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El istmo mexicano: une región inasequible

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Emilia Velázquez
, 
Éric Léonard
, 
Odile Hoffmann
, 
et al.

Tercera parte. El Istmo posrevolucionario (1): agrarismo oficial y fronteras internas en la construcción de los espacios rurales

El reparto agrario y el fraccionamiento de los territorios comunitarios en el Sotavento veracruzano: construcción local del Estado e impugnación del proyecto comunal

Éric Léonard et Emilia Velázquez

Texte intégral

INTRODUCCIÓN: EL ESTADO NACIONAL, LA POLÍTICA AGRARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

1En este capítulo nos proponemos examinar las formas de implantación y las expresiones locales del reparto agrario, en sus modalidades definidas a partir de la administración cardenista, en dos regiones vecinas del Sotavento veracruzano: Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. Para ello recurriremos a una perspectiva teórica que se centra en analizar los desfases, tensiones y negociaciones entre el proyecto nacional elaborado desde el Estado posrevolucionario, en su fase de consolidación y perennización, y las lógicas propias de los diferentes componentes de la sociedades locales. Consideraremos la política de reparto agrario como el elemento medular de un dispositivo de intervención cuyo objetivo primordial fue asentar la legitimidad del Estado en el medio rural, y hacer de sus representantes actores centrales de los procesos de organización sociopolítica y de construcción/reproducción de los poderes locales y regionales.

  • 1 La cuestión del “anclaje local” del Estado nacional ha estado en el centro de la acción pública en (...)

2Una vez consolidada la estructura del Estado posrevolucionario hacia finales de la década de 1920, su tarea prioritaria fue la integración de las organizaciones comunitarias a un referencial nacional centralizado. Esta integración pasaba necesariamente por un proceso de representación y legitimación del Estado nacional en el seno de las sociedades locales; es decir, por la construcción de un dispositivo institucional eficiente de anclaje local del Estado que lo ubicaría como un referente y un actor centrales de las dinámicas sociopolíticas.1 De esta manera, el cuestionamiento a cualquier intento de autonomía sociopolítica de los pueblos indígenas y la propuesta de integración al proyecto de Estado-nación, que habían sido elementos relevantes en la estructuración de la acción pública desde los primeros gobiernos del México independiente, siguieron siendo asuntos centrales en la era posrevolucionaria. El grupo revolucionario que elaboró la Constitución de 1917, al instituir el reparto agrario y el municipio libre en principios fundadores del nuevo proyecto de nación, reconocía la centralidad y la legitimidad de dos de las demandas principales –tierra y libertad– de la Revolución, aunque en la práctica sólo se orientó a satisfacer las demandas de justicia agraria. En cambio, el tema relativo a la autonomía de gobierno de las comunidades indígenas, asociada muchas veces a las solicitudes de restitución de tierras, tuvo poco interés para la facción revolucionaria que hegemonizó la primera fase de construcción del Estado posrevolucionario, pues se advertía que ello le restaría capacidad de representación y legitimación al nuevo Estado que estaba en formación.

3En el estado de Veracruz, las características de autonomía de los poderes locales y escasa institucionalización del Estado central fueron acentuadas por el desempeño del gobernador Adalberto Tejeda. Durante sus dos mandatos a la cabeza de la entidad, entre 1920 y 1924 y de 1928 a 1932, Tejeda implemento un dispositivo peculiar de articulación entre el poder estatal y los poderes municipales, basado en la construcción de una organización política campesina radical –la Liga de Comunidades Agrarias, lca– y la delegación de amplias prerrogativas a las municipalidades en el manejo de la política agraria (Baitenmann, 1997; Fowler-Salamini, 1979; Ginzberg, 1997). En regiones como Los Tuxtlas o el centro del estado de Veracruz (Baitenmann, op. cit.), el proyecto de Tejeda potenció, por medio de la gestión de las dotaciones de tierra, la reunificación de un poder político-militar en torno a una organización que heredaba muchas de las características de las comunidades indígenas oficialmente disueltas durante el Porfiriato.

  • 2 Los dos líderes, ambos surgidos de la corriente agrarista del movimiento constitucionalista, se en (...)

4Correspondió a la administración cardenista el mérito de crear un dispositivo de reconfiguración de las estructuras comunitarias, mediante el reparto agrario, que resultó tan eficiente desde la perspectiva del Estado que fue reproducido con alteraciones mínimas durante cerca de 50 años, desempeñando una función clave en la difusión de un nuevo modelo de gobernancia en el espacio rural. En sus modalidades de implementación en el Sotavento veracruzano, el reparto agrario cardenista cobró la forma de una contrapropuesta al proyecto tejedista de fortalecimiento de las entidades estatales y municipales.2 Aquél planteaba el desmembramiento definitivo de los antiguos territorios comunales, fueran ellos todavía una realidad de jacto (como en la Sierra de Santa Marta) o solamente un referente ideal (como en San Andrés Tuxtla). A cambio, se proponía la creación de una multiplicidad de “mini-comunidades”, organizadas bajo la figura legal de ejidos “dotados” de tierras por la administración federal y subordinadas a ésta para el acceso a los recursos materiales, políticos y simbólicos que permitirían su reproducción.

5En algunas regiones del país este modelo se desarrolló plenamente, permitiendo el surgimiento de una nueva organización sociopolítica local y regional, en cuya consolidación jugó un papel preponderante un grupo de intermediarios políticos surgidos al amparo del agrarismo oficial (Friedrich, 1981; Salmerón, 1989; Rus, 1995). En otras regiones, en cambio, dicha propuesta estatal tuvo escasa audiencia, en tanto que ciertos proyectos locales firmemente anclados en experiencias “autonómicas” acotaron el avance del control estatal (véase al respecto Nugent y Alonso, 1994 y, en cierta medida, Michel, en este volumen). En el Sotavento veracruzano encontramos ejemplos de ambos tipos de desarrollo del reparto agrario en dos regiones vecinas, caracterizadas por la presencia anterior de organizaciones comunales y la fuerte influencia de las instituciones consuetudinarias, tales como el consejo de ancianos y el acceso comunal a la tierra (Sierra de Santa Marta) y la gestión comunal de las tierras municipales (Los Tuxtlas). A partir de este hecho, nos preguntamos sobre las razones que condujeron a desarrollos tan diferentes en la aplicación de la reforma agraria posrevolucionaria, y acerca de los resultados sociopolíticos derivados. También nos interrogamos sobre la expresión espacial que en cada lugar tuvo el reparto agrario.

6La hipótesis que orienta esta reflexión es que, más allá de su objetivo declarado de justicia social, el reparto agrario constituyó ante todo un instrumento de reestructuración política, que apuntaba a desmantelar las dos formas de organización socioterritorial que habían dominado el México rural desde la época colonial: la comunidad indígena y la hacienda. Afirmamos que a partir del gobierno cardenista el reparto agrario adquirió un papel central de reorganización político-territorial, mediante la creación masiva de esas nuevas entidades sociopolíticas que eran los ejidos, instalando como interlocutor casi exclusivo de los campesinos ejidatarios a la administración federal y sus anexos corporativos –los sindicatos campesinos y posteriormente la cnc– y, de esta manera, marginando a las otras estructuras de poder local y regional relacionadas con la administración territorial: los municipios y los estados federados.

  • 3 Al respecto, nos ubicamos en una línea de reflexión desarrollada, entre otros, por Mallon (1995), (...)

7Nuestras indagaciones en torno a estas cuestiones han partido de considerar la “producción” de la política agraria como un proceso de confrontación e interacción entre el proyecto centralista de reconfiguración político-territorial del medio rural y las agencias encargadas de su implementación, por una parte, y las estrategias de los actores individuales y colectivos afectados por dicho proyecto en los ámbitos locales y regionales, por otra. Examinaremos la incidencia de este proceso en las formas de organización y gestión sociopolítica en los niveles local y municipal, poniendo atención en la construcción de los dispositivos de representación y legitimación del Estado, así como en las limitaciones que para ello pudieron significar las instituciones comunales. En esta perspectiva, reflexionaremos sobre el alcance estructural de los juegos de actores, interesándonos en la manera en que estrategias individuales pueden combinar y coordinarse en formas de acción colectiva que tienen un impacto sobre las dinámicas de estructuración sociopolítica en la perspectiva del tiempo largo.3 Prestaremos un interés particular a las dinámicas de construcción y actualización de arreglos institucionales en la interfase entre la intervención pública y los dispositivos consuetudinarios locales.

LA ADOPCIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DE REPARTO AGRARIO: DESESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO COMUNAL Y FUNDACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN DE GUBERNAMENTALIDAD EN LOS TUXTLAS

El reparto tejedista y el intento de reconstitución del poder comunal

  • 4 No queremos decir que la reforma agraria en Veracruz haya sido iniciada por Tejeda, sino que fue c (...)

8El reparto agrario tuvo una primera gran fase de desarrollo en el estado de Veracruz bajo el primer gobierno de Adalberto Tejeda, entre 1922 y 1925.4 El proyecto de Tejeda apuntaba a construir un régimen socialista en un marco federalista que dejaría una amplia autonomía a los estados de la Federación y los municipios (Ginzberg, 2000; Fowler-Salamini, 1979). En este proyecto desempeñaba una función clave la LCA, en tanto organización política encargada de tomar el control de los ayuntamientos y, a través de ellos, impulsar el reparto agrario. El gobierno tejedista apoyó la formación de comités campesinos a partir del tejido de líderes que habían encabezado las guerrillas revolucionarias, armando dichos comités y propiciando su hegemonía municipal. Los ayuntamientos fueron dotados de amplias prerrogativas en la gestión del reparto agrario, respecto de la formación de los comités agrarios locales y su armamento, de la posibilidad de imponer a los propietarios contratos de arrendamiento forzoso que permitían la implantación de dichos comités, del reconocimiento administrativo de los núcleos de población así constituidos, del registro de los demandantes de tierra y de la constitución de las juntas municipales de conciliación y arbitraje en materia agraria (ibidem). La política tejedista contribuía de esta forma a restaurar la fusión de las esferas agraria y política –así como, en cierta medida, militar– en torno al poder municipal.

  • 5 Estos trece pueblos eran: Axochío, Cerro Amarillo, Matacapan, Ohuilapan, Pizapam, Ranchoapan, Soya (...)

9Hasta la ejecución de las leyes de desamortización, en 1886, el municipio había tenido en San Andrés Tuxtla una relación estrecha con la gestión de las tierras comunales. La conformación de un “común municipal”, mediante la compra de terrenos a los herederos de Hernán Cortés, y su administración por una “Sociedad Agrícola” habían constituido un objeto central de las dinámicas políticas y las luchas por el control del ayuntamiento (Léonard, 2004 y 2007). Durante el periodo revolucionario, y al igual que la mayor parte del Sotavento, la región fue escenario de operaciones de guerrillas que combinaban una afiliación cambiante entre las grandes facciones políticas nacionales y prácticas de bandolerismo (Delgado, en este volumen). En 1920, la mayoría de ellas se federaron en el “Partido Rojo Sanandrescano”, el cual conquistó el gobierno municipal enarbolando la bandera tejedista y solicitó, en 1922, la restitución de la tierras del común municipal disuelto en 1886. Aunque no procedió dicha solicitud, debido al hecho de que San Andrés no poseía Títulos Primordiales por haber sido parte del Marquesado de Cortés, las demandas de tierras fueron satisfechas entre 1923 y 1932, mediante dotación a 17 ejidos, trece de ellos correspondientes a poblados indígenas que habían integrado el común municipal.5

10Las autoridades municipales ejercieron un control estrecho sobre los trámites de dotación a estos pueblos, así como una fuerte injerencia en la constitución y el desempeño de los comités agrarios encargados de administrar las tierras. Ejemplo de ello son las funciones ocupadas por Manuel Azamar, figura prominente del Partido Rojo Sanandrescano, presidente de la Comisión Local Agraria entre 1923 y 1932 y de la Junta Municipal en 1922-1924 y de nuevo entre 1930 y 1932. Esta delegación de poderes a los líderes de las guerrillas agraristas le aseguró a Tejeda una base política y militar sólida, cuya fiabilidad quedó demostrada cuando estas organizaciones campesinas contribuyeron a sofocar los levantamientos de los generales De La Huerta –según R. González (1994), el Partido Rojo Sanandrescano habría movilizado 900 hombres armados en esta ocasión– y González Escobar en 1924 y 1929.

11Pero la política tejedista de apoyo a los líderes agrarios legitimó asimismo su gestión discrecional de las dotaciones de tierra a favor de sus clientelas locales (Baitenmann, 1997). En San Andrés, la Comisión Local Agraria presidida por Azamar intervenía en la distribución de los derechos agrarios a nivel local, vinculando el acceso a dichos derechos a los méritos militares adquiridos por los individuos o por las comunidades campesinas en las guerrillas agraristas. El acaparamiento de los recursos locales –tierras, pastizales y maderas– por las élites agraristas se fundamentaba en amplia medida en la reivindicación de los principios comunitarios de libre acceso a la tierra en los ejidos nuevamente creados, lo cual daba pie a la disociación entre los derechos otorgados mediante el proceso legal de dotación –el cual identificaba un número determinado y limitado de beneficiarios– y los derechos efectivamente ejercidos por los residentes de la comunidad (o por sus tutores políticos), fueran o no ejidatarios.

