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Globalización y localidad

 | 
Margarita Estrada Iguiniz
, 
Pascal Labazée

Sección II. Actores sociales

Gobiernos de alternancia y buen gobierno en México

Víctor Alejandro Espinoza Valle

Texte intégral

1En este breve trabajo pretendo hacer una primera reflexión en torno a asuntos torales de la cultura democrática, básicamente desde la experiencia mexicana. Nuestra muy joven y singular democracia, es incapaz de generar una cultura política que reconozca, en el desempeño de sus instituciones, el piso desde el cual se pueda combatir la corrupción y el mal gobierno. Los gobiernos de alternancia y los divididos, poco han podido permear las concepciones ciudadanas como para pensar que estamos en un momento radicalmente distinto al que vivíamos en la época del partido hegemónico. En cuatro apartados desarrollo las anteriores hipótesis, que son sólo eso: puntos de partida para la reflexión sobre nuestra ansiada consolidación democrática.

DEMOCRACIA, ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

2Tengo la impresión de que las alternancias mexicanas no han calado en la cultura política, de tal manera que la opinión de los ciudadanos acerca de las bondades de los gobiernos emanados de partidos de oposición, se hayan modificado significativamente respecto a la forma en que eran concebidas las administraciones públicas priístas. Formalmente, la democracia debería ir acompañada de una mayor responsabilidad gubernamental y de una ética de servicio al margen de la corrupción y el mal gobierno. La rendición de cuentas sería un activo fijo de la nueva gestión pública.

  • 1 Soledad Loaeza, (1993: 47-59).

3Si la democracia mexicana reconoce en los procesos electorales su palanca primordial, ya que aquélla se fraguó en las urnas y a través de batallas electorales, en ello residen gran parte de las explicaciones a la forma como se han ido modificando las instituciones públicas. La dificultad para fijar una fecha de inicio y término de la transición, informa de las singularidades de nuestro salto del régimen autoritario a otro moderno y democrático. Lo cierto es que los acuerdos no existen como práctica para imaginar nuestras formas de convivencia. No es menor el hecho de que no reconozcamos momentos fundadores o culminantes de los procesos. A principios de los años noventa, Soledad Loaeza publicó un artículo que es fiel reflejo de esa situación: “La incertidumbre política mexicana”.1 Se preguntaba si la prolongada transición no tendría alguna de las dos salidas clásicas: democracia o regresión autoritaria. Como siempre, éramos tan singulares que a lo mejor nuestro proceso de liberalización política tenía una lógica propia y hasta ahí llegaríamos. Pero, de pronto, encontramos el camino: otra vez fue a través de las urnas cuando nos convertimos en habitantes de un país democrático. Para unos fue en 1997, otros lo fechan en el año 2000. De nuevo no nos ponemos de acuerdo. No nos hagamos bolas: somos democráticos porque el pri perdió en las urnas; nunca por habernos puesto de acuerdo en sobre qué rumbo deberían seguir las instituciones.

4A propósito de unos comicios estatales, un senador del pan me comentaba que buen gobierno era aquel que hacía lo que la gente quería. ¿Pero qué es lo que quieren los mexicanos? En los tiempos del autoritarismo no estoy seguro de que todos fueran malos gobiernos. Entre 1954 y 1970, en la época conocida como el “milagro mexicano”, el crecimiento sostenido permitió mantener un sistema corporativo funcional que entre los extremos sociales hizo crecer una extensa clase media y que le permitió gobernar con relativa tranquilidad y consenso. Eso sí, la oposición minoritaria fue perseguida y estigmatizada. La mosca en la sopa desde luego era la extendida corrupción que no sólo abarcaba al gobierno, sino que pasaba por toda la sociedad y medios de comunicación incluidos. En el exterior algunos países suspiraban por imitar nuestro exitoso sistema. Pero todo por servir se acaba.

