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Visiones de fin de siglo

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et al.

Movimientos, actores y estructuras sociales en Bolivia y América Latina

El movimiento minero y la democracia: el derrumbe del sindicalismo revolucionario

Magdalena Cajías de la Vega

Texte intégral

Introducción

1Desde 1982, la democracia representativa ha sido implantada en Bolivia, sucedién-dose desde entonces cinco gobiernos constitucionales. Para nadie es extraño que la instauración de este sistema político fue resultado de un largo proceso de luchas más o menos generalizadas contra los sucesivos gobiernos militares. Tampoco que, en ese proceso, el concurso del movimiento obrero aglutinado en la Central Obrera Boliviana (cob) bajo la dirección del movimiento minero agrupado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (fstmb), fue decisivo.

2Sin embargo, estas verdades no dan cuenta de los sentidos manifiestos u ocultos que la sociedad boliviana en su conjunto y el movimiento obrero y popular, en particular, otorgó a la lucha por el retorno a la democracia.

3Es verdad, que la debacle del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (udp-1982-1985) dio mucho qué pensar al respecto, provocando la elaboración de varios textos reflexivos como “Democracia a la Deriva” (ceres, clacso: 1987) y “Repensando el país” (Movimiento Bolivia Libre: 1987), entre otros, siendo buena parte de ellos escritos por sociólogos y políticos involucrados directamente en los acontecimientos.

4Por otro lado, el estallido de la crisis del movimiento obrero y, en particular, la casi desaparición del movimiento minero ocurrida durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y que continuó profundizándose en los siguientes gobiernos, fue también analizada en varias publicaciones posteriores. La mayoría de ellas, buscaron las causas del desmoronamiento de las estructuras sindicales obreras y de su capacidad de presión política y social en defectos inherentes a su pasado, aunque también en las políticas “neoliberales” del gobierno movimientista y, en especial, en los efectos negativos del decreto 21060 dictado en 1985, que “relocalizó” (echó de las minas) a la mayor parte de esa fuerza laboral.

5No pretendo discutir aquí las distintas interpretaciones que han circulado profusamente en la última década sobre la crisis del movimiento obrero, la pérdida de eficacia de la cob, ni la casi desaparición de la FSTMB, aun cuando considero que algunas de ellas son sólo respuestas a intereses coyunturales de ciertos grupos y que carecen de una necesaria interpretación histórica.

6Lo que pretendo hacer es mucho más modesto, es decir, tratar de responder (y, sin duda, lo haré sólo parcialmente) a dos preguntas que no han estado planteadas centralmente en los debates alrededor del movimiento obrero y minero; en particular, en el tema que nos ocupa, es decir, sobre su desenvolvimiento durante la actual etapa democrática.

7Las preguntas que formulo, son:

  1. ¿Por qué el movimiento minero se involucró en la lucha por la democracia y en qué medida esto atentó contra un “proyecto autónomo”?
  2. ¿Qué significó para los objetivos y las esperanzas del movimiento minero la instauración y continuidad del sistema democrático representativo?

8Indagar sobre las posibles respuestas a estas preguntas nos obliga a trascender la coyuntura en cuestión y a escudriñar en comportamientos sociales, características organizacionales, elementos políticos e ideológicos y, sobre todo, en la proyección colectiva del movimiento minero, porque consideramos que todos estos elementos se forjaron y sustentaron a lo largo de varias décadas como resultado de experiencias, memoria y acumulación históricas, en gran medida, de carácter “autónomo”. Es decir, que prefiguraron o convergieron en un “corpus” ideológico y en prácticas sindicales de dimensión social y política muy particulares e “inherentes”, o, en otras palabras, estructuradas desde la base, desde las entrañas mismas del movimiento.

