Las paradojas de la ciudadanía: una mirada desde la migración internacional1
p. 211-238
Plan détaillé
Texte intégral
1La interrelación entre la migración internacional y la ciudadanía es un tema que cobra cada vez mayor importancia en los debates académicos. Dos perspectivas dominan la escena de la discusión.2 Por un lado, están quienes abordan el tema del acceso formal de los migrantes al estatus de ciudadano en los países receptores (Aleinikoff y Klusmeyer, 2000, 2002; Brubaker, 1992) y los efectos de la migración sobre la sociedad receptora (Kymlicka, 1995). Por otro lado, están aquellos que se enfocan en las formas que toma el ejercicio ciudadano de los migrantes en sus países de origen (Fizgerald, 2000; Glick et. al., 1995; KandeneKaiser y Kaiser, 1998; Verdery, 1998). Los trabajos que estas perspectivas han producido contribuyen de manera fundamental a la reflexión sobre los efectos de la migración internacional sobre las formas que toma la experiencia ciudadana de los migrantes.
2Una perspectiva menos difundida es aquella que mira a la migración internacional como un proceso que, al modificar las condiciones de existencia de las comunidades de origen de los migrantes, puede contribuir a transformar también la calidad de la ciudadanía de sus membros –migrantes y no migrantes. Dicha transformación puede darse al menos en dos dimensiones: 1) el ejercicio de derechos ciudadanos, al propiciar políticas públicas de atención a dichas comunidades; y 2) la conciencia ciudadana, al cuestionar la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Es importante, pues, mirar a la migración internacional como un proceso que, además de afectar aspectos materiales de la vida de las personas, también lo hace en los aspectos subjetivos, en particular en aquéllos que tienen que ver con su relación con el Estado-nación del cual son ciudadanos. El movimiento internacional puede cuestionar la relación entre un Estado y sus ciudadanos migrantes, introduciendo en ella aparentes paradojas, como por ejemplo el que se dé el ejercicio de derechos de un ciudadano más allá de las fronteras de su Estado-nación.
3El propósito de este escrito es reflexionar sobre la manera como la migración internacional participa en la transformación de la ciudadanía de los migrantes y de miembros de sus comunidades de origen. Consideraré la migración internacional como un fenómeno que, a través del tiempo, va transformando las condiciones de existencia y la conciencia de migrantes (Bozzoli, 1992; Zamudio, 1999) y miembros de sus comunidades de origen (Zamudio, 2004). Dichas transformaciones pueden contribuir a mejorar la calidad de la ciudadanía de éstos. La concepción de la ciudadanía que guía estas reflexiones es la propuesta por Turner (1993), quien la concibe como “ese conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) que definen a una persona como miembro competente de la sociedad y que, como consecuencia, conforman el flujo de recursos a personas y grupos sociales” (1993: 2). Esta definición destaca el carácter dinámico de la ciudadanía, así como su relación intrínseca con las relaciones de poder en una sociedad. Complemento esta definición con la propuesta de diferenciar tres dimensiones de la ciudadanía: estatus, ejercicio y conciencia ciudadanos.
4La reflexión que presento aquí está basada en un trabajo etnográfico preliminar realizado durante 2003. La comunidad que sirve de referente para esta discusión es Monte Blanco, municipio de Teocelo, en el estado de Veracruz, en la cual el movimiento migratorio internacional, aunque comenzó durante los años sesenta, se aceleró en la segunda mitad de la década de los noventa. Se trata, pues, de una comunidad rural, en la cual la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, como sucede en muchas otras comunidades mexicanas que presentan migración internacional.
5El artículo tiene tres secciones más. En la que sigue analizo las dimensiones de la ciudadanía y la forma como la migración internacional las cuestiona. Continúo con el análisis de algunos aspectos de la historia y situación actual de Monte Blanco, abordándolos desde la perspectiva analizada. Termino con una conclusión que sugiere algunas vetas de reflexión sobre el tema.
CUESTIONANDO LAS DIMENSIONES DE LA CIUDADANÍA
6Aunque existen muchos estudios sobre el estatus formal de los migrantes en el país receptor y sobre su ejercicio ciudadano en ambos espacios –origen y destino– son pocos los que han cuestionado el ejercicio ciudadano de los lugares de origen de los migrantes y menos aún los que han intentado reflexionar sobre la realización de la ciudadanía de migrantes y otros miembros de sus comunidades en el país de origen. Esto es, se asume la calidad de ciudadano en la medida en la cual se goza de su estatus en el país de origen. Sin embargo, dicha omisión impide explicar con satisfacción las condiciones en la comunidad de origen que permiten o impulsan ciertas expresiones de la condición ciudadana, al tiempo que impiden o desalientan otras. Y, peor aún, poco se profundiza sobre los efectos de la migración internacional en la experiencia ciudadana de los miembros de comunidades migrantes.
7Las discusiones en torno al voto en el exterior son un ejemplo claro de esta problemática (Calderón, 2003). Sin cuestionar los fundamentos legales y morales del derecho al voto de los migrantes en su país de origen, es pertinente preguntarse de qué manera ellos experimentan la posibilidad de votar y cuál es el significado que dan al voto. Por supuesto, dicha experiencia tendrá que ver con sus prácticas electorales y los significados que el voto haya tenido para ellos desde antes de emprender el movimiento internacional.
8Aquí trato, entonces, de cuestionar la forma como los migrantes (y otros miembros de sus comunidades de origen) experimentaban la ciudadanía antes de la migración o durante la misma (personal o comunitaria), y la forma como la migración afecta dicha experiencia ciudadana, transformando la relación ciudadano-Estado y, quizá, construyendo en el país de origen una ciudadanía que haga cada vez más patente el reconocimiento estatal hacia sus ciudadanos, expresado en la utilización de medidas que propicien el ejercicio de sus derechos.
9A continuación presentaré los principales elementos de la ciudadanía y explicaré mi propuesta sobre su “tridimensionalidad”, sus paradojas aparentes y la forma como cada dimensión es cuestionada por la migración internacional.
¿Ciudadano naces, ciudadano te hacen?
10Como dije antes, tomaré como punto de partida de estas reflexiones sobre ciudadanía la definición de Bryan Turner, quien la concibe como “ese conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) que definen a una persona como miembro competente de la sociedad y que, como consecuencia, conforman el flujo de recursos a personas y grupos sociales” (1993: 2). Dos elementos destacan de esta definición. De acuerdo con el autor, hablar de “prácticas” evita una definición meramente jurídica –“una colección de derechos y obligaciones”– al tiempo que remite al carácter dinámico de la construcción sociohistórica de la ciudadanía. En segundo lugar, la definición “coloca el concepto directamente en el debate sobre desigualdad, diferencias de poder y clase social, porque la ciudadanía está inevitable y necesariamente ligada al problema de la distribución desigual de recursos en la sociedad” (1993: 2-3). En otras palabras, la definición de la ciudadanía en términos de prácticas y de flujo de recursos nos permite reflexionar en la forma como personas y grupos gozan de manera diferencial de las oportunidades de ser o de convertirse en “miembros competentes de la sociedad” (Marshall y Bottomore, 1992). Ello nos permite dos cosas: primero, analizar los cambios que la “calidad” de la ciudadanía va presentando en un grupo determinado, a través del tiempo y, segundo, comparar dicha “calidad” de diversos grupos en un momento dado.
