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Los retos de la diferencia

 | 
Odile Hoffmann
, 
María Teresa Rodríguez

Primera parte. Políticas de la diferencia, entre discursos y experiencias

Multiculturalismo en América Latina

Del Pacífico mexicano al Pacífico colombiano

Carlos Agudelo et David Recondo

Texte intégral

1En el marco del contexto actual de globalización con su carga de homogenización económica, política y cultural, y como un efecto aparentemente paradójico, se ha producido un proceso de visibilización de la diversidad cultural de las sociedades. El protagonismo del debate público sobre este tema ha tenido en Norteamérica un espacio central desde los procesos históricos de construcción nacional en Estados Unidos y Canadá. En Europa esta temática es más reciente. En América Latina la discusión ha girado fundamentalmente alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, y ha sido acompañada por una importante movilización política de dichos grupos. El centro de estos debates gira en torno del manejo de las diferencias culturales en el espacio público. Schnapper (1998) realiza un recorrido a la vez panorámico y analítico de las aproximaciones teóricas respecto al tema de la “relación con el otro” en Occidente. Una síntesis de las diferentes posturas acerca de este debate y su articulación con las realidades políticas locales y nacionales en México se encuentra en Recondo (2002). Taylor (1994) y Kymlicka (1995) representan dos versiones de la defensa del multiculturalismo a partir del estudio de esta problemática en los Estados Unidos y Canadá. En Francia, Wieviorka (1996, 2001) y Touraine (1997) expresan esta misma postura de defensa del reconocimiento público de las diferencias, que cuestiona el modelo republicano. En cuanto a la versión latinoamericana del debate multiculturalista, que ha tomado más bien por nombre la problemática de los derechos culturales y sociales de las llamadas minorías étnicas, véanse por ejemplo los estudios de Gros (2000), Le Bot (1992) y Yashar (2005).

2En el caso de América Latina, en las décadas de 1980 y 1990 el reconocimiento de la diversidad cultural se consolidó mediante los procesos de institucionalización, por la vía de importantes cambios constitucionales y la implementación de políticas públicas multiculturales (Sieder, 2002 y Van Cott, 2000). México y Colombia son dos países que nos permiten observar de forma comparada los procesos de construcción de dicha multiculturalidad y en particular el papel central que juegan los Estados en dichas dinámicas. De manera más precisa nos ocuparemos en este texto de dos casos específicos: los “usos y costumbres” en el estado de Oaxaca, en México, y los derechos de las “comunidades negras” en el Pacífico colombiano (véanse los mapas en la introducción).

3En respecto a los marcos metodológicos y conceptuales que fundamentan nuestra investigación, consideramos necesario salir de un falso dilema: oponer una concepción de las identidades étnico-culturales como conjunto de rasgos objetivos (y objetivables), adscritos a los individuos por el entorno social, a una concepción instrumentalista que presenta las identidades como atributos simbólicos que cada individuo puede escoger, inventar, reinventar y desechar, como si fuera cualquier utilería. Sociólogos y antropólogos han mostrado cómo toda identidad tiene una vertiente de adscripción exógena y otra de autoadscripción, cómo esas identidades se basan en marcadores más o menos “sólidos” (incluidos los fenotípicos, como el color de la piel), pero cambian siempre según los contextos sociales, históricos e incluso políticos (Poutignat, Streiff-Fenart, 1995 y Cuche, 1996). Toda la complejidad de las identidades culturales proviene precisamente de esa combinación ambigua entre objetividad y subjetividad, heteroadscripción y autoadscripción. Ello implica que no es inútil describir de manera etnográfica, los componentes “visibles” de una identidad cultural (rituales, costumbres, vestimenta, lengua, modales, procedimientos de nombramiento, etc.), pero ello debe hacerse bajo dos condiciones: 1) tener siempre la precaución de recordar que se trata de una “fotografía instantánea” del estado de una identidad cultural en un momento y contexto preciso, mediado por la subjetividad de los “informantes” y la del propio investigador; 2) vincular siempre las manifestaciones descritas con el entorno sociopolítico, incluyendo las normas, instituciones y actores del Estado.

4La sociología política puede aportar precisamente un enfoque estratégico de los fenómenos identitarios. La estrategia se entiende aquí no como una serie de decisiones tomadas por un individuo o una organización, con base en un “plan” preciso, con un objetivo predefinido y constante que se alcanza con los medios pertinentes. En pocas palabras, no se trata de la estrategia de un individuo racional, como lo presupone el concepto de “homo economicus” o la teoría del “rational choice” retomada por una de las múltiples corrientes del “neoinstitucionalismo”, en ciencias políticas (Hall y Taylor, 1997). Se trata más bien de una estrategia contingente, que el investigador debe inferir a partir de las particularidades de cada contexto social e institucional, en la que el actor (individual o colectivo) no tiene objetivos predefinidos y constantes, sino cambiantes en función de las oportunidades que se le presentan, de sus interacciones con los demás actores y de los recursos disponibles (Crozier y Friedberg, 1977: 45). Por ello si la palabra “instrumentalizar” no tuviera esa raíz de “instrumento” que remite inevitablemente a una racionalidad “finalizada”, podríamos usarla para describir procesos en los que las personas y los grupos redefinen sus identidades y sus objetivos respecto de su interacción con los demás, de su posición en las relaciones de poder y de los recursos “pertinentes” (es decir, valiosos a los ojos de los demás) que están a su alcance. Siguiendo esta lógica, mostraremos en nuestros estudios de caso cómo las políticas del reconocimiento son el producto de una interacción compleja entre el Estado y los actores diversos (organizaciones sociales, movimientos políticos, Organizaciones No Gubernamentales, autoridades locales, agentes de la cooperación para el desarrollo, académicos, etc.), todos coinciden en valorar la diversidad ethnocultural, aunque persigan objetivos divergentes o convergentes en función de los contextos y las correlaciones de fuerza.

