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Memorias en conflicto

Las políticas de justicia y el perdón

La globalización del derecho a la verdad

Eduardo González

Texte intégral

1Agradezco la invitación de los organizadores de este seminario. Creo que la iniciativa de organizarlo expresa la necesaria complementariedad que debe existir entre reflexión académica, voluntad política y compromiso moral.

2Mi intervención parte de la perspectiva de la filosofía y el derecho internacional de los derechos humanos, vale decir que reconoce —de un lado— la fuerza moral de determinadas asunciones filosóficas sobre la inviolable dignidad de la vida humana y —por otro lado— afirma la convicción de que dichas asunciones filosóficas constituyen no solo una afirmación normativa ideal, sino una obligación positiva de los Estados.

3Quisiera empezar por reconocer que, después de la invitación a participar en esta conferencia, me hice por semanas una serie de preguntas que buscaban dar sentido al encargo que había recibido de los organizadores. Si este evento reposa básicamente en una reflexión filosófica y cultural sobre la memoria del horror, ¿cómo debería yo estructurar mi intervención en un panel que invita a discutir la dimensión global de este fenómeno?; ¿cómo podría mi intervención aportar al debate?

4Supuse, entonces, y he organizado mi ponencia sobre la base de tal suposición, que debería ”traducir” al lenguaje de mi actividad cotidiana —a caballo entre el activismo de derechos humanos e intereses de estirpe jurídica y sociológica— las preocupaciones que convocan a los investigadores que hoy se reúnen aquí. Así, sobre la base de un repaso general de las diversas tendencias mundiales que muestran el impacto cada vez mayor de políticas de la memoria, he procurado discernir tres temas en particular: la existencia de una memoria de la masacre como sustento moral legitimador del proyecto jurídico de los derechos humanos, los límites intrínsecos o autoimpuestos en dicho proyecto en tanto mecanismo social para lidiar con esa memoria traumática y la cuestión de si es posible juridizar un supuesto ”derecho a la memoria”.

IMAGEN INICIAL

5Tal vez una imagen sirva para mostrar el asombro que provoca la actual universalización de políticas basadas en la memoria social de la masacre. En octubre de 1998, me encontraba en Santiago de Chile, precisamente cuando los medios de prensa anunciaban al mundo entero el arresto del general Pinochet en una clínica londinense. Me gustaría compartir con ustedes un recuerdo en particular: me refiero a un graffiti que pude observar a la entrada de una estación de metro poco después del paso de una masiva manifestación de estudiantes universitarios que celebraba la captura del viejo tirano. El graffiti se hacía una pregunta: ¿Globalización de la justicia? y se contestaba Bueno... ¡ya!.

6Se trataba de una afirmación reluctante. Ante el fenómeno de la globalización, que ha sido presentado eminentemente como un proceso económico de liberalización de los mercados, liderado por la voluntad hegemónica de los organismos financieros internacionales, el estudiante radical dudaba, pero al descubrir que —aparentemente— un proceso paralelo, el de la justicia, informa también dicho fenómeno, abrazaba uno de sus aspectos: la posibilidad de perseguir más allá de las fronteras nacionales —como hace siglos a los piratas y a los traficantes de esclavos— a quienes hayan cometido crímenes de ”lesa humanidad”, es decir, crímenes que ofenden el sentimiento moral de humanidad y que—consecuentemente— comprometen a la comunidad humana (la humanidad) a perseguirlos.

7Es interesante pensar que estudiantes radicales y un viejo dictador neoliberal descubrieron al mismo tiempo —para alegría de unos y rabia de otro— que la globalización es algo más que un fenómeno comercial; que implica una constelación de muchos otros procesos, uno de los cuales es la extensión de una cultura de derechos humanos que no se reduce a afirmaciones morales, sino que implica, además, un conjunto de obligaciones básicas para quienes ejercen el poder. Probablemente, si el tirano capturado hubiera podido hacer públicos sus sentimientos, habría reclamado contra los fabricantes del producto que tan ingenuamente había comprado: ¡Pero si yo estoy por la globalización!”; hubiera dicho: ¿Por qué no me advirtieron que incluía este tipo de cosas?.

