessner –partidario de la Doctrina de la Seguridad Nacional– de convertir las fuerzas armadas en un órgano de policía encargado de la lucha contrarrevolucionaria, de organizar un extenso sistema de informadores (los tristemente notos piragüés) y del mantenimiento de un permanente Estado de Sitio en el país.
10De hecho, estas medidas aumentaban el poder del ejército y garantizaban su impunidad. La certeza del apoyo del Dictador, incluso en casos de violación de cualquier tipo de derechos humanos, era tan firme que el Jefe de la Inteligencia Policial Paraguaya –Pastor Milciades Coronel– al acabar un discurso oficial, sin temor alguno, afirmó: «Con ‘Derechos humanos’ o sin ‘Derechos humanos’ seguiremos en el poder construyendo y progresando, orgullosos de nuestro gobierno y de nuestro Partido» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 139).
11Dicha declaración vela un significado más profundo al considerar que ‘derechos humanos’ –según cuentan muchos ex prisioneros5– era el nombre utilizado por los torturadores para indicar sea el agua fétida con excrementos y orina, sea el tejuruguái, una especie de látigo realizado con cable de hierro trenzado. El abanico de posibilidades se ampliaba con una serie de subcategorías: «‘derechos humanos tipo John Foster Dulles’ era el baño de pileta en agua excremencial; ‘derechos humanos tipo Carter’ era el pileteo en agua normal y era aplicado sobre todo a turistas que se negaban a pagar los tributos por la ‘protección policial’» (Almada 1989: 30). Además,
cada instrumento de tortura tenía su nombre. Llamaban ‘Constitución Nacional’ a los cables trenzados terminados en bolas metálicas6 […] ‘paraguayita’ a un látigo fino, sumamente temido: ‘democracia’ a toda clase de cachiporras; ‘general Stroessner’ a las leznas de tamaño grande, y ‘Pastor Coronel’ a las de tamaño más pequeño (ibídem).
12Para poner al descubierto esta realidad tenemos que esperar tres acontecimientos que transformarán definitivamente la perspectiva de análisis interna y externa.
13El primero es, por supuesto, el derrocamiento de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989, que dejó aflorar un deseo acuciante de afirmar la libertad de acción y palabra, una urgencia de denuncia y de justicia. En los meses siguientes, algunas editoriales que ya habían apostado en novelas de evidente compromiso político (El invierno de Gunter de Juan Manuel Marcos en 1987, y Los nudos del silencio de Renée Ferrer en 1988)7, proponen tres libros de marcado carácter testimonial.
14Junto con el arriba citado texto de Almada –que por primera vez pudo contar con una edición nacional– salen a la luz Prisionero en Paraguay. Reflexiones sobre tortura bajo el stronismo de Aníbal Miranda, del que se venden mil ejemplares en una sola semana; y Paraguay en el Operativo Cóndor de Gladys Mellinger de Sannemann.
15A estos títulos se añadirá en 1991 la novela Celda 128, de Moncho Azuaga que, por una parte, describe la experiencia carcelaria9, por otra, interpreta y examina despiadadamente el caos existencial que había atenazado durante años a Paraguay.
16Con todo, tenemos que esperar dos nuevos acontecimientos para que el país empiece a modificar totalmente su perspectiva de análisis, a (parafraseando el título del libro de Boccia Paz, et al.) ‘resignificar la memoria’ de aquellos años y de sus protagonistas.
17De hecho, el descubrimiento, el 22 de diciembre de 199210, del primer Archivo del terror o del horror (así como se le definió y sigue siendo conocido) y, en octubre de 2008, el hallazgo de una cámara de tortura en los sótanos del edificio del Ministerio de Interior, borrarán cualquier duda sobre la terrorífica naturaleza del stronismo permitiendo a todo el mundo acceder a datos de vital importancia histórica.
