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La violencia que no cesa

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Ricardo Bedoya Forno
, 
Dorothée Delacroix
, 
Valérie Robin Azevedo
, 
et al.

I- Legados y deudas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Cap. 1. La construcción de la búsqueda: Los desaparecidos en el cuartel Los Cabitos

Ricardo Caro Cárdenas

Texte intégral

¿Quién no presta oídos a cualquier campana, en cualquier circunstancia en que esta dobla? — John Donne

Introducción

  • 1 En adelante lo llamaremos por el nombre anterior, Los Cabitos, asociado a las desapariciones.

1Este artículo hace una presentación de la problemática búsqueda de los desaparecidos en el excuartel militar Los Cabitos (hoy Domingo Ayarza).1 El caso de los desaparecidos en este cuartel configura un caso singular a nivel nacional, ya que se trata del mayor número de casos de desaparición asociados a un solo lugar, en un período determinado y con un solo actor perpetrador en los años del conflicto armado. No obstante, en el marco de la investigación fiscal y del primer proceso judicial culminado el año 2017, el énfasis en la búsqueda ha estado dirigido a la identificación de los restos humanos hallados en el cementerio clandestino de La Hoyada, adyacente al cuartel, así como al reconocimiento de la desaparición de un número limitado de víctimas, sin avanzar en establecer la cuestión crucial acerca del total de personas que ingresaron a esta instalación militar y desaparecieron. A la luz de lo ya conocido, aquí se plantea la necesidad de una investigación más amplia que retome viejas y nuevas fuentes, métodos y técnicas para avanzar hacia una respuesta. En lo que sigue, presentamos algunos antecedentes y las acciones realizadas en el proceso de construir la búsqueda de los desaparecidos en Los Cabitos. Planteamos finalmente los desafíos en este escenario y las implicaciones de la búsqueda para otros contextos análogos en el Perú.

Un breve recuento

2Trece años después de hacerse público el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación [2003], el Gobierno peruano promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, norma que puso en marcha un proceso que, según su primer articulado, busca “priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda [...] articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos” [Gobierno de la República del Perú, 2016]. Así, la ley marca una etapa nueva en el período posterior al conflicto armado interno peruano y abre una ventana para el proceso de búsqueda que permite avanzar más allá de las posibilidades ofrecidas por las investigaciones fiscales.

  • 2 La Ley de Amnistía (No 26479) concedía “amnistía a los militares, policías y civiles que se encuent (...)

3En efecto, desde que las primeras denuncias de detención y desaparición por las fuerzas del orden comenzaran a hacerse públicas, el desempeño estatal ha sido, por decir lo menos, deficitario para dar cuenta de las víctimas y de los responsables. Durante toda la década de 1980, las autoridades civiles y particularmente las fiscalías de la época fueron hostigadas y limitadas en sus funciones por la interferencia política y la presencia militar, como también por la inseguridad reinante y la amenaza directa a los familiares. La subsecuente abdicación del poder civil frente a las prácticas de violaciones de derechos humanos generó contextos de indefensión entre la población de las zonas de emergencia, así como menoscabó aún más la precaria democracia peruana. Tras el golpe de Estado de 1992, que encaramó a Fujimori y a los militares en el control del Estado, el nuevo poder político apuntaló una voluntad de olvido y manipulación histórica de los años de violencia, aprovechando el declive de la subversión y el final de la crisis económica. La amnistía a los perpetradores de delitos contra los derechos humanos, promulgada en 1995, fue el corolario de las oportunidades ofrecidas por ese excepcional momento.2

4No obstante, la nueva Constitución Política de 1993 había creado la Defensoría del Pueblo [Abad Yupanqui, 2010], abriendo un espacio institucional que permitió a las organizaciones de familiares y a las instituciones de apoyo continuar con la lucha por justicia y búsqueda de los desaparecidos, en consonancia con una oposición política y una sociedad civil cada vez más reacias al régimen, y en un contexto de tensas relaciones entre elGobierno y las instancias supranacionales de defensa de los derechos humanos [APRODEH, 2014]. En el clima de impunidad facilitado por la Ley de Amnistía de 1995, el inmenso registro de denuncias e investigaciones sobre desapariciones forzadas actuadas por el Estado quedó en condición de archivo, generando la necesidad de encontrarle un nuevo destino institucional. Así, en setiembre de 1996, los expedientes de denuncias fueron traslados a la Defensoría del Pueblo.

  • 3 Este acervo documental actualmente se encuentra en el Centro de Información para la Memoria Colecti (...)