5Las sucesivas crisis económicas que tuvieron lugar a partir de 1976 dieron al traste con el sistema político mexicano. Dicho de manera muy esquemática: se acabaron los recursos para repartir a todos y acallar las conciencias. Los recursos públicos que fluían en todas direcciones escasearon en la etapa de la racionalidad del gasto. Nos dimos cuenta de que la corrupción no era un problema moral sino de acumulación de capital. Lo poco que quedó –por supuesto comparado con el pasado– exigió un manejo diferente y más focalizado. Ahora la corrupción sería administrada preferentemente por los grandes operadores y a través de otro tipo de acciones: manejo confidencial de información para la oportuna toma de decisiones; desvío de fondos públicos para campañas políticas; transferencias de cuentas en el extranjero, etc. Sin embargo, el proceso de rectificación y combate a la corrupción provino de los mismos gobiernos emanados del pri. A partir de 1976, José López Portillo acuñó la frase inmortal: “La corrupción somos todos”, para que el rutilante Miguel de la Madrid nos endilgara un programa de gobierno basado en la “renovación moral de la sociedad”. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo prefirieron crear instancias para que el gobierno se autovigilara: así surgió la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de cuya existencia dudó Vicente Fox y terminó por mandar a ella a uno de sus más cercanos colaboradores.

  • 2 María del Carmen Pardo, Ética y democracia: un binomio indivisible, El Colegio de México, mimeo, p (...)

6Cuando los recursos económicos escasean, los defectos gubernamentales son más visibles. Es como el pretendiente que se queda sin capital: la muchacha pronto se da cuenta de que además era bastante feo. Es mucho más difícil gobernar en tiempos de crisis. A nadie agrada que el gran benefactor se quede sin recursos. Para las nuevas administraciones la escasez obliga a racionalizar y focalizar los gastos. La nueva ética política requiere que la honestidad no esté en duda. Incluso, buena parte de las campañas se basan en pregonar una lucha sin cuartel contra la corrupción y los malos funcionarios: los “peces gordos” se mueven nerviosos. Como cita María del Carmen Pardo, “El buen gobierno sería aquel que pueda simultáneamente mantener la legitimidad moral y democrática y promover el desarrollo socioeconómico”.2

  • 3 Véanse Alicia Ziccardi y Homero R. Saltalamacchia (1997: 36) y Juan Manuel Ramírez Sáiz (coord.), (...)
  • 4 Instituto Electoral del Distrito Federal (2002).

7En la metodología desarrollada para evaluar el desempeño gubernamental se ha puesto el acento en cinco aspectos básicos: eficacia, eficiencia, responsabilidad o desempeño responsable, atención a las demandas ciudadanas, aceptación o promoción de la participación-impulso a la participación ciudadana.3 Dicho de manera muy simple, los primeros tres elementos para configurar un buen gobierno son un poco más manejables: eficiencia, eficacia y responsabilidad. Bueno, esto último con todas sus salvedades. Sin embargo, tanto respecto a la atención a las demandas como a la promoción de la participación ciudadana, las cosas no son tan sencillas como quisiéramos. En un congreso internacional convocado por el Instituto Electoral del Distrito Federal en 2002,4 Manuel Antonio Carretón llamaba la atención respecto a los constreñimientos gubernamentales para hacer lo que la gente quiere, es decir, para responder a las crecientes demandas. Los gobiernos nacionales, y en esa lógica, de manera más clara los gobiernos locales, cada vez dependen más de factores externos para impulsar sus programas. Las decisiones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, imponen los lincamientos básicos de lo que deben ser y hacer las administraciones públicas. El margen de maniobra nacional se ha estrechado. Así, dice Carretón, la política ha dejado de ser un asunto doméstico. Por mucho que se quiera ampliar, por ejemplo, el gasto social, los límites son evidentes. Así, ¿quién puede encabezar un buen gobierno?

  • 5 Jesús Silva-Herzog Márquez (1998: 139).

