Introducción

1La observación de las diferentes maneras en que evolucionaron las formas de poblar, producir y organizarse en los ‘frentes pioneros’ abiertos en los años sesenta en el Bajo Aguán hondureño y en Nueva Guinea, en el Caribe sur nicaragüense (ver figura 4.1), permite entender mejor como, en la actualidad, la población rural de ambas regiones reacciona y se moviliza frente a la implementación de megaproyectos y/o la expansión de monocultivos en sus tierras y territorios.

2Además de detectar tanto correspondencias como respuestas específicas adoptadas por los actores sociales de acuerdo a su historia particular frente a políticas de desarrollo diseñadas a nivel regional, la metodología comparativa que se adopta aquí parece confirmar la hipótesis de que, para desentrañar los hilos complejos de los conflictos agrarios en los dos países estudiados, es preciso aceptar que no existe una verdad objetiva sino una multitud de razones que permiten explicar la posición de los protagonistas y deben leerse con el prisma de los intereses subjetivos que los mueven (Roux, 2013). Por otra parte, analizar las dificultades que encuentran estos campesinos de asentamiento relativamente reciente en hacer valer su derecho legítimo de ‘arraigados’ a la tierra, tiene el propósito de entablar una reflexión en torno a una de las hipótesis formuladas por Odile Hoffmann (en este mismo libro) según la cual “las invenciones territoriales son un medio de expresión política para los actores desprovistos de capital suficiente para ser escuchados a través de los canales habituales, sea por falta de capital y de recursos materiales como ‘la tierra’ o el espacio físico (poder económico); o de capital discursivo para garantizar un mínimo de poder político”. A estas dimensiones económica y discursiva, me parece que este estudio empírico intenta articular otra: la de la tierra como instrumento de poder simbólico y por tanto factor de legitimación social, entendiendo que los criterios que definen esta última fluctúan no solo con el tiempo sino también con las formas de tenencia de la tierra, la definición de los territorios y el anclaje de las categorías de población que viven en ellos.

Figura 4.1. Los frentes de colonización de los años 1960-1970 en Honduras y Nicaragua.

Un modelo, dos caminos

3A mediados de los años sesenta, en el marco de la Alianza para el progreso promovida por Estados Unidos, varios gobiernos centroamericanos – la mayoría de corte autoritario o militar – accedieron a distribuir tierras mediante una colonización de los territorios ‘vírgenes’, principalmente hacia el Atlántico, con el propósito de disminuir la presión campesina sobre los latifundios de occidente (Honduras) o de los expulsados del Pacífico por el avance de la producción algodonera (Nicaragua). Atender el reclamo de tierra que en aquella época se hacía sentir en casi toda América latina resultaba urgente para evitar que, siguiendo al gobierno de Guatemala cuyas veleidades de implementar una reforma agraria fueron detenidas in extremis por un golpe de Estado perpetrado en 1954, los demás pueblos del subcontinente terminaran imitando el ejemplo trazado por la revolución cubana en 1959. Siguiendo esta lógica, la primera vocación de las redistribuciones agrarias de aquella época fue contrarrevolucionaria. Pero debido a una capacidad combativa de las fuerzas sociales bastante distinta en ambos países, los enfoques adoptados fueron en sentidos opuestos.

4En Nicaragua, frente a un campesinado disperso y poco organizado, el propósito de la dictadura somocista fue el de mantener a los campesinos alejados del desarrollo económico del país, excluyéndolos en particular de la participación a la producción destinada a la exportación. En cambio, el Estado hondureño apostó a la incorporación del campesinado de forma controlada al proceso productivo agroexportador, teniendo en cuenta que la concentración de mano de obra en las plantaciones bananeras del norte del país había favorecido una experiencia organizativa que se desplegó con fuerza durante la gran huelga bananera de 1954. En aquel año, el paro estalló a raíz de la mecanización de la producción, cuando las compañías bananeras (United Fruit y Standart Fruit Company), al convertir los bananeros en trabajadores ‘independientes’ – pero manteniendo la dependencia gracias al establecimiento de contratos exclusivos – les hizo perder ventajas (casas, escuelas, hospitales…) que, pese a las condiciones de explotación, la compañía reservaba a sus empleados. El Padre Ismael Moreno, Sj.5 sostiene que de ahí surgió el movimiento obrero más fuerte de Centroamérica y fue dándole forma a una propuesta antiimperialista: “Como la economía de Honduras estaba organizada alrededor del enclave, esa huelga paralizó prácticamente el país y se convirtió en un conflicto político nacional […] que, en el siglo XX, pudo desembocar en una revolución. […] Entonces se inicia el proceso de la contra-revolución hondureña […] que no tuvo solamente el factor represivo […] sino que […] significó cooptar todos aquellos elementos que pudieron haber ocasionado en 1954, una transformación revolucionaria en Honduras. Es decir, la formación de los dirigentes sindicales, la aprobación del código del trabajo, el seguro social, el derecho de la mujer a participar en las elecciones […] la estabilidad laboral de ciertos sectores obreros, en particular en el campo, […] el reconocimiento del derecho a la organización ya no solo sindical, sino también campesina. […] La mayor organización campesina que hubo en América latina, tenía tres factores [que tuvieron efectos] contrarrevolucionarios: la entrega de tierras, la formación de todos los dirigentes campesinos y la represión y eliminación de los que no encajaban con la formación y con el modelo de organización que planteaban los Estados Unidos.” Cuando a finales de 1972, los militares dieron un golpe de Estado, afirma el Padre Ismael Moreno, su qué hacer fundamental era la Reforma agraria y sus principales aliados entonces eran los dirigentes del Partido Comunista. (Conversación, noviembre 2013, El Progreso, Yoro).