5En 1997, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) –que continuó bregando por el paradero de sus familiares y cuyas denuncias se acumulaban sin solución en las diversas fiscalías de derechos humanos a nivel nacional– alcanzó una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigara “los casos de delitos contra la libertad individual, bajo la modalidad de secuestro-detención y desaparición forzada e involuntaria” [Defensoría del Pueblo, 2002, pp. 15]. Por su parte, la Defensoría respondió que, a pesar de las limitaciones que suponía la amnistía para efectos de justicia criminal, “subsiste el derecho de los familiares a conocer el destino de las víctimas, de ser el caso, el lugar donde se encuentran sus restos y la reparación correspondiente” [2002, pp. 17]. Se arraigaba de este modo, en medio de las limitaciones de la coyuntura política, el derecho humanitario que asistía a los familiares y víctimas, permitiendo mantener activo el proceso de búsqueda dentro del marco de capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo. En esa línea, en agosto de 1998, esta institución inició la sistematización del vasto archivo de expedientes de denuncias por desaparición forzada durante el período de violencia, entregados por el Ministerio Público.3

  • 4 Para un mayor desarrollo de las iniciativas institucionales de búsqueda de desaparecidos, ver: La d (...)

6Cabe hacer una breve glosa para indicar que el Ministerio Público, cuya configuración autónoma data de la Constitución de 1979, contaba entre sus funciones la de “actuar como defensor del pueblo ante la administración pública”, por lo que sus fiscalías concentraron el recojo de las denuncias por desaparición forzosa y otras violaciones a los derechos humanos que empezaron a multiplicarse desde 1983. En 1985, dado el enorme incremento de estas y las presiones de familiares y de la sociedad civil, la Oficina General de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió una filial en la ciudad de Ayacucho, apoyando el trabajo de los fiscales locales y reuniendo un archivo que, por ejemplo, permitió que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas pudiera alcanzar un informe al Estado peruano.4 En 1989, el Ministerio Público creó la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, implementando con ese propósito once fiscalías especiales en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Áncash, Callao, Huancavelica, Huánuco, Junín, Piura, San Martín y La Libertad [Abad Yupanqui, 2010]. Estas fiscalías son las que aportaron más de 5500 expedientes de desaparición forzada a la Defensoría del Pueblo en 1996.

  • 5 El 15 de noviembre de 2000, la Defensoría del Pueblo recomendó por Resolución Defensorial No 57-DP- (...)

7Como se ha reseñado líneas atrás, la Defensoría del Pueblo desarrolló una sistematización de las denuncias por desaparición forzada, cuyos resultados se publicaron durante el tiempo que la CVR cumplía su mandato (2001-2003). Este trabajo y la reconocida legitimidad ganada por la Defensoría del Pueblo contribuyeron en su momento a la creación de la CVR,5 así como a la investigación que esta desarrolló sobre las violaciones a los derechos humanos en el cuartel Los Cabitos, uno de los casos seleccionados por su Unidad de Investigaciones Especiales. El Informe final de la CVR reunió testimonios y estableció varios eventos de detención y desaparición en este cuartel, con todo ello dio cuenta de 138 casos, 123 de los cuales eran por desaparición forzada.

  • 6 El Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias-Misión al Perú [2 (...)

8Asimismo, el año 2004 se promulgó la Ley No 28413 que “regula la situación jurídica de la ausencia por desaparición forzada”, y cuya finalidad es “facilitar a los familiares del ausente por desaparición forzada y a las personas con legítimo interés, los instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos” [Gobierno de la República del Perú, 2004]. Con este fin se creó el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada, encargado a la Defensoría del Pueblo. Este registro se construye a partir de la solicitud de los familiares de las personas desaparecidas y ha otorgado a la fecha más de mil novecientas “Constancias de Ausencia por Desaparición Forzada”, que han implicado para su otorgamiento entrevistas a familiares y testigos, así como el análisis documental de los expedientes de denuncia, entre otros documentos producidos en cada caso.6 Alrededor de 150 de estas constancias están relacionadas con casos de desaparición asociados a Los Cabitos, entre 1983 y 1992.

  • 7 El 2003 también apareció el informe Ejecuciones extrajudiciales. Casos investigados por la Defensor (...)

9Otra iniciativa, esta vez periodística, contribuyó a reunir información desde el lado de los perpetradores, en particular del agente de inteligencia militar Jesús Sosa, cuya memoria de vejaciones y crímenes hace de hilo conductor del relato. Se trata del libro Muerte en el Pentagonito [2004], del periodista Ricardo Uceda. La precisa descripción acerca de los métodos militares para la detención, tortura, desaparición y asesinato de los detenidos en Los Cabitos, así como la identificación de sus responsables, principalmente para los años 1983 a 1985, contribuyó a que el país conociera en detalle las violaciones a los derechos humanos practicadas por agentes del Estado, añadiendo fuerza al Informe final de la CVR, presentado poco antes, y a la recomendación para que estos casos se judicializaran.7

10En efecto, en 2004 la fiscalía provincial del Ministerio Público formalizó la denuncia contra varios altos mandos del excuartel Los Cabitos durante el año 1983, acompañando 56 denuncias de tortura, asesinato y desaparición. La sentencia sobre este caso se dictó el año 2017. En marzo de 2020 se presentaron nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en 1983, 1984 y 1985, en el mismo cuartel. Es así que por más de una década las investigaciones fiscales han puesto la pauta en el proceso de búsqueda e identificación de víctimas en Los Cabitos, en un marco de investigación que solo abarca las problemáticas implicancias del descubrimiento en el cementerio clandestino de La Hoyada y en el cuartel militar.