11Un elemento fundamental de la ciudadanía es que surgió históricamente y se configura actualmente en relación con el Estado-nación; en palabras de Turner (1993), “la misma palabra ‘ciudadano’ es una combinación de cité (ciudad) y sein (ser). Un ciudadano era originalmente un miembro de una ciudad-Estado. Al tiempo que el concepto se desarrolló después de la Revolución francesa, vino a significar un participante activo en una república, esto es, un Estado-nación construido alrededor de alguna ideología dominante, típicamente el nacionalismo” (1993: 177). Actualmente, una persona se define como ciudadana si cumple con ciertos requisitos especificados en las leyes de su país (lugar de nacimiento, edad, ocupación u otros).3 Así, el “estatus” de la ciudadanía establece una relación primordial entre ciudadano y Estado, imponiendo en ambos una relación de reconocimiento mutuo. Para el primero, éste consiste en la convicción de la legitimidad de leyes, instituciones y políticas estatales; para el segundo, el reconocimiento de sus ciudadanos implica otorgarles un conjunto de derechos y responsabilizarse de la generación de las condiciones jurídicas, políticas, económicas y culturales que les permitan una práctica plena de los mismos.4
12Una de las aparentes paradojas que surgen con la migración internacional es que coloca a los migrantes en el territorio de un Estado que no los reconoce como ciudadanos y, por lo tanto, no legitima algunas de sus demandas por derechos.5 Pero, por otro lado, su presencia en dicho territorio permite la satisfacción de algunas necesidades, principalmente la de obtener un salario remunerado, y así participar también en la satisfacción de necesidades básicas de sus familiares (u otros) en sus comunidades de origen, a través del envío de remesas económicas. Ahondaremos en este aspecto en la siguiente sección.
13Hasta el momento, he mencionado dos dimensiones fundamentales de la ciudadanía: el estatus, que define formalmente quién pertenece y quién no pertenece a la comunidad nacional; y el ejercicio, que se refiere a las condiciones que definen la calidad diferencial de la ciudadanía de personas y grupos. Una dimensión más, fundamental para el análisis cabal de la ciudadanía, y que no está contenida en la definición de Turner, se refiere a la “conciencia ciudadana”. Y por ella entiendo dos elementos interrelacionados. Por un lado, la “autopercepción” de la cualidad de ciudadano de una persona y, por otro, la comprensión del significado de ser un “miembro competente” de la sociedad, en el sentido de participar de sus recursos de formas, que aseguren un ejercicio ciudadano de calidad (Marshall y Bottomore, 1992).
14Resumiendo lo expuesto hasta el momento, vemos que la ciudadanía está conformada por tres dimensiones fundamentales: estatus, ejercicio y conciencia, las cuales se hallan íntimamente relacionadas entre sí (véase la figura 1). Además, cada Figura 1 Procesos-fenómenos de la ciudadanía una se ve influida por el proceso de la migración internacional de manera importante, como veremos en seguida.
Estatus ciudadano y ejercicio ciudadano
15El estatus de ciudadano confiere a los individuos un conjunto específico de derechos, otorgados por el Estado. El ejercicio se refiere a que existan condiciones que permitan que los ciudadanos gocen efectivamente de tales derechos. En principio, dentro del esquema de relación entre ciudadanía y Estado-nación, el estatus es formalmente un sine-qua-non de la legitimidad (formal) del ejercicio ciudadano y de su reclamo. Esto es, sólo aquellos sujetos y grupos que cumplen con los requisitos que determina la definición de ciudadano en sus países gozarán del reconocimiento formal por parte de sus Estados y, a partir de dicho reconocimiento, podrán legítimamente organizar sus demandas sobre la utilización de prácticas que aseguren el ejercicio de derechos de ciudadanía, así como la incorporación de nuevos derechos.
16Este punto nos remite al ideal normativo mismo de la ciudadanía, el cual, en principio, debería contener todos los derechos reconocidos por la comunidad internacional, bajo el concepto de “derechos humanos”, el cual propone una verdadera universalidad del goce de derechos y que, de algún modo, contrarresta la capacidad represiva de los Estados (Turner, 1993).
17Ello nos lleva a una segunda reflexión sobre la relación entre estatus y ejercicio ciudadanos. Me refiero a que el ejercicio mismo, en particular la demanda por la inclusión de derechos (transformación quizá de “necesidades” en “derechos legítimos”) replantea el significado y contenido del estatus ciudadano. El dinamismo de la ciudadanía que Turner (1993) plantea se refiere precisamente a que su significado y contenido se transforman en la medida en la cual éstos son cuestionados por la lucha social, en particular por las luchas de los grupos marginales –i.e., ciudadanos que no gozan de un ejercicio pleno de sus derechos o grupos que ni siquiera poseen dicho estatus. Frecuentemente, cuando estos grupos expresan una demanda por inclusión, “simultáneamente desafían la naturaleza de lo que significa ser incluido [esto es], las bases de la membresía social, los principios que guían la asignación de recursos y los medios de acceso a los recursos mismos” (Ellison, 1999: 70-71, citado en Jones y Gaventa, 2000). En otras palabras, la ciudadanía es redefinida en la lucha misma por su ejercicio.
18La migración internacional introduce espacios paradójicos en la relación entre estatus ciudadano y ejercicio ciudadano, particularmente cuando dicho ejercicio es precario. Porque, en el lugar de origen, el migrante deja su espacio territorial de ciudadanía para acceder a los recursos necesarios para el ejercicio de derechos que su condición de ciudadano le confiere –y le “promete”– pero a los que su situación social particular de pobreza no le permite acceder. En el lugar de destino, el migrante accede a dichos recursos, pero sin ejercer legítimamente derechos ciudadanos y afrontando las consecuencias que conllevan sus estrategias de acceso, que en muchos casos incluyen la migración indocumentada.
19Más aún, como consecuencia de la migración internacional, el país emisor se ve en la necesidad de elaborar estrategias de protección de sus ciudadanos residentes en el extranjero, así como de tomar medidas que les permitan el ejercicio de ciertos derechos –otorgados por su Estado– desde el exterior (como votar en elecciones nacionales o locales, por ejemplo). Por su parte, el país receptor también debe promulgar leyes y elaborar políticas que, aun sin reconocer al migrante como ciudadano, le reconozcan su condición de ser humano y le permitan el acceso a ciertos recursos.6 De esta forma, ejercicio y estatus trascienden fronteras nacionales y responden al compromiso de la comunidad internacional de afirmar la universalidad de los derechos, legitimada por la condición ciudadana o por la condición humana.
20En resumen, la relación entre estatus y ejercicio ciudadanos es dinámica y se va definiendo históricamente, como producto de luchas sociales. La migración internacional introduce paradojas aparentes en esa relación, las cuales, a su vez, podrían quizá resolverse redefiniendo el concepto mismo de ciudadanía, y de manera particular, las responsabilidades de los Estados hacia sus ciudadanos migrantes. Debo enfatizar que la perspectiva planteada aquí recupera el carácter procesual de estatus y ejercicio, evitando proponer un “ideal” de ciudadanía contra el cual contrastar las condiciones de ejercicio en las comunidades. Pretendo, más bien, mirar la interrelación entre estatus y ejercicio desde la manera como los ciudadanos mismos la miran y lo que significa para ellos en términos de su relación con el Estado. Para ello, es necesario analizar la relación de estas dimensiones con la de conciencia ciudadana, motivo de los siguientes dos apartados.
Estatus ciudadano y conciencia ciudadana
21La conciencia ciudadana se refiere al sentido de ser ciudadano, a tener la convicción de que uno puede actuar como tal, que cuenta con el reconocimiento del Estado del cual es miembro y que dicho reconocimiento se expresa en prácticas concretas que aseguran el ejercicio ciudadano (Lister, 1997). El hecho de poseer el estatus de ciudadano es condición necesaria –aunque no suficiente– para conformar una conciencia ciudadana en sentido estricto, esto es, la conciencia de “ser reconocido como” ciudadano. Es necesaria porque el estatus legitima formalmente la condición de ciudadano.7
22El conocimiento de que se posee dicho estatus y de su significado (los derechos y las obligaciones que implica), al menos parcial, es fundamental para construir una conciencia ciudadana. Es esencial también la identificación, por parte del ciudadano, del agente responsable de otorgarle dicho reconocimiento y de traducir los contenidos del estatus en prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) que aseguren su realización.
