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Los retos de la diferencia

 | 
Odile Hoffmann
, 
María Teresa Rodríguez

Segunda parte. Movilidades impuestas, identidades relegadas

La lucha de los indígenas paeces por el reconocimiento de su autoridad y de su territorio frente a las organizaciones armadas de izquierda

Natalia Suárez

Texte intégral

Introducción

1En algunos resguardos indígenas de El Caudal se encuentran implantados, desde hace más de cuatro décadas, grupos armados de izquierda. Esta presencia ha generado, a lo largo del tiempo, la superposición entre las autoridades indígenas y las autoridades armadas. Este capítulo describe el trabajo de resistencia desarrollado por los indígenas paeces con el propósito de hacer reconocer su autoridad sobre su territorio frente a la guerrilla.

2Por razones geográficas, históricas y sociales el Cauca, departamento donde se encuentran localizados los Resguardos indígenas paeces, ha sido uno de los territorios con mayor presencia de protagonistas armados de extrema izquierda en el país al punto que casi todas las organizaciones alzadas en armas que han operado en Colombia han tratado de arraigarse en este escenario (Peñaranda, 2004). Algunas de estas organizaciones se encuentran implantadas, desde hace más de treinta años, en territorios que se caracterizan por una serie de luchas históricas organizadas por los indígenas con el propósito de obtener el reconocimiento de su derecho a la autonomía y a la propiedad de la tierra.

3La presencia a lo largo de varias décadas de estos grupos armados ha terminado por generar relaciones conflictivas entre la guerrilla y las autoridades indígenas principalmente en lo que se refiere al manejo del orden público y la justicia. Esto dará nacimiento a un cuestionamiento recíproco a propósito de la legitimidad del accionar de las autoridades implicadas en este juego de poder, cuestionamiento estrechamente relacionado a la percepción que cada una de las partes tiene de las acciones del otro (Riches, 1986).

  • 1 El nombre del resguardo ha sido objeto de modificación con el propósito de preservar el anonimato (...)

4El Caudal1 constituye un ejemplo interesante de este fenómeno. En este resguardo, la población páez consiguió afirmar su autoridad y su propiedad sobre la tierra, a partir de un proceso lento, complejo y sangriento, que se organiza, principalmente, alrededor de la recuperación de aquellas parcelas en manos de una población no indígena (Findji y Rojas, 1985). Después de casi un siglo de lucha, estas comunidades obtienen que sus territorios sean reconocidos por la Constitución como Resguardos indígenas bajo la jurisdicción y la autoridad de representantes autóctonos (Sánchez Botero, 2003). Si bien, el reconocimiento constitucional de los derechos de las minorías étnicas representa para estas comunidades un avance en su búsqueda de mayor autonomía política y jurídica frente al Estado, en la realidad, estos derechos encuentran obstáculos en el momento en que se trata de hacerlos valer frente a los protagonistas armados implantados en dichos territorios. La delicada situación de orden público que caracteriza estos resguardos no favorece esta tarea. El escalamiento del conflicto armado así como las manifestaciones de violencia que se han venido presentando en los últimos diez años, han golpeado con fuerza a la población indígena, así como a las autoridades tradicionales y locales. Este fenómeno ha llevado a que los indígenas adopten una posición de resistencia pacífica frente a la guerrilla a través de un trabajo hecho de ajustes y compromisos en búsqueda de la afirmación de la autoridad páez.

5Si bien este fenómeno es una realidad bien conocida, su análisis pone sobre la mesa un problema de orden moral y ético. Por un lado, la cuestión que se plantea es saber si es posible realizar un análisis en torno a estas poblaciones que viven en situaciones extremas, cuando muchos no ven en éstas más que una disolución de la identidad y por lo tanto de toda consistencia social. En otras palabras, la cuestión es saber si estas realidades pueden ser consideradas como una realidad social (Pollak, 1990). El desafío parece estar, precisamente, en mostrar esta situación extrema de vida como una experiencia social, y es justamente por el hecho de ser extrema, que ésta constituye un objeto sociológico de primera importancia. En efecto, toda situación extrema nos revela los constituyentes y las condiciones de la experiencia “normal” que el carácter familiar tiende a ocultar al análisis (Garfinkel, 1967). Así pues, el carácter excepcional de la experiencia de vida de las poblaciones indígenas bajo el control de los actores armados hace que ésta pueda ser considerada como una problemática de estudio. Ahora bien, esto significa hacerla visible y por lo tanto analizable (Pollak, 1990:11). Esta postura científica supone una puesta a distancia, necesaria al trabajo objetivo. Se trata de determinar y de reconstruir las reglas, normas, conflictos, intereses que se despliegan en este espacio social. Esta postura epistemológica libera poco a poco al objeto de estudio de la carga del tabú moral y permite al investigador dirigir su mirada a ese mundo social que él ha consumido como objeto de estudio.

