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“Yo soy libre y no indio: Soy Guarayo”

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Pilar García Jordán

Parte I. «Ganar hombres para la civilización y brazos para el trabajo». El Estado, las misiones franciscanas y los Guarayo, 1825-1939

1. Las misiones franciscanas, instrumento de la política estatal para la conquista de los Orientes, 1825-1939

Texte intégral

1Las misiones existentes en la Audiencia de Charcas en la época tardocolonial estaban adscritas a tres colegios misioneros, los establecidos en Tarija (1755), Tarata (1796) y Moquegua (1795). Es sabido que tanto los Colegios, como las misiones de ellos dependientes se vieron gravemente afectados tanto por los conflictos independentistas desde inicios de la década de 1810, como por la política dictada por los primeros gobiernos republicanos que, imbuidos de las tesis ilustradas sobre la inutilidad de las órdenes religiosas y de la subordinación de la Iglesia Católica al poder civil, dieron diversas medidas en tal sentido. Es conocido que Bolívar puso a los religiosos bajo la autoridad de los obispos (27.07.1825) y decretó el cierre de todos los noviciados (29.08.1825); el mismo Bolívar primero, y Sucre más tarde, dictaron sendos decretos (11.11.1825 y 16.03.1826) por los que todos los conventos de religiosos varones existentes en el país —con excepción de seis— fueron clausurados. Para entonces, gran parte de los misioneros, en su gran mayoría españoles peninsulares, habían dejado las misiones y retornado a Europa.

2En este contexto, los estudios de la Bolivia del período muestran que los primeros gobiernos bolivianos tuvieron que enfrentarse a retos tales como la postración económica o la inestabilidad política y, por ende, los Orientes, que a fines del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX habían sido objeto de atención preferente de la Corona y la Iglesia, con el apoyo de algunas élites regionales (García Jordán, 2001a: 36-39), devinieron invisibles para la mayor parte de la temprana sociedad republicana boliviana. Con todo, es de notar que todo proyecto político que, de alguna manera, involucrara la conquista y ocupación de las llamadas fronteras, consideró las misiones como el instrumento prioritario para la implementación del plan. Aparentemente, pocos serían los cambios con respecto al pasado colonial cuando las misiones, junto a las haciendas y los fortines habían sido consideradas los pilares de la conquista. Sin embargo, un análisis de la política estatal con respecto a los Orientes nos permitirá matizar la afirmación y señalar algunas mutaciones con respecto al pasado, particularmente en lo relativo al rol fundamental que los gobiernos republicanos adjudicaron a las misiones católicas a lo largo de la etapa aquí estudiada. Y, atendiendo al discurso y a la praxis política analizaremos el contenido de la política estatal relativa a las misiones en tres etapas; la primera, desde la independencia y hasta el fin del caudillismo político, en 1880, período dominado por el desinterés del poder político con respecto a los Orientes salvo las coyunturas de los gobiernos de José Ballivián en los’40 y, en mucha menor medida, de Agustín Morales en la década de 1870; la segunda etapa fue la desarrollada en las dos últimas décadas del siglo XIX dominada por el gobierno de la oligarquía conservadora, y en la que se produjo un cambio fundamental en la estrategia estatal relativa a las fronteras; la tercera, iniciada con el acceso de los liberales al poder (1899) y concluida con la Guerra del Chaco y la crisis del sistema político tradicional fue un período continuista por cuanto se refiere al rol adjudicado a las misiones como instrumento fundamental para la expansión de la frontera interna, función que, sin embargo, entró en crisis progresiva a partir de mediados los’20 y en la década de 1930.

1. Los Orientes, abandonados a «una naturaleza silenciosa y salvaje o a reuniones nómades»1. Estado y misiones franciscanas, 1825-1880

  • 1 Palabras del ministro del Interior del gobierno Ballivián en su informe a la Convención de 1843 ace (...)

3Como se ha apuntado líneas arriba los primeros gobiernos bolivianos no sólo ignoraron toda cuestión relativa a los Orientes sino que, consecuencia de su proyecto político, aprobaron una serie de medidas que penalizaron la actividad misionera desarrollada en la tardocolonia por los religiosos franciscanos y, en menor medida, por conversores seculares. Como consecuencia de dicha política, los escasos misioneros que habían permanecido en la región, no obstante la ruptura política con la metrópoli, se redujeron al mínimo y los poblados misionales se despoblaron como consecuencia del remonte indígena, cuando no cayeron bajo el control y la explotación de comerciantes, propietarios agropecuarios y aventureros de variada índole.

4Así las cosas, el acceso a la presidencia del liberal Andrés de Santa Cruz provocó una lenta pero progresiva visibilidad de los Orientes, como mínimo desde el punto de vista ideológico. Bajo su gestión, en la que se sentaron las bases para la organización del naciente aparato civil y militar del nuevo Estado, los Orientes pasaron a formar parte, aunque en forma incipiente, de la agenda gubernamental y las misiones devinieron nuevamente instrumento de dicha política. En este contexto histórico se aprobaron tres importantes disposiciones y se impulsaron algunas iniciativas relativas a la actividad misionera. La primera medida (decreto de 22.01.1830), tras considerar que el «medio más eficaz y suave para reducir a la sociedad civil y religiosa» a los «infieles» eran las misiones católicas, las cuales habían sido abandonadas como consecuencia de la escasez de religiosos, decretó que los franciscanos fueran destinados, en calidad de párrocos misioneros, a las doctrinas existentes en las misiones de Mosetenes, Caupolicán, Guanay, Yuracarés, Guarayos y Cordillera decidiendo que:

«Los de La Paz se encargarán de las de Mosetenes, Caupolicán y Guanay; los de Cochabamba y Tarata, de las de Yuracarés, Guarayos y la Cordillera; los de Potosí y Tarija, de las que han estado a cargo del colegio subsistente en la última». (Colección, 1834, T. 2: 230-231)

  • 2 Decreto de la Asamblea Constituyente, sancionado por Santa Cruz, que tras reconocer al convento de (...)
  • 3 Explícita mención de la ley en el informe del fiscal de la República sobre el reglamento de misione (...)

5Esta es la primera ocasión en que un gobierno boliviano pensó en las misiones como instrumento de «reducción» indígena y, aunque nada se dijo por entonces explícitamente del papel que debían desempeñar los religiosos en la ocupación del territorio, algunas disposiciones aprobadas entonces relativas a la disponibilidad de terrenos por parte de las misiones permite deducir que se confió a los religiosos la socialización indígena como instrumento para facilitar la ocupación de las fronteras. La segunda medida, complementaria de la anterior, fue la ley de 27.09.1831 por la que el convento de San Francisco de La Paz fue reconocido como Colegio de Propaganda Fide para que, junto a los ya existentes en Tarija y Tarata, impulsaran los noviciados como centros de formación de los religiosos con destino a las misiones2. La tercera medida fue la ley de 28.09.1831 por la que las misiones quedaron sujetas al control del Gobierno3.

  • 4 Son varios los trabajos en que se menciona el papel de Herrero, aunque probablemente la síntesis má (...)
  • 5 Cartas de presentación, la Epystola Encyclica ad Fratres Omnes de Observando. S.P.N. Francisci. Rom (...)
  • 6 Dos de ellos se quedaron en Chile para la restauración de las misiones de Chillán, siendo los resta (...)
  • 7 Según Herrero: «Logramos realizar una copiosa selección de Religiosos así italianos como españoles (...)
  • 8 Herrero fue acusado de otorgarse atribuciones que no le competían pues «se ha hecho reconocer por P (...)
  • 9 Conviene anotar que tras la independencia boliviana, como en el resto de América, la vida interna d (...)
  • 10 Bretón reclamó y obtuvo del gobierno boliviano (decreto 4.12.1838) el reconocimiento de su autorida (...)

6Junto a estas disposiciones, la iniciativa más importante relativa a la actividad misionera bajo la gestión de Santa Cruz fue el envío del franciscano Andrés Herrero a Europa en 1833-1834 para que recabara del Vaticano y de sus superiores jerárquicos atribuciones para captar religiosos europeos con destino a las misiones americanas4. Aunque la iniciativa fue del religioso español —antiguo misionero entre los Mosetenes— quien presentó su proyecto de restauración de las misiones a las autoridades diocesanas de La Paz y al Ejecutivo, el plan interesó tanto a la Iglesia como al gobierno bolivianos que le dieron cartas de presentación y financiaron parcialmente su viaje5. Herrero, nombrado prefecto apostólico de las misiones y colegios franciscanos de la América meridional captó 12 misioneros en su primer viaje6 y tras obtener el apoyo del gobierno peruano y del mismo arzobispo limeño emprendió una segunda expedición (1836-1837) como resultado de la cual captó 83 religiosos procedentes mayoritariamente del noroeste de la península itálica y del Levante español7. Agreguemos que Herrero vio cuestionada su posición por algunos de los provinciales franciscanos en España, Italia y la misma Bolivia que le recriminaron que quisiera ejercer el control sobre toda la orden franciscana no sólo en Bolivia, sino incluso en el entero continente americano8. La polémica —a la que no fueron ajenos los problemas de poder en el interior de la orden con las diferencias existentes entre los conventos franciscanos y los colegios misioneros—9 persistió tras la muerte de Herrero (1838) en la figura de su sucesor, Matías Bretón, e involucró también a la Iglesia secular por cuanto, según el ordenamiento republicano, los misioneros debían obediencia a los ordinarios diocesanos que, en la práctica, delegaron primero en Herrero y después en Bretón, la autoridad sobre los misioneros. Finalmente, éste logró imponerse con el apoyo del Ejecutivo boliviano y del arzobispo de La Plata, diócesis en la que el problema alcanzó elevadas dosis de conflictividad a mediados de los 4010. ‘Con todo, los superiores franciscanos en Bolivia no dejaron de solicitar de sus superiores el envío de un mayor número de religiosos con destino a las misiones.

  • 11 Concesiones que se iniciaron con el gobierno de Santa Cruz cuando, por la orden de 25.08.1832 y res (...)
  • 12 Palabras similares fueron pronunciadas en la mayoría de memorias ministeriales y mensajes presidenc (...)
  • 13 El decreto, que debemos considerar como el primer reglamento misionero, aprobó un reglamento para e (...)
  • 14 Ver la ley aprobada por el Gobierno de J. Ballivián relativa a la congrua sustentación de los misio (...)

7Retomando el hilo de nuestra historia, si los misioneros eran el primer recurso necesario para la viabilidad de la actividad misionera, no menos importantes fueron otros dos elementos, por un lado, terrenos para el establecimiento de las misiones; por otro lado, la dotación económica a los misioneros y curas conversores. Por lo que se refiere al primero, la obtención de tierras era fundamental para la implementación del proyecto misionero, para la reducción y sedentarización de las poblaciones indígenas y para la producción de insumos que permitiera abastecer a los indígenas y obtener excedentes con vistas a su comercialización en los mercados regionales garantizando así la supervivencia de la misión. En consecuencia, era necesario dotar a las misiones de terrenos cuestión que, aunque practicada por diversos gobiernos que dictaron algunas disposiciones al respecto11, sin embargo no fue secundada por las autoridades departamentales y locales que no supieron, pudieron o quisieron garantizar la tenencia de la tierra para la misión y las poblaciones indígenas allí concentradas. Por lo que se refiere a la segunda cuestión, la dotación económica de los misioneros y curas conversores, los Ejecutivos bolivianos no dejaron de mostrar su disposición a facilitar los medios para la actuación de los religiosos en las misiones para «derramar en ellas la luz del Evanjelio [sic] y a ganar brazos útiles para la industria» (Linares, 1840: 10)12. Tales medios consistieron tanto en la concesión de terrenos ya comentada, como en la inclusión en los presupuestos estatales de reducidas partidas económicas para los religiosos, asignación de lo recaudado a través de las llamadas bulas de Cruzada (decreto de 22.02.1845)13, una parte del ramo de primicias y otros óbolos captados por los ordinarios diocesanos (Asín, 1848: 9) y la dotación económica a los curas conversores radicados en las misiones14.

  • 15 Ver la correspondencia cruzada entre el convento de Potosí, el arzobispo de La Plata, el Ejecutivo (...)
  • 16 Una recopilación documental que incluye las gestiones hechas a mediados de siglo XIX por Andrés de (...)

8Enumerados los recursos necesarios para el establecimiento de las misiones, con la teórica protección gubernamental, la praxis histórica mostró que la llegada de los religiosos europeos a partir de mediados de la década de 1830 provocó una reactivación de la actividad misionera en Bolivia que se vio impulsada además, por la aprobación de nuevos Colegios misioneros pues, a los existentes en La Paz, Tarata y Tarija, se sumaron los establecidos en Sucre (1837) y Potosí (1853)15. La aprobación de estos Colegios —que se nutrieron con los franciscanos italianos y españoles llegados en sucesivas oleadas— requería de la previa aprobación gubernamental, una prueba más del interés del poder político boliviano en potenciar la actividad misional16. Esta es la razón por la que sostengo que desde fines de la década de 1830 e inicios de los ‘40, las misiones empezaron a devenir, en la historia republicana boliviana, instrumento de ocupación del territorio y punta de lanza de la penetración colona en las fronteras, en los considerados por entonces, territorios «vacíos» ocupados, solamente, por poblaciones indígenas bárbaras, salvajes. Con todo, para entonces, si nos hacemos eco de los discursos gubernamentales, la actuación misional estaba destinada a la primigenia tarea evangelizadora y a «ganar brazos útiles para la industria» (Linares, 1840: 40).

  • 17 Hubo territorios —el Chaco es ejemplo paradigmático— en que fortines y misiones fueron utilizados c (...)
  • 18 Una copia del texto fue encontrada por Fr. Bernardino Pesciotti en la sacristía de la iglesia de Sa (...)
  • 19 Entre los artículos relativos al tema me interesa destacar el 11 referido a la formación de los nov (...)
  • 20 Entre otras, el reglamento otorgaba al Ejecutivo boliviano el nombramiento de los prefectos misione (...)

9Aunque fue Santa Cruz el promotor de las primeras disposiciones para la reactivación misionera, no fue hasta la administración Ballivián cuando, en el contexto de un proyecto político más ambicioso que perseguía la incorporación efectiva de todos los territorios orientales a la nueva república, las misiones parecieron cobrar un papel protagonista. Este proceso se fue implementando también como consecuencia, en algunos casos muy directa, del interés de los colonos por asegurarse la colaboración misionera para reducir a los bárbaros, para su domesticación y utilización como mano de obra en el caso que las empresas colonas lo requirieran. Aunque conviene matizar que, bien cuando la resistencia indígena hacía imposible su incorporación, bien cuando la expansión de la frontera colona no demandaba brazos indígenas, fueron los fortines el instrumento de control, represión o exterminio indígena utilizado (García Jordán, 2001a: 282-283)17. En todo caso, indicativo de la importancia concedida por Ballivián a las misiones como uno de los instrumentos básicos para la conquista de los Orientes, fue la aprobación del que podemos considerar el primer reglamento misionero (22.02.1845), que se incluye en anexo (doc. 1)18. El texto, preparado como complemento al art. 7 del decreto de 3.01.1845 por el que se mandó el establecimiento de cajas especiales para el depósito y administración de las ventas del ramo de Bulas a cargo de un Prefecto de misiones, constaba de un total de 36 artículos agrupados en cuatro capítulos relativos a las competencias de los Prefectos misioneros, funcionamiento de los Colegios de Misiones19, regulación de la vida intramisional, y fondos para el sostenimiento de la actividad misionera. El reglamento, que nunca fue aplicado al contener disposiciones incompatibles con la legislación dictada por la Congregación de la Propaganda de la Fide de la que debían depender las misiones20, fue ignorado o, cuando menos, desconocido no sólo por los gobiernos posteriores, sino por los mismos misioneros y sólo en 1871, con motivo de la aprobación del considerado, unánimemente, como primer reglamento misionero —aunque en realidad fue el segundo—, la Comisión de Negocios Eclesiásticos del Congreso de 1871 hizo una leve referencia al mismo del que señaló «no remedia [ba] uno sólo de los muchos inconvenientes que se dejan sentir en las Misiones» (Ercole, 1871: 16).

10Dejemos por ahora en suspenso a qué obstáculo se aludía, y centrémonos en el contenido del reglamento del 45, en concreto del capítulo relativo al funcionamiento de las misiones, que agrupaba prácticamente la mitad del articulado; tras disponer la existencia en cada misión de dos misioneros, un sacerdote y un lego (art. 14), regulaba sus obligaciones en torno a, primero, el establecimiento de escuelas «de primeras letras» para la instrucción de los niños en la lectura, escritura —no se dice explícitamente aunque se supone que la alfabetización sería en castellano— y lo sustancial del «dogma y máximas de sana moral» (art. 17); segundo, la aculturación indígena tanto en lo relativo a la domesticación de su mano de obra, como en su obediencia al poder civil:

«Los Curas conversores tratarán a los neófitos como verdaderos padres, y con el mismo espíritu de caridad con que describe el Evangelio al buen Pastor procurando docilitarlos, el calcular o regirlos en sus trabajos agrícolas y pastoriles, enseñarles la obediencia a sus respectivas autoridades civiles, inducirlos al trabajo y al comercio» (art. 19);

  • 21 Aunque no se explícita de qué tipo de propiedad se tratara, Ballivián pensó, probablemente, en el a (...)
  • 22 Arts. 20 a 29. Particularmente significativo es el primero en que se dice que «Los Conversores pres (...)

11como, en la instauración de un nuevo régimen político entre los indígenas que el legislador confiaba al Conversor en tanto encargado de designar «provisoriamente una autoridad local» que cuidara del gobierno de la misión y protegiera la propiedad de los indígenas21; tercero, la subordinación de los religiosos al poder civil al que deberían presentar informes anuales refiriendo el estado de las misiones22 y sin el permiso del cual no podrían acometer ninguna nueva «reducción de tribus salvajes» (art. 25). Finalmente, no quiero concluir este punto sin llamar la atención sobre un artículo, el 21, que juntamente con el art. 19 ya citado, dice mucho del papel adjudicado por el gobierno Ballivián a los misioneros por cuanto, tras haber dispuesto la obligación de los conversores de informar a su prefecto del movimiento demográfico del poblado, estado económico del mismo, etc. señaló que las memorias preparadas por aquéllos servirían para que el gobierno conociera los adelantos hechos, los terrenos «descubiertos», las «tribus reducidas», recursos encontrados, informaciones todas ellas necesarias para «cuanto pueda convenir a su política administrativa».

12Aunque, como dije líneas arriba, el reglamento misionero sancionado por Ballivián, como el resto de su política orientalista, cayó posteriormente en el olvido, la mayoría de los gobiernos que le sucedieron no dejaron de considerar los «éxitos» obtenidos por las misiones en la civilización de las poblaciones indígenas hostiles que, cuanto menos, permitían la apertura de nuevos caminos, el tránsito de pasajeros y mercancías y, por ende, la ocupación de las fronteras. Valga como ejemplo los elogios del ministro del Interior y Culto del gobierno Linares en 1857 a la, sin embargo, lenta actividad reduccionista de los franciscanos en San Fermín (Chiquitos) y Tarairí (Cordillera), que había permitido la «comunicación directa» entre el departamento cruceño y el norte argentino; dicha lentitud había sido atribuida por el ministro a «las resistencias que los religiosos conversores encuentran frecuentemente en el espíritu bravo y la naturaleza salvaje de sus neófitos» (Cuéllar, 1857: 10).