En Honduras, se priorizó la agro-exportación

5En esa época (años 1960), observa Gilberto Ríos6, el Estado le apostaba a la incorporación de los campesinos al mercado pero la intención no era favorecer la agricultura familiar sino, partiendo de la convicción que el país no puede sostenerse sin productos de exportación, incentivar el cultivo de la palma por ‘empresas campesinas’ (así denominadas porque ‘cooperativa’ olía a comunismo). Pero, según Ríos, no basta que el campesino acceda a la tierra, sino que necesita actividades que le brinden ingresos. Si bien es cierto que, en la actualidad, 60 % del maíz y de los frijoles son producidos en tierras de ladera por gente que no tiene otras opciones, el hecho es que las luchas más fuertes y las ocupaciones de tierras de los últimos años se dieron en el norte del país, donde se producen cultivos rentables como la caña y la palma, que sí tienen acceso a mercados. En este sentido, las luchas actuales no tienen motivaciones muy distintas que las que sacudieron el país en los años 1950-1960. (G. Ríos).

6Ampliamente supervisada por la institución militar, la colonización del Aguán se hizo trayendo colonos del sur árido (Choluteca) o del occidente del país (Copán, Santa Bárbara y La Paz, ver figura 4.2.).

7Pedro Ulloa, miembro fundador del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – región donde vino a asentarse en 1989 –, cuenta que las 40 manzanas7 concesionadas por la municipalidad de Copán a su padre “solo daban para sembrar pasto8 y muy poco para el cultivo de granos básicos. […] La idea de la reforma agraria de los años cincuenta, sesenta, de mandar la gente a las tierras fértiles [del valle del Aguan], era la de mejorar la vida de los campesinos”. (Entrevista, 10 de mayo 2016, comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colón).

Figura 4.2. Migraciones internas desde las regiones de origen.

8Pero en 1992, al aprobarse la Ley de modernización agrícola, se acabaron los subsidios, las dotaciones “generosas”, las inversiones e incluso la protección a la producción nacional (de palma principalmente) que garantizaba el Estado y se dio cancha libre al despojo de las tierras previamente otorgadas a los campesinos. La imposibilidad de poder mantener las costosas estructuras antes subvencionadas llevó a las empresas campesinas al endeudamiento. Al mismo tiempo, no pocos directivos se dejaron corromper y vendieron las tierras en provecho propio. Walter Ernesto Cárcamo, presidente del Movimiento Autentico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA9) describe el mecanismo que llevó al despojo de las tierras: “El Plan de modernización agrícola vino a matar todo el plan que tenían las familias para sembrar alimentos para nuestros hijos, que eran el maíz, el frijol. Eso se fue minimizando porque las tierras fueron más cultivadas de palma. En ese momento vino una caída de precios y sufrimos afligio económico porque las mismas empresas lo permitieron […]. Teníamos el mercado, pero había una corrupción terrible. Nosotros no mirábamos la ganancia […]. Entonces la gente […] empezó a ver de qué manera podía agarrar dinero sin necesidad de estarse fregando en un monte […]. La campaña de modernización agrícola vino a meter la idea en algunos líderes campesinos de que vender la tierra era el factor más apropiado que había en ese momento. Mucha gente se puso en contra […], pero aquellos que ya habían recibido la propuesta se pusieron de acuerdo y si no, los perseguían y algunos perdieron hasta la vida porque se habían puesto de acuerdo con los empresarios, habían recibido dinero a cambio de convencer a la otra gente que no estaba de acuerdo (Entrevista: 9 de mayo 2016, Tocoa, Colón)”.

9Las propias instituciones estatales y municipales avalaron transacciones ilegales o distribuyeron discrecionalmente tierras del sector reformado10. Eso permitió que unos cuantos industriales, que hasta el momento se dedicaban principalmente a la transformación y comercialización de los productos extractos de la palma, se adueñaran de las tierras – comprando las hipotecas o acaparándolas simple y llanamente –, extendiendo así su control sobre toda la cadena de producción. Tres empresarios se repartieron la mayoría del pastel agrario: el finado Miguel Facussé Barjum, dueño de la Corporación DINANT11 y una de las mayores fortunas del país, René Morales Carazo (de nacionalidad nicaragüense12) y Reynaldo Canales (de origen guatemalteco).

Renace la lucha campesina

10Frente a estos agravios, la movilización campesina recobró vigor a raíz de la situación coyuntural provocada por el huracán Mitch (que destrozó el país en noviembre 1998) y la falta de respuestas del Estado frente a la perdida de tierras por decenas de miles de campesinos (ver figura 4.3.).