  • 6 aran, 140.

12Semejante a lo registrado por Baitenmann (ibidem) para el centro de Veracruz, en San Andrés Tuxtla los archivos agrarios dan cuenta de los abusos perpetrados por las autoridades locales y municipales en el uso de las tierras otorgadas en dotación: arrendamientos de pastizales y atribución de permisos de explotación forestal a miembros de la burguesía regional, privación de derechos a ciertos ejidatarios y atribución de sus parcelas a nuevos beneficiarios, tratamiento discriminatorio en la repartición de las tierras de cultivo a expensas de las localidades anexas y a favor de las cabeceras ejidales, etc. Entre 1928 y 1931, los comités locales de Texalpan y Cerro Amarillo se quejaban así ante la Junta de Administración Civil de San Andrés del arrendamiento de terrenos de su ejido que realizaba Manuel Azamar a favor de los antiguos propietarios. A su vez, los habitantes de Texcaltitan denunciaban el trato discriminatorio del que eran objeto en el reparto de las tierras por parte de las autoridades de Xoteapan, la cabecera del ejido al que pertenecía su aldea.6 En varias ocasiones, los comités locales que formulaban estas quejas fueron disueltos por la Comisión Local Agraria bajo el cargo de sedición.

13Estas denuncias eran las mismas que habían sido dirigidas décadas antes a la Sociedad Agrícola de San Andrés en relación con el manejo de los terrenos comunales. De nueva cuenta, las normas de libre acceso a las tierras y los acaparamientos a los que dichas normas daban lugar por parte de las autoridades estaban en el centro de las disputas. Por eso, cuando el gobierno federal de Abelardo Rodríguez adoptó, en 1932, disposiciones legales que apuntaban a fraccionar los terrenos ejidales en lotes individuales, las guerrillas agrarias se opusieron a su aplicación en el estado de Veracruz, con el apoyo del gobernador Tejeda (Baitenmann, 1997).

El reparto cardenista: segmentación sociopolítica y reorganización territorial

14A partir de 1934 y con el acceso de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, el reparto agrario tuvo modalidades que llevaron al desmantelamiento del proyecto tejedista de desarrollo de un movimiento campesino radical, basado en el binomio municipalidad-comunidad agraria. La administración cardenista marginó a los gobiernos estatales y municipales en el manejo de la política agraria y emprendió la creación de nuevas estructuras comunitarias, desvinculadas de las organizaciones comunales. El reparto tejedista se había apoyado en los pueblos indios integrantes del “común” de San Andrés, en tanto que las dotaciones de la década siguiente impulsaron una recomposición territorial y demográfica que resultó en la desarticulación definitiva de la organización política y espacial comunal. Dos fenómenos son centrales en este proceso.

  • 7 acam, 739 y 2023; aran, 140 y 2 850.

15En primer lugar, las cabeceras de los ejidos creados durante la década de 1920 enfrentaron a partir de 1934 una serie de insurrecciones microlocales por parte de sus anexos. Los archivos agrarios dan cuenta de la multiplicación de las demandas de segregación territorial o de dotación agraria independiente a favor de estos pueblos: las aldeas de Mata de Caña y Los Mérida solicitaron su separación del ejido Soyata, mientras los pueblos de El Huidero, Bezuapan y Eyipantla hicieron lo propio respecto de su cabecera ejidal, Comoapan. Lo mismo sucedió con los comités locales de Pueblo Nuevo –nombre revelador en sí– y Los Naranjos, que solicitaron una dotación independiente de la cabecera de Tehuantepec (hoy Tulapan); con Texcaltitan, que reclamó separarse de la tutela de Xoteapan; o con Chuniapan de Abajo, que pidió su segregación del ejido de Chuniapan.7 Con excepción de Texcaltitan, cuya demanda perduraría hasta la realización del Procede, en 1997, todos estos pueblos consiguieron en los años siguientes una dotación propia, separada de su antigua cabecera o, en el caso de Chuniapan de Abajo, su erección como ejido independiente (véase figura 25).

  • 8 El pueblo de Xoteapan es particularmente representativo de esta situación. En 1938, la viuda Morte (...)

16Por otra parte, si bien la mayoría de las dotaciones del periodo cardenista fueron realizadas en la periferia del antiguo común municipal, donde las grandes propiedades habían tenido su mayor desarrollo, sólo beneficiaron en forma marginal a los trabajadores de las haciendas afectadas. Por el contrario, las fuentes de archivo sugieren que estos espacios fueron “purgados” de sus instituciones y, muchas veces, de sus ocupantes, en beneficio de nuevos actores. Los censos realizados por el Departamento Agrario dan así una imagen de la población beneficiada que contrasta con la iconografía oficial: en muchos pueblos (Abrevadero, Bodegas de Totoltepec, Coyoltepec, Los Mérida, Los Naranjos, Morelos, Pueblo Nuevo, San Leopoldo), los demandantes de tierra contaban con menos de cinco años de residencia y muchos de ellos acababan de llegar. A la vez, los archivos dan cuenta de múltiples quejas por parte de los arrendatarios de las propiedades afectadas, que declaraban ser víctimas de discriminación o expulsión por parte de los comités agrarios. Por último, los censos de 1930 y 1940 arrojan datos sorprendentes y aparente mente paradójicos: las cabeceras de los ejidos dotados durante la década de 1920 perdieron población, mientras crecían sus anexos que habían solicitado una dotación independiente y varias localidades eran creadas con la finalidad de formar un ejido.8 Estas dinámicas evidenciaban un deslizamiento de la población hacia las periferias del antiguo común municipal, donde la política agraria iba erigiendo nuevas entidades administrativas (véase figura 25).

17Los censos agrarios proporcionan información que permite identificar las claves sociológicas de esta migración masiva. Mientras que las dotaciones agrarias tejedistas habían sido otorgadas principalmente a hombres mayores de 35 años, los primeros en beneficiarse con el reparto cardenista fueron jóvenes de entre 15 y 24 años: ellos representaban cerca de 40% de los nuevos ejidatarios, frente a sólo 22% diez años antes. En 1922 –cuando fue realizado el censo agrario municipal anexado a la solicitud de restitución de las tierras del común de San Andrés–, menos de 48% de los hombres de 15 a 24 años estaban casados, en un contexto normativo consuetudinario que condicionaba el estatuto de adulto y el acceso a la tierra al matrimonio; en los ejidos formados a partir de 1934, en cambio, más de 60% de los jóvenes varones estaban casados y 90% de ellos fueron registrados como sujetos agrarios. Como consecuencia, las familias censadas en los nuevos ejidos eran pequeñas –35% de ellas contaban con uno o dos miembros, frente a 15% en los viejos pueblos indios–, lo cual reflejaba una instalación reciente y un poblamiento poco consolidado (véase figura 26).

Figura 25. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en Los Tuxdas entre 1932 y 1942

Figura 25. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en Los Tuxdas entre 1932 y 1942

Elaboración: Eric Léonard y Rafael Palma.
Fuente: sig Sotavento ird-ciesas.

Figura 26. Características sociodemográficas de la población dotada con tierra en las décadas de 1920 y 1930

Figura 26. Características sociodemográficas de la población dotada con tierra en las décadas de 1920 y 1930

Fuentes: Censos agrarios, acam, aran, Xalapa, Ver.

  • 9 aran, 2 850.

18Estos elementos sugieren que el proceso de creación de nuevos ejidos se asentó en amplia medida en –a la vez que revelaba– las fracturas intergeneracionales que surcaban los viejos poblados indios dotados con tierra durante la década anterior: la política agraria cardenista se apoyó en las estrategias de emancipación de los jóvenes adultos respecto de los poderes patriarcales que se habían reconstituido en torno a los líderes de guerrillas agrarias. Un ejemplo llamativo en este sentido lo provee el ejido Pueblo Nuevo, derivado de una escisión interna de Tehuantepec (hoy Tulapan), que aglutinó a campesinos de Chuniapan y Xoteapan: en 1942, un informe oficial mencionaba que de los cinco integrantes de su comité agrario, tres eran menores de 20 años y uno sólo mayor de 2529

19En forma significativa, la difusión de la educación pública en español conformó el segundo pilar del proyecto cardenista de integración de las comunidades campesinas a la nación posrevolucionaria. Mientras numerosas escuelas fueron construidas en los poblados de la región, los maestros participaron en la propagación de los temas agraristas y asumieron con frecuencia la organización de los comités agrarios locales. Apenas un año después de la investidura de Cárdenas, en 1935, Manuel Azamar fue trasladado a la ciudad de México y Enrique López Huitrón, un maestro oriundo de Michoacán, asumió la dirección de la Comisión Local Agraria de San Andrés. Durante la década de 1940, el idioma nahua cayó rápidamente en desuso en los nuevos ejidos y sólo perduró unas décadas más en los viejos centros de poblamiento. En forma general, la educación en español contribuyó a romper los lazos intergeneracionales entre los mayores, nahua hablantes, y sus hijos, castellanizados.

Los empresarios de la "frontera agraria": monopolios de intermediación y gestión patrimonial de los recursos locales

20El proceso de ruptura con las instituciones consuetudinarias se tradujo en el deslizamiento del centro de gravedad demográfica y política de la región hacia su porción sureña, donde se concentraron las nuevas dotaciones agrarias (véase figura 25). Localidades de segundo rango, como El Laurel, Bodegas de Totoltepec, Sihuapan o El Salto de Eyipantla surgieron como nuevos centros del clientelismo agrario, cuando las viejas cabeceras indígenas del “común municipal” (Xoteapan, Cerro Amarillo, Ranchoapan, Soyata, Ohuilapan, Pizapam, Tepancan) fueron marginadas en forma duradera en el juego político regional. La evicción de M. Azamar de la presidencia municipal de San Andrés, en beneficio de una nueva generación de dirigentes campesinos, cuyas figuras principales –Juan Paxtián, Juan Atén y Nicolás Parra– eran oriundas del sur de la región, tuvo valor simbólico.

21El reparto cardenista puso en evidencia una nueva figura: la del joven dirigente campesino, cuya autoridad derivaba de su inserción en el dispositivo de anclaje regional del Estado que se estructuraba en torno a la administración agraria, la lca de Los Tuxtlas, pero también de su alianza con los grandes comerciantes de granos, plátano y tabaco de San Andrés. A diferencia de los líderes de la época tejedista, estos dirigentes no tenían un pasado revolucionario, aun cuando se habían formado en las guerrillas agrarias. Pertenecían a una generación que se había topado con la reconstitución de las estructuras patriarcales de gobierno local al amparo de la política tejedista.

22La clave del éxito de estos “empresarios políticos” radicaba en su habilidad para insertarse en las redes de patronazgo político vinculadas con el dispositivo regional del Estado posrevolucionario y, de manera simétrica, en su capacidad para instaurar relaciones similares a nivel de una clientela local: se trataba de construir y extender un capital político con base en la trama territorial que iba surgiendo del proceso de dotación agraria. Su estrategia se orientó hacia la construcción de monopolios de intermediación con los grandes comerciantes de San Andrés y la administración agraria y la creación de mercados cautivos a escala de los territorios que se construían en la “frontera agraria” regional.

23A nivel de la comunidad ejidal, la legitimación del poder se fundamentaba en amplia medida en la posición de anterioridad de la que se valía el “empresario agrario” en sus relaciones con el “Estado local”: él había sido el iniciador y el gestor de los trámites de dotación agraria; más importante aún, él era quien había establecido relaciones de exclusividad con los grandes comerciantes de granos, que financiaban y compraban las cosechas. Pero, al mismo tiempo, los requerimientos de agregación y clientelización de nuevos dependientes, en un contexto de fuerte actividad de la frontera agraria, llevaban al empresario político a reivindicar una ideología que apelaba a las metáforas de la igualdad y el parentesco en las relaciones políticas (véase infra). Estos apremios resultaban tanto más fuertes en cuanto el empresario agrario fundamentaba su acción en la ruptura con las estructuras patriarcales de gobierno comunal y se apoyaba en actores provenientes de categorías de edad jóvenes.

  • 10 acam, 739.
  • 11 acam, 2 779.
  • 12 acam, 313.
  • 13 acam, 3 721. El expediente agrario de Tulapan da amplia cuenta de la recurrencia de las lógicas de (...)

24Las lógicas de promoción individual mediante el desplazamiento hacia la frontera agraria y la construcción de un nuevo territorio, que se cristalizaban en la figura del empresario agrario, se inscribieron durablemente en la cultura política. Tan pronto como se habían formado, algunos comités agrarios enfrentaron intentos de segregación por parte de sus administrados: fundado en 1935, en el momento de la creación del ejido R. Flores Magón, el anexo de La Boca constituyó dos años más tarde su propio comité agrario y solicitó la dotación de un ejido propio, aunque sin éxito.10 La competencia que libraban los empresarios agrarios para agregar nuevas clientelas y expandir sur área de influencia política alentaba tales estrategias: en 1939, tres años después de la formación del ejido Abrevadero bajo los auspicios de J. Paxtián, un grupo de ejidatarios apadrinado por N. Parra abandonó el pueblo para invadir una propiedad vecina, en el sitio llamado Sayultepec, donde obtuvo una dotación de tierras.11 Estas iniciativas inducían movimientos continuos de población: en marzo de 1935, a seis años de su creación, el ejido El Laurel sólo contaba con 43 de los 93 integrantes de su censo básico, pero había acogido a 80 nuevos solicitantes de tierra;12 en Tulapan, en 1952, sólo quedaban 18 de los 123 beneficiarios de la dotación otorgada 25 años antes: 57 de ellos habían fallecido, y otros 48 habían abandonado el pueblo con sus familias, sin que se supiera de su destino.13 Tales fenómenos no fueron exclusivos de Los Tuxdas, sino que han sido documentados también en el occidente del país (Meyer, 1987; Nuijten, 2003).