Trayectorias del reconocimiento en México y Colombia

Oaxaca: el Estado y la nueva frontera normativa de costumbres/partidos

5En México, el reconocimiento constitucional de los usos y costumbres se da en 1990, al mismo tiempo que se reconoce la “composición étnica plural del estado de Oaxaca” (art. 16, Constitución del Estado de Oaxaca), mientras que el código electoral es reformado en agosto de 1995. En septiembre de 1997, los legisladores aprueban una segunda reforma de la reglamentación electoral, quedando formalmente prohibida la intervención de los partidos políticos en las elecciones por usos y costumbres, en el ámbito municipal, esto es, en 418 de los 570 municipios de Oaxaca.

  • 3 Oaxaca es una de las 32 entidades federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos. La poblaci (...)

6En 1995, el gobierno de Oaxaca3 promueve una serie de reformas legales para reglamentar el reconocimiento constitucional de la “diversidad étnicacultural”, realizado cinco años atrás. El factor catalizador es el levantamiento zapatista en Chiapas, en enero de 1994. El afán principal era salvaguardar la estabilidad política de Oaxaca, donde las organizaciones indígenas tienen una larga trayectoria de movilizaciones. El gobierno está obligado a convencer a los dirigentes de su propio partido (Partido Revolucionario Institucional, pri), que temen perder el monopolio valioso que les garantizaba la “tradición” del registro casi auto” mático de las “planillas comunitarias” vía el “partido oficial”. También debe convencer a la oposición que teme y que ve en esa misma estrategia una forma de preservar la simbiosis entre las asambleas comunitarias y el pri/gobierno. En la decisión del gobierno hay igualmente un cálculo electoral: legalizar los usos y costumbres es una manera de neutralizar una oposición (liderada por el Partido de la Revolución Democrática, prd) que ha obtenido resultados sin precedente en las elecciones para diputados locales, en julio de 1995. Pero lo esencial es preservar el pacto clientelar entre los municipios rurales (más del 80% de los 570 municipios de Oaxaca) y el gobierno del estado. Evitar elecciones competidas vía planillas partidistas es concebido como una manera de prevenir posibles conflictos intracomunitarios que podrían propiciar un contagio del levantamiento chiapaneco (Recondo, 2001: 91-113).

7A partir de esa reforma (en las elecciones municipales de 1995,1998,2001 y 2004), una multitud de actores locales se han movilizado para reivindicar la pertenencia o no de su municipio al régimen “consuetudinario”. La frontera entre “los que son” y “los que no son” de “usos y costumbres” aparece a partir de la distinción operada por los legisladores. Ahí donde, hasta ahora, existía un entramado complejo, híbrido y lábil entre prácticas asambleístas y procedimientos electorales más o menos partidistas, con equilibrios variados y cambiantes, entre sentido comunitario y dinámicas individuales/faccionales, la nueva normativa traza una frontera tajante entre lo que es costumbre y lo que no lo es, entre lo que es comunitario y lo que no lo es. En ese sentido, la norma emitida por el Estado juega un papel central tanto en la definición de identidades sociales, como en el surgimiento de movilizaciones cuyo objeto es apropiarse de los nuevos recursos legales con la finalidad de controlar el poder municipal.

8El nuevo código electoral, aprobado por el Congreso estatal en agosto de 1995, no especifica cuáles son los municipios afectados por esta legislación particular. Los diputados y los representantes de los partidos políticos manejan estimaciones del número de municipios que podrían ser considerados “consuetudinarios”. Los cálculos fluctúan entre 350 y 450. Si no es posible dar una cifra exacta es porque la frontera entre las costumbres municipales y el resto del sistema político nunca había sido clara. La costumbre y el sistema de representación política articulado alrededor del partido de Estado están completamente imbricados. Aún cuando el Estado toleró un margen de autonomía en la elección de autoridades municipales, la costumbre formaba parte de los procedimientos internos de selección de los candidatos del partido oficial. La simbiosis entre la comunidad y el Estado-pri hacía que la costumbre no entrara en pugna con ninguna lógica de partido. En realidad, el partido del Estado era un partido único en las zonas rurales. La ausencia de competencia electoral impedía la más mínima distinción entre la costumbre y los partidos, ya que éstos prácticamente eran inexistentes.