13La resistencia indígena a la penetración misionera fue una de las razones que obstaculizaron por entonces la fundación y supervivencia de los poblados misionales en los Orientes, pero otra razón, tan importante como la anterior en mi opinión fue, paradójicamente, el avance del frente colono. La praxis histórica mostró que, tras una primera y normalmente corta etapa reduccionista concluida con la concentración indígena la presión de los sectores propietarios y comerciantes por obtener tierras y acceder a la mano de obra indígena, provocó el surgimiento de importantes conflictos con los misioneros. Estos sectores, a menudo en connivencia con las autoridades departamentales, superada la fase inicial de la conquista, abogaron por la desaparición del sistema misionero y la transformación de la misión en beneficio cural —la secularización— con lo que la mediación misionera desaparecía permitiendo a los empresarios agropecuarios y comerciantes un trato directo con las poblaciones indígenas y, por ende, fijar las condiciones para su contratación como mano de obra, el desarrollo del comercio y el acceso a los terrenos misionales. Esta presión secularizadora se empezó a manifestar a fines de la década de 1850, aunque se incrementó progresivamente en las décadas posteriores, y estuvo presente tanto en las fronteras de Tarija y Santa Cruz, como en los territorios del noroeste, consecuencia de la captación de mano de obra con destino a las actividades extractivas, primero la cascarilla y después el caucho.

  • 23 El informe de Simonetti sirvió de base para la denuncia de los actos contra los indígenas en El Cru (...)

14Valga como ejemplo de la afirmación tres sucesos. El primero, ocurrido en la misión de San Buenaventura —al norte de La Paz— que, según el prefecto misionero Rafael Sans, religioso del colegio de La Paz, estaba en vías de desaparecer como consecuencia de la captación de brazos indígenas por cascarilleros y gomeros que, a través de la deuda, los transformaban en esclavos (Sans, 1888: 149). El segundo, acaecido en la misión de Aguairenda —fundada a fines de los ‘40 en el valle de Caiza— donde la presión colona dejó sin efecto las disposiciones dadas por el general Magariños relativas a la adjudicación de tierras a los indígenas, terrenos que sólo pudieron ser obtenidos tras la sucesiva compra de las mismas por los franciscanos en la década de los ‘50 (Corrado & Comajuncosa, 1990, II: 362). El tercero, en los poblados de San Francisco y San Antonio —misiones del Parapetí— que, asumidos por los franciscanos en 1871, fueron abandonados por éstos en 1880 por las tropelías cometidas por los colonos sobre la población indígena y sus tierras pues, hechos consuetudinarios, según señaló el prefecto misionero de Potosí en 1877, eran «el degüello de los Indios; o el destierro de sus territorios; o la oposición a los PP. de Propaganda»23. (Simonetti, 1877: 7)

  • 24 Aunque en estricto sentido fue el segundo reglamento elaborado por los poderes del Estado, fue el p (...)
  • 25 Carta de Q. Miranda (Sauces, 20.12.1889) al prefecto en «Expediente relativo a los conflictos en to (...)

15Es ahora que, tras estos ejemplos, estamos en condiciones de entender los obstáculos a que la Comisión de Negocios Eclesiásticos del Congreso boliviano aludió en 1871, y que mencioné líneas arriba. Efectivamente, conscientes los religiosos de los obstáculos derivados de la expansión del frente colono y las acciones de los llamados civilizados, pretendieron obtener del Ejecutivo un reglamento que sirviera para regular tanto la vida en el interior de las misiones como las relaciones entre éstas y el mundo exterior y, por ende, protegiera eficazmente los poblados misionales. Este fue el origen del Reglamento de misiones aprobado por el gobierno de Agustín Morales por decreto de 13.09.187124 que, como señaló unos años más tarde en crítica acerada el subprefecto de Azero, Quintín Miranda, había sido ideado por los franciscanos para de «un modo legal... apropiarse de los indios garantidos por la lei i las autoridades de tal modo que estas, arrastren coercitivamente a los indios al punto que ellos designen por misión»25.

  • 26 Memorial enviado al Ejecutivo (Sucre, 20.07.1871) en Ercole, 1871: 5.

16No es casual que fuera Alejandro Ercole, comisario de misiones del Colegio de Tarija, el autor del reglamento citado pues, fue en la frontera tarijeña donde los misioneros sufrieron más contratiempos como consecuencia de la presión de los sectores propietarios. Según Ercole, los poblados misionales y los indígenas que en ellos habitaban se veían amenazados tanto por la actuación de los «enganchadores» a la búsqueda de mano de obra para las empresas de Argentina, como por los comerciantes que pretendían tratos directos con los indígenas pobladores, como, finalmente, por aquéllos que trataban de «utilizar las tierras y adelantes de la reducción» sin tener en cuenta la ley de la propiedad, ni los derechos de los naturales, ni la «incapacidad de los mismos para regirse de por sí, sea que se los mire con respecto a la Religión, sea con relación a sus intereses sociales»26. Estas razones habían provocado, según el religioso, que las misiones no lograran los resultados esperados, razón por la cual la necesidad de «establecer una regla que garantice a nuestros indios, que sea bienhechora y fecunda en bienes espirituales y temporales» (Ercole, 1871: 6). El largo escrito del comisario Ercole en defensa del reglamento era reflejo del discurso franciscano sobre las funciones a cumplir por los misioneros, esto es, transformar a los salvajes, a los bárbaros e improductivos indígenas habitantes de las fronteras orientales en individuos civilizados, religiosos, ciudadanos e implícitamente, individuos productivos aptos para su incorporación al orden republicano. Aunque el religioso aventuraba que, en ocasiones, parecía que la llegada de los misioneros empeorara la situación de los indígenas puesto que «únicamente se estudian todos los modos para aprovechar de sus brazos» descuidando su cultura y educación, concluía su escrito ratificando que los objetivos misioneros eran «la salvación de las almas» pero también el progreso del país, de ahí el énfasis del religioso en reconocer:

  • 27 El énfasis es mío.

«las fundadas esperanzas de la República que nos ampara, hospeda y proteje [sic] nada más que para que dilatemos el reino de Jesucristo entre las bárbaras tribus, y avancemos terreno a fin de aumentar los hijos a la Iglesia y los ciudadanos útiles a la Patria»27. (Ercole, 1871: 6)

  • 28 Escrito del fiscal Salvatierra (Sucre, 29.07.1871), en Ercole, 1871: 12-13.
  • 29 Escrito del ministro de La Tapia a la Asamblea Constituyente (Sucre, 10.08.1871), en Ercole, 1871: (...)

17Si las razones de los misioneros al solicitar la aprobación del reglamento eran claras, obtener plenos poderes para el ejercicio de su actividad, ¿qué motivos tuvo el poder civil para conceder el monopolio de la socialización indígena, el poder político, económico, judicial, además del religioso a los misioneros franciscanos? Algunas respuestas las encontramos en los escritos del fiscal general de la república al Ministro de Justicia y Culto, Lucas M. de La Tapia; en el oficio enviado por éste a la Asamblea Constituyente, y en la misiva mandada por la Comisión de Negocios Eclesiásticos al presidente Morales. Mientras el primer escrito señaló la conveniencia del reglamento para favorecer «la conversión de indios bárbaros en aumento del cristianismo y acrecentamiento de la población»28; el segundo indicó la necesidad de garantizar la existencia de las misiones «contra la arbitrariedad, contra la violencia, el fraude y los demás abusos, de que suelen ser víctimas los neófitos, que recién entran en la vida civil»29; y el tercero recomendó la preceptiva autorización al reglamento por cuanto debía permitir la

  • 30 La tesis fue mencionada también por el ministro Terrazas, 1872: 8.

«civilización de tribus salvajes que ocupan nuestro territorio, haciendo difícil y peligrosa nuestra comunicación y tránsito a las vías fluviales de la República, destinadas a ser próximamente nuestros grandes vehículos de comunicación con el mundo comercial»30. (Ercole, 1871: 16)

  • 31 Nota del arzobispo de La Plata (Sucre, 24.07.1871) que, junto al reglamento, fue enviado al ministr (...)
  • 32 La sanción presidencial vino precedida de la ley de la Asamblea Nacional (9.09.1871) autorizando al (...)

18Tanto en las reflexiones del fiscal, como en las del ministro de La Tapia, como en las contenidas en la preparada por la Comisión de Negocios Eclesiásticos encontramos ratificadas, esta vez en forma explícita, la vinculación de las misiones con la colonización del territorio. Esto es, la reducción, el control y la aculturación de los indígenas favorecería la llegada a las fronteras orientales de población nacional o extranjera que explotando sus riquezas, potenciaría el desarrollo de la frontera interna y contribuiría al desarrollo y la prosperidad del país. Y para ello, el Congreso y el Ejecutivo boliviano estaban dispuestos a renunciar a todas sus competencias en beneficio de los misioneros, a quienes, en virtud del reglamento misionero de 1871, se concedió el monopolio de la socialización indígena y, con ello, el poder político, social, económico, amén del religioso a los misioneros franciscanos en los territorios misionales. ¡Cuánto había cambiado la situación con respecto al texto dado por Ballivián en 1845! El reglamento, propuesto al Ejecutivo a través del cauce regular del arzobispo de La Plata quien consideró el proyecto necesario para que los conversores «puedan desempeñar libremente su misión apostólica y civilizadora, atender a la conservación de las actuales reducciones, y obtener otras nuevas e interesantes conquistas»31, fue aprobado por la Asamblea Constituyente (25.08.1871) y sancionado por el presidente Morales el 13.09.187132. El conjunto de 33 artículos de que constaba el texto —que incluyo en anexo como doc. 2— reguló, primero, quién detentaba la autoridad sobre la misión, dicho de otra manera, a quién debían rendir cuentas los misioneros, y cuáles eran sus competencias; segundo, en quién recaía la autoridad y la administración tanto en el interior de la misión, como las relaciones de los indígenas que en ella habitaban con el mundo exterior.

19En relación a la primera cuestión, el texto señaló explícitamente que toda misión dependía «inmediata y esclusivamente [sic]» del Supremo Gobierno (art. 1), único poder competente para declararla en beneficio cural, esto es proceder a su secularización y pasar a la categoría de parroquia (art. 4). En virtud de dicha dependencia, el Ejecutivo ejercería el control de las misiones a través de la obligación de los prefectos comisarios de misiones de presentar bianualmente un estado demográfico, social y económico de las mismas (art. 31), y del nombramiento, cuando lo creyera conveniente, de delegados para la inspección de la marcha de las misiones (art. 32.) Finalmente, señaló como competencias del Ejecutivo la erección de toda nueva misión previa demanda por los misioneros —a través de los correspondientes ordinarios diocesanos— para que aquél «apruebe el establecimiento, adjudique las tierras necesarias [cuestión regulada explícitamente en el art. 12], señale y sitúe el Sínodo» del conversor (art. 11), sínodo que según el art. 25 sería de 240 bolivianos (300 pesos aproximadamente) a pagar por la tesorería departamental. Una última anotación es la relativa a las tierras misionales, al respecto de la cual se estipuló (art. 30) que, transformada una misión en beneficio cural o doctrina, se haría la distribución de las tierras a cada uno de los jefes de las familias neófitas radicadas en ellas con lo que, de hecho, se reconocía el derecho de propiedad colectiva de los habitantes de la misión.

20Por lo que se refiere a la segunda cuestión, esto es, quién ejercía la autoridad en el interior de la misión y las relaciones de la misma con el exterior, el reglamento reconoció a los religiosos como la máxima autoridad: «Los padres conversores son tutores natos de los neófitos y ejercerán el gobierno económico y administrativo dentro de la circunscripción del territorio de su misión» (art. 28). En el ejercicio de su autoridad se confió a los misioneros la tutela sobre los indígenas (art. 3), considerados «menores» (art. 24), que no podrían salir de la misión sin el permiso del conversor (art. 7); la autoridad misionera desaparecería con la secularización de la misión, coyuntura en la cual los indígenas entrarían «en el pleno goce de sus derechos civiles» (art. 5).

21Consecuencia de las atribuciones otorgadas a los misioneros en el reglamento, éstos obtuvieron amplias competencias relativas al control del territorio, de la mano de obra indígena, y el intercambio comercial, aspectos que, especialmente los dos primeros, devendrían en los años sucesivos puntos de fricción y conflicto con el poder local y/o regional. En primer lugar, por los arts. 18, 19 y 23 se señaló que todo aquél que pretendiera transitar por el territorio de la misión, domiciliarse en ella o explorar determinadas zonas de la misma, necesitaba el permiso de los conversores. En segundo lugar, se reglamentó el control de la mano de obra; si por un lado, los arts. 8 y 9 regularon la contratación de la misma por los hacendados o comerciantes, y declararon que todo individuo que pretendiera contratar el servicio de los neófitos debía hacerlo con «autorización e intervención» de los misioneros, declarando nulo todo contrato hecho sin consentimiento de los mismos; por otro lado, el art. 13 reglamentó la utilización de los neófitos para formar parte de expediciones «a las tribus enemigas o bárbaras» para lo que también se necesitaba la conformidad de los religiosos. En tercer lugar, la intervención del conversor era también necesaria en todo trato comercial entre los indígenas y el exterior (art. 17). Finalmente, el Estado confió al misionero la tarea que, en origen, había sido el argumento principal para su trabajo entre los indígenas, su aculturación, pues según el art. 27, los conversores «procurarán en lo posible la asimilación de las costumbres de los neófitos a las de los demás cristianos de la República» para lo cual deberían fundar escuelas donde los/as niños/as aprendieran a leer y escribir (art. 29), suponemos, aunque no se menciona explícitamente, en castellano.

22En suma, el reglamento de misiones de 1871 reconoció al Padre Conversor como la máxima autoridad política, civil y religiosa en el interior de la misión y, en consecuencia, intermediario de todo contacto entre los indígenas y el exterior, tanto con la sociedad civil, como con el Estado. Paralelamente, el Ejecutivo se reservó el control de las misiones y la posible modificación del reglamento «según las nuevas necesidades de cada misión, y en conformidad al desarrollo de la navegación fluvial de nuestros ríos» (Ercole, 1871: 24), cuestión harto elocuente de la fuerte vinculación existente entre la fundación de las misiones y la ocupación y el control de los Orientes por los gobiernos bolivianos.

  • 33 Estas cifras son estimativas pues, realmente, la capital quedaba muy lejos y los políticos de turno (...)
  • 34 Constitución aprobada el 1880, cuya vigencia se mantuvo hasta la Guerra del Chaco, posible por el p (...)

23Alguna influencia debió tener la aprobación del reglamento en la expansión misionera que se produjo en la década de los ’70, cuando según los datos ofrecidos por el ministerio del ramo en 1877, había en Bolivia alrededor de treinta poblados, entre doctrinas y misiones, en los que el número de indígenas concentrados se estimó en 8 000 individuos, regidos por unos 30 franciscanos. El número podría haber sido mayor, según señaló el ministro de Justicia, si las finanzas estatales hubieran permitido incrementar el presupuesto destinado al control de las «hordas errantes que recorren nuestras selvas, condenadas tal vez a perpetua barbarie» (Aspiazu, 1877: 21)33 y, aunque no se dijera en el informe, por la acción de los civilizados que, en función de sus intereses económicos —apropiación de tierras y captación de mano de obra indígena— provocaban la desaparición de la misión. ¿Cambiaría la situación cuando, pocos años después, el país entrara en una relativa estabilidad política tras la firma de la Constitución de188034 y el acceso de los propietarios mineros al poder?

2. «Las misiones religiosas constituyen el único y positivo sistema colonizador35.» Las misiones en la política orientalista de los gobiernos conservadores, 1880-1899

  • 35 Expresión contenida en la memoria del ministro Paz al Congreso de 1895 (Paz, 1895: 111).
  • 36 Mientras los cochabambinos reivindicaban una vía de comunicación que les permitiera acceder al merc (...)

24El acceso a la presidencia del general Narciso Campero, quien llevó como vicepresidente al empresario minero Aniceto Arce, inauguró el ciclo dominado por las élites chuquisaqueñas cuando, como se ha dicho antes, se produjo una modernización de la economía y la política bolivianas. Fue también entonces cuando se produjo un cambio en la estrategia estatal por acceder al Oriente, mutación derivada tanto del proyecto modernizador como de la pérdida del litoral pacífico, hasta el punto que como he dicho en otros momentos, la ocupación de los Orientes devino importante elemento de regeneración del país. El renovado interés de los gobiernos bolivianos por la conquista y ocupación de las fronteras fue paralelo, aunque no siempre coincidente, con los deseos de algunas élites económicas regionales —cochabambinas y cruceñas en particular, aunque también benianas—36 por acceder a nuevos mercados y obtener una participación en la explotación de dichas regiones; para el logro de tal objetivo era necesario, entre otras cuestiones, la implementación de una política de infraestructuras, la neutralización de las poblaciones indígenas hostiles y, en algunos casos, la presencia del Estado siempre y cuando favoreciera la expansión de los frentes económicos promovidos por aquellos grupos, en particular la entonces incipiente explotación gomera en el Beni y territorios del noroeste donde los caucheros bolivianos veían con preocupación la llegada de brasileños y peruanos (García Jordán, 2001a: 300 passim).

  • 37 El nombramiento, según resolución suprema de 9.01.1884, fue de Comisario Nacional y Delegado del Go (...)
  • 38 Énfasis en el original.

25Indicador significativo de las preocupaciones de la administración Campero por los movimientos económicos y geopolíticos que se estaban produciendo por entonces en los Orientes, tanto en el norte y noroeste, como en el sudeste, fue el nombramiento del cruceño Manuel Aguirre como Delegado Nacional en el Oriente37. No es el momento de tratar aquí el extenso informe presentado por Aguirre describiendo el deplorable estado de la res publica, la desatención secular a las extensas regiones improductivas y ocupadas por salvajes o semisalvajes, nómadas o mano de obra sobreexplotada, la sangría que para el erario público suponía la ineficacia del sistema aduanero existente, el cuestionamiento de la soberanía boliviana provocado por la ocupación fáctica de caucheros brasileños, y proponiendo algunas medidas para la mejora de la situación (García Jordán, 2001a: 303-307). Sin embargo, me interesa hacer un inciso para señalar la defensa que Aguirre hizo del sistema misional como instrumento de transformación de los indígenas en ciudadanos y su ataque a las presiones secularizadoras que, por entonces, empezaban a escucharse en forma incipiente. Aguirre, tras considerar que «No puede llamarse ciudadano quien no reúne las condiciones sencillas que la más rudimentaria organización política exije [sic]» (Aguirre, 1885: 100)38 se declaró favorable al «régimen especial» vigente en las misiones, como se veía en las entonces florecientes misiones entre los Guarayo, y se opuso a la secularización que, en su opinión, sólo podía obedecer al «propósito de apoderarse de los indígenas protejidos [sic] ahora por su sistema de vida, para hacerlos víctimas del correjidor [sic] y producir así, en nombre de la igualdad, el aniquilamiento que se deplora en el Beni.» (Aguirre, 1885: 56). En última instancia, Aguirre puso claramente sobre el tapete la incapacidad de todos los gobiernos precedentes para implementar una política oriental eficaz. ¿Estaría el nuevo gobierno de Gregorio Pacheco en disposición de implementar una política que posibilitara la bolivianización de los Orientes?

  • 39 El énfasis es mío. Ley aprobada por el Congreso Nacional el 12.11.1886, y sancionada por el preside (...)

26Sabemos que bajo la llamada oligarquía conservadora, se produjo un cambio substancial en la política del Estado en relación a sus fronteras, del que indicador fundamental fue la aprobación de un amplio Corpus legal relativo al mejor conocimiento del territorio, apertura y mejora de vías de comunicación, colonización de las fronteras, y desarrollo en ellas de los frentes productivos y extractivos entonces en expansión. Con todo, la medida más emblemática fue, en mi opinión, la ley de 13 de noviembre de 1886, en la que se vinculó explícitamente el establecimiento de las misiones a la colonización del territorio. La medida, tras recordar que el ministro de Colonización era el encargado de atender y regularizar el servicio de las Colonias —según el decreto de 22.02.1886— (Pinilla, 1905: 1-4) y declarar colonizables todas las tierras baldías de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, La Paz, Tarija y Cochabamba, señaló que «Las misiones religiosas existentes y las que en lo sucesivo se fundaren, quedan sujetas a la protección administrativa del Ministerio de Colonias» (art. 15); al mismo tiempo que otorgó al Ejecutivo capacidad para conceder tierras en forma gratuita, venta o subasta a las empresas nacionales o extranjeras que fundaran poblaciones, «a las misiones religiosas de Propaganda Pide» y a los nacionales que quisieran establecer en ellas39.

