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Los retos de la diferencia

 | 
Odile Hoffmann
, 
María Teresa Rodríguez

Segunda parte. Movilidades impuestas, identidades relegadas

Movilización identitaria y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: el caso del proceso organizativo de "comunidades negras" de Olaya Herrera, Nariño, Colombia

Hernando Bravo Parmiño

Texte intégral

Presentación

1Para comprender las distinciones que se establecen entre los sujetos individuales y colectivos, la conceptualización acerca de las identidades hace énfasis actualmente en su carácter móvil y plural, producto de procesos históricos que le asignan una condición cambiante. Stuart Hall (1999) plantea la existencia de dos modelos de interpretación de las identidades culturales. Uno concibe la identidad como algo invariable que se manifiesta en determinados rasgos culturales y en prácticas sociales que diferencian un grupo humano respecto a los “otros”, o sea como una esencia; interpretación que fue aplicada a grupos humanos sometidos a procesos de colonialismo o de discriminación racial (Hall, 1999; Sotomayor, 1998; Friedman, 1992; Restrepo, 1998; Chaves, 1998: 278). El segundo concibe la identidad cultural como resultado de la sedimentación histórica, como un proyecto político cultural en construcción, lo que permite asumir que el individuo se construye en la confluencia de las similitudes y diferencias producidas en la sociedad y en la cultura, debido a la “sujeción de las personas a la historia, a la cultura y al poder” (Chaves, 1998: 277). Es, por lo tanto, ‘un problema tanto de llegar a ser como de ser’ que, si bien hace referencia a la pertenencia y continuidad con el pasado, relaciona la identidad con la discontinuidad y la diferencia (Hall, 1999).

2De la misma manera, Hall establece que la construcción de la identidad dentro de la representación, y la manera en que esta representación se ofrece a través del lenguaje, es decir en su enunciación discursiva, es un proceso dinámico que oscila entre lo que uno es y lo que es el otro. En este contexto, cada grupo humano afirma su identidad con respecto a las diferencias que establece frente a “otros”: “la identidad es política en la medida en que involucra una relación de poder entre sujetos-objetos de representación”, en un momento histórico y en un espacio determinado (Chaves, 1998: 277).

3De conformidad con estas formas de comprensión de los fenómenos identitarios abordaré el análisis de la emergencia de identidades étnicas en el sur del litoral Pacífico, al suroeste de Colombia.

4Esta área forma parte de la región del Pacífico colombiano, una de las zonas de mayor biodiversidad en el planeta, que está situada entre la cordillera occidental y el océano Pacífico, y colinda al norte con Panamá y al sur con el Ecuador, cuenta con una población predominantemente afrocolombiana, pero también indígena.

5Allí, desde inicios de los años 1990, asistimos a la conformación de un movimiento social centrado en la reivindicación de identidades étnicas, por parte de los pobladores negros que habitan esa región del país. El reconocimiento legal de los derechos étnicos y territoriales de las “comunidades negras” del litoral Pacífico colombiano se hace explícito con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia en 1991 y con la expedición de la Ley 70 de 1993. El proceso que permitió cristalizar esas aspiraciones y esas demandas por parte de los pobladores negros del Pacífico en Colombia puso de manifiesto las tensiones, contradicciones y paradojas existentes entre los intereses del Estado, el gobierno, sus instituciones y funcionarios, y los pobladores locales que pidieron tanto el reconocimiento de derechos ciudadanos como los derechos a la diferencia cultural.

6En este trabajo me interesa analizar los procesos de movilización política llevados a cabo por las organizaciones de comunidades negras en el Pacífico sur para la defensa y afirmación de su identidad étnica, en un contexto de agudización del conflicto armado. Se abordarán algunos aspectos de este conflicto que enfrenta a actores interesados en el control de territorios y áreas estratégicas del Pacífico colombiano con el fin de promover la expansión de cultivos de uso ilícito (coca) para determinar los efectos que causaron en el accionar del proceso organizativo étnico. El drama del desplazamiento forzado que afecta a miles de personas, familias y comunidades negras que habitan el litoral Pacífico sur colombiano, a causa del conflicto armado, se abordará en relación con el debilitamiento que ocasiona en el proceso organizativo de las comunidades negras de esa región.

7Para destacar lo que está ocurriendo en el Pacífico sur colombiano con el proceso organizativo de las comunidades negras, con el manejo de sus territorios y sus tierras tituladas para el uso y manejo colectivo, acudo al registro etnográfico de hechos y situaciones que observé en años recientes, según datos obtenidos para la realización de mi tesis de maestría en antropología (Bravo, 2003), así como durante una temporada de campo realizada en enero de 2005.

8El concepto de “geografías del terror” propuesto por Oslender (2004) se emplea en tanto contribuye a la interpretación de los fenómenos que se están presentando en la región a raíz de la incursión de actores armados y capitalistas del narcotráfico interesados en el control de la zona y en la defensa de sus intereses geopolíticos y económicos. Este concepto es útil para analizar hechos que se han presentado en Olaya Herrera, como: la transformación de ciertas áreas en espacios del miedo; los cambios en las prácticas rituales rutinarias de los habitantes en un contexto de intimidación y amenazas; los cambios en el sentido de lugar que son producto de la acción de los grupos armados entre los habitantes nativos; los procesos de desterritorialización y las estrategias organizativas que como resistencia a los mecanismos del terror se ponen en marcha en esos contextos.

La reivindicación de los derechos étnicos y territoriales de las "comunidades negras" en el Pacífico sur colombiano

9OMaya Herrera es uno de los municipios localizados en la franja costera del norte del Departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Bocas de Satinga es el asentamiento más importante de ese Municipio, localizado a orillas del río del mismo nombre y en la confluencia entre éste y el río Sanquianga. Forma parte del litoral Pacífico, una región de selva húmeda tropical caracterizada por su clima cálido, su condición lluviosa y su altísima humedad (véanse las figuras 7 y 8).

  • 1 En Colombia, el municipio es una de las principales unidades político administrativas de la nación (...)