9La consolidación de los partidos de oposición (en particular el prd) tiende a romper con este monopolio de la representación política. Entonces aparece la distinción entre lógica de partido y costumbre. El pri, que no era percibido como un grupo político propiamente dicho, empezará a serlo desde el momento en que otras opciones políticas vienen a competir en sus dominios, o cuando menos amenazan hacerlo. En ese momento se crea una nueva categoría electoral: la de los usos y costumbres, que establece una diferenciación formal entre dos elementos (costumbre y partido político) que no se había hecho nunca antes. El discurso que acompaña a la reforma funciona como una dicotomía, como si las costumbres y los partidos políticos fueran enteramente irreconciliables. En muchos aspectos, los principios comunitarios se diferencian efectivamente de los que se aplican en la democracia representativa, pero hay que recordar que ésta no había funcionado verdaderamente como competencia entre partidos, sino a modo de una mediación corporativista a través del partido de Estado.

  • 4 El número de municipios de usos y costumbres no ha cambiado desde 1997: son 418 de los 570 que inte (...)
  • 5 Las agencias municipales o de policía son circunscripciones administrativas submunicipales, que cor (...)

10En las subsecuentes elecciones, han seguido apareciendo conflictos en torno a la definición del régimen electoral municipal o simplemente de las mismas normas consuetudinarias. En efecto, cada vez se ha cuestionado menos la categoría de un municipio (“costumbrista” o “partidista”),4 aunque, de manera simultánea, han aumentado las controversias en torno a la interpretación de las costumbres “legítimas”. Diversos grupos sociales y políticos se han movilizado para redefinir a su favor las reglas del juego electoral: opositores al equipo municipal saliente; habitantes de las rancherías o agencias municipales;5 habitantes “avecindados”, es decir, residentes que no son nativos del municipio donde viven; los nativos o sus descendientes que han emigrado pero siguen contribuyendo a la vida de su comunidad de origen; mujeres; jóvenes, etc. Algunos de estos actores se vinculan con partidos políticos, las ONG u organizaciones sociales, para presionar a la autoridad electoral y/o el gobierno del estado, con el objetivo de lograr la definición de las costumbres más ajustada a sus intereses (voto secreto vs. público, planillas vs. candidaturas “espontáneas”, exclusión vs. inclusión de ciertas categorías de votantes o potenciales candidatos, etc.). En definitiva, lo que abrió la política de reconocimiento es un campo conflictivo de redefinición de los contornos y condiciones de ejercicio de la ciudadanía política, a nivel municipal.

La costa Pacífica colombiana: la norma constitucional y la producción de nuevas fronteras étnicas

11La institucionalización de la etnicidad de grupos de población negra o afrocolombianos y el reconocimiento de sus derechos territoriales (especialmente en la región de la costa Pacífica colombiana en donde son sus pobladores mayoritarios), así como otra serie de reivindicaciones de orden político, social y cultural nacional tienen como marco de referencia el cambio constitucional de 1991.

12La nueva Constitución nacional redefinió la nación colombiana como una democracia participativa multiétnica y pluricultural. Estos cambios se dan como expresión de una búsqueda por parte del Estado para recuperar una legitimidad política en aguda crisis y bajo presiones en el contexto de globalización. En el caso que nos ocupa la Constitución incluye además del artículo genérico sobre diversidad cultural, el artículo transitorio 55.

Artículo transitorio 55: Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente Constitución, el Gobierno expedirá, previo estudio de parte de una comisión especial, que el gobierno creará para tal efecto, una ley que reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que ha de demarcar la misma ley. En la Comisión Especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida solo será enajenable en términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades y para el fortalecimiento de su desarrollo económico y social. Parágrafo primero. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presente similares condiciones, por el mismo procedimiento y previo estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

13De este artículo se derivará la adopción de la ley 70 de 1993 o ley de “comunidades negras”. Su eje principal lo constituyen los derechos territoriales colectivos para “las comunidades negras” del Pacífico y zonas similares baldías, rurales y ribereñas y que ejerzan “prácticas tradicionales de producción”. Pero la ley incluye también en el artículo 1 el ‘‘propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social...”En este marco, se han producido otras normas relativas a la participación política (circunscripción especial electoral), leyes de etnoeducación, plan nacional de desarrollo para poblaciones negras, consulta previa sobre explotación de recursos naturales en territorios étnicos, mecanismos de participación en organismos del Estado.