11El 14 de mayo del 2000, las 5.724 ha de un antiguo Centro de entrenamiento militar (CREM) ubicado en el municipio de Trujillo (departamento de Colón) amanecieron tomadas por 700 familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino del Aguan (MCA). Tras una larga batalla jurídica, esas tierras habían sido reintegradas en 1991 al sector reformado pero despachadas ilegalmente por la municipalidad de Trujillo a ganaderos y terratenientes de la palma. Pese al hostigamiento militar y a las balaceras protagonizadas por los guardias de seguridad de las fincas y plantaciones privadas, los campesinos asentados en la comunidad Guadalupe Carney13 y agrupados en 45 empresas asociativas no desistieron de su demanda de legalización de las tierras14. En 2001, lograron “que se les entregara títulos de propiedad15 a las empresas, pero bajo la presión de los terratenientes el proceso se detuvo. Actualmente quedan todavía 1.300 hectáreas por sanar16.”

12La luz de esperanza encendida entre los campesinos por el presidente Zelaya Rosales (electo en 2006), de mandar a revisar la legalidad de los registros catastrales, se desvaneció brutalmente con el golpe de Estado del 28 de junio 2009. El decreto que oficializaría la medida fue uno de los primeros en ser abrogados por el régimen golpista. A finales del año 2009, haciendo eco a la gesta simbólica iniciada por el MCA con la toma de las tierras del CREM (en el espíritu antiimperialista mencionado por el Padre Melo), otro movimiento - el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), conformado en gran parte por campesinos desposeídos de sus propiedades a raíz de la Ley de modernización agrícola – ocupó más de veinte fincas en el municipio de Tocoa (vecino del de Trujillo donde actúa el MCA). Con esta acción el movimiento campesino mandaba un mensaje político sin ambigüedad al gobierno de Porfirio Lobo, recién electo en la sombra del golpe de Estado.

13En reacción a esta masiva ola de ocupación de tierras, el gobierno militarizó el valle del río Aguán. El operativo, que se mantiene hasta la fecha, tomó en el 2011 el nombre de operación Xatruch, implementada oficialmente “con el objetivo de combatir la violencia que surgió a raíz del conflicto agrario”. Las negociaciones entabladas en este clima de extrema tensión en abril 2010, desembocaron en el compromiso de los campesinos de devolver algunas de las fincas y de pagar las que quedarían en sus manos al Estado17, que por su parte indemnizaría a los terratenientes.

Figura 4.3. Ubicación de las principales zonas de tierras ocupadas, Bajo Aguán.

14La forma de organizarse en empresas (de socios productores de palma) así como las movilizaciones en momentos y en espacios distintos explica la diversidad de organizaciones protagonistas. Más que discrepancias de cara al reclamo de tierras y a los terratenientes, existen estrategias distintas entre las organizaciones, por lo menos en un principio. La unidad se volvió más frágil a medida que el conflicto fue mermando y las divisiones aparecieron, no tanto entre las distintas organizaciones sino en sus propios senos.

15En el momento de las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones (principalmente el MUCA) en 2010 y 201118, el precio de la fruta de palma – que el trio empresarial Facussé, Morales, Canales seguía determinando – había subido a 5000 Lempiras19 por tonelada métrica, lo cual permitió a Miguel Facussé reclamar hasta 135.000 L/ ha de indemnización, por tierras que había adquirido a precio irrisorio (no más de 2000 L/ha).

16Los negociadores del MUCA confiaron en que la buena coyuntura financiera les permitiera pagar la deuda de cerca 600 millones de Lempiras en los plazos establecidos. Pero tan pronto el trato hecho, los precios se derrumbaron. Varios factores aceleraron la quiebra campesina, explica Gilberto Ríos: el aumento de la producción de soja en Estados Unidos y la baja de los precios del petróleo que desplazaron a la palma en el mercado de los agro-combustibles, precisamente en el momento en que se desata una fiebre de la palma en toda América latina, lo que a su vez generó una sobre producción. (Ríos, entrevista citada).

17Al igual que el MUCA, el MCA salió malherido del engorroso proceso de regularización de la tierra que dejó a las empresas, y por consiguiente a sus socios, con aproximadamente 101 Millones de Lempiras de deuda que el Estado, como garante de la transacción21, les cobra por las tierras que por ley les corresponden y que ni siquiera les han sido entregadas en totalidad. El esfuerzo organizativo quedó desbaratado por el embate conjugado de las políticas neoliberales, de la rapacidad de los terratenientes, de la violencia y de la represión: “La idea de organizarse en empresas asociativas es buena. No siempre hay la oportunidad de adquirir tierra productiva. Por ejemplo, las tierras del CREM, las concesionaron más fácil para ser de reforma agraria […], porque vieron que el 80 % de estas tierras son áridas. Para la producción es bien difícil. Solo hay unas pequeñas planizas, que las mejores de ellas son las que dejaron acaparadas los grandes terratenientes, que las concesionaron y no las han soltado. Ya no las ha recuperado el movimiento campesino. […]. Están cubiertas de palma. […] Entonces la visión de ser auto-sostenibles los grupos campesinos, se pierde cuando es imposible sobrevivir con una cosecha pequeña al año. Hay que depender de la palma, del pasto, [que] da bastante, pero la gente no aprovechó mucho porque se vio inducida por la palma, porque del 2009 al 2012 tuvo un precio halagador […] en que todo el mundo dijo: ‘vale la pena tener’ y empezaron a cultivar bastante palma. […] Total, […] hoy la comunidad ya no es auto-sostenible: maíz, frijol, arroz y todos los otros productos, todo se hace comprado.” (Pedro Ulloa, entrevista citada).