Pautas ideológicas y principios de acción del movimiento minero boliviano

9¿Por qué el movimiento minero se involucró en la lucha por el retorno a la democracia? ¿Cómo afectó esto a su “proyecto autónomo”?, son preguntas que consideramos pueden contribuir a desenmarañar y explicar la posterior crisis de este actor social que, a fines del siglo xx, ha dejado de ser lo que fue, es decir, uno de los actores más combativo y contestatario de nuestra historia contemporánea.

10Un primer paso para acercarnos a esas respuestas es descubrir qué tipo de ideología o qué bases programáticas sustentaron históricamente el carácter combativo y contestario manifestado indiscutiblemente y durante décadas por sus comportamientos sindicales y políticos y que, como veremos, no incluían la democracia representativa como parte de su imaginario social.

11Al respecto, hay muchas interpretaciones que señalan que el “proyecto” político y social del movimiento minero fue la instauración del socialismo, principalmente a partir de su ruptura con el nacionalismo revolucionario, ubicada más o menos a principios de la década de los sesentas, etapa que coincide con la crisis del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr), como conductor político del proceso abierto por la revolución popular de abril de 1952.

12Aunque se puede rastrear la presencia del “discurso socialista” en los dirigentes mineros (la mayoría de los cuales militaban desde esa época en los partidos de la izquierda marxista), en las distintas tesis políticas emanadas en sucesivos congresos (sobre todo, en el de 1970), así como en las bases (como pude comprobarlo al escuchar asambleas grabadas por las radios mineras y a través del trabajo de campo), sostengo la hipótesis de que no fue la “lucha por la instauración del socialismo” lo que marcó sustancialmente el carácter combativo y contestario de ese movimiento.

13Lo que planteo es que los comportamientos sociales, sindicales y políticos del movimiento minero, que combatió a gobiernos civiles y militares, que luchó denodadamente por sus reivindicaciones, que logró irradiar su conducción a vastos sectores de la sociedad boliviana, que hegemonizó la cob, que probó ser capaz de involucrarse en luchas menos sectoriales, que provocó intenso temor en sus adversarios y represión sistemática contra sus cuadros y sus bases sindicales, estuvieron fuertemente marcados por una “forma” de ideología y acción sindical a la que ellos mismos denominaron “sindicalismo revolucionario”.

El sindicalismo revolucionario

14Este concepto, no nuevo en el contexto internacional, y fuertemente ligado al anarcosindicalismo, en el caso del movimiento minero boliviano, fue, en realidad, estructurado y acuñado a partir de la manera en que los mineros bolivianos organizados en sindicatos aprendieron de sus experiencias históricas, acumularon memoria y proyectaron su rol en la sociedad boliviana y en la búsqueda de transformaciones estructurales que dieron sentido a sus luchas.

15En otras palabras, el “sindicalismo revolucionario” sintetizó la acumulación histórica (memoria) con el proyecto social (orientaciones ideológicas y políticas) y permitió que el movimiento minero forje su identidad de clase más allá de la clásica discusión sobre si esa identidad se proyectó en una conciencia de clase en sí o para sí.

16Ahora bien, sus bases constitutivas se pueden rastrear incluso en la “etapa formativa”, es decir, en las primeras décadas del siglo xx, cuando miles de ex-campesinos, ex-arte-sanos, ex-comunarios, ex-arrieros, etc., vivieron el proceso de proletarización en las boyantes minas estañíferas y comenzaron a construir la “colectividad minera”, para posteriormente enfrentarse a las empresas y al Estado, participar centralmente en la destrucción de la oligarquía y en la revolución de 1952, hasta convertirse en un actor social fundamental del devenir histórico de la Bolivia contemporánea.

17Dado que éste no es el lugar para profundizar al respecto, me limitaré a construir esquemáticamente qué se entendió por “sindicalismo revolucionario”, a partir del análisis de una profusa documentación consultada y que emanó tanto a nivel de los dirigentes como de las bases del sindicalismo minero, así como de sus prácticas y comportamientos sociales a lo largo del siglo xx.