14Es importante señalar que las políticas de desarrollo y descentralización son antecedentes importantes de la implementación de las políticas multi¬ culturales. El reconocimiento de la diferenciación étnico-racial de las poblaciones negras estuvo íntimamente ligado a una asignación espacial en la cual se sintetizaba la fusión entre “comunidades negras” y la región del Pacífico colombiano. En efecto, en esta región la mayor parte de los habitantes es de origen africano. En términos ambientales el Pacífico, constituido básicamente por un ecosistema de bosques húmedos tropicales, es considerado como una de las áreas de mayor biodiversidad en el planeta y, en consecuencia, se volvió un área de atención prioritaria en materia de aplicación de políticas de desarrollo que toman en cuenta estas condiciones. La confluencia de factores de orden global y nacional (el origen del discurso sobre el desarrollo sostenible, la preeminencia de la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, la visibilidad de actores sociales locales y regionales —las ong, movimientos negros— y la adaptación en el plano nacional de esos nuevos discursos) llevaron a que el Pacífico deviniera una región pionera en el ejercicio de planes y proyectos de desarrollo en los que la participación de la población y, más tarde, el reconocimiento étnico fueron elementos explícitos y prioritarios.

15El discurso sobre el desarrollo ha cambiado a escala global con notables implicaciones para la región. Los resultados de los proyectos de modernización económica que se han implementado en el Pacífico determinan diferentes tipos de intervención. Ya desde los años 1980 se hace evidente la presencia de actores sociales surgidos de la población y acompañados por organismos como las ONG que se convierten en interlocutores del Estado para el diseño de políticas en la región.

Los procesos de cambio normativo e institucional y el papel de los mediadores

  • 6 En 1995, cuando se definieron las reformas de usos y costumbres y los cambios en el tratamiento de (...)

16Es necesario insistir en el hecho de que estamos hablando de procesos producto de interacciones complejas en las que el Estado es el agente central pero no el único. Hay momentos en que la dinámica de la confrontación y la exigencia de parte de los actores, que se presentan en oposición al Estado, producirán los cambios que dichos movimientos reivindican como una conquista y el Estado como una manifestación de su apertura. En otros momentos, lo que observamos es una especie de alianza estratégica entre ese mismo Estado —-o sectores dentro del Estado y el gobierno— y los actores sociales que intervienen en este proceso (movimientos indígenas y negros, partidos políticos, iglesia, las ong, instituciones y organismos internacionales —ambientales, de derechos humanos, de crédito, de cooperación para el desarrollo, etc.). Recordemos, por ejemplo, que en México, el Estado, por medio de sus políticas indigenistas, ha contribuido a formar una élite de profesionistas indígenas que, a partir de finales de los años 1960, ha jugado un papel importante en la reivindicación del “derecho a ser diferentes”. Pensemos también, que es desde adentro del Estado (con personas como Arturo Warman, Guillermo Bonfil Batalla o Salomón Nahmad) que se opera una verdadera revolución epistemológica, dando nacimiento al etnodesarrollo, antecesor de los planteamientos autonómicos actuales. Paralelamente, algunos jóvenes indígenas pasan por la escuela pública cardenista, otros por los internados salesianos y/o las universidades jesuitas. Estudian teología, antropología y tienen como maestros a Bonfil Batalla, Salomón Nahmad, etc.6

17En el caso colombiano, a lo largo de las dinámicas políticas y sociales que atraviesa la construcción de la etnicidad en el Pacífico, ha desfilado una diversidad de actores internos y externos que han jugado papeles más o menos trascendentales y más o menos contradictorios en dicho proceso de construcción. Se destaca la acción de la Iglesia, que en medio de una presencia intermitente tiende a reemplazar al Estado y volverse vector ideológico, impulsor y ejecutor de políticas de desarrollo y educación, y finalmente dinamizador de procesos organizativos y políticos alternativos en la región. Pero igualmente, a partir de los años 1970 y especialmente en el marco de la “coyuntura constitucional” de los años 1990, hay que señalar la acción del Estado, a través de sus planes de desarrollo, de la presencia de múltiples instituciones y de su papel como copartícipe en la elaboración de la legislación que reconoce institucionalmente las “comunidades negras” y les establece una serie de derechos territoriales, culturales y políticos. En este caso concreto, la actuación del Estado es la resultante de una confluencia de factores en los que se entrecruzan lógicas globales y procesos de orden local y nacional, unas veces complementándose y otras contraponiéndose.

18Como decíamos, los actores que intervienen en los procesos políticos estudiados se presentan ya sea confluyendo hacia un mismo objetivo aunque con intereses divergentes (el Estado y los movimientos negros dedicados a la elaboración de la ley 70) o bien, compitiendo por ganar en la determinación “del sentido” de la acción (el Estado al pretender articular en el Pacífico la política neoliberal de apertura de mercados y la capitalización de la biodiversidad, los sectores del movimiento étnico negro al reivindicar un desarrollo alternativo que articule intereses de las comunidades y protección ambiental). Otra expresión de la dimensión contradictoria de la acción del Estado y del efecto de políticas en las que éste ha sido un impulsor de primer orden, se encuentra en la implementación de políticas de desarrollo y en la descentralización. Se da una generación de procesos de participación, de construcción de liderazgos y formas de organización, pero simultáneamente se pueden observar las limitaciones de dichos mecanismos que muchas veces quedan restringidos a formalismos sin trascendencia, o simplemente las autoridades locales encargadas de ponerlos en aplicación no los habilitan.