Figura 1. Vista parcial de La Hoyada

Figura 1. Vista parcial de La Hoyada

La estructura corresponde a los restos del horno usado para cremar cadáveres, rodeado de las excavaciones realizadas por el equipo forense.

Fuente: Foto de Percy Rojas Quispe

  • 8 El Equipo Forense Especializado se creó en agosto de 2003, respondiendo a la necesidad de priorizar (...)

11Desde el año 2003, a través de su Equipo Forense Especializado (EFE),8 el Ministerio Público ha logrado intervenir en el terreno que el Ejército empleaba como campo de tiro, conocido como La Hoyada, y el que eventualmente se convirtió en un cementerio clandestino donde inhumaron cientos de cuerpos de personas detenidas y desaparecidas desde 1983 hasta posiblemente 1992. La intervención del Ministerio Público a través del EFE ha conseguido exhumar los restos de al menos 109 individuos, 53 de los cuales están completos, además de un conjunto indeterminado de fragmentos óseos. El trabajo de análisis de los restos exhumados continúa y cabe señalar que, hasta hoy, 15 personas han podido ser identificadas y restituidas a sus familiares. Si bien las identificaciones del EFE del Ministerio Público han permitido responder por la identidad de varios de los exhumados en La Hoyada, no ha sido posible establecer hasta ahora cuál es el universo aproximado de personas desaparecidas en el cuartel y, más aún, esto ha resultado siendo una limitante decisiva en los procesos de cotejo de muestras de familiares, debido a que, como ha señalado el EFE: “los métodos tradicionales de la antropología forense tienen sus limitaciones para arribar a una identificación, pues tratamos con un universo no conocido de personas” [Equipo Forense Especializado, 2014, pp. 10].

12Una aproximación a una respuesta es la que se cuenta en el libro de Uceda. Allí se hace mención a unas 500 personas asesinadas y eventualmente enterradas en La Hoyada. De estas, manifiesta el relato, 300 habrían sido exhumadas para ser incineradas en el horno que se construyó en 1985, mientras que en otra parte se añade que unos 150 senderistas asesinados habrían sido enterrados en ese lugar. Estas son cifras que corresponderían al período que va desde inicios de 1983 hasta setiembre de 1985, cuando los militares intentan deshacerse de los cuerpos enterrados en el cementerio clandestino. Los hallazgos ulteriores han añadido verosimilitud a lo señalado en este relato. Sin embargo, tal como también indica el libro de Uceda, no todos los detenidos internados en Los Cabitos terminaron sus días allí. El mismo relato señala que, entre abril y setiembre de 1983, unos 40 o 50 detenidos, por lo menos, habrían sido enviados en helicóptero a la base de Totos, en la provincia de Cangallo, a unos 130 km de Ayacucho. Asimismo, un número también indeterminado de detenidos en el cuartel fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en las quebradas de la periferia urbana de la ciudad. Todas estas señas refieren a los primeros años y dejan entrever las diversas maneras como los militares procedieron con los detenidos y la complejidad que la reconstrucción de este proceso sugiere. Como sabemos, las denuncias de desaparición en el cuartel se extienden al menos hasta 1992, por lo que la cuestiones acerca de quiénes, cuántos, cómo y dónde están demandan que la búsqueda plantee una perspectiva temporal mayor y un empeño más apremiante para ubicar fuentes y recursos metodológicos que contribuyan a estos propósitos.

El cuartel y la ciudad

13La relación del cuartel militar con su entorno urbano era relativamente reciente al inicio de la guerra subversiva. La presencia de su personal era más bien periférica en la vida de la ciudad, a pesar de los largos años de dictadura militar (1968-1980) y no obstante que la década de 1970 fue de una activa movilización y protesta social que generó la declaración de estados de emergencia hacia el final del período.

  • 9 El ejemplo emblemático es la perfomance de la batalla de Ayacucho, con participación de la tropa de (...)