18Antes de ello, debo hacer notar que en esa revisión documental encontré que sólo desde principios de la década de los sesentas el movimiento minero utilizó explícitamente ese concepto, el sindicalismo revolucionario, aunque, como ya lo señalé, sus bases constitutivas aparecieron mucho antes.

19Así, el sindicalismo revolucionario, que se refiere tanto a pautas ideológicas como a principios prácticos del accionar sindical, se apoya a nivel de las pautas ideológicas, en:

  1. La conciencia de pertenencia a una colectividad: Los trabajadores mineros, por una serie de condiciones especiales, presentes en los campamentos mineros, como alta socialización dentro y fuera del trabajo, aislamiento geográfico, fuertes concentraciones de trabajadores, desarrollo de una “cultura minera” de rasgos andino-mestizos y otros, desarrollaron una conciencia de pertenencia a una colectividad o a un “nosotros”, que no sólo se circunscribió al ámbito productivo. Esta conciencia de pertenencia a una colectividad, por otra parte, fue construida con visión positiva, es decir, con manifiesto orgullo y hasta cierto sentido de superioridad.
  2. La identificación de los adversarios de clase: La acumulación de experiencias de innumerables luchas reivindicativas del proletariado minero condujeros, por sus características, al descubrimiento del “otro” como adversario, es decir, como contrario a sus intereses, llámese éste empresas mineras (Patiño, Hoschild Aramayo, etc.), Corporación Minera de Bolivia (comibol), o finalmente el Estado mismo, al ser éste último percibido como defensor de los intereses de esos “enemigos”.
  3. La lógica de la confrontación: La permanente actitud represiva de las empresas y el Estado frente a las reivindicaciones de los trabajadores mineros contribuyó decisivamente a que las luchas emprendidas en defensa de determinadas reivindicaciones se inscriban en la lógica de la confrontación. Aunque es evidente que también se utilizaron métodos pacíficos o “legales”, el enfrentamiento o lo que ellos mismos denominaron “acción directa de masas” fue predominantemente utilizada antes y después de la revolución de abril de 1952. Esto, porque fue creciendo la convicción de que “era la única manera” de conseguir resultados positivos a sus luchas.
  4. La conciencia de centralidad económica: La importancia central de la minería para la economía nacional, al ser la mayor fuente de ingresos fiscales por concepto de divisas y otros, otorgó a la fuerza de trabajo minero la “tarea” productiva más valorada en el ámbito nacional. Esta realidad sólo desmentida a mediados de la década de los ochentas, fue asumida por el proletariado minero como un privilegio y un instrumento favorable a sus luchas. Como se sabe, ningún movimiento minero que paralizara las actividades productivas fue visto con indiferencia, no sólo por las empresas sino por los administradores del Estado.
  5. La conciencia de ser “vanguardia ” de los sectores populares y oprimidos: En la medida en que las características de sus luchas se riñeron de heroísmo, valentía, combatividad y capacidad de presión, el movimiento minero fue reconocido por la sociedad en su conjunto y sus adversarios de clase como capaz de liderizar a otros grupos. Aunque, en realidad, muchas veces eso no ocurrió, la autoconciencia de ser “vanguardia” se plasmó predominantemente en la posibilidad que tuvo de imponer su hegemonía al interior de la cob y, en algunos momentos, de lograr aglutinar tras de sí a vastos sectores de la clase media, a los otros sectores obreros e incluso a algunas organizaciones campesinas. Esta imagen se proyectó también fuera de nuestras fronteras nacionales.
  6. La conciencia de ser portadores de un proyecto de transformación: Pese a que éste es uno de los elementos más complejos, cuando se trata de analizar las pautas ideológicas del movimiento minero a lo largo de su historia es posible que más allá de sustentar un proyecto de transformación claramente estructurado o programáticamente definido, como lo hacían las dirigencias, el movimiento minero (de base) sustentó casi invariablemente demandas dirigidas a cambios tanto coyunturales como estructurales referidos básicamente a justicia social, libertades “democráticas” (sobre todo, derecho a la organización sindical), oportunidades de mejora económica, social y cultural, control del aparato productivo minero (no necesariamente de manera total), participación en la toma de decisiones del Estado, participación en el desarrollo nacional y otros. La politización de estas demandas fue casi siempre el resultado de su articulación con un concepto englobante, que dio un sentido más amplio y complejo a sus luchas, y que pudo irradiarse a otros sectores de la sociedad: el concepto de “revolución”. Este fue permanentemente asumido aun cuando no siempre estuvo claro qué tipo de sociedad se quería construir luego de conseguido el cambio.
  7. Voluntad de poder: Aunque aparentemente el movimiento minero se habría quedado estancado en una lucha reivindicativa de carácter sectorial, muchas de sus acciones lo desmienten. Esto se debe, principalmente, a que esas luchas reivindicativas estuvieron casi siempre teñidas de un desafío abierto al poder y acompañadas de una manifiesta voluntad de poder. Sin embargo, tampoco aquí se trata de la voluntad de poder de clase que se expone en los manuales marxistas, pues el poder que se busca, que se cree sustentar, que se pelea palmo a palmo, es esencialmente un poder que no implica necesariamente el control del gobierno (ni mucho menos el establecimiento de la “dictadura del proletariado”), sino que se circunscribe o, mejor aún, se ejerce en la sociedad y contra el Estado. Es entonces un imaginario de poder más cercano al anarquismo o a formas de “autodeterminación” que al poder proletario que la visión de la izquierda marxista pretendió siempre inculcarles.

