Version classiqueVersion mobile

Los retos de la diferencia

 | 
Odile Hoffmann
, 
María Teresa Rodríguez

Tercera parte. La institucionalización de la alteridad y sus límites

El gobierno de la diferencia: volatilidad identitaria, escenarios urbanos y conflictos sociales en el giro multicultural colombiano1

Marta Zambrano

Texte intégral

  • 1 Este capítulo sintetiza y avanza sobre algunos aspectos de un trabajo comparativo más amplio publi (...)

1El abrupto giro en el proyecto de nación consignado por la Constitución de 1991 ha atraído la atención internacional sobre Colombia. Basándose en la amplia convocatoria que suscitó su misma formulación y sobre todo en el contenido e implementación de la nueva Carta Magna, algunos estudiosos han postulado que este país estaría a la cabeza de un emergente modelo multicultural y pluralista en Latinoamérica, el cual daría definitiva sepultura a la nación mestiza y unitaria que durante cerca de un siglo caracterizó a la región (Assies, 1999; Gros, 2000).

2La relevancia y visibilidad de los asuntos étnicos en América Latina parece encajar a la vez en un panorama de transformaciones más amplias que comprometen la redefinición transnacional del campo político, expresadas en el viraje desde los movimientos y reivindicaciones sociales basados en las afiliaciones e intereses de clase hacia aquellos centrados en las identidades (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998). A partir de un trabajo en proceso con Margarita Chaves (Chaves y Zambrano, s.f.), este capítulo busca entrelazar el vuelco multicultural con el político para interrogar el conflictivo contexto social y económico en el cual opera la movilidad identitaria en Colombia. En las páginas siguientes argumento que los procesos de reindigenización son un campo propicio de estudio que revela las tensiones engendradas entre el reconocimiento étnico y las crecientes desigualdades que conmueven a la sociedad colombiana. Para ahondar en ello, me detendré en los volátiles escenarios de la etnicidad urbana, con énfasis en el caso del cabildo de Suba, con el objetivo de sugerir que expone las paradojas, tensiones y ambigüedades que emergen en el gobierno de la diferencia cultural y étnica.

Colombia y Latinoamérica hacia el pluralismo neoliberal

3Desde finales de la década de 1980 y particularmente en la de 1990, Latinoamérica ha vivido un período de cambios en las orientaciones de los estados nacionales. Así, se ha destacado, por ejemplo, la erosión de un perdurable, poderoso y, en muchos sentidos, excluyente proyecto unitario iniciado en el siglo xix, el de la nación mestiza y su reemplazo por un modelo pluralista e incluyente (Gros, 2000). En esta dirección, trece países reformaron o sancionaron nuevas constituciones que reconocen la pluralidad de los componentes étnicos, lingüísticos y algunas veces religiosos de sus naciones.

4Tal vez convenga recordar aquí que la ruptura con el ideario dominante que equiparaba la nación con la conjunción de un pueblo, una lengua y una religión se insertó a su vez dentro de un conjunto de intrincadas transformaciones. Los estados nación viraron no sólo para acoger los pluralismos étnicos y para redimensionar el mestizaje; también se acomodaron, si no cedieron, a los renovados imperativos de circulación del capital transnacional y a las presiones de la banca y los organismos supranacionales. Combinadas, las presiones económicas y las demandas sociales y étnicas han resultado en diversos y conflictivos procesos de descentralización, privatización y en renovadas modalidades de internacionalización. En particular, las políticas de reconocimiento étnico se han materializado en un momento de agravamiento de las persistentes desigualdades sociales, crisis económicas y conflictos políticos, lo cual requiere examinar su impacto tanto sobre los colectivos beneficiados como sobre aquellas agrupaciones que no han sido favorecidas por las políticas multiculturales pero que sí han sufrido los rigores de la economía neoliberal: campesinos, habitantes urbanos y otros integrantes de las clases subalternas. Sobre todo cabe preguntarse aquí, tanto por la articulación entre diferencia cultural y desigualdad socioeconómica, como por el problemático carácter del reconocimiento de las diferencias culturales cuando estas no se acompañan de una ampliación de la justicia distributiva (Fraser, 1997).

La etnicidad y los derechos sociales en Colombia

5En Colombia, como en otros lugares, el giro multicultural y la reorientación hacia las políticas que fortalecen las expresiones de la identidad dan cuenta del impacto de los nuevos movimientos sociales, en particular de los movimientos indígenas de las décadas pasadas, en la cultura política y en las políticas públicas (Pineda, 1997). En conjunción con otras movilizaciones, basadas en adscripciones a un lugar (el barrio, la vereda, el río, el resguardo) o la afiliación a grupos definidos bajo categorías heterogéneas y dispares (indígenas, mujeres, afros, familiares de desparecidos, cultivadores de coca, entre otros), sus acciones han revelado el papel crucial de agentes colectivos antes ignorados. Mediante reclamos otrora situados en dominios excluidos de lo político y relegados a lo privado o lo marginal (la cultura, la familia, la sexualidad, las relaciones de género, las actividades proscritas) han contribuido a la redefinición de lo público, ampliando el concepto de ciudadanía, que ha trasegado desde la perspectiva liberal, cerrada sobre los derechos políticos del individuo hacia la inclusión de derechos sociales y colectivos. Sin embargo, casi no se ha examinado la relación entre producción y reconocimiento de la diferencia, formaciones de clase, desigualdades económicas y los asuntos de justicia social. En este aparte exploraré algunos de estos aspectos, referidos sobre todo a los derechos étnicos.

6Por una parte, el reconocimiento multicultural ha caminado hacia la justicia social. Desde la aprobación de la Constitución de 1991, la legitimación de los derechos territoriales indígenas iniciada en la década de los ochenta se consolidó. Un total de 31.3 millones de hectáreas, poco más de la cuarta parte del territorio nacional, han sido tituladas y entregadas como tierras de resguardos indígenas, mientras 3.4 millones de hectáreas han sido otorgadas y legalizadas como territorios colectivos para comunidades negras en el litoral Pacífico (Ministerio del Interior y Justicia, s.f.; Castillo y Cairo, s.f.; Agudelo, 2003). Además de la legitimación de territorios colectivos, en su inmensa mayoría ubicados en áreas de bosque pluvial de la Amazonia y el litoral Pacífico, las poblaciones indias y negras lograron la ratificación de derechos colectivos específicos: a la educación relacionada con sus culturas y a elegir a sus representantes para organismos legislativos, bajo una circunscripción electoral especial. Asimismo, los colectivos indios obtuvieron el derecho de gobernar y legislar en sus territorios, de recibir transferencias económicas del Estado y al uso y promoción de sus prácticas médicas, entre otros (Sánchez, 2002).

7No hay acuerdo sobre los resortes que aguijonearon tan generosa dotación de derechos y recursos. Mientras algunos abordajes argumentan que se habría saldado así la perdurable deuda social de discriminación y exclusión que ha pesado sobre estas poblaciones (Van Cott, 1999), otros proponen que las concesiones territoriales constituirían una conveniente herramienta para asegurar el control estatal sobre territorios de frontera dominados por grupos armados insurgentes, el cual permitiría, a la vez, la entrada de capitales transnacionales a esas regiones, ricas en recursos forestales y mineros (Jackson, 1995; Escobar y Pedrosa, 1996 y Villa, 2002).