14El cuartel Los Cabitos se construyó a fines de la década de 1960, en el antiguo distrito de Tambillo (barrio Conchopata), sobre la quebrada de Totorilla, a 3 km del centro de la ciudad. En 1974 se inauguró, en una zona adyacente al cuartel, el aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, que también funciona para el servicio de las aeronaves del Ejército. Hasta el año 1984, el cuartel Los Cabitos fue la sede del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) No 51, del mismo nombre, y lugar donde muchos jóvenes ayacuchanos aún realizan su servicio militar. La presencia de esta tropa destacaba sobre todo en eventos electorales o cívicos, como los actos que conmemoran efemérides nacionales, ejemplificando, con sus simbolismos, la marcada influencia militarista que tiñe la cultura popular peruana.9

15Al inicio de la guerra subversiva en 1980, los militares tuvieron un protagonismo secundario en su combate. Hasta 1982, la represión estuvo comandada por las fuerzas policiales, pero estas, además de brutales, fueron incapaces de contener el avance de las acciones subversivas, devenidas rápidamente en ataques terroristas contra la población civil. El ataque de Sendero Luminoso al penal de la ciudad de Ayacucho, en marzo de 1982, con el objetivo logrado de liberar a sus militantes presos, significó la práctica captura de la ciudad por varias horas y la evidente señal de que la lucha policial era ineficaz. No obstante, a pesar del estruendo del ataque y lo incierto de su desarrollo en las primeras horas, el Ejército no dispuso de su personal para contrarrestar la incursión senderista. Según el ministro de Guerra en ese momento, el general Cisneros Vizquerra, fue así para “no ocasionar un caos mayor” [Gorriti, 1991, pp. 259].

16Hasta fines de 1982, la CVR no registra eventos de desaparición asociados a esta instalación militar. La situación cambiará radicalmente después del 29 de diciembre de ese año, tras la orden presidencial para que las Fuerzas Armadas asumieran el control político militar de las provincias de Ayacucho, Huancavelica y de la provincia de Andahuaylas en el departamento de Apurímac, todas declaradas en emergencia. La medida presidencial, en el contexto de transición a la democracia que integraba por vez primera a la población analfabeta –mayoritaria en Ayacucho– en la competencia político electoral, truncaba así el ejercicio libre de la ciudadanía e inició un ciclo de claudicaciones del poder civil frente al concedido a los militares. Lejos de promover garantías, el control militar amplió una situación de extrema inseguridad que la subversión de Sendero Luminoso ya había abierto en 1980. En los años subsiguientes, en medio de ese contexto de precariedad legal, política y social, las desapariciones tendrán un escenario particularmente emblemático en la ciudad de Ayacucho.

  • 10 En 1984 se sumaría a este circuito el nuevo cuartel militar de Quicapata, en el distrito de Carmen (...)

17El cuartel Los Cabitos se convirtió entonces en la base de las operaciones militares de este ámbito. Alrededor de un millar de nuevos efectivos militares fueron arribando a la capital ayacuchana desde inicios de 1983. Desde allí partirán los destacamentos que se asentarán en las capitales de provincia y en zonas con fuerte accionar subversivo, formando paulatinamente una red de bases militares que convertirán, a menudo, las escuelas y municipios locales en cuarteles. Además del ingreso de los contingentes de tropas en la ciudad de Ayacucho –la antigua Huamanga–, se instalará una sede de inteligencia militar cerca de la plaza principal, la que meses después se trasladará a una vivienda cercana al cuartel, activando un circuito de detención que, en este espacio urbano, articulará a la comandancia de la Guardia Civil, a la Policía de Investigaciones (PIP) y a la sede de la Guardia Republicana.10

“Para realizar las detenciones, se emplearon tres modalidades: el rastrillaje, las redadas y las detenciones selectivas. El rastrillaje consistía en el ingreso violento de policías y/o militares en las viviendas de una zona determinada, frecuentemente barrios marginales, con el fin de buscar material o elementos subversivos; generalmente se realizaban en las noches y muchas veces los captores tenían el rostro cubierto por capuchas ”. [Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, t VII.]

18Durante más de una década, y en particular entre 1983 y 1985, el protagonismo del cuartel y del personal militar tuvo efectos traumáticos para la población de la ciudad. Solo en el plano de la guerra interna, los tres primeros años investigados, tanto por la CVR como por el Ministerio Público, reúnen el mayor número de denuncias por desaparición asociadas al cuartel. En los subsiguientes años, las denuncias disminuirán para volver a repuntar a fines de la década e inicios de la siguiente, aunque no en las proporciones masivas de los primeros años.

Figura 2. Acercamiento a las fosas en La Hoyada. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2017

Figura 2. Acercamiento a las fosas en La Hoyada. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2017

Fuente: Foto de Tania Romero Barrios

El archivo y la memoria

19Décadas de búsqueda han dejado una seña documental de los múltiples empeños y gestiones de los familiares ante el Estado, los representantes políticos, las ONG, iglesias, etcétera. Todo ese acervo ha perdurado y prevalecido en función de los fines procesales y de la investigación fiscal y no necesariamente en función de la búsqueda del desaparecido:

“Y es que la labor que realiza el Ministerio Público en pro de la recuperación e identificación de presuntas víctimas, está dirigida principalmente a determinar responsabilidades penales, lo cual muchas veces deja de lado el fin humanitario que también debe perseguir toda investigación forense”. [Defensoría del Pueblo, 2013, pp. 165]