Las instituciones de la frontera agraria: pluralismo legal y personificación del poder

25El dispositivo de regulación sociopolítica que se construyó en la frontera agraria cardenista en Los Tuxtlas correspondía a una situación de pluralismo legal, que combinaba elementos de la reglamentación legal y un conjunto de normas y prácticas que remitían a la “economía moral” (Scott, 1976) de las comunidades indígenas. La regulación agraria, en particular, apelaba a las normas comunales de acceso abierto a los recursos –tierras, pastizales, bosques, fuentes de agua– para todos los jefes de familia, fueran o no ejidatarios. Dicho acceso estaba condicionado solamente por el respeto de las obligaciones comunitarias (faenas, contribuciones a la tesorería del ejido). En cambio, y conforme a las disposiciones oficiales, la asamblea ejidal sustituyó al consejo de ancianos en el ejercicio del gobierno de las congregaciones indígenas, siendo el comisariado, controlado por el empresario agrario, el que asumía sus prerrogativas. Esta situación de pluralismo legal llevó a una nueva disociación entre la distribución de los derechos agrarios y de los derechos políticos: surgió una categoría de ciudadanos locales sin estatuto agrario legal (llamados “comuneros”), cuyo acceso a la tierra era validado por la asamblea ejidal y actualizado mediante sus contribuciones a los cargos colectivos, pero cuyos derechos políticos eran restringidos por las disposiciones oficiales que los excluían de los órganos de gobierno local. Al no poder ser modificado el número de los ejidatarios sin autorización de la administración agraria, este grupo era destinado a crecer y a volverse mayoritario, a veces a partir de la segunda generación de residentes del ejido.

26La estratificación de las categorías sociopolíticas se superpuso, por tanto, a los principios igualitarios de regulación agraria. Las normas de acceso abierto a la tierra alentaban la creación de nuevas unidades de producción y la apertura de nuevas parcelas. Aseguraban de esta forma la prosperidad del empresario agrario y sus allegados, quienes centralizaban las funciones de financiamiento y comercialización de la producción. Permitían asimismo a estos operadores acumular tierras gracias a los medios financieros que podían movilizar para desmontar y cultivar o para cercar terrenos de pastoreo. Las relaciones jerárquicas y el acaparamiento de los recursos del ejido por el empresario agrario tendían así a desplazar los principios de igualdad y reciprocidad que fundamentaban su discurso político. Sin embargo, otros elementos del “fundo institucional” comunitario legitimaban sus funciones de mediación: el establecimiento de relaciones de parentesco simbólico (compadrazgo) soportaba las relaciones económicas internas al ejido y definía los contornos de la esfera de intercambio. De ahí que las metáforas de la igualdad (la figura del comunero) y del parentesco (la del compadre) conformaran la trama del complejo ideológico que legitimaba la institucionalización del patronazgo y del clientelismo en tanto principios de regulación sociopolítica.

27Estas características –la organización jerárquica de las relaciones que conllevaban un grado de dependencia, la referencia al principio de anterioridad para fundamentar la autoridad, el uso de los vocablos del parentesco como metáforas de las relaciones políticas– remiten a ciertos principios constitucionales de los procesos de frontera interna analizados por Kopytoff (1987) en los contextos africanos. Al igual que en las situaciones descritas por este autor, conducían a la detentación vitalicia de los cargos de autoridad y a la gestión patrimonial de los recursos territoriales por parte del empresario político. Pero el poder de dicho empresario permanecía condicionado por su capacidad de garantizar el desarrollo de las capacidades productivas y el bienestar de sus administrados: su eficiencia en la relación con los mercados políticos –en particular la política agraria, a la que incumbía satisfacer las solicitudes de acceso a la tierra formuladas por las nuevas generaciones mediante la “ampliación” del ejido– y económicos legitimaba su gestión patrimonial de los recursos locales. El “Estado local” desempeñó por tanto un papel clave en los procesos de legitimación y perennización del gobierno del empresario agrario.

28El régimen de gubernamentalidad surgido del proceso de frontera agraria en Los Tuxdas retomó los principios de la relación patrón-cliente y sus fundamentos ideológicos –la lealtad asociada a las metáforas del parentesco y la igualdad comunitaria reafirmada mediante la ficción del intercambio recíproco–, a la vez que ubicó la figura del empresario agrario, depositario de la autoridad del “Estado local”, en el centro de los procesos de organización sociopolítica. Esta personificación del Estado fundamentó la regulación clientelar de las relaciones políticas (Panster, 1997). Un régimen de gubernamentalidad que remite al modelo de “despotismo descentralizado” elaborado por Mamdani (1996) en referencia a la organización de los sistemas de gobierno colonial y poscolonial en Africa subsahariana. La distinción operada por Mamdani entre “ciudadanos”, habilitados para participar en la vida política fuera del ámbito local, y “sujetos”, cuyo estatuto sociopolítico sólo tenía sentido en la esfera microlocal, cobra un matiz particular en su aplicación a los “sujetos agrarios”, definidos como tales por la legislación agraria nacional.

IMPUGNACIÓN DEL REPARTO AGRARIO: RESISTENCIA COMUNAL Y DEFENSA DE PRÁCTICAS AUTONÓMICAS EN LA SIERRA DE SANTA MARTA

29Liemos dicho que el reparto agrario fue uno de los elementos centrales de un proceso hegemónico orientado a construir una relación de dominio y control estatal sobre la población campesina. Asumiendo los planteamientos de Williams (1980), todo proceso hegemónico tiene dos dimensiones: una que refiere a la creación y recreación de mecanismos de dominación de distinto tipo –aplicación de reglamentaciones y sanciones, ejecución de rituales oficiales, etc–, y otra que alude al permanente cuestionamiento y desafío a la dominación. Consideramos que el predominio de una u otra de estas dimensiones en distintos momentos históricos depende en gran medida de la historia local, lo cual explica que mientras en algunos lugares los proyectos estatales son adoptados con pocas modificaciones, en otras partes esos proyectos pueden enfrentar una tenaz oposición de parte de ciertos grupos, recurriendo para ello a la defensa de estilos locales de vida, la transgresión de las reglamentaciones o la resignificación de las propuestas estatales. Desde esta perspectiva, la relación Estado-campesinos (sean o no indígenas) no se desarrolla en una sola vía –la del dominio–, sino que también fluye en sentido contrario –la de la resistencia–. Se trata, entonces, de una relación permanentemente negociada, en la que los márgenes de maniobra de los diferentes grupos varían de manera notable en el tiempo, dependiendo de diversas circunstancias, tanto extralocales como locales. Con este acercamiento teórico, en las siguientes páginas analizaremos el intento de instaurar el reparto agrario en la Sierra de Santa Marta –vecina a la región de Los Tuxtlas–, lo que nos permitirá dar cuenta de la dimensión de resistencia local al proyecto de reforma agraria del Estado posrevolucionario.

DE LA DESAMORTIZACIÓN DE TIERRAS AL AGRARISMO: PERMANENCIA DE UN PROYECTO LOCAL

  • 14 Mayor información al respecto puede encontrarse en Chevalier y Buckles (1995) para el caso de los (...)

30La Sierra de Santa Marta ha estado habitada desde tiempos prehispánicos por indígenas zoque-popolucas y nahuas, quienes durante la Colonia adquirieron tierras cuya posesión quedó amparada con la expedición de Títulos Primordiales por parte de las autoridades virreinales.14 Esta situación agraria cambió en el último tercio del siglo xix, cuando el régimen liberal de Porfirio Díaz impuso la ejecución de la Ley de Desamortización de los Bienes de las Corporaciones Eclesiásticas y Civiles. Esta ley fue finalmente asumida por los nahuas de Pajapan en la década de 1880, dividiendo sus tierras en grandes lotes de condueñazgo en los que mantuvieron el acceso comunal a la tierra. Por su parte, los zoque-popolucas de Soteapan, en contraposición a la vía seguida en la mayoría de las comunidades indígenas del Istmo veracruzano, se mantuvieron reacios a aceptar la división de sus terrenos comunales, los cuales compartían con los nahuas de Mecayapan por carecer éstos de tierras propias. Por último, en 1894 los zoque-popolucas iniciaron sus trámites para dividir sus tierras comunales, enfrentándose a numerosos problemas que alargaron el proceso hasta 1902, fecha en la que las autoridades porfiristas consideraron válida la reclamación que la familia Romero Rubio hacía de gran parte del territorio popoluca (Velázquez, en este volumen).

  • 15 Bradley (1988: 96) narra que cuando la compañía Pearson realizaba los trabajos de construcción de (...)

31Fue esa pérdida de buena parte de su territorio la que hizo que los zoquepopolucas de Soteapan se decidieran a participar en el levantamiento armado magonista que en 1906 encabezó Hilario C. Salas (Padua, 1941). El movimiento fue reprimido y gran parte de las antiguas tierras comunales de Soteapan siguieron siendo propiedad del empresario inglés Weetman Pearson, quien en 1905 las había adquirido de la familia Romero Rubio. Sin embargo, la propiedad privada sobre el territorio popoluca tenía rasgos muy peculiares, pues la empresa de Pearson nunca tomó posesión de las tierras, quizás porque éstas fueron adquiridas sólo para asegurarse el control de terrenos que podrían explorarse en busca de petróleo, lo cual nunca ocurrió.15 Esta situación les permitió a popolucas y nahuas seguir ocupando sus tierras para labores de agricultura, caza y recolección, aunque hubieran perdido la posesión legal de las mismas.

32Durante las décadas de 1910 y 1920 los campesinos popolucas siguieron haciendo uso de sus antiguas tierras comunales, las cuales continuaron compartiendo con sus vecinos nahuas de Mecayapan. Fueron años de zozobra a causa de la guerra, con constantes incursiones de rebeldes y tropa federal que perseguía a los primeros, pero también de enfrentamientos intracomunitarios, como el ocurrido entre 1921 y 1922, cuando tuvo lugar un conflicto armado entre antiguos líderes popolucas que habían participado juntos en el levantamiento de 1906. En 1920 uno de estos líderes se incorporó a una nueva aventura bélica siguiendo al general Miguel Alemán González, quien había entrado en conflicto con el gobierno de Obregón. En contraste, otros tres importantes líderes habían decidido no participar en este movimiento, pues consideraban que con la caída del régimen porfirista estaban dadas las condiciones para recuperar sus tierras comunales. El enfrentamiento entre ambos grupos fue tan agudo y violento que la cabecera municipal quedó despoblada casi un año, hasta que en 1922 el jefe del grupo insurgente fue asesinado en Tatahuicapan (Velázquez, 2006). Los siguientes años, los campesinos popolucas se concentraron en resarcirse de las pérdidas ocasionadas por la ola de violencia, de tal manera que no estuvieron en condiciones de sumarse a la lucha agrarista apoyada por el gobernador Adalberto Tejeda en su primer periodo de gobierno (1920-1924).

  • 16 acam, 1 432; Gaceta Oficial, 4 de abril de 1931, núm. 41, t. XXV.
  • 17 Según un informe enviado el 18 de julio de 1933 a la cla por la delegación Acayucan de la administ (...)

33Fue hasta 1931, en el penúltimo año del segundo periodo del gobierno tejedista (1928-1932), que los popolucas de Soteapan iniciaron sus trámites para recuperar legalmente sus tierras. La solicitud de tierras estaba firmada por varios hombres, entre los que se encontraban Juan Arizmendi, Diego Gutiérrez y el presidente municipal Sixto Pascual, tres ex revolucionarios de 1906.16 En marzo de 1933, un ingeniero enviado por la Comisión Local Agraria (cla) se presentó en Soteapan para levantar un censo general y agropecuario. El resultado de su indagación fue que de un total de 739 habitantes, había 175 individuos con derecho a parcela. En su informe, el técnico de la cla señalaba que “por tradición saben los vecinos que en otra época el pueblo poseía grandes extensiones de tierra que compraron al gobierno español o les cedió éste en calidad de merced, probablemente las 1 143 hectáreas que posee actualmente el Ayuntamiento más las 39 233 que pertenecen a la Cía Mexicana de Bienes Inmuebles”. En realidad esta compañía, creada por W. Pearson en 1913, era propietaria de 78 558 ha distribuidas en los municipios de Soteapan y Mecayapan,17 pero el técnico de la cla se refería solamente a los terrenos ubicados en el primer municipio.

  • 18 acam, 1 432.