8¿En qué consistía este fenómeno que se había ”globalizado” para delicia de los universitarios y rabia del general? ¿Cómo, por qué había ocurrido? De manera inadvertida para el general y para los estudiantes, un proceso jurídico y moral de décadas había dado fruto en esta situación, en la que un simple juez de distrito en Londres ordenaba a la policía el arresto de un antiguo Jefe de Estado del mismo modo que hubiera ordenado el arresto de un atracador de bancos.

1. LA MEMORIA DE LA MASACRE Y EL MARCO JURÍDICO QUE SUSTENTA

9Quisiera afirmar que el innegable avance de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos, es decir, la globalización o —prefiero esta otra expresión— la universalización de un orden jurídico basado en axiomas que afirman la dignidad básica e inderogable de la vida humana, corre paralela al enorme impacto de un hecho cultural también universal: la memoria de las catástrofes del siglo xx.

10Contrariamente a lo que pueda pensarse a la vista del siglo de genocidios que acabamos de cerrar, no es la masacre el signo de nuestros tiempos, sino la memoria de la masacre. Los seres humanos no hemos dejado de destruirnos unos a otros, y de inscribir en la cultura significados y en nuestra psique sublimaciones que justifiquen ese ejercicio destructivo. La violencia homicida se ha normalizado, encuadrado en superinstituciones capaces de movilizar la voluntad de millones, se ha ideologizado, se ha banalizado. Pero no se ha ido. La masacre, entonces, no es la novedad de nuestros tiempos; la novedad es que, en la última mitad del siglo pasado, hemos formalizado en instituciones jurídicas de pretensión universal exigencias derivadas de una memoria moral de la catástrofe, en particular, la memoria de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones que se han creado afirman un cierto núcleo de derechos elementales que se suponen universalmente aceptables por todas las culturas y aplicables por todos los Estados; reconocen las demandas de retribución, reparación y restitución de las víctimas de la masacre; y construyen instrumentos internacionales con la intención de proteger los derechos afirmados y disuadir a quienes pretendan violentarlos.

11Sin la memoria del holocausto y los crímenes del fascismo, las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, no hubieran impulsado como lo hicieron un programa tan ambicioso de juridización de obligaciones que —en efecto— ponían un límite al anteriormente sagrado principio de la soberanía estatal.

  • 1 ... el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ul (...)

12Sin el testimonio de la Europa superviviente, la concepción de Roosevelt sobre las cuatro libertades (ser libre para expresarse y para creer, ser libre de la necesidad y del miedo) hubiera corrido la misma suerte que los ideales pacifistas de Woodrow Wilson al cabo de la Gran Guerra. Es fácil olvidar hoy que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no era una afirmación optimista inspirada en ideales humanistas no comprobables, sino una expresión de urgente alarma inspirada en la comprobación directa del riesgo real de total barbarie que el mundo acababa de sufrir. Por ello, la Declaración invoca directamente, en el preámbulo1, la memoria de la masacre inmediata como un catalizador moral que logra, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, una coincidencia —que luego se haría cada vez más difícil— entre conservadores, liberales y socialistas.

  • 2 Algunas de las normas más importantes de la posguerra son la Carta del Tribunal Militar Internacion (...)

13El marco jurídico de la inmediata posguerra —constituido por el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional2— está hoy permitiendo nuevas formas de acción social que habrán de generar una aguda controversia en el espacio público y —a su turno— terminarán por reimpactar la memoria colectiva en formas específicas. Déjenme poner un ejemplo: si hace una generación el nombre Pinochet evocaba imágenes de autoritarismo y brutalidad, es innegable que, luego de la captura en Londres del acusado que lleva ese nombre, se está efectuando una mutación en la memoria social, y, probablemente dentro de un par de generaciones, el nombre Pinochet no evoque mucho más que un precedente jurídico, del mismo modo que el nombre Nuremberg se asocia hoy más a los célebres procesos de posguerra que tuvieron lugar en aquella ciudad que a las infames leyes raciales que el nazismo aprobó en el mismo lugar al inicio de su carrera genocida.

14De hecho, es lícito sospechar que parte del objetivo de la acción jurídica legitimada por la memoria de la catástrofe es desecar los hechos de violencia genocida, expropiar a sus autores la satisfacción de generar horror y convertirlos en mera materia jurisprudencial. Esa es, probablemente, la diferencia entre el horror sagrado que provoca la figura de un Hitler, muerto por su propia mano, lejos de la acción de la justicia, y el olvido patético de un Göring, sentenciado luego de un juicio desarrollado de acuerdo con procedimientos de debido proceso legal. El nombre de aquel es aún fuente de fascinación mórbida y terror; el de este, un sonido olvidable que solo fatiga a los estudiantes de historia.