10Desde mediados del siglo xx, se ha realizado una incesante explotación de los bosques de guandal en el municipio de Olaya Herrera, para la extracción de maderas con destino al comercio nacional e internacional.1 Allí proliferaron aserraderos industriales que activaron la labor de cientos de personas quienes tenían, en la extracción de madera, la fuente principal del sustento económico familiar. Aquellas familias formaban parte de la mayoría de habitantes negros que pueblan el litoral Pacífico, y quienes, en virtud de esa actividad fueron llamados ‘tuqueros’ (de “tucos”, trozos de madera que se extraen del monte con destino a los aserraderos industriales para su comercialización en el interior del país), una denominación bajo la cual los identificaban también los habitantes mestizos e indígenas. Aunque en el año 2002 sólo quedaban unos cuantos aserríos instalados y en operación a causa del deterioro de los bosques, la disminución de las maderas y el declive de sus precios en el mercado. El inicio de estas actividades extractivas por parte de capitalistas foráneos provocó una disminución sustancial en el ejercicio de las actividades agrícolas y pecuarias, así también los trabajos frecuentes como la pesca y la recolección consideradas como la fuente tradicional de subsistencia de los habitantes de esta región del Pacífico nariñense (Restrepo, 1996a, 1996b; Restrepo y Leal, 2003; Bravo, 2003).

  • 2 Mediante la Ley 2 de 1959 el Gobierno creó siete grandes Reservas Forestales, entre las cuales se (...)

11Desde el momento en que se instalaron los primeros aserraderos en las riberas del río Satinga, principalmente, los industriales madereros realizaron la explotación de unos bosques localizados en territorios considerados baldíos, de conformidad con disposiciones legales que crearon esta condición para las áreas del litoral Pacífico, en abierto desconocimiento de la gente negra que había habitado estos territorios desde el siglo xviii.2 Los dueños del capital y de las infraestructuras instaladas, aún sin contar con la propiedad legal de las tierras, explotaron las maderas y la mano de obra de los pobladores negros, logrando cuantiosos beneficios económicos a costa de la destrucción de los bosques y de la pobreza de los pobladores nativos.

12En respuesta al acelerado proceso de destrucción de los bosques de guandal, diferentes instancias gubernamentales —regionales y nacionales—, con el apoyo de agencias de cooperación internacional han realizado acciones y ejecutado proyectos encaminados a su restablecimiento, en aplicación del discurso en torno a la conservación de la biodiversidad en el contexto del surgimiento de lo ambiental como un ‘hecho social global’ (Escobar, 1999). Así, por ejemplo, en Olaya Herrera, desde finales del decenio de los ochenta y hasta el año 2000, se ejecutaron diversos proyectos de cooperación internacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en convenio con Corponariño, la autoridad ambiental de la región, ejecutó, desde 1992, la primera fase del proyecto Guandal. Uno de sus objetivos se refería a la búsqueda de alternativas sostenibles de manejo del bosque a través del diseño y desarrollo de opciones productivas diversificadas. Otros proyectos como Biopacífico y Manglares, desarrollados de 1995 a 1999, por ejemplo, aún cuando abarcaron el Pacífico colombiano, realizaron en Olaya

Figura 7. El Litoral Pacífico, Colombia.

  • 3 Proyectos como Guandal Fases I-II, Naidí, Indicadores, Manglares de Colombia, por ejemplo en los a (...)

13Herrera trabajos relacionados con la “prospección de la biodiversidad” con la idea de la “conservación y el uso sostenible de los recursos naturales”, dada la importancia de la biodiversidad existente en el Pacífico colombiano.3

14Como lo ha reseñado Restrepo (2001), el proceso de etnización de las comunidades negras en el Pacífico colombiano llevado a cabo desde inicios de la década de los noventa estuvo estrechamente relacionado con la irrupción de lo ambiental como un hecho social global (Escobar, 1999). Del mismo modo que lo hace la cooperación técnica internacional en sus procesos de intervención encaminados a la protección y prospección de la biodiversidad, y en el marco del discurso del desarrollo sostenible, la Ley 70 de 1993 reconoce a las comunidades locales un papel preponderante en la protección de la biodiversidad con base en la valoración de sus conocimientos tradicionales y les asigna un papel como guardianes de la naturaleza (Escobar 1996, 1999; Restrepo, 1998, 2001; Ulloa, 2001).

15En ese contexto, por un lado, al tenor de lo dispuesto por la Ley 70 de 1993, los “campesinos de los guandales” devienen en sujetos étnicos, “comunidades negras” diferenciadas en sus características culturales de otros pobladores como los indígenas y los habitantes mestizos. Por otro lado, en virtud de la relevancia que el Pacífico colombiano adquiere en el contexto de lo propuesto por el discurso de la conservación de la biodiversidad, sus pobladores, anteriormente reconocidos como campesinos o como “tuqueros”, se transforman en actores de primer orden para los propósitos del desarrollo sostenible o la conservación de la biodiversidad de la región.

  • 4 Los Consejos Comunitarios son una de las formas organizativas establecidas en la Ley 70 de 1993 pa (...)
  • 5 Resolución núm. 03292 del 18 de diciembre de 2000 (Satinga) y Resolución núm. 02773 del 21 de novi (...)

16De hecho, el proceso que debe llevarse a cabo para lograr la titulación colectiva de las tierras a favor de las comunidades negras exige la realización, por parte de los Consejos Comunitarios,4 de varios estudios acerca del territorio y de las personas que lo habitan, que incorporen elementos que permitan planificar el uso y manejo de los recursos naturales existentes y desde la perspectiva de garantizar su sostenibilidad, para beneficio de las presentes y futuras generaciones.5 Por otra parte, en la última década del siglo xx, dada una creciente intervención de proyectos de cooperación técnica internacional en el Pacífico colombiano, los líderes de los Consejos Comunitarios participaron en el desarrollo de esos proyectos de cooperación internacional y mantuvieron un diálogo permanente con los agentes institucionales y estatales presentando sus propuestas; dentro de este diálogo acudieron a un discurso político que puso de relieve elementos diferenciadores y caracterizadores de su identidad afrocolombiana; entre otros, su historia, sus tradiciones, y sus costumbres.

17El proceso organizativo de las “comunidades negras”, sin embargo, había comenzado a configurarse desde finales de la década de los ochenta en el departamento del Chocó, donde grupos de campesinos se reunieron bajo la influencia de organizaciones surgidas en las áreas urbanas que luchaban contra la discriminación racial y por la solución de múltiples problemas sociales, como la pobreza, el desempleo y la carencia de servicios sociales básicos. Así, los primeros intentos de movilización política a favor de reivindicaciones identitarias ocurren a finales de esa década, cuando los mencionados grupos, que venían consolidando sus procesos organizativos con el apoyo de misioneros católicos, reclamaron derechos sobre los bosques adjudicados en concesión por parte del Estado a empresas privadas que realizaban la explotación de la madera en esa región. La Asociación Campesina Integral del Atrato (acia) surge en medio de estas luchas que ya no sólo reivindican derechos civiles por la igualdad sino territoriales y étnicos para las comunidades negras. Esta es la organización campesina que, a partir de esas reclamaciones, logra mayores niveles de influencia local, regional y nacional (Pardo, 1997, 1998, 2001a y 2001b).