34Dos datos de este informe son en particular relevantes: en primer lugar, el ingeniero de la cla indicaba que “las autoridades actuales y aún los mismos vecinos desean que se les restituyan tales terrenos, aunque la solicitud que presentaron es de dotación de tierras y no de restitución”;18 y en segundo lugar, el mismo ingeniero informaba que los dirigentes de la comunidad de Soteapan no estaban solicitando únicamente tierras para resolver las necesidades de los 175 individuos con derecho a parcela que había censado en la cabecera municipal, sino que estaban pidiendo tierras para todos los miembros de la comunidad. Ahora bien, ¿quiénes integraban esta comunidad? Según la lógica de gestión comunal de la berra, pero también de los vínculos religiosos, tales como las “visitas” de los principales santos de la cabecera municipal a las congregaciones, o del santo patrono de Mecayapan (Santiago) al de Soteapan (San Pedro), la comunidad indígena estaba conformada por todas las familias popolucas que habitaban tanto en la cabecera municipal como en sus congregaciones y rancherías; pero, además, en esta comunidad popoluca tenían cabida los nahuas de Mecayapan en tanto usuarios de las tierras comunales de Soteapan.

35Esto explica la inusual petición que las autoridades municipales de Soteapan hicieron al ingeniero de la cla, quien reportó que “el pueblo de Soteapan ha solicitado tierras más bien para congregaciones y rancherías que están bajo su jurisdicción política, que para sus vecinos [...] pero ya les indiqué que cada uno de estos poblados debe solicitar por separado la dotación de tierras a que tenga derecho”. Esta recomendación se apegaba a la manera en que la legislación agraria revolucionaria había imaginado la comunidad indígena. En uno de los considerandos del Decreto del 6 de enero de 1915 se indicaba que el hecho de prever que los pueblos que hubieran sido despojados de sus tierras pudieran recuperarlas no significaba “[tratar] de revivir las antiguas comunidades, ni de crear otras semejantes, sino solamente de dar esa tierra a la población rural miserable que hoy carece de ellas” (Zaragoza y Macías, 1980: 100). Es decir, si bien la legislación agraria revolucionaria reconocía el derecho de los campesinos indígenas a la tierra, al mismo tiempo impugnaba el modelo comunal.

  • 19 Acerca de la lógica que guiaba los diferentes usos del territorio popoluca véase Velázquez (2001). (...)
  • 20 acam, 1 432.

36Así, la reforma agraria se convirtió en una arena de disputa entre dos proyectos políticos opuestos: uno que planeaba una relación de dependencia entre Estado y comunidad campesina –fuera o no indígena–, y otro que reivindicaba la existencia de un importante margen de autonomía local. En Soteapan, los antiguos revolucionarios lideraban una propuesta de organización local autónoma respecto del Estado, lo que se expresaba en la decisión de mantener una forma de vida estructurada en torno al acceso comunal a la tierra, el cual permitía una libre movilidad por todo el territorio popoluca.19 Por ello, cuando en junio de 1934 las autoridades municipales de Soteapan recibieron un comunicado de la cla en que se les informaba del inminente inicio de los trabajos para las dotaciones ejidales, citaron de inmediato a una reunión a la que acudieron los integrantes de todos los comités agrarios de la sierra. Ahí se decidió reiterarle al ingeniero comisionado “que el deseo de todos los habitantes del municipio de Soteapan, es que la Comisión Agraria Mixta en el estado [...] haga gestiones para lograr que al municipio de Soteapan se le restituya de sus tierras que desde hace muchos años han poseído”. Para ello pedían que se les ayudara a recuperar los títulos virreinales de Soteapan, los cuales estaban extraviados. En la misma asamblea se acordó “que de ninguna manera permitirían los vecinos del municipio de Soteapan, que se hagan las dotaciones de tierra por parcelas individuales”.20

  • 21 Una descripción detallada de este ritual puede consultarse en Velázquez (2006).

37Pero no sólo había la negativa a aceptar el reparto agrario en los términos planteados por la Comisión Agraria Mixta (cam) también se rechazaba la injerencia de los dirigentes de la lca. A diferencia de lo ocurrido en Los Tuxtlas, en Soteapan el grupo comunalista se negó a aceptar la mediación de la Liga por considerar que ésta actuaba en contra de sus intereses, por lo que en 1936 presentaron directamente al Departamento Agrario en la ciudad de México una solicitud de restitución de tierras. Un año antes el mismo grupo había logrado controlar el comité municipal del pnr y ganar la presidencia municipal, la cual retuvo en las siguientes elecciones municipales. Para entonces estaba claramente definido el proyecto comunalista: se optaba por la autonomía local, y al Estado sólo se le pedía que validara jurídicamente una forma de organización endógena. Este proyecto no preveía la existencia de intermediarios entre la comunidad y el Estado, fuera del liderazgo ejercido por los ex revolucionarios, cuya autoridad moral se fundamentaba no sólo en sus antecedentes de lucha sino también en la experiencia acumulada con la edad, así como en su compromiso con el bienestar colectivo al estar pendientes de la organización del carnaval. Éste era un ritual público encabezado por la autoridad municipal, cuya finalidad era garantizar la obtención de buenas cosechas y la preservación de la salud de las personas.21

  • 22 Entrevista con Damián López, hijo de un líder agrarista de San Fernando, 25/08/00.

38Pero si bien el proyecto comunalista dominó el escenario político local durante casi tres décadas, esto no quiere decir que la comunidad haya actuado como un todo homogéneo y armónico. Desde mediados de la década de 1930 un grupo de campesinos popolucas se adhirió a la propuesta estatal de dotación de ejido a cada población por separado. Dicho grupo era liderado por jóvenes popolucas que habían establecido vínculos estrechos con la lca de Acayucan, enfrentándose abiertamente a los antiguos revolucionarios: “O sea que Sixto Pascual [ex revolucionario] con Francisco González [líder agrarista de San Fernando] pues no, no se jalaban bien. [...] Francisco trabajaba junto con el de la Liga de Comunidades Agrarias. Entonces, Francisco lo que decía era pues vamos a solicitar el ejido y este Sixto Pascual decía que no, que debe ser restitución”.22

39Los jóvenes agraristas también cuestionaban el control político que tenía la cabecera municipal sobre las congregaciones y rancherías de su jurisdicción: los principales bastiones del agrarismo se encontraban, precisamente, en algunas congregaciones cercanas a la cabecera municipal, sobre todo en Amamaloya y San Fernando. Para los jóvenes líderes, los vínculos con la lca de Acayucan eran un medio importante para adquirir prestigio a nivel local, al encargarse de gestionar el apoyo de la Liga para resolver problemas de diverso tipo que los campesinos enfrentaban. De esta manera, en el ámbito local, el agrarismo fue también una vía para desafiar el poder de los ex revolucionarios y aspirar a la presidencia municipal, sin necesidad de ser originario de la cabecera municipal ni de pertenecer al grupo cercano a los ex revolucionarios.

  • 23 acam, 2 737, Soteapan, restitución.

40No obstante que durante la década de 1940 los agraristas locales lograron controlar el ayuntamiento con el apoyo de la Liga regional campesina, los comunalistas se mantuvieron firmes en su lucha por la restitución de tierras, como lo demuestra la convención comunalista que organizaron en octubre de 1946 en la cabecera municipal de Soteapan. El objetivo de esta convención –a la que asistieron grupos de casi todas las congregaciones del municipio– era discutir y aprobar “la solicitud que debe elevarse a la superioridad con respecto a la medición de tierras en mancomún para todos los habitantes que representan los comités ejecutivos agrarios reunidos”.23 La exigencia de restitución de tierras hecha por los comunalistas se apoyaba en los registros históricos del pasado colonial, aludiendo a “la escritura y testimonio que existe en el archivo general de la nación, en cuya escritura que está fechada en el mes de septiembre de 1619, el Marquez de Guadalcazar, por mando del virrey Pedro de la Torre, dotó al pueblo de San Pedro Soteapan, Ver., de cincuenta sitios de ganado mayor [88 750 ha], donde consta que somos dueños de dichas tierras” (ibidem).

  • 24 aran, delegación Veracruz, expediente 16 243, ff. 39-40.
  • 25 acam, 3 195, Ocotal Chico.

41La petición de recuperar y hacer uso de sus tierras bajo las modalidades creadas en el siglo xvii fue sostenida de nuevo en noviembre de 1951, cuando los grupos comunalistas de la cabecera municipal y de 13 congregaciones dirigieron un escrito al jefe del Departamento Agrario en la ciudad de México. En este documento insistieron en “que los terrenos a los que nos referimos los queremos en mancomún, o sea en la misma forma como fueron dotados de aquella época [colonial]”.24 Para finales de la década de 1950 todavía era fuerte la oposición a la dotación de ejidos individuales a cada una de las poblaciones. Así, cuando en 1958 un ingeniero de la CAM se presentó en Ocotal Chico para levantar un censo, campesinos de este lugar le manifestaron que no consideraban necesaria tal acción y que su único deseo era que el gobierno les restituyera sus tierras comunales para ser usadas en forma mancomunada: “[piden] sencillamente que se les señale una superficie que ellos mismos indiquen para posesionarse de ellas en un uso comunal con todas las congregaciones cercanas”.25

La política de colonización del trópico mexicano: un nuevo frente de acoso al proyecto comunalista

  • 26 La escritura de esta compra-venta pertenece al archivo del Registro Público de la Propiedad, secci (...)
  • 27 El acuerdo entre Pemex y la sag se publicó en el Diario Oficial el 10 de agosto de 1951, t. CLXXXV (...)

42Mientras comunalistas y agraristas se confrontaban en torno a la manera de recuperar las antiguas tierras comunales, estas tierras fueron objeto de distintas maniobras legales llevadas a cabo por actores exteriores a la comunidad de Soteapan. Así, en 1938 la Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles interpuso y ganó un amparo mediante el cual se impidió que las berras de Soteapan y Mecayapan, sobre las cuales tenía la propiedad legal, fueran expropiadas por el gobierno mexicano junto con el resto de las propiedades de la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila. Sin embargo, en 1948 la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa adquirió dichas berras y las traspasó al dominio de Pemex, para que esta paraestatal las administrara.26 Tres años después, Pemex puso a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (sag) parte de estas berras, y esta última se comprometió a regularizar su situación “en términos de la ley y procediendo desde luego a su mejor aprovechamiento, en beneficio de la economía agropecuaria del país”.27 Bajo estas condiciones, y conforme a la ley de colonización de 1946, la SAG comenzó a promover la creación de colonias agrícola-ganaderas en el norte y sur de la sierra.

  • 28 Queja que en 1956 envió el comité agrario de la congregación de Zapotitlán al presidente de la lca (...)
  • 29 acam, 4766, Arrecifes.

43Fue así como ganaderos de Acayucan y del centro de Veracruz irrumpieron en el escenario agrario regional. A mediados de la década de 1950, varios ganaderos mestizos comenzaron a ocupar terrenos al norte y oriente de la Sierra, invadiendo parte de las tierras que eran trabajadas por campesinos de los poblados popolucas de Piedra Labrada y Zapotitlán y del poblado nahua Arrecifes. Ante la expansión de los ganaderos, los campesinos popolucas y nahuas del oriente de la Sierra recurrieron a la lca para tratar de frenar las acciones del ingeniero contratado por los integrantes de la recién fundada colonia La Perla del Golfo, quien estaba abriendo brechas y delimitando la superficie de la cual pretendían tomar posesión.28 En 1958 los campesinos de Arrecifes solicitaron a las autoridades agrarias “que se nos de la posesión legal y legítima de nuestras tierras [...] ordenándose se nos deslinden las tierras, en vista de que últimamente han estado llegando por estos rumbos, gentes que están colonizando [...] tratando de despojarnos de nuestras tierras”.29

  • 30 acam, 1 432, San Pedro Soteapan.
  • 31 acam, 1 432, San Pedro Soteapan.

44Hacia finales de la misma década, un proceso similar se desarrolló al sur del municipio de Soteapan, en tierras que popolucas y nahuas habían estado usando en forma mancomunada. Dos eran las colonias que se pretendía crear en estos terrenos: la primera, La Costeña, ya disponía de un croquis, elaborado en diciembre de 1959 y ampliado en marzo de 1960, así como de un censo que registraba a 98 presuntos colonos; la otra, denominada Francisco Donaciano Valdés, disponía de un acta constitutiva del 29 de noviembre de 1959, un croquis elaborado en febrero de 1961 y de un censo con 42 presuntos colonos.30 Estos colonos, según las quejas interpuestas por las autoridades municipales, causaban fuertes perjuicios a los campesinos de Soteapan, ya que “en tiempo de cosecha quitan el alambre y sueltan el ganado, haciéndonos daño [...]. Todo el kilómetro 10, nuestras mejores tierras, están en manos de estos ganaderos”.31

45De esta manera, en el contexto de una política pública orientada a volver “productivas” las tierras tropicales, y a favorecer la consolidación de la pequeña propiedad privada, el margen de negociación y resistencia del grupo comunalista se restringió notablemente. Desde finales de la década de 1950 los campesinos popolucas y nahuas de las congregaciones más amenazadas por la expansión ganadera empezaron a solicitar la intervención de las autoridades agrarias y a acogerse a la única opción jurídicamente válida que les quedaba: aceptar la dotación de tierras ejidales para cada poblado por separado. El reparto agrario se ejecutó entre 1960 y 1964.

  • 32 acam, 1421.