18La lucha por la tierra en el Bajo Aguán revela un dilema acerca de la condición que se quiere reivindicar: la de campesino (dedicado a la cultura de auto sustento), que los detentores del poder económico (y político) toleran como individuo pero no cuando aspira a implementar este sistema productivo de forma colectiva – lo cual equivale a actuar como sujeto político y a perfilarse como un potencial competidor económico. El desmoronamiento del movimiento coincide con lo observado por Gilberto Ríos: al conseguir tierras, muchos se alejan de la organización. Muchos socios incluso han vendido su parcela a nuevos compradores que se quedan cultivando como propietarios privados, pero ya no son solidarios de la deuda que pesa sobre los socios de las empresas. “En los últimos cinco años, la organización ha sufrido un decaimiento grandísimo. A tal grado que, en la actualidad, no se encuentran ni cinco personas que tengan el espíritu de líderes, que luchen por la parte organizativa, hay desinterés… Y por otra parte, hay mucha gente que viene, pero no con mira de organizarse. Ha comprado derechos, ha comprado a socios, terrenos y ellos viven ya como particulares en las parcelas.” (Pedro Ulloa, entrevista citada).

19La argumentación de los campesinos organizados del Aguán oscila constantemente entre la obligación de rentabilidad solo alcanzable a través del cultivo de la palma (y de la conformación de empresas campesinas) y la tentación de presentarse como herederos de la tradición del campesinado de ladera principalmente dedicado en producir maíz y frijol para su familia. En el trasfondo, la referencia a la utilización de las mejores tierras (usurpadas por los terratenientes para sembrar palma) al definir lo que se produce, impone también la forma en que se produce y por supuesto refleja la condición a la cual cada quién es asignado: para los campesinos “bajados de las laderas”, los cultivos de auto sustento y para los terratenientes, los cultivos de agro exportación. Las pretensiones de los campesinos organizados de salir de su condición (sea para competir con los terratenientes, o para imponer sus cultivos en tierras no destinadas a ellos) constituyen una transgresión absoluta y por tanto el meollo del conflicto… Porque los campesinos se niegan a ser excluidos de la economía nacional al que fueron incorporados en los años sesenta. Las empresas campesinas los convirtieron, literalmente hablando, en ‘empresarios’, rompiendo simbólicamente (aunque no económicamente) las diferencias de estatus que les asignaban a los cultivos de ladera. El valle del Aguán es actualmente un territorio en disputa entre los terratenientes e industriales de la palma, las organizaciones campesinas y más recientemente actores del crimen organizado22 que han aprovechado el conflicto para infiltrarse e intentar ejercer un control sobre la región.

En Nicaragua, Nueva Guinea, una región pionera

20En Nicaragua, el frente pionero tuvo matices muy distintos. En 1965, siguiendo las trochas abiertas por extractores de madera, unos 17 hombres y mujeres guiados por un pastor evangélico se asentaron en lo que hoy es la ciudad de Nueva Guinea (27 113 habitantes en el casco urbano, 136 347 en todo el municipio, en 2013). En su mayoría procedentes de las ciudades de Somoto (Norte) y de Carazo (Centro Pacífico), venían en búsqueda de la tierra a la cual no habían tenido acceso en sus lugares de origen. Esa época coincidió con acontecimientos que, poco después, contribuyeron a dar un carácter masivo a esa primera iniciativa pionera: una de ella fue la expansión del cultivo del algodón en la región del Pacífico que se realizó a cuesta de la expulsión del campesinado de sus parcelas y su incorporación al trabajo asalariado. Para la dinastía Somoza y sus allegados que controlaban la cadena de producción del algodón (fumigación, exportación, empresas de maquinaria, etc.), la política de distribución de tierras consistió principalmente en mandar a los pobres rurales hacia la frontera agrícola (el Atlántico), dejando incólume las estructuras latifundistas en las regiones de origen. Recursos consecuentes fueron destinados para estos primeros pobladores (un solar para construir la casa y 50 ha de terreno para producir), tomados sobre tierras nacionales.