27Aunque tradicionalmente el poder político boliviano había confiado a los misioneros la función reductora de los indígenas habitantes de sus territorios ignotos, a partir de la citada ley, la fundación de misiones pasó a formar parte, explícitamente, de la estrategia estatal para ampliar la frontera interna, pensando en ellas no sólo como mecanismos reductores, y por lo tanto domesticadores de la mano de obra indígena, sino también como centros de colonización por población nacional o inmigrante, y como instrumento de nacionalización del territorio y defensa de la soberanía boliviana frente a los países limítrofes, en unos momentos en que la explotación cauchera había comportado la llegada a la amazonía boliviana de productores brasileños y peruanos. Si las misiones devenían instrumento prioritario de la política estatal para la conquista y ocupación de los Orientes, cuál era la situación de aquéllas en esa coyuntura.

  • 40 La documentación trabajada me permite señalar que Cardús actuó como «visitador» aunque no he encont (...)
  • 41 En ocasiones Cardús habla indistintamente de doctrinas y curatos como misiones, y viceversa lo que, (...)
  • 42 Cristianos eran, para Cardús, los indígenas reducidos y bautizados, utilizando el vocablo de neófit (...)

28Pocos años antes (1883), José Cardús, otrora misionero entre los Guarayo, fue encargado por sus superiores franciscanos de «visitar» las misiones existentes en Bolivia con el objetivo de recoger información estadística sobre la población y economía de las mismas, obstáculos que lastraban su desarrollo y posible solución de los mismos, etc. encargo probablemente relacionado con el establecimiento de un Vicariato Apostólico en Bolivia40. Por entonces (1884) los franciscanos gestionaban 19 misiones y 4 curatos41 —ver mapa adjunto— como podemos ver en el cuadro 2, en el que figura también la población concentrada con un total estimado de 20 378 individuos, de los cuales alrededor de 9 342 fieles, esto es, indígenas bautizados, llamados neófitos o cristianos42, y 6 408 infieles, además de 4 628 mestizos, obviamente cristianizados; esta población estaba atendida por 28 conversores y 2 legos.

Cuadro 2 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1884

Cuadro 2 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1884

* En esta categoría, que es la utilizada generalmente por todos los religiosos en sus estadísticas, se Incluyen los indígenas bautizados. En algunas ocasiones, se les denomina fieles, otras neófitos.
** Aunque el autor señala que, en realidad, son doctrinas, utiliza ambos conceptos indistintamente.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cardús, 1886:22 passim

Figura 2 – Misiones franciscanas en Bolivia, 1883-1884

Figura 2 – Misiones franciscanas en Bolivia, 1883-1884

1. Cavinas
2. Isiamas
3. Tumupasa
4. S. José de Uchupiamonas
5. Muchanes
6. Santa Ana
7. Cobendo
8. Ascensión
9. Yaguarú
10. Urubichá
11. Yotaú
12. S. Pascual Boicovo
13. Macharetí
14. Tigüipa
15.
Tarairí
16. S. Feo. Solano
17. Chimeo
18. Itaú
19. Aguairenda
Fuente: Cardús, 1886

  • 43 De las reflexiones de Cardús se desprende la prevención de los misioneros de castellanizar a la pob (...)
  • 44 Para entonces, el gobierno Campero había sancionado la ley de 15.10.1880 por la cual se había refor (...)

29Dada su función de «visitador», Cardús observó los obstáculos fundamentales a enfrentar por los misioneros en el ejercicio de su tarea y denunció tanto la presión de los sectores propietarios para acceder a tierras y mano de obra indígena —particularmente en las misiones de guarayos y chiriguanos— como la captación de mano de obra indígena que los comerciantes y enganchadores hacían con destino a los gomales del norte y noroeste republicano, grave en las misiones ubicadas en Yungas y Caupolicán. Además, sostuvo la necesidad primero, de que los misioneros efectuaran reformas en el ejercicio de su misión, fundamentalmente, la castellanización de los indígenas43; segundo, que los superiores de la orden franciscana en Europa y en Bolivia proporcionaran mayor número de religiosos; tercero, que los gobiernos bolivianos garantizasen la observancia por las autoridades departamentales y provinciales del Reglamento de misiones de 187144, y aumentasen el sínodo recibido por las misiones que, por entonces, era de 300 pesos anuales por misión. Cardús no dudó que se tomarían las providencias oportunas considerando el rol que cumplían las misiones como «verdaderas colonias» (Cardús, 1886: 180) al servicio del país.

  • 45 El expediente en AAEESS. Bolivia. Años 1882-1884. Fasc. 7, ff. 61-67 rev.
  • 46 Ver amplia correspondencia sobre el tema en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 15. Años 1886-1889, ff. 278-319 r (...)
  • 47 El internuncio apostólico, Beniamino Cavicchioni, solicitó (1888) a los obispos bolivianos que impu (...)
  • 48 Ver el proyecto de presupuesto estatal en Lanza, 1885: 139-175.
  • 49 La resolución de 1894 introdujo pequeñas variaciones en la ley de 1883. Breves consideraciones sobr (...)
  • 50 Nombramiento de Jofré como delegado gubernamental a las misiones y colonias del Chaco (1893), en Jo (...)

30La nueva coyuntura política hizo apremiante la solución de tres cuestiones que, hasta entonces, habían sido obstáculo fundamental a la expansión de los poblados misionales como fueron la escasez de misioneros, la penuria de recursos económicos y la presión de los sectores propietarios por el acceso a las tierras y la mano de obra indígena. Varias fueron las iniciativas tomadas para resolver o mitigar aquellos problemas. En relación a la primera, la insuficiencia del número de religiosos, sabemos que Estanislao Simonetti, otrora misionero del Parapetí —misiones de San Francisco y San Antonio que, fundadas a inicios de los ‘70 habían sido entregadas (1880) al obispo de Santa Cruz dada la imposibilidad de atenderlas— solicitó (26.11.1883), infructuosamente, de la Secretaría de Estado vaticana el reconocimiento del Hospicio existente en Santa Cruz como Colegio de Propaganda Fide para la formación de misioneros45. Poco después (1887), Cardús solicitó —también sin éxito— de sus superiores y de la misma SCPF el envío de religiosos46. Por lo que respecta a la segunda cuestión, la escasez de recursos económicos, sabemos que a fines de los ‘80 se intentó implementar en Bolivia, con magros resultados, la Obra de Propagación de la Fe47; paralelamente, se solicitó del gobierno boliviano un ligero aumento de la dotación económica a las misiones48. Finalmente, por lo que se refiere a la cuestión relativa a los conflictos entre misioneros y sectores propietarios, que se desarrollaron especialmente en las misiones guarayas y chiriguanas, el Ejecutivo Pacheco ordenó (1886) a los prefectos departamentales que garantizaran «la independencia con que debe ejercerse el gobierno por los RR.PP. Conversores sobre los numerosos inheles» (García, 1886: 36-37) y dictó numerosas disposiciones tendentes a la solución de algunos de estos problemas. Entre ellas citaré las tres más significativas: una fue la resolución de 22.11.1892 que ordenó a los prefectos de Tarija y Chuquisaca garantizar la «propiedad territorial de las misiones» y la permanencia de los neófitos en ellas, situaciones vulneradas por los «propietarios vecinos» de las provincias del Gran Chaco y Azero, interesados en expandir sus tierras y acceder a la mano de obra indígena sin la mediación misionera (Pinilla, 1905: 101-103). Otra fue la resolución de 13.06.1893 que, con el objeto de acabar con los abusos de los ganaderos de la provincia de Azero que invadían los terrenos misionales, facultó a las misiones para verificar el rodeo de los mismos (Pinilla, 1905: 132-133). La tercera resolución (25.06.1894), dictada con el objetivo de eliminar el «comercio de los neófitos» existente en las fronteras de Chuquisaca y Tarija, amplió a dichas regiones la ley de 24.11.1883 que, recordemos, había fijado las reglas a que debían sujetarse los contratos de los indígenas del Beni y Santa Cruz «conciliando la libertad de comercio y locomoción con el amparo que requiere la seguridad individual de los aborígenes» (Pinilla, 1905: 165-167)49. Sin embargo, la transgresión fue la norma, y muchas de las medidas fueron sistemáticamente ignoradas por los sectores propietarios y por las «indolentes autoridades», como denunció Manuel O. Jofré, delegado gubernamental para la inspección de las misiones y colonias a mediados de los ‘90 (Jofré, 1895: 97)50, para quien las primeras habían sido hasta el momento la «base única para la conquista de aquellas vastísimas rejiones [sic] del Chaco» (Jofré, 1895: 103).

31A pesar del consenso generalizado existente en el ámbito político sobre la importancia de las misiones como instrumentos de colonización, hubo algunas posiciones discrepantes de la tesis oficial de las que se hicieron eco, fundamentalmente, los sectores socioeconómicos promotores de la secularización de aquéllas. Así, si por un lado, constatamos que todos los gobiernos bolivianos de las dos últimas décadas del siglo XIX consideraron a las misiones como «único sistema de colonización práctico», por encima incluso de los fortines y colonias agrícolas, pues, como señaló el ministro de Colonización en 1895:

«Las misiones religiosas constituyen el único y positivo sistema colonizador tradicional en el continente, secular en nuestros bosques orientales [ya que] el misionero conquista naciones salvajes al cristianismo y a la civilización; solicita al bárbaro, lo busca en sus propios dominios para levantarlo de la postración en que se encuentra, ilustrando su inteligencia y enseñándole el trabajo; administra sus territorios y da todavía un valioso caudal a la historia, a la lingüística, a la geografía y a la ciencia en general». (Paz, 1895: 111)

  • 51 Campos matizó sus aceradas críticas al sistema misionero al señalar que las irregularidades denunci (...)
  • 52 Copia realizada en 1897 del Informe presentado en 1893 por José Manuel Pando a Lisímaco Gutiérrez, (...)

32Por otro lado, hubo quienes no sólo impugnaron los escasos resultados logrados por las misiones en la transformación de los bárbaros en ciudadanos y en la colonización efectiva del territorio, sino que denunciaron a los misioneros como contrarios a la civilización indígena y explotadores de la mano de obra indígena, en ocasiones, en connivencia con los sectores propietarios. Entre dichas voces se contaron, entre otros, Daniel Campos, jefe de la expedición al Chaco y delegado gubernamental para la visita de las misiones y colonias en la región en 1883, a partir de la cual publicó De Tarija a Asunción (1888)51. Igualmente crítico con la actividad misionera por su incapacidad para lograr la nacionalización del territorio, aunque bajo una perspectiva teórica diversa, fue el coronel José Manuel Pando quien, en sus viajes exploratorios al noroeste (1893), aún reconociendo la importancia del sistema reduccionista misional sostuvo que «sería más eficaz el establecimiento de guarniciones militares en determinados sitios, en los cuales su presencia y acción detengan las irrupciones y pongan límites a la creciente osadía de los bárbaros52

  • 53 Datos todos ellos que deben tomarse como aproximativos pues, incluso la misma fuente ofrece a lo la (...)
  • 54 Informe del prefecto de misiones del Colegio de La Paz, Pablo Fernández (La Paz, 15.10.1894) presen (...)

33Por entonces, el comisario general de los franciscanos en Bolivia, Sebastiano Pifferi, realizó una visita pastoral a las misiones y doctrinas a cargo de la Orden y constató que se había producido un ligero incremento de la población indígena radicada en las misiones, estimada en 17 994 individuos (cristianos e infieles), y un aumento proporcionalmente más significativo de los colonos (alrededor de 6 900) tanto en los poblados misionales, como en las doctrinas confiadas a su cargo, poblaciones en las que el número de franciscanos ascendía a 26 sacerdotes y un lego —ver cuadro adjunto—53. Con todo, el aumento fue poco significativo, una vez más, como consecuencia de la presión ejercida por los sectores propietarios, comerciantes y enganchadores sobre la mano de obra indígena concentrada, neófitos que retenían en su poder con los perjuicios consiguientes para la supervivencia de dichas misiones. La situación revistió mayor gravedad, como había sucedido en la década anterior, tanto en las fronteras orientales de Tarija y Santa Cruz, como en el noroeste boliviano. En las misiones ubicadas en esta última región, dependientes del Colegio de La Paz, su prefecto, Pablo Fernández, constató (fines de 1892) el continuado descenso del número de neófitos, captados para su trabajo en los bosques gomeros, situación ante la que los religiosos no podían hacer nada porque tenían «las manos amarradas por las autoridades locales»54. Para entonces estos factores habían provocado la desaparición de la antigua misión de Cavinas y los pocos indígenas que habían quedado —alrededor de 90— se habían trasladado (1890) a un nuevo lugar, frente a la desembocadura del Madidi.

34Además, en estos años (mediados de la década de 1890), las misiones ubicadas, bien en el camino entre Santa Cruz y el Beni —Guarayos—, bien en regiones donde se estaba produciendo un progresivo avance de la frontera agropecuaria —Chiriguanos y Tobas— tuvieron que enfrentar la hostilidad de propietarios y comerciantes. La razón fundamental es que, como he señalado líneas arriba, estos grupos, pasada la fase reduccionista en la que las misiones habían «servido» para someter a la población indígena y logrado su «domesticación» como mano de obra, pretendían acabar con tal mediación misionera y acceder directamente bien a la «contratación» de la mano de obra indígena, bien a la apropiación de los terrenos otrora misionales. Con tal objetivo, promovieron la «secularización» de las misiones y su transformación en beneficios curales, con el argumento que la reducción y aculturación indígena había sido ya concluida. La mutación de misión en beneficio cural implicaba que la población de los nuevos curatos o doctrinas adquiría el «pleno goce de sus derechos civiles»; entendiéndose por tal, no el reconocimiento de la ciudadanía, cuestión sobre la que volveré más adelante, sino individuos que podían ofrecer «libremente» sus servicios, así como enajenar sus tierras obtenidas tras el reparto de los otrora terrenos misionales; además dicha población quedaba sujeta a las autoridades políticas, contrariamente a su situación anterior cuando, según se indicaba en el reglamento de 1871, era el misionero quien ejercía la «tutela» sobre ellos.

Cuadro 3 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos entre los Orientes bolivianos, 1893

Cuadro 3 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos entre los Orientes bolivianos, 1893

* El autor incluye, erróneamente, en la categoría de misiones las, por entonces, doctrinas de Ixlamas, Chuplamonas, Tumupasa, Chimeo e Itaú.
** El autor Incluye en esta categoría una reducida población blanca.
*** El autor utiliza la categoría de «neófitos», aquí recogidos como Cristianos, y la de «Catecúmenos» (infieles en proceso de cristianización e infieles), aquí recogidos como infieles.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ducci, 1895

  • 55 Como dijera el ministro Ichaso al Congreso de 1890, las misiones habían prestado hasta entonces «re (...)

35Cuando a fines del siglo XIX los «conservadores» dejaron el poder, ¿habían logrado realmente implementar su política orientalista? Teóricamente, los gobiernos de las últimas dos décadas habían señalado a las misiones como el instrumento fundamental para la ocupación del territorio, reducción de las poblaciones indígenas no sometidas, y la nacionalización de la región55. Sin embargo, la praxis histórica se encargó de mostrar, una vez más, la distancia entre la teoría y la acción, y por ende, las limitaciones de la política orientalista consecuencia, en buena medida, de que los intereses prioritarios de los grupos dirigentes no estaban en los Orientes y, por lo tanto, los recursos económicos que deberían permitir la implementación del proyecto —del que las misiones formaban parte— siempre fueron insuficientes; el discurso y la retórica se impuso. Por el contrario, los grupos locales/regionales se movilizaron para utilizar la actividad misionera en un primer lugar, relegándola posteriormente. De las diferencias entre el discurso y la acción, de la distancia entre el teórico interés de los poderes públicos y la siempre escasa asignación presupuestaria a la implementación del proyecto colonizador es buen ejemplo lo acaecido en torno al surgimiento del Vicariato del Beni que proyectado desde 1886, sólo se hizo realidad en 1917 (García Jordán, 2001a: 357-360,403-405).

3. Los misioneros «sostenedores de la civilización y la integridad nacional, en las ignotas fronteras de la República»56 liberal y republicana, 1899-1920

  • 56 Afirmación recogida en Sinopsis, 1903, I: 267.

«Mientras no hayamos adoptado los sistemas de colonización modernos... no sólo por espíritu de humanidad y religioso, sino también por deber de patriotismo, debemos protejer [sic] y multiplicar aquellas misiones, como medio eficaz de amparar y mantener nuestra soberanía en las más apartadas y desiertas regiones de la República y conservar la raza aborígene [sic] en centros útiles para la industria y para la República». (Villazón, s.a. [1900]: LIX-LX)

  • 57 Las cifras son indicativas, especialmente por lo que hace referencia a las poblaciones ubicadas en (...)

36Las palabras del ministro Eliodoro Villazón al Congreso de 1900 no dejaban dudas sobre el interés del nuevo poder político liberal en la utilización de las misiones como principal instrumento de ocupación del territorio y nacionalización de los Orientes. Cuando tras su triunfo en la Guerra Federal los liberales paceños accedieron al poder, Bolivia tenía una superficie aproximada de 1 822 334 Km2 y una población estimada de 1 816 271 habitantes, de los cuales alrededor de 91 000 correspondían a las poblaciones indígenas no sometidas ubicadas en los Orientes (Censo, 1902, I: 13)57.

Cuadro 4 – Censo general de la población en Bolivia, 1900

Cuadro 4 – Censo general de la población en Bolivia, 1900

Fuente: Censo, 1902

  • 58 José Manuel Pando. Mensaje del Presidente Constitucional de la República General —. (La Paz, 12.08. (...)
  • 59 Para una reflexión sobre el proyecto liberal ver, entre otros, Klein, 1969; Langer, 1988: 59-95; Ir (...)
  • 60 Al respecto se introdujo la reforma del art. 2 de la constitución que señaló «El Estado reconoce y (...)

37La «era de progreso»58 auspiciada por el presidente José Manuel Pando en su mensaje al Congreso de 1901 pasaba por la profundización del programa modernizador iniciado en los ‘80. Objetivo de los gobiernos liberales fue en la esfera económica, posibilitar la explotación eficaz de todos los recursos naturales existentes en el país, básicamente la minería, los productos nororientales —la goma elástica— y también las producciones agropecuarias del Este y Sudeste; en la esfera política, los liberales pretendieron consolidar la organización del estado-nación boliviano59 y, por ende, una reasignación de funciones de la Iglesia Boliviana. Así, la primera década del siglo XX vio la propuesta, y en muchos ocasiones aprobación, de proyectos secularizadores, entre otros, los relativos a la supresión de enseñanza religiosa (31.05.1904), libertad de cultos (6.08.1906)60, secularización de cementerios (26.10.1906) y abolición del fuero eclesiástico (26.11.1906), que acabaron provocando la ruptura de relaciones entre Bolivia y el Vaticano, las cuales sólo se reanudaron en 1917.