20En relación a los principios básicos del accionar sindical, podríamos caracterizar a éstos básicamente en:

  1. El universalismo del sindicato: El fuerte sentido de pertenencia a una colectividad percibida como igualitaria (aun cuando en los hechos no lo era totalmente) y fraterna estuvo en la base del hecho de que cuando se desarrolló el sindicalismo, éste fuera visto como la organización de clase a la que todo trabajador minero debía pertenecer. El sindicato fue rápidamente convertido en una institución que no permitía ni daba lugar a las exclusiones, para lo cual siempre se ejerció un fuerte control social. Además, en una institución que no se limitó a tareas tradicionales, cumpliendo roles más amplios y complejos. Cuando se creó la fstmb, en 1944, y a lo largo de su existencia, prevaleció ese sentido universalista de la afiliación sindical, siendo mal vistos los centros mineros que no se adscribieran a ella, situación que prácticamente nunca se dio, con excepción de un corto periodo de división fomentada en el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1956-1960).
  2. El principio de la “democracia sindical”: Aunque a veces confundido con conceptos como “centralismo democrático” u otros parecidos introducidos por los partidos de izquierda, este concepto, principalmente desde las bases, aludió a distintos elementos. En primer lugar, a privilegiar la amplia participación de las bases en la toma de decisiones, que se tradujo en la práctica generalizada (más posible en periodos de menor represión) del asambleismo. También implicó el derecho a esa participación de todas las corrientes ideológico/políticas presentes en el seno del movimiento minero. Finalmente, a la subordinación de los dirigentes a las bases.
  3. La búsqueda del consenso: Aunque conscientes de la necesidad de aceptar el pluralismo (político y sindical) en el seno de sus organizaciones sindicales, los trabajadores mineros practicaron permanentemente la búsqueda del consenso en la toma de decisiones, tanto a nivel local como nacional. Para ello, utilizaron mecanismos de consulta, deliberación y participación democráticas, generalmente de carácter directo (asambleas), aunque también representativo (ampliados, congresos).
  4. La independencia de clase: Que es otro concepto derivado del anarcosindicalismo, aludió, principalmente, a la necesidad de preservar la autonomía de sus organizaciones frente a los partidos políticos, a los gobiernos y al aparato estatal. Esto no quiere decir que se practique el “apoliticismo”, ni que los partidos políticos no tengan gran influencia en la vida sindical. Se trató, ante todo, de no convertir ninguna expresión político-partidaria en la conductora exclusiva del movimiento sindical y que la lógica sindical autónoma prevalezca sobre la lógica político-partidaria.
  5. La inclusión de las mujeres en la lucha sindical: Las mujeres de las minas, tanto como trabajadoras (tomando en cuenta que la fuerza de trabajo femenina casi desapareció en los centros mineros después de 1952), como ejerciendo una serie de oficios en los campamentos mineros y como esposas de los trabajadores, se involucraron desde muy temprano en las luchas del proletariado minero. Sin embargo, sólo desde la década de 1960 lo hicieron de manera orgánica a través de los llamados “Comités de Amas de Casa”, que fueron reconocidos por los sindicatos locales y la fstmb. Mediante esas organizaciones, las “mujeres mineras” contribuyeron eficazmente en la lucha de los trabajadores y del pueblo boliviano en su conjunto.