20Sistematizar y evaluar estas fuentes es un punto de partida necesario, considerando que la búsqueda humanitaria demanda una pluralidad de información que excede las finalidades de la justicia penal. En este sentido cabe destacar los testimonios, recopilados por la CVR, que refieren a las desapariciones en Los Cabitos. Estos registros han añadido documentación y nuevas fuentes que contribuyen a formalizar, en el mejor de los casos, el evento de la desaparición. Por supuesto, la mirada a los testimonios y documentos anexos demanda también una focalización abierta a los detalles, a los subtextos e indicios que no solo aporten a la construcción de un contexto personalizado de la desaparición, sino también a establecer un escenario de desaparición que involucre a más personas.

21Asimismo, la CVR reunió un vasto registro de fichas ante mortem, decenas de ellas permiten completar los testimonios vinculados a las desapariciones en Los Cabitos. Por su parte, las ONG de derechos humanos también levantaron fichas ante mortem referidas al caso, y el Ministerio Público hizo lo propio durante sus investigaciones. Este ha realizado análisis de ADN y exposición pública de prendas de las víctimas exhumadas, con fines de identificación.

22No obstante, como hemos señalado, el giro humanitario de la búsqueda requiere abrir la perspectiva de los eventos personalizados o particularizados por la justicia penal. Así, una mayor información dada por los registros mencionados, como el de la prensa de la época, permite colocar nuestra cronología inicial en el contexto contemporáneo de las desapariciones, y entonces advertimos que las noticias de desaparición no aluden exclusivamente al cuartel, sino también al descubrimiento de cadáveres en la periferia urbana de Ayacucho, de personas detenidas por las fuerzas del orden y, presumiblemente, integradas al circuito de detención de la ciudad; y que se tenía al cuartel o a la Casa Rosada como paradero final del detenido antes de su ejecución.

23Las quebradas donde muchos cuerpos fueron arrojados son conocidas: Infiernillo, Lambrashuaycco, Puracuti, entre otros lugares. Muchos de estos cadáveres fueron inhumados como NN en una fosa común del cementerio de la ciudad que, sabemos, ya no existe. El análisis de los registros de prensa y las denuncias contemporáneas a estos eventos pueden ayudar a establecer indicios que, articulados y contextualizados con información posterior, permitan generar hipótesis acerca de quiénes eran las víctimas, cómo ocurrieron sus muertes y cuándo sucedieron. Este desarrollo, eventualmente, permitiría visibilizar el drama de familiares y allegados, quienes podrían desconocer el destino final de la víctima.

Figura 3. Familiares colocaron cruces con los nombres de sus desaparecidos. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2019

Figura 3. Familiares colocaron cruces con los nombres de sus desaparecidos. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2019

Fuente: Foto de Tania Romero Barrios

24El hallazgo de cuerpos anónimos generaba una ruta o circuito burocrático cuyas señas documentales no han sido abordadas lo suficiente en los procesos de búsqueda. En la época, al aviso del hallazgo de cuerpos, un juez instructor acudía al lugar para ordenar su levantamiento, elaborando un acta descriptiva del procedimiento. El cuerpo era trasladado a la morgue, donde el médico asignado levantaba a su vez un informe de necropsia y firmaba el acta de defunción del registro municipal. Luego, si el cuerpo era reclamado por allegados, este era entregado para su inhumación final a través de la beneficencia. Los no reclamados eran destinados para su sepultura en una fosa común o zanja. Este es el destino probable de muchas de las personas desaparecidas en el cuartel y eventualmente halladas en las quebradas de la periferia de la ciudad.

  • 11 El artículo 3 de la Ley No 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), define como (...)
  • 12 Según el artículo 42 del Reglamento de la Ley No 28592, las “fuentes de información para determinar (...)

25De otro lado, la política pública de reparaciones ha generado un acervo documental y un procedimiento de registro de víctimas al que los familiares o allegados, una vez más o por vez primera, acceden para dejar constancia de la afectación de una persona.11 El Consejo de Reparaciones, encargado de evaluar, calificar, y acreditar a las víctimas y su inscripción en el Registro Unico de Víctimas (RUV), recurre a un conjunto delimitado de fuentes que, sorprendentemente, no suma el archivo de denuncias resguardadas por la Defensoría del Pueblo.12 Asimismo, el RUV no registra a los presuntos implicados con los grupos subversivos (art. 4 de la Ley No 28592). El efecto colateral de este ajuste normativo genera un subregistro invisibilizado de víctimas por desaparición, que puede llevarnos hacia el negacionismo histórico de una práctica que implicó tanto a agentes del Estado, como a rondas y grupos subversivos.