  • 3 It is hard now to perceive in these men as captives the power by which as Nazi leaders they once d (...)

15La memoria social de la catástrofe, entonces, legitima un orden jurídico que a su vez interviene sobre esa misma memoria, superando la represión en que habitualmente se encuentra dada la posición social marginal de las víctimas, facilitando momentos de catarsis y, por último, consagrando una narrativa estable, conformada por categorías jurídicas asépticas que permiten lidiar con el horror. No es parte del proyecto jurídico el expropiar a las víctimas de la riqueza de sus sentimientos, pero su preocupación central consiste en expropiar a los victimarios de la insolencia de su impunidad, negar solemnemente la versión que ellos propalaron y condenarlos al olvido. En las palabras del fiscal Robert Jackson en Nuremberg, refiriéndose a los acusados: ¡Qué difícil es percibir en estos hombres, en tanto prisioneros, el poder con el que dominaron y aterrorizaron a buena parte del mundo como líderes nazis! Como simples individuos, su destino es de muy poca consecuencia para el mundo. Lo que hace esta investigación importante es que estos prisioneros representan influencias siniestras que acecharán en el mundo mucho tiempo después de que sus cuerpos hayan retornado al polvo3.

2. LA HISTORIA ESCRITA DESDE EL DERECHO

16Pero antes de abundar en esta intuición, repasemos algunos de los síntomas de la época que muestran la sorprendente vitalidad del proyecto de los derechos humanos y las intervenciones de la memoria de la masacre en el espacio público mundial.

17El caso Pinochet, como sabemos, no es el único de un represor que enfrenta procesos en jurisdicciones internacionales o de países distintos de aquellos donde se cometieron los delitos. El caso del ex presidente serbio Milosevic —cuyo juicio se realiza ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia— viene a la memoria. También el ex dictador chadiano Hissene Habré hubo de enfrentar un largo arresto domiciliario en Dakar a la espera de la decisión de una corte senegalesa.

18Otros, con más suerte, han debido cancelar viajes o acortar visitas que pudieron ser más largas y placenteras, como le ocurrió al antiguo presidente congoleño Desiré Kabila en Francia, o —también en ese país— al ex Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger luego de una citación judicial para comparecer como testigo en un juicio relativo a la dictadura chilena. Algunos perpetradores de mando intermedio han gozado de menos consideraciones y han sido arrestados y condenados en terceros países, como le ocurrió recientemente a un grupo de genocidas ruandeses en Bélgica.

  • 4 La ley en cuestión (Alien Tort Claim Act) de 1789 fue resucitada en la década de 1980 y ha resultad (...)

19Junto a las querellas penales contra antiguos represores, no hay que olvidar los juicios civiles, que buscan obtener reparaciones económicas de parte de los perpetradores o de instituciones que se hayan beneficiado de los hechos criminales. La asunción de responsabilidades de parte de empresas alemanas y de bancos suizos beneficiados por la explotación de mano de obra esclava durante el Holocausto es uno de los ejemplos más conocidos. También vale la pena mencionar aquí múltiples casos de represores residentes en Estados Unidos, que han sido objeto de sentencias ruinosas en su contra como resultado de la aplicación de leyes4 que permiten a las cortes de ese país escuchar las demandas de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en otras jurisdicciones.

  • 5 Solo en Africa, veintidós países tienen algún tipo de legislación sobre jurisdicción universal. Con (...)

20¿Qué mueve a Estados Unidos, Bélgica, Italia, Suiza, Suecia, Alemania, España, Senegal o México a someter a juicio a perpetradores que cometieron sus crímenes en Ruanda, Argentina, Chile, Congo, Chad, Mauritania o Túnez? ¿Qué mueve —adicionalmente— a innumerables países5 a aprobar leyes que les autorizan a ejercer la jurisdicción universal sobre crímenes de esta gravedad? ¿Por qué han ratificado la mitad de países del mundo el estatuto de la Corte Penal Internacional? Conveniencia, dirá el político; deber, dirá el jurista. Pero tanto el político como el jurista tienen que reconocer que la evaluación estratégica de la conveniencia de una medida y el análisis jurídico de un deber tienen como referencia las convicciones morales de la sociedad, alimentadas a su turno por un ejercicio de memoria que ha convertido ciertos hechos atroces en hitos de la conciencia colectiva, causas célebres por las que intentamos conjurar ciertos horrores y darle una forma manejable por las generaciones que nos sucedan.