21Sin embargo, no fue hasta 1970 que se abrió la carretera hasta Nueva Guinea, para acarrear nuevas oleadas de pobladores: primero los damnificados de la erupción del volcán Cerro Negro (en el Pacífico, 1971) y luego los del terremoto que destruyó la capital Managua en 1972 (López, Ramos 2012, p. 21-23). Fundadores de la ciudad de Nueva Guinea recuerdan los esfuerzos desplegados por las instituciones del gobierno para incorporar a la economía aquellas tierras que, en este entonces, se conocían como ‘tierras nacionales’. Aunque en las mentalidades siga siendo sinónimo de tierras libres para conquistar, el término es controvertido ya que deja entender que las tierras no tienen dueño y que el Estado puede despacharlas a su conveniencia. La controversia se agudizó desde que, respaldándose en la ley de autonomía de las regiones del Atlántico (1987), las comunidades indígenas (Miskito, Mayangna, Rama, Kryol) reivindican como territorios suyos parte de estas tierras23. Con sus identidades variopintas, los pobladores de Nueva Guinea tienen pocos argumentos para afirmar su legitimidad frente a los residentes de Bluefields, la capital regional de la cual dependen – y que está habitada mayoritariamente por población identificada como “costeña” y “étnica” –, entre otras cosas, para el registro catastral de las tierras. Considerados como invasores por los costeños, los habitantes de Nueva Guinea quedan excluidos de los procesos de elecciones de las autoridades de una región que se afirma como pluriétnica. Eso, posiblemente, perpetua en la población del municipio el sentimiento de vivir en un enclave, desagregado de su entorno inmediato, cuyo destino está en las manos del Estado nacional que también lo ha mantenido relegado.

Una región polarizada por la guerra…

22La marginación histórica de Nueva Guinea se manifiesta también en el ámbito agrario. Durante los años ochenta, la reforma agraria impulsada por el gobierno sandinista llegó poco a esta zona que fue un escenario de guerra especialmente cruento. Huyendo de los combates, muchas familias campesinas tuvieron que abandonar sus tierras y no siempre las recuperaron una vez finalizado el conflicto. En los años noventa, una vez más, el Estado dispuso del espacio para reasentar numerosos desmovilizados del conflicto armado, principalmente ex combatientes de la Resistencia nicaragüense (Contras) en lo que se dio en llamar ‘polos de desarrollo’. Pero en ausencia de políticas gubernamentales de atención al campo, este proceso desembocó, como en todo el país, en un caos agrario. A falta de títulos, muchos de los beneficiados en el marco de los acuerdos de desmovilización no pudieron obtener créditos así que malvendieron sus parcelas a productores con más capacidad económica y buscaron como asentarse en otro lado. A mediados de los años 1990, la reconcentración de tierras se repercutió en un avance masivo de campesinos del Pacífico hacia la frontera agrícola; un fenómeno que en Nueva Guinea se conoce como ‘chontalización’ en referencia al avance de los ganaderos del vecino departamento de Chontales de vocación marcadamente ganadera.

23La incursión de productores más adinerados en las tierras mejor ubicadas (a la orilla de la carretera) empujó a los pequeños parceleros siempre más adelante hacia el Atlántico, hasta invadir la reserva natural Indio Maíz o los territorios indígenas que, por las razones históricas antes mencionadas, muchos campesinos siguen considerando como ‘tierras nacionales’. En la actualidad, la mayoría de los pobladores de Nueva Guinea solamente tiene un ‘derecho de posesión’ o peor aún, un ‘papelito’ informal – a veces redactado en una hoja de cuaderno que se guarda cuidadosamente en una bolsa plástica – haciendo constar que tal vecino les vendió tal cantidad de tierras. Finalmente, lo que había iniciado como un proyecto destinado a dar respuestas (aunque imperfectas) a las aspiraciones de muchos campesinos pobres de acceder a la tierra, se convirtió en un proceso anárquico de conquista que agudizó los antagonismos y la desconfianza secular que manifiesta el campesinado hacia el Estado.

… y ahora por el canal

24En este contexto extremadamente precario en cuanto al régimen de tierras, se inscribe actualmente la controversia acerca de la construcción de un Gran canal interoceánico. Para entender la manera en que este proyecto impacta la situación agraria, es importante tomar en consideración que el trayecto previsto para el canal en la región pasa por lugares en donde se asentaron muchos desmovilizados del conflicto armado durante el cual, en la década de los ochenta, se habían enfrentado campesinos partidarios de la revolución sandinista (1979) con campesinos que se alzaron en armas en contra de ella. 25 años después de que se firmaran los acuerdos de paz (1990), las secuelas del conflicto armado aún son perceptibles en esta región de alta conflictividad heredada de la guerra, toda vez que la atribución de tierras a los desmovilizados de ambos bandos (Contras, miembros del Ejército popular sandinista y policías) que debió sellar el proceso de transición y reconciliación favoreció de hecho la reconcentración de tierra en manos de los económicamente más dotados – y no pocas veces políticamente mejor introducidos (Roux, 2010). Esta situación no sólo entretuvo antagonismos ya existentes, sino que creó nuevos. Las tensiones que se generan actualmente en torno a la construcción del canal son indisociables de aquella historia reciente. Pero quizás no es tanto la perspectiva de construcción del canal la que causa más conflicto (pues la ciudad de Nueva Guinea en sí sería mínimamente afectada por el trazo) sino los temores que reaviva en una zona traumatizada por una sucesión de procesos desestabilizadores. Las animosidades de corte político (heredadas de la guerra), económicas (entre pequeños productores y ganaderos), ambientales (cambio del uso de suelo, invasión de las áreas naturales protegidas) o étnicas (entre indígenas y colonos mestizos), están siendo entretenidas y utilizadas políticamente tanto por partisanos como por detractores del canal.

Figura 4.4. Proyecto de trazo del Gran canal interoceánico.