  • 7 bien es cierto que han surgido enfoques y estudios que consideran la multiplicidad y diferenciación (...)

19En lo que respecta al papel jugado por los que llamamos actores étnicos, en el caso colombiano nos encontramos con un movimiento social, político y étnico de poblaciones negras que por la vía del reconocimiento institucional de su etnicidad negra encuentra un dinamizador de su proceso político y participa activamente como interlocutor del Estado en la construcción de la ley 70 de 1993. En nuestra investigación hemos visto cómo surgen sus diversas expresiones y cómo lo acompaña una construcción política y académica del discurso sobre la identidad étnica de las poblaciones negras. Pero la consideración de las poblaciones negras como un grupo étnico es problemática. Tanto el discurso académico como el político han hecho énfasis en una matriz territorial, en este caso rural, fluvial y del Pacífico como paradigma de referencia de la “identidad negra”.7 Es cierto que la asociación histórica entre el Pacífico, las poblaciones negras y ciertas prácticas socioculturales son un hecho relevante cuando se trata de evocar la problemática de estas regiones. Pero no es menos cierto que las poblaciones negras habitan prácticamente todo el espacio nacional, con una presencia mayoritaria en ciertos centros urbanos, que les permite desarrollar formas múltiples de mestizaje y participación en la sociedad. A pesar de una importante dinámica de movilización y participación producida en el proceso constitucional y de la ley 70 (Agudelo, 2005), los movimientos negros no han logrado superar su discurso “identitario pacífico-céntrico”, lo que les dificulta adquirir una mayor representatividad frente a sectores mayoritarios de las diversas poblaciones negras colombianas.

20Por su parte, el movimiento indígena en Oaxaca ha sido muy fragmentario, disperso y poco versado a negociar con el gobierno las modalidades de las reformas sobre derechos indígenas. Sobresalían, en 1995, algunos liderazgos como el de Floriberto Díaz Gómez, que junto con su organización Servicios del Pueblo Mixe, había coordinado una serie de foros muy nutridos sobre esa cuestión. De hecho, junto con algunas otras organizaciones de la Sierra norte, propusieron una iniciativa de reforma del código electoral, en lo referente a usos y costumbres, que sirvió de base al trabajo de los legisladores. Sin embargo, el alzamiento neozapatista en Chiapas crea, coyunturalmente, las condiciones para una mayor proyección política de las organizaciones indígenas de Oaxaca y el resto del país. A los pocos días del alzamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) opera un giro en su discurso: hace suyas las reivindicaciones de reconocimiento y autonomía.

  • 8 Hay que señalar que son las élites negras inscritas en los partidos tradicionales (liberal y en men (...)

21En los dos casos detectamos el surgimiento o la consolidación de una élite de mediadores étnicos que al tiempo que participan en la construcción del discurso político identitario, se enriquecen con los elementos que van surgiendo en las arenas estatal e internacionales para desarrollar su práctica de interlocutores entre las diferentes escalas en las que se produce la etnicidad. Sin embargo, mientras la articulación de estas élites con el poder político estatal es de una importancia capital para el caso de Oaxaca (estas relaciones están en el centro de la continuidad de los mecanismos de clientela que operan en la dinámica política del Estado), en el caso colombiano los actores étnicos negros ocupan un espacio marginal en las lógicas del engranaje político.8

Políticas multiculturales y neoliberalismo

22El contexto sociopolítico y los distintos espacios local, regional, nacional e internacionales influyen directamente en la producción de las políticas del multiculturalismo. Tanto en Colombia como en México las reivindicaciones étnicas (indígenas primero) alcanzan una importancia significativa en los primeros años de 1980, al adquirir una visibilidad sin precedente en el contexto internacional. Los organismos de crédito y desarrollo tienen una influencia crucial en este proceso, al tomar en cuenta la variable étnico-racial en sus políticas de cooperación (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Pero también juegan un papel similar los programas y declaraciones de otras instancias internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización Internacional del Trabajo (oit), así como los de las agencias de cooperación estatales y no gubernamentales de los países del Norte. Sin embargo, mientras que en el caso colombiano la influencia de estos actores es evidente, en Oaxaca el Estado mantiene el monopolio de la acción pública, al canalizar todos los recursos provenientes del exterior. Por ejemplo, los recursos canalizados por medio de los programas de desarrollo social, a partir de finales de los años 1980, como el Programa Nacional de Solidaridad y sus versiones más recientes (Progresa, Oportunidades), provienen del Banco Mundial. Sin embargo, los beneficiarios siempre han tenido como interlocutor a la administración mexicana.

23En cuanto a los contextos nacionales es evidente en México el papel que jugó la rebelión zapatista de 1994 y la reacción preventiva de las élites oaxaqueñas. Podríamos considerar esto como un factor determinante para que el Estado federal asuma una voluntad política de legislar con base en los usos y costumbres y la afirmación del carácter multiétnico del estado de Oaxaca. En Colombia el cambio constitucional se produce en el marco de una pérdida sustancial de legitimidad del Estado desbordado por las violencias de todo orden. La Constitución aparece como un instrumento para recuperar reconocimiento en los contextos nacionales e internacionales. La afirmación del carácter pluricultural de la nación colombiana y la consagración de derechos para las poblaciones indígenas y negras es uno de los aspectos en los que se apoya esta ofensiva legitimadora del Estado.