38En el nuevo escenario diseñado por los liberales a partir de 1899, los Orientes cobraron un inusitado protagonismo como consecuencia tanto de su función económica, como política al constituir la plataforma que permitiera demostrar a los grupos dirigentes paceños su capacidad para controlar el territorio y los habitantes fronterizos, construir la nacionalidad y defender la soberanía de Bolivia en las zonas en litigio (García Jordán, 2001a: 360-434). Así, las administraciones «liberales» diseñaron una política que pretendió hacer realidad muchos de los proyectos esbozados desde la época de José Ballivián y nunca implementados, relativos a la nacionalización de los Orientes, con una ocupación del territorio por una población, preferentemente de colonos extranjeros, con la reducción de las poblaciones indígenas no sometidas, y una explotación de los recursos naturales existentes. El desarrollo de esta política exigió la mejora de las vías de comunicación —fundamentalmente con la construcción de vías férreas—, fomento de la colonización en todas las «fronteras» a partir de la inmigración, impulso de la actividad misionera aunque sometida a un creciente control político y el incremento de la presencia estatal en las regiones orientales.

  • 61 Economía que, en cualquier caso, se desarrollaba de acuerdo a los parámetros implícitos en todo paí (...)
  • 62 Como veremos en su momento, la presión secularizadora se agudizó particularmente en la región de Gu (...)

39Por cuanto aquí interesa ¿cuál fue el papel cumplido por las misiones bajo los gobiernos liberales? Paradójicamente, considerando el pensamiento político y la praxis política liberal con respecto a la Iglesia Católica, todos los ejecutivos bolivianos continuaron considerando a las misiones como punta de lanza de la penetración republicana en los Orientes, al mismo tiempo que trataron, con escasos resultados, de impulsar la implantación de colonias civiles y militares. Así pues, podemos afirmar que los liberales desarrollaron, en relación a las misiones, una política continuista y delegaron en los franciscanos la socialización de las poblaciones indígenas, razón por la cual la función de las misiones no se circunscribió sólo al plano religioso, sino que afectó también a los ámbitos político, ideológico y económico, al perseguir la transformación del bárbaro en cristiano, del salvaje en civilizado, en ciudadano, de mano de obra inútil en brazos productivos, sometidos a los hábitos regulares de trabajo que la economía capitalista boliviana en expansión necesitaba61. De ahí que las misiones fueran consideradas por todas las administraciones liberales, y también las que le seguirían ya bajo la égida del Partido Republicano en la década de 1920, como el principal instrumento de colonización, fundamental en la ocupación del territorio y en la defensa de la bolivianidad de las fronteras. Sin embargo, a lo largo de toda la etapa, primer tercio del siglo XX, se produjo un progresivo control político de los religiosos como consecuencia, tanto de los postulados liberales, como de la creciente presión de las élites económicas sobre las tierras y mano de obra indígena62.

  • 63 Medidas aprobadas por la Convención y sancionadas por Pando el 23.01.1900 en Anuario, 1901: 74, 77- (...)
  • 64 Carta del ministro Villazón al arzobispo de La Plata (La Paz, 5.05.1900) para ser transmitida a los (...)

40La praxis política liberal se plasmó inmediatamente tras su acceso al poder a través de dos medidas, aprobadas por la Convención Nacional (20.01.1900), según las cuales se dispuso, primero, que «el servicio de las misiones corresponde a la Nación» y las erogaciones correspondientes serían satisfechas por el Tesoro Nacional eximiendo de tal partida a los presupuestos departamentales; segundo, la derogación del Reglamento de misiones de 1871 entonces vigente63. En esa coyuntura, el Ejecutivo Pando solicitó de los prefectos misioneros un informe del estado de las misiones con el objetivo de disponer de los datos necesarios para la reforma, en caso que fuera necesario, de dicho reglamento y la aprobación de las disposiciones necesarias para la «realización de la obra humanitaria y civilizadora» de los conversores64. Con todo, el Ejecutivo era consciente, como señaló el ministro Villazón al Congreso (1900), que un cambio radical del sistema vigente comportaría «inevitablemente la decadencia y acaso la extinción de las misiones» que habían demostrado ser el principal instrumento para la ocupación del territorio, la reducción de las poblaciones indígenas y la defensa de la soberanía boliviana.

41Los poblados misionales confiados a los franciscanos por entonces ascendían a 24 —ver cuadro adjunto— aunque algunos de aquéllos eran, en realidad, beneficios curales o doctrinas, en el organigrama político-administrativo denominadas cantones.

  • 65 Decreto Supremo recogido en Anuario, 1902: 223-229. Un estudio de los cambios introducidos en el re (...)
  • 66 Escrito del comisario Simón de Maidagán al ministro de RR.EE. y Culto (La Paz, 15.10.1901) en CG, n(...)
  • 67 Respuesta del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Eliodoro Villazón, a los prefectos misione (...)

42Recibidos los informes misioneros, el Ejecutivo boliviano elaboró un nuevo Reglamento de Misiones, que incluyo en anexo como doc. 3, sancionado por Pando por decreto supremo de 12.08.190165. En éste se continuó considerando a los neófitos como menores bajo tutela del misionero (art. 4) quien continuaba ejerciendo el gobierno económico y administrativo de la misión (art. 26). Sin embargo, se introdujeron algunos cambios substanciales en relación a dos cuestiones, la supremacía del poder político local y regional sobre las misiones, y el recorte de las atribuciones del conversor en los territorios misionales. En el primer caso, donde antaño se exhortaba a las autoridades políticas y militares a proteger y a no inmiscuirse en la gestión del misionero, ahora se encargaba a los prefectos y subprefectos de departamentos y provincias de ejercer «la supervigilancia sobre ellas» (art. 2), aunque prestando el apoyo y protección requerida por los religiosos. En el segundo caso, el recorte o anulación de algunas de las atribuciones del conversor, se manifestó en varios artículos; primero, a diferencia de lo legislado en 1871, donde entonces se declaraba la necesidad de recabar el permiso del misionero para transitar por el territorio misional, ahora se señalaba que era «libre el tránsito por el territorio de las misiones» debiendo el religioso facilitar a los viajeros todo lo necesario para la continuación del viaje con la consiguiente retribución económica (art. 19); segundo, donde antes se requería la autorización del conversor para explorar alguna zona de la misión, ahora se debía igualmente recabar el permiso pero se añadía que el religioso «no podrá negarlo» (art. 23). Finalmente, el reglamento introdujo algunos leves cambios semánticos relativos a la aculturación indígena. A diferencia del pasado en que se encargaba a los misioneros la asimilación de las costumbres de los neófitos a las de los demás «cristianos» de la República, ahora el concepto se cambiaba por el de «ciudadanos» (art. 27), sin duda más en sintonía con el ideario liberal del momento. En igual medida y a diferencia de la imprecisión del Reglamento de 1871 en relación al aprendizaje de la lectura y escritura por los/as niños/as, en el texto de 1901 se precisaba que aquél debía hacerse en «idioma español» (art. 28) pues, era un hecho, el fracaso de la castellanización de las poblaciones indígenas en las misiones. Los cambios significativos introducidos por el poder político fueron rechazados por los franciscanos que se dirigieron, a través de su comisaría general en Bolivia, al Ejecutivo, solicitando —y obteniendo sólo parcialmente— la modificación de sus artículos 2, 7,11 y 19 relativos, primero, a la «supervigilancia» de las misiones encomendada a los prefectos y subprefectos; segundo, la «obligación» de los misioneros de impedir la contratación de neófitos para trabajos agrícolas fuera del territorio nacional; tercero, la fiscalización de los abusos cometidos sobre el enganche de los mismos —cuestiones estas últimas para lo que no disponían de los medios oportunos—; cuarto, el «deber» que aquéllos tenían de prestar las «facilidades necesarias» a los pasajeros (proporcionar alimentos, tripulación, etc.). A juicio de todos los prefectos misioneros, todos estos puntos podían comprometer gravemente los «intereses vitales de las Misiones» por cuanto limitaban la independencia y libertad de la acción misional, facilitaban la «colisión» entre la autoridad civil y la religiosa, y «distraían» la atención de los religiosos de sus objetivos prioritarios66. El Ejecutivo, en su taxativa respuesta, dejó clara la autoridad del poder civil cuando sostuvo que los prefectos y subprefectos debían vigilar el cumplimiento del reglamento de misiones, los «abusos y delitos» que llegaran a cometerse contra las leyes republicanas y los «progresos» y las necesidades de las misiones67.

Cuadro 5 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1902

Cuadro 5 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1902

* Las fuentes señalan a Agüairenda e Itaú con la categoría de misión, aunque en realidad son doctrinas.
** Se incluye la población Indígena —mayoritaria—, mestiza y blanca.
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo, 1902 y Sinopsis, 1903

  • 68 Intervención del diputado Leigue (19.08.1904) en Redactor, 1905, I: 71-72. La minuta de comunicació (...)
  • 69 Afirmación de Leigue en la 9a sesión ordinaria (19.08.1904), en Redactor, 1905, l: 72.

43El mayor control político de las misiones que el nuevo reglamento traducía fue reclamado insistentemente por diputados de la mayoría liberal, como ilustra bien la petición, en 1904, del diputado Leigue quien, lamentando la dejación de deberes de los gobiernos bolivianos en la nacionalización de las fronteras orientales «resguardando los derechos de sus naturales», exigió al Ejecutivo el cumplimiento estricto del reglamento misionero68. Dice mucho de la distancia entre la teoría y la praxis de los liberales bolivianos que en una coyuntura como la de los primeros años del siglo, cuando se acentuó el ataque a la tierras y estructuras comunales indígenas, o justamente por eso, y en aras a una protección de los neófitos vulnerada por los misioneros, Leigue reclamara la estricta observancia del reglamento vulnerado por los misioneros que «jamás habían dado cumplimiento a esas disposiciones, y que cometían todo género de abusos, haciendo lo que les venía en gana, gobernando como autoridades constituidas y dictando reglamentos depresivos y onerosos para los naturales y aún para los comerciantes»69.

44Con todo, los cambios más significativos en la política orientalista se produjeron bajo la administración Montes, con unas medidas aparentemente continuistas respecto al pasado pero que mostraron una variación substancial en la estrategia estatal por ocupar los Orientes. El cambio producido fue consecuencia, primero, del interés de los dirigentes liberales por hacer posible lo que sus pares latinoamericanos habían hecho o intentaban hacer, esto es, demostrar su capacidad para controlar el territorio y habitantes del país; segundo, del hecho que la falta de voluntad política o la ineficacia gubernamental en lograr el control efectivo del territorio oriental en las décadas precedentes había comportado la pérdida de, prácticamente, la mitad del país; y, finalmente, del interés de los grupos dirigentes paceños por controlar los espacios aún en litigio cuyos recursos económicos podían proporcionar ingresos fiscales de gran importancia para un Estado boliviano con permanente déficit de recursos. ¿Cuáles fueron las medidas sancionadas por la administración Montes en relación a las misiones?

  • 70 Ambos decretos recogidos en Nuevo, 1906. Probablemente por error de imprenta el decreto del 17 de o (...)
  • 71 Ambos considerandos fueron recogidos por el presidente Montes en su mensaje al Congreso de 1906 al (...)
  • 72 Como señaló el ministro de Colonización y Agricultura al Congreso de 1906, el interés gubernamental (...)

45Primera medida fue el decreto de 17.10.1905 por el que las misiones dejaron su adscripción al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y pasaron a depender de Colonias y Agricultura. La segunda fue el decreto de 23.12.1905 relativo a la aprobación de un nuevo reglamento de misiones70. La primera disposición nos da la pauta de la mirada liberal sobre los territorios orientales si atendemos a tres de sus considerandos, a saber, las misiones constituían las primeras bases del sistema colonizador, estaban consideradas como primeros núcleos de colonización para facilitar la «reconcentración de los bárbaros dispersos a fin de formar nuevas aldeas y pueblos agrícolas»71 y, finalmente, eran instrumento para la apertura y mantenimiento de las vías de comunicación que estimularían la llegada de inmigrantes con destino a los establecimientos industriales. Si el estado liberal pretendía hacer efectiva su soberanía sobre territorios incontrolados, y las misiones debían cumplir un rol fundamental en tal proyecto sirviendo a los intereses gubernamentales, el control que aquél debía ejercer sobre las misiones debía ser mayor para facilitar el rápido logro de los objetivos misioneros —la «concentración y civilización» de los indígenas— y, posteriormente, posibilitar la secularización de los poblados misionales72; en palabras del ministro de Colonización y Agricultura, Manuel V. Ballivián, ante el Congreso:

  • 73 Ballivián, a diferencia de otros liberales, y al frente del Ministerio de Colonias y Agricultura, s (...)

«Otro Reglamento que no se podía retardar, tratándose de la colonización, era el referente a Misiones. La administración y el régimen político, civil y judicial debía encargarse a las autoridades administrativas, dejando a los PP. Conversores sólo la acción catequizante»73. (Ballivián, 1906a: 3)

46En realidad, el texto aprobado en 1905 no dejaba a los misioneros sólo el ejercicio de la actividad religiosa al menos formalmente, aunque Ballivián, destacado liberal, dirigiéndose a un Congreso muy radicalizado en sus posiciones, no podía dejar de enfatizar que en el nuevo reglamento de misiones los conversores, antaño revestidos de poderes omnímodos en sus misiones, ahora, en calidad de funcionarios públicos se veían sometidos a un estricto control por el poder civil a través de los delegados nacionales, prefectos y subprefectos. Además, aunque los religiosos continuaran siendo mediadores entre los indígenas y el mundo exterior, se señaló que no podrían oponerse a la contratación de aquéllos como mano de obra, reivindicación constante de los sectores propietarios y causa de un sinfín de conflictos desde la década de 1880.

  • 74 Como así lo manifestó en la carta citada en la nota anterior.
  • 75 Sobre el acceso a la ciudadanía de las poblaciones quechuas y aymaras, tradicional mano de obra de (...)
  • 76 El artículo precisaba que esta imposibilidad de oponerse a la contratación de peones regiría siempr (...)

47En el nuevo reglamento de misiones —que incluyo en anexo como doc. 4— aunque algunos políticos como el mismo Ballivián consideraban, en función de lo dicho anteriormente, que los que ellos llamaban salvajes quedaban como «ciudadanos bajo la jurisdicción política y civil»74, los indígenas continuaban siendo considerados «menores» bajo la tutela de los religiosos, y del conjunto de su articulado y en función de los cambios que se introdujeron respecto al anterior, merecen destacarse fundamentalmente los relativos a, primero, la identificación precisa del objetivo misionero que era «la preparación para la vida civilizada de los elementos nómades del país75, así como la colonización del territorio» (art. 1). Esta nueva fórmula genérica comportó la desaparición en el nuevo reglamento de dos artículos que sí figuraban en los textos de 1871 y 1901, esto es, la necesidad de que los neófitos asimilaran las costumbres del resto de «cristianos», de «ciudadanos» de Bolivia, y el aprendizaje por los indígenas de la lectura y escritura en castellano. Cabe suponer que los legisladores consideraron que la «preparación para la vida civilizada» suponía la aculturación de la población indígena pero no deja de ser sorprendente que una mentalidad tan ordenancista como la que tenían aquéllos no precisaran el concepto. ¿Es una ingenuidad preguntarse si, en realidad, no estaban más interesados en lograr la reducción y control de los indígenas que en promover su ciudadanía? Segundo cambio significativo fue el relativo al control del poder civil sobre las misiones, precisando la función del poder político al señalar que eran las autoridades civiles las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes en las misiones establecidas en los territorios bajo su jurisdicción, y quiénes debían cuidar «que los Padres Conversores cumplan con las instrucciones que dichas autoridades administrativas les impartan» (art. 2). Tercero, el radical recorte en las atribuciones del conversor que, a pesar de continuar ejerciendo el «gobierno económico y administrativo» en el territorio de la misión (art. 25), veía precisar su calidad de «funcionario público» (art. 23) y como, no obstante se continuara considerando necesaria su intervención en la contratación de los servicios de los neófitos, «no podría oponerse a tales contratos» (art. 10), reivindicación concreta de los sectores propietarios76. Cuarto e importante cambio respecto a los reglamentos anteriores, cuya interpretación daría lugar a serios conflictos en los años posteriores, fue el introducido en relación a la propiedad de las tierras de la misión cuando se señaló (art. 6) que declarada una misión en beneficio cural, los bienes y tierras serían adjudicadas a las familias de neófitos por parte de la autoridad política «pudiendo reservarse los terrenos que se creyera conveniente para fundación de nuevos pueblos» (Nuevo, 1906: 7). Quinto, relativo a la posible enajenación de los bienes pertenecientes a la misión —excluyendo los productos agrícolas e industriales considerados medios para el mantenimiento de los poblados misionales— venta que requería de la aprobación del Ministerio de Colonización (art. 18). Finalmente, y siempre bajo la égida de esta agudización del control de los misioneros, se estipulaba que «será de libre disposición de los neófitos, el ochenta por ciento de los ingresos provenientes de su trabajo personal, asignándose el veinte por ciento al fomento de la misión, como adquisición de material para edificios, útiles, elementos de subsistencia, etc.» (art. 13), debiendo llevar los conversores un registro de los ingresos y egresos de las misiones que permitiera la revisión del movimiento económico de las mismas por las autoridades civiles correspondientes.

  • 77 En palabras del ministro de Colonización y Agricultura al Congreso de 1906: «Espero que la sustituc (...)

48En mi opinión, el nuevo reglamento mostraba claramente el interés del proyecto liberal de propiciar, a corto plazo, la secularización de las misiones cuyos habitantes, mezclados con los colonizadores nacionales o extranjeros que arribaran a la zona, serían los mejores garantes de la soberanía de Bolivia en los territorios fronterizos77. De hecho, en las mismas fechas en que se aprobó el nuevo reglamento, las misiones de San Francisco y San Antonio del Pilcomayo fueron secularizadas cuando sus terrenos constituyeron la base para el surgimiento de Villa Montes y dichos pueblos quedaron sometidos «a las leyes de la República y a las autoridades administrativas» (decreto de 27.12.1905 en Nuevo, 1906: 15-16).

  • 78 Las posiciones de los franciscanos no fueron uniformes. Si por un lado, el P. Bernardino de Nino am (...)
  • 79 Resolución de 31.01.1907 en Anuario, 1908: 65-67, recogida también en Ballivián, 1907: Apéndice, XL (...)
  • 80 Valga como ejemplo lo afirmado por el ministro de Colonización y Agricultura en el Congreso de 1909 (...)
  • 81 Según el ministro de Colonización y Agricultura: «La acción del Gobierno, que no puede hacerse sent (...)

49Obviamente, dados los nuevos planteamientos del gobierno boliviano con respecto a las misiones, se desarrollaron frecuentes conflictos entre misioneros, sectores propietarios y autoridades locales, en torno a los artículos que regulaban su sometimiento a los dictados de las autoridades civiles y, fundamentalmente, en la aplicación del art. 10 que, al impedir al conversor oponerse a la contratación de la mano de obra indígena, dejaba teóricamente el campo abierto a la libre contratación de los indígenas. Digo teóricamente porque, si por un lado, todos los prefectos misioneros opusieron una resistencia tenaz a algunas de las medidas, particularmente en la sujeción a las autoridades civiles78; por otro lado, la actuación del poder central fue ambigua, probablemente, por la incapacidad del gobierno paceño para ejercer un control efectivo de las autoridades departamentales y locales, al mismo tiempo que contentar a los misioneros a los que necesitaba como instrumento reductor. Con toda seguridad, el artículo que provocó una mayor oposición de los misioneros, al considerarlo causante de la despoblación indígena, fue el art. 10 por el que los misioneros no podían oponerse a la contratación de la mano de obra. Una resistencia tenaz a dicho artículo fue la interpuesta por el prefecto de las misiones guarayas, Francisco Pierini quien, tras solicitar reiteradamente la reforma de dicho artículo, obtuvo del Ejecutivo Montes la resolución suprema del 31.01.1907 limitando la contratación de neófitos a un número no superior a 5 por cada 100 habitantes y fijando una garantía de 500 bolivianos por cada indígena que, en caso de no volver a la misión en el período estipulado —no superior a 6 meses— sería consolidada en beneficio de la misión79. Con todo, la trasgresión fue la norma como denunciaron insistentemente los misioneros y los ministros de Colonización en los años sucesivos80. La situación parecía no tener solución puesto que el Ejecutivo tenía escaso control sobre los caucheros y, lo que es más grave, sobre las autoridades departamentales y locales81. Aunque se propusieron diversas alternativas como el establecimiento cerca de las misiones de colonias formadas por inmigrantes nacionales o extranjeros, y la reforma de la ley y reglamento de enganche de 1896, la situación no cambió substancialmente ni siquiera con la caída de la cotización del caucho amazónico en los mercados internacionales a inicios de la década de 1910.