26Asimismo, la exclusión de las víctimas que tuvieron alguna implicancia con los grupos subversivos visibiliza una problemática que atañe particularmente al caso de Los Cabitos. Es posible que se encuentren en el futuro, entre los restos exhumados e identificados, personas que hayan participado en un grupo subversivo. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo contemplar el derecho humanitario a un entierro digno y a la restitución de los restos a sus familiares? Estas cuestiones serán más urgentes de responder, en tanto la búsqueda de la identidad de los inhumados y exhumados en La Hoyada aborde, sin discriminación, la búsqueda de todos.

27En la actualidad, la tarea de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) recoge y revisa las lecciones y pautas que han demarcado en La Hoyada el alcance de la búsqueda de los desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Así, se ha constatado la necesidad de recuperar y documentar la práctica de la desaparición más allá de La Hoyada. Se trata, pues, de establecer un paradigma de búsqueda alternativo al llevado a cabo hasta ahora, de abordar un universo probable de personas desaparecidas cruzando enfoques, registros, lugares y memorias, generando nueva información que permita reconstruir cada evento de desaparición y cada identidad buscada.

Más allá de La Hoyada

  • 13 Según el coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional, las carpetas fiscales del Caso Cabitos (...)

28¿Cuántas personas fueron detenidas y desaparecidas en Los Cabitos? La sentencia del primer caso referido a las desapariciones en el cuartel Los Cabitos abordó 30 casos de desaparición, mientras que las recientes carpetas fiscales para los casos Cabitos 83-II, Cabitos 84 y Cabitos 85 refieren a un total de 99 casos de violaciones a los derechos humanos, que incluyen a los identificados en La Hoyada, además de otros casos de desaparición y de crímenes con víctimas aún vivas.13 El Ministerio Público ha conseguido reunir poco más de una centena de casos de desaparición, identificando a un total de quince individuos en el curso de los más de 16 años transcurridos desde el inicio de sus indagaciones. Para poder avanzar más allá de la lógica fiscal y judicial, la búsqueda de los desaparecidos en el cuartel requiere una perspectiva mayor que atañe no solo a los individuos detenidos en el cuartel, ejecutados y enterrados en La Hoyada, sino también a aquellos cuyos cuerpos fueron encontrados en locaciones periféricas de la ciudad, así como a individuos que eventualmente habrían sido trasladados a otras instalaciones militares, como la de Totos; y, sin cerrar otras posibilidades, es indubitable que un número indeterminado de cuerpos habrían terminado en alguno de los cementerios locales.

29El uso de La Hoyada como sitio de entierro debió empezar probablemente en 1983, con una frecuencia que se habría incrementado desde fines de ese año hasta alcanzar su primer pico en julio del siguiente. Así, por ejemplo, de las quince personas identificadas hasta ahora, doce habían sido detenidas en 1984 y, de estas, once fueron detenidas y desaparecidas en julio de aquel año, el mes que concentra la mayor incidencia de desapariciones denunciadas. De estas quince personas, nueve se encontraban en tres fosas colectivas y guardaban entre ellas algún tipo de afinidad amical, vecinal o familiar, tal como han podido verificar el EFE y la DGBPD. Por otro lado, solo uno de los quince individuos identificados fue detenido el 19 de setiembre de 1983, mientras que otros dos (identificados como padre e hijo) fueron detenidos y desaparecidos en febrero de 1985. La distribución y otras características de las fosas en el espacio de La Hoyada, así como el rostro social de las víctimas y la reconstrucción de los eventos de su desaparición, ofrecen indicios que podrían ayudar a la identificación de los restos individualizados que acompañaban a aquellos otros restos que el EFE ha logrado identificar.

30El número de exhumaciones realizadas en La Hoyada, la cantidad de fosas encontradas y los individuos identificados ofrecen verosimilitud a los quinientos aludidos en el relato que narra Uceda. No obstante, ¿es este número posible? La DGBPD ha encontrado hasta ahora 95 expedientes de denuncia por desaparición forzada que aluden a Los Cabitos como paradero final de los detenidos en 1983. Una pesquisa en los expedientes de los siguientes años encontró que el número de denuncias casi se duplica para 1984 y se acerca a la centena en 1985. La experiencia que va reuniendo la DGBPD, sumada a la información disponible, evidencia la complejidad de la búsqueda.

  • 14 La prensa señaló diez cuerpos, aunque el testimonio de algunos familiares que estuvieron en el luga (...)