24Queremos llamar rápidamente la atención sobre la lectura del multiculturalismo, como el discurso por excelencia del Estado neoliberal, que se deslinda de sus responsabilidades para que los actores individuales y/o colectivos asuman, a través de procesos autogestionarios, la resolución de sus necesidades básicas en el marco de su carácter reconocido de sujetos autónomos y diferenciados institucionalmente (Favre, 1996: 123-124 y Segato, 2002). Esta puede ser una visión unívoca de un fenómeno más complejo en el que, si bien no olvidamos la centralidad del Estado y la importancia de actores de la escena internacional —como los organismos que manejan hoy el multiculturalismo y el neoliberalismo— (Gros, 2002 y Yashar, 2005), tampoco podemos dejar de lado el proceso de construcción histórica del reconocimiento de la diferencia en la movilización política de actores sociales (las luchas de los movimientos negros por los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas anticoloniales y antiapartheid en Africa y Asia, los movimientos indígenas desde los años 1970, etc.). Los estados no van cediendo espacio a su discurso universalista y republicano solamente como una estrategia maquiavélica para consolidar el proyecto neoliberal (Recondo, 2002 y Agudelo, 2005).

25Hay un proceso político en el que operan diversos actores y dinámicas que se dan en un contexto de correlación de fuerzas global desfavorable para los grupos étnicos. La capacidad de maniobra de los Estados y las instancias internacionales neoliberales logran establecer dinámicas en las cuales se puede ser al mismo tiempo multicultural y neoliberal, sin que medie contradicción alguna. Un proceso reivindicativo identitario que responde a los intereses de una colectividad puede terminar pareciendo un puro producto de la lógica neoliberal más ortodoxa. En la complejidad de estas dinámicas sociales y políticas, los efectos no esperados (Boudon y Bourricaud, 2004) se vuelven centrales.

Un proceso inconcluso

26En torno a la evolución de las políticas públicas multiculturalistas en Oaxaca y el Pacífico colombiano, podemos decir que el momento actual es de cierto reflujo con respecto a la intensidad de su periodo de gestación durante los años 1990.

  • 9 Conferencia del antropólogo chileno José Bengoa, París, iheal, septiembre de 2005.
  • 10 Inspirados en el modelo de “Acciones afirmativas” implementado desde los años 1960 en Estados Unido (...)

27Hace poco escuchábamos a un especialista de la cuestión para el conjunto de América latina, quien nos hablaba de una especie de movimiento pendular en el que el momento presente va del lado de esa pérdida de impulso.9 Habría que indagar más sobre las razones de esta similitud continental, cuando las políticas internacionales de los actores que nos han hablado e influenciado sobre el tema (Banco Mundial, bm; Banco Interamericano de Desarrollo, bid; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud; Fondo Mundial para la Naturaleza, wwf, etc.) mantienen vigentes sus políticas de prioridad de las variables étno-raciales. Llama también la atención que en países como Brasil, el debate sobre la aplicación de las políticas de cuotas especiales para personas negras esté en el centro del debate político nacional.10

28En Oaxaca, el relevo en la gobernatura (tras las elecciones estatales de 1998 cuando José Murat, del pri, reemplazó a Diódoro Carrasco Altamirano) cambió las coordenadas políticas regionales. Murat, acérrimo enemigo de su antecesor, estableció alianzas con los sectores locales del pri que habían sido marginados a partir de 1986, cuando Heladio Ramírez fue elegido gobernador, contra la voluntad de las elites tradicionales del partido oficial. El regreso de la “vieja guardia” del pri provocó un cambio sustancial en la vinculación del gobierno con las autoridades municipales, en el sentido de un regreso marcado a formas de ingerencia directa e impositiva en los asuntos locales. El grado de autonomía relativa concedida desde el gobierno con las reformas de los 1990, se reduce considerablemente. Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos con Diódoro Carrasco, José Murat abandera el discurso proindígena, en la coyuntura de la marcha zapatista de 2001 y el debate nacional en torno a la reforma federal sobre derechos indígenas. El gobernador instrumentaliza la demanda de autonomía indígena, al movilizar, en contra del gobierno federal del pan, más de 300 presidentes municipales para impugnar ante la Corte suprema, la reforma constitucional votada por el congreso en abril de 2002. Esa instrumentalización de las demandas indígenas en una estrategia de enfrentamiento con el gobierno federal, confirma nuestra hipótesis inicial: los procesos de reconocimiento son el resultado de la convergencia y la “composición” de dinámicas de movilización y estrategias de actores con intereses antagónicos. En este caso, el gobierno estatal logra dominar el proceso e instrumentalizar para su beneficio el discurso pro derechos indígenas. El movimiento indígena, más fragmentado que nunca, queda parcialmente desmovilizado e incapaz de denunciar la manipulación política operada por el gobernador.