  • 82 «División político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de E (...)

50Para entonces, la Sección de Colonización, de la que dependían las misiones, había sido puesta bajo la dependencia del Ministerio de Guerra y Colonización (23.12.1910), mutación significativa que tenía por objetivo ejercer un control más eficaz de los Orientes bolivianos tanto en la región de Madre de Dios como en el Chaco. Sin embargo, siendo la defensa de la soberanía boliviana en las fronteras una razón fundamental, no fue la única. Segunda razón, tan importante como la anterior, fue la represión de los indígenas hostiles para garantizar, en este caso en la región de Guarayos, «la seguridad de los transeúntes... evitando los frecuentes ataques de que son víctimas por parte de los salvajes», en este caso los reticentes Sirionó (La Faye, 1912: 117) y que provocó el envío de instructores militares a las misiones para el adiestramiento de los neófitos en el manejo de las armas. En esa coyuntura, las misiones franciscanas ascendían a 26 ya que tras la secularización de Aguairenda (4.01.1911), el censo de misiones estaba conformado por San Antonio del Chimoré (provincia de Totora), Macharetí, Santa Rosa de Cuevo, San Buenaventura de Ivo, Tigüipa, Yumbía, San Francisco y San Antonio del Parapetí Grande (provincia de Azero), Muchanes (provincia de Larecaja), Covendo y Santa Ana (provincia de Sud-Yungas), Airniri, Burapucuti, Itatiquí, Masaví, Pirití y Tacuaremboti (provincia de Cordillera), Ascensión, San Pablo, Urubichá, Yaguarú y Yotaú (provincia de Velasco) e Itaú, Tarairí, San Antonio y San Francisco del Pilcomayo (provincia de Gran Chaco)82. Estas misiones, junto a las doctrinas gestionadas asimismo por los franciscanos atendían a una población total de 32 185 individuos, de los cuales 18 397 eran indígenas, y 13 788 eran mestizos, como podemos ver en el cuadro adjunto.

  • 83 Poco antes, en su informe al Ejecutivo de 1911, el prefecto de Santa Cruz había señalado que «Las i (...)
  • 84 Como proclamó el ministro de la Guerra y Colonización al Congreso de 1915, «[El Gobierno] juzga que (...)

51Estos datos permiten confirmar el interés de los liberales por utilizar las misiones como punta de lanza para la conquista y ocupación de los Orientes y así, sabemos que en las dos primeras décadas del siglo XX se fundaron algunas nuevas misiones, al mismo tiempo que se produjo una progresiva secularización de las mismas. La paradoja se explica si consideramos, primero y siguiendo las tesis del ministro Zalles (1913), que mientras Bolivia no contara con el concurso de empresas colonizadoras «ningún medio será más eficaz y fructífero, para la transformación del hombre de los bosques en ciudadano libre y útil a la colectividad donde vive, que la silenciosa y edificante labor del misionero católico» (Zalles, 1913: 152)83. Segundo, la importancia de las misiones disminuyó a medida que aparecieron nuevos núcleos de población (de pobladores indígenas y blancomestizos) y mejoró la vialidad en las regiones hasta entonces ocupadas por los salvajes y/o se incrementó la producción y circulación de mercancías84. Esta paradoja estuvo vigente a lo largo de la etapa liberal y, una muestra más de la misma es el proyecto, preparado bajo la gestión del ministro Gutiérrez, destinado a hacer más eficaz el papel de las misiones, tanto en el ámbito interno como en las relaciones de éstas con el mundo exterior. Así, la «razonable vigilancia» postulada por el ministro pretendía lograr de la actividad misional no sólo la total aculturación de los neófitos reducidos en las misiones, sino también la conquista de los bárbaros con el objeto de «ganar hombres para la civilización y brazos para el trabajo» (Gutiérrez, 1914: 132). Porque, lo que se deduce del discurso político sostenido por la segunda administración de Ismael Montes en relación a la socialización de las poblaciones reducidas es la desconfianza respecto al interés real de los misioneros por la preparación real y efectiva para la incorporación de los indígenas a la sociedad republicana. De ahí el largo párrafo del ministro de Guerra y Colonización al Congreso de 1914 que marcó un cambio significativo en las relaciones con las misiones:

«Con tales propósitos el Ministerio dirigió una circular a los Padres Prefectos, recomendando la educación e instrucción de aborígenes, por medios que aseguren éxito dentro del menor tiempo posible, y expresando que el empeño y celo de los misioneros tendría brillante ocasión de evidenciarse por el número de indios que en un período determinado se preparase para la vida libre y consciente. Este procedimiento constituiría la vindicación más elocuente de las imputaciones que se hacen a los misioneros, al atribuirles la retención indefinida de neófitos, contrariando el fin primordial de la institución, cual es el de cuidar a los indios únicamente hasta el momento en que ellos puedan dirigirse por sí y hallarse capacitados para el ejercicio de sus derechos.// Asimismo, se ha instruido a los conversores que pongan todo empeño en la enseñanza del idioma nacional, a objeto de que los neófitos puedan entrar en relación con los hombres civilizados y prestar el contingente de sus energías, sin inconvenientes y plenamente garantizados». (Gutiérrez, 1914: 132-133)

Cuadro 6 - Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1911

Cuadro 6 - Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1911

* En la fuente, donde inicialmente se hablaba de misones y capellanías, dichos vocablos aparecen tachados y sustituidos por «pueblos». Aquí se indica con un asterisco las poblaciones que eran, en realidad, capellanías o doctrinas. Carapari aparece como «parroquia».
** Los datos estadísticos de Escolares están recogidos, también, en la categoría poblacional de Indígenas y Blancos /Mestizos.
Fuente: «Cuadro demográfico de los pueblos que administran actualmente los Misioneros Franciscanos en Bollvia, formado con datos oficiales que han suministrado los RR.PR Prefectos en 1909-1911», fechado en Ascensión, 8.12.1911, en GAM Fondo Cartas. AX-07. Año 1911, ff. 240-241 rev.

52Por ello, considerando las tesis contradictorias sobre la «utilidad» de las misiones en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, el Ejecutivo decidió en 1914 encomendar al prefecto cruceño y al delegado nacional en el Chaco la inspección de las mismas y proporcionar un estado documentado de la actividad misionera, éxitos obtenidos en la civilización de los neófitos —especialmente la castellanización—, causas del éxodo indígena de los poblados, condiciones de trabajo ofrecidas por los hacendados, estado económico de las misiones y actividades industriales establecidas en cada región (Gutiérrez, 1914: 133-134). Los informes elaborados por las autoridades civiles concluyeron que los misioneros eran muy «conservadores» en orden a la fundación de nuevas misiones, limitándose al mantenimiento de las existentes sin avances notables en la castellanización y aculturación indígena, así como tampoco en el desarrollo entre los neófitos de una praxis social individualista. Además, señalaron la «acción obstruccionista» de los misioneros al desarrollo económico regional en cuanto impedían la libre contratación de mano de obra indígena perjudicando tanto a los hacendados como a las mismas misiones, abandonadas por los neófitos a la búsqueda de trabajo (Gutiérrez, 1915: 19).

53Para entonces, el gobierno Montes parecía determinado a impulsar las misiones que actuaran como «avanzadas de la civilización en territorios alejados», y desarrollar una secularización progresiva de aquellas misiones que hubiesen cumplido su objeto, ya por la educación indígena conseguida, ya porque «el desarrollo regional del comercio y de las industrias» hiciera «innecesaria» la presencia del conversor porque una actuación diferente «equivaldría a condenar el elemento indígena a una perpetua tutela, alejándolo cada vez más de la vida de relación y del goce de sus derechos, y a sostener un régimen extraño que sólo excepcionalmente puede aceptarse» (Gutiérrez, 1915: 18-19).

  • 85 Sistema misionero que, como señaló Gutiérrez al Congreso, era el causante que «ni los indios de las (...)
  • 86 Un resumen de los informes proporcionados por las autoridades departamentales en Gutiérrez, 1915: 2 (...)
  • 87 Circular de W. Priewasser a los superiores y religiosos bajo su jurisdicción (Sucre, 13.03.1915) en (...)

54Es en este contexto que el Ejecutivo señaló su propósito de proceder a una reforma radical del régimen misionero que permitiera lograr la plena socialización indígena85, y para ello consideró necesario un mayor control de las actividades misionales al mismo tiempo que la sustitución del «sistema de comunidad con el de propiedad individual, mediante la distribución de lotes a cada familia indígena y el aprovechamiento de su trabajo y producción» (Gutiérrez, 1915: 20). Y, como corolario de todo lo anterior, el gobierno de Montes dispuso, por decreto de 15.01.1915, la secularización de San Francisco y San Antonio del Parapetí, e Itatiquí —provincia de Cordillera— tras considerar, primero, la importancia alcanzada como centros de aprovisionamiento en la ruta entre Santa Cruz y algunas provincias de Chuquisaca, Tarija y la República Argentina, además de la expansión ganadera que se había producido en la zona; segundo, la marcha de los indígenas de las misiones en busca de trabajo; tercero, los conflictos surgidos entre los misioneros y las autoridades civiles (Gutiérrez, 1915: 23-24)86. Poco después, el mismo comisario general franciscano en Bolivia, Wolfgang Priewasser, considerando «la inseguridad de las Misiones y la falta de garantía para su duración» exhortó a todos los prefectos misioneros a no emprender, e impedir, todo trabajo de cierta importancia sin el acuerdo de los respectivos Colegios, evitando contraer deuda alguna dada la «situación precaria» de las misiones que podían ser suprimidas repentinamente en cualquier momento87.

  • 88 Itaú y Chimeo habían sido secularizadas en 1871 aunque la escasez de sacerdotes obligó a no impleme (...)
  • 89 Hasta entonces la representación de la Santa Sede en Bolivia, junto a la de Ecuador y Perú tenía su (...)
  • 90 Instrucciones y visita pastoral en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 106. Aptdo. 5, ff. 66-68 rev; Fasc. 11 (...)
  • 91 Dato estimativo por cuanto en la comparación entre los textos manuscritos e impreso consultados, en (...)

55La secularización de aquellas misiones fue seguida por la de Itaú y Chimeo en 191788. para entonces se habían restablecido las relaciones diplomáticas entre Bolivia y el Vaticano, y había arribado a La Paz el internuncio Rodolfo Caroli89; éste, interesado por obtener información de primera mano sobre el estado de las poblaciones indígenas, y de las misiones de «infieles» —los ecos del «escándalo del Putumayo» estaban aún presentes (García Jordán, 2001b)—, realizó la visita pastoral por gran parte del país entre junio y septiembre de 191890. En esa coyuntura era evidente tanto el aumento de las posiciones secularizadoras promovidas por algunas élites regionales con apoyo de significados políticos, como la exigencia de algunos prefectos misioneros —tal fue el caso de B. Pesciotti, superior de las misiones guarayas— de la reforma del reglamento de misiones vigente, incluyendo cláusulas que permitieran a los misioneros mediar en la contratación de la mano de obra indígena. La visita pastoral permitió a Caroli formarse una idea de la situación que vemos reflejada en sendos informes al Vaticano, uno sobre el estado de la Iglesia Boliviana y de las poblaciones indígenas; otro sobre las misiones franciscanas cuya población de neófitos e infieles cifró en 11 300 individuos, cantidad que debemos considerar sólo como estimativa91.

  • 92 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 19 y 19bis.
  • 93 Según Caroli, la condición de las misiones chaqueñas era muy precaria y «No pasará mucho tiempo y l (...)
  • 94 Ibíd. f. 11 rev.
  • 95 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 20 y rev.

56Caroli había constatado por doquier la explotación de la que los indígenas eran objeto, y denunciado la barbarie de aquéllos «blancos» que «dan caza a los bárbaros como tigres», quienes capturados eran «vendidos» como trabajadores92. Por cuanto se refiere a las misiones, el delegado vaticano elogió la buena marcha de las misiones entre los Guarayo y criticó la decadencia en que se hallaban las establecidas en el Gran Chaco; dicha situación era consecuencia, en su opinión, tanto de los proyectos expansionistas de los «blancos» que presionaban para una secularización de estas últimas93, como de la «desgana» de los franciscanos que, temiendo dicho proceso, no hacían nada por el mantenimiento de los poblados, ni tampoco por la reducción de los bárbaros aunque, en su opinión, «habrían podido hacer bastante más»94. Caroli confiaba que la situación podría mejorar con la erección en estos territorios del Vicariato del Chaco95 que junto al ya existente Vicariato del Beni, a los que se sumarían, poco después, la Prefectura del Pilcomayo y el Vicariato de Chiquitos —aprobados bajo las administraciones «republicanas» en la década de 1920— constituirían las cuatro demarcaciones eclesiásticas en los bárbaros Orientes bolivianos (García Jordán, 2001a: 403-410).

  • 96 Memoria fechada en La Paz, 16.10.1918, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 54-57. Como (...)
  • 97 Ver la correspondencia cruzada en 1918 entre el prefecto de las misiones guarayas, B. Pesciotti, su (...)
  • 98 Esto parece desprenderse de la amplia correspondencia cruzada entre los colegios misioneros bolivia (...)

57Antes de seguir me interesa anotar que, finalmente, la reforma del reglamento misional auspiciada por algunos misioneros, y a partir de la cual Caroli redactó un memorial a presentar al Ejecutivo de Gutiérrez Guerra96, no llegó a ser presentada, aparentemente, por la tenaz oposición del entonces comisario general franciscano en Bolivia, Wolfgang Priewasser, temeroso que la petición provocara una radicalización del frente secularizador97. Esta fue una razón pero, probablemente, no la más importante pues, como he señalado en otro lugar (García Jordán, 2001a: 406-407) para entonces, coyuntura en la que el frente secularizador radicalizó sus posiciones, algunos franciscanos pensaron que la protección de las misiones no pasaba por un nuevo reglamento, sino por la nueva estructura eclesiástica del país que suponía el establecimiento de los vicariatos apostólicos. Me consta que, en el caso concreto del Chaco, el proyectado vicariato se presentó a los superiores franciscanos, con el apoyo de Caroli, como un buen instrumento de defensa de los bienes eclesiales —edificios y tierras— y también, en algunos casos, de las tierras indígenas frente a la apropiación que de ellas pretendían hacer los sectores propietarios98.

4. «A veces los franciscanos retrasan el bienestar económico de las misiones, con el objetivo de que no sean objeto de las ávidas miras de los traficantes blancos»99. Hacia la secularización de las misiones, 1920-1939

  • 99 Párrafo contenido en las instrucciones dadas por el cardenal Gasparri, Secretario de Estado de la S (...)

58El acceso del Partido Republicano al poder en 1919, grupo surgido de una escisión del Partido Liberal, no implicó un cambio substancial en la política estatal con respecto a la ocupación de los territorios orientales que fue, a pesar de los discursos de ruptura con el pasado, de marcado carácter continuista. Probablemente, los puntos más significativos por lo que aquí interesa fueron una mayor incidencia en la «fortificación» del sudeste y el establecimiento de dos nuevas demarcaciones eclesiásticas en la región, la prefectura del Pilcomayo y el vicariato de Chiquitos, que se sumaron a los vicariatos del Beni y del Chaco surgidos en la última administración liberal.

  • 100 Informe sobre el «estado moral del clero regular» en Bolivia elaborado por B. de Nino para el inter (...)

59Los cambios introducidos en la organización misionera en los Orientes bolivianos no lograron, sin embargo, avances significativos en la reducción de las poblaciones indígenas ni contribuyeron eficazmente a la expansión de la frontera interna en la década de 1920. Por el contrario, desde las mismas instancias eclesiásticas se constató la decadencia de las misiones como consecuencia, primero, de las secularizaciones prematuras producidas por las presiones del frente colono constituido por comerciantes y hacendados. Segundo, del escaso número de los religiosos y, en varios casos, su poca atención para promover tanto las actividades económicas, como la educación indígena; no deja de resultar útil a este respecto las apreciaciones del también franciscano y arzobispo Bernardino de Nino sobre el deficiente «estado moral» de los miembros de la orden residentes en Bolivia100.

  • 101 Problemas citados en las Instrucciones dadas por la Secretaría de Estado al nuevo internuncio T. Tr (...)

60Por ello no podemos sorprendernos de las reiteradas, e interesadas, críticas de las autoridades políticas y élites socioeconómicas sobre los escasos logros de los franciscanos resultado, decían, del desinterés de los religiosos por la reducción de los bárbaros, proyecto éste que, de tener éxito, no sólo excluía a aquéllas del sistema sino que les impedía el libre acceso a los terrenos «misionales» —esto es, de los neófitos— y a la mano de obra indígena. Tercero, de la ineficacia cuando no falta de voluntad política de los gobiernos centrales por controlar la actuación de los colonos blanco/mestizos101 que, por el contrario, gozaron frecuentemente de la protección de las autoridades locales y departamentales. De todas estas razones dio fiel cuenta el secretario de Estado, cardenal Gasparri, en las instrucciones dadas al nuevo internuncio en Bolivia en las que, a propósito del estado de las misiones se hizo eco de las secularizaciones con las que:

  • 102 Ibíd. ff. 62 anv.-63 rev.

«Los neófitos entran así en la órbita del derecho común y son declarados ciudadanos bolivianos; pasan también bajo la jurisdicción del Ordinario diocesano y del párroco que, no obstante, la mayoría de las veces, falta. Los Misioneros, a quienes se les ha sacado todo tipo de autoridad, se alejan y el Indio, mientras adquiere legalmente libertad de ciudadano, cae en las manos de los blancos explotadores y empieza para él la dolorosa condición, en la cual se encuentran los indios ciudadanos...//...En cambio, no raramente sucede que el gobierno, como consecuencia de presiones de los comerciantes y especuladores, ordene la secularización, incluso antes que los neófitos hayan conseguido el necesario grado de civilización.// Verdaderamente estos blancos desean, ávidos de lucro, apropiarse de las posesiones de la Misión, especialmente cuando ésta está bien desarrollada; y de aprovechar la obra de los buenos indios que, no siendo aún suficientemente civilizados, pueden con mayor facilidad ser reducidos a esclavitud. A tal fin interesa a los mismos blancos echar de la misión a los religiosos que son el único obstáculo a sus indignos planes.// Tales inoportunas secularizaciones, además del grave daño que comportan para los indígenas, traen la desconfianza a los misioneros quienes ven, de un plumazo, inútiles todos sus esfuerzos. Por ello, para el bien espiritual de sus neófitos, a veces los franciscanos retrasan el bienestar económico de las misiones, con el objetivo de que no sean objeto de las ávidas miras de los traficantes blancos.// Esto, por otra parte, aporta nuevos inconvenientes puesto que, teniendo en cuenta el mísero desarrollo económico de la misión, el indio no tiene de que vivir y, por lo tanto, abandona la familia y huye a las Repúblicas limítrofes, donde, encontrándose en contacto con una civilización corrupta, empeora. Cuando después vuelve entre los suyos, incita a los otros indígenas, convirtiéndoles en indisciplinados, con grave daño de la misión»102.

  • 103 Como señaló el ministro de Guerra y Colonización, del que dependían las misiones, al Congreso del 2 (...)