8Quienes han estudiado este asunto parecen coincidir, sin embargo, en un punto poco examinado: la dotación de tierras y recursos, es decir la operación de esta forma de justicia distributiva, se ha dirigido a minorías. Esto resulta obvio en el caso indígena, que no rebasa 2% de la población general, pero también se cumple en el caso de las colectividades negras, mucho mayores en proporción (entre 14% y 26% del total poblacional, según diferentes estimativos). No obstante, el número de beneficiarios ha sido reducido ya que sólo aquellos reconocidos como étnicos por el Estado, es decir las poblaciones rurales del Pacífico, han sido sujetos de derechos diferenciales mientras se han dejado de lado las mayorías negras que habitan espacios urbanos (Agudelo, 2004).

  • 3 Para un balance de los alcances y limitaciones de la Constitución de 1991, véase Moncayo (2002).

9Frente a los recursos reservados para las mayorías mestizas, aquellas que conforman las variadas capas sociales subalternas y empobrecidas que no reciben el distintivo étnico, el panorama resulta menos inspirador. En 1991 se redefinió el estado colombiano como estado social de derecho, con una clara orientación hacia la solución de las inequidades sociales y económicas, y la consagración de derechos fundamentales para todos los colombianos: a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social; a la educación; a la libertad de culto, de conciencia, de expresión; al trabajo y la participación, entre otros, con énfasis en la protección de las poblaciones más vulnerables. No obstante, la materialización de estos derechos ha sido más incierta.3 Mientras sobresale la operación efectiva de nuevos mecanismos de participación como la acción de tutela, mediante la cual tanto individuos como colectivos pueden reclamar de manera expedita la protección inmediata de sus derechos fundamentales, la protección social (educación y salud gratuitas) se ha orientado de manera selectiva y coincidente con las políticas étnicas, de nuevo hacia grupos restringidos, definidos como vulnerables, por ejemplo, en situación de pobreza extrema. Entre tanto, la educación y la salud de las mayorías que no reúnen los requisitos para acceder a los sistemas subsidiados se ha abandonado a las leyes del mercado, para provecho de la empresa privada.

10Por otra parte y en contraste con la amplia titulación de territorios para los colectivos étnicos, no se ha acordado aún una reforma agraria integral para transformar el perdurable e inicuo régimen de propiedad de las tierras de vocación agrícola en Colombia. Más grave todavía, los tímidos avances de redistribución promovidos por el Instituto de la Reforma Agraria creado en 1961 (liquidado y fusionado con otras dos entidades en 2003) han sido contrarrestados por el avance del latifundio. Preocupa a la vez la transformación y relevo de los miembros de la clase terrateniente. En sus rangos han ingresado nuevos integrantes, provenientes de los grupos paramilitares organizados a partir de la década de 1980 en alianza con las élites rurales que buscaban detener el avance de los movimientos, las demandas campesinas y la coacción de los grupos guerrilleros (Romero, 2003). La gravedad del asunto es tal que en el presente ha hecho carrera el concepto de contrarreforma agraria encabezada por agrupaciones paramilitares, que a su vez han liderado los alarmantes procesos de desplazamiento forzado, los cuales han resultado en la muerte, el despojo y el éxodo de millones de habitantes de los entornos rurales del país. Aquí se unen los dos polos de las transformaciones en curso, el social y el cultural. Entre las poblaciones más afectadas por los procesos de desplazamiento forzado se cuentan precisamente aquellas recientemente definidas como étnicas: las comunidades negras del Pacífico, cuyos derechos territoriales a la vez se han visto amenazados, sino disminuidos por concesiones a grandes empresas y por la migración de los cultivos ilegales de coca (véase por ejemplo el capítulo de Hernando Bravo incluido en este volumen).

11Vale la pena agregar además que desde la firma de la Constitución se ha experimentado un aumento sostenido y sin precedentes de la desigualdad económica. En 2000, Colombia, el campeón latinoamericano de la multiculturalidad, recibió a la vez una destacada mención: se ubicó como el noveno país con peor distribución de la riqueza en el mundo, triste distinción que se ha acentuado desde entonces (Livingstone, 2004). Tal vez resulte provechoso entonces situar los derechos de ciudadanía universales y los beneficios diferenciales otorgados a las minorías contra el telón de fondo de las crecientes desigualdades económicas y sociales reservadas tanto para las minorías étnicas como para las mayorías subalternas, para no hablar del prolongado conflicto armado y las persistentes violaciones de derechos humanos que signan el panorama colombiano contemporáneo, los cuales afectan a las dos.

12Como estrategia de entrada al examen de los complejos entrecruzamientos entre el reconocimiento cultural y las jerarquías sociales, me concentraré a continuación en el ámbito metropolitano de la capital de Colombia, un escenario hasta hace poco, no muy propicio para debatir las afiliaciones étnicas, con el propósito de examinar las paradojas del giro multicultural en el centro de la nación. Mediante el examen de los procesos de resurgimiento indígena en Bogotá, reflexionaré además sobre ambigüedades que rigen las clasificaciones y algunas de las tensiones y solapamientos locales y nacionales que se expresan en el gobierno de la diferencia étnica.

Hacia la ciudad multicultural

13Desde los albores de la década de 1990 la capital de Colombia ha vivido la más reciente transfiguración de su entorno demográfico y de sus imaginarios urbanos, desandando así la hasta entonces preciada ruta hacia el mestizaje y la igualdad individual. En cambio, se ha dirigido hacia el reconocimiento de la pluralidad, la valoración de la diversidad étnica y cultural y la solución de las tensiones engendradas por la interculturalidad (Borja y Castells, 1997). Tal mutación se manifestó en sus inicios en un auge de peticiones y subsiguientes reconocimientos por parte del gobierno central de los derechos colectivos de un grupo de antiguos habitantes o raizales de Suba, municipalidad devorada por la ciudad cuarenta años antes, y de una organización de vendedores ambulantes ingas provenientes de Putumayo. También después la presencia indígena en Bogotá se ha hecho sentir con fuerza mediante nuevos reclamos de raizales, inmigrantes y desplazados, así como por las controversias sobre su reconocimiento estatal. El giro multicultural se vislumbra asimismo en la creación de nuevos escenarios étnicos urbanos, que incluyen entre otros, eventos de política pública convocados por el gobierno de la ciudad, marchas citadas por los movimientos sociales e intervención en el gobierno de la ciudad.

14La traslación hacia la ciudad multicultural parece encajar al tiempo en la poco reconocida, pero muy persistente dinámica de aparición, desaparición y reaparición de indígenas y, por ende, de la alteridad étnica y racial en la ciudad, que ha signado el devenir de la faz identitaria de este centro de gobierno desde su misma fundación a manos de invasores íberos en 1538 en territorios arrebatados a sus antiguos dueños y señoras indígenas (Zambrano, 2004). Como antecedentes de la renovada pulsación se cuenta la mencionada expansión física de la ciudad en la década de 1950, la cual suprimió la autonomía jurisdiccional de los poblados circundantes de Bosa, Suba y Usaquén, entre otros. En esta misma década, enmarcada en un periodo histórico conocido como la Violencia, definida por algunos académicos como una guerra civil no declarada que asoló el campo colombiano, Bogotá, como otras ciudades latinoamericanas, se convirtió en poderoso magneto para la torrentosa migración procedente de todos los rincones rurales y urbanos del país. Poco visibles en la copiosa movilización de la época hacia la ciudad, arribaron para asentarse allí algunos indígenas para quienes la movilidad espacial no sólo no ha sido excepcional, sino que ha fundamentado sus prácticas comerciales y culturales: ingas procedentes del Putumayo en Colombia y quichuas del valle de Otavalo en Ecuador.