  • 6 Ver Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien, 2002, Barcelona: Península, cap. 4: Los (...)

21En casos concretos, como los de la legislación americana, alemana o suiza, es innegable que la memoria del Holocausto es un elemento central de la explicación. Sin el reconocimiento moral a los supervivientes, estos y sus familias tendrían pocas posibilidades de culminar con éxito sus demandas. La comunidad judía es un ejemplo de pueblo cuya pasada victimización ha sido reconocida a una escala tal que se ha transformado en un capital político de enorme importancia, tanto para los sobrevivientes y sus familiares como para el Estado de Israel, independientemente de la opinión que tengamos sobre los usos de tal capital político6.

22En la misma conexión, debemos leer otro hecho de la época que indica el enorme poder movilizador de la memoria de la catástrofe cuando se aúna a la filosofía de los derechos humanos. Me refiero a la generalización de los pedidos de perdón y otros actos de reivindicación histórica de víctimas de graves violaciones a sus derechos. Hasta antes de la Guerra Fría, los únicos casos de pedidos de perdón eran los rituales periódicos por los que la República Federal de Alemania expresaba su remordimiento por los crímenes cometidos contra el pueblo judío, o las poco ordinarias ”rehabilitaciones” de la memoria de antiguos líderes soviéticos liquidados por la maquinaria estalinista.

  • 7 Ver Mark Gibney & Eric Roxtrom, The Status of State Apologies”, En: Human Rights Quarterly, vol. 2 (...)

23La situación ha cambiado considerablemente. No solo Alemania ha multiplicado sus disculpas incluyendo a otras minorías atacadas por los nazis y otras naciones, sino que ahora el líder de la mayor iglesia cristiana del planeta ha pedido públicamente a otras creencias —y en particular al pueblo judío— perdón por los crímenes cometidos a lo largo de 2 000 años de historia en nombre del celo religioso. El presidente de la más grande potencia mundial expresó hace algunos años, ante los pueblos de Guatemala y Ruanda, su autocrítica por las acciones y omisiones con las que su poderosa nación había contribuido a la crónica violación de los derechos fundamentales en aquellos países. Del mismo modo, hace pocos años, el general argentino Martín Balza se dirigió a sus conciudadanos para expresar un pedido oficial de perdón de las fuerzas armadas por los crímenes cometidos durante el gobierno de las juntas entre 1976 y 1983; y, por último, hace pocos días, el Congreso de los Diputados de España ha aprobado por unanimidad una proposición por la que expresa la deuda de reconocimiento del país para con las víctimas del franquismo y produce una condena inequívoca del terror de estado por el que se rigió aquel régimen. Al repasar dichos pedidos de perdón, nada decimos de su aceptabilidad ni de cómo se acercan a los estándares normativos que gobiernan nuestra concepción del perdón7; baste por ahora registrarlos como un hecho que demuestra la presencia de la memoria histórica de la catástrofe como un hecho cultural y político de la mayor importancia.

24A esta constelación de formas de justicia y afirmación de la memoria hay que agregar naturalmente el mecanismo de las comisiones de la verdad y la puesta a disposición de archivos estatales secretos, como ocurre en Alemania con los archivos de la antigua policía de seguridad (Stasi) y en Estados Unidos con el acceso a la información desclasificada. No es necesario abundar en comentarios a las decenas de experiencias que se han llevado a cabo en este sentido, puesto que escucharemos una amplia reflexión en la ponencia de Sandrine Lefranc.

25Todos estos ejercicios son profundamente controversiales. Sus efectos en el debate político son difíciles de medir, pero es evidente que las pasiones atizadas demuestran que hay mucho en juego cuando se enfrentan distintas versiones del pasado. Ahora bien, una vez más, distingamos lo que es novedoso de lo que no lo es. El signo de la época no es que la memoria histórica sea controversial, sino que esta vez exista un marco internacional de principios y obligaciones estatales que legitiman las demandas de aquellos que nunca antes habían escrito la historia: las víctimas de la barbarie.