61No deja de resultar paradójico, una vez más, que por un lado, los Ejecutivos bolivianos lamentaran que la secularización no hubiera favorecido el desarrollo regional sino que, por el contrario, hubiera provocado la huida de los indígenas, el abandono de las propiedades y el progresivo decaimiento de la economía regional103 y defendieran que «no hay colonizador más eficiente y entusiasta que el conversor y de que nada hay más perjudicial y prematuro que la secularización de misiones que aún no han llegado a su completo desarrollo» (Gutiérrez, 1926: 78). Y, por otro lado, esas mismas administraciones insistieran en sostener, a lo largo de la década de 1920, que las tierras misionales eran del Estado boliviano que podía utilizarlas en la forma que creyera conveniente y promovieran, al mismo tiempo, la secularización de varias misiones.

  • 104 Sólo dos años antes (1927) el otrora ministro de Guerra y Colonización, J.F. Prudencio, había señal (...)
  • 105 Un titular de prensa, informando de la medida, señaló que «Los informes de los delegados confirman (...)
  • 106 Argumento utilizado por los misioneros fue que las tierras «que se dicen del misionero, no son suya (...)
  • 107 En el Informe del nuncio Chiarlo al prefecto de la SCPF (La Paz, 8.05.1930) se dice que la fecha de (...)
  • 108 Desarrollo de las negociaciones en ASV. NB. C. Chiarlo. Fasc. 366. Aptdo. 50, todo el legajo. Infor (...)
  • 109 El decreto otorgó (art. 7) en propiedad a las comunidades indígenas el «terreno suficiente» para su (...)

62Ejemplo de esta paradoja fue lo acontecido en Cordillera donde la secularización de las misiones de San Antonio y San Francisco del Parapetí e Itatiquí, sobre el Pilcomayo, (1914-1915) había tenido nefastas consecuencias para la región. Esta fue la razón por la que, a petición del prefecto departamental de Santa Cruz, el gobierno Saavedra decretó (3.04.1923) la entrega de los edificios y terrenos ahora «estatales» a los franciscanos allí radicados e incluso restableció en dichas poblaciones el reglamento de misiones; paralelamente, el decreto señaló explícitamente que los ex-neófitos, y los terrenos que éstos recibieron tras la secularización quedaban fuera del control misional y «goza[ba]n de todas las franquicias y garantías otorgadas por la Constitución Política y las leyes secundarias» (Sáinz, 1923: 84-85). Un posterior decreto del presidente Siles (8.06.1928), tras constatar el incumplimiento de esa medida, la progresiva decadencia de la región y la explotación de los indígenas, reinstauró las tres misiones que fueron encomendadas al Vicariato Apostólico del Chaco (Anuario administrativo, 1929: 721-722). Sólo un año más tarde, el ministro Vincenti, tras señalar el secular fracaso del Estado boliviano en la colonización del territorio104 y denunciar el escaso control de los gobiernos sobre las misiones cuya acción «está convirtiéndose en el amor a las tierras adquiridas y en la creación de otro Estado dentro del Estado mismo», informó al Congreso de la secularización de cinco misiones en el Chaco (Macharetí, Tarairí, Tigüipa, Santa Rosa de Cuevo y San Buenaventura de Ivo), por decreto de 23.01.1929 (Anuario administrativo, 1929: 55-56)105 y, nueva paradoja, la necesidad de establecer misiones en San Matías, Santo Corazón, Santiago y Roboré, en el Oriente cruceño. Objetivo de estas nuevas fundaciones debía ser la reducción de las «tribus salvajes» existentes y la preparación para la colonización (Vincenti, 1929: 75, 85, 113). El decreto secularizador de las misiones chaqueñas quedó en suspenso tras la movilización de los prefectos misioneros y del representante vaticano con el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores —que no había sido informado de la medida— y numerosos miembros del Congreso contrarios a la misma, que había tenido amplia repercusión en la prensa regional y nacional, y a la espera de un informe sobre el estado de los poblados afectados106. Con todo, me interesa notar que una de las principales acusaciones hechas a los misioneros, que legitimaba en el plano ideológico la secularización, fue la escasa alfabetización en castellano de los neófitos y los escasos avances en el aprendizaje de oficios. Finalmente, el presidente Siles ratificó la medida secularizadora, con la inclusión también de la misión de Boicovo (decreto 8.04.1930 en Anuario administrativo, 1932, I: 783-786)107, solución de compromiso entre el gobierno boliviano y la Iglesia Católica en la que se introdujeron importantes medidas correctoras favorables a los misioneros108. En consecuencia, dichas misiones fueron declaradas «comunidades de indígenas» (art. 1) que entrarían en el «goce del estado civil que la Constitución y las leyes» (art. 2) concedían a la población boliviana, los párrocos encargados del ministerio sacerdotal ejercerían «la administración política y económica sobre dichas comunidades, con la autoridad necesaria respecto de los indígenas comunarios en lo referente a la administración de la heredad, y de sus bienes, cultivos y demás actividades de este orden» (art. 4)109.

  • 110 Como señaló monseñor Chiarlo en su informe a la SCPF (La Paz, 8.05.1930), «Igual que una ley contra (...)

63Además, el Vicariato Apostólico del Chaco recibiría en «propiedad» —cuestión introducida en el curso del negociado— importantes lotes de terrenos y el ganado por entonces en poder de la misiones. La aplicación de la medida debía seguir a la mensura, alinderamiento y posesión de las tierras, proceso que los acontecimientos políticos que se produjeron tras el intento de Siles por permanecer en el poder y el estallido de la «revolución constitucional» a fines de junio de 1930, impidió realizar. La presión sobre las misiones, que desde instancias eclesiásticas asumían como inevitable110, no dejaría de acentuarse en los años sucesivos llegándose incluso a acusar a los misioneros de incitar a la revuelta indígena contra la propiedad y las autoridades, y aún de ser autores ideológicos del asesinato de algún representante gubernamental, como veremos al tratar de las misiones entre los Guarayo.

  • 111 El informe de Gutiérrez al gobierno Siles, interesantísimo por cuanto urgió al Ejecutivo a actuar e (...)

64Llegados a este punto, era evidente que a fines de la década de los 20, las misiones dejaron de ser consideradas por las administraciones bolivianas el instrumento fundamental para la conquista de las fronteras. Para entonces, el delegado nacional del Chaco, Julio A. Gutiérrez, en su informe al Ejecutivo de 1927 planteó, entre otras cuestiones111, la necesidad de reformar el «Reglamento de Misiones [que] resulta ya anacrónico e inadecuado para la época y el desarrollo de estas regiones» (Gutiérrez, 1980 [1927]: 69). La praxis histórica nos muestra que, en estos años, la secularización de las misiones se implementó en aquellas zonas donde la presión de los intereses colonos —propietarios agrícolas, ganaderos o enganchadores— por acceder a la propiedad de los terrenos y a la libre contratación de mano de obra hiciera cuanto menos incómoda la presencia del régimen misionero; y ello, incluso en el caso que hubiera en la región poblaciones no sometidas para cuyo control se optó, regularmente, por la represión armada como la mejor alternativa en una coyuntura en la que el diferendo fronterizo con Paraguay se estaba agravando. Por el contrario, en las regiones donde la colonización fuese escasa o nula, la necesidad de controlar a los salvajes comportó que el Ejecutivo de turno promoviera el mantenimiento de las misiones existentes y la fundación de otras nuevas. Esta pareció ser la divisa de los gobiernos Siles y Salamanca pues, como señaló el ministro de Guerra y Colonización de este último al Congreso de 1931, para entonces las misiones habían dejado de ser «un medio indispensable para la colonización y reducción de los salvajes, por las incontenibles corrientes de civilización y progreso que nos llegan del exterior y por la acción administrativa que ya deja sentir el Supremo Gobierno en los distritos que anteriormente se encontraban bajo su influencia exclusiva» aunque su concurso continuaba siendo imprescindible en zonas «donde debe trasladarse la labor del misionero para continuar su cruzada en pro de la humanidad y colabore a la acción de los poderes públicos en favor de la colonización y de las diferentes tribus de indígenas que hoy viven en estado semi-salvaje» (Lanza, 1931: 136). Y, de hecho, pocos meses después el presidente Salamanca decretó (15.01.1932) la fundación de cuatro nuevas misiones entre los «Potoreros, Guarañocas, Zamucos y Yanaiguas» en el Vicariato de Chiquitos (Anuario administrativo, 1932: 34).

65Con todo, el tipo de régimen misional vigente estaba por desaparecer pues, por decreto de 26.01.1937, el presidente de la Junta Militar de Gobierno, David Toro —en el poder tras el golpe de estado que siguió a la crisis política subsiguiente a la derrota boliviana en el Chaco— aprobó un nuevo Reglamento de misiones (Anuario administrativo, s.f [1937], I: 170-175) que incluyo en anexo como doc. 5. Los 27 artículos del nuevo texto acabaron con la autonomía de gestión de que habían gozado los misioneros hasta entonces y pusieron fin, legalmente, a la mediación ejercida por el misionero entre el mundo indígena y el exterior. Así, tras considerar los aspectos generales de las misiones, cuyo objetivo inmediato había sido el «agrupar en núcleos de población a las tribus nómadas que ambulan [sic] en las distintas zonas del país y prepararlas para la vida civilizada, haciéndolas útiles para la colonización del territorio» (art. 1), sometió las misiones al Ministerio de Colonización, único que podría decidir sobre la fundación de nuevas misiones, territorios sobre las cuales éstas debían ejercer su jurisdicción, concesión de permisos para el establecimiento de colonos en las mismas y, concluida la labor catequizadora:

«declarará concluido el Régimen Misional y sobre la base de los neófitos agrupados... fundará Intendencias Coloniales, permitiéndoles el goce de los derechos civiles que la Constitución y Leyes secundarias reconocen a todo hombre en Bolivia» (art. 6).

66Con todo, fue en los artículos relativos al régimen administrativo de las misiones, y funciones de los conversores, los capítulos en los que más claramente se mostró la sujeción misionera al poder político. En el primer caso, tras señalar que la administración de las misiones corría a cargo de «los padres conversores de acuerdo con los Delegados Especiales» designados por el Ministerio de Colonización al efecto (art. 7), el nuevo régimen instauró el libre comercio (art. 9) y la libertad de circulación en el interior del territorio misional (art. 11), prohibió la enajenación de bienes pertenecientes a las misiones, determinó el beneficio económico al que eran acreedores los neófitos y señaló, en forma imprecisa, que «las Misiones implantarán en las relaciones de los colonos, el sistema de cooperativismo de producción y consumo» (art. 14). En el segundo caso, el reglamento fijó los deberes de los conversores, encargados de ejecutar el régimen misional catequizando a los neófitos, y cuyas competencias, de acuerdo con el delegado ministerial, eran cuidar de la persona y bienes indígenas, ejercer tutela legal sobre ellos «como si fueran menores» (art. 17); denunció la apropiación de menores indígenas por aquéllos; y, finalmente, reguló el espinoso asunto que había envenenado las relaciones entre élites económicas, autoridades políticas y misioneras desde fines del siglo XIX, la contratación de la mano de obra indígena (art. 12) al señalar que:

«Los Padres Conversores de acuerdo con el Delegado del Ministerio de Colonización intervendrán en la contratación de los servicios personales de los neófitos por parte de los particulares, y en la regulación y pago de los salarios respectivos, siendo de privativa incumbencia del Ministerio fijar en cada caso, el porcentaje que los neófitos dejarán para la atención de necesidades comunes y ejecución de obras de mejoramiento dentro de las Misiones». (Anuario administrativo, s.f. [1937], I; 172)

67El nuevo texto reglamentó también los aspectos relativos directamente a los indígenas; primero, la educación que debían recibir (art. 19) siendo la instrucción «primaria y especial«obligatoria —se entiende para los varones, aunque no se cita explícitamente— en forma reglada de la siguiente forma: los indígenas estaban al cuidado de los padres hasta la edad de seis años, pasando el año sucesivo a hacer trabajos de limpieza e higiene en el interior de la misión; posteriormente (7 a 11 años) recibían la instrucción primaria con aprendizaje obligatorio de «lectura, castellano e instrucción cívica»; a dicha instrucción seguía (11-18 años) el aprendizaje de oficios, señalando que el contenido del programa de estas dos etapas sería objeto de reglamentación especial por los ministerios de Educación y Defensa. Concluida la fase del aprendizaje, los indígenas recibirían instrucción militar como zapadores (18-20 años) dentro del Servicio Vial Obligatorio dependiente del Ejército y, una vez licenciados del servicio, volverían a la misión habiendo adquirido el pleno «goce de los derechos civiles que la Constitución y Leyes secundarias reconocen a todo hombre en Bolivia», adquisición de derechos que se extendería también a los neófitos una vez concluida la «labor catequizadora» dejando paso así al desarrollo de las Intendencias Coloniales (art. 6); sin embargo, nada se decía sobre cuáles eran esos derechos civiles. Segundo, por cuanto se refiere a la propiedad indígena, el reglamento previó (art. 21) la asignación a cada indígena de una parcela de acuerdo a la composición de la familia (número de hijos); este lote, un vez secularizada la misión, pasaría al dominio legal y definitivo del otrora neófito.

68El nuevo reglamento de misiones anunciaba, de hecho, el fin del régimen misional tal como había sido entendido a lo largo de la historia republicana, formalizado e institucionalizado en el reglamento de 1871. De hecho, todas las misiones fueron secularizadas en los años siguientes y, a lo largo de los años ’40 y ’50 la nueva situación política y los cambios operados en el seno de la Iglesia dibujaron un nuevo escenario que permitió la redemarcación eclesiástica del país, con el establecimiento de los Vicariatos Apostólicos de Pando y Reyes (1942), Ñuflo de Chávez (1951) y la Prelatura Nullius de Corocoro (1949).

Notes

1 Palabras del ministro del Interior del gobierno Ballivián en su informe a la Convención de 1843 acerca de la necesidad de desarrollar una política orientalista eficaz, en Gutiérrez, 1843: 6.

2 Decreto de la Asamblea Constituyente, sancionado por Santa Cruz, que tras reconocer al convento de San Francisco de La Paz como Colegio misionero, agrega que tanto en él «como en los de Tarija y Tarata se abrirán los noviciados, para que sean admitidos en ellos los conversores, que ordenados in sacris [énfasis en el original] sirvan las misiones de la República», en Colección, 1835, T. 3: 118-119.

3 Explícita mención de la ley en el informe del fiscal de la República sobre el reglamento de misiones aprobado por el Ejecutivo en 1871 (Ercole, 1871: 12-13).

4 Son varios los trabajos en que se menciona el papel de Herrero, aunque probablemente la síntesis más lograda, claramente apologética por otro lado, es la de Sáiz Pérez, 1997: 541-564. Por lo que respecta a las relaciones del gobierno de Santa Cruz con la Santa Sede ver Frontaura Argandoña, 1977.

5 Cartas de presentación, la Epystola Encyclica ad Fratres Omnes de Observando. S.P.N. Francisci. Roma, 1834, y la correspondencia cruzada entre el superior franciscano en Roma, la Secretaría de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (SCPF) y Andrés Herrero, además de otros documentos sobre el tema en Archivio de la SCPF (ASCPF). Scritture Riferite Nei Congressi (SRNC). America Meridionale (AM). Vol. 6. Años 1826-1842, ff. 185-240 rev. En una de las cartas de presentación, la firmada por el gobernador eclesiástico y vicario general del obispado de La Paz, José Manuel Indaburu (La Paz, 7.01.1833) y dirigida al Papa, después de recordar la vuelta «a las tinieblas de la infidelidad» de los «bárbaros reducidos» derivados de los conflictos independentistas, elogiar la «protección» de las misiones por el gobierno Santa Cruz, y valorar el trabajo de Herrero, solicitó de la Santa Sede que escuchase al franciscano quien estaba en disponibilidad de ofrecer «una verdadera idea del estado de estas Iglesias, de sus necesidades i el de las misiones, i cuantas noticias exija V.S...[pues] tiene un perfecto conocimiento de toda la República», en Ibíd. ff. 185-186.

6 Dos de ellos se quedaron en Chile para la restauración de las misiones de Chillán, siendo los restantes repartidos entre el colegio de La Paz (seis religiosos), y dos para los colegios de Tarata y Tarija. Breve reseña en la que Herrero hace una historia de sus viajes es el impreso (30.11.1836) en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1826-1842, ff. 239-240 rev.

7 Según Herrero: «Logramos realizar una copiosa selección de Religiosos así italianos como españoles aprovechando la ocasión de los muchos que por entonces habían emigrado de las Provincias de España, huyendo de la persecución que contra ellos habían suscitado la impiedad de la soldadesca de la Reina Cristina», citado por Sáiz Pérez, 1997: 556. Ver también Izaguirre, 1922-1929, IX: 66-67, 70-75, páginas en las que se recoge además una semblanza de Herrero.

8 Herrero fue acusado de otorgarse atribuciones que no le competían pues «se ha hecho reconocer por Prelado general no sólo de las Misiones y Colegios de toda esta América; si también de todos los conventos observantes de toda ella, interpretando caprichosa y violentamente el Breve en que N. Stmo. Padre el Sr. Gregorio XVI», en Archivio Affari Ecclesiastici Straordinari (AAEESS). América III. Bolivia. Años 1836-1839. Fase. 195, f. 41. Documentación sobre las gestiones de Herrero y los problemas surgidos en el interior de la orden en Ibíd. ff. 1019 rev, 40-85. Ver también el escrito del guardián del convento de La Paz a su superior en Roma (1.09.1836), en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1836-1842, ff. 227-228, ff. 247 y ss.

9 Conviene anotar que tras la independencia boliviana, como en el resto de América, la vida interna de los Colegios se vio alterada y, aunque estuvieron regidos por diversos estatutos, como el preparado en 1841 por Andrés Herrero —reflejo del Reglamento de vida observado en los colegios por entonces— apenas tuvieron incidencia en la práctica, por estar en vigor los estatutos inocencianos y las normas dadas por Pío VI en su breve «Decet Romanun Pontificem». Posteriormente (1855, 1858 y 1862) se dieron tres estatutos —con escasas referencia al mundo americano— que deberían regir en los Colegios que la Orden tenía en todo el orbe, aunque su influencia en la vida ordinaria de los colegios fue prácticamente nula. Estos fueron los estatutos de Venancio de Celano (1855), de Bernardino de Montefranco (1858) y los preparados por Fr. Pedro Gual, con contenido similar al último de los citados. Debió esperarse a 1877, cuando Pío IX sancionó los estatutos (Sanctissimi Domini Nostri Pii divina Provindentia Papael IX Litterae Apostolicae in forma Brevis quibus Collegia Missionum Ordinis Fratrum Minorum S.Francisci in America existentia regi debent. Roma) que, derogando las constituciones inocencianas y las normas dictadas por Pío VI en su breve «Decet Romanum...», fueron tenidos como la carta magna de todos los Colegios en tanto estructuraba la vida, régimen y administración de los mismos. Ver al respecto Sáiz, 1992: 94 passim.

10 Bretón reclamó y obtuvo del gobierno boliviano (decreto 4.12.1838) el reconocimiento de su autoridad entre los franciscanos, en calidad de vice-comisario de misiones. Conviene matizar que, en el mismo texto se señaló que los ordinarios diocesanos tenían jurisdicción sobre las misiones existentes en sus respectivos distritos «con arreglo a las leyes nacionales» y capacidad para regular el servicio de los religiosos conversores, en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 6. Años 1836-1842, ff. 369-377. Ver también AAEESS. America III. Bolivia. Años 1837-1843. Fasc. 196, ff. 40-50. Sobre el conflicto en La Plata ver, a título indicativo, la carta del guardián del Colegio de Tarija (Tarija, 25.03.1856) en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 9. Años 1854-1856, ff. 843-848.