15Como crisol de procesos sociales regidos por lógicas identitarias y movilidades territoriales diversas, orquestadas al son de ritmos temporales dispares, el centro metropolitano mayor de la nación colombiana congrega en la actualidad a agrupaciones indígenas que llegaron a la ciudad, así como a aquellos que la ciudad allegó, quienes en coro polifónico reclaman su distintiva presencia allí. Todos se definen desde la perspectiva de las afiliaciones étnicas: dos grupos raizales y musicales de Suba y Bosa, dos generaciones de ingas y quichuas, así como varias organizaciones de desplazados, entre ellos los pijaos del Tolima en la región central andina y kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta en la costa del Caribe.

16Los habitantes indígenas de diferentes localidades de la ciudad se han sumado a los eventos promovidos por las administraciones recientes de la ciudad, en particular por la del alcalde Luis Eduardo Garzón, elegido para el periodo 2004-2007. Han participado en los desfiles multitudinarios y en los publicitarios festivales en el marco de los eventos conmemorativos y de esparcimiento que promueven la patrimonialización de la diversidad cultural y la imagen pluralista del gobierno de la ciudad (el cumpleaños de Bogotá, el carnaval, el festival de las culturas). También han respondido con nutrida y activa presencia en la sucesión de reuniones públicas convocadas por órganos de gobierno locales con el objedvo de presentar y negociar las políticas destinadas al conjunto de los grupos étnicos urbanos (indígenas, afros y gitanos-rom) (Zambrano 2005 y Lara, en este volumen).

17Por otra parte, la presencia indígena se ha dejado sentir en las luchas políticas y en el gobierno de la ciudad. Algunos grupos han engrosado las filas de las marchas de protesta citadas por organizaciones sociales y la guardia indígena del Cauca en Bogotá, y además han comenzado a intervenir en el gobierno de la capital. Desde 1992 y durante dos periodos de tres años, Bogotá tuvo un representante indígena en el Consejo, órgano legislativo de la ciudad, Francisco Rojas Birry, abogado embera nacido en el Alto Baudó en la cuenca del Pacífico, miembro fundador de la Alianza Social Indígena (ASI), una organización política de alcance nacional. Después de un tiempo, el aval de esta organización sería decisivo para la inscripción del candidato que habría de ganar las elecciones para la alcaldía en el 2000. En una notoria manipulación del imaginario colonial que confirió poderes mágicos a las prácticas curativas indias, el candidato Antanas Mockus escenificó con bombos y platillos un ritual indígena de limpieza para lavar sus pecados civiles contra la ciudad —había abandonado la alcaldía en un periodo anterior para fracasar en la búsqueda de la presidencia en 1998—, acto que gozó de gran difusión en los medios de comunicación y que tuvo un impacto positivo con su avance en las encuestas de preferencia de voto.

18Una vez posesionado, el alcalde Mockus multiplicó la utilización de la escenificación ritual en todas sus campañas de gobierno, pero mostró poco interés por los asuntos indígenas en la ciudad. Llegó incluso a controvertir los derechos diferenciales de los vendedores ambulantes ingas durante la ceremonia de posesión, que presidió, del gobernador José Víctor Chasoy en 2002 (Pabón, 2004: 82-86).

19Sin embargo, la presencia indígena en la política electoral de la ciudad revelaría una nueva faz en la siguiente elección del gobierno capitalino. Después de adherir la asi a la campaña del candidato de centro izquierda, adhesión ratificada en una ceremonia especial acompasada por un ritual indígena, una de sus representantes fue designada por votación popular como miembro del Consejo de Bogotá para el período 2004-2007. De esta manera, Ati Quigua, una joven mujer arhuaca se convirtió en la primera indígena nacida en la ciudad en ganar acceso al órgano legislativo de la capital. Pronto perdió la curul, pues no cumplía los requisitos de edad exigidos (25 años frente a los 23 de la postulante). La recuperó en agosto de 2005, gracias a un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia que acogió la tutela presentada por Quigua, quien argumentó que en la cultura arhuaca se ganaba la mayoría de edad a los 15 años. Unos meses después fue nombrada como segunda vicepresidenta del órgano legislativo, un hecho celebrado en los medios como un logro para las mujeres y para la pluralidad (véase por ejemplo, Democracia Paritaria, 2005). Como lo exploro más adelante, sus intervenciones han trastocado de nuevo el rumbo de las políticas del gobierno central frente al reconocimiento étnico en la ciudad.

Espacios y lugares de la movilidad identitaria en la ciudad

20Las movilizaciones identitarias en la ciudad, como en otros lugares del país, se engarzan con la ratificación de la pluriculturalidad consagrada por la Constitución de 1991, pero sirven también para resaltar algunas limitaciones de las perspectivas que privilegian el marco constitucional, dejando de lado su inserción internacional y las apropiaciones y tensiones locales en el análisis de la construcción multicultural del estado y la ciudadanía en Colombia. Como ya he señalado, el resurgimiento étnico es un proceso que se ha vivido a lo largo y ancho de América Latina. A la vez ha tenido gran resonancia y variadas manifestaciones en el mundo, incluidas la creación de nuevos estados-nación, las guerras y la consolidación de los fundamentalismos étnicos.

21En cualquier caso, ha estado acompañado del rampante y desigual proceso de reestructuración económica y social entre países y territorios que configura el renovado orden mundial.

22En este contexto, la globalización del derecho y el avance de las políticas culturales que abogan por el reconocimiento planetario de la diversidad, por ejemplo, la firma de convenios internacionales como el 169 de la oit (1989) y las conclusiones del Congreso de Durban (2001), entre otros, han incidido de manera decisiva en la orientación jurídica y en las políticas públicas de muchos países, incluso en las definiciones mismas de los pueblos y grupos étnicos a escala nacional. De esta manera, instituciones pan o supra nacionales como la onu y sus filiales como el pnud transfieren recursos a la alcaldía bogotana para fortalecer la diversidad cultural, mientras que al mismo tiempo, pero no de manera excluyente, diversas ong nacionales, locales e internacionales pasan por encima de las instancias gubernamentales para establecer nexos financieros y políticos directos con agentes y colectividades locales. Desde una perspectiva comparativa resulta ilustrativo el caso de la etnicidad afro en la Costa Chica de Oaxaca, México, donde las organizaciones internacionales han tenido un gran impacto en la redefinición identitaria de las poblaciones mestizas y negras (Hoffmann, 2006). En los dos casos cobra resonante sentido la propuesta de Lucie Cheng de anudar lo particular (la especificidad de lo nacional) y lo general (la relación entre países y territorios) en el análisis de los procesos de globalización (Cheng, s.f.). El mismo enfoque resulta útil también para entender las configuraciones locales, como las que abordo en este capítulo, mediante la consideración simultánea y en tensión de la posición de la ciudad en el sistema nacional, y de éste y el país frente a la reestructuración global, es decir de los traslapos e interconexiones de escalas que operan los escenarios étnicos metropolitanos.