18En el litoral Pacífico de Nariño, en virtud de estas influencias y de las relaciones e intercambios generados por el Proceso de Comunidades Negras (pcn) que paulatinamente se consolida y adquiere fuerza política y organizativa, se generalizan las reclamaciones centradas en el reconocimiento de la identidad afrocolombiana y por la titulación de tierras a favor de sus habitantes ancestrales. En Olaya Herrera, se consolida uno de los núcleos organizativos más importantes del pcn en el Pacífico nariñense, pero éste obtiene la titulación de las tierras sólo en el año 2000 —siete años después de expedida la Ley 70— en una extensión de 58 200 ha. (24 768 ha. en el río Satinga y 33 432 ha. en el río Sanquianga).

19Desde las etapas previas a la promulgación de la Constitución Política de 1991 y a la expedición de la Ley 70 de 1993, las organizaciones comunitarias de los ríos Satinga y Sanquianga actuaban bajo la coordinación y orientación del Palenque Regional Nariño, con sede en Tumaco, una de las instancias más importantes del pcn en el Pacífico colombiano. Como parte integrante del Palenque, planificaban y realizaban sus actividades, en función, principalmente de la divulgación de la Ley 70 entre los pobladores ribereños, en un proceso que Restrepo (2001) denominó “pedagogía de la alteridad”. No obstante, circunstancias de diversa índole conducen a la ruptura del proceso organizativo regional en Palenque y a la preeminencia de las organizaciones locales a la cabeza de sus Consejos Comunitarios. Así es como en 1999, en la zona norte del Pacífico nariñense surge la Asociación de Consejos Comunitarios de las Zonas Centro y Norte de Nariño (Asocoetnar), como instancia organizativa a través de la cual los representantes legales y líderes de los Consejos Comunitarios trabajan para lograr un manejo autónomo de sus territorios con la perspectiva del mejoramiento económico y social de la región y de sus habitantes.

20Desde el 2002, en Olaya Herrera y como parte de la Asocoetnar, los Consejos Comunitarios y sus líderes abanderan el proceso de defensa de los territorios y derechos étnicos ante el Estado y sus instituciones. Igualmente, éstos son las instancias a través de las cuales se define la participación de las comunidades en la ejecución de diferentes proyectos de cooperación técnica internacional; y se establece el diálogo con actores, como los empresarios madereros o palmeros sobre los propósitos de explotación de las tierras colectivas de las “comunidades negras”.

Figura 8. El litoral del departamento de Nariño, Colombia.

21A las circunstancias creadas por la presencia de agentes externos interesados en la explotación de las tierras de las comunidades negras, desde finales de los años noventa, se suma la creciente presencia de inversionistas foráneos interesados en la expansión de cultivos de coca, quienes mediante diversos mecanismos, buscan apropiarse de esas tierras para expandir esos cultivos. El desconocimiento, por parte de estos actores, de los derechos a las tierras y a la autonomía de las comunidades negras de los ríos Satinga y Sanquianga, es uno de los factores generadores de las tensiones y rupturas que surgieron entre los integrantes del proceso organizativo de la localidad. A lo anterior se añade el hecho de que, con la expansión de los cultivos de coca, que en esta región se incrementó a finales del año 2000, se produjo la llegada de actores armados ilegales, encargados del control de las áreas de cultivo.

22En ese contexto, la reivindicación de la identidad étnica circunscrita a los diacríticos de la etnicidad expresados en la Ley 70 de 1993, las condiciones mediante las cuales se agenció por parte del Estado y se instrumentalizó por parte de las comunidades locales y sus organizaciones étnico-territoriales, se modificaron radicalmente. La guerra entre actores armados ilegales y la de éstos contra el Estado, ocasionó el estancamiento del proceso organizativo, debido a la intimidación, las amenazas o la expulsión de los más destacados líderes étnicos. Las intimidaciones y amenazas de diferentes actores armados sobre los líderes comunitarios y sobre la población civil son veladas y abiertas, y han producido efectos desestabilizadores en el proceso organizativo que adelantaba acciones en defensa de su territorio y de su autonomía. Debido a las diferentes incursiones violentas de los actores armados en el casco urbano y en las localidades ribereñas, los representantes legales y líderes de los Consejos Comunitarios de los ríos Satinga y Sanquianga tuvieron que redefinir sus estrategias y optar por mecanismos que les permitan preservar su integridad y Ja de sus comunidades. Con interlocutores que ejercen el dominio territorial por la fuerza de las armas, las organizaciones comunitarias locales y los habitantes ribereños en Olaya Herrera optaron por una estrategia de “invisibilización estratégica” de sus acciones alrededor de las reivindicaciones étnicas y territoriales. Las actividades de los Consejos Comunitarios y de sus líderes debieron reducirse a su más mínima expresión. Los líderes tuvieron que dedicarse a atender el trabajo de sus fincas en sus veredas de origen y muy parcialmente a realizar reuniones con sus comunidades. Cuando éstas se realizan, abordan sólo problemas particulares y locales de las comunidades, y no aspectos relacionados con el proceso organizativo regional y nacional. Las Asambleas de Consejos Comunitarios no se volvieron a realizar con la frecuencia requerida y mucho menos las reuniones de H'deres en el casco urbano. Allí, los líderes acuden regularmente, pero sólo para adquirir alimentos e insumos de trabajo, luego de lo cual retornan a sus sitios de residencia. Con todo, ellos gestionan la solución de algunos de los problemas de sus comunidades acudiendo a su reconocimiento personal ante las autoridades locales, mas no exhibiendo su pertenencia organizativa al proceso étnico.

23En condiciones difíciles para ejercer control sobre sus territorios, los líderes de las organizaciones locales deben recurrir a diversos medios a su alcance para garantizar la vida de sus comunidades y la vigencia de su proyecto político. La presencia de las instituciones del Estado se redujo ostensiblemente en Olaya Herrera y, con ello, disminuyeron las posibilidades de apoyo y fortalecimiento de sus acciones. Por tanto, en el área se ha generalizado un proceso de desterritorialización, según el cual sus pobladores no pueden transitar libremente debido a las prohibiciones de movilidad que imponen los actores armados, que se expresan en la restricción a la circulación por determinados lugares, y en las amenazas e intimidaciones impuestas a los pobladores ribereños, y a los dirigentes de los Consejos Comunitarios que han debido paralizar sus actividades (Oslender, 2004).