18La envergadura del primer encuentro –el del archivo completo de la Policía política de Stroessner, considerada «la primera fuente documental en América Latina sobre la siniestra Operación Cóndor» (Boccia Paz-González -Palau Aguilar 2006: 9)–, sea en sentido cuantitativo (en el despacho estaban amontonados más de 700.000 documentos) que cualitativo (gracias a ellos se han identificados 23.000 nombres y 300 organizaciones reprimidas), transformó la actividad de investigación, que ya había empezado hacía años para buscar a los desaparecidos. No se trataba sólo de encontrar pruebas y confrontar los datos adquiridos con las declaraciones individuales, sino de actuar según un claro proyecto político que involucraba a toda la sociedad civil, y estaba destinado a individuar causas y efectos de un determinado sistema de gobierno, avivando los paralizados juicios sobre los derechos humanos.
19Principalmente trazó una línea de demarcación neta entre los años del silencio y los de la verdad revelada. A partir de aquel momento todo el mundo contaba con pruebas inconfutables sobre la represión existente en el País desde 1927, y que llegó a su máximo nivel entre 1954 y 1989. Además, dicha documentación daba «la posibilidad de quebrar la unilateralidad de los relatos [y] pasar ‘del rumor siniestro a la verdad probada’» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 35).
20Estos papeles eran «un acta de acusación libre de toda sospecha de parcialidad, tergiversación o dolo» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 26), contra los responsables de la represión, ya que eran actas de interrogatorios, fichas informativas sobre ciudadanos, informes destinados a Stroessner, fotografías, carné de identidad y pasaportes, órdenes de detención, libros de ingresos y salidas de los prisioneros, todos y cada uno sellados y firmados por los ejecutores de dichos encargos.
21Con estos documentos eran los verdugos, los torturadores, los informadores, los dirigentes del régimen que se auto-denunciaban11.
22Para evitar su dispersión y llevar a cabo una clasificación12, se creó en marzo de 1993 el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos en la propia sede del Palacio de Justicia.
23Con objeto de dar a conocer inmediatamente una parte del material encontrado en la comisaría sale a la luz en 1994 Es mi informe. Los archivos secretos de Stroessner. El libro tuvo un éxito editorial apoteósico13, porque brindaba al lector (imposibilitado a desenmarañarse en aquella jungla de papeles) una amplia selección de documentos que, transcritos fielmente, denunciaban por lo menos algunas de las actividades secretas de los que habían vivido a la sombra del dictador. A este texto se añade en 2001 En los sótanos de los generales que reúne la información sobre el Operativo Cóndor reconstruyendo algunos casos que demostraban cómo la actividad criminal del régimen se había ampliado al exterior.
24La aprobación de la Ley 2.225, el 16 de octubre de 2003 –tras un proceso bastante complejo14–, que instituía una Comisión de Verdad y Justicia, dio nuevo empuje a la denuncia.
25Rechazando la que Rosa Maria Grillo define «la politica negazionista del silenzio e dell’amnesia portata avanti dai governi di transizione dopo la caduta delle dittature del Cono Sur con le varie Ley de impunidad, de Obediencia Debida, de Punto Final ecc.» (Grillo: 2017), la Comisión presidida por Monseñor Mario Melanio Medina15 (según el Art. 1 de dicha Ley) se proponía investigar hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales o paraestatales entre mayo de 1954 hasta la promulgación de la Ley. Al mismo tiempo apuntaba a
desalentar toda iniciativa que tienda a la promulgación de leyes o medidas judiciales encubiertas de ‘punto final’ que puedan dar lugar al uso de la prescripción, la amnistía, el derecho de asilo, la denegación de la extradición [...], la obediencia debida, las inmunidades oficiales, las leyes sobre arrepentidos, la competencia de los tribunales militares, así como el principio de inamovilidad de los jueces que promueve la impunidad o contribuye a ella (Comisión 2008: 118).
26Por lo tanto, no auspiciaba una reconciliación, sino pedía una condena ejemplar de los responsables y una reparación para las víctimas. La principal tarea de la Comisión de Verdad radicaba, según afirma Hugo Valiente,
en convencer a ese sector de la población que prefirió no enterarse de lo que sucedía en su entorno cuando el Estado reprimía desbordadamente a los disidentes, o a esa gente que aún sabiendo lo que ocurría, optó por la indiferencia y por medrar en lo que el sistema dejaba de espacio para sobrevivir (2003).