23Finalmente, para que se conforme una conciencia ciudadana, el ciudadano debe conocer las formas legítimas de plantear sus demandas. Este elemento de reconocimiento es fundamental para mi reflexión, por lo cual ampliaré su significado en el siguiente apartado. Por ahora, es necesario decir que la conciencia ciudadana no estará conformada si el ciudadano identifica “otros” agentes como los responsables de otorgarle el reconocimiento como sujeto de derechos (por ejemplo, instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, etcétera).
24La migración internacional cuestiona la relación entre estatus y conciencia ciudadanos al mostrar, por un lado, que el ejercicio de (algunos) derechos es posible sin contar con el estatus de ciudadano en el territorio en el cual el ejercicio tiene lugar. Sin embargo, el hecho de que el migrante no sea ciudadano del territorio en el cual accede a ciertos beneficios no permite decir que lleva a cabo un verdadero ejercicio de derechos ciudadanos, satisface una necesidad (de trabajo, de remuneración, de acceso a la salud, etc.), pero no está ejerciendo un derecho ciudadano que le corresponda legítimamente y sus instancias de apelación no serán las mismas que correspondan a los ciudadanos de dicho país. En términos de Turner (1993), el migrante estaría ejerciendo un derecho como ser humano, no como ciudadano.
25La distinción propuesta resulta de nuevo importante, porque se encuentra en el centro de muchos debates políticos sobre la amplitud de derechos que los Estados deberían reconocer a quienes residen en ellos, independientemente de que sean sus ciudadanos o no lo sean. Dicha distinción también está en el centro de las demandas de los grupos de migrantes, quienes recurren al reconocimiento que la comunidad internacional hace de ciertos derechos –en términos de derechos humanos– para apelar al goce legítimo en el país de destino de derechos propios de la condición de ciudadano.
26Siguiendo con la discusión del apartado anterior, el Estado emisor de migrantes “complementa” el contenido del estatus de ciudadano incorporando ciertas prácticas en el país de destino y estableciendo acuerdos con su aparato estatal para asegurar la protección y el goce de derechos fundamentales de sus ciudadanos. Así, paradójicamente, el migrante encuentra que, al contrario de su situación en su comunidad de origen, obtiene un reconocimiento concreto como ciudadano fuera de su país, de manera positiva –protección, al menos– por su Estado de origen, y de manera negativa-restricciones, quizá-por el de destino.8
27Resumiendo, la relación entre el estatus y la conciencia ciudadana plantea problemas fundamentales de pertenencia y participación de quienes forman una comunidad y la migración internacional introduce complejidades en la definición de membresía y en la identificación del o los agentes encargados de garantizar un ejercicio de derechos-humanos o de ciudadanía.
Ejercicio ciudadano y conciencia ciudadana
28Como dijimos antes, un elemento fundamental de la conciencia ciudadana es el reconocimiento del agente responsable de poner en funcionamiento el ejercicio de derechos. En el mismo sentido, otro elemento esencial tiene que ver con el reconocimiento que dicho agente –el Estado– hace de sus ciudadanos. Esto es, para que una persona se perciba a sí misma como ciudadano, es necesario que este “otro” (el Estado) le reconozca tal estatus.
29Tal es la parte medular de la conciencia ciudadana: me percibo como ciudadano en la medida en la cual soy percibido como tal por el encargado de otorgarme dicho reconocimiento. Tomando como base la propuesta teórica de Mead (1993) sobre el “otro generalizado”, el proceso de la conformación de una conciencia ciudadana está estrechamente ligado a la internalización de la imagen que el “otro” tiene de mí. La conciencia surge de dicho proceso “reflexivo”:
Es en la forma del otro generalizado que los procesos sociales influyen en la conducta de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, que es en esa forma que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros individuales; porque de esa manera el proceso o comunidad social entra, como factor determinante, en el pensamiento del individuo. En el pensamiento abstracto el individuo adopta la actitud del otro generalizado hacia sí mismo, sin referencia a la expresión que dicho otro generalizado pueda asumir en algún individuo determinado; y en el pensa miento concreto adopta esa actitud en la medida en que es expresada en las actitudes hacia su conducta por parte de aquellos otros individuos junto con quienes está involucrado en la situación o el acto social dados (Mead, 1993: 185-186).
30En el caso de la ciudadanía, la internalización tiene que ver directamente con la actitud que “el otro generalizado” –el Estado– adopta hacia mí. Si dicha actitud me reconoce como ciudadano, entonces la internalizaré y conformaré una conciencia de tal. Si no existe tal reconocimiento, entonces no estaré en condiciones de conformar una conciencia ciudadana.
31Pero la construcción de conciencia no es sólo un proceso cognitivo; también incorpora elementos afectivos. Los diversos aspectos que dan materialidad al reconocimiento se van trenzando en lo que Williams (1977) ha llamado una “estructura de sentimiento” que, en lugar de oponer el sentimiento al pensamiento, interrelaciona “el pensamiento como sentido y el sentimiento como pensado: conciencia práctica de un tipo presente, en una continuidad viviente e interrelacionante”, en un proceso continuo de estructuración, con expresiones prácticas localizadas en tiempo y espacio. Dichas expresiones tienen que ver con las acciones del Estado y con la forma como los ciudadanos las demandan o las “corresponden”. Tiene que ver también con la forma como se perciben a sí mismos como pertenecientes a su comunidad y, quizá, a una comunidad mayor de conciudadanos (Anderson, 1991). La conciencia ciudadana, pues, se va conformando intelectual y afectivamente en la relación de mutuo reconocimiento entre Estado y ciudadano, y como esta relación dista de ser estática, también la conciencia se reestructura y cambia constantemente.
32¿Y qué significa, entonces, el reconocimiento por parte del Estado? Significa, en primer lugar, que el Estado genere condiciones para un ejercicio ciudadano pleno o, al menos, satisfactorio para el ciudadano. En segundo, que las medidas adoptadas con dicho propósito, a pesar de que en ocasiones estén sujetas a negociaciones de intercambio con el ciudadano,9 mantengan firme la convicción de éste respecto a la preocupación que el Estado tiene sobre sus condiciones de vida. Este punto merece mayor reflexión.
33Podemos considerar que prácticas de tipo clientelar, por ejemplo, no son propicias para la conformación de una conciencia ciudadana, porque no parecen reflejar un reconocimiento de ciudadano, sino de “cliente” que “paga” por los bienes o recursos recibidos. En consecuencia, puede decirse que, en dichas condiciones, los ciudadanos no están ejerciendo sus derechos ciudadanos como tales, sino que están tolerando el regateo de las instancias estatales, para poder mejorar –o mantener– sus condiciones de vida. Un ejemplo de esta situación puede apreciarse en algunos argumentos relacionados con el voto de los mexicanos en el exterior. Hay quienes consideran que estos migrantes “merecen” votar porque contribuyen con recursos a la economía familiar (y nacional). Olvidan, sin embargo, que el voto es una prerrogativa del ciudadano, más allá de sus méritos económicos. Desafortunadamente, dicha posición es producto de una larga historia de trato clientelar entre los ciudadanos y el Estado mexicanos (Fox, 1997).
34Sin afirmar la pertinencia de tales argumentos y reconociendo que dicha relación clientelar ha mantenido a muchos grupos en condiciones sociales y económicas precarias,10 es también importante considerar que muchos grupos y comunidades han mejorado sus condiciones de vida a partir de los recursos y apoyos que instituciones estatales les han proporcionado. Dicho mejoramiento ha sido muchas veces lento y quizá con retrocesos o abandonos temporales, tal como sucedió en Monte Blanco. Sin embargo –y esto es central para este análisis– los miembros de dichas comunidades percibieron a un Estado que se preocupaba por ellos y que colaboraba con ellos. Quizá es por esto que, además de otorgar legitimidad a su relación con el Estado –y reconocer a sus instituciones–, mantenían una suerte de confianza en que sus condiciones de vida seguirían mejorando, con lentitud pero con certeza.