6Esta puesta a distancia no significa, sin embargo, tratar al “otro” como un simple “objeto” de análisis. Al contrario, la situación extrema en la que viven estas poblaciones nos obliga a aproximarnos, lo más cerca posible, al punto de vista de los actores locales, de tal modo que el otro se convierta en un “sujeto” de la investigación (Pouligny, 2001). Este ejercicio metodológico presupone un esfuerzo real para pensar al otro como capaz de ser otra cosa más que una víctima, es decir una persona capaz de afirmarse, al menos parcialmente, como un actor auténtico, de repensar su situación y de expresarse. Se trata entonces de tomar en serio la forma en que las personas y los grupos concernidos entienden su situación y la explican subjetiva y empíricamente (Boltanski, 1990 y Latour, 2001). El carácter ampliamente subjetivo de esta postura metodológica impide, sin embargo, que estos análisis puedan considerarse como estudios que describen “objetivamente” la realidad. Plenamente consciente de su carácter altamente subjetivo, el investigador debe asumir su responsabilidad ética frente a las personas a quienes dirige su discurso, en cuanto a las consecuencias directas e indirectas que su investigación podría tener para aquellos que él ha interrogado, así como realizar una reflexión sobre las consecuencias políticas (policy implications) de su trabajo (Pouligny, 2001).

7Este artículo, que es el resultado de un trabajo de observación participante en la comunidad indígena páez del Caudal en el año 2005, reconstruye la labor realizada por las autoridades indígenas para resolver los conflictos de legitimidad inherentes a la aplicación de dos autoridades distintas sobre un mismo territorio. Inicialmente, se describirá la forma en que los indígenas y las organizaciones armadas construyen territorialidades a partir de la definición y delimitación del territorio que cada cual ocupa. En segundo lugar, se describirá la manera en que estas territorialidades generan una superposición de autoridades que se manifiesta principalmente en el ejercicio de la justicia al interior del resguardo. En tercer lugar, se describirán las estrategias políticas y jurídicas desarrolladas por la autoridad indígena con el fin de frenar, por un lado, el recurso de la población a la justicia revolucionaria y, por el otro, contrarrestar la autoridad de la guerrilla. En cuarto lugar, se analizará el trabajo de resistencia civil que las autoridades indígenas conducen frente a la imposibilidad de desalojar al protagonista armado del resguardo. Se concluye observando la adopción de una postura pacífica que permite a ambas autoridades, indígena y guerrillera, convivir en un mismo espacio.

La superposición de territorios

8Si bien son numerosos los estudios que tratan de la problemática del conflicto armado colombiano, podemos observar, sin embargo, cómo en éstos se da muy poco espacio al análisis de las formas de convivencia que organizan, en un mismo espacio territorial, los protagonistas armados y los civiles. Esto parece estar relacionado con una postura teórica que reduce el estudio del conflicto a un simple esquema de tipo causal. En estos enfoques teóricos, los factores políticos, económicos y sociales son identificados como la causa principal al origen de la aparición de los grupos al margen de la ley, de lo que se deduce que toda la problemática generada por la guerra puede explicarse a partir de éstos. Sin embargo, estos análisis no toman en cuenta el hecho de que la situación que se crea bajo la guerra introduce en el contexto nacional elementos absolutamente inéditos cuyas consecuencias son imprevisibles. Como bien lo han demostrado los estudios de F. Furet sobre la Revolución francesa, el hecho de que detrás de cada evento histórico se puedan identificar las causas que lo originan, no debe suponer que a partir de éstas se pueda explicar un fenómeno en su totalidad, ya que éste es ampliamente independiente de la situación que lo antecede y desarrolla por sí solo su propia dinámica (Furet, 1978: 44). Así pues, contrariamente a lo que buscan demostrar aquellos análisis que se focalizan en las causas que están al origen del conflicto armado en Colombia, podemos observar cómo los actores sociales implicados en la guerra terminan por transformar, a través de sus acciones, la situación que originó la toma de las armas, instituyendo por ende una nueva dinámica política y social.