25En un primer momento, causó revuelo la noticia que las tierras concesionadas a la empresa china HKND, tanto para la construcción del canal como para los proyectos conexos, se pagarían a precio de catastro – muy inferior al de mercado (ver figura 4.4). Pese a que luego el gobierno anunció que se portaría garante, el temor a la expropiación sigue causando alarma, en particular entre todos aquellos (grandes y pequeños) cuyas tierras no están debidamente respaldadas con títulos. En este caso, solo podrían pretender al pago de las mejoras efectuadas en el terreno que ocupan y no a la indemnización por la tierra que compraron. La preocupación es tanto más grande que, según expresaron representantes de productores opuestos al proyecto, el proceso de registración de las tierras se encuentra actualmente detenido, tanto en la oficina regional en Bluefields como a nivel central en la capital Managua. En una región (incluso se puede generalizar al conjunto del país) en donde es frecuente que los propietarios lleguen a arreglos fuera del marco institucional en las transacciones agrarias, el repentino intervencionismo de las instituciones del Estado es visto como una señal de la voluntad de impedir la legalización de las tierras para poder pagarlas después a precios irrisorios. En el peor de los casos, despierta el temor de perder la tierra que no esté debidamente registrada. Del lado de los defensores del proyecto gubernamental, se argumenta que los ganaderos pudientes están engañando a los pequeños productores con el cuento de que es mejor venderles a ellos ahora, que arriesgar perderlo todo en el momento de la expropiación. Esta versión podría acreditar la idea de que, deteniendo la registración de tierras, se busca frenar los procesos ilegales y precarios de compra-venta y, de alguna forma, proteger así a los más “desprotegidos” de la codicia de los más pudientes y/o de los traficantes de tierra. Sin embargo, los detractores rebaten esa hipótesis afirmando que actualmente nadie se quiere arriesgar a comprar tierras ubicadas en la ruta prevista para el canal, justamente porque las modalidades de indemnizaciones en caso de expropiación, han sido manejadas con gran opacidad por parte de las instituciones. Lo que sí consta en la mayoría de los testimonios, es que las tierras aledañas al trazo del canal y las cercanas al casco urbano (es decir las tierras legalmente registradas) se negocian a precios altos. Eso refuerza las desigualdades ya existentes, al facilitar la compra de las tierras mejor ubicadas por grandes productores o personas que, tras vender sus tierras en la región del Pacífico (en donde son más caras), vienen a instalarse a Nueva Guinea, empujando los antiguos pobladores tierra adentro. A eso se suma, la queja expresada por los productores acerca de la reducción drástica del otorgamiento de créditos a la producción. Los ganaderos en particular están siendo afectados por la baja de los precios de la carne de exportación (en particular a Venezuela) que en los últimos años les había traído bonanzas. No basta entonces con tener tierras, sino que también se necesitan fondos para hacerla producir… Estos problemas, ciertamente, no son nuevos pero la incertidumbre generada por el anuncio de la construcción del canal contribuye a exacerbar otro conflicto en torno al medio ambiente y al cambio de uso de los suelos.

El tema ambiental y la visión de desarrollo

26La depredación del medio ambiente ha ocupado desde el principio un lugar preponderante en los debates respecto al canal. Eso se debe al empuje de un modelo de desarrollo que envía señales sumamente contradictorias. Durante décadas, las políticas agrícolas y el mercado han promovido la ganadería extensiva e incluso los pequeños productores se ilusionaron con la idea de salir adelante por este medio. El avance de la frontera agrícola resultó en una embestida sobre las reservas naturales protegidas, incluso la gran reserva de Bosawás en la región autónoma del Atlántico Norte - RAAN a donde migran cantidades crecientes de campesinos oriundos de Nueva Guinea desde mediados de los años 1990. La falta de políticas de crédito a la producción y los bajos precios de los cultivos de granos básicos alimentaron ese entusiasmo colectivo por la producción ganadera. Paralelamente, la introducción reciente de cultivos de alto valor agregado, es decir de exportación, como el café Robusta, la yuca, la piña y el cacao, promovidos principalmente por inversionistas privados (nacionales y extranjeros), son vistos con beneplácito por las autoridades municipales como fuente de desarrollo y sobre todo de empleo. Pero algunos productores han denunciado que, al favorecer el desmonte, los monocultivos contribuyen a reducir la pluviosidad y por ende afectan a los cultivos tradicionales. Además, aceleran la invasión de las reservas naturales por campesinos que, al verse rodeados por extensas propiedades, prefieren ir a buscar suerte ‘montaña adentro’ si es que no se resignan a emplearse como jornaleros en las plantaciones agroexportadoras. Entre los detractores del canal, hay quienes consideran que el control monopólico del Estado sobre el mercado de tierras lleva a la destrucción de la naturaleza por los campesinos mientras que, por el otro lado, sus defensores señalan que, desde antaño, los ganaderos han sido los culpables del éxodo campesino y de la presión sobre áreas nacionales protegidas. En cierto modo, aunque vengan de lados enfrentados, ambas afirmaciones encierran una verdad que sirve sus intereses, pero desconocen las lógicas y estrategias propias que mueven a un campesinado en búsqueda de una autonomía jamás concedida. Así los distintos enfoques que se tienen y las remodelaciones territoriales que inducen, son motivos de controversia entre los distintos grupos (colonos antiguos, ganaderos, inversionistas en monocultivos, defensores del medioambiente) que revelan distintas formas de valorar la tierra y el territorio. Paradójicamente, en este caso, es la institucionalización de la tenencia de la tierra que parece constituir el problema mayor, al trastocar el estatus quo que, mal que bien, termina por imponerse localmente para regular el caos agrario tras periodos de conflicto.