27Además se proponía
incidir en los miembros de estamentos del Estado, que si bien no participaron directamente de la represión, participan hoy día de una mentalidad corporativa y de una cultura institucional refractaria a la revisión histórica del papel desempeñado por sus instituciones durante el periodo de excepción y resistente a los cambios necesarios para garantizar la no repetición de los hechos (ibídem).
28Efectivamente, el Informe final –que en su forma definitiva, presentada en agosto de 2008, cuenta con más de 1.000 páginas, repartidas en 8 tomos, y recoje 2.130 testimonios– ha tratado de cumplir con su mandato y ha dado impulso teórico y práctico a un sinfín de actividades.
29Evitando ocuparse sólo del pasado, en las Conclusiones y Recomendaciones, que forman parte del Tomo I16, brinda indicaciones pormenorizadas, por ejemplo, sobre las «Medidas dirigidas a promover una educación de derechos humanos que cuente lo ocurrido» (Comisión 2008: 101), sobre las «Medidas en materia de educación para todos los sectores de la sociedad en materia de derechos humanos» (Comisión 2008: 109), proponiendo añadir «en el currículo del ciclo escolar básico, de la enseñanza media y de la universitaria, a través de métodos modernos y activos que la hagan interesante para los educandos» (ibídem), una asignatura denominada «Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay». Al mismo tiempo recomienda
introducir los contenidos de derechos humanos de manera transversal en áreas como historia, geografía, formación ética y ciudadana, arte y literatura, así como en el área de ciencias sociales del Plan Común de la Educación Media (ibídem).
30Y sugiere «establecer una cátedra de derecho internacional de los derechos humanos como obligatoria en las facultades de derecho» (Comisión 2008: 110). Asimismo, para que las pruebas y la verdad estén al alcance de todos, invita a
promover programas de radio y televisión, tanto en español como en guaraní, sobre los resultados de la investigación realizada por la Comisión de Verdad y Justicia (Comisión 2008: 102).
[...] Implementar, a través del Ministerio de Educación y Cultura, cursos en Internet para escuelas y colegios de acceso gratuito para los estudiantes sobre la temática de los derechos humanos (Comisión 2008: 109).
[...] Impulsar en escuelas, colegios y universidades eventos e investigaciones sobre derechos humanos (Comisión 2008: 110).
31Un programa amplio y articulado que ha obtenido buenos resultados sobre todo en la elaboración de proyectos para la educación en derechos humanos17, que tienen como base el conocimiento de la historia de la dictadura. A tal fin, ya se habían creado en 2002 dos Museos de la memoria, donde, como afirma oportunamente Ilaria Magnani, empieza el «riconoscimento del rimosso» (Magnani 2011: 227). El primero, el Centro de documentación Archivos de la dictadura stronista - Casa de las víctimas 1954-1989 está en San Ignacio Guazú (en el departamento de Misiones)18; el segundo, el Museo de las Memorias –que se ha transformado a lo largo de los años en un centro de información e investigación–, está ubicado en pleno centro de Asunción, en una casa19 de los años 30 del siglo XX, de estilo colonial, que sirvió de cárcel clandestina (la Técnica) durante años. Dos pequeños cuartos fueron convertidos en celdas para los presos políticos, otros en oficinas para los policías que en aquel mismo espacio torturaban a los sospechosos. Hoy, en el mismo lugar, se guardan fotografías, gorras y uniformes, objetos conmemorativos de la época stronista, efectos personales de los prisioneros, instrumentos de tortura, y documentos que atestiguan la intensa participación de Paraguay en el Plan Cóndor.
32Aparcada en el pequeño jardín al lado de la entrada, está la ‘perrera’ o ‘caperucita roja’20 –una de las seis espaciosas Chevrolet Custom 10 donadas a la policía stronista por el gobierno norteamericano–, verdadero centro móvil de tortura, por llevarse a cabo en ella la primera fase de ‘ablandamiento’ de los secuestrados, como bien explicó en una entrevista Martín Almada21.