35En otras palabras, más que proponer que únicamente si existe una relación “ideal” (en términos normativos) entre Estado y ciudadano se conformará una conciencia ciudadana, sugiero que debemos mirar la historia de dicha relación y las formas como ésta se ha expresado en circunstancias sociales y económicas particulares, tanto por los ciudadanos como por el Estado.11
36La migración internacional puede constituir una experiencia que contribuya a la conformación de conciencia ciudadana en la medida en la que puede propiciar tres cosas. Primera, en el país de origen, incrementa el nivel de vida de personas, familias y comunidades, situándolas en mejores condiciones de poder para rechazar tratos contrarios a su condición de ciudadanos y articular sus demandas por un mayor reconocimiento ciudadano. Segunda, en el país de destino, los migrantes pueden estar en condiciones de “observar” una relación ciudadano-Estado que incorpora el reconocimiento del ciudadano, traducido en prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) propicias para el ejercicio de derechos ciudadanos.12 Y tercera, también en el país de destino, el migrante entra en contacto con instituciones de su Estado de origen con el mandato de atender a sus ciudadanos. La experiencia migratoria, más que cuestionar la pertenencia de los migrantes a sus comunidades de origen, puede ayudar a reafirmarla en otros términos, no sólo como miembros sino como elementos propiciadores de una mejor calidad ciudadana, aunque, muy posiblemente, dicha capacidad pueda no realizarse en todos los casos de comunidades migrantes o ni siquiera en la mayoría de ellas.13
37Una nueva paradoja es introducida por la migración internacional, ahora en la relación entre ejercicio y conciencia ciudadanos. Personas cuyo trato como ciudadanos era precario en su país de origen y que apenas se reconocían a sí mismas como tales, al migrar pueden obtener los recursos y la experiencia necesarios para estar en mejor posición, tanto para ser reconocidos como para articular sus demandas ciudadanas.
38En esta sección he presentado un análisis sobre las dimensiones de la ciudadanía, tratando de interrelacionarlas y encontrar las formas como la migración internacional hace aparentes algunas de sus paradojas. Al mismo tiempo, he presentado mi perspectiva sobre el papel que la migración internacional puede jugar en la construcción de ciudadanos conscientes y con mejores capacidades para ejercer su ciudadanía y para cuestionar su significado. Con el propósito de darle “cuerpo” a la reflexión presentada, en la sección que sigue hago una reflexión sobre la experiencia ciudadana de una comunidad rural del estado de Veracruz, en donde la migración internacional inició a finales de los años sesenta.
LOS CIUDADANOS DEL MONTE
39El análisis que presenté en el apartado anterior será abordado desde la experiencia concreta de Monte Blanco, comunidad rural situada al sureste del municipio de Teocelo, Veracruz, dedicada a la producción agrícola, en la cual el movimiento migratorio se inició a finales de los años sesenta, pero se ha acelerado a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. La historia de Monte Blanco ofrece elementos que resultan pertinentes para la reflexión sobre la ciudadanía, tanto desde la perspectiva del proceso histórico de reconocimiento estatal de la cualidad de ciudadanos de los habitantes de la comunidad, como de aquélla que aborda los efectos que la migración internacional ha tenido sobre las dimensiones de su ciudadanía.
40En comunidades rurales como Monte Blanco, la tierra constituye un elemento organizador de la vida social, además de significar para muchos el principal medio de obtención de recursos económicos. Durante el siglo veinte, la historia de esta comunidad ha girado en torno a la tierra, propia o ajena, y en el trabajo involucrado para hacerla producir. Empezaré este apañado presentando el proceso de dotación del ejido Monte Blanco. En el análisis, trataré de destacar la forma como éste y otros procesos han participado en la formación de una conciencia ciudadana de los miembros de esta comunidad.
41A principios del siglo veinte, en Monte Blanco predominaban los campesinos pobres sin tierra, al lado de algunos pequeños terratenientes (con entre 50 y 150 hectáreas) (Aceves, 1980: 66). Los albinomonteses trabajaban como peones en la hacienda vecina de Tuzamapan (en el cultivo de la caña o cuidando ganado) o arrendaban tierras para cultivar maíz, principalmente.
42En junio de 1930, miembros de la comunidad organizaron un comité agrario e hicieron la petición de dotación ejidal ante la Comisión Local Agraria de Veracruz (ran, Expediente Ejido Monte Blanco). En abril de 1934, el presidente Abelardo Rodríguez dictó la Resolución Presidencial de dotación. En junio de 1936, se entregaron las actas de posesión y se llevó a cabo el deslinde. La dotación ejidal especificaba una extensión de 2740 hectáreas, para 239 capacitados, repartidos entre 187 familias. Desafortunadamente, pocos tenían los recursos necesarios para inveñir en productos comerciales como el café o la caña, optando por la producción maicera de subsistencia (Juárez, 1987), así como por algunos productos que podían vender y que implicaban mínima inversión, como la naranja y el plátano, principalmente.
43Vemos, pues, que el ejercicio ciudadano llevado a cabo por los albinomonteses les permitió acceder al derecho fundamental de contar con medios de subsistencia y confirmó el reconocimiento por parte del Estado de su calidad de ciudadanos. El ejercicio ciudadano que acompañó la dotación ejidal y reafirmó el estatus ciudadano de los campesinos estimuló su conciencia ciudadana, al recibir el reconocimiento del Estado. Los testimonios de algunos albinomonteses sugieren que la percepción de dicho reconocimiento se mantuvo por varias décadas, a pesar del limitado apoyo gubernamental.
44Durante los primeros años de vida con “tierra propia”, los habitantes de Monte Blanco se abocaron a dos tareas fundamentales. Por un lado, a tratar de hacer producir la tierra recién recibida y, por otro, a mejorar las condiciones de sus poblaciones. Para la primera tarea, se concentraron en la producción de maíz y frijol para autoconsumo y empezaron a promover la producción de naranja y café (en pequeño), principalmente. Como su propia producción agrícola no era suficiente para asegurar la reproducción familiar, era necesario recurrir al trabajo asalariado. Los ejidatarios participaron en el corte de café de Santa Rosa, en su propio municipio, y del municipio de Coatepec, uno de los principales productores del aromático en Veracruz. En 1944, el gobierno construyó la carretera Coatepec-Teocelo, con lo cual se abrían posibilidades de una mejor comercialización de los productos agrícolas. A pesar de ello, la migración regional continuó.
45La segunda tarea a la que se abocaron estos campesinos fue el mejoramiento de su comunidad. Para el tiempo de la dotación ejidal, existía en Monte Blanco una primaria, que era “más bien un caserón”, según don José.14 Después, en 1945, se construyó el centro de salud. Afortunadamente para los albinomonteses, en 1952 llegó un sacerdote de Teocelo, el padre José Melgoza, quien promovió el mejoramiento del pueblo. Desde 1952, empezó a gestionar la introducción de la luz eléctrica. También organizó a la población para construir la escuela primaria Vicente Guerrero, en 1954. Otra obra importante fue la introducción de agua potable, en 1956-1957, en la cual participó también el pueblo. Según algunos informantes, el padre Melgoza tenía muchos amigos en Teocelo, Coatepec y Xalapa, quienes apoyaban sus iniciativas, principalmente con recursos económicos. El jardín de niños Emiliano Zapata se construyó en 1976 y la telesecundaria en 1979.15
46Los recuerdos de los habitantes de Monte Blanco se refieren al trabajo duro y cierta penuria, pero no se menciona ningún reclamo al trato que recibieron del gobierno. A reserva de profundizar en otro espacio en la investigación de este tema, parece que la dotación ejidal original,16 los conflictos con los caciques para tener un acceso real a la tierra, así como la construcción de sus comunidades ocuparon sus preocupaciones. Al mismo tiempo, tenían alternativas de trabajo cerca de sus casas y de sus tierras, con lo cual sus condiciones mejoraron notablemente con respecto a lo que vivían antes del reparto. Durante los años cincuenta, los albinomonteses llevaban a cabo un avance significativo en esos rubros, con el apoyo del padre Melgoza.