46La prolongada resistencia del grupo comunalista, que durante casi 30 años logró impedir el reparto ejidal, fue una expresión del fuerte arraigo popular que tenía la gestión comunal de la tierra, la cual permitía a los miembros de la comunidad acceder a recursos territoriales diversos y complementarios. Era ésta una forma de ocupación del espacio que resultaba incomprensible para los ingenieros de la CAM, quienes reportaban que los campesinos popolucas sembraban café, maíz y frijol “por métodos anticuados e invadiendo las tierras que se les ocurren año tras año, en forma arbitraria y sin tener cuidado de señalar una zona determinada [...] que debe ocupar cada poblado, razón por la cual las siembras de los campesinos de todos aquellos núcleos se encuentran muy diseminadas y revueltas entre sí”.32

47La ejecución del reparto agrario puede ser vista como el triunfo del proyecto estatal sobre la propuesta local de organización social. Sin embargo, la derrota del proyecto comunalista fue parcial, pues al interior de los ejidos se reprodujo el acceso comunal a la tierra, lo cual permitió que tanto ejidatarios como no ejidatarios hicieran uso de las tierras ejidales. Los campesinos de Soteapan y Mecayapan resignificaron el reparto agrario, creando una modalidad local de ejido que llamaron “ejido comunal”, término que indicaba que las tierras ejidales se usaban como recurso comunal. Formalmente los campesinos se dividieron en ejidatarios o “derechosos” –los que poseían un certificado agrario–, por un lado, y “comuneros” –todos aquellos que, sin ser ejidatarios, tenían derecho a hacer uso de las tierras ejidales por ser miembros de la comunidad–, por el otro. En la práctica, la frontera entre ejidatarios y comuneros fue casi inexistente, con lo que se dio una alteración notable del marco legal del proyecto estatal.

48En suma, el ejemplo de Soteapan apuntala el planteamiento de que las regulaciones dictadas desde el Estado no son absolutas, directas ni unidireccionales. Por el contrario, estas regulaciones son mediadas por la relación dialéctica entre los postulados de una determinada cultura popular –encarnados en símbolos y significados que se encuentran arraigados en las prácticas diarias de los grupos subordinados– y las propuestas que el Estado promueve y ejecuta mediante sus diversas agencias e instituciones –en cuya práctica diaria también se (re)producen símbolos y significados– (Nugent y Alonso, 1994).

Respuestas locales y violencia ante la subversión de la lógica comunal

49Al igual que en Los Tuxtlas, el reparto agrario en Soteapan y Mecayapan dio lugar a un importante reordenamiento del espacio. Por una parte, se fijaron linderos hasta entonces desconocidos, que marcaban límites que ya no podían traspasar los campesinos de cada poblado ahora convertido en ejido. Por otro lado, se crearon nuevos ejidos en áreas hasta entonces poco habitadas, particularmente en las vertientes oriental y meridional de la sierra. Esta última era un espacio bastante despoblado, en el que hasta 1950 sólo había dos viejos poblados –Amamaloya y Cuilonia– (véase figura 27.2), pero que desde tiempo atrás era utilizado para sembrar maíz por campesinos nahuas y popolucas de distintas localidades. Hacia mediados de la década de 1950 varios de estos campesinos decidieron asentarse cerca de sus milpas, comenzando así un proceso de colonización del área sur de la sierra, al que se añadieron campesinos jóvenes de la cabecera municipal y de poblados del área occidental a quienes empezaba a dificultárseles el acceso a tierras en sus lugares de origen. Este proceso de expansión de la frontera agraria se intensificó con el reparto agrario, lo que condujo a la conformación de una microrregión dedicada principalmente al cultivo de maíz y, en mucho menor medida, a la ganadería extensiva. Por lo que respecta al oriente de la sierra, en 1950 sólo había cuatro poblados –Arrecifes, Piedra Labrada, Sochiapa y Mirador Pilapa– rodeados de grandes extensiones de selva tropical, hacia donde durante las décadas de 1960-1980 se dirigieron diversos contingentes de población popoluca, nahua y mestiza para fundar poblados y de inmediato solicitar tierras en ejido. En el marco de este proceso de colonización ejidal se fue construyendo un espacio social estructurado en torno a la expansión de un modelo ganadero introducido por los colonos de La Perla del Golfo (véase figura 27.3). Lo apartado de esta área, la carencia de caminos y puentes, la existencia de ríos caudalosos y de lodosas veredas que se volvían intransitables en época de lluvias hicieron que, a diferencia de los habitantes de la microrregión sur, los pobladores del oriente de la sierra mantuvieran escasas relaciones con sus cabeceras municipales.

  • 33 La expansión de la ganadería bovina en el oriente de la sierra siguió un patrón diferente, en el q (...)

50La expansión de la frontera agraria hacia los márgenes del antiguo territorio popoluca tuvo lugar inicialmente bajo la lógica de ocupación del espacio derivada del uso mancomunado de las tierras. Sin embargo, a los pocos años del reparto agrario la lógica comunal empezó a ser subvertida por la influencia de una nueva actividad económica: la ganadería bovina. Para desarrollar esta actividad, en la microrregión sur33 se organizaron grupos cuyos integrantes cooperaban con dinero y trabajo para comprar alambre de púas y “encerrar” porciones de la superficie ejidal, estableciendo ahí los potreros para el ganado. Estos grupos generalmente se crearon a partir de iniciativas individuales de campesinos, usando para ello las ganancias obtenidas por la venta de sus cosechas de frijol y de los puercos que engordaban con sus excedentes de maíz.

Figura 27. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en la Sierra de Santa Marta entre 1942 y 1972

Figura 27. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en la Sierra de Santa Marta entre 1942 y 1972

Elaboración: Rafael Palma y Eric Léonard. Fuente: SIG Sotavento ird-ciesas.

  • 34 Entrevista de E. L. y E. V. con Moisés Rodríguez, Cuilonia Vieja, 16/07/03.

51Es decir, se trataba de pequeños empresarios –en el sentido literal y occidental de este término– que arriesgaban sus capitales incursionando en una nueva actividad económica que parecía altamente prometedora. Pero, a diferencia de los ganaderos establecidos en otras regiones del Sotavento veracruzano, cuyas empresas florecieron cobijadas por las redes de relaciones político-económicas que tejieron al amparo del poder gubernamental (Léonard, en este volumen), los ganaderos popolucas debieron crear sus propios mecanismos de acumulación, entre los que figuraba el inicio de un proceso de acaparamiento de tierras ejidales que provocó enojo y descontento entre otros campesinos. Para detener el avance de estos ganaderos locales, los inconformes recurrieron a la violencia directa, lo cual se tradujo en verdaderos zafarranchos que derivaron en la expulsión de las familias perdedoras. Ejemplos paradigmáticos de esta situación los encontramos en Amamaloya y Cuilonia. En este último lugar, a principios de la década de 1970 un ejidatario, en asociación con un ganadero de Soteapan, estableció un “encierro” para mantener las 35 cabezas de ganado que había logrado adquirir más las 25 reses de su socio. Este primer ganadero de Cuilonia fue asesinado cerca de la cabecera municipal. Según el relato de uno de sus hijos: “lo mataron porque él quería hacer su parcela a su manera, por querer abarcar más tierra”.34

52Para entonces, otro grupo familiar, que también se dedicaba a la ganadería, había logrado hacerse del control del comisariado ejidal y supuestamente ejercía su poder recurriendo al asesinato de sus oponentes. Sin embargo, esta familia y sus partidarios no podían realizar con libertad sus actividades porque sus integrantes empezaron a ser víctimas de robos en sus milpas y sus potreros. De ello hacían responsable a otro grupo familiar del ejido, que no se dedicaba a la ganadería pero que había tenido vínculos de amistad con el primer ganadero asesinado. En 1974, cuando las tensiones eran ya muy fuertes entre ambas familias, el presidente municipal pidió que se efectuara una asamblea ejidal para discutir el asunto de los robos. Durante dicha asamblea, miembros de la familia acusada irrumpieron con armas y dispararon “para espantar” a la gente, matando a cinco miembros de la familia ganadera, cuyos integrantes restantes decidieron abandonar de inmediato el poblado ante el temor de correr la misma suerte. Éstos, junto con sus allegados y otros ejidatarios temerosos de la violencia desatada, se asentaron en otra parte del ejido y fundaron un nuevo poblado (Cuilonia Nueva), el cual con el tiempo se convirtió en una población de mayor tamaño que el viejo Cuilonia. El ejército no intervino sino hasta un mes después del zafarrancho, pero para entonces la familia agresora había abandonado el ejido para evitar ser aprehendida.

  • 35 Entrevistas de E. L. y E. V. con Crispín Gutiérrez, Cuilonia Nueva, 01/11/03, y con Lucio Morales (...)

53La violencia asociada a las rivalidades entre grupos de ganaderos no fue exclusiva de Cuilonia. Por la misma época hubo hechos violentos en Buenavista, Morelos y Amamaloya, pueblos asentados en la misma microrregión sur. En Amamaloya el conflicto se desarrolló siguiendo un patrón semejante al de Cuilonia: una familia popoluca logró acumular capital mediante el comercio, la venta de sus excedentes de maíz, la obtención de la concesión de un depósito de venta de refrescos y la posesión de 100 cabezas de ganado que engordaban en un “encierro” que establecieron en tierras ejidales, sustrayendo este terreno al acceso comunal. Esta familia entró en fuerte conflicto con otro grupo familiar del mismo poblado, y la enemistad derivó en un zafarrancho que tuvo lugar en 1971, después del cual el único sobreviviente de la familia adinerada huyó del pueblo. En Amamaloya, igual que en Cuilonia, el descontento contra los ejidatarios dueños de “encierros” ganaderos no provenía exclusivamente de otros ejidatarios deseosos de desplazarlos, sino también de campesinos que veían con desagrado cómo disminuía la extensión de tierras a las que podían tener acceso para abrir sus milpas. Éstos, en represalia, entraban durante las noches a los “encierros” y mataban parte del ganado, lo cual era interpretado por los agredidos como una expresión de envidia por el éxito económico que habían logrado.35 Lo notable en estos procesos de acaparamiento de tierras –como había ocurrido poco antes con la organización interna de los ejidos y con la introducción de la ganadería– fue la casi total ausencia de las instituciones y agentes gubernamentales. De igual manera, las respuestas que estas situaciones generaron transcurrieron al margen de las instituciones oficiales.

  • 36 Entrevista de E. L. y E. V. con Lucio Morales, Chinameca, 15/07/03.

54Tanto en Cuilonia como en Amamaloya las primeras familias que se enriquecieron tenían en común el haber conseguido controlar el acceso al comisariado ejidal, lo que difícilmente podía haberse realizado sin el apoyo de la Liga regional campesina. En el caso del jefe de la familia impugnada de Amamaloya, sus nexos con el agrarismo se remontaban a la década de 1940, ya que el principal líder agrarista de esta localidad en esos años fue quien le enseñó a leer al joven que años más tarde se convertiría en el hombre rico de Amamaloya. Este personaje mantuvo el contacto con los agraristas de la región, en particular con Jonás Bibiano, quien en la década de 1960 se desempeñaba como dirigente de la Liga regional campesina de Acayucan.36

55En suma, los simpatizantes del orden comunalista impidieron que mediante el control de las nuevas instancias de gobierno local –comisariado ejidal–, y los nexos con instancias extralocales –Liga regional campesina, Unión regional ganadera–, se subvirtiera la lógica comunal. A diferencia de lo ocurrido en Los Tuxtlas, en la microrregión sur de la Sierra de Santa Marta no hubo las condiciones sociopolíticas ni culturales para el desarrollo de agentes monopolizadores de la intermediación política y la gestión de recursos patrimoniales, que eran relevantes para el anclaje local del dispositivo de dominio estatal.

LA POLÍTICA AGRARIA Y LA INTERNALIZACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: DERROTEROS Y VERICUETOS DE UN PROYECTO NACIONAL

¿El reparto agrario como proceso de frontera institucional?

  • 37 Autores como Mallon (1995), Rus (1995) y Kourí (2004) han mostrado, para diferentes épocas y difer (...)

56En los dos contextos estudiados podemos ver que la política de reparto agrario, tal como fue definida e implementada a partir del gobierno cardenista, condujo al desmembramiento territorial de las comunidades existentes, apoyándose para tal efecto en las tensiones asociadas a las reivindicaciones de grupos subordinados –jóvenes, localidades anexas a determinados poblados, congregaciones sujetas a sus cabeceras– en relación con el acceso a los recursos políticos y a cierta autonomía de gobierno.37 El reparto agrario ofreció a estos grupos una “ruta alterna” de acceso a los recursos productivos, a los órganos de representación sociopolítica y al poder local. En Los Tuxdas, la implantación exitosa de este reparto agrario descansó en la acción de líderes locales insertos en el dispositivo de anclaje local o regional del Estado –agencias de la administración federal como el Departamento Agrario, las organizaciones campesinas incorporadas a la lca y la cnc, los profesores agraristas, el incipiente Banco de Crédito Ejidal, etc.–. Esta “ruta alterna” de acceso al poder local posibilitó la segregación política y territorial respecto de la organización municipal.

  • 38 En una perspectiva comparativa, véase Kopytoff (1987) y Chauveau et al. (2004).