El Pacífico sur colombiano: un nuevo escenario para la expansión de cultivos de uso ilícito y para la guerra

24El litoral Pacífico de Nariño se ha convertido en una región estratégica dentro del mapa geopolítico de la guerra agenciada actualmente por distintos actores armados en Colombia, debido a su condición de zona fronteriza con el Ecuador, y porque cuenta con numerosas vías fluviales que permiten la salida al mar y con una geografía de extensas selvas y montañas a través de las cuales se logra comunicación con la bota caucana y el macizo colombiano, así como con el alto y bajo. El litoral Pacífico tiene comunicación con el interior del país a través de una importante vía nacional que une al puerto de Tumaco con Pasto y, desde allí, con el resto del país. Igualmente, Tumaco es un importante puerto marítimo desde donde se dinamiza buena parte del comercio de maderas y de productos marinos con destino al mercado nacional e internacional, y es el puerto que recibe el crudo procedente de Orito, Putumayo, a través del oleoducto trasandino.

25La agudización del conflicto armado en esta región del Pacífico sur colombiano está estrechamente relacionada con la creciente expansión de los cultivos de coca que actualmente se evidencia en las áreas boscosas y a lo largo de sus más importantes ríos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2001: 12), este hecho

puede ser interpretado como un efecto no deseado de las acciones antinarcóticos en la región del Putumayo. Se evidencia un posible efecto perverso de la concentración de acciones del Plan Colombia en el sur del país, el cual ha originado un crecimiento de cultivos ilícitos en el andén Pacífico que se expande en todo el occidente colombiano, como lo demuestra el incremento de las acciones del conflicto en los departamentos del Cauca y Nariño.

26Respecto al deterioro de la situación humanitaria de la región, el Informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes (2005) señala que éste se explica por la continua expansión de las redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares por el litoral Pacífico, que vienen provocando el traslado y resiembra de cultivo.

27Así, como ha señalado la Defensoría del Pueblo (2001: 5-12), las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos, además de constituirse en ejes centrales del conflicto armado, “son zonas expulsoras de población [...] donde es claro que lo que se disputa en estos territorios es la financiación del conflicto”. En 2001, los municipios costeros de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas contaban en sus áreas rurales con una extensión de 3493 ha. y constituían el más importante escenario de confrontación de las guerrillas de las Farc y de los grupos paramilitares en búsqueda de dominio territorial (Vargas Mesa, 2003: 129).

28En la jurisdicción del Municipio de Tumaco, el principal puerto del litoral Pacífico nariñense, en las áreas irrigadas por los ríos Chagüí, Rosario y Mexicano, se han establecido los lugares con mayor concentración de cultivos de coca y se intensificó la presencia de los actores armados, se recrudeció la guerra por el control territorial y se presentaron los casos más relevantes de desplazamiento forzado de las familias campesinas en el Pacífico sur colombiano, durante los últimos años. Conjuntamente con estos lugares, los corregimientos de La Guayacana, La Espriella y Llorente, localizados en los márgenes de la carretera que comunica Tumaco con Pasto, son, por su parte, lugares donde se establecieron las redes del comercio de dicho producto y las vías de circulación del mismo hacia el interior del país.

29Allí se evidencian, igualmente, los casos más notorios de violencia generados por causa del narcotráfico y por la presencia de los actores armados. Algunas víctimas caen por enfrentamientos causados a raíz de incumplimiento en los negocios realizados; otras porque, pretendiendo ganar mayor rentabilidad en el negocio, deciden vender la pasta base de coca a postores diferentes a quienes tienen el dominio del negocio; mientras que otras lo son a causa del trabajo político organizativo que realizaban en favor de la titulación colectiva de las tierras en aplicación de la Ley 70 de 1993. Respecto a estas últimas, el caso más aterrador fue el asesinato de la hermana Yolanda Cerón, religiosa dedicada al trabajo comunitario en apoyo al proceso organizativo de “comunidades negras” de Nariño, ocurrido el 19 de septiembre de 2001 en Tumaco.

30En Olaya Herrera el conflicto armado se agudizó desde finales de los años noventa debido a la importancia estratégica que adquirió para el establecimiento de nuevas áreas de cultivos ilícitos y para la acción de los grupos armados ilegales. Así, de forma intermitente y a través de incursiones violentas se hicieron presentes, en el casco urbano y en las zonas rurales, tanto guerrillas como grupos paramilitares, los cuales provocaron incendios en el comercio local, intimidación de la población, amenazas a líderes comunitarios y desplazamiento forzado de familias a causa de sus posibles nexos con uno u otro bando enemigo. En la medida en que pudieron establecerse en la localidad, mediante retenes localizados en sitios estratégicos de los ríos, impusieron medidas de control a la circulación de bienes y personas. Mediante su presencia y acción, los actores armados mantuvieron, desde el año 1999 hasta el 2002, el control de las principales vías fluviales de comunicación y garantizaron las transacciones realizadas alrededor de los cultivos ilícitos. No obstante, esto fue producto de la imposición de un régimen de intimidación y terror a la población civil que permanentemente fue objeto de amenazas, desplazamiento y muerte.

31Tanto en los municipios de la zona centro como en los de la zona norte de Nariño coincide la intensificación de la guerra entre los actores armados —guerrilla y paramilitares— con la expansión de los cultivos de coca. Asimismo, el inicio de la erradicación de los cultivos de coca mediante aspersión aérea con glifosato, en el año 2002, coincide con una nueva etapa de enfrentamientos de los grupos armados ilegales entre sí, y con el ejército nacional, cuyo propósito era lograr el control de esos territorios, principalmente en aquellas áreas donde estas actividades de erradicación aún no se habían iniciado.

32En medio de esas circunstancias, se presentaron numerosos casos de desplazamiento forzado de grupos familiares afrocolombianos que fueron obligados a salir de sus lugares de residencia en áreas ribereñas hacia los cascos urbanos o ciudades como Tumaco, Pasto, Cali y Buenaventura. Así, el Municipio de Tumaco que contaba con una población total de 115 674 habitantes, registró un número de 369 personas desplazadas en 2004; Olaya Herrera, que contaba con una población total de 21 465 habitantes, registró un número de 521 personas; y El Charco, que para el año 1993 contaba con una población de 15 806 habitantes, registró un número de 1917 personas desplazadas. Barbacoas, que contaba con una población de 27012 habitantes, tenía el mayor número de personas desplazadas (1 502). El principal centro receptor de población desplazada por la violencia en el litoral Pacífico de Nariño es Tumaco, donde, según datos de la Red de Solidaridad Social, en 2004 llegaron 5 256 personas en condición de desplazados por la violencia, mientras que en 1999, fueron solamente 47 personas. En el año 2004, mientras que para la Pastoral Social, había más de 1 800 familias en condición de desplazamiento forzado en Tumaco, la Red de Solidaridad Social señala que son 1 200 (Red de Solidaridad Social, 2004; Defensoría del Pueblo, 2001, 2004).