47Esta situación sugiere una especie de impasse en la relación ciudadano-Estado, aún sostenida por los efectos concretos de la dotación ejidal y por la respuesta que dio el Estado a su demanda por un acceso efectivo a la tierra. Las alternativas de empleo asalariado, que no implicaban el descuido de sus actividades agrícolas locales (Zamudio, 1999), permitieron a los miembros de esta comunidad, a pesar de vivir en condiciones precarias, ir preparándose, al mismo tiempo, con la introducción paulatina del café, para entrar en contacto más directo con instituciones estatales.
La ciudadanía antes de la crisis cafetalera
48Para, primero, comprender la relación entre la migración internacional y la construcción ciudadana, es necesario hacer un recorrido por la manera como los habitantes de Monte Blanco experimentaron la ciudadanía durante las décadas anteriores al inicio del movimiento.
49Durante los años sesenta, con la extensión de la producción cafetalera, la región en su conjunto empezó a recibir mayor atención por parte de las instituciones de gobierno. En 1965, se empezó a construir un camino de terracería entre Monte Blanco y Teocelo,17 por el cual empezó a salir la producción local de café y mango de Monte Blanco y otras comunidades cercanas. Se iniciaba una época de mejoramiento económico sostenido que duraría más de dos décadas. Los campesinos apostaron, entonces, a la producción de café, principalmente, y empezó en estos pueblos un avance significativo de sus condiciones de vida, debido al contexto favorable que los rodeaba y que también contribuyó a que se comprometieran con el producto.
50La producción cafetalera tuvo en esos años un lugar muy importante en la economía agrícola de Veracruz y, en particular, en la región cafetalera de Coatepec, en donde se encuentra Monte Blanco. Con la creación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), en 1958, se inició una relación cercana entre campesinos y Estado, reafirmando, después de dos décadas de relativo “silencio”, el reconocimiento estatal a los ciudadanos de Monte Blanco.
51El auge de los precios internacionales del café acompañó la intervención estatal, a través del Inmecafé, para que llevara a cabo funciones de asistencia técnica a productores, financiamiento, beneficio y comercialización del producto. De 1958 y hasta 1989, el Estado mexicano apoyó a la producción y promovió la incorporación de un mayor número de productores. Además de éstos, gran cantidad de jornaleros agrícolas (algunos con pequeñas fincas propias) se beneficiaron de estas condiciones y pudieron complementar sus ingresos locales con la migración a regiones cercanas. La migración a Santa Rosa (municipio de Teocelo) y a Coatepec, a pizcar café, o a tierras aledañas al ingenio de Mahuixtlán (municipio de Coatepec), al corte de caña, continuó formando parte de la cotidianidad de muchos albinomonteses. La migración para trabajar como jornaleros constituía un elemento muy importante de sus estrategias familiares para satisfacer sus necesidades, no sólo las básicas, como alimentación y vestido, sino las de construcción de vivienda y mantenimiento de sus fincas o parcelas.
52El reconocimiento estatal de su condición de ciudadanos sugiere, sin embargo, un camino ambiguo. Por un lado, instituciones gubernamentales continuaron apoyando los esfuerzos organizativos de los albinomonteses, principalmente en lo referente al mejoramiento de su comunidad, y proporcionando apoyos limitados a la producción agrícola (principalmente por parte del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del Inmecafé). Al mismo tiempo, el Estado esperaba el apoyo político de quienes, con poca experiencia de participación política y sin muchas opciones a la vista, no dudaron en otorgársela. Su lealtad se fortaleció durante el tiempo en que el Inmecafé les proporcionaba insumos y les aseguraba la comercialización del café, principalmente durante los años setenta. El auge cafetalero mundial fue esencial para que el Estado pudiera sostener su apoyo a los productores y para que éstos continuaran mejorando su nivel de vida familiar y comunitario. Así lo sugiere la siguiente cita, en la cual, don Jerónimo nos cuenta que,
Antes los [productos] valían y sembraba [uno] algo de maíz y frijol, vendía lo que se pudiera y luego lo que quedaba [era] para comer. Antes, se podía esperar la cosecha porque había recursos, gracias al instituto. No había problema en endrogarse porque con la cosecha pagaba.
53Resulta interesante preguntar cómo entendieron entonces los albinomonteses su relación con el Estado, si la consideraban atentatoria contra su condición de ciudadanos o si más bien identificaban el reconocimiento –en forma de preocupación– por parte del Estado. Según Scott (1977, citado en Auyero, 2001),
[E]l problema central en sistemas rurales de patrón-cliente es si la relación de dependencia es vista por los clientes como primariamente colaborativa y legítima o como primariamente explotadora. Desde el punto de vista del cliente, el elemento principal en la evaluación de la legitimidad de la relación es la razón entre los servicios que recibe y los servicios que provee: mientras más grande el valor de lo que recibe del patrón, comparado con el costo de lo que debe reciprocar, es más factible que vea el lazo como legítimo. Para el patrón, por el otro lado, el nivel de satisfacción con el lazo depende de la proporción del valor de los servicios de su cliente en relación con los costos de retenerlo.
54Para Monte Blanco, al parecer, había algo de esta relación clientelar, la cual era vista como legítima, dado que permitía continuar con la construcción del pueblo, mejorar las condiciones familiares de vida e ir construyendo un patrimonio. Todo ello a pesar de que, en lugar de interrogar la pobreza prevaleciente en el pueblo, producto de las estructuras económicas que mantenían las jerarquías sociales, dicha relación ayudaba a reproducirla, de manera cambiante, por supuesto, pero sin transformaciones profundas. Si tal situación de pobreza se mantuvo durante tantos años, ¿qué otros factores contribuían a que albinomonteses (i.e., los “clientes”) mantuvieran su participación en dicha relación?
55Sugiero que, durante más de cuatro décadas, ellos se miraron a sí mismos como ciudadanos. Sus discursos quizá no utilizaban esta palabra, pero sí apelaban a “sus derechos” o, de manera suave, a “sus necesidades”, para solicitar o reclamar apoyo a las instituciones de gobierno. Y esta percepción de ser reconocido tuvo consecuencias muy concretas, que se evidenciaron en la lealtad hacia su tierra, algo que mantuvieron durante más de diez años de crisis económicas continuas –durante los años ochenta y noventa– decididos a no abandonarla y confiando en que “el gobierno” acudiría en su ayuda, como lo hizo antes.
La ciudadanía desde el inicio de la crisis
56El análisis de la forma como los habitantes de esta comunidad perciben el “antes de la crisis” y el “ahora” de la situación personal, familiar y comunitaria sugiere que el deterioro en la certidumbre de la condición ciudadana, en conjunción con una pobreza sostenida a lo largo de varias décadas, han contribuido a propiciar la migración internacional en Monte Blanco.
57Las crisis recurrentes del precio del café, a principios de los años ochenta y particularmente a partir de 1989, golpearon fuertemente a Monte Blanco. Además del desplome de los precios,18 el gobierno se replegó y fue reduciendo el apoyo a los productores. Aunado a ello, la situación de relativo abandono del gobierno al sector agrícola ha producido en los albinomonteses el que, por un lado, mantengan su “lealtad” al Estado pero, al mismo tiempo, critiquen su falta de apoyo para seguir produciendo café y vendiéndolo en buenas condiciones.