33Con el propósito de ampliar el radio de acción en la sensibilización acerca del proceso de recuperación de la Memoria Histórica del periodo dictatorial se creó en 2011 el MEVES, acrónimo de Memoria y Verdad sobre el Stronismo. Emotivamente menos impactante, pero de mayor difusión por ser un museo virtual –así como se lee en la portada de su página web–,
busca promover los valores democráticos a través de la difusión del Informe de la Comisión Verdad y Justicia [y facilitar] el conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante 35 años por la dictadura stronista22.
34Dividido en tres áreas, «realiza un recorrido histórico entre los años 1951 y 1989» (portal web MEVES), brinda las últimas noticias sobre los derechos humanos, y propone un Aula Virtual «diseñada y adaptada a los estándares didácticos de la educación en Dignidad, Derechos Humanos y Democracia» (ibídem)23 destinada a docentes y estudiantes. Asimismo ofrece vídeos con entrevistas a sobrevivientes.
35Interesante resultó también la propuesta del sitio web Aula-Taller en Derechos humanos por medio de la literatura paraguaya24, destinado a jóvenes escritores, docentes de Derechos Humanos y Literatura Paraguaya e Hispanoamericana, a cargo de Víctor Jacinto Flecha, y que funcionó entre enero y abril de 2010. En este espacio han encontrado cabida estudios sobre los mayores escritores paraguayos demostrando su empeño en la defensa de la dignidad y la libertad de sus compatriotas.
36Otra iniciativa de gran importancia y éxito, auspiciada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Fundación Casa de la Juventud, se ha revelado el proyecto La Voz de la Memoria que desde 2010, ha permitido a un equipo de profesionales recorrer más de 50 colegios de Asunción y diferentes ciudades de los Departamentos Central y de la Cordillera para ofrecer a más de 5 mil jóvenes de la educación media charlas, material educativo, audiovisuales, seminarios de discusión, visitas a los sitios de memoria. Además, gracias a su apoyo, se inauguraron 15 museos escolares de la Memoria, y en los últimos meses del 2011 se realizaron tres Festivales de la Memoria, en Caacupé, Luque y Asunción.
37Por supuesto, el ámbito en el que moverse para comprender y dar a conocer la realidad de aquellos años, se ha extendido a la escritura también. Desde 1992 se han multiplicado las publicaciones de novelas y colecciones de cuentos25, de ensayos que recontruyen casos de desaparición26, y de testimonios más o menos novelados, cuya fiabilidad queda demostrada con pruebas irrefutables27, recopilaciones de entrevistas a sobrevivientes antes desperdigadas en periódicos y revistas28, re-ediciones de libros testimoniales que en su momento habían pasado desapercibidos29.
38Sin duda alguna, el trabajo minucioso llevado a cabo por la Comisión, a través de la audición de millares de personas ha permitido denunciar claramente crímenes que la opinión pública siempre se había negado a aceptar.
39Un ejemplo entre muchos es el relacionado con los casos de violencia sexual sobre menores. La noticia de una «sórdida historia de depravación sexual entre altos cargos del gobierno paraguayo» (Miranda 1989: 39) –considerada por la mayoría de la gente propaganda anti-stronista– se difundió por primera vez en Estados Unidos gracias a un artículo publicado en el Washington Post el 20 de diciembre de 1977.
40El texto dejaba constancia de que «muchachitas entre 8 y 14 años eran usadas para gratificación sexual de las máximas autoridades civiles y militares en Asunción [y] que esta práctica era al menos permitida por el general Alfredo Stroessner» (Miranda 1989: 39-40), que visitaba a su vez «con frequencia una casa en el barrio Sajonia donde las criaturas [eran] violadas» (Miranda 1989: 40).