11 Concesiones que se iniciaron con el gobierno de Santa Cruz cuando, por la orden de 25.08.1832 y resolución de 27.09.1832, se otorgaron al general Francisco B. O’Connor facultades para examinar la calidad y extensión de las tierras «realengas» en la frontera de Tarija y sus misiones, reservando en éstas los terrenos «que necesiten los indios de ellas para sembradíos, huertas y cría de ganado», en Corvera Zenteno, s.a. [1926]: 11-16.

12 Palabras similares fueron pronunciadas en la mayoría de memorias ministeriales y mensajes presidenciales al Congreso, sirvan como ejemplo los de J. Ballivián (1843: 14; 1846: 2) y veinte años después por José Ma de Achá, 1862: 5-6.

13 El decreto, que debemos considerar como el primer reglamento misionero, aprobó un reglamento para el «depósito y administración del ramo de Bulas» (Ercole, 1871: 16).

14 Ver la ley aprobada por el Gobierno de J. Ballivián relativa a la congrua sustentación de los misioneros de 21.09.1846, en Colección, 1863, XI: 189-190. El art. 1 de la ley, que autorizó al Ejecutivo a aprobar la congrua a los curas conversores de las misiones, establecidas o por fundar, mencionó que tal disposición debía permitir cumplir la ley de 6.11.1844 que, en mi opinión, se refiere a la actuación misionera, cuestión que no puedo confirmar porque me ha sido imposible localizar dicha ley.

15 Ver la correspondencia cruzada entre el convento de Potosí, el arzobispo de La Plata, el Ejecutivo boliviano, la SCPF y la Congregación de AAEESS, en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 8. Años 1847-1853, ff. 226-229 rev., 312-322 rev., 345-350 rev. 415 y rev., 551-552 rev., 585-586 rev., 621-622 rev.

16 Una recopilación documental que incluye las gestiones hechas a mediados de siglo XIX por Andrés de Santa Cruz, en calidad de representante boliviano ante la Santa Sede, es Vázquez Machicado, 1991.

17 Hubo territorios —el Chaco es ejemplo paradigmático— en que fortines y misiones fueron utilizados como punta de lanza del frente colono, como muestra el franciscano Alejandro Corrado en su relato de la fundación de la misión de Bella Esperanza junto al fortín del mismo nombre, en el que sostiene que el interés de los ganaderos de Villa Rodrigo por ocupar el territorio existente entre Caiza y el Pilcomayo provocó que aquéllos solicitaran al prefecto departamental el permiso para la construcción de un fuerte, petición satisfecha por éste quien, además, encargó al misionero Giuseppe Giannelli la fundación de una misión junto al fortín, más tarde abandonada y restablecida en otro lugar, San Antonio. Giannelli fue encargado, además, de acompañar como «pacificador» a la expedición al Pilcomayo emprendida por entonces por el coronel Andrés Rivas. Ver Rivas, 1881, y el relato de Giannelli (1877: 10-15), recogido posteriormente por Corrado & Comajuncosa (1990, II: 417-432).

18 Una copia del texto fue encontrada por Fr. Bernardino Pesciotti en la sacristía de la iglesia de Santa Ana (entonces provincia de Velasco), y fue publicada en ACFB, V. VIII, no 91 y 92 (Tarata, 1916): 313-321, 355-356.

19 Entre los artículos relativos al tema me interesa destacar el 11 referido a la formación de los novicios: «Fuera de la instrucción parcial de su Instituto se enseñará a los Novicios los elementos de Geografía, de los... [el deterioro del manuscrito impide ver la/s palabra/s], y los idiomas indígenas de las tribus que tengan que catequizar», en ACFB, V. VIII, no 91 (Tarara, 1916): 318.

20 Entre otras, el reglamento otorgaba al Ejecutivo boliviano el nombramiento de los prefectos misioneros, uno por cada diócesis, entre una terna propuesta por los respectivos obispos y otorgaba a éstos una autoridad en las misiones y aún en los Colegios de Misiones superior a la de sus respectivos guardianes, además de otros detalles que eran competencia exclusiva de la Congregación de Propaganda Fide.

21 Aunque no se explícita de qué tipo de propiedad se tratara, Ballivián pensó, probablemente, en el acceso a la tierra como había previsto para los indígenas benianos cuando por decreto de 6.08.1842 —disposición tanto de carácter político-administrativo, como relativa a la ciudadanía indígena y a la colonización del territorio— se aprobó la constitución del departamento del Beni y reconoció a aquéllos como «ciudadanos bolivianos y como tales capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad...», al mismo tiempo que ordenó la distribución entre ellos, igual que a los forasteros que arribaran, tierras de las que serían «propietarios con pleno dominio de las porciones adjudicadas». Sin embargo, la distribución de las parcelas se dejó al arbitrio de un futuro reglamento, que no llegó a redactarse, y al pago de una contribución económica. Decreto en Limpias Saucedo, 1942: 3-4.

22 Arts. 20 a 29. Particularmente significativo es el primero en que se dice que «Los Conversores presentarán al Prefecto [misionero] la Estadística de su pueblo que comprenda el número de habitantes y demás naturales; estado de la Misión y el de la Iglesia, de las producciones naturales del país, de la índole y carácter de los indígenas, de su educación, hábitos, costumbres y tendencias; de la situación geográfica de los ríos, montañas, bosques y confines, de los progresos civiles y religiosos que se hubiesen logrado...» (art. 20), en ACFB, Vol. VIII, no 91 (Tarara, 1916): 320.

23 El informe de Simonetti sirvió de base para la denuncia de los actos contra los indígenas en El Cruzado, V, 21 (Sucre, 10.08.1879): 171-172.

24 Aunque en estricto sentido fue el segundo reglamento elaborado por los poderes del Estado, fue el primero que se aplicó realmente. Ley aprobada por la Asamblea Constituyente (9.09.1871) —sancionada por el Ejecutivo al día siguiente— por la que se autorizó al gobierno Morales a aprobar el reglamento misionero, y resolución de 13.09.1871 en Anuario, 1872: 82-85.

25 Carta de Q. Miranda (Sauces, 20.12.1889) al prefecto en «Expediente relativo a los conflictos en torno a la misión de Santa Rosa de Cuevo», en Archivo de la Cancillería de Bolivia (ACCB). Documentos no 150 y 151.

26 Memorial enviado al Ejecutivo (Sucre, 20.07.1871) en Ercole, 1871: 5.

27 El énfasis es mío.

28 Escrito del fiscal Salvatierra (Sucre, 29.07.1871), en Ercole, 1871: 12-13.

29 Escrito del ministro de La Tapia a la Asamblea Constituyente (Sucre, 10.08.1871), en Ercole, 1871: 13.

30 La tesis fue mencionada también por el ministro Terrazas, 1872: 8.

31 Nota del arzobispo de La Plata (Sucre, 24.07.1871) que, junto al reglamento, fue enviado al ministro de Justicia y Culto, en Ercole, 1871: 9-11.

32 La sanción presidencial vino precedida de la ley de la Asamblea Nacional (9.09.1871) autorizando al Ejecutivo a la aprobación definitiva del Reglamento, que había pasado por el juicio previo del fiscal de la República, como puede seguirse en Ercole, 1871: 12-13 y 18-19.

33 Estas cifras son estimativas pues, realmente, la capital quedaba muy lejos y los políticos de turno ignoraban realmente casi todo de lo que sucedía en las fronteras, como podemos deducir entre otras cuestiones de los mismos datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública a lo largo de los’70 donde las cifras relativas a los poblados misionales presentan unas discrepancias sólo atribuibles al desconocimiento, cuando no a la incompetencia. En la Memoria de 1872 se señala que el Colegio de P.F. de Tarata tiene 15 misiones —que me consta es falso— (Terrazas, 1872: 23), y el de 1874 se señala acertadamente que cuenta con 4 (Calvo, 1874: 16).

34 Constitución aprobada el 1880, cuya vigencia se mantuvo hasta la Guerra del Chaco, posible por el pacto entre varios grupos dirigentes que compartían intereses comunes, entre otros, el comercio libre, la abolición de las comunidades indígenas consideradas un obstáculo para el progreso del país y el acceso a las tierras comunales.

35 Expresión contenida en la memoria del ministro Paz al Congreso de 1895 (Paz, 1895: 111).

36 Mientras los cochabambinos reivindicaban una vía de comunicación que les permitiera acceder al mercado beniano para colocar sus granos, tras perder los mercados altiplánicos y mineros, y demandaban facilidades para la colonización del Chapare y Chimoré; los cruceños, afectados por el retroceso del azúcar en el mercado interior boliviano desplazado por el procedente del Perú, asistían expectantes a la apertura mercantil provocada por la explotación cauchera en el Beni y, con ella, las posibilidades que ofrecía la comercialización de las gomas. También, aunque en menor medida, se movilizaron las élites paceñas con intereses en el Noroeste amazónico para obtener la protección estatal para la expansión del frente cauchero, y los entonces emergentes sectores socioeconómicos benianos vinculados a la explotación gomera. Para el caso cochabambino ver los trabajos de Rodríguez Ostria, 1990-1991: 11-32; 1994; 1995. Para el caso cruceño, ver Rodríguez Ostria, 1987: 69-84; 1993; Roca, 2001.

37 El nombramiento, según resolución suprema de 9.01.1884, fue de Comisario Nacional y Delegado del Gobierno en el departamento del Beni y en la empresa Suárez Arana, aunque en la mayoría de los textos figuró como Delegado Nacional en el Oriente, esto es, las regiones del Beni y Sudeste. Resolución en Aguirre, 1885: 65 y también en Aguirre, 1884: 14.

38 Énfasis en el original.

39 El énfasis es mío. Ley aprobada por el Congreso Nacional el 12.11.1886, y sancionada por el presidente Pacheco al día siguiente, en Anuario, 1886: 246-248, ley recogida también en Pinilla, 1905: 24-28 y Corvera Zenteno, s.a. [1926]: 117-120.

40 La documentación trabajada me permite señalar que Cardús actuó como «visitador» aunque no he encontrado texto alguno en el primer lustro de los ‘80 que me permita confirmar que el encargo obedeciera, como sospecho, al interés franciscano y/o gubernamental, por solicitar del Vaticano la erección de un Vicariato. Sin embargo, sí he localizado un texto, sin fecha (aunque por los datos que ofrece podría haber sido escrito en 1883-1884), firmado por Juan B. Aguirre, guardián del convento de Nta. Sra. de los Angeles (La Paz) quien, siguiendo las órdenes de su superior general, se ofreció a la SCPF como «visitador» de las misiones para recoger datos a suministrar al gobierno boliviano y al Vaticano, con vistas a la erección de un Vicariato Apostólico, tanto más cuando por entonces «domina el pensamiento de ensanchar la comarca social civilizada, y es indispensable que a la acción puramente civil, cuyas tentativas han sido hasta aquí casi siempre infructuosas, se anticipe... la acción evangélica» en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 14. Años 1878-1883, ff. 773-774 rev.

41 En ocasiones Cardús habla indistintamente de doctrinas y curatos como misiones, y viceversa lo que, evidentemente, lleva a errores en la contabilización.

42 Cristianos eran, para Cardús, los indígenas reducidos y bautizados, utilizando el vocablo de neófitos para designar a los indígenas que, reducidos, no se hubieran bautizado. Sin embargo, generalmente, los misioneros tendieron a utilizar el término neófito para designar a los indígenas concentrados que habitaban en el poblado misional que, generalmente, habían sido bautizados.

43 De las reflexiones de Cardús se desprende la prevención de los misioneros de castellanizar a la población indígena al temer que ésta facilitaría el contacto con los civilizados y, por ende, éstos podrían «engañar» más fácilmente a los indios. Cardús sostiene, por el contrario, la necesidad de enseñar el castellano como una de las principales medidas para el adelanto de las misiones, en J. Cardús, 1886: 174-175. Sobre el tema volveré más adelante.

44 Para entonces, el gobierno Campero había sancionado la ley de 15.10.1880 por la cual se había reformado el art. 2 de la constitución y en la que, además, se señaló que «las colonias podrán estar sujetas a leyes y reglamentos especiales» en Anuario, 1881: 185.

45 El expediente en AAEESS. Bolivia. Años 1882-1884. Fasc. 7, ff. 61-67 rev.

46 Ver amplia correspondencia sobre el tema en ASCPF. SRNC. AM. Vol. 15. Años 1886-1889, ff. 278-319 rev.

47 El internuncio apostólico, Beniamino Cavicchioni, solicitó (1888) a los obispos bolivianos que impulsaran la Obra de Propagación de la Fe (OPFe), en Archivo Segreto Vaticano (ASV). Nunciatura Bolivia (NB). B. Cavicchioni. Fasc. 20. Aptdo 5, ff. 212 y rev.

48 Ver el proyecto de presupuesto estatal en Lanza, 1885: 139-175.

49 La resolución de 1894 introdujo pequeñas variaciones en la ley de 1883. Breves consideraciones sobre la legislación vinculada a la explotación de las gomas en García Jordán, 2001a: 340-345.

50 Nombramiento de Jofré como delegado gubernamental a las misiones y colonias del Chaco (1893), en Jofré, 1895: 2-4 y Pinilla, 1905: 144-148.

51 Campos matizó sus aceradas críticas al sistema misionero al señalar que las irregularidades denunciadas las había observado en las misiones del norte argentino, pues no había podido visitar las existentes en Bolivia. Tesis similares a las de Campos fueron planteadas pocos años después (1892) por el delegado gubernamental para la visita de las misiones y colonias, el coronel Melchor Chavarría quien, sin embargo, tampoco visitó efectivamente las misiones. Las tesis de Campos fueron rebatidas, entre otros, por el futuro ministro Paz, 1889.

52 Copia realizada en 1897 del Informe presentado en 1893 por José Manuel Pando a Lisímaco Gutiérrez, Delegado Nacional en los ríos Beni y Madre de Dios, en Archivo Histórico de La Paz (ALP). JMP. 1891-1897. No 2, ff. 4 rev-5.

53 Datos todos ellos que deben tomarse como aproximativos pues, incluso la misma fuente ofrece a lo largo de la obra algunas discrepancias (Ducci, 1893). Estas variaciones aumentan si se comparan con las relaciones que, trianualmente, enviaban los prefectos misioneros dependientes de cada colegio a la SCPF que, para no extenderme, no he incluido aquí. Los datos ofrecidos por estos informes correspondientes al año en que Pifferi y su secretario Ducci realizaron la visita pastoral son ligeramente superiores a los ofrecidos por éstos. Inexactitudes encontramos también en la relación del ministro Paz, 1893: 114-115, donde se denominan misiones a lo que son doctrinas, se cita alguna población que, prácticamente, ha desaparecido y se confunde incluso el nombre de algunas de ellas. Finalmente, hay también discrepancias con los datos aquí ofrecidos en las historias publicadas por los respectivos Colegios misioneros.

54 Informe del prefecto de misiones del Colegio de La Paz, Pablo Fernández (La Paz, 15.10.1894) presentado a S. Pifferi y enviado a SCPF, en ASCPF. Rubrica. NS. Vol. 73, f. 568 rev. Todo el texto en ff. 564-572. La disminución de la población indígena fue reiteradamente denunciada por los misioneros. Ya Nicolás Armentia, quien había elogiado la contribución de los caucheros a la exploración del noroeste, había señalado en 1887 que la «industria gomera» era la causante de la disminución de la población de Moxos y que a ella se «deberá tal vez la desaparición de Ixiamas, Tumupasa y San José, etc.» en Armentia, 1887: 84.

55 Como dijera el ministro Ichaso al Congreso de 1890, las misiones habían prestado hasta entonces «remarcables servicios a la causa de la civilización, sosteniendo la jurisdicción nacional sobre los extensos desiertos en que están situadas» (Ichaso, 1890: 69).

56 Afirmación recogida en Sinopsis, 1903, I: 267.

57 Las cifras son indicativas, especialmente por lo que hace referencia a las poblaciones ubicadas en los Orientes. Por otro lado, incluso los datos recogidos ofrecen resultados discrepantes tanto por lo que se refiere a las estadísticas como en nombres de provincias y pueblos, e incluso misiones que aparecen en un tomo y no son recogidos en otro. En el cuadro se incluye el territorio perdido por Bolivia en el conflicto del Pacífico, el llamado departamento Litoral, zona que los gobiernos bolivianos pensaban recuperar por tratados y/o por compra, ver Fifer, 1976: 98-114 y 120-123.

58 José Manuel Pando. Mensaje del Presidente Constitucional de la República General —. (La Paz, 12.08.1901). Texto manuscrito en Archivo Histórico del Congreso de Bolivia (AHCB), f. 30.

59 Para una reflexión sobre el proyecto liberal ver, entre otros, Klein, 1969; Langer, 1988: 59-95; Irurozqui, 1994: 73-102 y 141-196; Irurozqui, 2000: 262-298.

60 Al respecto se introdujo la reforma del art. 2 de la constitución que señaló «El Estado reconoce y sostiene la religión Católica Apostólica Romana, permitiendo [en lugar de “excluyendo”] el ejercicio público de toda otra forma de culto».

61 Economía que, en cualquier caso, se desarrollaba de acuerdo a los parámetros implícitos en todo país que ocupaba, como era el caso de Bolivia, la periferia del sistema económico capitalista.

62 Como veremos en su momento, la presión secularizadora se agudizó particularmente en la región de Guarayos y, de hecho, tuvo una gran repercusión el escrito dirigido a la Convención Nacional por el comerciante cruceño Rosendo Gutiérrez, fechado el 1.11.1899 solicitando la secularización de los poblados misionales guarayos, escrito publicado en La Estrella del Oriente, no 2578 (Santa Cruz, 11.11.1899) y recogido en Crónica Guaraya (CG), no 18 (Yotaú, 2.06.1917): 140-143.

63 Medidas aprobadas por la Convención y sancionadas por Pando el 23.01.1900 en Anuario, 1901: 74, 77-78; Pinilla, 1905: 235-237.

64 Carta del ministro Villazón al arzobispo de La Plata (La Paz, 5.05.1900) para ser transmitida a los prefectos misioneros en Villazón, 1901: 318.

65 Decreto Supremo recogido en Anuario, 1902: 223-229. Un estudio de los cambios introducidos en el reglamento de 1901 con respecto al de 1871 en García Jordán, 1998b, I: 254-256.

66 Escrito del comisario Simón de Maidagán al ministro de RR.EE. y Culto (La Paz, 15.10.1901) en CG, no 30 (Yotaú, 13.08.1917): 256-257, y recogido también en Archivo de Tarata (AT), actualmente en Archivo Histórico Provincia Misionera San Antonio de Bolivia (APHMAB).

67 Respuesta del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Eliodoro Villazón, a los prefectos misioneros de 4 y 6.06.1902 en Circular recogida en AT.

68 Intervención del diputado Leigue (19.08.1904) en Redactor, 1905, I: 71-72. La minuta de comunicación solicitando de la Cámara la aprobación de la recomendación al Ejecutivo para exigir el cumplimiento del reglamento misionero fue firmada también por los diputados Vergara y Justiniano.

69 Afirmación de Leigue en la 9a sesión ordinaria (19.08.1904), en Redactor, 1905, l: 72.

70 Ambos decretos recogidos en Nuevo, 1906. Probablemente por error de imprenta el decreto del 17 de octubre aparece en dicha obra fechado en 1904, y no en su fecha correcta que es 1905. El decreto fue recogido inicialmente en Anuario, 1906: 598-603.

71 Ambos considerandos fueron recogidos por el presidente Montes en su mensaje al Congreso de 1906 al señalar que el «principal objeto de esas colectividades [misiones] es el de preparar para la vida civilizada los elementos nómades del país, así como la colonización del territorio» en Montes, 1906: 28.