8El segundo asunto, el de la promoción de la participación social, es ciertamente polémico. Hay quien piensa que el “capital social” es una ilusión (Manuel Antonio Carretón). Para otros, son sólo “moños democráticos”5 que pertenecen a un discurso que pretende vestir bien a la democracia. En ese contexto se inscribe todo el impulso por normar la participación ciudadana, ya sea mediante consultas públicas o a través del diseño institucional. Los candidatos de oposición al pri han incorporado a su discurso, casi sin excepción, la idea de que todo gobierno de alternancia tiene que promulgar leyes de participación ciudadana. Al convertirse en gobierno, prácticamente todos han cumplido. Perredistas y panistas. Sin embargo, las mismas adolecen de diversos problemas: desde el caso que no establecen obligaciones vinculatorias a los gobiernos, hasta la falta de normas reglamentarias para llevar a la práctica los diversos mecanismos: referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación del mandato, etc. Así, con excepción del plebiscito del Distrito Federal celebrado durante la administración de amlo –2000-2005–, en el resto de las entidades, las leyes de participación ciudadana son letra muerta y se les recuerda por su eficacia electoral. Los comités de planeación del desarrollo se han convertido en verdaderos centros burocráticos que han ahuyentado a los ciudadanos.

GOBIERNOS DIVIDIDOS Y BUEN GOBIERNO

9Con asombro vamos descubriendo cómo el fenómeno de los gobiernos divididos no era lo que habíamos imaginado. La panacea democrática de los gobiernos donde el poder se comparte entre los poderes ejecutivo y legislativo no parece ser lo que indicaban los textos de teoría política. No en el caso de México. Si en 1997 el pri perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, producto de las elecciones del año 2000, el pan no pudo obtener los escaños necesarios en ambas cámaras como para permitirle un gobierno más manejable al presidente Vicente Fox; lo mismo sucedió en 2003.

10Realmente la experiencia de los gobiernos divididos inició en México en 1989 en el norteño estado de Baja California. Ahí, en la frontera con California, se inauguró la alternancia política, once años antes que a nivel federal. Sería bueno a veces desviar la mirada hacia las localidades para entender la dinámica de nuestro país. Los resultados de prácticamente quince años –con excepción del trienio 1995-1998– de gobiernos divididos en Baja California, dan cuenta de lo tortuoso y difícil que puede ser gobernar en democracia. Más cuando dos tradiciones de nuestra cultura política acechan los márgenes de la gobernabilidad. Me refiero, por un lado, a la incapacidad para generar acuerdos, primero entre los poderes ejecutivo y legislativo, y después entre las fracciones en el Congreso. No es casual el distanciamiento entre el presidente Fox y la legislatura. Más bien la tónica en estos tres últimos años ha sido de enfrentamiento y desencuentro. El ejemplo lo tenemos en las declaraciones del presidente en su más reciente viaje a Europa donde criticó que los diputados vean más por los intereses partidarios que por los de sus representados. Resulta evidente que Fox no ha priorizado los acuerdos con el Congreso para avanzar en las reformas que le permitan mayor margen de maniobra gubernamental. Pero a estas dificultades se suma la incapacidad de las fracciones en el legislativo por avanzar en un mínimo acuerdo sobre los temas relevantes de la agenda legislativa. No hay el deseo, pero tampoco el aprendizaje que da la tradición democrática, de gobernar con base en acuerdos y no en imposiciones o mayoriteos. Fueron muchos años de partido hegemónico donde los legisladores hacían todo menos representar a nadie, salvo al presidente y a su partido. Verbos como concertar, acordar, negociar, no existían en el léxico de la política mexicana. Los partidos de oposición efectivamente sólo se oponían a la política gubernamental, no se preocupaban por entender el ejercicio de gobierno, de pensar en positivo para generar políticas plausibles.

11El otro factor que conspira contra la política de acuerdos es, sin duda, la tradición de los medios de comunicación por estigmatizar el hecho de que los partidos se sienten a negociar. En su visita a nuestro país, el brillante sociólogo español, Ludolfo Paramio, nos hacía ver esta característica de los medios en México. Decía que la expresión “negociar en lo oscurito”, era de patente nacional. Efectivamente, hemos aprendido a ver con recelo toda negociación a puerta cerrada entre poderes distintos y partidos de adversarios. La connotación de lo “en oscurito” es la de transar. Nos olvidamos que es una práctica de todo régimen democrático llegar a acuerdos prácticos ante situaciones complejas. Aquí lo vemos con morbo. Claro, atrás vienen las “concertacesiones” inauguradas justamente en el estado del presidente en 1992. Hay elementos que lo explican, pero que ya no lo justifican.