41El artículo fue transcrito integralmente30 en Prisionero en Paraguay, publicado nel 1989, y su autor, Aníbal Miranda, declaró: «Estos hábitos de la cúpula stronista eran conocidos en Asunción. Además del coronel Leopoldo Perrier, otra corrompida que fue directora del Colegio Nacional de Niñas, también se encargaba de proveer jovencitas para el mismo fin» (Miranda 1989: 42). Renée Ferrer recuperó la historia para escribir un cuento muy evocativo, Se lo diré al Señor Juez, que forma parte de la colección Por el ojo de la cerradura publicada en 1993.
42Sin embargo, el caso estallará con fuerza sólo en 2008, al ser incluido en el Tomo III del Informe final, dedicado a la violencia de género31.
43La dramática experiencia se dará a conocer en toda su brutalidad y con lujo de detalles con la publicación de Una rosa y mil soldados32, un testimonio duro escrito por Julia Ozorio Gamecho33, una de las víctimas de tales abusos y obtendrá la máxima visibilidad gracias al vídeo titulado Esclavas sexuales (descargable en portalguaraní.com), en el que la protagonista/víctima muestra la casa donde vivió encerrada y vigilada.
44Resulta evidente que todavía «no se ha hecho todo lo debido para recuperar la memoria de la represión stronista» (Rodríguez Alcalá 2015: 16), pero sin duda alguna todos los intentos a los que hemos hecho referencia, siempre han apostado por arreglar las cuentas con el pasado, por condenar a los culpables y –revelando lo antes no dicho– llegar a rasgar de una vez por todas el silencio cómplice.
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Notes de bas de page
1 Junto con algunos diarios (progresivamente clausurados) que se hacían eco de las denuncias de tortura, Radio Ñandutí «por su postura opositora al régimen [fue] un espacio de defensa de los derechos humanos» (Peña 2012: 13). La historia conflictual de esta emisora con el régimen, los casos de asaltos, amenazas y detenciones de algunos de los periodistas que en ella trabajaban, la censura que sufrió en un determinato momento, están relatados en el libro de Nery Peña citado.
2 «En fechas tan lejanas como las de diciembre de 1961 se encuentran denuncias a organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 105).
3 El número de detenciones fue tan alto que se necesitó «habilitar el viejo penal de Emboscada como auténtico campo de concentración de presos políticos» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 144).
4 «Los verdugos recorrían a métodos científicos de tortura. Conocían las partes más sensibles de nuestro organismo y las atacaban sin piedad. Eléctrodos, focos enceguecedores, alambres trenzados, leznas, cachiporras, bañera repleta de orina y excrementos […] El uso del pentotal constituía un procedimiento habitual y en algunas comisarías utilizaban, además, el cepo y los perros amaestrados» (Almada 1989: 29-30).
5 Véanse El arte del silencio de J.S. Hartley (2005: 39) y Por orden superior de O. Caballero Aquino (2007: 147-151-157).
6 La descripción se puede completar con las palabras de otro testigo: «La ‘Constitución’ […] era un enorme látigo con el mango decorado con los colores de la bandera paraguaya». (Franco 2005: 220).
7 Las novelas proponen escenas de dramáticos interrogatorios y denuncian acontecimientos brutales silenciados por el régimen.
8 Para un análisis más detallado de los textos citados de aquí en adelante, véase M.G. Dionisi, 2017, Dagli archivi del terrore al racconto del dolore, en E. Perassi-L. Scarabelli (eds.), Letteratura di testimonianza in America Latina, Milano, Mimesis.
9 En la introducción a la novela, Rudi Torga subraya la importancia de este aspecto puesto que «en cada habitante paraguayo subsiste el recuerdo, la visceral realidad o la trágica premonición de una celda [y cada ex-preso] lleva como signo irremediable la tortura de la celda, la tortura en la celda, la tortura y la celda» (Azuaga 1991: 5).
10 Martín Almada recibió la información de la existencia del archivo en una comisaría de Lambaré, a 4 km de Asunción, «como parte de la guerra sucia electoral para la candidatura a la presidencia de la República entre Argaña y Wasmosy» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 13). «La repercusión en la prensa nacional e internacional fue impresionante. Durante las siguientes semanas, las seis u ocho primeras páginas de todos los diarios de Asunción no traían más que reproducciones de los documentos encontrados» (Boccia Paz-Palau Aguilar-Salerno 2013: 24).