  • 4 Llama la atención, por ejemplo, que a pesar de las similitudes entre los reclamos de reconocimient (...)

23Resulta importante señalar entonces que en concordancia con los dictados de la Carta Magna, la cambiante cartografía de las negociaciones en torno a la etnicidad en los ámbitos urbanos ha girado en buena parte alrededor de la definición de derechos jurídico-culturales y del acceso a bienes y servicios diferenciales: tanto financieros (transferencias de recursos del estado) como sociales (acceso a la educación y la salud). Pero a diferencia de las transacciones identitarias que han predominado en los viejos y nuevos imaginarios de la nación en Colombia, aquellas reservadas a ámbitos rurales, a su turno circunscritos a territorios étnicos, la etnicidad en la urbe carece precisamente de esa preciada territorialidad, clave central de las políticas públicas del estado colombiano. Así, en el caso de las poblaciones indias de Bogotá, por ejemplo, se trata de cabildos sin tierra o sin resguardo, es decir sin territorialidad, al menos no como usualmente la entendemos: sinónimo y asiento de la identidad.4

24En cambio, el lugar en el cual se despliegan los reclamos y negociaciones étnicas urbanas es discontinuo y múltiple: el distrito capital, un extendido centro metropolitano de más de siete millones de habitantes. Allí se encuentran y entrelazan diversas instancias y agentes locales, nacionales y transnacionales que conversan y compiten por la definición de la diversidad y la especificidad cultural y por la distribución de recursos asociados a esas definiciones. En particular, como ya he insinuado, el gobierno capitalino juega un papel preponderante tanto en la aplicación del marco constitucional nacional como en su traducción y reinterpretación local. A través de las instituciones del gobierno de la ciudad fluyen y se traslapan discursos nacionales y globales sobre la equidad, la igualdad y la diferencia, se captan y administran fondos que a veces igualan, si no superan los del presupuesto nacional; este es el caso del Instituto de Cultura y Turismo (idct), entidad promotora de la cultura y la pertenencia identitaria bogotana que equipara en su capacidad financiera al Ministerio nacional de Cultura.

25Las variadas manifestaciones ciudadanas y políticas de la multiculturalidad urbana, ligadas en los últimos años a los reclamos indígenas y a los escenarios abiertos por la alcaldía de la ciudad o procurados por los movimientos sociales encuentran a la vez eco en la creciente circulación, sintonizada con canales globalizados, de imágenes exotizadas que enaltecen y comercializan prácticas y saberes indígenas; prácticas que se materializan en el caso bogotano en expresiones estéticas como los óleos de un renombrado pintor inga residente en la ciudad, las artesanías o en las crecientemente populares terapias y rituales chamánicos de curación.

Claroscuros del campo étnico bogotano

26Tal efervescencia étnica ampara también tintes más sombríos. Por un lado, la tangible presencia de la etnicidad en Bogotá retumba con timbres lúgubres: procedentes de la Costa Pacífica, la Amazonia, la Costa Caribe y el departamento del Tolima, han llegado a la ciudad crecientes contingentes de indígenas y negros que se suman a los enormes flujos de desterrados del país, expulsados de sus antiguos lugares de habitación por los promotores del conflicto armado.

27Por otra parte, el vigoroso fermento inicial de reclamos urbanos y el reconocimiento legal se estancó por varios años debido a la intervención del gobierno central, el cual pronto revirtió el proceso que apoyó en sus inicios. Así, el cabildo urbano de Suba, aprobado como el primer órgano de gobierno indígena en Colombia en 1991, antes de la firma de la Constitución, perdió la ratificación oficial en 1999. Por su lado, el de Bosa, reconocido en 1999, cayó pronto en entredicho y bajo investigación (Durán, 2004). Y a pesar de cumplir de cerca los rígidos criterios lingüísticos y culturales que dictaminan la etnicidad, por mucho tiempo pareció imposible que los quichuas de la ciudad lo obtuvieran debido a su procedencia ecuatoriana. El contragolpe incidió también en los municipios que rodean a la ciudad: el Cabildo de Cota, con una historia republicana que se extendía por casi un siglo, fue disuelto por la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior (Weisner, 1987; Fiquitiva 1999; Fiquitiva 2004).

Foto 4. Posesión de los nuevos gobernadores de los cabildos urbanos ante el alcalde de Bogotá (2005).

Foto 5. Ati Quig ua y el alcalde Luis Eduardo Garzón durante la ceremonia de posesión de los cinco cabildos urbanos reconocidos por la oficina de Asuntos Étnicos (2005).

28Mientras tanto, los efectos del molimiento pendular del gobierno de la diferencia en Bogotá se vieron morigerados por las acciones de la alcaldía de centro-izquierda que en puja con la administración nacional de orientación derechista, buscaban en cambio convocar a todos los grupos étnicos urbanos, reconocidos o no, para formular políticas de inclusión y reconocimiento cultural, como ocurrió en las reuniones de discusión de políticas públicas mencionadas antes.

29Más tarde, los contenciosos rumbos del resurgimiento étnico recibirían nuevo aliento gracias a la acción de la concejal india, quien se apoyó en sus contactos políticos y redes familiares en el gobierno central y de la capital. Logró convencer a Luz Elena Izquierdo, entonces directora de la oficina de asuntos étnicos del gobierno central, sobre la justicia de la causa de los grupos indígenas citadinos. Así, a finales de 2005, Izquierdo, indígena arhuaca, procedente de la Sierra Nevada de Santa Marta y madre de la misma concejal, dio reversa, de un plumazo, al nutrido corpus de estudios y peritajes que desacreditaban los reclamos de los grupos indígenas de la ciudad. Poco después, en una colorida ceremonia efectuada a mediados de diciembre del mismo año en el Jardín Botánico de Bogotá, el alcalde de la ciudad posesionaba a cinco cabildos urbanos. De manera que, a la renovación anual por parte de la alcaldía de gobernadores de aquellos reconocidos en periodos anteriores, el Inga y el Muisca de Bosa, se aunaron los regidores de tres nuevos cabildos: Muisca de Suba, y los organizados por los migrantes Quichua y Pijao (véase foto 4). Allí, a pedido del alcalde, Ati Quigua, vestida con manta arhuaca blanca, collares de chaquiras y sandalias de tacón, ocupó un lugar prominente en el podio, siempre al lado del mandatario (véase foto 5). Cuando le correspondió el turno de pronunciar su discurso, llamó a Luz Elena Izquierdo para que la acompañara, agradeciéndole su dictamen. En ese momento la concejal quedó en medio del alcalde de izquierda y la aliada del gobierno de derecha, una composición que ilustra las circunstancias y las implicaciones de la puja y la articulación entre instancias locales y nacionales del gobierno de la diferencia en Colombia, así como la operación de las redes políticas y de género de los indígenas de la ciudad.

Oscilaciones locales: de la ciudadanía anónima a la etnicidad cuestionada

  • 5 La expresión “viaje de vuelta” la he tomado de Oliveira Filho (1999).