9Este fenómeno puede observarse a partir del análisis de la manera en que se configuran nuevos espacios territoriales y de poder en algunas zonas habitadas por poblaciones indígenas y que se encuentran, aún hoy, bajo la presencia histórica de protagonistas armados de izquierda. Si entendemos el territorio como una porción del espacio en el cual un grupo de individuos construye una organización espacial para confortar su poder y agrandarlo (Sack, 1986: 19), el territorio se presenta como una producción a partir del espacio que pone en juego relaciones de poder (Raffestin, 1980: 130). Fistos territorios necesitan un esfuerzo constante, tanto para su establecimiento como para su mantenimiento. Desde este punto de vista, la territorialización puede ser definida como un medio a través del cual los individuos o los grupos construyen y mantienen organizaciones espaciales (Sack, 1986: 216). Ésta procede de estrategias que definen su nivel y su función, en relación con formas de organización social específicas, pero también en relación con otras formas de acción a las cuales ésta se encuentra casi siempre asociada para asegurar sus objetivos y alcanzar sus fines (Sack, 1986: 20). Por lo tanto las territorialidades se manifiestan en la organización del espacio en esferas de influencia o en territorios claramente delimitados, los cuales toman caracteres distintivos y pueden ser considerados al menos parcialmente como exclusivos por los ocupantes o aquellos que lo definen.

10En el resguardo indígena de El Caudal se establecieron, a partir de la década de 1960, primero la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y sucesivamente, otras organizaciones de izquierda. La presencia continua por más de cuatro décadas de estas organizaciones se manifiesta en la definición y delimitación de territorios considerados como propios por estas organizaciones. Sin embargo, estas territorialidades armadas se construyen en superposición con la concepción territorial que, a lo largo de más de un siglo, han elaborado los indígenas páez que habitan en dichos territorios. Desde el punto de vista jurídico-político, el territorio páez se encuentra dividido en Resguardos, espacios definidos según las normas nacionales y bajo la autoridad del Cabildo, la institución política. Al interior de cada resguardo se encuentran las localidades o veredas (ver anexo). Se trata de las divisiones más pequeñas del territorio. Un resguardo puede estar compuesto por una o varias veredas. La mayoría de estas veredas se definen a partir de una escuela y un conjunto de casas. Al interior de cada vereda, se encuentran territorios más pequeños y al interior de éstos las tierras de cada miembro del resguardo. Si bien esta división político-jurídica del territorio tiene su pertinencia en el ámbito nacional, para los paeces no se toma en cuenta cuando se trata de definir el territorio que les pertenece. Según el punto de vista páez, su territorio localizado en las vertientes orientales y occidentales de la cordillera central está dividido geográficamente en cuatro grandes unidades: las zonas Norte, Sur, Noreste y la zona de población páez localizada en las vertientes occidentales de la cordillera central. Estas divisiones corresponden a linderos definidos a partir de distinciones ecológicas, lingüísticas, políticas e históricas (Rappaport, 1980). Estos linderos consisten en la ubicación de mojones en el espacio, muchas veces lugares sagrados, que tienen por función demarcar los límites entre comunidades. Es mediante éstos que los paeces definen su espacio como “territorio páez”.

11Demarcando los límites del territorio páez, los linderos se constituyen en elementos de estructuración interna de la comunidad a partir de la división del territorio en unidades. Asimismo determinan quién forma parte de éste. Los linderos definen así una exclusividad positiva o negativa, dependiendo de la identidad de las personas. La exclusividad positiva, definida a partir del interior, determina a los que forman parte de la comunidad, los que son de ahí (ajyu), los que tienen derecho a conducir su vida al interior de los límites demarcados por los linderos. Por su lado, la exclusividad negativa se define a partir del exterior, determinando a los que son de allá (uyu), los que pertenecen a otras comunidades. A partir de esta exclusividad negativa, se determinan los territorios que pertenecen a los paeces de aquellos que no, así como también se organiza la defensa del territorio y se limita la circulación o la habitación de extraños.

12Sin embargo, esta concepción páez del territorio tiene sentido exclusivamente para los habitantes indígenas (Rappaport, 1980: 245). Para aquellos que son extraños a la comunidad como es el caso de la guerrilla, los linderos no parecen tener la misma importancia. Para estas organizaciones armadas, el territorio representa la base de su organización en cuanto estructura guerrillera, así como de sus acciones militares. Su establecimiento en un territorio responde a cuestiones de carácter estratégico, político y militar. La búsqueda de un territorio donde establecerse representa para las organizaciones armadas un desafío de gran importancia. Entre las características más sobresalientes se encuentran aquellas de la seguridad. La organización sabe de antemano que será objeto de persecución por parte de las fuerzas institucionales, así como de las organizaciones armadas de extrema derecha. Los territorios escogidos para implantarse estarán localizados principalmente en zonas de difícil acceso. Este territorio debe permitir por su localización y su topografía defenderse y huir en caso de ataque. De la misma manera, debe encontrarse cerca de fuentes de agua, permitir el acceso a la alimentación y mantenerse a cierta cercanía de las zonas habitadas (Arenas, 1972).