ALTERNANCIA Y BUEN GOBIERNO

12Después de quince años de iniciado el fenómeno de alternancia a nivel estatal, el mapa político mexicano incluye 15 gobiernos de alternancia: 7 del pan, 5 del prd y 3 de coaliciones. Es decir, casi la mitad del territorio nacional se encuentra bajo administraciones estatales distintas al pri. Este partido sigue conservando el poder en 17 entidades. El gobierno de más larga data es el de Baja California donde desde 1989 conserva el poder el pan y los más recientes (2001) son los de Michoacán y Yucatán, donde gobierna el prd, en el primero de ellos, y una coalición pan-prd-pt-pvem, en el segundo.

  • 6 El icbg se calcula dividiendo el número de veces en los que se dio mordida en los 38 servicios, en (...)
  • 7 Roy Campos (2001).

13En el verano de 2001 Transparencia Mexicana solicitó la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 (Encybg, 2001), que efectivamente contó con representación para las 32 entidades y donde fueron aplicados 13790 cuestionarios. Se tomaron los 38 servicios públicos considerados como los más relevantes. Lo que registra la encuesta son los niveles de corrupción en los servicios ofrecidos por los tres órdenes de gobierno y por particulares. Los registros se hicieron cuando el entrevistado declaró haber dado “mordida” a cambio de obtener el servicio. Para ello se construyó el índice de Corrupción y Buen Gobierno (icbg) con una escala de 0 a Gobiernos de alternancia y buen gobierno en México 177 100, que indica que a menor valor menor corrupción.6 Como resume el actuario Roy Campos: “La encuesta registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos en los últimos 12 meses. En promedio las ‘mordidas’ costaron a los hogares mexicanos $109.50. Lo anterior implica más de 23400 millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público a los hogares. Los hogares que reportan ‘mordidas’ destinan 6.9% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar 13.9% de su ingreso”.7

  • 8 Algunos de los servicios incluidos son: inscripciones escolares, verificación vehicular, venta dom (...)

14Como puede verse en el cuadro 1, los promedios del índice son muy similares en entidades con y sin alternancia. Si recordamos que las respuestas incluyen tanto a los tres órdenes de gobierno como al sector privado8 no deja de llamar la atención entonces que los niveles de corrupción no han sido abatidos por los gobiernos no priístas o, si se quiere, que el combate a la corrupción ha sido similar a lo largo de la geografía nacional, independientemente de quien se encuentre en el poder. Esto se comprueba al observar qué entidades ocupan los primeros y últimos lugares en el icbg. Respecto a las entidades con menor nivel de corrupción destacan Colima (3.0), Baja California Sur (3.9), Aguascalientes (4.5), Coahuila (5.0) y Chihuahua (5.5). Es decir, el estado menos corrupto es gobernado por el pri y nunca ha conocido la alternancia. Baja California Sur es un gobierno perredista desde 1999, mientras que Aguascalientes es gobernado por el pan desde 1998. Coahuila ocupa el cuarto lugar y tampoco ha conocido el fenómeno de alternancia. Por último, es de destacar el caso de Chihuahua, única entidad que registra una doble alternancia. En 1992 se apuntó el triunfo el ex titular de la Secodam y ex diputado federal, Francisco Barrio Terrazas, perdió el pan el gobierno del estado en las elecciones de 1998, y resultó electo el priísta Patricio Martínez. Si observamos los datos de las entidades consideradas como las más corruptas, el primero y quinto lugar lo ocupan entidades con gobiernos de alternancia: el Distrito Federal, perredista desde 1997 (22.6) y Jalisco (11.6), con gobiernos panistas en los últimos 9 años. Del segundo al cuarto lugar lo ocupan entidades priístas: Estado de México (17.0), Guerrero (13.4) y Puebla (12.1). Llama la atención el lugar destacado que ocupa el gobierno del D.F. Como también lo muestra el cuadro 4 anexo, de las 32 entidades, el Distrito Federal es donde menos temor se tiene a la autoridad para obedecer las leyes y normas. Es la administración más permisiva y corrupta (al momento de la encuesta). Siete años no parecen suficientes para cambiar las prácticas añejas, pero tampoco para un cambio en las percepciones ciudadanas de erradicación de la corrupción en “la ciudad de la esperanza”.