33Aunque el desplazamiento forzado en el Pacífico sur colombiano tiene características tanto “de corta como de larga duración” se debe entender sólo como “un aspecto del fenómeno complejo que es la experiencia de las geografías del terror para la población afectada”; pues las incursiones constantes de los actores armados ilegales en la región han generado un sentimiento de inseguridad total entre los pobladores dejando huellas “en los imaginarios de los pobladores locales y en las geografías imaginadas que se hacen del entorno en que viven y se mueven cada día” (Oslender, 2004).

34Como uno de los efectos más graves del conflicto armado en el proceso organizativo de ‘comunidades negras’, tenemos el hecho evidente de que la mayor parte de los líderes del Palenque de Nariño, la organización étnicoterritorial que lideró el llamado Proceso de Comunidades Negras en el Pacífico de Nariño, constituido desde las etapas previas a la promulgación de la Constitución Política de 1991 y a la expedición de la Ley 70 de 1993, se halla en situación de desplazamiento forzado en Bogotá. Los líderes, quizás los más representativos del Palenque de Nariño, están en situación de desplazamiento, forzados por las frecuentes amenazas de muerte, que de distintas maneras hicieron circular los actores armados ilegales en la región y en la localidad. Efectivamente fueron objeto de las amenazas de diversos actores armados que veían en la titulación colectiva de las tierras un obstáculo a la expansión de cultivos de uso ilícito como la coca, pero también de uso lícito como la palma africana o la camaronicultura industrial.

35Pese a los propósitos de la política de seguridad democrática puesta en marcha por el gobierno de Alvaro Uribe desde 2002 y pese al incremento de la presencia militar en la región del Pacífico sur, los casos de violencia no cesan. Lo que se constata durante el primer semestre de 2005 es que “en buena parte del territorio del litoral Pacífico están ocurriendo los hechos que marcan el escalamiento de la guerra interna y [...] la expansión de la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado de más de 32 373 personas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, en un promedio de 359 personas cada día”, con lo cual esta política está convirtiendo los territorios del Pacífico en plataformas donde “la organización social y los procesos participativos se ven amenazados por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno” (Codhes, 2005: 4).

Así es cómo en los tres primeros meses del año 2005, “el desplazamiento forzado afectó duramente a comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas [...] Esto ocurrió en zonas en las que se focaliza la política de seguridad democrática, en las zonas de mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas, en las zonas de frontera y en regiones con amplio control paramilitar. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto que siguió al fin del repliegue militar de la guerrilla, a ataques indiscriminados de la guerrilla contra población civil y sus bienes protegidos, al incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, a arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Pública, a las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito y, en algunas zonas específicas, al surgimiento y consolidación de poderes locales en manos de mafias del narcotráfico (Codhes, 2005: 2).

La expansión de cultivos de uso ilícito, los actores armados, el proceso organizativo y las tierras colectivas de comunidades negras de Olaya Herrera, Nariño

Procesos identitarios y movilidades múltiples

36En esa extensa geografía del litoral Pacífico de Nariño, irrigada por numerosas vías fluviales y cubierta de selvas densas, se interrelacionan los fenómenos asociados con la expansión de los cultivos de coca y con la presencia de actores armados ilegales. Así, el territorio de los municipios de Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payán, está irrigado por los ríos Patía y Telembívías fluviales que permiten la comunicación con los municipios de Olaya Herrera, El Charco e lncuandé, en el norte del litoral, a través de los ríos Satinga y Sanquianga. Tiempo atrás, esas condiciones permitieron el tránsito de mercancías y personas, de la misma manera que hoy permiten la circulación del alcaloide, de los ejércitos y de las armas que incentivan la guerra en la región Pacífica.

37La prioridad que el gobierno nacional le dio a los procesos de erradicación de cultivos ilícitos a través de fumigaciones aéreas en el Departamento del Putumayo, desde comienzos del año 2000, propició una creciente movilidad de pobladores de ese Departamento hacia el litoral Pacífico. Este proceso de movilidad podría explicarse en virtud de la ejecución de esa política gubernamental y, también, por la incursión de capitalistas interesados en expandir los cultivos ilícitos de nuevas áreas en el Pacífico nariñense. Así, los procesos de fumigación aérea ocasionaron la expulsión de jornaleros y colonos del Putumayo, mientras que la apertura de nuevas áreas de establecimiento y expansión de los cultivos ilícitos los atrae en función de las posibilidades de empleo e ingresos económicos. Se posibilita así la movilidad poblacional de residentes anteriores de un área de selva amazónica, hacia otra de selva pluvial tropical del Pacífico colombiano, proceso que transcurre en medio de evidentes tensiones, debido principalmente a que las áreas a las que generalmente acceden y ocupan los colonos procedentes del Putumayo son aquellas que están en proceso de titulación o que ya han sido tituladas a favor de comunidades negras. Los colonos procedentes del Departamento del Putumayo iniciaron su establecimiento en la zona de la carretera que comunica Pasto con Tumaco, en áreas selváticas pertenecientes a corregimientos de este último municipio, como Llorente, La Guayacana, La Espriella, principalmente, aunque han incursionado también en otros lugares del litoral.

38En municipios del norte del litoral nariñense como Olaya Herrera, si bien a comienzos del año 2002 no era evidente la presencia mayoritaria de colonos del Putumayo para la expansión de cultivos ilícitos, era el lugar de establecimiento preferente por las personas procedentes del interior del país que arribaron para incursionar en esos cultivos. Igualmente, en el período correspondiente a los años 2002-2004 se manifestaron con agudeza los más disímiles efectos del auge de ese negocio, así como de las incursiones violentas de los actores armados ilegales en la localidad, fenómenos que ocurrieron de manera casi simultánea. En ese período los actores armados ilegales se hicieron presentes y mantuvieron el control de los ríos Satinga y Sanquianga y de su casco urbano, propiciaron la expansión de los cultivos de uso ilícito y generaron una dinámica económica caracterizada por el consumo suntuario y una alta circulación de dinero. Ese período estuvo caracterizado por el hecho de que la región se mantuvo fuera del control y de la presencia del ejército nacional. Los ejércitos irregulares, la guerrilla y los paramilitares dominaron la región y las actividades de sus habitantes en diferentes momentos y circunstancias.