11 «El motivo por el que todos esos documentos no fueron destruidos inmediatamente después del golpe de estado que derribó al general Alfredo Stroessner tiene que ver con la larguísima tradición de impunidad que impera hasta hoy en este país. Quienes manejaron los hilos de la transición a la democracia pertenecían al mismo partido del dictador que se acababa de ir. Y casi todos ellos habían sido cercanos colaboradores de Stroessner. Al comenzar la transición paraguaya, buena parte de los jefes policiales abrigaban la esperanza de que aquellos archivos, que habían sido útiles por cuarenta años, volverían a servir en un futuro cercano» (Boccia Paz-López-Pecci-Giménez Guanes 2008: 265).
12 «La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado comisionaron a funcionarios que colaboraron con el equipo de profesionales especializados en documentación aportados por dos organizaciones no gubernamentales, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), a quienes se sumaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, víctimas y familiares de víctimas» (Boccia Paz-Palau Aguilar-Salerno 2013: 27).
13 En el prólogo a la 5a edición se lee: «Cada librería pedía 200, 300 ejemplares y la edición era solamente de 1.000. Hasta hoy me parece absurdo haber repetido tantas veces ese día: “disculpe, pero solamente le podemos dar 10 libros de Es mi informe” […] En días se agotó una segunda edición. Salieron una tercera y una cuarta edición que se fueron vendiendo a un ritmo más lento y alguna vez se agotaron» (Boccia Paz-González-Palau Aguilar 2006: 11).
14 «La ley fue presentada en 1992 al Poder Legislativo, elaborada por organizaciones de víctimas y patrocinada por varios diputados. Estuvo archivada por más de tres años, y fue sancionada en noviembre de 1995, con muchas y considerables modificaciones en relación al proyecto original. Sin embargo, el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, vetó totalmente la ley (Decreto Nº 13.422/96), argumentando que el Estado no era solidariamente responsable de los delitos cometidos por funcionarios que eran responsables individualmente de sus actos delictivos durante la dictadura. No obstante, el Poder Legislativo se ratificó en una sanción original, y la ley entró en vigencia de forma ficta (sin la promulgación del Poder Ejecutivo). El presidente Wasmosy promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley ante la Corte Suprema de Justicia, y logró que ésta la declarara suspendida temporalmente hasta que se resuelva el recurso interpuesto. En julio de 1998 la Corte Suprema rechazó la acción. Aún así, la ley no se pudo aplicar porque no estaba integrada la Defensoría del Pueblo, institución que debía encargarse del examen de méritos y de la resolución de los reclamos indemnizatorios. La falta de consenso en el arco político parlamentario respecto de la persona que debía ocupar el cargo demoró la implementación de las indemnizaciones hasta finales del 2001. Numerosos problemas prácticos surgían en ese momento, entre ellos, fue necesaria la modificación parcial de la ley (Ley Nº 1.935/02), porque el periodo de vigencia prevista en ella había caducado a raíz de la prolongada demora sufrida. Asimismo, surgieron numerosas dudas acerca de la efectividad con que las indemnizaciones irían a ser resueltas, debido a la vinculación del defensor del Pueblo con el Partido Colorado y su pasado de funcionario público durante la dictadura de 1954-1989. Hasta la fecha, a través de este sistema, 260 víctimas han sido declaradas beneficiarias de exiguas indemnizaciones compensatorias, pero el Poder Ejecutivo opuso acciones judiciales dilatorias en todos los casos, a efectos de anular las resoluciones y no pagar. No se ha abonado, por este mecanismo, ninguna indemnización» H. Valiente, 2003, Comisión de verdad y justicia en Paraguay: confrontando el pasado, autoritario, «Novapolis - Revista de Estudios Políticos Contemporáneos» 5, http://novapolis.pyglobal.com (última consulta: 11/12/2015).
15 «Artículo 6º.- La Comisión estará integrada por nueve personas de nacionalidad paraguaya, de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas con las defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional.