30Para examinar tanto la volatilidad de las configuraciones identitarias como las fracturas y entrecruces del gobierno de la diferencia, me detendré a continuación en el caso de Suba. En el curso de la última década una antigua comunidad india desparramada en un agregado mestizo más amplio y en un territorio fragmentado por la subdivisión de la propiedad colectiva e individual, emprendió el viaje de vuelta, alcanzando la ratificación oficial como colectivo indígena; pronto, sin embargo, perdió tal estatuto y por ende el acceso a los derechos especiales reservados por la Constitución.5 Durante el proceso, la identidad de la gente de Suba osciló desde la individuación promovida por la ciudadanía anónima hacia la reconstitución del colectivo, primero basado en la indigenidad genérica y luego en la etnicidad muisca.

31Como había sucedido en los procesos de reindigenización en Colombia en los años ochenta, en los inicios de la década de 1990 los antiguos habitantes de Suba no desplegaban las marcas autorizadas de la indigenidad: idioma, atuendo y usos rituales. Al contrario, se habían empeñado en un proceso de desindigenización (Rappaport, 1991; Chaves, 2005 y Chaves y Zambrano, 2006). Como lo recordarían más tarde los miembros del Cabildo, habían intentado durante varias generaciones borrar cualquier estigma indio: apellidos, prácticas propias y en particular las memorias colectivas (Zambrano, 1997 y 2003). Éstas regresaron de manera inesperada en un momento de agresiva expansión urbana de la capital, la cual afianzó el cambio de vocación de las tierras rurales de Suba, promoviendo su parcelación urbana y mercantilización; por ende, agudizó también los conflictos sobre titulación y propiedad entre los viejos y nuevos habitantes de la populosa localidad.

32El hallazgo de un título del siglo xix que registraba la disolución del resguardo colonial de Suba se convertiría en pieza central en la rememoración del olvidado pasado colectivo, en la reconstitución de la afiliación indígena y en el logro del reconocimiento. Pero a diferencia de otros casos de reindigenización en áreas rurales de Nariño, Tolima y Cauca, no garantizaría la propiedad presente, individual o colectiva de las antiguas tierras de resguardo, a pesar de los ingentes esfuerzos del recién organizado Cabildo (Triana, 1993; Pardo, 1993 y Rappaport, 1994). Este recurrió primero a las vías de hecho. Poco después de su constitución, lanzó un llamado, el 9 de octubre de 1991, a la comunidad para recuperar unos terrenos invadidos por un urbanizador ilegal. Marcharon de manera organizada hacia el lugar pero fueron interceptados por la policía quien arrestó a 42 personas. Frente a los resultados adversos de la toma, el cabildo escogió la vía del litigio legal para restaurar las propiedades colectivas, sin resultados. Poco a poco cambió de objetivo, concentrándose en cambio en obtener otros beneficios provistos para los grupos étnicos: transferencias económicas y prestación de servicios educativos y de salud. Estos reclamos también habrían de fracasar. Primero los proveedores de servicios protestarían y luego los funcionarios del Estado central darían marcha atrás a las regulaciones que habían reconocido al Cabildo.

33En 1997 la Secretaría de Salud de Bogotá denunció el inusitado incremento de indígenas registrados en Suba. En un lapso de seis meses había saltado de 1 836 a 7 456 el número de afiliados al sistema gratuito. Siguieron acusaciones por parte de algunos miembros del Cabildo sobre la laxitud de sus directivas en los criterios de afiliación de nuevos miembros y acerca de manejos dudosos en otros asuntos. Las denuncias culminaron en la disolución del organismo de gobierno indígena, dictada por la Dirección General de Asuntos Indígenas (dgai) del Ministerio del Interior en 1999.

  • 6 “Respuesta del Consejo de Estado a la impugnación de la Alcaldía al fallo de tutela a favor del Ca (...)

34La tajante respuesta del dgai invita al examen. Mientras que varios de los miembros del Cabildo habían solicitado un correctivo, la oficina gubernamental los castigó a todos, liquidando el organismo. La decisión reforzó las divisiones internas en curso. Los asociados se reagruparon en dos cabildos rivales, ambos en busca de reconocimiento. Recurrieron entonces a la perdurable vena legalista instaurada durante la era colonial: ambos promovieron acciones jurídicas para que el gobierno central restaurara el reconocimiento. Después de insistentes peticiones, lograron que el Consejo de Estado ordenara en 2001 al antiguo dgai, transformado por entonces en la Dirección de Etnias que realizara un estudio socioeconómico orientado a determinar “la existencia o no de la parcialidad indígena (un término colonial usado en el pasado para referirse a localidades indias) de Suba”. De esta manera, el estudio debía certificar la afiliación indígena colectiva mediante la verificación de la presencia o ausencia de una sucesión de requisitos: “Una historia común, además de una cohesión de grupo, arraigo a un territorio ancestral, cosmovisión, medicina tradicional, relaciones de parentesco y sistema normativo propio, que los diferencie del resto de la población colombiana” (Ministerio del Interior y Justicia, 2001: 29-47).6

35Unos meses después el estudio que siguió de cerca los criterios del Consejo de Estado en su investigación, aplicación de encuestas y realización de visitas, recomendó que el cabildo no debiera ser reconocido. La argumentación central se ancló en la ausencia de una historia común que ligara a sus miembros. Más bien, razonaba el estudio, la unión había surgido de la voluntaria asociación de individuos que en el caso de la pretendida parcialidad de Suba:

  • 7 Ministerio del Interior y Justicia, Dirección de Etnias, A-Z Suba, 2001-2003,14, “Estudio sociocul (...)

no comparten un pasado común, ni tienen nexos reales que los liguen con ningún pueblo indígena en la actualidad; así como se denota la carencia total de memoria histórica en cuanto a pertenencia étnica y arraigo a un territorio [...] no poseen rasgos propios de la cultura muisca en aspectos tales como la cosmovisión, medicina tradicional, parentesco y sistema normativo propio” (Ministerio d el Interior y Justicia, 2001-2003, 14).7

36En otras palabras, de acuerdo con el estudio, los miembros del desautorizado cabildo no formaban una comunidad sino un reciente agregado de individuos carente de profundidad histórica, privado de rasgos culturales distintivos y sin más conexión que los propósitos presentes. Crucialmente, no eran “diferentes del resto de la población colombiana”. Es decir, según el dictamen, eran demasiado parecidos y cercanos a las mayorías mestizas en Colombia para merecer legitimación como otros, en cuanto étnicos. Resulta llamativo en este caso el endurecimiento de las fronteras que separan a las mayorías sin derechos diferenciales de las minorías que sí los tienen.