13El carácter militar y de conspiración que caracteriza a las organizaciones armadas, además de influenciar la selección de un territorio, determina la manera en que éstas lo delimitan. Bajo estos imperativos, las organizaciones armadas definen los límites de su territorio y sus áreas de influencia a partir de la construcción de campamentos así como del despliegue espacial de sus miembros y de sus dispositivos organizacionales. Estos límites se construyen a partir del espacio ocupado físicamente por la organización, así como por esos lugares sobre los cuales ésta ejerce su control y vigilancia. La organización armada establece una exclusividad positiva definida a partir del interior, que determina a las personas que tienen derecho a circular dentro de cierto espacio, así como a permanecer en él. De la misma manera, estos límites establecen una exclusividad negativa, la cual permite distinguir los territorios de la organización de aquellos que pertenecen a los indígenas, así como defenderlos de la incursión de desconocidos y de sus enemigos. Estos límites determinan un espacio dentro del cual no se puede transitar o vivir libremente.

La superposición de autoridades

14Históricamente, el trabajo político de las autoridades indígenas ha consistido en reivindicar su autoridad frente al Estado y todos aquellos actores no indígenas que ocupan su territorio (Findji, 1992). Para estas comunidades las condiciones necesarias para que esto pueda darse presupone en un primer momento, la propiedad exclusiva sobre sus tierras y, en un segundo momento, la posibilidad de ejercer su autoridad a través de la aplicación de la justicia indígena (Bonilla, 1980). Sin embargo, al no gozar de un reconocimiento oficial sino hasta finales del siglo xx, estas comunidades se enfrentaron a numerosos obstáculos en su trabajo político. Las dificultades encontradas a lo largo del tiempo están relacionadas, entre otras cosas, con la implantación en el resguardo de las organizaciones armadas de izquierda. La presencia de estos grupos establecidos desde hace más de cuarenta años en territorios indígenas se traduce progresivamente en una interferencia en el ejercicio de la autoridad étnica y, de manera especial, en la gestión de la justicia local. Con la llegada de la guerrilla al resguardo, se puede observar como ésta interviene directamente en los asuntos de orden público internos a la comunidad. Su intervención es en gran parte solicitada por los comuneros que recurren a la organización armada con el propósito de que ésta imparta su ley y resuelva los conflictos entre los pobladores. En algunos casos, estas organizaciones solicitan, antes de aplicar el castigo, la participación del Cabildo con el propósito de informarle acerca de la situación del sindicado. Sin embargo, las autoridades locales más que adoptar una actitud condescendiente, tratarán de impedir la aplicación exclusiva de la ley revolucionaria sugiriendo el uso de las prácticas judiciales indígenas. Esta participación en los juicios impartidos por la guerrilla, permitirá al Cabildo conservar cierto margen de autoridad e independencia frente a las organizaciones armadas.

15La situación política de los indígenas se modifica con la reforma constitucional de 1991 que reconoce la existencia de territorios indígenas y por ende de una autoridad propia cuya función es gobernar dichos territorios (Sánchez Botero, 2003). Este reconocimiento constitucional se traduce en la atribución de nuevas funciones en el ámbito político y jurídico, lo que obliga a las autoridades indígenas a dotarse de una estructura político-administrativa mucho más compleja. En el año 2002, se institucionaliza el Cabildo de la justicia conformado por un directivo organizado alrededor de los anteriores gobernadores de la vereda del Caudal. Este directivo es el responsable de la elaboración de los reglamentos relativos al orden público, el medio ambiente, la educación, la cuestión de la tierra, el transporte y la familia. De la misma manera, es el organismo encargado de resolver los distintos conflictos que se puedan presentar entre los comuneros. El Cabildo de la justicia tiene su propio dispositivo de procedimientos en lo que concierne a la gestión de los problemas de orden público: las personas presentan sus denuncias ante la estructura jurídica o ante cualquier otra estructura administrativa del Cabildo. Ésta deberá hacer las investigaciones necesarias y presentar al final el expediente al directivo jurídico el cual, por su lado, establecerá la decisión que debe adoptarse. La investigación de un caso se hace en cuatro etapas. En primer lugar, las personas que depositan la demanda son convocadas por el comité jurídico; a continuación se citan a las partes implicadas en el conflicto con el propósito de interrogarlos. Una vez terminada esta fase, se procede a una serie de investigaciones que pueden tomar varios meses según la carga de trabajo del directivo. Una vez obtenidas las pruebas, el directivo jurídico junto con el gobernador indígena se reúnen para discutir el caso, analizar la forma de proceder y, al final de este proceso, estipular una sentencia. La aplicación de la ley pasa por tres momentos según la gravedad del hecho y la actitud de la persona sindicada culpable. Inicialmente, en una lógica de conciliación, se hará un llamado de atención a la persona de manera a que rectifique su conducta. En un segundo momento, en el caso en que ésta persista en el acto delictivo o bien que el asunto sea de extrema gravedad, las autoridades procederán a la aplicación de la justicia indígena a través del castigo corporal infligido, en la mayor parte de los casos, con un látigo en un lugar público. En caso de reincidencia, la autoridad indígena puede decidir, en un tercer momento, enviar al acusado a las prisiones estatales. Sin embargo, esta decisión es competencia exclusiva del Cabildo y no de la justicia ordinaria (Arbeláez, 2004).