Artículo 7º.- Serán integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia:
a) un representante del Poder Ejecutivo;
b) un representante del Poder Legislativo, elegido por ambas Cámaras de acuerdo al mecanismo que ellas establezcan;
c) cuatro personas propuestas por las Comisiones de Víctimas de la Dictadura de 1954 hasta la promulgación de la Ley;
d) tres personas propuestas por organizaciones de la sociedad civil del Paraguay de promoción y protección de los derechos humanos y que se encuentran aglutinadas y trabajando por la Memoria Histórica, por la instauración de la Comisión de Verdad y la Justicia, y por la creación del Museo de la Memoria.
El listado de personas a que se refieren los apartados c) y d) deberán ser elevado al Poder Ejecutivo para que sean designados por éste como integrantes de la Verdad y Justicia». El texto completo de la ley 2.225 del 15 de octubre de 2003 se puede descargar desde http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/doc/cvpry1.html (última consulta: 5/04/2015).
16 De ahora en adelante, las citas del Informe final o Anive hagua oiko (Traducción: Para que no se repita), se refieren al Tomo I, titulado Síntesis y caracterización del régimen, que incluye las Conclusiones y Recomendaciones. Los ocho tomos del Informe se pueden leer y descargar desde la página web del MEVES, http://www.meves.org.py (última consulta: 5/05/2015).
17 En 2011 la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la República del Paraguay (creada por Decreto n. 2.290 del 19 de junio de 2009) presentó una Propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, que en 2013 se ha convertido en el Primer Plan de Derechos Humanos.
18 https://www.progettomondomlal.org/ (última consulta: 5/10/2015).
19 Fotos y mayor información en www.portalguaraní.com , Museo de las Memorias (última consulta: 21/12/2016).
20 El nombre, se refiere al color rojo de los coches de la policía.
21 El video La temible “Caperucita Roja” en el Museo de las Memorias se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=lVfxCagpo0U (última consulta: 5/10/2015).
22 http://www.meves.org.py (última consulta: 9/12/2015).
23 Portal web Meves (última consulta: 5/05/2015).
24 https://derechoshumanosyliteraturaparaguaya.wordpress.com/2010/04/
25 Entre los muchos títulos destacan en orden cronológico de publicación: Por el ojo de la cerradura (1993), Polca 18 (1999), La otra orilla y otros cuentos (2002), Aldea de Penitentes (2006), declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura; La querida (2008) galardonado con el premio Municipal de Literatura 2010, Sombras sin sosiego (2009), Cuentos del 47 y de la dictadura (2012), La noche del pombero (2012), Clara oscuridad (2013), Un viento negro, ganador del Premio Lidia Guanes en 2012 y del Premio Nacional de Literatura 2013.
26 El caso Filártiga (1992), El crimen del cine Splendid que ganó el primer premio del Concurso nacional Crónicas del Bicentenario de 2010, Sembrados en la tierra… Torturados y desaparecidos de Ñeembucú (2011), Tortura & Muerte: el caso Schaerer Prono (2011).
27 Masacrados en Nochebuena (2002), Sobreviviente. Memorias de un luchador por la libertad, víctima del Operativo Cóndor (2005), Relatos de tortura (2009).
28 Los años robados a Emilio Barreto (2003), Por orden superior (2007), 22 Testimonios de la lucha por la libertad: entrevistas a víctimas de la dictadura y defensores de los derechos humanos (2013), Testimonios para no olvidar (2015).
29 Ejemplificadora es la novela de Gilberto Ramírez Santacruz, Esa hierba que nunca muere, que se editó por primera vez en 1989. La historia de la lucha contra la dictadura y la consiguiente dura represión ha asumido hoy en día un nuevo valor testimonial ya que –así como declara el autor en el prólogo a la nueva edición de 2009– «los relatos directos de víctimas y victimarios que sirvieron de base para la narración fueron comprobados, fehacientemente, a través del Archivo del Terror» (Ramírez Santacruz 2009: 12). A este texto tenemos que añadir la re-edición de Contra el olvido. La vida cotidiana en los tiempos de Stroessner (1998) de Alcibíades González Delvalle, un ensayo de gran interés porque «es un alegato más en contra de Stroessner y su camarilla, así como un homenaje a los mártires y luchadores, pero también una crítica a quienes se mantuvieron indiferentes ante semejante régimen de afrenta a la conciencia humana» (2015: 9).