37Mientras tanto en Suba no se cejó en las demandas por reconocimiento. Vale destacar que en los renovados intentos el retorno inicial a la identidad indígena, genérica y sin nombre, devino afiliación étnica. Los dictámenes de 1999 y 2001, que disolvieron el cabildo y ratificaron las recomendaciones del estudio, actuaron como guías importantes en tal reorientación. Como en otros lugares, las directivas del cabildo intentaron amortiguar el golpe, proclamando que lo que se había perdido se podía recuperar (Sotomayor, 1998). En pos de tal propósito, organizaron un foro de memoria muisca en 1999. Allí anunciaron que habían iniciado un proceso organizativo “para reconstruir las bases culturales del pueblo Muisca” (Cabildo Indígena de Suba, 1999: 9). Cabe resaltar que en sus respuestas y negociaciones con el gobierno central, las directivas del cabildo, hayan buscado cumplir con los rígidos criterios del Consejo de Estado. En búsqueda de los “rasgos propios”, la “historia común” y los “vínculos ancestrales con el territorio”, los dirigentes, mayoritariamente varones, recurrieron a la indagación letrada, a la historiografía y al uso de atuendos y lengua propia. Basándose en los diccionarios y catecismos escritos por misioneros católicos coloniales, empezaron a aprender el idioma muisca, por largo tiempo desaparecido; diseñaron atuendos distintivos inspirados en interpretaciones contemporáneas del atavío muisca y organizaron talleres de artesanías propias. Como se ha vuelto recurrente para todos los colectivos indios que comparten los escenarios étnicos urbanos de negociación de políticas públicas examinados líneas arriba, los dirigentes del cabildo introducen sus discursos con algunas palabras en la lengua propia, que después traducen para el público general. Mientras tanto, en las marchas, en los desfiles y festivales la representación de la identidad corre sobre todo a cargo de las mujeres de las bases, ataviadas con mantas blancas pintadas y tocados dorados (veáse foto 6). Resta por estudiar si, y cómo, los grupos indígenas han reenfocado la representación de su etnicidad después de la reciente reinstauración del Cabildo.

Foto 6. Mujeres y niña del cabildo Suba, ataviadas con mantas blancas y bandanas, marchando por las calles de Bogotá durante la gran Minga por la Dignidad y la Vida.

Conclusiones

38Este capítulo ha explorado algunas claves sociales y entrelazamientos supranacionales que subyacen al giro pluralista de los proyectos unitarios de nación en América Latina. He argumentado que el emergente modelo multicultural en la región no se puede separar de los procesos de reestructuración de las relaciones entre países y clases sociales. En Colombia el viraje se ha materializado en la aparentemente generosa dotación de derechos, tierras y transferencias económicas para colectivos indígenas y afrocolombianos. Sin embargo, las lógicas que han propulsado a las políticas del reconocimiento resultan restrictivas en dos sentidos. Por una parte, el estado ha confinado el número de beneficiarios, definiéndolos según criterios taxativos ligados a ciertas formas de territorialidad (el resguardo, para indígenas y la Costa Pacífica, para las poblaciones afro) y al cumplimiento de una rígida lista de requisitos. Por otra, no se ha contemplado una concomitante extensión de políticas de redistribución hacia otras capas subalternas, que en el país conforman las mayorías. Por el contrario, éstas se han visto engrosadas y empobrecidas desde la firma de la nueva Constitución multicultural en 1991. En tales condiciones, el pluralismo enfocado hacia las minorías étnicas, se convierte en un pluralismo restrictivo. En Colombia se agrava esta tendencia pues aún los derechos humanos, territoriales y culturales de los grupos étnicos reconocidos están bajo la constante amenaza del fuego cruzado, el desplazamiento forzado y la intervención de la empresa privada, lo cual rearticula en otro plano dos polos, el étnico y el social, separados en los nuevos rumbos de la nación.

39Me he concentrado en el resurgimiento étnico y en particular en la reindigenización en Bogotá, para examinar la inestable combinación de lógicas de inclusión y de exclusión que propulsan el gobierno de la diferencia cultural en Colombia. He sugerido que el emplazamiento de etnicidad en los espacios metropolitanos no se da sin dificultades y sobre todo suscita dudas, avances y retornos en la definición misma de la etnicidad y en la formulación de políticas públicas. Como en otros lugares, en la capital se vivió el entusiasmo inicial por el pluralismo, seguido del movimiento pendular y la volatilidad del reconocimiento étnico (véanse, por ejemplo, Chaves, Agudelo y Recondo en este volumen).

40La configuración de Bogotá como centro y vanguardia de la nación revela, a la vez, los entrecruzamientos y fracturas del gobierno de la diferencia en Colombia. En un contexto nacional que se declara pluriétnico pero que está signado por la privatización del acceso a los derechos básicos de la ciudadanía y por crecientes inequidades económicas entre agrupaciones sociales, inmigrantes y desplazados indígenas y raizales desindigenizados han buscado aliviar un largo legado de discriminación racial y exclusión económica reforzando o retornando a su afiliación indígena.

41A principios del decenio de 1990, durante el período inicial de celebración del multiculturalismo en Colombia, los primeros reclamos de reindigenización y de reubicación indígena en Bogotá tuvieron éxito ante el gobierno central, pero cuando los casos y las cifras se multiplicaron, pusieron en riesgo el cerrado círculo de privilegios reservados para las minorías étnicas. El riesgo no se refería solamente a la distribución restrictiva de beneficios. Como hemos observado en otro trabajo, la reindigenización en Colombia y el establecimiento de cabildos urbanos han trasgredido un perdurable orden simbólico que ha pervivido al nuevo orden pluralista (Chaves y Zambrano, 2006).

42Por un lado, los procesos de reubicación étnica y reindigenización en la ciudad contravienen la persistente asociación hegemónica entre tiempo, espacio e identidad. No sólo ha estado la etnicidad indígena anclada a territorios rurales, supuestamente estancados en la tradición y ante todo concebidos como la antípoda de vibrantes escenarios modernos como la capital colombiana. El confinamiento a territorios así definidos, el cual riñe con las perdurables, variadas y cambiantes dinámicas sociales y de movilidad espacial de individuos y colectivos indios, ha sido uno de los fundamentos centrales de la definición y del reconocimiento étnico. Este orden conversa con una persistente constitución de memoria que ha inmovilizado las historias étnicas, emplazándolas, en cambio, en espacios discretos, inmutables y prístinos. De manera que, como en otros lugares, la reindigenización en Bogotá choca así y de otras maneras contra el modo de producción hegemónico de la diferencia en Colombia.

43En la capital contemporánea, como en el pasado, una heterogénea serie de procesos de ritmos temporales diversos se da cita con dispares trayectorias de movilidad espacial e identitaria. Por una parte, se cruzan redes y estaciones de viaje y de intercambio de bienes y saberes de larga data, como las de los comerciantes y médicos ingas del Putumayo y los tejedores de Otavalo, con la desarticulación social y el destierro provocado en procesos de constitución histórica más reciente, la migración masiva y la Violencia de los Cincuenta con las olas de amenazas, asesinatos y despojo a manos de los actores del conflicto armado actual iniciadas en el decenio de 1980. Por otra parte, la misma expansión demográfica y territorial de la ciudad y la creciente mercantilización de los predios urbanos ha operado como gatillo para los reclamos de los desposeídos descendientes de los grupos nativos de la Sabana de Bogotá, que ya habían sufrido varios embates de fragmentación territorial aunados a los efectos amnésicos de un proyecto nacional que asociaba indígena con atraso, preconizando el mestizaje y la ciudadanía anónima como camino obligado (pero nunca realizado) hacia la igualdad.