26En efecto, lo que está ocurriendo con el avance jurídico de los derechos humanos es que se está falsificando el aserto de que ”los vencedores escriben la historia”, y se está intentando hacer realidad un aserto alternativo: el derecho escribe la historia. Vale la aclaración: no los perdedores, no las víctimas, sino el derecho.

27A las víctimas, el instrumental jurídico les brinda la oportunidad de afirmar su dignidad como personas, independientemente de sus circunstancias individuales. Para lograr esto, hace abstracción de su ubicación histórica o de sus posiciones políticas. Para el derecho, una víctima es una víctima. Importa en tanto ciudadano en cuya persona se han violado ciertos bienes elementales cuya protección recae sobre el Estado, pero no se trata de darle la razón en cuanto a sus opiniones políticas o su visión de la historia. La misión del marco jurídico de derechos humanos es mucho más modesta: simplemente garantiza la posibilidad de reconocer en la víctima una base de dignidad anteriormente negada sobre la que se puede expresar una versión de la historia que se ha silenciado una y otra vez, y la proclama como parte del acervo cultural de una nación.

28Esto puede ser sumamente difícil de entender y aceptar. Algunas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos deciden que lo que les ofrece el derecho no es lo que necesitan o desean. No les basta con ser reconocidas como personas iguales y ser restituidas en sus derechos como ciudadanos. Desean, además, darle sentido a lo que ocurrió dentro de una narrativa histórica particular con ambiciones hegemónicas. El ejemplo de una fracción del movimiento Madres de Plaza de Mayo es claro a este respecto. Esta fracción rechaza toda intervención del Estado, incluso para reconocer sus faltas y prefiere involucrarse en formas de activismo político que presuntamente reivindican las causas que defendían los hijos desaparecidos.

29Esta forma de hacer política desde la victimidad ejemplifica que el programa de los derechos humanos es limitado, sí, pero que a la vez esa autolimitación le salva de embarcarse en la construcción de narrativas partidistas. El ejercicio público de la memoria puede banalizarse, instrumentalizarse, puede resultar en la creación de una identidad privilegiada de ”conciencia moral” de la nación, o de propietario monopólico de la memoria.

30Pero esta opción autolimitadora del marco jurídico de derechos humanos paga la presumible ventaja de rechazar nuevas lecturas totalizantes de la historia con el costo de su sequedad. Al escribir la historia, el derecho la purifica de sus componentes emocionales. Reduce la memoria del horror a aquello que puede probarse ”más allá de la duda razonable” por medio de procesos estandarizados que buscan garantizar igualdad de armas a acusadores y acusados, independientemente de consideraciones sobre las diferencias de poder externas a la corte.

31Hay, pues, inmensas posibilidades, pero a la vez peligrosas trampas en el proyecto legalista de procesamiento de la memoria del horror. Algunos comentaristas identifican precisamente en la debilidad de los mecanismos jurídicos convencionales para recoger la riqueza de los sentimientos de las víctimas la necesidad de instrumentos más cualitativos como las Comisiones de la Verdad.

32Permítanme ilustrar lo dicho con otro ejemplo, esta vez derivado de la experiencia de nuestras audiencias públicas. Es el caso de la señora Olga Huamán, quien presentó testimonio ante los comisionados en la ciudad de Huancavelica sobre la desaparición de su esposo, el señor Víctor Gonzalo. El señor Gonzalo, trabajador administrativo de una mina, fue secuestrado en 1992 aparentemente por miembros de Sendero Luminoso para servirles como apoyo y nunca más fue vuelto a ver. La señora Olga no sabe exactamente por qué fue secuestrado su esposo. No está segura sobre la identidad de los perpetradores. No conoce las circunstancias de la desaparición ni tiene testigos de aquel crimen. La única información con la que cuenta es la que recibe a través de vívidos sueños en los que siente que su esposo le envía datos que se han confirmado en la realidad (por ejemplo, a través de la ubicación de objetos personales de su esposo). Por estos sueños, ella cree que su esposo puede estar prisionero en las entrañas de una mina, donde trabaja incesantemente, desnudo, sin herramientas, destrozándose las uñas para encontrar oro, sufriendo de hambre y sed. Hija”, le dice, no llores, no llores. Yo te estoy viendo, te estoy cuidando.