16A pesar del reconocimiento constitucional otorgado a los indígenas en el ámbito de la justicia, se sigue verificando la interferencia de la guerrilla en las cuestiones de orden público. Por un lado, los pobladores solicitan la intervención de la organización armada, si bien de manera menor, con el propósito de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que se presentan entre vecinos. La credibilidad en la justicia de la guerrilla está directamente relacionada con su capacidad de detener, de manera inmediata, los conflictos. Las personas saben que, contrariamente a lo que sucede con el Cabildo, una vez que los problemas llegan a oídos de la guerrilla, en pocos días cesa la conducta delictiva. La organización armada tiene su propio dispositivo de procedimientos: la persona que toma el papel de “parte civil” pone la queja ante la organización. Ésta, por su lado, convocará a presentarse en el campamento, tanto al agresor como a la víctima. Las partes se explicarán en presencia del comandante de la organización. Según la gravedad del hecho, se estipulará la sentencia. Normalmente ésta consiste en una serie de advertencias. En el caso en que la persona sindicada insista en mantener su conducta delictiva, la guerrilla procederá a la aplicación de una sanción más severa.

17Por otro lado, la organización armada aplica su ley, cuando lo juzga necesario, de manera autónoma y unilateral, sin necesidad de que ésta sea solicitada por la comunidad. Este tipo de situaciones se presenta cuando los habitantes del resguardo parecen arriesgar con sus acciones la seguridad de la organización. Las exigencias de seguridad, estrechamente relacionadas con la naturaleza de estas organizaciones, conducen a ver en el otro a un enemigo potencial. El dispositivo de justicia revolucionario consiste, en un primer lugar, en la detención del comunero sindicado. En un segundo lugar, la persona es conducida, sin consulta previa de la autoridad indígena, en territorio guerrillero. En tercer lugar, una vez instalados en el campamento, se procede a la instauración del juicio. Éste consistirá, dependiendo de la gravedad del hecho, en una investigación, un debate o una rápida discusión; durante el proceso se le comunica al acusado la causa de su arresto. Finalmente, una vez terminada la discusión, se aplica la sanción decidida por la comandancia.

Estrategias frente a los comuneros

18Frente a estas modalidades de intervención de la organización armada en los asuntos de orden público de la comunidad, el Cabildo desarrolla sus propias estrategias que le permiten, de cierta manera, controlar la competencia que le proviene del protagonista armado. En lo que concierne a aquellas personas que recurren a la justicia revolucionaria, el Cabildo adopta medidas políticas y jurídicas que buscan reducir dicha demanda. Estas medidas no son, sin embargo, impositivas, en el sentido en que no obligan a los comuneros a recurrir a la justicia indígena. Más bien, otorgan el derecho a cada individuo de escoger de qué lado quiere estar, entendiendo con esta postura el reconocimiento implícito de una autoridad armada que se ejerce en el mismo espacio territorial. El comunero es entonces quien por sí sólo debe escoger cuál es esa autoridad a la que desea someterse, va sea que ésta se presente bajo la forma institucional del Cabildo o bien informal de la guerrilla. Si bien, el Cabildo considera que no es su tarea obligar a las personas a adherirse a la autoridad indígena, trata de atraerlas bajo su esfera de influencia por medio de un trabajo político. A través de cursos, talleres, reuniones y programas, la autoridad indígena busca orientar a los comuneros sobre cuál es el camino que se debe seguir, sensibilizando a la comunidad hacia el respeto de las instituciones indígenas y reafirmando de esta manera su autoridad.