39Aunque el casco urbano de Olaya Herrera es el eje de las actividades económicas municipales y de buena parte de la zona norte del litoral Pacífico de Nariño desde épocas anteriores, con la expansión de los cultivos de coca y la circulación de grandes cantidades de dinero, se incrementó el número de negocios existentes. El casco urbano de Olaya Herrera, en los años 2002-2004, estaba atiborrado de negocios de diversa índole y su actividad dinamizaba la economía regional, el empleo de sus habitantes y propiciaba infinidad de transacciones con dinero en efectivo. Por eso el casco urbano no contaba con espacios disponibles para el establecimiento de más lugares de comercio. A partir de enero de 2005, en cambio, la dinámica económica de la región decayó radicalmente. Aunque exista en Olaya Herrera un comercio importante para el norte del litoral y que se mantengan algunos de los negocios de compraventa de insumos agrícolas, herramientas, alimentos, ropa, combustible, los restaurantes, lugares de hospedaje y de diversión, bares y discotecas, en su mayoría vieron decaer sus ganancias y/o fueron clausurados.

40Entre 1999 y 2003, en momentos de auge y de plena expansión de los cultivos de uso ilícito, las grandes cantidades de dinero que pusieron en circulación los agentes del narcotráfico en el área urbana de Olaya Herrera, atrajeron a los habitantes de diferentes lugares del Pacífico nariñense y de otras regiones del interior del país, que arribaron a esta parte del pacífico con el propósito de trabajar como jornaleros o raspachines (raspadores de hoja de coca) en los cultivos que los requerían o para establecer todo tipo de negocios en la localidad. De la misma manera, en este contexto, buena parte de los habitantes nativos de las áreas rurales decidieron establecer cultivos dentro de sus propiedades con el propósito de lograr beneficios económicos, lo cual, en algunos casos les permitió adquirir motores para sus embarcaciones, comprar o construir nuevas viviendas en la localidad, en Tumaco o en Cali, principalmente. Las personas que, por medio de los cultivos ilícitos, consiguen beneficios económicos considerables, generalmente salen de Olaya Herrera y se establecen en Cali, aunque mantienen sus bienes en la localidad.

41Sin embargo, la movilidad poblacional se generalizó en aquellas regiones donde se incrementó la persecución militar y las fumigaciones aéreas, como ocurrió con habitantes de áreas irrigadas por el río Patía que se establecieron en Olaya Herrera y en Tumaco. El casco urbano de Bocas de Satinga, por ejemplo, durante los últimos años se ha reconfigurado dependiendo o no del control estatal logrado con la presencia de las fuerzas militares y policiacas sobre los cultivos ilícitos. Cuando esta presencia se debilitó o no existió, se incrementaron los grupos de inmigrantes blancos procedentes de Buenaventura, Cali o del Putumayo, que se involucraron, bien en negocios ilícitos o en negocios lícitos. Así, los cultivos ilícitos incentivaron la presencia de grupos armados ilegales y generaron, con ello, un ambiente de incertidumbre, inseguridad, tensión y expectativas de enriquecimiento fácil. Por su parte, los negocios lícitos que se establecieron y proliferaron en esa localidad, incentivaron las transacciones económicas y los consumos suntuarios, pero crearon unas condiciones sociales cada vez más vulnerables y dependientes de los dictados de los dueños del dinero.

42Desde comienzos del año 2004, con el fin de retomar el control de la región y en aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez, la infantería de marina, cuya base central se encuentra en el puerto de Tumaco, estableció un centro de operaciones en la cabecera municipal de Olaya Herrera. Igualmente, la policía nacional volvió a ocupar su cuartel en el centro urbano del municipio, en medio de diferentes locales de comercio. Con ello, los patrullajes de la infantería de marina a lo largo de los ríos se intensificaron, el propósito consistía en volver a controlar el tránsito de embarcaciones y personas que viajaban por el río Patía hacia Olaya Herrera, y desde esta localidad hacia Buenaventura. Las fuerzas militares y de policía volvieron entonces a retomar el control de áreas y lugares que eran del dominio de actores armados ilegales, guerrillas y paramilitares, quienes periódicamente mantuvieron el control de la región. Dichas áreas y lugares se configuraron en el pasado reciente y se mantienen como geografías del miedo que se grabaron en la memoria de los habitantes como espacios marcados por las circunstancias de la guerra; se mantienen vivos en la memoria de la gente y están ocasionando cambios radicales en el “sentido de lugar” de los habitantes del Pacífico, esto es, en las percepciones individuales y colectivas en los sentimientos asociados con un lugar, y con las características de diálogo en la relación entre ser humano y lugar, como ha señalado Oslender (2004).

43De la misma manera y en coincidencia con lo anterior, desde finales del 2003 se intensificaron las operaciones de fumigación aérea en la zona irrigada por los ríos Patía y Telembí, en la parte norte del litoral Pacífico de Nariño, aquellas se extendieron paulatinamente hacia el río Sanquianga. Así mismo, se hicieron frecuentes las operaciones militares de persecución contra los grandes inversionistas del negocio ilícito quienes, se dice, pertenecían al cartel de Cali. Con ello, comenzó el declive de las actividades asociadas con los cultivos ilícitos, así como de las dinámicas económicas que propiciaron en la región, lo cual se manifiesta en el estancamiento económico de Olaya Herrera.

Despojos y pérdidas

44Los inversionistas foráneos utilizan la mano de obra de los habitantes locales sólo en las etapas iniciales de establecimiento de los cultivos ilícitos, para el acondicionamiento de los terrenos donde se sembraran las matas de coca. Una vez establecidos los cultivos, emplean la mano de obra nativa sólo ocasionalmente en actividades de limpieza y cuidado de los cultivos, y en la “raspa” de la hoja. Terminadas estas labores, realizan el procesamiento de la hoja y su transformación en pasta base con personas foráneas.

45Los foráneos interesados en el establecimiento de los cultivos de coca requieren contar con áreas para la siembra, las cuales, generalmente, son de propiedad privada de los habitantes locales, y otras, más recientemente, forman parte de los títulos colectivos que obtuvieron los habitantes locales en el año 2000. La adquisición de esas tierras por parte de los foráneos se ha realizado a través de mecanismos encubiertos de despojo. Así, principalmente en áreas ribereñas del Sanquianga, los foráneos logran el endeudamiento de los habitantes locales que ceden sus tierras por una suma de dinero determinada, parte de la cual se entrega en el momento de iniciar el acondicionamiento de los terrenos para el establecimiento de los cultivos y otra se pacta para ser entregada en la medida en que se vaya logrando la producción y la venta del producto. El capitalista foráneo coloca el dinero y los insumos para el establecimiento inicial de los cultivos, pero esta inversión se incrementa paulatinamente para cada una de las etapas del proceso, mientras que los dineros obtenidos como resultado de las primeras cosechas sólo permiten recuperar lo invertido. El capitalista realiza otros adelantos de dinero al propietario de la tierra que paulatinamente cubren la suma pactada inicialmente y la superan, con lo cual, al cabo de unos meses éste pierde la propiedad y el control sobre las tierras. De dueño de las tierras ha pasado a ser deudor del inversionista foráneo.