57A partir del cardenismo, la política agraria cobró en Los Tuxtlas una dimensión sociocultural estructurante que puede remitir a procesos clave para entender las dinámicas del cambio institucional y de la organización política en otras zonas rurales del Sotavento. Como hemos señalado, el reparto agrario propició que ciertos sectores de la sociedad local se apropiaran de partes periféricas pero importantes del territorio comunal o municipal, vía la dotación de ejidos y la creación de nuevas localidades. Estos nuevos poblados se sustrajeron al control comunitario que existía en sus lugares de origen, negociando en forma independiente de los poderes tradicionales la implantación de las reglas del Estado. En este proceso de escisión pueden observarse ciertos rasgos que corresponden al modelo de “frontera intersticial” propuesto por Kopytoff (1987) para analizar la separación de su sociedad original por parte de grupos organizados en Africa precolonial. Según este modelo, se generan en el seno de las sociedades nativas, en forma recurrente y casi sistémica, procesos de escisión por parte de grupos desfavorablemente ubicados en las cadenas de transmisión de los recursos simbólicos y políticos. Estos grupos se desplazan hacia espacios intersticiales escasamente controlados por el Estado del que son oriundos, o incluso sin ningún control estatal. Esta circunstancia facilita la creación de arreglos políticos novedosos, a los cuales se llega con bastante autonomía de los poderes locales –comunidad y ayuntamiento en los dos casos estudiados aquí– y centrales –Estado–. En este proceso tienen un papel fundamental los llamados “empresarios políticos”, quienes desarrollan y dirigen las estrategias de movilidad y posicionamiento en las fronteras intersticiales.38

  • 39 En el modelo sistémico de Kopytoff (1987), elaborado a partir de la experiencia africana, los inte (...)

58En este modelo explicativo, la frontera intersticial, más que un lugar físico, es un espacio social en el que el vacío institucional –existente o creado– imperante posibilita la instauración de una organización política basada en la personalización de las relaciones de poder, que fue lo que ocurrió en Los Tuxtlas, o en las zonas de colonización ganadera de los llanos de Acayucan (Léonard, en este volumen). En este sentido, el concepto de frontera intersticial refiere tanto a un proceso espacial como político: se trata de una periferia territorial en la que se crean y reproducen formas de organización política con escasa regulación de las instituciones oficiales del Estado, pero que son toleradas por el poder central –y a veces incluso promovidas– durante su proceso de consolidación.39

59Por otra parte, los ejemplos de Los Tuxtlas y de la Sierra de Santa Marta evidencian la variedad de las respuestas locales ante la implementación de un proyecto centralizador hegemónico. Si el proceso de frontera se desarrolló en ambas regiones con características espaciales y sociológicas similares, no se tradujo de la misma manera exitosa –desde el punto de vista del Estado central– en la integración de las nuevas comunidades campesinas al dispositivo de anclaje local del mismo; o mejor dicho, resultó en configuraciones muy diferentes del “Estado local”. Si bien el modo de gobernancia local basado en la concentración y personalización de las funciones de mediación política y económica se difundió ampliamente en Los Tuxtlas, en las comunidades ejidales ubicadas al sur de la Sierra de Santa Marta este modelo fue violentamente impugnado. Y mientras la gestión patrimonialista y el acaparamiento de los recursos locales por parte de los “empresarios agrarios” cobró legitimidad en San Andrés Tuxtla, en la frontera sur del municipio de Soteapan estos personajes fueron por lo regular combatidos mediante acciones violentas que muchas veces llegaron al exterminio físico o la expulsión.

60Varios son los factores que pueden explicar esas dinámicas locales divergentes. Un aspecto fundamental tiene que ver con la configuración socioespacial, y en particular con el papel y la localización del centro rector de cada sistema regional. En San Andrés Tuxtla, desde por lo menos la fundación del ayuntamiento, en los albores de la Independencia, la “comunidad de naturales” fue penetrada por empresarios, comerciantes y profesionistas criollos o afromestizos, quienes desempeñaron un papel protagónico en las dinámicas políticas y en la conversión de la villa de San Andrés en centro económico regional, desplazando a su antigua cabecera, Santiago Tuxtla (Léonard, 2007). Esto explica que el proceso de construcción del “Estado local” durante el periodo posrevolucionario fuera profundamente influido por las élites sanandrescanas.

61Con leves cambios en su composición, estas élites sobrevivieron al declive del Porfiriato, conservando una posición clave en el financiamiento y el acopio de la producción agropecuaria –maíz, frijol, tabaco, plátano–, así como en la representación –o cooptación– del nuevo Estado en sus diferentes componentes –administración agraria; Banco de Crédito Ejidal; lca y después Comité Regional Campesino de la cnc; Comité Municipal del pri–. El poder político y económico que esta vieja élite –asentada en la ciudad de San Andrés– conservó bajo el nuevo régimen requirió de las relaciones clientelares que tejió con los “empresario agrarios” que dirigieron la ocupación de las fronteras intersticiales. Y, a la vez, la legitimación del accionar y el poder de dichos “empresarios” provino en gran medida del centro político de la región, a través del dispositivo de representación formal e informal del Estado que se concentró en la ciudad de San Andrés Tuxtla.

  • 40 Los popolucas de Soteapan tenían además una reputación de revoltosos y violentos desde el siglo xi (...)

62En cambio, la Sierra de Santa Marta ha constituido a lo largo de su historia una periferia del sistema regional del cual forma parte. Este sistema se estructuró desde la Colonia en torno a la ciudad de Acayucan (Alcántara, en este volumen), y a partir de finales del siglo xix incorporó dos nuevos centros rectores: Coatzacoalcos y Minatitlán (Velázquez, en este volumen). A diferencia de las élites de San Andrés, los comerciantes de estos centros rectores no intervinieron directamente en la organización de la producción campesina y tampoco en la compra de tierras o de bienes en la antigua comunidad de Soteapan, ni antes ni después de la Revolución.40 A partir de la década de 1940, además, el interés de las élites regionales se concentró sobre todo en la apertura del frente de colonización ganadera del Istmo central.

63En este contexto, ni las élites popolucas tuvieron influencia política y económica en el espacio regional, ni las élites económicas de los centros urbanos del Istmo ejercieron un control directo sobre la economía de la sierra. Como consecuencia de esta escasa compenetración de los intereses de las élites locales y regionales, el aparato administrativo y corporativo del Estado posrevolucionario –que se centró en la ciudad de Acayucan– tampoco desarrolló ramificaciones en la sierra. Ésta permaneció fuera de los dispositivos de intervención pública hasta mitad de los años 1970, cuando se estableció un comité regional campesino de la cnc en el municipio de Mecayapan y se implantaron programas de desarrollo (Fideicomiso Ejidal Ganadero y Pider) y apoyo a la educación y la cultura popular (ini, dgcp). En otros términos, mientras que en el municipio de San Andrés Tuxtla los dispositivos de anclaje local del Estado estaban firmemente establecidos desde finales de la administración cardenista, en el municipio serrano de Soteapan tales dispositivos sólo lograron implantarse de manera intermitente y con poca legitimidad. Así, la centralidad de las instituciones estatales en Los Tuxtlas contrastó con el carácter “descentrado” de la política local en la Sierra de Santa Marta.

64Estas diferencias en la configuración de los centros políticos se han traducido en divergencias en las fuentes y principios de legitimación de los poderes locales, y más específicamente del desempeño de los “empresarios agrarios”. En Los Tuxtlas, la instituciones y reglas estatales sirvieron para revalidar la creación de monopolios de intermediación durante el proceso de frontera agraria, lo que condujo a que los líderes cardenistas ejercieran durante décadas un fuerte patronazgo sobre la población ejidal. En cambio, en la Sierra de Santa Marta la legitimación de los líderes que dirigieron el proceso de frontera agraria debió pasar por el referencial comunitario, desde el cual se limitó la consolidación de los “empresarios agrarios”. Éstos, a diferencia de los que surgieron en Los Tuxtlas, actuaban por cuenta propia, sin ningún apoyo económico de las élites regionales ni de las agencias financieras estatales, aunque sí contaban con la asesoría del Comité Regional Campesino de la cnc con sede en Acayucan. Aun cuando el reparto agrario a principios de la década de 1960 propició el desmantelamiento de la comunidad indígena de Soteapan, la dinámica ejidal permaneció sujeta a la normatividad agraria consuetudinaria hasta mediados de la década de 1970 y principios de la siguiente década, cuando tuvo lugar un proceso de parcelamiento de los “ejidos comunales”. Por la misma época, los ejidos que durante el cardenismo se crearon en la frontera intersticial del municipio de San Andrés Tuxtla experimentaron también un proceso de parcelamiento, dando lugar al surgimiento de nuevas formas de ciudadanías locales, asociadas a la figura del ejido.

Endogeneidad o exogeneidad del cambio institucional: parcelamiento ejidal y surgimiento de nuevas ciudadanías locales

65El parcelamiento de los ejidos regidos por normas comunales de acceso a la tierra ha constituido un momento clave de la dinámica institucional en ambas regiones. No deja de llamar la atención el carácter casi simultáneo de este cambio en las reglas de uso de las tierras en dos zonas que, hasta entonces, habían seguido trayectorias muy diferentes de organización sociopolítica. La endogeneidad de dicho cambio es otro punto que merece ser resaltado.

  • 41 En la Sierra de Santa Marta muchos ejidos creados en la década de 1960 fueron dotados con base en (...)

66Al inicio de los años setenta, varios factores contribuyeron a modificar las condiciones de uso de las tierras ejidales y llevaron a cuestionar las reglas que regulaban dicho uso. En primer lugar, la década de 1970 marcó un periodo bisagra en el relevo generacional, entre los campesinos que habían integrado los censos agrarios del reparto cardenista41 y sus hijos, que los sustituyeron tanto en el uso de las tierras como en la posesión de los derechos agrarios. La integración de nuevas generaciones, más numerosas, en un espacio ahora “cerrado” por la realización del reparto agrario planteó apremios nuevos para las instituciones que habían regulado el acceso a las tierras de los fundadores del ejido.

67En particular, las demandas de acceso a los recursos productivos formuladas por los jóvenes campesinos se enfrentaron con las normas que regulaban la posesión de los “acahuales”. La práctica del acahual, consistente en dejar de trabajar durante varios años las parcelas previamente cultivadas, con la finalidad de que recuperen su fertilidad, era parte del sistema de cultivo de roza, tumba y quema practicado tanto en Los Tuxtlas como en la Sierra de Santa Marta. Bajo la lógica comunal, la unidad doméstica que había abierto al cultivo una parcela, del tamaño que fuera, adquiría derecho de posesión por tiempo indefinido sobre el terreno en el que había invertido su trabajo, aun cuando permaneciera como acahual; este derecho de posesión se traspasaba de padres a hijos o nietos. Al comenzar la década de 1970 se multiplicaron las impugnaciones hacia los campesinos, fueran o no ejidatarios, que “por ambición hacían muchos acahuales” y acaparaban las tierras ejidales, restringiendo la posibilidad de los jóvenes de ocupar extensiones de tamaño suficiente para el establecimiento de sus milpas. Estos jóvenes comenzaron entonces a plantear la necesidad de parcelar los ejidos y asignarle a cada ejidatario la superficie que le correspondiera según las dotaciones ejidales; en otros términos, lo que se reclamaba era sustraer a la colectividad las prerrogativas de regulación agraria, para transferirla a los ejidatarios y restringirla al ámbito familiar.

  • 42 En San Andrés Tuxtla las reivindicaciones de parcelamiento surgieron tan temprano como se concluyó (...)

68En Los Tuxtlas, estas demandas fueron reforzadas por la difusión de nuevos medios de producción, asociados a la “revolución verde”, y del crédito agrícola –herbicidas y fertilizantes químicos, y luego mecanización–, que permitieron incrementar la superficie que un jefe de familia podía cultivar solo: ésta pasó de 1 o 1.5 ha de milpa a más de tres (Léonard, 2000). Los ejidatarios, que concentraban el acceso oficial al crédito, tuvieron por tanto un interés creciente a reclamar una redistribución de las tierras basada en la normatividad legal que les permitiera asegurar el futuro de sus hijos.42

69En muchos ejidos, en particular en las partes sureñas de los municipios de Soteapan y San Andrés Tuxda, estas condiciones fueron agudizadas por el peso creciente de la ganadería en las economías locales. En Los Tuxtlas, el desarrollo ganadero se había iniciado en la década de 1950, a manos de los empresarios agrarios y sus allegados, quienes –al igual que en la Sierra de Santa Marta– empezaron a establecer grandes “encierros” en los terrenos administrados bajo los principios comunales de libre acceso a la tierra. Pero a diferencia de lo ocurrido en pueblos de Soteapan –como Amamaloya o Cuilonia–, los ganaderos de ejidos como Bodegas de Totoltepec o Tulapan, en el municipio de San Andrés Tuxtla, pudieron valerse de sus relaciones con la administración agraria y los grandes comerciantes de la cabecera municipal para mantener los acaparamientos que habían realizado. No fue sino hasta 20 años después, con el envejecimiento de estos líderes y la ruptura de sus monopolios de intermediación local a raíz de la intervención estatal, cuando el acaparamiento de los terrenos ejidales por parte de los ganaderos se convirtió en argumento central de los reclamos de parcelamiento.

  • 43 Entrevista de E. L. y E. V. con Nicasio Gutiérrez, Amamaloya, 15/07/03.
  • 44 Entrevista de E. L. y E. V. con Lorenzo Ramírez, Amamaloya, 16/07/03.