19Si bien el Cabildo hace hincapié en la libertad de cada individuo de escoger la autoridad que más le conviene en caso de conflicto, en realidad la preferencia por la autoridad armada comporta, para quien se somete, una serie de limitaciones jurídicas y políticas. En el caso en que una persona denuncie problemas de orden público por fuera de las estructuras del Cabildo, la primera medida adoptada será aquella de la no intervención del Cabildo en el asunto. La persona deberá asumir por sí sola la responsabilidad de su decisión así como su propia defensa en el caso en que se presenten complicaciones que puedan amenazar su integridad física. A esta medida se acompaña la pérdida del derecho a ser “ciudadano”. El comunero será excluido del censo, es decir de lo que en el lenguaje jurídico empleado por los indígenas se designa como “los derechos de la persona”. Éstos consisten en el acceso gratuito a la salud, en beneficios para la educación así como en ayudas para la vivienda. Se trata pues de una pérdida total del derecho a ser comunero, lo que significa en regla general perder el derecho a ser miembro de la comunidad. En efecto, la ciudadanía indígena no deriva de un derecho de suelo o de sangre. Se trata de un derecho que se adquiere a partir de una serie de pruebas a las cuales está sometido el poblador indígena. Estas pruebas son de dos tipos: la primera consiste en la participación activa en la vida de la comunidad que puede tomar la forma de una colaboración en una Junta de Acción Comunal (jac) o en la participación en una actividad desarrollada en beneficio de la vereda. Así pues la condición de ciudadano está estrechamente relacionada con un compromiso activo hacia la comunidad y por ende está sujeta al respeto de las normas y de la autoridad indígena.

20La segunda prueba de ciudadanía tiene que ver con la permanencia estable del comunero en el Resguardo por un periodo de cinco años. Esta medida se aplica principalmente con el propósito de frenar la adhesión a las filas de las organizaciones armadas. La ausencia de la persona, durante un tiempo superior al establecido, representa un elemento suficiente para despojarla de sus derechos. Sin embargo, esta situación no se aplica en el caso de una ausencia relacionada con el servicio militar que algunos de los jóvenes indígenas prestan aún cuando, para estas minorías étnicas, no es obligatorio. Una vez terminada su estadía en las fuerzas militares institucionales, la persona recupera sus derechos. Para que esto se verifique, es necesario que la persona mantenga un comportamiento aceptable, es decir que sus acciones no pongan en riesgo la vida en comunidad. Ahora bien, la situación se presenta de otra forma para aquellos que se alejan del resguardo con el propósito de adherirse a las filas de la guerrilla. La persona que opta por una vida en la organización armada, no goza de ningún derecho. Existe una sola excepción: que un combatiente desertor se declare dispuesto a someterse a las normas del Cabildo. Solamente en ese caso muy preciso la persona recuperará el estatuto de comunero. Sin embargo, para que esto se verifique, las autoridades indígenas llevarán a cabo un trabajo meticuloso de investigación en torno a la reputación del excombatiente. Dos criterios parecen estar en el centro de esta investigación que le permitirán ser aceptado nuevamente como miembro de la comunidad. El primero consiste en que el excombatiente no esté manchado de sangre, es decir, que no haya cometido crímenes en el pasado, al ser considerado el asesinato de un comunero como un hecho de extrema gravedad. El otro criterio es que el excombatiente, una vez aceptado en el resguardo, no pretenda ejercer un control sobre los habitantes. El trabajo de investigación se apoya en un dispositivo de vigilancia y control del excombatiente. En este dispositivo participan las guardias indígenas, los miembros de la estructura administrativa y los habitantes del pueblo. Una vez que la investigación llega a su fin, la persona será excluida o admitida como miembro de la colectividad.

Estrategias frente a la organización armada

21Estas estrategias jurídicas y políticas empleadas por el Cabildo tienen validez exclusivamente para los civiles que habitan el resguardo. En lo que concierne a las organizaciones armadas y, de manera especial, a su aplicación unilateral y arbitraria de la ley revolucionaria a un comunero acusado de enemigo, el Cabildo adopta una serie de dispositivos de seguridad y defensa de la integridad física de sus pobladores. Esta defensa se hace por medio de la Guardia Indígena constituida en el 2001 frente a la amenaza inminente de incursión paramilitar en el resguardo. La función de la guardia se focaliza principalmente en la protección de la comunidad y en la defensa del territorio indígena, por medio de la vigilancia permanente de los linderos. La guardia impide la circulación de personas extrañas en el resguardo y, en el caso en que se requiera, procede a su arresto. Este trabajo de seguridad se hace a partir de la instalación de vigilantes en todas las veredas. En cada uno de estos espacios habitados se encuentra un coordinador el cual, por medio de una comunicación radial, informa a los demás miembros de la guardia de la situación de orden público. El símbolo distintivo de la guardia es una vara de madera de color amarillo que por sí sola confiere autoridad y respeto a quien ejerce la función de vigilancia. Esta vara, que se usa en el trabajo diario de control del territorio, se lleva en la mano o bien colgada en el hombro. Sin embargo, en el caso en que se presenten problemas de orden público, los vigilantes se agruparán y se dispondrán en el espacio con sus varas sostenidas horizontalmente a manera de instalar una especie de barrera que impedirá la circulación de aquellas personas sindicadas que propician el desorden.