33Otro ejemplo, esta vez, sudafricano, refuerza mi opinión. Es la historia de Siphiwo Mtimkulu, un joven opositor del apartheid, quien fue desaparecido en 1982 poco después de denunciar a la policía sudafricana, porque, durante un prolongado período de prisión que hubo de sufrir por sus actividades políticas, recibió alimentación contaminada con un poderoso veneno. En las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad de aquel país, la señora Joyce Mtimkulu, madre del desaparecido, presentó como única reliquia de su hijo recortes de cabello que conservaba amorosamente después de muchos años. Probablemente una corte de justicia que examinase el envenenamiento de Siphiwo hubiera considerado el cabello, manipulado a lo largo de años, como no más que evidencia ”contaminada”, puesto que no le correspondería evaluar el significado simbólico de esas pocas hebras para la señora Joyce.

34Las narrativas de estas víctimas tendrían poco valor ante tribunales cuya función es definir si determinadas conductas son criminales y si puede asignarse responsabilidades por dichas conductas. Los sueños de la señora Olga o las hebras de cabello de Siphiwo no pueden figurar en ninguna sentencia como parte de los ”hechos probados”.

  • 8 Deborah Posel, The TRC Report. What Kind of History? What Kind of Truth? En: Graeme Simpson & Deb (...)

35El reconocimiento de la distancia que existe entre la narrativa de las víctimas y la que resulta de un proceso legal condujo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica a hacer la distinción (sumamente polémica) de cuatro tipos de verdad, entre los que incluyó como solamente una de ellas a la verdad forense que resulta de la aplicación de estrictos procedimientos de corroboración y prueba8. Reconoció también narrativas personales, discursos históricos y procesos de restauración de la dignidad.

36El resultado de mi evaluación es que, aunque sea innegable la función de la memoria de la catástrofe como discurso legitimador del orden jurídico internacional de los derechos humanos, aunque ponga a disposición de la sociedad instrumentos que permitan iniciar un diálogo abierto sobre el pasado más allá de visiones totalizadoras, dicho orden jurídico y su empeño contra la impunidad pueden producir narrativas desecadas que no estén a la altura de las necesidades emocionales de las víctimas ni de su riqueza argumentativa.

37Las Comisiones de la Verdad, muchas veces subestimadas por algunos sectores como una especie de ”premio consuelo” por la ausencia de tribunales justos, son necesarias precisamente porque su mandato consiste en darles voz a las víctimas para que ellas afirmen aquellas visiones del pasado y del mundo que constituyen el corazón de su identidad.

38Lo mismo, intuyo, puede decirse de los pedidos de perdón y reconocimiento de responsabilidades históricas que también he repasado. Se hallan fuera del marco de lo que es posible juridizar, porque no hablan de crímenes concretos y responsabilidades penales individuales, sino de responsabilidades institucionales cuyo reconocimiento da validez a las versiones de las víctimas.

39Por lo dicho, queda claro que nada está más lejos del marco jurídico de los derechos humanos que transitar por una versión novedosa de una filosofía de la historia finalista desde el punto de vista de una nueva utopía, una nueva ”gran narrativa”. La radicalidad de la afirmación de que todos los seres humanos merecen una vida digna no va acompañada de mesianismos de ninguna clase, sino de la aridez de mecanismos jurídicos propios del Estado de Derecho.

40El ejercicio de la memoria que da vida a, y que a la vez es potenciado por, el conjunto de normas de derechos humanos no reemplaza el pasado catastrófico, solo provee de categorías para pensarlo; no le da ningún sentido trascendente, solo reafirma el derecho a guardar luto y a hacer público el dolor; no impide la recurrencia de los crímenes en el futuro, solo afirma por qué ciertas conductas constituyen crímenes odiosos.

41Los instrumentos de derechos humanos, pues, no constituyen una nueva filosofía de la historia. No avistan ningún ángel de la historia, ni la aparición de un milagro, motivos caros al marxismo mesianista de un Walter Benjamin. Solo comparten la anticlimática sequedad del razonamiento legal. Son conscientes de que nunca lograrán, en efecto, reparar los daños sufridos por una violencia tan radical que escapa a toda palabra.

3. ¿ES LA MEMORIA UN DERECHO O UN DEBER?