72 Como señaló el ministro de Colonización y Agricultura al Congreso de 1906, el interés gubernamental por implementar el proyecto colonizador exigía la reforma del reglamento por el cual «La administración y el regimen político, civil y judicial, debía encargarse a las autoridades administrativas, dejando a los P.P. Conversores sólo la acción catequizante». (Ballivián, 1906a: 3)

73 Ballivián, a diferencia de otros liberales, y al frente del Ministerio de Colonias y Agricultura, sostuvo una posición muy radical por cuanto se refiere a la sujeción misionera al poder civil como vemos, por ejemplo, en el escrito por él enviado al Ministro de Fomento (La Paz, 29.03.1906) con motivo de la aplicación de la ley de Conscripción Militar, en el que señala que «El primer inconveniente con que se ha tropezado al poner en práctica en las Misiones la Ley de Conscripción Militar, Prestación Vial y empadronamiento aparece de los documentos, que en copia legalizada tengo a bien acompañar al presente oficio. La resistencia opuesta por el P. Prefecto de Misiones de Macharetí, a raíz de haberse promulgado el nuevo Reglamento de Misiones, que reserva a los Padres Conversores la sola acción catequizante de los neófitos, quedando éstos como ciudadanos bajo la jurisdicción política y civil, manifiesta, o que los Padres Conversores no comprenden el espíritu de la Ley o que no se creen obligados a su estricto cumplimiento, constituyéndose en dueños, señores y árbitros de los salvajes, que no por su estado rudimentario de cultura dejan de pertenecer a [la] comunidad boliviana.// Llamo sobre todo su ilustrada atención hacia la amenaza de recurrir al representante de la nación italiana contra un funcionario que representa al Gobierno Nacional, tratando a este de potencia a potencia.// La autorizada opinión de V.I. señor Ministro, servirá para encaminar este desagradable asunto a una solución que resguarde el decoro nacional» en CG, no 30 (Yotaú, 13.08.1917): 253-254.

74 Como así lo manifestó en la carta citada en la nota anterior.

75 Sobre el acceso a la ciudadanía de las poblaciones quechuas y aymaras, tradicional mano de obra de la economía boliviana, ver Irurozqui, 1999; 2000: 56-80.

76 El artículo precisaba que esta imposibilidad de oponerse a la contratación de peones regiría siempre y cuando el contrato no durara más de seis meses, y se garantizara el regreso de los neófitos a la misión.

77 En palabras del ministro de Colonización y Agricultura al Congreso de 1906: «Espero que la sustitución gradual de las Misiones en ejercicio, en núcleos de reducción, bajo la protección de la autoridad política y civil, hará que las tribus que aún permanecen nómades y salvajes, se vayan sometiendo poco a poco y comprendan las ventajas de la existencia civilizada, convirtiéndose en unos cuantos años, en ciudadanos útiles y amantes del orden y del trabajo, formando los primeros núcleos de la colonización». (Ballivián, 1906a: 3-4)

78 Las posiciones de los franciscanos no fueron uniformes. Si por un lado, el P. Bernardino de Nino amenazó con abandonar las misiones si los arts. 2 y 3 —sujeción de los religiosos a las autoridades civiles— no eran reformados, y se opuso también al art. 10; por otro lado, los otrora prefectos S. Pifferi y N. Armentia —cuya opinión fue solicitada por el representante vaticano— no dieron demasiada importancia al reglamento, señalaron que el texto pretendía «ordenar la administración temporal de las misiones» y sólo objetaron el art. 6 por cuanto el gobierno asumía la facultad de declarar una misión en parroquia —como siempre había sucedido— aunque clarificaron que no había inconveniente en aceptarlo por cuanto el poder civil sólo actuaría de acuerdo con la autoridad eclesiástica. Esta última afirmación no sólo es cuestionable —de hecho hay muchos ejemplos en que el gobierno decidió por su cuenta sin consultar previamente con las autoridades eclesiásticas— sino que evidencia, en mi opinión, la posición privilegiada que estos religiosos habían alcanzado, particularmente Armentia, por entonces obispo de La Paz. Ver el informe del delegado apostólico al Vaticano junto a otros escritos en ASV. NB. A. Bavona. Fasc. 58. Aptdo. 10. ff. 112-115.

79 Resolución de 31.01.1907 en Anuario, 1908: 65-67, recogida también en Ballivián, 1907: Apéndice, XLIX-L. Aclaremos que la medida matizaba que, en el caso que fuese la «autoridad política la que pidiere neófitos para trabajos de utilidad pública» bastaría el levantamiento de un acta en la que constara la entrega de neófitos y el compromiso de la autoridad de su devolución.

80 Valga como ejemplo lo afirmado por el ministro de Colonización y Agricultura en el Congreso de 1909 donde señaló que «coopera al despoblamiento y ruina de las Misiones, el abuso que cometen los industriales de goma y propietarios de barracas con la Ley de enganche de peones. Estos se acogen a la ley, en cuanto les da derechos, pero la burlan en el capítulo de las obligaciones. Piden a los Misioneros peones, y cuando se les exige que cumplan con el precepto de prestar garantía real, de asegurar el regreso del neófito, de resguardar su vida y su trabajo, de procurar su bienestar, apelan al engaño o a la imposición armada». (Araníbar, 1909: XL)

81 Según el ministro de Colonización y Agricultura: «La acción del Gobierno, que no puede hacerse sentir por la distancia y falta de comunicación ni sobre sus propias autoridades, mayormente no puede ejercer su poder sobre esos propietarios que consideran sus barracas como reinos soberanos y absolutos». (Araníbar, 1909: XLI)

82 «División político-administrativa de la República de Bolivia», Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos«, 86 (La Paz, 1913): 115-151, e informes misioneros.

83 Poco antes, en su informe al Ejecutivo de 1911, el prefecto de Santa Cruz había señalado que «Las innumerables tribus salvajes que vagan por nuestros fértiles bosques y que constituyen un peligro para los agricultores, ganaderos y viajeros, merecen que el Estado se preocupe de someterlos por los medios naturales del cariño y de la conveniencia, únicos medios capaces de dominar razas tan robustas, activas y temerarias... En este orden, lo único que es posible... es domarlos por los medios invencibles de que disponen los misioneros católicos: caridad, pacienciay perseverancia». (Canedo, 1911: 23)

84 Como proclamó el ministro de la Guerra y Colonización al Congreso de 1915, «[El Gobierno] juzga que las misiones que actúan como avanzadas de la civilización en territorios alejados, en los que aparece el bárbaro como elemento dominante, deben mantenerse, procediéndose a la secularización de las reducciones que ya hubiesen llenado su objeto, sea por la relativa educación de los indios o porque el desarrollo regional del comercio y de las industrias hace ya innecesaria la presencia del conversor». (Gutiérrez, 1915: 18)

85 Sistema misionero que, como señaló Gutiérrez al Congreso, era el causante que «ni los indios de las misiones secularizadas han aportado a la colonización el resultado que el Gobierno pretendió obtener de ellos al otorgarles su capacidad civil y al reconocerles su derecho de propiedad en los terrenos misionales. Habituados como están a una obediencia ciega y sin el menor espíritu previsor, muchos vuelven a la vida errante o renuncian las ventajas que se les ofreció, enajenando sus pertenencias sin beneficiarse en forma alguna». (Gutiérrez, 1915: 19-20)

86 Un resumen de los informes proporcionados por las autoridades departamentales en Gutiérrez, 1915: 21-34, y de las protestas misioneras ante la secularización en Nino, 1916a; 1916b.

87 Circular de W. Priewasser a los superiores y religiosos bajo su jurisdicción (Sucre, 13.03.1915) en Polanko, 2003, III: 290-291.

88 Itaú y Chimeo habían sido secularizadas en 1871 aunque la escasez de sacerdotes obligó a no implementar tal secularización, cosa que sí se hizo en 1917 (Prudencio, 1917: 129).

89 Hasta entonces la representación de la Santa Sede en Bolivia, junto a la de Ecuador y Perú tenía su sede en Lima.

90 Instrucciones y visita pastoral en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 106. Aptdo. 5, ff. 66-68 rev; Fasc. 117. Aptdo. 23, todo el legajo; Fasc. 160. Aptdo. 75a, todo el legajo. Ecos de la visita pastoral en la prensa local en ASN. NB. R. Caroli. Fasc. 159. Aptdo. 75, ff. 51 y ss.

91 Dato estimativo por cuanto en la comparación entre los textos manuscritos e impreso consultados, en el primero se cifró en 1 000 el número de indígenas habitantes en las misiones dependientes del Colegio paceño, guarismo que aparece sobre uno anteriormente preexistente, pero visible, de 3 000 individuos. Esta es la cifra que aparece finalmente en el texto impreso. Por lo que se refiere a los informes, el primero (La Paz, 27.09.1918) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 13-20 rev.; el segundo (La Paz, 2.10.1918), en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff 4-11 rev; este último se encuentra también impreso en ASCPF. Acta. Año 1919. Vol. 219, ff. 335-338.

92 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 19 y 19bis.

93 Según Caroli, la condición de las misiones chaqueñas era muy precaria y «No pasará mucho tiempo y las misiones serán secularizadas porque los blancos de los alrededores, deseando tener a los neófitos como trabajadores en sus propiedades y no pudiendo tenerlos mientras existan las Misiones, se comportan como enemigos de los misioneros, mirando no el bien religioso y civil de tantos indígenas, sino sólo el propio lucro e influyen en el ánimo de los gobernantes» en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 8 rev-9.

94 Ibíd. f. 11 rev.

95 ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 160. Aptdo. 75a, ff. 20 y rev.

96 Memoria fechada en La Paz, 16.10.1918, en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 54-57. Como contribución a dicha memoria el hasta mediados de 1918 prefecto de Guarayos, Bernardino J. Pesciotti, preparó el escrito que tituló «Apuntes sobre algunas necesidades... de las Misiones de Guarayos», hoja volante s.p.i. en AT, una copia de la cual localizada en ASV. NB. R. Caroli. Fase. 158. Aptdo. 74, ff. 75 anv. y rev.

97 Ver la correspondencia cruzada en 1918 entre el prefecto de las misiones guarayas, B. Pesciotti, su viceprefecto, D. Sartori, el comisario W. Priewasser, y R. Caroli, en ASV. NB. Fasc. 158. Aptdo. 74, ff. 51.59, 75-76 rev, 122-124 rev.

98 Esto parece desprenderse de la amplia correspondencia cruzada entre los colegios misioneros bolivianos, el Ejecutivo, la Internunciatura Apostólica, los diversos dicasteros romanos y la Secretaría de Estado del Vaticano en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 155. Aptdo. 71. La posición de Caroli, expresada a propósito de la aprobación del Vicariato del Chaco, en su informe al secretario de Estado Vaticano (La Paz, 22.03.1918), en Ibíd. ff. 26-31 rev. Con todo, no hubo unanimidad entre los franciscanos acerca de la implantación del Vicariato del Chaco pues, como se ve en las instrucciones reservadas de la SCPF al sucesor de Caroli, Tito Trocchi, se le exhortó a «reprimir, con la debida prudencia y energía... los tentativos de oposición que al parecer están haciendo de palabra los Franciscanos de Tarija al proyecto, mientras tratan de excitar contra él mismo la hostilidad de los Diputados del Parlamento Boliviano», en Alegato al no 2209/21 (1921), en ASV. NB. Trocchi,T. Fasc. 178. Aptdo. 2, ff. 73 anv.y rev.

99 Párrafo contenido en las instrucciones dadas por el cardenal Gasparri, Secretario de Estado de la Santa Sede al nuevo internuncio en Bolivia, T. Trocchi (julio 1921), en las que le instaba a la solución de los mismos, en ASV. NB. T. Trocchi. Fasc. 178. Aptdo. 2, ff. 23-70, particularmente ff. 62-65.

100 Informe sobre el «estado moral del clero regular» en Bolivia elaborado por B. de Nino para el internuncio R. Caroli (marzo 1919) en ASV. NB. R. Caroli. Fasc. 163. Aptdo. 78, ff. 273-275 rev.

101 Problemas citados en las Instrucciones dadas por la Secretaría de Estado al nuevo internuncio T. Trocchi (julio 1921) instándole a la solución de los mismos, en ASV. NB. T. Trocchi. Fasc. 178. Aptdo. 2, ff. 23-70, particularmente ff. 62-65.

102 Ibíd. ff. 62 anv.-63 rev.

103 Como señaló el ministro de Guerra y Colonización, del que dependían las misiones, al Congreso del 21, «regiones antes florecientes y de crecida población, bajo la administración misional, se han convertido, después de producida su secularización prematura, en tristes villorrios y desiertas comarcas» (Baldivieso, 1921: 149).

104 Sólo dos años antes (1927) el otrora ministro de Guerra y Colonización, J.F. Prudencio, había señalado la incapacidad del Estado Boliviano para promover eficazmente la colonización, tarea que, según él, debía ser confiada a los militares, en su opinión los principales agentes colonizadores (Prudencio, 1927).

105 Un titular de prensa, informando de la medida, señaló que «Los informes de los delegados confirman que las tierras agrícolas aprovechables se encuentran en poder de los misioneros y no rinden utilidad alguna al Estado», El Diario (La Paz, 5.02.1929) en ASV. NB. G. Cicognani. Fasc. 297. Aptdo. 96, f. 95. La secularización fue provocada ya por la presión de un colono que había arrendado algunos terrenos misionales en Macharetí (1919) y veía peligrar la renovación del arrendamiento, ya por la concesión gubernamental de 10 000 ha de terrenos baldíos en la zona que, efectuada la mensura, afectó a las tierras de la misma misión de Macharetí. Por último señalar que no fueron tampoco ajenos a la medida los informes que sobre el estado de la región y de las misiones presentaron los delegados en el Gran Chaco, Julio Gutiérrez y Plácido Sánchez.

106 Argumento utilizado por los misioneros fue que las tierras «que se dicen del misionero, no son suyas sino de los indígenas» y que «no son inútiles al Estado porque mediante ellas, el Misionero va labrando poquito a poco ciudadanos útiles para el País», en Memorándum enviado por el Encargado de Negocios vaticano, Mons. Antonio Riveri, a senadores y al ministro de Guerra y Colonización, sin fecha, en ASV. NB. C. Cicognani. Fasc. 297. Aptdo. 96, ff. 119-120.

107 En el Informe del nuncio Chiarlo al prefecto de la SCPF (La Paz, 8.05.1930) se dice que la fecha del decreto fue el 2.04.1930, en ASV. NB. Chiarlo, C. Fasc. 379. Aptdo. 102, f. 236.

108 Desarrollo de las negociaciones en ASV. NB. C. Chiarlo. Fasc. 366. Aptdo. 50, todo el legajo. Informe pormenorizado de las gestiones del nuncio Chiarlo con el apoyo del vicario del Chaco, Cesare Viagini, en el informe del primero al prefecto de la SCPF (La Paz, 8.05.1930) en ASV. NB. Fasc. 379. Aptdo. 102, ff. 228-239.

109 El decreto otorgó (art. 7) en propiedad a las comunidades indígenas el «terreno suficiente» para sus necesidades que en los casos de Macharetí y Santa Rosa de Cuero fue de 500 ha de cultivo y 2 500 ha de pastoreo para cada población; en el caso de Tarairí, Tigüipa y Boicovo otorgó 60 ha de cultivo y 350 ha de pastoreo para cada una; finalmente, a Ivo otorgó 400 ha de cultivo y 1 600 ha de pastoreo.

110 Como señaló monseñor Chiarlo en su informe a la SCPF (La Paz, 8.05.1930), «Igual que una ley contra el robo no acaba con los ladrones, tampoco este Decreto pondrá fin a la voracidad y a las pasiones de los blancos de aquellas regiones [Chaco], los cuales son todo uñas y carne: uñas para apropiarse de las propiedades de los demás y de los beneficios del trabajo de otros; y carne para satisfacer sus bajas pasiones.// No obstante... el Decreto disminuirá tales abusos, siendo ahora más clara la posición de los Misioneros, sus derechos más explícitos, sus propiedades y las de sus neófitos más seguras; además, queda en manos del Gobierno una gran cantidad de terreno cultivable y de pasto, que puede (según el art.14) distribuir entre los blancos, que tengan la voluntad de cultivarlo, y por lo tanto, deberán disminuir los pretextos de los blancos sobre las tierras de las Misiones», en ASV. NB. Chiarlo, C. Fasc. 379. Aptdo. 102, f. 238. El énfasis en el original.

111 El informe de Gutiérrez al gobierno Siles, interesantísimo por cuanto urgió al Ejecutivo a actuar en un territorio en el que la presión paraguaya se dejaba notar, señaló la necesidad de, primero, desarrollar la infraestructura viaria conectando el Chaco con Tarija, la provincia del Azero y con Santa Cruz; segundo, cambiar la legislación arancelaria para permitir la recuperación de los mercados ganaderos; tercero, impulsar la penetración en el Chaco Boreal a partir del río Pilcomayo, del camino de Villa Montes a Santa Cruz, y de la ruta de Esteros al Roboré (Gutiérrez, 1980 [1927]: 46).

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Titre Cuadro 2 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1884
Légende * En esta categoría, que es la utilizada generalmente por todos los religiosos en sus estadísticas, se Incluyen los indígenas bautizados. En algunas ocasiones, se les denomina fieles, otras neófitos.** Aunque el autor señala que, en realidad, son doctrinas, utiliza ambos conceptos indistintamente.Fuente: Elaboración propia a partir de Cardús, 1886:22 passim
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Titre Figura 2 – Misiones franciscanas en Bolivia, 1883-1884
Légende 1. Cavinas2. Isiamas3. Tumupasa4. S. José de Uchupiamonas5. Muchanes6. Santa Ana7. Cobendo8. Ascensión9. Yaguarú10. Urubichá11. Yotaú12. S. Pascual Boicovo13. Macharetí14. Tigüipa15. Tarairí16. S. Feo. Solano17. Chimeo18. Itaú19. AguairendaFuente: Cardús, 1886
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Titre Cuadro 3 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos entre los Orientes bolivianos, 1893
Légende * El autor incluye, erróneamente, en la categoría de misiones las, por entonces, doctrinas de Ixlamas, Chuplamonas, Tumupasa, Chimeo e Itaú.** El autor Incluye en esta categoría una reducida población blanca.*** El autor utiliza la categoría de «neófitos», aquí recogidos como Cristianos, y la de «Catecúmenos» (infieles en proceso de cristianización e infieles), aquí recogidos como infieles.Fuente: Elaboración propia a partir de Ducci, 1895
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/8587/img-3.jpg
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Titre Cuadro 4 – Censo general de la población en Bolivia, 1900
Légende Fuente: Censo, 1902
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Titre Cuadro 5 – Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1902
Légende * Las fuentes señalan a Agüairenda e Itaú con la categoría de misión, aunque en realidad son doctrinas.** Se incluye la población Indígena —mayoritaria—, mestiza y blanca.Fuente: Elaboración propia a partir de Censo, 1902 y Sinopsis, 1903
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Titre Cuadro 6 - Misiones y doctrinas gestionadas por los franciscanos en los Orientes bolivianos, 1911
Légende * En la fuente, donde inicialmente se hablaba de misones y capellanías, dichos vocablos aparecen tachados y sustituidos por «pueblos». Aquí se indica con un asterisco las poblaciones que eran, en realidad, capellanías o doctrinas. Carapari aparece como «parroquia».** Los datos estadísticos de Escolares están recogidos, también, en la categoría poblacional de Indígenas y Blancos /Mestizos.Fuente: «Cuadro demográfico de los pueblos que administran actualmente los Misioneros Franciscanos en Bollvia, formado con datos oficiales que han suministrado los RR.PR Prefectos en 1909-1911», fechado en Ascensión, 8.12.1911, en GAM Fondo Cartas. AX-07. Año 1911, ff. 240-241 rev.
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© Institut français d’études andines, 2006

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