  6. El control de la cob: Parte de la fuerza del movimiento minero desde 1952 se apoyó en su presencia hegemónica en la cob. Esta organización matriz, en la que participaban innumerables organizaciones obreras, de clase media y campesinas, tuvo como ejemplo, conductor y orientador permanente a la fstmb. Las lógicas de acción sindical e incluso el “proyecto” minero fueron asumidos por ella, principalmente por sus dirigencias, lo que no quiere decir que no se hayan presentado conflictos de intereses con otros sectores que la componían.
  7. La huelga (insurreccional) como principal instrumento de lucha: Desde antes de abril de 1952, el proletariado minero utilizó la huelga (parcial, general, de corta duración, indefinida) como principal instrumento de lucha, la que muchas veces estuvo acompañada con actitudes insurreccionalistas. Estas se expresaron en forma de motines, armamento obrero, enfrentamiento armado de corta duración (nunca en forma de guerrillas o de carácter sostenido), toma u ocupación de ciudades (principalmente las ciudades mineras de Oruro y Potosí y el centro del poder estatal, La Paz), etc. A partir de la insurreción popular de 1952, quedó arraigada en el movimiento minero la idea de que repitiendo lo que el pueblo había hecho en esa oportunidad era posible que los obreros derrumbaran una y otra vez el poder.

21Ahora bien, tanto las pautas ideológicas como los principios de acción del sindicalismo revolucionario, algunas de cuyas características fueron descritas más arriba, fueron dinámicos, puestos a prueba, adaptados, abandonados o reasumidos, y deben ser estudiados desde una perspectiva histórica, es decir, tomando en cuenta realidades y condiciones propias de determinados contextos históricos y de carácter nacional (e incluso internacional) en los que el movimiento minero se involucró y actuó. Por otro lado, se debe analizar cómo se conjugaron, articularon o entraron en contradicción con las influencias ideológicas introducidas desde fuera del movimiento minero, principalmente con el “anarquismo”, el “nacionalismo revolucionario” y el “socialismo”.

22Sin embargo, creemos que tanto las pautas ideológicas como los principios de acción sindical descritos más arriba y que consideramos como “inherentes” al movimiento minero fueron asumidos y asimilados como tradición y formaron parte sustancial y central de su memoria y acumulación históricas y, por lo tanto, de su devenir como clase social explotada.

23Para terminar de ilustrar someramente el transfondo del sindicalismo revolucionario, citaremos algunos ejemplos discursivos en los que de manera dispersa pero reiterativa se hace alusión a determinadas percepciones que tienen que ver con lo expuesto hasta aquí.

24En las muchas veces citada “Tesis de Pulacayo” (aprobada en el Congreso Extraordinario Minero de 1946), cuya redacción se atribuye al trotskista Guillermo Lora y su contenido a esa tendencia marxista, se dice:

“La FSTMB tiene absoluta independencia con relación a los sectores burgueses, al refor-mismo de izquierda y al gobierno. Realiza una política sindical revolucionaria y denuncia como traición toda componenda con la burguesía o con el gobierno”.