58No es que el apoyo gubernamental se haya retirado completamente. A nivel estatal, en 1991 se creó el Consejo Veracruzano del Café –organismo público descentralizado– para ayudar a la comercialización del café –aunque sus efectos han sido muy limitados, a decir de los productores cafetaleros albinomonteses. También están los apoyos de Procampo, con efectos limitados, pero que constituyen una entrada adicional a la economía familiar de algunos productores. Éstos y otros apoyos han constituido paliativos a la situación crítica de los campesinos, quienes mantienen su queja de abandono por parte del Estado.
59A partir del inicio de las crisis, la migración hacia otros estados del país, especialmente Colima y Chihuahua, se convirtió en una práctica de los hombres de Monte Blanco. Durante tales migraciones, las condiciones laborales mejoraron en comparación con las de los campos regionales de caña y café, sin embargo, la seguridad laboral y la remuneración seguían siendo muy precarias. A principios de los años noventa, el gobierno mexicano creó el Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag), para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Sin embargo, los empleadores se han resistido a proporcionar a los jornaleros salarios mayores y condiciones de residencia dignas, por el costo que ello implica, y los progresos han sido lentos. Para los jornaleros migrantes, el Pronjag no significaba necesariamente una expresión del reconocimiento estatal a su condición de ciudadanos. En el mejor de los casos, lo han visto como una acción gubernamental paliativa e ineficaz para su condición de pobres y vulnerables.
60Las crisis recurrentes de los productos agrícolas de los años noventa han producido, además del deterioro de las ya de por sí precarias condiciones de existencia, un grave desgaste en la certidumbre laboral y de reproducción familiar de los albinomonteses, cuya población económicamente activa se dedica actualmente, en 67%, al sector primario,19 ello ilustra la gran dependencia de esta localidad de la actividad agrícola y su gran vulnerabilidad a las políticas públicas relacionadas con este sector.20 Ellos saben que las alternativas con que contaban ya no existen o, al menos, no son seguras. Y la migración interna a los destinos mencionados no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos negativos de las crisis.21
61Sin abandonar la búsqueda de ayuda gubernamental, los albinomonteses, al igual que los miembros de muchas comunidades rurales en el estado y en el país, han desarrollado estrategias que no dependen de aquélla y que cuestionan el papel mismo del Estado mexicano como principal garante del ejercicio ciudadano de su población. La situación actual de crisis, aunada a factores tales como la tradición migratoria de mexicanos a los Estados Unidos, ha introducido nuevos destinos en las prácticas migratorias de los pobladores de Monte Blanco: ahora Estados Unidos es su destino preferido.
La ciudadanía durante la migración internacional
62La situación de los miembros de esta comunidad, esto es, su pobreza permanente, cuestiona el reconocimiento estatal de su condición de ciudadanos. Peor aún, el deterioro sostenido de dicha situación parece tener como efecto la erosión de la ciudadanía, en el sentido de quebrantar la percepción de tener el reconocimiento estatal. No estoy hablando sólo de una identificación meramente “objetiva” de las condiciones del ejercicio ciudadano, sino de la forma como los miembros de esta comunidad perciben el papel del Estado. En este apartado reflexiono sobre los efectos que la migración internacional ha tenido en la forma como los albinomonteses experimentan su ciudadanía.
63A partir de la segunda mitad de los años noventa, la migración internacional de Monte Blanco se empezó a acelerar de manera significativa. El movimiento había iniciado en Monte Blanco casi treinta años antes, en 1968.22 Durante la década de los setenta y ochenta, migraron poco más de treinta personas desde Monte Blanco hacia Los Ángeles, California, pertenecientes a menos de diez familias. Esto es, durante veinte años, la migración internacional en el pueblo se mantuvo activa, pero a un ritmo muy lento. Es durante la década de los noventa y, principalmente a partir de 1995, cuando se registra tina migración mucho más acelerada. Esto es, a pesar de tener los contactos necesarios para migrar, durante muchos años la gran mayoría de los albinomonteses optaron por permanecer en su pueblo, hasta que las condiciones económicas llegaron a un límite difícil de sostener y emprendieron la emigración internacional masiva. Las cifras de población hacen evidente este proceso. El censo de 1990 registra una población de 1685 habitantes en la localidad, alcanzando 1710 habitantes en 1995. Para el año 2000, la población disminuyó significativamente, llegando a 1633 habitantes, de los cuales 15% se encuentra fuera del país (véase el cuadro 1).
64¿Qué pasa, entonces, una vez que la migración se introduce en el universo de posibilidades de los ciudadanos, qué efectos tiene sobre su ciudadanía? Sugiero que puede producir cuatro efectos importantes.
65El primero, y más conocido, tiene que ver con el mejoramiento del nivel de vida de los familiares de los migrantes, en sus comunidades de origen.23 Las remesas recibidas se destinan a diversos rubros. En Monte Blanco, buena parte de los recursos de la migración se usan para atender las necesidades de alimentación, educación y vivienda. La edificación de casas se ha convertido en una fuente de empleo para algunos albinomonteses, desalentando su decisión de migrar. En el terreno productivo, los recursos económicos de la migración se utilizan también para la creación o mejoramiento de talleres de producción artesanal de bambú, industria tradicional de la comunidad. Además de ello, hay también quienes compran fincas de café, con la esperanza de que el producto “dé la vuelta” en un futuro cercano.24 La compra tanto de fincas como de parcelas ha tenido el efecto de proporcionar trabajo a otros miembros de la comunidad.
66Una consecuencia importante de la compra de tierra es que los propietarios entran en contacto con instituciones estatales de apoyo a la producción agrícola –programas de Procampo o de Covercafé, por ejemplo. Estos apoyos son mínimos, pero para muchos constituyen una manera de empezar a incorporarse a la dinámica productiva de la comunidad y, al igual que el mejoramiento en la satisfacción de necesidades básicas (salud y alimentación) y del acceso a la educación, estos cambios significan la oportunidad de construir mejores condiciones individuales y colectivas para apelar a las instancias estatales adecuadas y demandar un mejor ejercicio ciudadano.
67Paradójicamente, la introducción de recursos externos –a las economías local, regional y nacional– puede potenciar la participación de los ciudadanos en su comunidad, tanto económica como social y constituir un preludio a la identificación de las instancias y procedimientos legítimos de apelación al Estado, en sus distintos ámbitos territoriales.
68El segundo efecto de la migración internacional tiene que ver con la forma como se conciben los ciudadanos en relación con la posesión de recursos. Si “antes” el Estado expresaba su reconocimiento apoyando sus iniciativas económicas, debido a la precariedad de sus condiciones, ahora, al parecer, los recursos que obtengan de la migración internacional serán los que aseguren o, al menos, propicien el reconocimiento estatal. Algo así sucede con los programas federales o estatales denominados “Tres por uno” o “Dos por uno”, en los cuales, organizaciones de migrantes que cuentan con recursos económicos, principalmente, establecen acuerdos de cooperación con los gobiernos para realizar obras de infraestructura básica, promover proyectos productivos en sus comunidades o dotar de diversos recursos a instituciones de servicio.
69En Monte Blanco se están empezando a dar procesos de este tipo. Los migrantes albinomonteses se organizaron en Burbank, California, para recolectar dinero y comprar una ambulancia que dé servicio de emergencia a las comunidades de la subregión –Independencia, Monte Blanco, Tejerías y Llano Grande. Una vez efectuada la bendición del vehículo por parte del párroco de Teocelo, doña Rosa (la primera migrante del pueblo) agradeció públicamente el apoyo que la iniciativa había recibido por parte del municipio y de las agencias federales involucradas en el traslado de la ambulancia, desde California, hasta Monte Blanco. Con esta iniciativa, parece iniciarse una relación particular de colaboración entre ciudadanos y Estado, en la cual los migrantes toman la iniciativa y aportan la mayor cantidad de recursos.