30 «Los detalles de la depravación sexual fueron referidos por Ada Rodríguez, quien proviene de una familia paraguaya acaudalada e influyente. Su padre es un importante funcionario de un organismo internacional en Washington. En el Departamento de Estado nos confirmaron que Ada Rodríguez es una persona de credibilidad y consecuente. Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos, nos la presentó. La señora Rodríguez supo por primera vez acerca del escándalo sexual en noviembre de 1975. Ella y su marido, oficial de la Armada, estaban almorzando en casa del superior de él cuando fueron llamados por un vecino “hasta la casa de al lado”, según ella declaró a nuestro asociado Joe Spear en un testimonio hecho bajo juramento. “Con horror, vi los cuerpos inertes de tres niñas, dos de ellas de unos 8 años, la otra de 9, tendidas desnudas sobre un montón de arena en la parte trasera de la casa”, expresó con voz quebrada. “Estaban sangrando de las áreas genitales y tenían marcas en sus cuerpos que evidenciaban abuso sexual”. Rodríguez llamó a la policía. Un viejo cuidador les dijo que estaba trabajando bajo protección de un jefe militar que identificó como el coronel Perrier. “Al escuchar esto, el policía se retiró inmediatamente sin tomar medida”, continuó Rodríguez. Más tarde, los vecinos nos dijeron que en cierta ocasión el viejo tenía bajo su cuidado a catorce niñas entre 8 y 9 años. Rodríguez, madre de tres criaturas, comenzó a investigar movida por la ira. Supo que el coronel Perrier mantenía la casa en el residencial barrio Sajonia donde campesinas jovencitas compradas a sus empobrecidos padres son proveidas a los jefes paraguayos. “El general Stroessner frecuenta la casa”, juró Rodríguez. Durante un mes, ella imploró a sus influyentes amigos para que denunciaran “esa pesadilla”. Le advirtieron repetidamente de “quedar callada y no meterse”» (Miranda 1989: 40-41).
31 Los datos de la Comisión muestran que el porcentaje más alto (el 26%) de las torturas de carácter sexual se refería a muchachas de 11-15 años.
32 El texto, publicado la primera vez por Intercontinental, fue imprimido en Argentina en 2012 por André Materon ediciones y luego por Dunken en 2014.
33 Antes de la publicación del libro, Julia Ozorio Gamecho había contado su historia a la Comisión de Verdad y Justicia (en adelante CVJ), así como se lee en el texto siguiente, que forma parte del Tomo I del Informe Final: «Un caso especialmente relevante de estas formas de violencia sexual contra las niñas se dio en la posibilidad que tuvo la CVJ de reconstruir parte de la experiencia de niñas de entre 13 y 15 años que fueron sacadas de sus casas, mantenidas en régimen de esclavitud sexual, a veces durante años, por parte de altos cargos militares de la dictadura. Este testimonio, corroborado posteriormente por fuentes directas militares que conocieron el caso, muestra la ostentación de impunidad y perversión de algunos de los dirigentes del régimen stronista y de la absoluta impotencia en que se encontraron las víctimas y sus familias. Si bien la existencia de esta violencia de esclavitud sexual y de casas donde se hacían orgías sexuales forzadas con menores era de conocimiento público durante años, es la primera vez que estas violaciones se pueden documentar. La CVJ agradece el valor y la oportunidad que esta mujer víctima de tales prácticas aberrantes ofrece a la sociedad paraguaya para el conocimiento de dichas violaciones y para otras mujeres que sufrieron las mismas vejaciones tengan el reconocimiento que necesitan, así como los perpetradores el repudio penal y moral que merecen» (Comisión 2008: 82-83).
Auteur
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
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