46En otros casos, los habitantes locales venden parte de las tierras de su propiedad a capitalistas foráneos interesados en el establecimiento de cultivos de coca. Son extensiones de monte “bravo” en las cuales deben internarse los foráneos para trabajar en la preparación y acondicionamiento. Los nativos continuarán trabajando las extensiones no enajenadas en sus actividades habituales, aunque, ocasionalmente, venderán su mano de obra en las labores iniciales de “desmonte” y limpieza de los terrenos vendidos.

47De la misma manera, aunque con características y efectos diferentes, en algunas áreas de la cabecera del río Sanquianga, principalmente, se presenta otra modalidad de despojo. Ésta consiste en el establecimiento de cultivos de coca en áreas que forman parte del título colectivo otorgado por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, ahora denominado Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, a las comunidades negras asentadas en este territorio, con lo cual se vulnera de manera flagrante el derecho de las “comunidades negras” de Olaya Herrera al manejo autónomo de sus tierras colectivas consideradas legalmente como inalienables, imprescriptibles y inembargables. En este caso, los narcotraficantes, con el apoyo de grupos armados y con el empleo de mano de obra foránea, se adentran en el monte e inician el establecimiento de los cultivos. Hacia finales del 2002, era frecuente observar el tránsito de embarcaciones que transportaban provisiones y personas hacia las cabeceras con ese propósito. Este fenómeno caracterizado como desterritorialización hace referencia a la “imposibilidad de ejercer territorialidad” (Oslender, 2004: 43) debido a la presencia y amenazas de actores armados que acompañan la incursión de personas interesadas en el establecimiento de cultivos de uso ilícito.

48Pese a que los representantes legales e integrantes de las juntas de los Consejos Comunitarios han realizado un intenso trabajo en las diferentes veredas ribereñas para hacer conocer la Ley 70 de 1993 y generar compromiso con la defensa de las tierras tituladas, la incursión de los actores armados se impone a través de la intimidación. Las actividades cotidianas de los habitantes locales, por ejemplo, deben realizarse en el contexto del miedo impuesto por aquellos, quienes a través de sus frecuentes incursiones en los últimos años, impidieron la libre movilización de las personas, provocaron la muerte de otras tantas en diferentes lugares de la localidad y de los ríos, intimidaron a la población a través de ejecuciones por diferentes causas, o prohibieron la reunión de las organizaciones locales y/o de sus comunidades.

¿Es posible resistir?

49Una de las estrategias empleadas por las organizaciones comunitarias locales frente a la incursión violenta en sus tierras colectivas y a las intimidaciones impuestas por los narcotraficantes y diversos actores armados consiste en lo siguiente: los representantes legales y líderes de los Consejos Comunitarios tuvieron que entrar en una fase de “invisibilización estratégica”. No mantienen una intensa dinámica político-organizativa ni realizan acciones reivindicativas con la fuerza con que lo hicieron antes. Sus líderes no figuran en luchas reivindicativas ante el Estado, ni realizan reuniones de las organizaciones con la regularidad con que las hacían anteriormente, pues debieron replegarse estratégicamente a sus veredas para dedicarse al cuidado de sus fincas o al trabajo en diferentes oficios.

50No obstante, de manera individual, visitan el casco urbano y realizan diferentes gestiones, al tiempo que buscan opciones de diálogo con instancias oficiales con el propósito de iniciar o afianzar iniciativas productivas que permitan avanzar hacia el manejo autónomo de los territorios de comunidades negras. Piensan y dialogan acerca de los problemas sociales más acuciantes de sus comunidades en medio de ocasionales encuentros con amigos y paisanos en el “pueblo”, al tiempo que buscan apoyo gubernamental para proyectos adelantados en algunas veredas. No exhiben explícitamente el discurso de la defensa étnica y territorial, ni convocan a reuniones y asambleas de amplia participación, más bien proponen acciones que los acerquen a los pobladores locales gestionando soluciones a problemas como el aseo urbano, la limpieza de caños, o el rescate de efemérides como el día de la afrocolombianidad, en consenso y con apoyo de las autoridades locales. Proponen un plan de fortalecimiento organizativo más centrado en acciones educativas y de socialización de los beneficios de la Ley 70, que en la confrontación con actores locales y regionales opuestos a sus propósitos: “la idea es conseguir aliados y no contradictores”, dicen.

51Por otra parte, en el marco de esa estrategia, no se han vuelto a realizar reuniones de trabajo comunitario dentro de las veredas, pero algunos de sus líderes y habitantes aprovechan sus esporádicos viajes al casco urbano para mantener comunicación con los líderes de los Consejos y para intercambiar inquietudes. No han logrado impedir totalmente el ingreso de personas foráneas interesadas en establecer cultivos ilícitos en las tierras de propiedad familiar y/o comunitaria, pero intentan posicionar entre los habitantes veredales un discurso de defensa de sus derechos de propiedad, acudiendo a argumentos como la defensa de la tradición familiar, la herencia o las concepciones acerca de los espacios de uso del territorio en que habitan, para oponerse a los foráneos en sus intenciones de apropiarse de tierras que consideran baldías.

52Los representantes legales y líderes de los Consejos Comunitarios, así como su instancia de coordinación, Asocoetnar, debieron disminuir su accionar político-organizativo en la región, pero continuaron, en silencio y con pausa, trabajando de diversas maneras en el interés estratégico de defender su territorio. Sólo ocasionalmente los representantes legales y las Juntas de los Consejos Comunitarios de los ríos Satinga y Sanquianga se reúnen para trabajar algunos aspectos relacionados con la gestión de proyectos para las localidades ribereñas. Cuentan con escasos recursos económicos para apoyar la labor de sus dirigentes. Sin embargo, con el afán de realizar una defensa activa de sus tierras y su territorio, los más destacados líderes trabajan en el restablecimiento de las relaciones con autoridades locales, regionales y nacionales. Con el gobierno local, proponen soluciones inmediatas a los problemas específicos que viven los habitantes de dicho municipio (energía, acueducto, alcantarillado, aseo, entre otros aspectos). Con el gobierno departamental buscan la inclusión en programas de seguridad alimentaria y apoyo a proyectos productivos. Con el gobierno nacional plantean acordar el desarrollo de alternativas productivas a los cultivos de uso ilícito, la presencia de programas sociales de atención a la niñez, la juventud, y a los ancianos, así como fomentar la seguridad y el libre tránsito por las vías fluviales para los pobladores locales. Con ello, dicen, puede afianzarse la capacidad organizativa de éstos para la movilización política alrededor de los derechos que les reconoció la Ley 70 de 1993. Es con el apoyo de un Estado comprometido con la garantía de sus derechos cómo se podrá avanzar en la materialización de ese marco legal, concluyen.