31Verbigracia, un caso que ilustra esta complejidad es el del individuo H. C., cuyo nicho en el cementerio general fue desocupado en 2019 y sus restos dispuestos para ser cremados. El llamado de su madre a la fiscalía para guarecerlos respondió al hecho de que H. C. habría sido detenido en el cuartel militar y sus restos óseos mostraban señales de asesinato. En efecto, el 24 de octubre de 1984, H. C., de 18 años, fue detenido por fuerzas del orden y trasladado con rumbo desconocido. En los días siguientes, se denunció la detención y desaparición de al menos 17 personas en la ciudad de Ayacucho. El 23 de noviembre, la prensa anunció el hallazgo de diez cadáveres en el paraje de Guayocondo,14 entre ellos una pareja de hermanos adolescentes detenidos el 31 de octubre por miembros del Ejército, luego de que otro joven, huyendo de estos, ingresara al domicilio de los hermanos aprovechando que la puerta a la calle se encontraba abierta. Sus familiares rescataron los cuerpos mientras otros identificaron el de F. M., de 30 años, detenido por la Policía el 26 de agosto. También se rescataron los restos de A. V., de 18 años, detenido y desaparecido por miembros del ejército el primero de noviembre. El de H. C. estaba entre ellos y sus parientes también recuperaron sus restos, tras el levantamiento del cadáver ordenado por un juez instructor y el registro de su acta de defunción. Se llenaron actas de defunción por los tres identificados, mientras que los otros dos fueron inscritos como NN junto con los demás. Todos fueron enterrados en el cementerio, en nichos o en la fosa común, no sin que antes los familiares presentes advirtieran las señas de la tortura a la que habían sido sometidos, como huellas de cortes, mutilaciones y quemaduras que eran evidentes.

32El rescate de sus restos ha permitido reconstruir el evento de su desaparición al lado de otras cuatro personas identificadas y de otras cuatro de las que desconocemos su identidad. ¿Quiénes eran? ¿Quizás uno de los restos corresponda al joven fugitivo detenido en casa de los hermanos? ¿Estarán entre ellos algunos de los que fueron detenidos en esas mismas fechas? En el registro del cementerio de Ayacucho, el mismo día que fueron enterrados H. C. y A. V., se dispuso el entierro en la fosa común de siete cadáveres sin identificar. ¿Pertenecían estos a aquellos encontrados en Guayocondo? Las actas del levantamiento de los cadáveres en Ñeque y sus respectivos protocolos de necropsia estuvieron perdidos por décadas. Recientemente la DGBPD los ha encontrado entre las denuncias por desaparición que resguarda la Defensoría del Pueblo. Este documento ha sido alcanzado a la fiscalía y se espera que contribuya a proponer hipótesis de identificación.

Construir la búsqueda

33El recurrir a fuentes y métodos no abordados hasta ahora podría permitir establecer un universo probable acerca de quiénes habrían terminado sus días en el cuartel Los Cabitos. Las indagaciones de la DGBPD avanzan en la localización de registros abandonados, algunos encontrados en condiciones precarias. Su hallazgo, validación y análisis, así como la organización y reconstrucción de los eventos de desaparición que dan cuenta, permiten realizar un esbozo de lo que pudo haber ocurrido con cada una de estas personas desaparecidas.

34Finalmente, el contexto de las desapariciones en el cuartel Los Cabitos, si bien señala al cementerio clandestino de La Hoyada como el principal lugar de entierro, también alerta sobre la urgencia de no limitar la búsqueda solo a este. El caso, por su significancia singular, sugiere un planteamiento diferente, aunque no divergente a la búsqueda ejercida hasta ahora desde el enfoque fiscal y judicial. La investigación demandará apostar por un paradigma abierto a nuevas estrategias, que integren disciplinas, métodos y recursos en su construcción. En otras palabras, la visibilidad del desaparecido dependerá también de la capacidad de imaginar y construir métodos y recursos que permitan su identificación.

Bibliographie

ABAD YUPANQUI Samuel B., “La Defensoría del Pueblo. La experiencia peruana”, Teoría y Realidad Constitucional, no 26, UNED, 2010, pp. 481-510. DOI: 10.5944/trc.26.2010.6931

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS, Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte, Lima, 2014.

CASTILLO María Elena, “Los Cabitos: quince cadáveres serán evidencia en juicio oral”, La República, 9 de marzo de 2020. [En línea] https://larepublica.pe/politica/2020/03/09/los-cabitos-quince-cadaveres-seran-evidencia-en-juicio-oral-sendero-luminoso/

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe final, Tomo VII. Sección Cuarta: Los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Capítulo 2: Los casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, 2003.

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 1995.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, La Desaparición forzada de personas en el Perú (1980-1996), Serie Informes Defensoriales, Informe no 55, Lima, 2002.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Ejecuciones Extrajudiciales. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo, Serie Informes Defensoriales, Informe No 77, Lima, 2003.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso, Serie Informes Defensoriales, Informe No 162, Lima, 2013.

EQUIPO FORENSE ESPECIALIZADO, Álbum fotográfico de prendas. Caso: “Cabitos”, Lima, 2014.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000, Diario Oficial El Peruano, Ley No 30470 del 22 de marzo de 2016, Normas Legales, 2016, p. 590244-590246.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el período 1980-2000, Diario Oficial El Peruano, Ley No 28413 del 7 de diciembre de 2004, Normas Legales, 2004.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), Diario Oficial El Peruano, Ley No 28592 del 20 de julio de 2005, Normas Legales, 2005.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Reglamento de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR, Ley N28592, Suplemento de Normas Legales f. 323069, Diario Oficial El Peruano, jueves 6 de julio de 2006.