70En la zona sur del municipio de Soteapan, después de los zafarranchos ocurridos a principios de los años setenta, el desarrollo de la ganadería fue impulsado por el Fideicomiso Ejidal Ganadero y el Pider. En Cuilonia y Amamaloya se organizaron grupos para obtener y administrar créditos ganaderos, la mayoría de las veces en torno a organizaciones clientelares lideradas por ciertas familias. Dichos grupos fueron cercando partes de los ejidos comunales, en las que metieron a pastar el ganado adquirido con el crédito.43 Estas experiencias fueron percibidas como un resurgimiento de la amenaza de acaparamiento de tierras ejidales por parte de los ganaderos. A principios de la década de 1980 un grupo de jóvenes ejidatarios de Amamaloya, “que sabíamos leer y conocíamos la ley agraria comenzamos a luchar por el parcelamiento” del ejido, lo cual se logró hacia 1984.44 Un proceso similar se produjo en Cuilonia, donde la gran mayoría de los ejidatarios decidió dedicarse exclusivamente al cultivo del maíz. Por la misma época, la idea del parcelamiento como una solución para resolver el problema de acceso inequitativo a las tierras ejidales fue sugerida a jóvenes ejidatarios inconformes de Kilómetro Diez, un ejido vecino, por Manuel Bibiano, secretario general del comité regional campesino de Acayucan.

71A pesar de esta última referencia, estos procesos de cambio en las normas locales de acceso a la tierra se caracterizaron por su carácter fuertemente endógeno en ambas regiones. La redistribución de las tierras, si bien fue realizada en referencia a la reglamentación agraria, sólo en contados casos apeló a los servicios de la Secretaría de Reforma Agraria (sra); los expedientes agrarios de los ejidos, por lo regular, ni siquiera mencionan su realización. Ésta, sin embargo, tuvo un impacto muy difundido. Sólo los ejidos de la zona cafetalera de Soteapan, donde la dispersión de las fincas y su carácter perenne dificultaban la redistribución de las tierras en parcelas del tamaño legal, permanecieron bajo la forma de ejidos comunales hasta el cambio de la legislación agraria y la realización del Programa de Certificación de los Derechos Ejidales (Procede), en la segunda mitad de los años noventa.

72Lo notable de los procesos locales de parcelamiento es que parecen haber resultado de las transformaciones de las condiciones técnico-económicas de la producción campesina, antes que de las trayectorias sociopolíticas, las cuales –como lo vimos– difirieron notablemente de una región a la otra. En ambas, el agotamiento del modelo de acceso abierto a la tierra se relacionó ante todo con factores “estructurales”, como el crecimiento demográfico y los cambios de los sistemas de producción agropecuaria, en una situación de agotamiento de la frontera agraria que obligaba a las comunidades ejidales a enfrentar en un espacio finito las demandas de acceso a la tierra de las nuevas generaciones.

  • 45 Con la realización del Procede, la categoría local del comunero llegaría a desaparecer, al ser div (...)

73El parcelamiento de los ejidos “comunales” marcó un cambio mayor en la producción de la regulación agraria. Consagró el desplazamiento de las normas consuetudinarias asociadas a la organización comunal por las reglas oficiales de la legislación agraria, y su carácter endógeno reforzó aún más la significación sociopolítica de dicha evolución. Se tradujo en un cambio muy significativo en el sentido y el contenido de las categorías de ciudadanía local, que la reforma del artículo 27 constitucional de 1992 y la realización del Procede vino a formalizar y reforzar: a partir del parcelamiento, la figura del ejidatario, que ejerce el derecho de posesión de la tierra emparcelada, se impuso a la del “comunero”.45 Como consecuencia, la ciudadanía agraria de tipo individual –aun cuando constituyera un estatuto sujeto a formas locales de regulación, ya que la asamblea ejidal conservó hasta 1992 la prerrogativa de privar de sus derechos agrarios a los ejidatarios que infringían el reglamento interno– se sobrepuso a la ciudadanía comunal, de tipo colectivo. El paso siguiente, con el “desempoderamiento” de las instituciones ejidales a raíz de las reformas legales de 1992 y del Procede, contribuiría a reforzar el carácter individual de la ciudadanía ejidal, acentuando la estratificación de las categorías socioagrarias.

CONCLUSIÓN: LA CONSTRUCCIÓN LOCAL DEL ESTADO EN LAS REGIONES INDÍGENAS DEL SUR DE VERACRUZ. ¿PROYECTO HEGEMÓNICO O SINCRETISMO INSTITUCIONAL?

74El estudio comparativo de las modalidades locales de implantación del proyecto agrarista nacional en dos regiones vecinas del sur de Veracruz deja entrever dos principales puntos de atención. El primero tiene que ver con la vulnerabilidad contrastada de las organizaciones comunales ante las embestidas del Estado posrevolucionario en el Veracruz de los años treinta y cuarenta. Estos distintos rangos de vulnerabilidad de la organización comunitaria sólo pueden entenderse desde una perspectiva de larga duración. La historia de las comunidades indígenas de San Andrés y Soteapan se desarrolló por caminos diferentes desde la Colonia. En los primeros años de este periodo los nahuas de San Andrés quedaron insertos en un sistema mercantil vinculado a la explotación de un nuevo cultivo –la caña de azúcar– y sus tierras pasaron a ser parte del patrimonio del Marquesado del Valle de Hernán Cortés (Aguirre Beltrán, 1992; González Sierra, 1994). Por el contrario, los zoque-popolucas de Soteapan se mantuvieron al margen de la actividad económica predominante en los llanos de Acayucan –la ganadería bovina–, y desde el siglo xvii adquirieron títulos virreinales que amparaban la posesión de sus tierras comunales (Velázquez, 2006).

75Esta situación influyó en la diversa manera en que ambas comunidades indígenas fueron impactadas por las leyes liberales decimonónicas. A partir del siglo xviii, la dinámica agraria y política de San Andrés fue fuertemente influenciada por el desarrollo de un grupo local de empresarios criollos y mestizos, que fincó sus intereses primero en la producción campesina de algodón y luego en la de tabaco (González Sierra, 1989), desempeñando un papel central en la adquisición de las tierras del común municipal, en 1839, y su gestión ulterior, y controlando el ayuntamiento de la villa. Aunque duramente negociada, la privatización de las tierras municipales, en 1886, permitió a este grupo afianzar su control sobre los recursos territoriales y marginar por completo a las aldeas indígenas del poder político (Léonard, 2007). Así, al finalizar el primer tercio del siglo xx, en Los Tuxtlas las estructuras comunales estaban profunda e irremediablemente debilitadas. Una expresión notable de este debilitamiento radicó en la manifestación de disensiones políticas y administrativas –entre cabeceras y congregaciones–, que encubrían muchas veces fracturas generacionales, por un lado, entre los líderes revolucionarios, comprometidos en el restablecimiento de un poder municipal centralizado y, por otro, jóvenes campesinos marginados de las redes de acceso a los recursos políticos comunales.

76A diferencia de lo ocurrido con la mayoría de las comunidades indígenas de la planicie del Istmo veracruzano, Soteapan mantuvo la posesión de sus tierras comunales hasta 1902, año en el que gran parte de estas tierras le fueron adjudicadas a las herederas de un funcionario porfirista, Manuel Romero Rubio, quienes las vendieron al empresario inglés Weetman Pearson. Sin embargo, ninguno de estos propietarios dio un uso productivo a estas tierras, lo que facilitó que los popolucas de Soteapan mantuvieran un control de facto sobre las tierras, aun cuando legalmente hubieran sido desposeídos de las mismas (Velázquez, en este volumen). Pese a que su gobierno y sistema de autoridad comunal estaba sujeto a fuertes cuestionamientos por parte de un grupo interno, el proyecto comunal tuvo en Soteapan la fuerza suficiente para detener el reparto agrario durante casi 30 años, de tal manera que ni el tejedismo ni el cardenismo lograron instaurar la propuesta estatal de reforma agraria en la que el ejido se convertiría en el principal instrumento “para transformar a los campesinos revolucionarios en partidarios del nuevo Estado” (Nugent y Alonso, 1994: 227).

77Sin embargo, una vez llevado a cabo el reparto agrario en Soteapan, tuvo lugar un proceso semejante al registrado años antes en Los Tuxtlas. En ambas regiones las dotaciones agrarias supusieron el desmembramiento territorial y político de las comunidades indígenas, el cual facilitó el anclaje local de las instituciones oficiales del Estado posrevolucionario y sus apéndices corporativos. Asociado a ello ocurrió un desplazamiento de los referentes comunales, considerados por las élites nacionales desde los albores de la Independencia como los soportes de las reivindicaciones autonómicas de los pueblos indígenas. Sin embargo, la disolución política de las comunidades no derivó en el abandono de los registros de justificación y regulación constituidos por los sistemas de reglas y normas de tipo comunal: por el contrario, éstos sirvieron de base al surgimiento de los ejidos comunales, que fueron la expresión más generalizada del reparto agrario en las dos regiones.

78El segundo punto que interesa resaltar radica en la capacidad de las organizaciones e instituciones de corte local para apropiarse y resignificar el cambio institucional propuesto por el Estado. En Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, el ejido resultante del reparto agrario pareció más una reproducción a escala reducida de la comunidad indígena de la que procedía –amputada, cierto es, de sus órganos de gobierno gerontocrático y los sistemas de cargo que operaban en las comunidades de origen, pero profundamente moldeada por las instituciones de corte comunal– que la implementación de un proyecto hegemónico de sujeción institucional.

79Al respecto, es necesario subrayar que el acceso comunal a la tierra debe analizarse en función de la organización política local y el entorno regional imperantes en determinados momentos históricos. Los casos narrados en este trabajo muestran que así como las normas de acceso abierto a la tierra pueden derivar en regulaciones incluyentes, también son susceptibles de convertirse en una vía para la capitalización –política y económica– de unos cuantos. De la misma manera, la autonomía –comunal o municipal– puede ser parte tanto de un proyecto político democratizador como de un mecanismo de dominio y control de unos cuantos sobre la comunidad.

  • 46 Cabe establecer aquí un paralelo con la situación descrita por Rus (1995) para Los Altos de Chiapa (...)

80Finalmente, cabe decir que el reparto ejidal de corte cardenista realizado en las sierras de Los Tuxtlas y Santa Marta aparece ante todo como un proceso de reconfiguración, pero no de disolución, de la comunidad indígena, que impulsó primero su fraccionamiento y procuró luego, con un éxito variable y al cabo de plazos temporales diferentes, fomentar las condiciones del anclaje local de las instituciones estatales. La figura del “empresario agrario”, que cobró tal relevancia en Los Tuxtlas, personalizando las funciones de mediación política y económica con las estructuras regionales y nacionales de poder,46 puede ser analizada como un eslabón esencial del proceso de “institucionalización” del Estado posrevolucionario y su cuerpo de reglas formales –las leyes y reglamentaciones administrativas– e informales –el clientelismo gremial, la delegación de prerrogativas estatales a actores privados, tales como los empresarios del sector tabacalero, los grandes comerciantes de grano o los grandes ganaderos– en las zonas rurales marcadas por la presencia indígena. Las resistencias a la institucionalización de esa figura en la Sierra de Santa Marta pueden ser vistas por igual como consecuencia y causa de la permanencia de la sociedad regional en la periferia del sistema político surgido del cardenismo.

81Con todo, el mayor cambio provocado por el proceso de reparto agrario radicó en el hecho de que, a partir de la fundación de los ejidos y cualquiera que hayan sido sus bases institucionales de regulación, las reglas oficiales aparecieron como una opción concreta y válida para alterar la correlación de fuerzas en los ámbitos locales y regionales. La apelación a esas reglas del Estado, tal como se pudo observar en ocasión de los procesos locales de “parcelamiento económico”, respondió muchas veces al surgimiento de apremios nuevos, vinculados con cambios estructurales mayores en la composición de la población –densidad demográfica, estructura por edades– o en el entorno económico de las comunidades campesinas. Igual que sucedió con el reparto agrario, el cambio generacional resultó ser un momento clave para modificar en forma radical las normas locales de regulación agraria y sociopolítica.

ARCHIVOS CONSULTADOS

82acam Archivo de la Comisión Agraria Mixta de Veracruz, agev, Xalapa. agev Archivo General del Estado de Veracruz, Xalapa.

83aran Archivo del Registro Agrario Nacional, Xalapa.

84arpp Archivo del Registro Público de la Propiedad, Xalapa.

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Notes

1 La cuestión del “anclaje local” del Estado nacional ha estado en el centro de la acción pública en la mayoría de los paises europeos y latinoamericanos a lo largo del siglo xix. En Francia, por ejemplo, entre 1870 y los albores de la Primera Guerra Mundial, la expansión espacial de un conjunto de instituciones –entre las cuales destacaban la educación pública y laica, el servicio militar y el ejército nacional, o el sistema de ferrocarril– participó de la creación de una retícula territorial, tanto administrativa como institucional, que revistió los atributos comunes de los procesos de “colonización interna” de las regiones rurales y anclaje local y regional del Estado republicano (Weber, 1976).

2 Los dos líderes, ambos surgidos de la corriente agrarista del movimiento constitucionalista, se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 1934, Cárdenas por cuenta del oficialista pnr y Tejeda con la bandera del Partido Socialista de las Izquierdas, recientemente constituido con el apoyo de amplios sectores de la lca (Fowler-Salamini, 1979: 158-163).

3 Al respecto, nos ubicamos en una línea de reflexión desarrollada, entre otros, por Mallon (1995), Rus (1995) y Zendejas (2003).