27Una mirada a la historia de Nueva Guinea muestra que la propuesta de (re) convertirse en trabajadores asalariados, en la construcción del canal o en los proyectos agro exportadores conexos, no es atractiva para aquellos pioneros que justamente vinieron a esta zona para escapar del yugo del peonaje en las plantaciones de café, en los cañaverales y en los algodonales del Pacífico. Estas ofertas de empleo chocan con aspiraciones individuales que transmitieron a sus descendientes y que también animan a los que, hoy, siguen llegando a la región. Estas observaciones invitan a no limitar el conflicto en torno al canal a un enfrentamiento entre partidarios y opositores del gobierno sandinista aunque tampoco se puede negar que tenga matices políticos. Pero presentar una visión idealizada de un campesinado exento de contradicciones, en donde los intereses del pequeño forzosamente se oponen a los del grande y todos desconfían del Estado, también sería pecar por ingenuidad. A distintos niveles, los productores aspiran a la prosperidad y buscan para ello opciones alternativas de desarrollo. Y esas son muy diversas: hay quienes enfrentan el dilema de seguir con los cultivos tradicionales (maíz, frijol) y quienes apuestan a los cultivos de agro-exportación… calculando los posibles beneficios y a la vez preocupados por una posible caída de los precios del café o del cacao que se establecen en lejanas bolsas de valores. Con el modelo de desarrollo planteado por la posible construcción del Canal, algunos vislumbran para la región la llegada de una profusión de empresas turísticas o de proyectos de otra índole que nada más dejarán migajas a los locales, apartándoles aún más de su ya reducido poder de decisión. La historia común de los pobladores de Nueva Guinea, forjada con identidades sociales y culturales muy diversas, no se valoriza en un contexto regional en donde lo “pluriétnico” parece concebirse como un medio para afirmar la exclusividad de los derechos (territoriales) de grupos étnicamente definidos más que como una posibilidad de convivencia entre ciudadanos de distintas extracciones (sociales, culturales, étnicas). Y precisamente, ¿cabe preguntarse si el defecto de “unidad cultural” que se le atribuye al municipio de Nueva Guinea no constituye el abono para cultivar una mentalidad individualista en donde prevalece un ‘sálvese quien pueda’ que dificulta a los pobladores idear una visión conjunta del desarrollo de su espacio?

Conclusiones

28Iniciados por razones similares – colonizar espacios para reducir la presión ejercida por el campesinado pobre sobre los grandes terratenientes –, los frentes pioneros en Honduras y en Nicaragua se desarrollaron en condiciones muy distintas. En el primer caso, correspondió a la voluntad política del Estado de controlar y cooptar a un campesinado organizado, con veleidad de incorporarse al mercado y escapar a una economía de sobrevivencia. En el caso de Nicaragua, Nueva Guinea fue el derrotero para una población “sobrante” que el régimen no podía ni quería incorporar a la producción agroexportadora ni como mano de obra, ni mucho menos como partícipe de una bonanza económica enteramente acaparada por el gobierno somocista y sus allegados. En Honduras, la colonización del Aguán obedeció a reglas relativamente claras, lo que hoy permite a los campesinos valerse (en teoría) de las normas establecidas respecto a las tierras llamadas ‘de reforma agraria’. En cambio, en Nicaragua, si bien los primeros colonos fueron dotados de terrenos titulados, el estatus de los que llegaron después fue mucho más incierto. La omisión del término ‘tierras de reforma agraria’ para preferirle el de ‘tierras nacionales’ confiere a la dotación un carácter discrecional por el cual se le agradece al Estado benefactor (y de paso al que lo dirige). Gilberto Ríos establece un vínculo entre el tipo de producción (economía de sobrevivencia vs. cultivos dirigidos al mercado) para explicar la debilidad del movimiento campesino nicaragüense y las sólidas estructuras organizativas hondureñas. Tras haber sido dejados a su suerte durante años, los campesinos de Nueva Guinea siguen fundando sus sueños de prosperidad en un modelo individual enfocado principalmente en la ganadería. Aunque obligó a alianzas de circunstancia entre pequeños, medianos y hasta grandes productores, la oposición al canal interoceánico no pasa de ser una movilización en defensa de la tierra propia. En el Aguán, pese al desmoronamiento del movimiento campesino, la voluntad de escapar a la “maldición de la palma” aún se expresa colectivamente en la movilización por la soberanía alimentaria y el clamor por la reforma agraria.