Cuadro 1. Índice de corrupción y buen gobierno por entidad y partido gobernantes

Estado

Gubernatura

Año de elección

Índice de corrupción y buen gobierno

Gubernatura2003

Campeche

PRI

1997

7.4

PRI

San Luis Potosí

PRI

1997

6.1

PAN

Sonora

PRI

1997

5.7

PRI

Colima

PRI

1997

3.0

PRI

Querétaro

PAN

1997

8.1

PAN

Nuevo León

PAN

1997

7.1

PRI

Puebla

PRI

1998

12.1

Durango

PRI

1998

8.0

Veracruz

PRI

1998

8.5

Sinaloa

PRI

1998

7.9

Oaxaca

PRI

1998

7.8

Tamaulipas

PRI

1998

6.7

Chihuahua

PRI

1998

5.5

Tlaxcala

PRD

1998

6.6

Zacatecas

PRD

1998

6.2

Aguascalientes

PAN

1998

4.5

Estado de México

PRI

1999

17.0

Guerrero

PRI

1999

13.4

Hidalgo

PRI

1999

7.3

Quintana Roo

PRI

1999

6.3

Coahuila

PRI

1999

5.0

Nayarit

PAN-PRD-PT-PRS

1999

6.4

Baja California Sur

PRD

1999

3.9

Morelos

PAN

2000

7.7

Chiapas

PAN-PRD-PT-PVE

2000

6.8

Tabasco

PRI

2001

8.9

Michoacán

PRD

2001

10.3

Yucatán

PAN-PRD-PVE

2001

6.8

Jalisco

PAN

1995 y 2000

11.6

Guana juato

PAN

1995 y 2000

6.0

D. F

PRD

1997 y 2000

22.6

Baja California

PAN

1989 y 1995 y 2000

5.7

Nacional

20.3

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno. 2001.

15El cuadro 2 confirma que la percepción sobre la corrupción no hace distingos por tipo de gobierno. En términos generales puede apreciarse que los datos son compartidos. En la columna que corresponde a los niveles bajos del gobierno las cifras son positivas y aumentan conforme se sube en la escala de la burocracia; hasta llegar a los niveles altos donde se concentra la evaluación negativa. Sin embargo, cuando se pregunta acerca de la corrupción “en todos” los niveles, las cifras se elevan considerablemente en algunas entidades. Chihuahua y Colima (estados gobernados por el pri) ocupan los primeros lugares, mientras que los tres de alternancia que aparecen en primer lugar son Baja California Sur, D.F. y Guanajuato. En todos los casos la percepción ciudadana acerca de la disposición gubernamental para combatir la corrupción es baja, situándose en un promedio de 5.38 (en una escala de 1 a 10).

16Los datos de la desconfianza acerca de los gobiernos subnacionales, independientemente del partido que gobierna, se complementan con los que se presentan en el cuadro 3 y que se refieren a la desconfianza como una de las variables centrales de la cultura política nacional. La respuesta negativa es abrumadora: 70.8% de los ciudadanos no confían en sus semejantes. Tanto en estados gobernados por el pri, prd o pan sus ciudadanos comparten el pesimismo. En ninguno de los casos las respuestas positivas se acercan a 40%.

DE LA VOLATILIDAD DE LA CULTURA POLÍTICA A MANERA DE CONCLUSIÓN

17Hasta hoy sabemos muy poco de los cambios introducidos por los procesos democratizadores en las percepciones políticas de los ciudadanos. Si bien la alternancia en el poder ejecutivo federal es de muy corta data, a nivel estatal ya contamos con 17 años de experiencia, pero con muy poco conocimiento al respecto. Con los datos existentes parece haber una gran disociación entre la percepción de los cambios introducidos en términos de corrupción y buen gobierno y lo que realmente se ha hecho respecto a otras administraciones. Si a eso agregamos que la evaluación que la ciudadanía hace de la gestión pública emanada de la alternancia no tiene traducción unívoca con el comportamiento electoral, estamos ante una verdadera esquizofrenia política.