Una reflexión final

53Según el informe de la Defensoría del Pueblo (2004-2005), pese a que por causa de las acciones violentas registradas en la localidad los pobladores habían tenido que abandonar en varias ocasiones el casco urbano, en septiembre de 2002, los habitantes de El Charco, un municipio localizado al norte del litoral Pacífico nariñense, expulsaron a un grupo de paramilitares que venía sembrando el terror en la región, en rechazo a la orden que había dictado este grupo para asesinar a un joven de la localidad. Hechos como éste indican que las ‘comunidades negras’ del Pacífico de Nariño han resistido de diversas maneras el embate de la violencia agenciada por diversos actores armados. En este caso, manifestaron su inconformidad de manera explícita y lograron la protección de la vida de una persona; en otros casos, de manera velada han tenido que resistir para garantizar la integridad de sus familias.

54A causa de la expansión de los cultivos de uso ilícito y de la presencia de actores armados ilegales, se presentan muchos casos graves de violación a los derechos humanos en diferentes localidades que han provocado el desplazamiento y la muerte de muchos habitantes, pero también se registra el hecho de que, en muchos casos, los desplazamientos son temporales y se hacen hacia localidades intermedias del litoral, para al cabo de un tiempo retornar por sus propios medios y rehacer sus vidas. En Olaya Herrera, los silencios de la gente, de los líderes y representantes legales de los Consejos Comunitarios hablan claramente de la situación vivida en épocas recientes. Con todo y a pesar de que la violencia los ha afectado, resisten de muchas formas. Sin recursos y sin apoyos institucionales, el proceso organizativo en estas localidades ribereñas se mantiene con una actividad mínima pero estratégicamente activa, “porque estamos decididos a defender nuestro territorio”, dicen.

55Con el propósito de ahondar en el conocimiento de lo que está ocurriendo con el manejo de las tierras colectivas tituladas a favor de las “comunidades negras” de los ríos Satinga y Sanquianga, es preciso ahondar en factores de corta, mediana y larga duración. En ese análisis, las reflexiones de los líderes del proceso organizativo y sus propuestas serán esclarecedores de una situación que aquí apenas se vislumbra en sus explicaciones. Por otra parte, en las condiciones actuales, con líderes locales en situación de emplazamiento forzado y con dificultades para realizar acciones abiertas de reivindicación de sus derechos, obligados a mantener un inmovilismo casi total, desplazados hacia las grandes ciudades, se plantean nuevos desafíos al proceso organizativo de comunidades negras con el propósito de consolidarse a nivel local, regional y nacional, rescatando la iniciativa y la capacidad de convocatoria en torno a estas nuevas situaciones y necesidades.

56La reivindicación de los derechos de las comunidades negras del Pacífico ya no sólo se plantea alrededor de la titulación colectiva o del reconocimiento de su identidad como afrodescendientes, sino en relación con el respeto a sus proyectos de vida, la defensa de los derechos humanos, el derecho a vivir en paz y el derecho a construir su propio desarrollo. El análisis del contexto de guerra y de los efectos causados en las organizaciones étnico territoriales, locales y regionales de Olaya Herrera es importante para visualizar sus perspectivas, y para aproximarse a las opciones que el movimiento político organizativo fundado en la reivindicación de derechos étnicos propone a las comunidades en el momento actual, al tiempo que recupera su cohesión y su fuerza política. Pese a que en las presentes circunstancias esto se hace muy complejo, ello obliga a que sus líderes y comunidades de base pongan en acción mecanismos que permitan la defensa de lo que se había logrado construir, reconstruyendo las bases sobre las cuales se consolidó el movimiento.

57De la misma manera, en la medida en que la titulación de las tierras colectivas, conjuntamente con el reconocimiento de la identidad, han constituido el eje del accionar político de las organizaciones de comunidades negras del Pacífico, era importante conocer la manera en que asumían ese proceso los diferentes actores sociales locales, comunidades de base, instituciones gubernamentales y empresarios privados, para esclarecer tensiones y evidenciar posicionamientos y formas de asumirlas relaciones entre los mismos con respecto a los asuntos vitales, como el acceso y uso de los recursos y la titularidad de las tierras. Por otra parte, a través del registro de hechos relacionados con la actuación y la injerencia de los grupos armados ilegales en la generalización de la guerra, pudimos constatar cómo, para ellos, sus habitantes, negros, indígenas, mestizos o blancos, sólo forman parte del registro que hacen de las personas que deberán tomar partido dentro de las nuevas geografías del horror. La guerra que se adelanta en el Pacífico sur es una clara evidencia del accionar dominante de actores interesados en el dominio territorial y en la negación de las posibilidades de un futuro con autonomía para sus habitantes.

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Notes

1 En Colombia, el municipio es una de las principales unidades político administrativas de la nación.] unto con otras, integra los departamentos, y éstos al país. Un municipio está delimitado geográfica y espacialmente, y dentro de él su alcalde administra el territorio y ejerce las funciones del gobierno local.

2 Mediante la Ley 2 de 1959 el Gobierno creó siete grandes Reservas Forestales, entre las cuales se cuenta la Reserva de la Costa Pacífica.

3 Proyectos como Guandal Fases I-II, Naidí, Indicadores, Manglares de Colombia, por ejemplo en los años 1995-2002.

4 Los Consejos Comunitarios son una de las formas organizativas establecidas en la Ley 70 de 1993 para la organización y representación de las comunidades negras, y, constituyen una persona jurídica que ejercela máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de Comunidades Negras.

5 Resolución núm. 03292 del 18 de diciembre de 2000 (Satinga) y Resolución núm. 02773 del 21 de noviembre de 2000 (Sanquianga), las cuales especifican que se titulan en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” los terrenos baldíos ocupados por las comunidades ribereñas.

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Légende Figura 7. El Litoral Pacífico, Colombia.
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Légende Figura 8. El litoral del departamento de Nariño, Colombia.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/20508/img-2.jpg
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Auteur

Maestro en antropología por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente-investigador en la Universidad Pedagógica Nacional. Sus áreas de interés son grupos étnicos, identidades, etnicidad, movimientos sociales, afrocolombianos, litoral Pacífico colombiano. Su última publicación es “Identidades, Modernidad y Escuela”, en Memorias de Seminario Nacional realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, 2006, Bogotá. hernandobravo@hotmail.com

© IRD Éditions, 2007

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