25Y, más adelante: “Toda huelga es el comienzo potencial de la guerra civil y a ella debemos ir debidamente armados” (..)

“Reivindicamos el lugar de preeminencia que corresponde, entre los métodos de lucha proletaria, a la acción directa de masas. Sabemos sobradamente que nuestra liberación será obra de nosotros mismos y que para conseguir dicha finalidad no podemos esperar colaboración de fuerzas ajenas a las nuestras”.

26Ese mismo año, dos documentos emitidos por sindicatos de base, expresan nuevamente orientaciones “inherentes” o “autónomas” de la lucha minera. En el primero de ellos se dice:

“Ha sonado el toque de alerta, la hora decisiva del momento trágico de ser o no ser: respetados porque somos hombres; porque somos parte de la nacionalidad, porque constituimos una fuerza viva, consciente y organizada; porque somos el sostén mismo de esta Bolivia (...)”. “Deseamos justicia social, libertad de reunión, libertad de pensamiento, libertad de palabra (...)” (Llallagua, 27 de julio de 1946, Archivo personal de Sinforoso Cabrera).

27En el segundo, se afirma:

“Sepan todos si es que no están lo suficientemente convencidos todavía que es el minero quien extrae de las entrañas de los cerros, a fuerza de padecimiento y sufrimiento, el mineral que ha mantenido y sostiene la economía nacional”.

28Y concluyen el documento señalando: “Quien combate al minero, combate a Bolivia” (Catavi, 1 de noviembre de 1946, Archivo personal de Sinforoso Cabrera).

29Más de diez años después, la tesis política aprobada en el Congreso Minero de Colquiri (1958) y redactada por militantes poristas y comunistas unidos contra los movimientistas, señala:

(La cob y los sindicatos), “por el desarrollo peculiar de nuestra revolución, han desempeñado un triple rol: organismo sindical, partido político y órgano de poder de los trabajadores”. (...) “[ha] llegado el momento de convertir a la organización sindical en sustentadora plena del poder, sin intermediación del partido político” (...) “Nosotros somos el sector más proletarizado, más combativo alrededor de una acción sindical, de un programa político de clases y por esta razón será de vital importancia que señalemos el rumbo al que deba marchar la clase trabajadora” (...) “Los mineros constituimos uno de los más poderosos y firmes baluartes de la Revolución Nacional, de este proceso histórico que trata de liberar a toda la nación de la opresión del imperialismo y los resabios feudales” (“Tareas y Programa del Proletariado Minero”, sidis).

30En un ampliado minero realizado en 1965, el dirigente Sinforoso Cabrera explicaba el carácter del sindicalismo minero, así:

“La Federación de Mineros y el sindicalismo revolucionario tienden un puente para que todas las posiciones políticas pasen. La crítica y autocrítica es el mejor instrumento del sindicalismo revolucionario (...). Debemos decir nuestra verdad como una confesión leal y sincera en nombre de la combatividad y la comprensión de nuestra clase, no como átomos del proletariado” (Radio Pio xx, grabaciones).

31En el histórico congreso minero de 1970, la tesis política aprobada fue bautizada como “tesis socialista” y, posteriormente, refrendada por el iv Congreso de la cob de ese mismo año. En ella se señala:

(...) “el sistema de organización y funcionamiento de la cob es consecuencia de las características del sindicalismo revolucionario por el que junto a las funciones reivin-dicativas comunes de todo tipo de sindicalismo, tiene fundamental y predominantemente funciones políticas y de poder” (subrayado mío).

32Y más adelante:

“La apertura nacionalista y democrática no debe servir para adormecer las fuerzas motrices de la revolución, para instrumentalizar desde arriba a los trabajadores, para hipnotizar y confundir al movimiento obrero. La independencia de clase que hemos ganado nos indica una tarea: sólo el proletariado hará la revolución hasta el fin y nos llevará del nacionalismo al socialismo (...)”.