29Las últimas elecciones estatales, en octubre de 2004, confirman esta tendencia. El nuevo gobernador, Ulises Ruiz, promovido por José Murat y el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, controla estrechamente el Instituto Estatal Electoral de manera que asegura resultados favorables para los candidatos locales “leales”. La relativa autonomía política adquirida con el régimen de “usos y costumbres” se vuelve frágil, cuando está supeditada, en caso de conflicto local, al arbitraje parcial del gobernador y sus colaboradores. Ello marca claramente un retroceso en la relativa apertura del régimen priísta oaxaqueño.

30Sobre Colombia nos encontramos frente a una paradoja. Por un lado se registra un franco retroceso en la implementación de las políticas multiculturales referidas a las poblaciones negras a partir de los dos últimos gobiernos (1998-2002, con Andrés Pastrana y de 2002 hasta nuestros días con Alvaro Uribe). Pero simultáneamente, las políticas multiculturales han afianzado su marco normativo y se encuentran interiorizadas por las instancias del Estado (Agudelo, 2003,2004). Hemos podido observar cómo al interior de algunas instituciones gubernamentales y de forma febril, núcleos de funcionarios y de militantes negros, continuaban implementado desarrollos normativos y avanzando en la aplicación de algunos de ellos.

31El ejemplo más concreto es el avance en la titulación de tierras para comunidades negras que llegan a más de un millón de hectáreas durante el gobierno de Á. Uribe (en total desde el inicio del proceso en 1995, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, declara haber titulado, en 2006, el 98% de las tierras de comunidades negras).

  • 11 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esta es la instancia ejecutiva del Departamento Na (...)

32Por otra parte, constatamos una ofensiva de exigencias y movilización por parte de los movimientos étnicos que reaccionan ante tentativas de retrocesos o estancamientos en la implementación de políticas relativas al multiculturalismo. El Estado a través de sus agentes, desde el mismo presidente de la República (Alvaro Uribe Vélez), no cuestiona la validez de las reivindicaciones de los movimientos negros sobre el cumplimiento de las normas. Por el contrario, en aspectos como la elaboración del Documento Conpes,11 se reafirman los principios de la política multicultural. Y, sin embargo, el nivel de cumplimento en la implementación de dichas políticas adolece de muchas inconsistencias de parte del Estado. En esta contradicción radica la ambigüedad del papel del Estado en el caso que nos ocupa.

33Las normas se mantienen pero la distancia entre su enunciación y la aplicación práctica se constituye en un problema que no es exclusivo ni de las políticas multiculturalistas ni del régimen colombiano. Nos encontramos básicamente frente a un problema de correlación de fuerzas políticas y de tensiones en la competencia por la obtención de recursos y espacios de representación y poder. En estas condiciones, uno de los factores que explica porque no se ha avanzado más en materia de aplicación de las normas establecidas tiene que ver con la relativa debilidad y el bajo nivel de movilización del actor político étnico negro, que es aún periférico y marginal aunque ya esté implantado en el paisaje político colombiano.

Conclusión

34Las ambigüedades de la política del Estado en México y Colombia frente al multiculturalismo no desmienten nuestra tesis sobre su rol protagónico en la afirmación de estas políticas que devienen gradualmente parte del armazón discursivo del Estado.

35Estudiar los “usos y costumbres” en Oaxaca o la etnicidad negra en el Pacífico, intentar comprender los procesos de construcción identitaria como una realidad objetiva, recopilable y descriptible de manera etnográfica y sin referencia a las interacciones con el Estado y las relaciones de poder, nos priva de muchas posibilidades de acercarnos a una comprensión del fenómeno en toda su complejidad.

36El reconocimiento de los usos y costumbres y de la ley 70 de 1993, así como las demás reformas sobre derechos de los pueblos indígenas y negros, en Oaxaca y Colombia, respectivamente, no son solamente una respuesta a la presión de sus movimientos. Esto es una simplificación que refleja una visión sistémica y lineal de los procesos políticos. Según esta interpretación bastante común, la atribución de derechos con base en criterios etnoculturales son respuestas (outputs) a reclamos (inputs) de parte de actores sociales: los movimientos presionan y el Estado responde de manera más o menos atinada. Las cosas son claras, los actores claramente divididos en dos bandos ontológicamente distintos que entran en una interacción binaria y diacrónica.