22En las situaciones en las cuales la organización armada captura a un comunero, el Cabildo procede a la organización inmediata de una comisión de defensa con el objetivo de reclamar la libertad del sindicado. Esta comisión estará integrada por el coordinador de la guardia y una docena de guardias indígenas. Con el fin de brindar un apoyo colectivo a este trabajo de defensa, se invitará a la comunidad a movilizarse. Esta convocación masiva de los pobladores, que busca aglomerar a las personas alrededor de un caso privado, termina por constituirse en una causa colectiva por la defensa de la autoridad del Cabildo. Una vez constituida la comisión, sus miembros se desplazarán hacia los lugares donde presuntamente la organización armada ha llevado al comunero. Estos lugares son, normalmente, los campamentos donde la organización se encuentra instalada. Una vez que la comisión logra llegar al campamento, interpelará al comandante de la guerrilla. El propósito es instaurar un diálogo pacífico que evite cualquier tipo de enfrentamiento verbal o físico. Una vez convocado el comandante, la autoridad indígena representada por el coordinador de la guardia, le pedirá explicaciones sobre el hecho. Mientras que la argumentación de la organización armada se focalizará sobre los imperativos de seguridad, la comisión por su lado, hará énfasis en la propiedad de la tierra, propiedad que para los indígenas confiere por sí sola autoridad política y jurídica al Cabildo. Estas argumentaciones que hacen referencia a la propiedad de la tierra terminan por cuestionar las territorialidades armadas. A través del diálogo, la comisión recuerda a su interlocutor su condición de extraño, de no ser de ahí, de ser ajyu, condición suficiente para impedirle ejercer su poder sobre el Resguardo y sus pobladores. Frente a los cuestionamientos de su autoridad y la presión ejercida por la participación masiva de la comunidad, la guerrilla termina, en la mayoría de los casos, restituyendo el comunero.

Convivencia pacífica negociada

23Uno de los principales elementos en juego para la autoridad indígena es la presencia estable en el territorio por más de cuatro décadas de las organizaciones armadas de izquierda. Estas organizaciones construyen territorialidades que se materializan en la manera en que éstos actores se apropian y gestionan el espacio territorial que ocupan. En éste se ponen en juego relaciones de poder, las cuales se manifiestan en su apropiación a la vez económica, ideológica y política. En estos espacios, las organizaciones armadas implementan formas autónomas de acción, dotadas de un modo propio de gobernar en función de sus valores y sus objetivos políticos y militares. Estos territorios son designados con un nombre, asociados a un poder, a una forma de control que contribuyen a fijar los límites, a institucionalizarlos como territorios de la guerrilla. En el resguardo de El Caudal es común oír decir que una vereda, una montaña, un bosque, un filo forman parte del territorio de las organizaciones armadas. Se observa así un fenómeno interesante. A pesar de que el territorio está jurídica e históricamente bajo la autoridad indígena, una parte de éste, en particular aquellos lugares donde la organización tiene la costumbre de permanecer, se constituyen en sus territorios. Así pues, el territorio indígena termina por sufrir una división real.

24A pesar de los argumentos en torno a la propiedad de la tierra así como de las diferentes reivindicaciones de autoridad ejercidas por el Cabildo, ya sea por medio de la guardia indígena o en los distintos escenarios públicos de movilización ciudadana, las autoridades indígenas parecen reconocer el hecho de que no tienen el poder suficiente para obligar a las organizaciones armadas a desalojar el resguardo. Este impasse trata de resolverse con una segunda estrategia, que consiste en la separación de las esferas de influencia, esferas en las que cada poder puede ejercer su autoridad sin entrar en superposición con el otro. La autoridad indígena exige de las organizaciones armadas el respeto al derecho de los indígenas a “legislar” en los asuntos de la propia comunidad. Esta estrategia presupone, sin embargo, el reconocimiento de las autoridades armadas. Por lo tanto, el trabajo de delimitación del territorio parte del postulado del respeto recíproco de las normas y de la autoridad de cada una de las partes. Este postulado se sintetiza en la siguiente formulación: “Ellos respetan nuestras normas, nosotros las de ellos”. Para los indígenas, la consigna que debe respetarse es que “Cada cual aplique en su territorio su propia justicia”. A esta postura del Cabildo, las organizaciones armadas responderán por su lado, a través de la reafirmación de su exclusividad en materia de orden interno, de seguridad, así como sobre el territorio que ocupan físicamente. Sobre la base de esta delimitación espacial, la autoridad indígena es invitada a ejercer su función por fuera de los límites establecidos por la guerrilla.