Cuadro 2. Gobierno y corrupción

Cuadro 2. Gobierno y corrupción

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

Cuadro 3. En términos generales, ¿diría que se puede o no confiar en la mayoría de las personas?

Estados gobernados por el PRI

Diferencia nacional

No

Total

Guerrero

17.1

82.9

100

Colima

22.8

77.2

100

Hidalgo

23.3

76.7

100

Sinaloa

23.5

76.5

100

Campeche

23.7

76.3

100

Oaxaca

24.0

76.0

100

Chihuahua

24.7

75.3

100

Puebla

24.9

75.1

100

Tabasco

25.0

75.0

100

Coahuila

25.2

74.8

100

Durango

26.6

73.4

100

San Luis Potosí

28.5

71.5

100

Veracruz

29.9

0.7

70.1

100

Estado de México

31.3

2.1

68.7

100

Sonora

34.2

5.0

65.8

100

Tamaulipas

36.3

7.1

63.7

100

Quintana Roo

36.4

7.2

63.6

100

Estados con alternancia en la gubernatura

Diferencia nacional

No

Total

Baja California

14.6

85.4

100

Morelos

23.3

76.7

100

Chiapas

25.0

75.0

100

Yucatán

25.1

74.9

100

Michoacán

25.2

74.8

100

Guanajuato

27.8

72.2

100

Tlaxcala

28.1

71.9

100

Nayarit

28.6

71.4

100

Zacatecas

30.6

1.4

69.4

100

Baja California Sur

31.6

2.4

68.4

100

Jalisco

32.2

3.0

67.8

100

Aguascalientes

35.4

6.2

64.6

100

D.F.

36.5

7.3

63.5

100

Querétato

38.9

9.7

61.1

100

Nuevo León

38.9

9.7

61.1

100

Nacional

29.2

70.8

100

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

Cuadro 4. ¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas?

Cuadro 4. ¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas?

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

  • 9 Puede verse Consulta Mitofsky (2002), Encuesta de evaluación del gobierno del Distrito Federal, ve (...)

18Pongamos ejemplos: la empresa Consulta Mitofsky reporta que en la misma fecha en que se aplicó la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001, y en la que se ubica al Distrito Federal como la entidad más corrupta, el porcentaje de capitalinos que estaban de acuerdo con el desempeño de Andrés Manuel López Obrador era altísimo (73.2%).9 En Baja California, las evaluaciones al gobierno saliente de Alejandro González Alcocer revelaban que nunca un gobernante, de ningún partido político, había recibido tan malas notas por parte de la ciudadanía; sin embargo, en las elecciones del 8 de julio de 2001 triunfó holgadamente el candidato panista a la gubernatura Eugenio Elorduy Walther.

  • 10 Centro de Estudios de Opinión Pública (2000), “Monitoreo de opinión en el Distrito Federal. Evalua (...)
  • 11 Yemile Mizrahi (2000), “La alternancia política en Chihuahua: el regreso del pri”, en Víctor Aleja (...)
  • 12 Alberto Aziz Nassif (2000: 12-13).