37Sin negar el papel de los demás actores sociales y políticos, locales, nacionales o transnacionales en los procesos de interacción en los que se construye la etnicidad como instrumento político, quisimos hacer énfasis, en los casos mexicano y colombiano, en las que las políticas multiculturales tienen como actor central al Estado. Hemos visto cómo existe desde el inicio de dichos procesos un vínculo cuasi simbiótico entre las intervenciones del Estado y la génesis de identidades étnicas. Estas no preceden al Estado, en un ámbito social prepolítico. Su existencia tampoco se define exclusivamente en una interacción entre grupos sociales, como podría inducirse de la teoría barthiana (Barth, 1995) e interaccionista de las “fronteras étnicas”. Las fronteras étnicas e identitarias siempre tienen algo que ver con el poder político y las intervenciones del Estado. Ello ha sido ampliamente documentado en el contexto africano, donde autores como Christian Coulon (1994: 293) han mostrado que el Estado es la principal “fábrica” de fronteras étnicas. Ello no quiere decir que todo es político y que negamos autonomía a los procesos sociales y culturales. Es poner simplemente el acento en interacciones, puntos de contacto, acciones y reacciones. En suma, las articulaciones que la “división social” del trabajo científico ha tendido a soslayar. En las sociedades que estudiamos —la mexicana y colombiana contemporáneas— las identidades étnico-culturales son ampliamente definidas por y en relación con el Estado.

38Ya sea como instancia a la que un grupo movilizado reclama un reconocimiento; ya sea porque el marco normativo en el cual la identidad de un grupo se legitima institucionalmente pasa por el aval del Estado, éste se confirma como un actor central en el proceso de construcción de identidades étnicas.

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Notes

3 Oaxaca es una de las 32 entidades federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos. La población de dicho estado del sur de México, es de 3.5 millones, de los cuales aproximadamente la mitad es considerada indígena (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, inegi, Conteo de población y vivienda 2005, http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/).

4 El número de municipios de usos y costumbres no ha cambiado desde 1997: son 418 de los 570 que integran el estado, es decir, seis más que en 1995.

5 Las agencias municipales o de policía son circunscripciones administrativas submunicipales, que corresponden a localidades con autoridades propias pero sin prerogativas en el manejo del presupuesto municipal.

6 En 1995, cuando se definieron las reformas de usos y costumbres y los cambios en el tratamiento de lo étnico en Oaxaca, fue muy importante la asesoría prestada al gobierno federal por Salomón Nahmad Sittón o el sociólogo Gustavo Esteva quienes habían sido colaboradores del presidente populista Luis Echeverría (1969-1974) y cercanos al ex gobernador y líder de la Confederación Nacional Campesina (cnc, sindicato “orgánicamente” ligado al PRI desde 1938), Heladio Ramírez López, de quién también fueron asesores de 1986 a 1992.

7 bien es cierto que han surgido enfoques y estudios que consideran la multiplicidad y diferenciación de las poblaciones negras (véanse las referencias en Agudelo, 2005), lo que queremos destacar es la manera en que los estudios y el discurso políticos referidos a las poblaciones rurales del Pacífico, “tienen sentido” a la hora de institucionalizar y legitimar los derechos de estas poblaciones en el espacio público.

8 Hay que señalar que son las élites negras inscritas en los partidos tradicionales (liberal y en menor medida conservador) quienes mantienen la hegemonía en las relaciones de clientela y la política electoral.

9 Conferencia del antropólogo chileno José Bengoa, París, iheal, septiembre de 2005.

10 Inspirados en el modelo de “Acciones afirmativas” implementado desde los años 1960 en Estados Unidos los dos últimos gobiernos de Brasil (Jorge Enrique Cardoso e Ignacio “Lula” Da Silva) han impulsado dichas políticas de cuotas en algunas instancias estatales y particularmente en las universidades públicas. Esto ha despertado un vivo debate nacional entre sectores favorables y opuestos (Igreja, 2005).

11 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esta es la instancia ejecutiva del Departamento Nacional de Planeación. Los documentos Conpes plasman las políticas del Estado que deben implementarse a través de los diferentes ministerios.

Auteurs

iheal-Paris III1

Instituí des Hautes Études de l’Amérique Latine-Université Paris III- Sorbonne nouvelle.

. Doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de América latina-iheal, Universidad París III, Francia. Investigador asociado al Instituto de Investigaciones para el Desarrollo-IRD y al Centro de Investigación y documentación sobre América latina-credal en Francia y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia icanh en Colombia. Catedrático del iheal. Su última publicación es: Retos del multiculturalismo en Colombia. Política y poblaciones negras, editado por el iepri-ird-icanh-La Carreta, Medellín, 2005. carlos.agudelo@univ-paris3.fr

ceri-Sciences Po2

Centre d'Études et de Recherches Internationales-Fondation Nationale des Sciences Politiques.

. Doctor en Ciencias políticas por la Universidad de Bordeaux IV en 2002, Becario cemca (1998-1999), Becario Erasmus, 1992-1993 (Cambridge). Actualmente es investigador del ceri (Centre d'Etudes et Relations Internacionales) de Francia. Participó en el programa “Cambio social y procesos electorales en regiones indígenas” ciesas-cemca-Conacyt (2000-2003) y en varias misiones de observación electoral en Oaxaca (1999-2000). Ha participado en diversos seminarios y Coloquios en Francia y México. Su última publicación es: La política del gatopardo. Multiculturalismoy democracia en Oaxaca, México, cemca-ciesas (2007). recondo@ceri-sciences-po.org

© IRD Éditions, 2007

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