70La paradoja aparece de nuevo, ya que estos migrantes son reconocidos como interlocutores de las instancias estatales pertinentes por su misma condición de migrantes internacionales y por contar con los recursos y la estructura organizativa necesarios para contribuir al mejoramiento de su comunidad.
71Un tercer efecto de la migración internacional que cuestiona a la ciudadanía se refiere a que aquélla modifique la conciencia ciudadana, en el sentido de cuestionar –ahora sí, con un lenguaje de ciudadanía– lo que “significa” (normativa y sociológicamente) ser reconocido como ciudadano y demandar, quizá, que el Estado exprese su reconocimiento por sus ciudadanos de una manera tangible, que siente las condiciones para un ejercicio ciudadano más cercano a la “plenitud” de su definición formal, esto es, de lo que dicta su “estatus”. La migración internacional puede colocar a los migrantes en la posición de observar en la sociedad de destino una relación ciudadano-Estado de mayor reconocimiento mutuo. Por ejemplo, doña Rosa comenta que,
[C]omo ahora ya aprobaron la ciudadanía mexicana para que uno pueda votar aquí. Eso apenas hace poquito la aprobaron. Ahorita que voy a ir a agarrar todos mis papeles como mexicana [para que] pueda tener los mismos derechos aquí en México, porque pues te digo, allá, [obtener la ciudadanía], es pura conveniencia. ¿Entiendes?
72Doña Rosa está experimentando el goce de ciertos derechos “allá” y espera poder hacerlo también “acá”. Aunque el significado que ella otorga a obtener la “ciudadanía” estadounidense es más bien de carácter práctico, esa experiencia le está dando la oportunidad de aprender sobre la forma como un Estado expresa –o debería expresar– su reconocimiento a sus ciudadanos.
73Un ejemplo del significado de la ciudadanía se puede apreciar en la experiencia del señor Cabrera, un migrante retornado, en relación con el servicio de salud. Él vive en Monte Blanco y tiene cuatro hijos en Burbank, California. Como parte de las prestaciones que conservó de cuando trabajaba en Estados Unidos, está el servicio de salud. En los últimos dos años, su salud no ha sido buena y ha necesitado revisiones completas. Así que el señor Cabrera se traslada a California cada seis meses y se interna en un hospital por una semana, para asegurarse de que su salud no se ha deteriorado. El señor Cabrera afirma que es su derecho contar con dicha prestación y hace uso de ella. Sabe también que una prestación así aún no es accesible para los trabajadores del campo en México.
74La experiencia migratoria, en este caso, ha proveído al señor Cabrera de dos recursos (Zamudio, 1999). Por un lado, del servicio de salud. Por otro, le ha proveído de un conocimiento básico sobre la importancia de conocer las leyes y de demandar su cumplimiento, condiciones cada vez más necesarias para recibir el reconocimiento del Estado. Su preocupación por conocer las leyes se hizo patente en una asamblea ejidal de diciembre de 2004, cuando se discutía la pertinencia de incorporar al ejido al Procede.25 La mayoría de los participantes ignoraban por completo qué significaba el programa y cuáles podrían ser las consecuencias de “entrar” en él. El señor Cabrera, decía,
Si no agarramos el programa ahora, cuando tenemos la concesión, después nos va a costar tres o cuatro veces más. No desaparece el ejido, sólo hay un documento para cada ejidatario y sigue siendo ejido. Queda el camino abonado para cuando quiera, lo hace propiedad. Queda íntegro el asunto de la parcela urbana. [...] No vienen a dar ni a quitar tierra. Muy bueno, por cierto, porque las leyes han ido cambiando y debemos ajustarnos. Si caprichosamente no entramos, vamos a tener problemas.
75Más allá de que compartamos la posición del señor Cabrera sobre la conveniencia de aceptar ingresar al programa, esta cita revela una preocupación por el conocimiento de la ley y por la importancia de “ajustarse” a sus cambios. La conciencia ciudadana de este migrante retirado, entonces, parece estar reorganizándose en el sentido de que el ciudadano debe participar activamente en la relación con el Estado, asumiendo también su parte para demandar al otro su reconocimiento.
76El cuarto efecto que la migración internacional puede tener sobre la ciudadanía parte del hecho de que el Estado emisor coloca al ciudadano migrante en la posición de recibir un reconocimiento especial, precisamente por encontrarse en el extranjero. Como decía en la segunda sección, el Estado emisor de migrantes cuenta con instituciones en el extranjero que dan servicio a los connacionales y constituyen una instancia de protección, en caso de que los derechos fundamentales de sus ciudadanos se violenten. Esto es, el migrante encuentra que puede no contar con el reconocimiento de su Estado en su lugar de origen, pero obtiene un reconocimiento concreto como ciudadano fuera de su país, expresado en prácticas de protección, promoción de la organización y, últimamente en la discusión pública, la posibilidad de votar en el extranjero.
77La organización de migrantes de Monte Blanco ha recibido el apoyo del consulado mexicano en Los Ángeles para conformar su asociación. Recibieron orientación sobre el procedimiento adecuado para formalizar la organización y la información necesaria para entrar en contacto con organizaciones con mayor experiencia, como la de la Federación de Veracruzanos en California, también con sede en Los Ángeles. De esta manera, les resultó más fácil organizar las fiestas destinadas a recaudar fondos para la ambulancia y arreglar la documentación necesaria para transportarla hasta Teocelo. Su condición de migrantes estuvo en la base de la promoción estatal de la solidaridad, tanto “entre ellos” como con su comunidad.
78La relación entre migración internacional y procesos ciudadanos es clara en la experiencia de albinomonteses. El deterioro sostenido de sus condiciones de vida cuestionó la preocupación del Estado por ellos y, al no percibirla más, muchos recurrieron a la migración internacional, cuya intensidad es cada vez más visible. Al mismo tiempo, la experiencia migratoria de migrantes y otros miembros de su comunidad está incorporando nuevos elementos en la relación ciudadano-Estado. Tener capacidad de gestión a partir de poseer recursos independientes de la localidad y del país, concebir la posibilidad de una expresión de reconocimiento estatal que incorpore un ejercicio de derechos menos precario y percibir que la condición de migrante lo coloca en posición de recibir un reconocimiento especial por parte del Estado, sugieren que la experiencia migratoria puede resultar propicia para la construcción de una ciudadanía más plena que aquélla que estos ciudadanos han gozado durante las décadas posteriores al reparto ejidal.
79Si la migración internacional no significa el ejercicio de derechos ciudadanos per se, sí puede significar la disminución de la vulnerabilidad del ciudadano vis a vis los representantes del Estado (y grupos de poder) y la posibilidad de reorganizar sus percepciones, identificando al responsable de garantizar su ejercicio de derechos y reconociéndose a si mismo como ciudadano.
CONCLUSIÓN
80Abordar la relación entre la migración internacional y la ciudadanía requiere considerar ésta en toda su complejidad, incorporando en el análisis sus tres dimensiones fundamentales, estatus, ejercicio y conciencia, e identificando sus interrelaciones. He hecho una reflexión que ha dado un lugar fundamental a la comunidad y al Estado de origen de los migrantes, con el propósito de ayudar a comprender el carácter dinámico de su ciudadanía y la forma como su calidad puede ser modificada con la migración internacional.
81A partir de la historia de una comunidad rural del estado de Veracruz, pudimos apreciar la precariedad de la relación ciudadano-Estado que han experimentado gran cantidad de mexicanos, en particular, los que fueron dotados de pequeñas extensiones de tierra, bajo el régimen ejidal, y que han sido sujetos de un trato clientelar por parte de representantes estatales, lo cual ha redundado en una gran precariedad en el reconocimiento de su condición de ciudadanos.