44En el imprevisto camino de vuelta desde el mestizaje a la indianización en Bogotá sobresale el protagonismo de quienes se identifican como indígenas de la ciudad y las respuestas de quienes gobiernan la diferencia en Colombia: instituciones y funcionarios del Estado. A finales de la década de 1990, la oficina de asuntos étnicos del gobierno central ya había dado reversa a los procesos de reconocimiento que había apoyado en sus inicios. Intervino para controlar la multiplicación de miembros de los cabildos y prevenir la proliferación de otras reclamaciones. Como vimos en el caso de Suba, se valió de listas de requisitos y rasgos para definir la etnicidad indígena, algo que también ha ocurrido en otros lugares del país (Chaves, 2003). Llama la atención que estas listas se inspiraran en una fusión de perdurables construcciones coloniales de la alteridad radical y en las perspectivas culturalistas de la antropología de mediados del siglo xx. La intervención del estado en pos del control de las pertenencias identitarias y del gobierno de la diferencia no detuvieron los esfuerzos de reindigenización, empero. Más bien han invitado a quienes se han involucrado en tales esfuerzos a reorientar sus reclamos de maneras que a la vez siguen y burlan los dictámenes de quienes gobiernan la visión y la división de los asuntos étnicos en Colombia. Así, mientras los representantes de los cabildos urbanos han replicado y reforzado la insistencia estatal en la posesión de lengua y costumbres propias, mediante el uso de atavíos distintivos y el recurso estratégico de los idiomas nativos, también han propuesto nuevas formas de territorialidad o desterritorialización urbana. En palabras de Ati Quigua, primera concejal india nacida en Bogotá, “los derechos de los indígenas como sujetos colectivos van mucho más allá de los resguardos indígenas” (Polo Democrático Alternativo, 1995).

45Sobresalen también las contenciosas relaciones entre el gobierno nacional y quienes se reclaman indígenas de la ciudad el lugar y el papel del gobierno de la capital. Por una parte, los cabildos urbanos, reconocidos o no, han aprovechado los intersticios abiertos por la alcaldía para ventilar sus reclamos y negociar políticas públicas de salud y educación. Por otra, desde el 2004, la administración de centro izquierda de la capital, la cual atrae, concentra y distribuye importantes recursos financieros y simbólicos, ha promovido unas políticas menos restrictivas para los grupos étnicos, en un sutil juego de contraposición frente al gobierno central de derecha que también tiene asiento en la capital.

46El volátil y polémico emplazamiento del multiculturalismo en la ciudad ilustra también la articulación de diversas escalas, nacional, local y global, así como el encuentro y choque de ritmos temporales dispares, trayectorias diversas e intereses contrarios. En esta vena de análisis parece pertinente preguntarse por las razones por las cuales las nuevas categorizaciones académicas sobre la etnicidad, más sensibles a los procesos históricos y al contenido político de las construcciones sociales no han hecho mella en el trazado de políticas multiculturales ni han servido para orientar el gobierno de la diferencia. En principio no sería tan difícil aceptar que el resorte que propulsa la agrupación de los colectivos, que en el presente se reclaman indígenas en la ciudad, no yace en una tradición inmóvil o una esencia inmanente. Más bien podríamos entender que, como lo demandó el gobierno central al cabildo de Suba, sí existe una historia común, pero no la de las presencias sustantivas requeridas por el gobierno central en el caso de Suba (arraigo a un territorio ancestral, memoria de pertenencia étnica, cosmovisión, parentesco, sistema normativo propio, entre otros) sino la de un legado de despojos y recomposiciones territoriales, de fragmentación y reconstitución de la memoria y del colectivo; anudados a un siglo de blanqueamiento y varios de discriminación racial y exclusión económica. Sin embargo, en un país como Colombia, plagado por una diversidad de historias de exclusión, subalternización y fragmentación social y cultural, esta sugerente mirada resulta muy difícil de incorporar. Aceptarla supondría no solo recomponer el campo étnico sino afrontar su inserción, choques y encuentros con otros sistemas de diferencia y con profundas desigualdades aún no resueltas.

Bibliographie

Bibliografía

Agudelo, Carlos
2004 ‘“No todos vienen del río’. Construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia”, ponencia presentada en el Segundo Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos, Visualizando nuevos territorios, identidadesy conocimientos, Universidad del Cauca, Popayán, 18-20 de marzo.
2003 “Colombia: ¿las políticas multiculturales en retroceso? El caso de las poblaciones negras”, en Memoria de la primera reunión del proyecto Idimov,ciesas-ird-icanh, Xalapa, pp. 83-98.

Alvarez, Sonia E., Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds.)
1998 Cultures of politics/politics of cultures: re-visioning Latin American social movements, Westview Press, Boulder.

Assies, Willem
1999 “Los pueblos indígenas y la reforma del estado en América Latina”, en W. Assies, G. van der Haar y A. Hoekema (eds.), El reto de la diversidad:pueblos indígenas y reforma del estado en América latina, El Colegio de Michoacán, México.

Borja, Jordi y Manuel Castells
1997 “La ciudad multicultural”, en La factoría 2, tomado de http://www.lafactoriaweb.com/articulos/borjcas2.htm, consultada: 2 de junio de 2006.

Cabildo Indígena de Suba
1999 Los Muisca: un pueblo en reconstrucción, MJ editores, Bogotá.

Castillo, Luis Carlos Y Heriberto Cairo
s.f. “Reinvención de la identidad étnica, nuevas territorialidades y redes globales: el Estado multiétnico y pluricultural en Colombia, Ecuador y Venezuela”, manuscrito.

Chaves, Margarita
2003 “Cabildos multiétnicos e identidades depuradas”, en Clara Inés García (ed.), Fronteras, territorios y metáforas,iner-Universidad de Antioquia, Hombre Nuevo Editores, Medellín, pp. 121-135.
2005 “¿Qué va a pasar con los indios cuando todos seamos indios?”, Ethnic rights and reindianization in South Western Colombian Amazonia, tesis de doctorado, University de Illinois en Urbana-Champaign, Urbana-Champaign.

Chaves, Margarita y Marta Zambrano
2006 “From blanqueamiento to reindigenización: paradoxes of mestizaje and multiculturalism in contemporary Colombia”, en European Keview of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, núm. 80, Amsterdam, pp. 5-23.
s.f. “Reindigenización, etnización y mestizajes: dilemas de la movilidad identitaria en Colombia”.

Cheng, Lucie
s.f. “La globalización y el trabajo remunerado de las mujeres en Asia”, en (http://www.unesco.org/issj/ricsl60/chengspa.html), consultado: 28 febrero 2002.

Colombia, Ministerio del Interior y Justicia, Dirección DE Etnias, A-Z Suba
2001-2003 “Pueblos indígenas”, (http://www.mininteriorjusticia.gov.co/pagina5_subdetalle.asp?doc=275&cat=102), consultado: junio de 2006.
s.f “Población frocolombiana”, (http://www.mininteriorjusticia.gov.co/pa-gina5_sub-detalle.asp?doc=276&cat=102), consultado: junio de 2006.

Democracia Paritaria
2005 “Ad Quigua, primera mujer indígena en la vicepresidencia del Consejo de Bogotá”,(http://www.democraciaparitaria.com/article.php3?id_arti-cle=326), consultado: mayo de 2006.

Durán, Carlos Andrés
2004 El cabildo Muisca de Bosa. El discurso de un nuevo movimiento social étnico y urbano. Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, Bogotá.

Escobar, Arturo y Álvaro Pedrosa (comps.)
1996 Pacífico: ¿desarrollo o diversidad?,cerec-Ecofondo, Bogotá.