GORRITI Gustavo, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú I, Lima, Editorial APOYO, 1991.

Notes

1 En adelante lo llamaremos por el nombre anterior, Los Cabitos, asociado a las desapariciones.

2 La Ley de Amnistía (No 26479) concedía “amnistía a los militares, policías y civiles que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980” (artículo 1 de la Ley No 26479). Además, como señala un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la ley se extendía: A todos los responsables de crímenes, así no hayan sido aún individualizados, denunciados, procesados o investigados (artículo 6 de la Ley No 26479). A esta ley de amnistía le siguió otra Ley No 26492, llamada “interpretativa”, que obligaba al Poder Judicial a aplicar la amnistía [Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 1995].

3 Este acervo documental actualmente se encuentra en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

4 Para un mayor desarrollo de las iniciativas institucionales de búsqueda de desaparecidos, ver: La desaparición forzada de personas en el Perú (1980-1996), publicado por la Defensoría del Pueblo en el 2002.

5 El 15 de noviembre de 2000, la Defensoría del Pueblo recomendó por Resolución Defensorial No 57-DP-2000 la creación de una Comisión de la Verdad.

6 El Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias-Misión al Perú [2016] hizo un reconocimiento al importante trabajo de la Defensoría a través de este registro. Para más información, https://acnudh.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-las-desapariciones-forzadas-o-involuntarias-mision-al-peru/

7 El 2003 también apareció el informe Ejecuciones extrajudiciales. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo. Este informe actualizaba la investigación de 2002 de la Defensoría del Pueblo, indicando un total de 5979 casos de desapariciones entre los 9502 casos inscritos en los expedientes estudiados.

8 El Equipo Forense Especializado se creó en agosto de 2003, respondiendo a la necesidad de priorizar las crecientes demandas de atención forense en casos de violación de derechos humanos. El EFE ha recibido diversos reconocimientos públicos por su actuación en los procesos de justicia y reconocimiento a las víctimas y sus familiares.

9 El ejemplo emblemático es la perfomance de la batalla de Ayacucho, con participación de la tropa del cuartel y cientos de escolares ayacuchanos. La representación, iniciada en 1974 para el sesquicentenario de la batalla, ocupará un lugar en el calendario cívico, aunque será suspendida durante los años de violencia.

10 En 1984 se sumaría a este circuito el nuevo cuartel militar de Quicapata, en el distrito de Carmen Alto.

11 El artículo 3 de la Ley No 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), define como víctima a: “Las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas [durante el período 1980-2000]”.

12 Según el artículo 42 del Reglamento de la Ley No 28592, las “fuentes de información para determinar e identificar a los beneficiarios del programa de reparaciones económicas” son: a) La lista de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; b) La lista “Los peruanos que faltan: lista preliminar de personas desaparecidas por la violencia política (1980- 2000)” de la Defensoría del Pueblo; c) El registro de ausencia por desaparición forzada de la Defensoría del Pueblo; d) Los listados nominales resultantes del Censo por la Paz elaborado por el MIMDES. [Gobierno de la República del Perú, 2006, pp. 323069]

13 Según el coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional, las carpetas fiscales del Caso Cabitos 83-II contemplan 23 denuncias, la de Cabitos 84-II llega a 58, y la de Cabitos 85 a 23 [Castillo, 2020].

14 La prensa señaló diez cuerpos, aunque el testimonio de algunos familiares que estuvieron en el lugar indica que fueron catorce. Otra versión señala que había más de veinte cuerpos.

Table des illustrations

Titre Figura 1. Vista parcial de La Hoyada
Légende La estructura corresponde a los restos del horno usado para cremar cadáveres, rodeado de las excavaciones realizadas por el equipo forense.
Crédits Fuente: Foto de Percy Rojas Quispe
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/10650/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 112k
Titre Figura 2. Acercamiento a las fosas en La Hoyada. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2017
Crédits Fuente: Foto de Tania Romero Barrios
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/10650/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 664k
Titre Figura 3. Familiares colocaron cruces con los nombres de sus desaparecidos. Aniversario de la Cruz de la Hoyada, julio de 2019
Crédits Fuente: Foto de Tania Romero Barrios
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/10650/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 707k

Auteur

Magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue investigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el área de Proceso Nacional de la Violencia Política. Ha realizado investigaciones y consultorías sobre el proceso de violencia política en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, así como ha publicado artículos relacionados con el mismo tema, y el libro Demonios encarnados. Izquierda, campesinado y lucha armada en Huancavelica [Editorial Siniestra, 2021]. Actualmente es parte del equipo de investigadores especialistas de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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