29La observación comparativa de estos dos frentes pioneros permite vislumbrar como su construcción y organización correspondieron de manera coherente con las políticas económicas y sociales de la época en que fueron ideadas, y no solamente por los actores locales y nacionales. Los términos mismos que fueron utilizados – reforma agraria (en Honduras) o tierras nacionales (en Nicaragua); empresas campesinas (y no cooperativas) – indicaban el modelo que desde las instituciones del Estado se quería promover. En todos casos, la forma de nombrar estos espacios físicos (las dotaciones) los definía exclusivamente en términos económicos. Es a través de la producción y no del territorio que se piensa la ascensión social de la población beneficiada y que se transforma su estatus de jornaleros sin tierras a pequeños o mediados productores (en Nicaragua) o socios de una empresa campesina (en Honduras). Y finalmente es sobre el acceso a la propiedad, o sea el estatus agrario, que descansa el poder simbólico de los actores que se manifiesta incluso en los conflictos, en la medida en que es el concepto de propiedad el que sella pactos entre diferentes categorías socialmente jerarquizadas. En este sentido, los reordenamientos territoriales recientes se deben analizar detenidamente y en correlación con las consecuencias que ello supone para los actores y sus formas de legitimación.

30En Nueva Guinea (Nicaragua), los reordenamientos introducen no solamente nuevas formas de dibujar el espacio regional sino también nuevos paradigmas económicos para su control por nuevos actores. La denuncia de la invasión de la reserva Indio Maíz, que reúne promotores, detractores del proyecto del canal, autoridades regionales y defensores de la causa indígena en una misma estigmatización de ‘los campesinos’ mestizos invasores, constituye un potente instrumento de (re) invención del territorio, que revela un cambio de paradigma en donde las formas de posicionarse en términos de derecho a la tierra entran en conflicto con el derecho al territorio. Como efecto colateral, se recrea de manera retroactiva una problemática de la categoría ‘mestiza’ que, al no poder fundarse en la noción de arraigo, le resta legitimidad discursiva y justifica su retorno a una condición subalterna. Al respecto, cabe recordar que gran parte de los colonos que antaño vinieron a poblar los frentes pioneros de Nueva Guinea y del Aguán vinieron precisamente de zonas pobladas mayoritariamente por campesinos indígenas. ¿Cómo justificar entonces la metamorfosis en mestizos de los primeros ‘pioneros’ nicaragüenses que salieron de zonas marcadamente indígenas como Somoto y Carazo – ésta última incluso hoy publicitada como la “cuna del folklore nacional”? Lo mismo se puede decir de los numerosos contingentes que salieron de la región de Copán, hoy reivindicada como territorio Maya Chort’i (que se extiende de ambos lados de la frontera entre Honduras y Guatemala) o de los campesinos indígenas de La Paz o Santa Bárbara… De hecho, en Nicaragua (y en Honduras), durante casi un siglo, la cuestión indígena, en particular en su dimensión de ocupación territorial, ha sido conscientemente ignorada por las instituciones. Para bien o para mal, la construcción de un Estado nación fundado en la glorificación del mestizaje (Roux, 2010) permitió yugular los efectos potencialmente subversivos del desclasamiento y de la desposesión territorial de la población campesina e indígena, a la vez que logró que el desplazamiento y la movilidad fueran percibidos como una oportunidad de ascensión social. De cierta manera, el ‘enclave mestizo’ de Nueva Guinea cobró relevancia hasta después del otorgamiento del estatus de autonomía de la Costa atlántica y la consiguiente desaparición de la noción de ‘tierras nacionales’. Toda vez que no se planteaban en términos de reivindicación territorial, los conflictos intercomunitarios latentes en la Región autónoma del Atlántico Sur se habían mantenido en un estado de relativa “baja intensidad”, a la diferencia de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) que, desde mediados de los años 1990, ha sido el teatro de enfrentamientos violentos por el control de las tierras entre comunidades indígenas y colonos llegados del Pacífico. Esta situación resulta del proceso de contrarreforma agraria que afectó en gran medida a los desmovilizados del conflicto armado quienes al verse despojados de las tierras que les habían sido atribuidas propiciaron un intenso movimiento de avance hacia la frontera agrícola. Es de temer que el avance de los megaproyectos y/o de los monocultivos atice rencores y animosidades porque desplaza desigualdades – que antes se expresaban en conflictos entre ricos y pobres o grandes y pequeños – en un terreno en donde resultan más difíciles de superar. Al determinar que el derecho al arraigo descansa en la extracción étnica, se establece una línea de demarcación entre aquellos que serán consultados sobre el porvenir del territorio y los que no tendrán otra opción que irse si las instituciones así lo disponen.

31Así, las orientaciones que determinan las actuales políticas de desarrollo (y los discursos que las acompañan) no solo modifican la estructura de los espacios físicos, sino que inciden en la percepción del derecho de acceso a la tierra. Aunque se fundaran en la exclusión en Nueva Guinea y en la inclusión en el Aguán, ambos frentes pioneros crearon una situación marginal y a la misma vez, la posibilidad de salir de ella. Hoy, paradójicamente, el renovado interés de los Estados en promover monocultivos y grandes proyectos parece cernirse como una amenaza, más que como un factor de estabilidad. Su intervención, a través de una militarización creciente en el Aguán o de la imposición vertical de decisiones en Nueva Guinea, despierta en el campesinado el temor de perder no solo su anclaje territorial sino el estatus social que le daba legitimidad y constituía (aunque imperfectamente) la esperanza de incorporarse en condiciones de igualdad al porvenir de la nación.