1Al estabilizarse el gobierno constitucionalista tras el conflicto revolucionario, el Istmo, al igual que la mayoría de las regiones periféricas del país, semejaba más un archipiélago de territorios autónomos, trabajados por lógicas y apremios específicos, que un conjunto coherente integrado al espacio nacional. Uno de los retos de la construcción y la consolidación del Estado posrevolucionario radicó en la integración y la subversión de los proyectos locales de defensa o restauración de las instituciones comunales. La elaboración del nuevo proyecto nacional se enfrentaba con un dilema central: ¿cómo satisfacer las demandas agrarias de los pueblos, sin revitalizar con ello las estructuras autónomas de poder que descansaban en la propiedad corporativa de las tierras?

2El reparto agrario se construyó en este contexto como un proyecto político de desmantelamiento de las estructuras político-territoriales que habían constituido la trama socioespacial del país hasta entonces, y que habían sido el soporte principal de las prácticas de autonomía de los actores y poderes rurales: las haciendas por un lado, y por el otro las comunidades indígenas jurídicamente disueltas por las Leyes de Reforma de 1857, pero rehabilitadas por las movilizaciones armadas y los planteamientos de la Ley de Reforma Agraria. La creación de ejidos, bajo las modalidades definidas a partir de la administración cardenista, apuntó a la sustitución de las comunidades por nuevas organizaciones, institucionalmente subordinadas al Estado nacional mediante el proceso de dotación agraria, y a la creación de nuevos territorios que borrarían definitivamente del mapa administrativo y político las delimitaciones de las “repúblicas de indios” y ahora también de la gran propiedad privada, tal como explican Léonard y Velázquez para el Sotavento, y Michel para el Istmo zapoteco.

3Los ejidos se construyen así como la pieza fundamental de un nuevo dispositivo de relación vertical y directa entre el gobierno central y las comunidades campesinas, que elude en lo esencial la organización municipal, y garantiza la representación y el anclaje local del Estado posrevolucionario en la regiones rurales. En este dispositivo ocupan un lugar central las agencias locales de la administración federal y los representantes de las organizaciones gremiales integradas al Partido Revolucionario. Estas organizaciones corporativas, cuya representatividad está acotada por la segmentación oficial de las categorías sociales de las que se pueden prevaler –“campesinos”, “ganaderos”, “obreros”, “sector popular urbano” o “informal”, etc. –, están encargadas de asegurar las funciones de mediación entre las políticas públicas y sus beneficiarios, a la vez que asumen la movilización y el control políticos de éstos en fúnción de los requerimientos del Estado-partido. Las nuevas corporaciones ejidales y el corporativismo gremial oficial vienen así a constituir las bases orgánicas de una reorganización radical de las estructuras político-territoriales en las regiones del país, cuestionando las divisiones heredadas de las épocas colonial y liberal: las de los municipios, de las comunidades indígenas y de las grandes propiedades.

4El Istmo aparece como un espacio privilegiado de expresión de este nuevo modelo de regulación político-territorial. El proyecto de anclaje local del Estado se apoyó en la activación y la expansión de fronteras internas, tanto en las zonas rurales –como se ve en esta Tercera parte–, como en el sector urbano-industrial –Cuarta parte–, que legitimaban la imposición de nuevos arreglos institucionales. Pero el Istmo también es un lugar privilegiado para analizar las capacidades de las sociedades locales para subvertir los proyectos estatales, ya sea confrontándolos abiertamente o resignificándolos conforme a prácticas político-culturales fuertemente arraigadas. No se trata en esta parte de optar por uno de los enfoques sin considerar lo que el otro aporta, sino de reconocer las diferentes expresiones de la ecuación dominio-contestación, la cual variará dependiendo de las particularidades históricas de cada región. De aquí la utilidad de la perspectiva comparativa.

5Tanto Léonard y Velázquez con su estudio comparativo sobre la Sierra de Santa Marta y la Sierra de Los Tuxtlas, como Michel con su trabajo sobre Juchitán, recurren al análisis de la reforma agraria para mostrar que un mismo proyecto estatal puede fungir como mecanismo de control corporativo, o puede convertirse en un intento fallido de control por parte de la administración agraria y las organizaciones campesinas oficialistas. De igual manera, en otro de los capítulos que conforman esta sección, Léonard devela que la expansión de las redes empresariales vinculadas con la producción ganadera tropical se asentó tanto en el corporativismo oficial como en la construcción de organizaciones corporadas fuertemente territorializadas en las zonas de colonización del Istmo central. En todos estos casos, las organizaciones sociopolíticas y territoriales que surgen del reparto agrario son producto de negociaciones y confrontaciones, de reapropiaciones, esto es, de una “coproducción” de la política agraria oficial por parte de los grupos locales.

6Varios de los estudios que se han realizado sobre la reforma agraria desde una perspectiva –explícita o no– de análisis “descentrado” (Nugent y Alonso, 1994; Rus, 1995; Rubín, 1997; Zendejas, 2003, entre otros) han mostrado la dificultad de hablar de proyectos estatales coherentes y sin fisuras importantes, poniendo de relieve que los mecanismos de control estatal no siempre funcionan conforme al modelo de análisis corporativista. A partir de diferentes estudios de caso, los capítulos que integran esta parte se insertan en este debate teórico sobre la naturaleza de la hegemonía estatal, evidenciando tanto los mecanismos de control –gremios corporativos– como la permanencia de formas organizativas –comunidades corporadas– que buscan mantener vastos espacios de autonomía. Nuestro reto ha sido mostrar este juego dialéctico, identificando y analizando las imbricaciones, tensiones y complementariedades entre las formas de dominio y resistencia. Desde esta perspectiva, en los tres capítulos que conforman esta Tercera parte los autores subrayan tanto el papel de las élites nacionales y de un Estado centralizado para impulsar procesos de cambio institucional en sus periferias, como la capacidad de las sociedades periféricas para desviar los rumbos de dicho cambio, según sus propios referentes organizativos e institucionales, sus lógicas e intereses, en procesos de constante negociación, contestación e influencia mutuas.