Fiquitiva, José Joaquín
1999 “La reconstrucción Muisca: una lucha en contra del poder de la sociedad mayoritaria”, en Cabildo Indígena de Suba, Los Muisca. Un pueblo en reconstrucción, MJ Editores, Bogotá.
2004 Entrevista realizada por Juan Felipe Hoyos y Marta Zambrano, 22 de junio, Bogotá.

Fraser, Nancy
1997 “Multiculturalismo, antiesencialismo democracia radical”, en Justicia interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, Siglo del Hombre Editores-Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 220-250.

Gros, Christian
2000 “De la nación mestiza a la nación plural: el nuevo discurso de las identidades en el contexto de la globalización”, en G. Sánchez y M. E. Wills (comps.), Museo, memoria y nación. Mincultura-Museo Nacional-pnud-iepri-icanh, Bogotá, pp. 351-364.

Hoffmann, Odile.
2006 “Negros y afromestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 68/1, México, pp. 103-135.

Jackson, Jean
1995 “Culture, genuine and spurious: the politics of Indianness in the Vaupés, Colombia”, American Ethnologist, núm. 22, vol. 1, pp. 3-27.

Livingstone, Grace
2004 Inside Colombia, Rutgers University Press, New Brunswick.

Moncayo, Víctor et al.
2002 Debate a la Constitución, Universidad Nacional de Colombia-ilsa, Bogotá.

Oliveira Filho, Joao Pacheco (org.)
1999 A Viagem da Volta: Etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena, Contra Capa, Río de Janeiro.

Pabón, Jazmín Rocío
2004 Los caminantes del arco iris o la ilusión de la cinta de Moebius. Sobre los territorios como espacios o los espacios como territorios de los vendedores ambulantes ingas de Bogotá, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Pardo, Edgar
1993 “Los descendientes de los Zenúes”, en F. Correa (ed.), Encrucijadas de Colombia amerindia, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, pp. 225-244.

Pineda Camacho, Roberto
1997 “La Constitución de 1991 y la perspectiva del multiculturalismo en Colombia”, en Alteridades, núm. 7, vol. 14, uam, México, pp. 107-129.

Polo Democrático Alternativo
1995 “Ati Quigua recupera su curul”, Oficina de Prensa, en http://www.polode-mocratico.net/article.php3?id_article=495, consultado: 2 junio de 2006.

Rappaport, Joanne
1994 Cumbre reborn. An Andean ethnography of history, The University of Chicago Press, Chicago.
1990 ‘History, Law and Ethnicity in Andean Colombia’, The Latin American Anthropology Review, núm. 2, vol. 1, invierno, Florida International University, Miami, pp. 13-19.

Romero, Mauricio
2003 Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-Editorial Planeta Colombiana, Bogotá.

Sánchez, Esther
2002 “Los derechos indígenas en las Constituciones de Colombia y Ecuador”, en J. A. González (coord.), Constitución y derechos indígenas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 69-88.

Sotomayor, María Lucía
1998 “Porque somos indígenas pero ¿por qué somos indígenas”, en M. L. Sotomayor (ed), Modernidad, identidady desarrollo: construcción de sociedady re-creación cultural en contextos de modernización, Instituto Colombiano de AntropologíaColciencias, Bogotá, pp. 399-423.

Triana, Adolfo
1993 “Los resguardos indígenas del sur del Tolima”, en F. Correa (ed.), Encrucijadas de Colombia Amerindia, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, pp. 99-140.

Van Cott, Donna Lee
1999 Constitutional Reform and Ethnic Rights in Eatin America, St. Martin Press, Nueva York.

Villa, William
2002 “El Estado muldcultural y el nuevo modelo de subordinación”, en V. Moncayo et al., Debate a la Constitución, Universidad Nacional de Colombia-ilsa, Bogotá, pp. 89-101.

Wiesner, Luis
1987 “Supervivencia de las instituciones Muiscas: el resguardo de Cota”, en Maguaré núm. 5, Bogotá, pp. 235-260.

Zambrano, Marta
1997 Laborers, rogues, and lovers: Encounters with indigenous subjects through jural webs and writing in colonial Santa Fe de Bogotá, tesis de doctorado, Department of Anthropology, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana-Champaign.
2003 “Contratiempos de la memoria social: Reflexiones sobre la presencia indígena en Santa Fe y Bogotá”, Memoria de la primera reunión anual del proyecto Idymov, ciesas-ird-icanh, Xalapa, pp. 145-154.
2004 “Memoria y olvido en la presencia y ausencia de indígenas en Santa Fe y Bogotá”, en Desde el jardín de Freud. Revista de Psicoanálisis, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 56-69.
2005 “Escenarios públicos de la etnicidad indígena y de la pluriculturalidad en Bogotá”, Memoria de la primera reunión anual del proyecto Idymov,ciesas-ird-icanh, Xalapa, pp. 39-44.

Notes

1 Este capítulo sintetiza y avanza sobre algunos aspectos de un trabajo comparativo más amplio publicado en Chaves y Zambrano, 2006.

3 Para un balance de los alcances y limitaciones de la Constitución de 1991, véase Moncayo (2002).

4 Llama la atención, por ejemplo, que a pesar de las similitudes entre los reclamos de reconocimiento étnico entre los cabildos urbanos y los de colectivos que habitan en las inmediaciones del área metropolitana de la ciudad capital, éstos difieran por su orientación territorial.

5 La expresión “viaje de vuelta” la he tomado de Oliveira Filho (1999).

6 “Respuesta del Consejo de Estado a la impugnación de la Alcaldía al fallo de tutela a favor del Cabildo de Suba”, pp. 29-47.

7 Ministerio del Interior y Justicia, Dirección de Etnias, A-Z Suba, 2001-2003,14, “Estudio sociocultural. Comunidad de Suba”, n. d. (2001), pp. 151-338.

Table des illustrations

Légende Foto 4. Posesión de los nuevos gobernadores de los cabildos urbanos ante el alcalde de Bogotá (2005).
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/20517/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 74k
Légende Foto 5. Ati Quig ua y el alcalde Luis Eduardo Garzón durante la ceremonia de posesión de los cinco cabildos urbanos reconocidos por la oficina de Asuntos Étnicos (2005).
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/20517/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 85k
Légende Foto 6. Mujeres y niña del cabildo Suba, ataviadas con mantas blancas y bandanas, marchando por las calles de Bogotá durante la gran Minga por la Dignidad y la Vida.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/20517/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 66k

Auteur

Universidad Nacional de Colombia2

Agradezco los comentarios críticos y las sugerencias de Margarita Chaves, Virginie Laurent. Reconozco también los comentarios de Laura Velasco, así como las preguntas y apostillas de quienes asistieron a la tercera reunión internacional Idymov, donde presenté la ponencia que sirvió de base para la elaboración de este escrito.

Profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Doctora en antropología por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign con la tesis Eaborers, Ragues, and Lovers: Encounters with Indigenous Subjects through Jural Webs and Writing in Colonial Santa Fe de Bogotá, 1997. Su ultimo libro, coeditado con Cristóbal Gnecco Memorias hegemónicas, memorias disidentes: El pasado como política de la historia. Bogotá, icanh-Universidad del Cauca, 2000. mzambran@bacata.usc.unal.edu.co

© IRD Éditions, 2007

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search