25A esta división informal del territorio bajo dos autoridades distintas el Cabildo le llama convivencia pacífica aludiendo así a la posibilidad de garantizar a las dos partes el desarrollo de sus acdvidades, en un mismo espacio, sin entrar por esto en conflicto. El diálogo representa el principal mecanismo empleado por los indígenas para garantizar la viabilidad de dicha cohabitación. A partir de un trabajo de argumentación que excluye el uso de la fuerza, cada cual delimita, negocia, en un ajuste permanente, a la vez tácito y explícito, sus propios espacios de poder. El respeto recíproco a gobernar se convierte así en la condición sine qua non de esta cohabitación entre civiles y actores armados.

Conclusión

26En Colombia desde los años cincuenta los grupos armados de extrema izquierda buscan por medio de las armas hacer la revolución, lo que ha llevado a la construcción de territorialidades armadas en las zonas en donde estas organizaciones operan. Con la conformación de grupos de extrema derecha en los años 1980, al servicio de los grandes cultivadores de hoja de coca, así como de los propietarios de tierras y del Estado, el conflicto en estas zonas toma una nueva forma. Actualmente, éste, más que como la continuación de la política por otros medios, se presenta como la interrupción de la política, al dirigir las acciones de los diferentes grupos hacia la destrucción del enemigo. El término de beligerante que designaba en un primer momento los combatientes cubre progresivamente al conjunto de la población civil transformándola en el objetivo principal a partir del cual se enfrentan las diferentes organizaciones.

27Desde esta nueva lógica de guerra la capacidad de los civiles para resistir no es un hecho evidente. En la mayoría de los casos, las personas logran llevar a cabo su vida en esos espacios territoriales en disputa a partir de la interiorización de las dificultades, así como de la interrupción de toda manifestación de resistencia colectiva cuando no se trata de abandonar sus tierras (Agier, 2002). Sin embargo, a pesar del clima de violencia que caracteriza el contexto colombiano, existen algunas situaciones en las cuales los civiles se esfuerzan por resistir, como es el caso bien conocido de las Comunidades de Paz y de los indígenas del Cauca.

28En este capítulo quisimos mostrar cómo las comunidades indígenas paeces logran, a pesar del peligro que representa para sus vidas, oponer una resistencia activa que busca reivindicar el derecho de ejercer su autoridad frente a los protagonistas armados. Esta resistencia que se presenta como el resultado del trabajo realizado por los miembros de la comunidad, nos deja ver la existencia de una competencia social que se construye en la urgencia por afirmar una autonomía política frente al conflicto. Esta competencia se construye a través de una dinámica de mediación y de ajuste permanente con el protagonista armado. El Cabildo elabora sus propias estrategias que buscan contrarrestar el poder de la guerrilla, como lo es la búsqueda del monopolio de la justicia, las limitaciones de los derechos a la ciudadanía, los dispositivos de control del territorio y la construcción de una convivencia pacífica negociada. Así pues, en este artículo pudimos observar cómo la implantación de actores armados de izquierda participa en la implementación de un sistema complejo de interacciones y acciones reivindicativas que más que la destrucción de la palabra deja ver la capacidad de los indígenas paeces para construir una vida en comunidad que excluye la guerra de su horizonte político.

Bibliographie

Bibliografía

Agier, Michel
2002 Aux bords du monde, les réfugiés, Flammarion, París.

Arbeláez Tobon, Lucia
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Notes

1 El nombre del resguardo ha sido objeto de modificación con el propósito de preservar el anonimato de dicha comunidad.

Auteur

ehess. Politóloga, candidata a doctora en sociología política. Ha realizado trabajo de investigación audiovisual sobre el secuestro en Colombia. Obtuvo el Premio Nacional del concurso anual “Mejor tesis de grado e investigación sobre el secuestro en Colombia”. Ha realizado con Thomas Sady el film video documental La Vie en Otage, arte France-ird audiovisuel-lapsus, 2002, 57mn. natalia_suarez@hotmail.com

© IRD Éditions, 2007

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