42Pero, si la violencia contra la vida material y cultural de los seres humanos es tan radical que no tiene reparación alguna, tan incomprensible que niega toda palabra, ¿en qué consiste este ejercicio de la memoria que hoy se hace al amparo del proyecto de los derechos humanos a través de instrumentos jurídicos o de instrumentos no jurídicos, pero inspirados de todas formas en aquellos?

  • 9 Louis Joinet, Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los (...)

43Para comenzar, a pesar de lo que podría creerse, no consiste en la juridización de un supuesto derecho a la memoria. Las síntesis avanzadas por los órganos internacionales del sistema de derechos humanos solo afirman que recordar es un deber que le compete al Estado. Como afirma el jurista Louis Joinet, en un texto encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU9, El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y le compete al Estado el asegurarse de que ese acervo doloroso, esa huella de identidad no sea negada por versiones revisionistas, negadoras de los crímenes del pasado. No le corresponde darles la razón a las víctimas; le corresponde asegurarse de que estas no son una y otra vez humilladas por la insolencia de las versiones de los perpetradores que niegan lo que ocurrió o lo justifican en nombre de visiones negadoras de la humanidad de quienes cayeron.

44La afirmación de que el ejercicio de la memoria es un deber y no un derecho es fácil de seguir. En efecto, si tal supuesto derecho hiciera alusión a un ejercicio subjetivo individual, se convertiría en una banal reafirmación de la capacidad privada de recordar o, en todo caso, en una variación del derecho a la libertad de expresión y conciencia, ya ampliamente reconocido y sujeto a una serie de restricciones de ley en distintas sociedades. Si, por el contrario, se refiriese a un ejercicio social, entonces, debería hacer alusión a las distintas colectividades que —inevitablemente— componen una unidad política y, entonces, debería reconocer que cada colectividad afirmaría una versión de la memoria histórica que negaría la humanidad de otras, especialmente en sociedades profundamente divididas, que son aquellas donde estos problemas se levantan.

45Estoy convencido de que la memoria individual es un hecho, no un derecho, y que tampoco puede juridizarse como derecho una ”memoria colectiva”, porque no reconocería las divisiones sociales, y debería conformarse con visiones hegemónicas o sucumbir al riesgo de la competencia de versiones negadoras de la humanidad del otro. Así, por ejemplo, no creo que exista el ”derecho” de afirmar que el holocausto judío nunca existió. No existe el ”derecho” de afirmar que la población blanca sudafricana tenía el privilegio de instaurar el apartheid. No existe el ”derecho” de afirmar que las mujeres coreanas merecían ser esclavizadas sexualmente por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Existen identidades excluyentes y violatorias de la dignidad humana que levantan tales versiones del pasado, pero su expresión es siempre problemática y al Estado le compete el deber de afirmar la defensa de la humanidad de sus ciudadanos y ciudadanas, incluso al extremo de regular o reprimir aquellos ejercicios de expresión ofensivos para la conciencia humana.

46De nuevo, esto puede sonar a una ambición de adueñarse de la historia, pero no es tal. Se trata simplemente de prevenir la pervivencia de ideologías que ya han probado su destructividad y hostilidad a la existencia de un orden democrático basado en la ley, así como de preservar para las víctimas el derecho de llevar a cabo el duelo en condiciones de afirmación de su dignidad humana.

47El derecho que va emergiendo a partir del reconocimiento estatal del creciente respaldo moral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos es mucho más modesto: es el ”derecho a saber” quién cometió qué crímenes contra quién y sobre la base de qué supuestas razones. Este derecho les compete a los familiares de las víctimas, y la emergente afirmación de su preponderancia recoge la experiencia de los familiares de los desaparecidos. En cuanto al ejercicio de la memoria a través de instituciones oficiales, tales como las Comisiones de la Verdad, este busca poner juntas distintas versiones para reconstruir la identidad de colectivos victimizados y proporcionar un marco aleccionador a la sociedad. Ahora bien, una confusión derivada de la peculiar experiencia sudafricana está llevando a que las recientes Comisiones de la Verdad (Sierra Leona, Timor Oriental) recojan también las voces de los victimarios para entender sus motivaciones y el proceso de la violencia.

48Esta experiencia, aún en desarrollo, corre el riesgo de generar una teoría de ”equivalencia moral” surgida de la simpatía que a veces generan los perpetradores de bajo rango, tan marginales como sus víctimas.