4 No queremos decir que la reforma agraria en Veracruz haya sido iniciada por Tejeda, sino que fue con el impulso de este gobernador que el reparto de tierras adquirió dimensiones importantes, a diferencia de las acciones agrarias que unos años antes había concedido el gobernador Cándido Aguilar en algunas regiones que enfrentaban fuertes disputas por tierras. Fue así como, en la cuenca del Papaloapan, pueblos como Tesechoacán, Tlacotalpan, Cosamaloapan y Chacaltianguis recibieron restituciones de ejidos entre 1918 y 1921 (Velasco Toro, 2003: 354 y ss.; Sagahón, 2005); de igual modo, en el Istmo veracruzano el pueblo de Chinameca recibió tierras ejidales en 1919 (Velázquez, 2006). Sin embargo, las resoluciones de esta época generalmente abarcaron superficies reducidas destinadas a un número limitado de beneficiarios, además de que en ocasiones tales resoluciones fueron después revertidas, como ocurrió en Oteapan, cuyos campesinos recibieron en 1918 la restitución de 400 ha, la cual fue revocada un año después por el presidente de la república (Velasco Toro, 2003).

5 Estos trece pueblos eran: Axochío, Cerro Amarillo, Matacapan, Ohuilapan, Pizapam, Ranchoapan, Soyata, Tehuantepec, Tepancan, Texalapan, Tilapan, Xoteapan y la cabecera de San Andrés. A ellos se sumaron las congregaciones mestizas de Calería, Comoapan, El Laurel y Sihuapan.

6 aran, 140.

7 acam, 739 y 2023; aran, 140 y 2 850.

8 El pueblo de Xoteapan es particularmente representativo de esta situación. En 1938, la viuda Mortera, cuya propiedad era afectada por la creación del ejido Francisco I. Madero, denunció el carácter ficticio de dicho pueblo, según ella un simple barrio de Xoteapan, convertido en localidad independiente con el fin de emprender los trámites de dotación agraria por cuenta propia (acam, 2119). Tres años más tarde, el comité agrario de Xoteapan se queja ante el Departamento Agrario de los intentos de segregación de su anexo de Texcaltitan, el cual, “después de haber conseguido el rango político de congregación [...] desea se le delimite la parte [del ejido] que [le] corresponde, en proporción del número de campesinos que en él radican, y que al mismo tiempo se [le] permita designar [sus] propias autoridades agrarias en forma independiente” (aran, 140, septiembre de 1941).

9 aran, 2 850.

10 acam, 739.

11 acam, 2 779.

12 acam, 313.

13 acam, 3 721. El expediente agrario de Tulapan da amplia cuenta de la recurrencia de las lógicas de segregación político-territorial en la dinámica institucional del pueblo. Nueve años antes de la depuración censal de 1952, cuando Tulapan emprende trámites de ampliación de sus tierras ante el Departamento Agrario, los jóvenes del pueblo notifican al delegado comisionado para realizar los estudios preliminares que su solicitud responde a un objetivo de dotación independiente y que “desean designar por sí mismo sus autoridades, [...] con el fin de que sean independientes de [Tulapan], porque si las tierras fueran concedidas en forma de ampliación, resultarían expuestos a los caprichos de las autoridades del antiguo pueblo” (acam, 3721, 26/02/1943).

14 Mayor información al respecto puede encontrarse en Chevalier y Buckles (1995) para el caso de los nahuas de Pajapan y en Velázquez (2006) respecto de los zoque-popolucas de Soteapan.

15 Bradley (1988: 96) narra que cuando la compañía Pearson realizaba los trabajos de construcción de la vía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec sus ingenieros encontraron piedras con nodulos de petróleo cerca del rio Coatzacoalcos. Cuando al poco tiempo Pearson visitó Texas y se enteró de las ventajas económicas de la industria petrolera, telegrafió a su principal ingeniero para ordenarle que tratara de adquirir no sólo todas las tierras con petróleo sino también las que se hallaban a varias millas a la redonda, explicándole que los depósitos de petróleo por lo regular se extendían sobre grandes áreas.

16 acam, 1 432; Gaceta Oficial, 4 de abril de 1931, núm. 41, t. XXV.

17 Según un informe enviado el 18 de julio de 1933 a la cla por la delegación Acayucan de la administración de rentas del estado, “los propietarios de la Cía Mexicana de Bienes Inmuebles S. A. son de nacionalidad inglesa y americana. Dicha compañía posee una propiedad denominada 2a Zona B ubicada en el municipio de Mecayapan, Ver., con una extensión de 39 233 ha [...] otra propiedad también llamada 2a Zona B con una extensión de 39 233 ha [...] y otra más también llamada 2a Zona B con una extensión de 92 ha [...] estas dos últimas ubicadas en el municipio de Soteapan, Ver.” (acam, 1 432).

18 acam, 1 432.

19 Acerca de la lógica que guiaba los diferentes usos del territorio popoluca véase Velázquez (2001). Un caso semejante en términos de la confrontación entre proyectos local y estatal ha sido analizado por Nugent y Alonso (1994) para Namiquipa, Chihuahua, donde los campesinos reclamaban su derecho a regresar a ser pequeños propietarios en lugar de ser convertidos en ejidatarios.

20 acam, 1 432.

21 Una descripción detallada de este ritual puede consultarse en Velázquez (2006).

22 Entrevista con Damián López, hijo de un líder agrarista de San Fernando, 25/08/00.

23 acam, 2 737, Soteapan, restitución.

24 aran, delegación Veracruz, expediente 16 243, ff. 39-40.

25 acam, 3 195, Ocotal Chico.

26 La escritura de esta compra-venta pertenece al archivo del Registro Público de la Propiedad, sección 1, Coatzacoalcos, junio-diciembre de 1948, rollo 265, y puede consultarse en el Archivo General del Estado de Veracruz.

27 El acuerdo entre Pemex y la sag se publicó en el Diario Oficial el 10 de agosto de 1951, t. CLXXXVII, núm. 35, pp. 5-6.

28 Queja que en 1956 envió el comité agrario de la congregación de Zapotitlán al presidente de la lca, acam, 4 416.

29 acam, 4766, Arrecifes.

30 acam, 1 432, San Pedro Soteapan.

31 acam, 1 432, San Pedro Soteapan.

32 acam, 1421.

33 La expansión de la ganadería bovina en el oriente de la sierra siguió un patrón diferente, en el que jugó un papel central la presencia de los ganaderos privados de La Perla del Golfo. En este apartado sólo nos referiremos a la microrregión sur o maicera.

34 Entrevista de E. L. y E. V. con Moisés Rodríguez, Cuilonia Vieja, 16/07/03.

35 Entrevistas de E. L. y E. V. con Crispín Gutiérrez, Cuilonia Nueva, 01/11/03, y con Lucio Morales (sobreviviente del zafarrancho de Amamaloya), Chinameca, 15/07/03.

36 Entrevista de E. L. y E. V. con Lucio Morales, Chinameca, 15/07/03.

37 Autores como Mallon (1995), Rus (1995) y Kourí (2004) han mostrado, para diferentes épocas y diferentes regiones del país, la recurrencia de este tipo de reivindicaciones.

38 En una perspectiva comparativa, véase Kopytoff (1987) y Chauveau et al. (2004).

39 En el modelo sistémico de Kopytoff (1987), elaborado a partir de la experiencia africana, los intercambios entre la “frontera” y la “metrópoli” (o poder central) contribuyen a la reproducción de un modelo político que es constantemente revalidado y revitalizado desde las fronteras del sistema. De ahí que la frontera intersticial opere como una fuerza conservadora desde el punto de vista cultural e ideológico. En el caso de México, la extensión espacial y temporal del proceso de reparto agrario, a lo largo de 40 años y sobre la mitad del territorio nacional, permite preguntarse si su papel en la construcción de la cultura política y del modelo de gubernamentalidad rural, marcados por la personalización de las funciones de mediación, la verticalidad de las relaciones políticas y la centralidad de las relaciones de patronazgo, no remite a los rasgos “culturales” fundamentales del modelo de frontera de Kopytoff. En el sur de Veracruz, en particular, las modalidades de propagación del reparto agrario a las llanuras despobladas del Istmo central y del litoral sotaventino, a partir de los años 1950, mediante dinámicas de colonización, y la construcción de nuevos territorios por empresarios político-económicos asociados a la actividad ganadera, en coordinación con las agencias federales y las organizaciones gremiales del Estado-partido, ilustran el alcance sistémico y el papel conservador de la “frontera agraria” en la difusión del modelo de gubernamentalidad rural asociado al Estado corporativista posrevolucionario (véase Léonard, en este volumen).

40 Los popolucas de Soteapan tenían además una reputación de revoltosos y violentos desde el siglo xix, ya que en la década de 1880 en tres ocasiones se sublevaron para protestar contra la política agraria y hacendaría. La más violenta de estas protestas tuvo lugar en 1888, cuando el 10 de mayo, a las cinco de la mañana, más de 100 indígenas armados mataron a un español que fungía como tesorero municipal y juez auxiliar del Registro Civil, a su esposa y su hijo, a un sirviente, al secretario de ayuntamiento, a un comerciante español y a dos guardias. Una vez hecho esto, los sublevados procedieron a romper todos los documentos de la tesorería, así como los libros de cuentas del comercio que poseían el tesorero municipal y el comerciante muerto (Blázquez, 1986: 2764). La movilización de los popolucas en el levantamiento magonista de 1906 reforzó la percepción que desde las ciudades de la planicie se tenía de la sierra como un lugar sumamente peligroso, por lo que los comerciantes itinerantes de Chimameca, Chacalapa y Minatitlán no se atrevían a incluirla en su ruta comercial. Bradley (1988) asegura que fue hasta la década de 1930 que algunos comerciantes de Chinameca se arriesgaron a entrar a Soteapan y Mecayapan a comprar frijol y cerdos.

41 En la Sierra de Santa Marta muchos ejidos creados en la década de 1960 fueron dotados con base en los censos levantados en la época cardenista, es decir, en referencia a un número de solicitantes, que distaba mucho de la realidad demográfica que imperaba en el momento de la dotación de tierras, y aún más de la que prevalecía al inicio de los años setenta.

42 En San Andrés Tuxtla las reivindicaciones de parcelamiento surgieron tan temprano como se concluyó el reparto cardenista, pero tuvieron una audiencia muy escasa ante la cla de Veracruz. Intentos de parcelamiento son mencionados para principios de la década de 1940 en los expedientes agrarios de Xoteapan (aran, 140, septiembre de 1941) y Buenavista; en este último pueblo, el parcelamiento iniciado por el comisariado en turno fue cancelado por la administración agraria a raíz de las presiones ejercidas por un grupo de productores “que han acaparado grandes cantidades de tierras en el ejido” (acam, 812, junio de 1942). Esta tendencia no era exclusiva del sur de Veracruz: el parcelamiento ejidal había sido el objeto de uno de los primeros decretos del presidente Ávila Camacho, en 1941, con el fin de “impedir las hegemonías indebidas en el seno de las comunidades ejidales del país” (citado en Baitenmann, 1997: 146). Dicho decreto se convirtió en letra muerta en la mayoría de los estados del país.

43 Entrevista de E. L. y E. V. con Nicasio Gutiérrez, Amamaloya, 15/07/03.

44 Entrevista de E. L. y E. V. con Lorenzo Ramírez, Amamaloya, 16/07/03.

45 Con la realización del Procede, la categoría local del comunero llegaría a desaparecer, al ser dividida en tres categorías jurídico-administrativas: el “posesionario”, dueño de una parcela agrícola en espera de su registro como ejidatario ante la asamblea local; el “avecindado”, propietario de un solar en la zona residencial del ejido; y el “poblador”, desprovisto de título de propiedad y por tanto no registrado como “sujeto agrario” por la administración federal (Pérez Castañeda, 2002).

46 Cabe establecer aquí un paralelo con la situación descrita por Rus (1995) para Los Altos de Chiapas, donde ese autor atribuye una función parecida e igualmente relevante a los “escribas”, que desempeñaron funciones clave de intermediarios administrativos y, en forma creciente, económicos en las comunidades remodeladas por la intervención agraria.

Table des illustrations

Titre Figura 25. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en Los Tuxdas entre 1932 y 1942
Légende Elaboración: Eric Léonard y Rafael Palma.Fuente: sig Sotavento ird-ciesas.
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Titre Figura 26. Características sociodemográficas de la población dotada con tierra en las décadas de 1920 y 1930
Légende Fuentes: Censos agrarios, acam, aran, Xalapa, Ver.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/19380/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 109k
Titre Figura 27. Evolución del poblamiento y la estructura agraria en la Sierra de Santa Marta entre 1942 y 1972
Légende Elaboración: Rafael Palma y Eric Léonard. Fuente: SIG Sotavento ird-ciesas.
URL http://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/19380/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 242k

Auteurs

Socioeconomista y doctor en Economía Rural por el Instituto Nacional Agronómico de París. Es investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (ird) y actualmente es miembro de la Unidad de Investigación “Dinámicas Socioambientales y Gobernancia de los Recursos” del mismo instituto, con sede en Montpellier, Francia.

Emilia Velázquez obtuvo su licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana y estudió la maestría en Estudios Rurales en El Colegio de Michoacán, en donde también obtuvo el grado de doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es profesora-investigadora de la Unidad Golfo del ciesas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

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