82A pesar de que en Monte Blanco la migración inició a finales de los años sesenta, el movimiento se ha acelerado apenas durante la segunda mitad de la década de los noventa, al igual que muchas otras localidades del estado de Veracruz, a pesar de que las crisis económicas se presentaron ya desde los años ochenta. El análisis ha mostrado que el movimiento mismo está íntimamente relacionado con la percepción que los ciudadanos tienen del reconocimiento estatal, la cual, cuando sugiere un abandono sostenido, estimula la decisión de migrar en búsqueda de alternativas para asegurar la reproducción familiar.
83La migración internacional y sus exigencias de elaboración de leyes y políticas de atención al fenómeno, tanto por parte de los Estados emisores como de los receptores, coloca a los migrantes y a sus comunidades en la mira de diversos actores políticos y sociales, que los consideran aliados potenciales. Esta circunstancia puede favorecer su potencial organizativo en dos frentes: uno en el país de destino, basado en la membresía común a una comunidad de paisanos (clubes de migrantes) y otro, en la comunidad de origen, sustentado en el respaldo de los paisanos migrantes o en la coordinación entre migrantes y grupos de su comunidad de origen. Y si este potencial se ve realizado como organización, entonces las comunidades estarían en buenas condiciones para mejorar el ejercicio de su ciudadanía y obtener el reconocimiento estatal que contribuya a conformar en sus miembros una conciencia ciudadana.
84Las paradojas que la migración internacional introduce en la ciudadanía quizá sean resueltas si apelamos al reconocimiento de la condición humana en cualquier ámbito estatal, sin importar si se posee o no la condición de ciudadano, y si los Estados se comprometen a asegurar el ejercicio de derechos de todos aquéllos que se encuentren dentro de sus fronteras. Seguramente, ello hará la vida más llevadera a nuestros migrantes.
Notes de bas de page
1 Versión revisada para publicación del trabajo presentado en el coloquio internacional Los Espacios de la Globalización: Mutaciones, Articulaciones, Interacciones, Guanajuato, Gto., junio de 2004.
2 Para una revisión más extensa, véase Zamudio, 2004.
3 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define como “ciudadano de la república” a “los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir” (artículo 34).
4 Según Weber (1978), las fundones básicas del Estado son: “la implementación de la ley (función legislativa); la protección de la seguridad personal y del orden público (policía); la protección de los derechos otorgados (administración de justicia); el cultivo de intereses higiénicos, educativos, de bienestar social y otros culturales (las diversas ramas de la administración); y, finalmente, pero no menos importante, la protección armada organizada contra ataque externo (administración militar)” (p. 905).
5 Incluso si la demanda se basa en el concepto de “derechos humanos”, el Estado en cuestión debe decidir la forma como propicia el ejercicio de dichos derechos a los no ciudadanos.
6 Desafortunadamente, el movimiento de migrantes internacionales se incrementa sostenidamente, al tiempo que las políticas migratorias de los países receptores se vuelven más restrictivas en diversos aspectos, en particular los referidos al ejercicio de derechos humanos básicos, como el acceso a servicios de salud.
7 Sin embargo, puede quizá poseerse una conciencia de “tener derecho a ser ciudadano” (legitimado moral o socialmente) sin serlo formalmente y participar en luchas que “me” incorporen (esto es, que incorporen a miembros de "mi” grupo en dicho estatus) como tal.
8 Resultaría interesante analizar la experiencia ciudadana de quienes poseen doble nacionalidad-o, como en el caso de México, de quienes se han acogido a la ley de “no pérdida de nacionalidad”. Ello no es posible aquí, por razones de espacio. Sin embargo, puedo sugerir que los casos en los cualeshay quienes poseen una ciudadanía doble (o triple, como en algunos países latinoamericanos) no limita los alcances de este análisis. Al contrario, el carácter procesual de la ciudadanía sustentado aquí abre la posibilidad de hacer más complejos sus alcances cuando los sujetos poseen más de una ciudadanía. Para el caso de la existencia de una ciudadanía “regional”, además de la nacional, como en los países miembros de la Unión Europea, quizá plantearía interrogantes respecto a cuál sería la instancia encargada de otorgar el reconocimiento ciudadano y cuáles las instancias de apelación cuando dicho reconocimiento no se expresa a satisfacción de los ciudadanos y de las leyes vigentes.
9 Por ejemplo, infraestructura básica por apoyo político (Fox, 1997). En particular, los grupos marginales son el blanco preferido de tales prácticas, porque “sus necesidades de sobrevivencia los hacen especialmente vulnerables a incentivos clientelares” (Fox, 1997: 393). Véase más adelante.
10 O, al menos, no lo suficientemente buenas como para permitirles llevar a cabo sus proyectos de vida.
11 El próximo apartado explica esta sugerencia.
12 No pretendo sugerir que dicha relación ciudadano-Estado sea ideal o consistente en el tiempo y, menos aún, que sea una realidad para todos los países que reciben migrantes. Aquí recupero la experiencia relatada por los migrantes entrevistados y por otros miembros de la comunidad de Monte Blanco, cuyo país de destino es Estados Unidos.
13 No olvidemos que la migración internacional también introduce elementos propicios para un incremento de la desigualdad social interna de las comunidades.
14 Los nombres de los informantes han sido cambiados, para proteger su privacidad.
15 En el año 1991 se instaló en la localidad el telebachillerato Monte Blanco.
16 En el año 1968 se otorgó una ampliación al ejido, de 305 hectáreas, para usar como agostadero. Sin embargo, esta ampliación fue una fuente de conflicto que, al parecer, diluyó su importancia. En las pláticas y entrevistas que he tenido con ejidatarios y el comisario ejidal actual, nadie menciona dicha ampliación de manera explícita. De cualquier manera, las tierras de la extensión también son usadas por familias que no accedieron a tierra en el primer reparto.
17 En 1994 se terminó de construir la carretera pavimentada desde Llano Grande (una comunidad situada a 3.5 km de Monte Blanco) y la cabecera municipal, pasando por Monte Blanco y las demás localidades de la subregión.
18 Datos de la Organización Internacional del Café ilustran el desplome de los precios internacionales del producto en esos años: en 1988, la libra del aromático se vendió en un promedio anual de 116 dólares estadounidenses; para 1990, el precio se desplomó a un promedio anual de menos de 72 dólares.
19 En el censo de 2000, 15% de la PEA se inserta en el sector secundario, principalmente en la producción de artesanías de bambú.
20 Otro producto que se siembra en sus tierras, la caña, también ha presentado crisis sucesivas en los últimos tiempos. Desde hace años, los ingenios no proporcionan a los productores los apoyos en insumos y préstamos que les daban antes. Lo peor de todo es que el ingenio al que llevan su cosecha (Mahuixtlán) ni siquiera paga al productor el importe de ésta dentro de los tiempos establecidos.
21 La necesidad de certidumbre en la generación de ingresos se vuelve fundamental cuando consideramos que la PEA de Monte Blanco en 2000 era de 694 personas, esto es, 42.5% de la población de la comunidad.
22 Una situación fortuita le dio principio: doña Rosa, trabajadora del centro de salud de Monte Blanco, tuvo problemas personales y con la ayuda del padre Melgoza, llegó a Los Ángeles, California. Año y medio después, invitó a una amiga y luego a otra y así, “pues ya se siguió la cadenita” (doña Rosa).
23 En migraciones de mayor tradición, el mejoramiento del nivel de vida se va logrando paulatinamente también en el lugar de destino.
24 Las fluctuaciones de los últimos años en los precios del aromático, que ocasionalmente incluyen subidas significativas, dan pie a esta creencia.
25 Programa de Certificación de Derechos Ejidales, instituido en 1992.
Auteur
CIESAS-Golfo
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