49En el caso de la Comisión peruana, uno de los principios no escritos, pero que se ha convertido en parte de nuestro discurso, afirma que —aunque somos políticamente neutrales entre uno u otro grupo— no somos moralmente neutrales y que, en el conflicto entre víctima y victimario, estamos por la víctima.

50Si interpreto bien este principio, esto quiere decir que la Comisión de la Verdad peruana no existe para crear un discurso histórico tranquilizador, ni para desconocer los conflictos profundos de esta sociedad, sino que parte de su reconocimiento para expulsar del imaginario nacional los demonios de narrativas históricas inspiradas en el odio y la intolerancia y para proponer un diálogo (no una nueva gran narrativa) en el que se parta de reconocer, más allá de nuestras diferencias, la inalienable dignidad de cada uno y cada una. Para establecer conexiones con la ponencia presentada en este seminario por Gonzalo Portocarrero, no creo que sea tarea de la Comisión de la Verdad sustituir las ”grandes narrativas” nacionales (la visión criolla y la ”idea crítica”) con una nueva narrativa totalizadora y oficial. Creo que tiene un objetivo aparentemente más simple, pero preñado de consecuencias y posibilidades: la demostración de que es posible instaurar y proteger un espacio público inclusivo en el que se superen dicotomías simplistas.

51Si se entendiese el ejercicio de las Comisiones de la Verdad como un ejercicio colectivo de un supuesto ”derecho a la memoria” de una sociedad supuestamente monolítica, el resultado correría el riesgo de convertirse en una integración forzada de versiones que no pueden ser integradas sin negar la esencia misma de la convivencia humana, o bien en una narrativa floja y cobarde que toma nota de lo que todos dicen, pero no afirma nada.

52De hecho, es el curso del trabajo de las Comisiones de la Verdad existentes el que ha de determinar si se irá en la dirección de consagrar narrativas desleídas y supuestamente consensuales, o si se reconocerá que hay cosas que no se pueden juridizar, porque no existen, porque no pueden existir. No hay una memoria nacional; lo que puede haber, lo que es deseable que haya, es un foro público permanente e inclusivo donde todos nos reconozcamos como iguales y sometamos nuestras distintas memorias con el fin de ejercer ciudadanía alrededor de una verdad en construcción.

Notes

1 ... el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo, considerando 2.

2 Algunas de las normas más importantes de la posguerra son la Carta del Tribunal Militar Internacional en el Acuerdo para el enjuiciamiento y castigo de los mayores criminales de guerra del Eje europeo (Acuerdo de Londres 1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la Prevención y Supresión del Crimen de Genocidio (1948) y los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

3 It is hard now to perceive in these men as captives the power by which as Nazi leaders they once dominated much of the world and terrified most of it. Merely as individuals their fate is of little consequence to the world. What makes this inquest significant is that these prisoners represent sinister influences that will lurk in the world long after their bodies have returned to dust. Discurso de apertura del Fiscal. 21 de noviembre de 1945. Vol. 2, p. 98. Traducción propia.

4 La ley en cuestión (Alien Tort Claim Act) de 1789 fue resucitada en la década de 1980 y ha resultado en sentencias por miles de millones de dólares como reparación a las víctimas. Ver Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 1999, Oxford: Oxford University Press, pp. 80-92.

5 Solo en Africa, veintidós países tienen algún tipo de legislación sobre jurisdicción universal. Conversación del autor con Ariana Pearlroth, directora del proyecto Jurisdicción Universal de la organización Redress en Londres.

6 Ver Tzvetan Todorov, Memoria del mal, tentación del bien, 2002, Barcelona: Península, cap. 4: Los usos de la memoria.

7 Ver Mark Gibney & Eric Roxtrom, The Status of State Apologies”, En: Human Rights Quarterly, vol. 23, Nr. 4., 2001, The Johns Hopkins, University Press.

8 Deborah Posel, The TRC Report. What Kind of History? What Kind of Truth? En: Graeme Simpson & Deborah Posel, Commissioning the Past. Understanding South Africa’s Truth and reconciliation Comission, 2002, Johannesbug: Witwatersrand University Press.

9 Louis Joinet, Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, fundamentado por M. Joinet en aplicación de la resolución 1995/35 de la Subcomisión. ONU - Organización de Naciones Unidas. E/CN. 4/ Sub. 2/1996, 13 junio de 1996.

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