19Para algunos autores, la teoría del voto retrospectivo es aplicable a la realidad mexicana. Es decir, la gente expresa su evaluación de la administración pública a través del voto por los candidatos del mismo partido u otros diferentes. Si esto fuera así, Andrés Manuel López Obrador no hubiera triunfado en las elecciones del 2 de julio de 2000. El Centro de Estudios de Opinión Pública (ceop) publicó, en junio de 2000, los resultados de una encuesta de evaluación de la labor de Rosario Robles: solamente 38% aprobaba su gobierno, a diferencia de un 64% de aprobación que recibiera Cuauhtémoc Cárdenas en diciembre de 1997.10 Pero sin duda el caso más interesante ha sido el de Chihuahua, donde el pri recuperó el poder en 1998. Según una autora, el gobierno saliente de Francisco Barrio fue evaluado positivamente en prácticamente todos los rubros, salvo en uno: el de la seguridad pública; eso le brinda la justificación para explicar el triunfo de Patricio Martínez,11 candidato que obtuvo la gubernatura, paradójicamente, con base en una campaña a favor de la continuidad y no de la ruptura con el programa de gobierno de su antecesor. El candidato priísta fue considerado más panista que su contrincante. Como afirma otro autor: “[en] México la relación entre el buen o mal desempeño gubernamental y el éxito o fracaso electoral tiene un margen que impide establecer una ecuación exacta, porque no existe la reelección, por lo cual se necesita introducir otras variables que puedan explicar por qué un gobierno bien evaluado puede perder las elecciones ya que, a final de cuentas, la ciudadanía que decide el resultado de una elección es la franja del voto volátil que puede cambiar de partido, de acuerdo con la evaluación de criterios como el candidato y la misma trama de la campaña electoral”.12

  • 13 Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo (2002).
  • 14 Es decir, 683580 de una población total de 2 487 367, según inegi (2000), XII Censo General de Pob (...)

20Termino como inicié: me parece que los gobiernos de alternancia no han modificado sustancialmente los valores de la cultura política mexicana. No me queda claro si es por falta de tiempo, aunque sabemos que la cultura política no cambia de la noche a la mañana y obedece a factores que no pueden modificarse en función de sexenios o trienios. Una reciente investigación sobre cultura juvenil y valores políticos realizada en la entidad donde se produjo la alternancia en 1989,13 muestra resultados que no dejan de ser sorprendentes y que abonan la tesis aquí esbozada: los valores, normas y percepciones de los jóvenes de entre 15 y 29 años no han variado un ápice en función de su experiencia con los gobiernos panistas. No muestran mayor interés en conocer o participar en los temas y asuntos públicos de carácter político. Es más, parece hasta enorgullecerlos el alejamiento y pérdida de interés en la problemática electoral y gubernamental. Viven de espaldas a la política. Su mundo está en otra parte. El problema es que representan 27.48% de la población.14

21A lo mejor le exigimos demasiado a nuestra democracia imberbe.

Notes

1 Soledad Loaeza, (1993: 47-59).

2 María del Carmen Pardo, Ética y democracia: un binomio indivisible, El Colegio de México, mimeo, p. 6.

3 Véanse Alicia Ziccardi y Homero R. Saltalamacchia (1997: 36) y Juan Manuel Ramírez Sáiz (coord.), (1998: 247-274).

4 Instituto Electoral del Distrito Federal (2002).

5 Jesús Silva-Herzog Márquez (1998: 139).

6 El icbg se calcula dividiendo el número de veces en los que se dio mordida en los 38 servicios, entre el número total de veces que se utilizaron los 38 servicios, multiplicado por 100.

7 Roy Campos (2001).

8 Algunos de los servicios incluidos son: inscripciones escolares, verificación vehicular, venta domiciliaria de agua, recolección de basura, licencias de construcción, etcétera.

9 Puede verse Consulta Mitofsky (2002), Encuesta de evaluación del gobierno del Distrito Federal, versión electrónica, septiembre.

10 Centro de Estudios de Opinión Pública (2000), “Monitoreo de opinión en el Distrito Federal. Evaluación del gobierno”, publicado en Este País, junio, pp. 52-54.

11 Yemile Mizrahi (2000), “La alternancia política en Chihuahua: el regreso del pri”, en Víctor Alejandro Espinoza Valle (coord.), Alternancia y transición política. ¿Cómo gobierna la oposición en México?, El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdés, México, pp. 185-205.

12 Alberto Aziz Nassif (2000: 12-13).

13 Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo (2002).

14 Es decir, 683580 de una población total de 2 487 367, según inegi (2000), XII Censo General de Población y Vivienda, México.

Auteur

Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte

© IRD Éditions, 2007

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