Sindicalismo revolucionario y Asamblea Popular

33Aunque pocas veces se lo reconoce así, el movimiento minero boliviano llegó a la revolución de abril de 1952 con gran parte de su “tradición” desarrollada, acumulada y probada en numerosas batallas contra las empresas mineras y el Estado. Sin embargo, no cabe duda de que su participación central en la destrucción del sistema oligárquico y en el triunfo de la insurección popular de abril de 1952, marcó un momento “fundacional” en su autoafirmación como clase y en su “identidad positiva”.

34Es verdad que la alianza con el mnr, conductor político de la Revolución Nacional (que abrió un nuevo ciclo histórico nacional y estatal), desvió coyunturalmente la posibilidad de que el movimiento minero sustente un proyecto autónomo de transformación y conduzca a los otros sectores populares en pos de una auténtica revolución, es decir, a una que rebase los límites impuestos por el nacionalismo-burgués del movimientismo.

35Sin embargo, también es cierto que los sindicatos mineros de base, por encima de las direcciones comprometidas con el proyecto movimientista, mantuvieron latentes sus propias perspectivas frente al proceso abierto el 52, las que, de una u otra manera, marcaron la posibilidad de mantener márgenes de autonomía e impidieron la cooptación plena de las organizaciones obreras por el nuevo poder político.

36No es este el lugar para hacer un recuento histórico exhaustivo de esas perspectivas propias, por lo que baste citar algunos ejemplos, como el hecho de que los obreros de las minas lograron imponer la vigencia de sus milicias armadas, la nacionalización de las minas, el control obrero con derecho a veto, el pluralismo político al interior de los sindicatos, la total libertad sindical, amplios beneficios sociales y otros, principalmente durante el primer gobierno movimientista (1952-1956), decisivo para la memoria histórica del proletariado minero.

37Por otro lado, el rápido deterioro de las relaciones entre el partido de gobierno y el movimiento obrero ocurrido a partir del segundo gobierno del mnr dirigido por Hernán Siles Zuazo (1956-1960), como consecuencia de la aplicación de la Estabilización Monetaria de carácter liberal y antipopular, permitió que el movimiento minero comience a vivir un proceso de recuperación e incluso de estructuración de su perspectiva clasista. En ello, fue clave el hecho de que se empezara a percibir como “ajena” a sus intereses a la Revolución Nacional, como “adversarios” a los administradores de la minería nacionalizada (burócratas de comibol) y como “enemigos de clase” a los conductores del gobierno y a los líderes históricos de la revolución del 52, con excepción del máximo dirigente de la cob y de la fstmb, Juan Lechín Oquendo.

38También contribuyó a ese deterioro la organización realizada por Siles Zuazo de los “Bloques Reestructuradores” de la cob y la fstmb, en 1957, de carácter oficialista. Sus dirigentes, elegidos a dedo y amparados en milicias armadas apoyadas desde el Ministerio de Gobierno, utilizaron la fuerza y métodos totalmente contrarios a las tradiciones democráticas del sindicalismo, por lo que, en el caso del sector minero, sólo lograron agrupar a menos de un tercio del total de obreros sindicalizados, mientras la mayoría prefirió mantenerse en la fstmb “legítima”.

39Durante el tercer gobierno del mnr, otra vez bajo la conducción de Paz Estenssoro ( 1960-1964), la aplicación del Plan Triangular que eliminaba las más importantes conquistas sociales de los obreros de las minas, restringía la actividad sindical, anulaba el control obrero, buscaba excluir de la actividad sindical a los dirigentes de tendencias mar-xistas y se subordinaba a las directivas del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional (fmi), fue el elemento crucial de la ruptura del movimiento minero con el gobierno movimientista.

40Así, el contundente rechazo de los sindicatos mineros a la implementación del Plan Triangular provocó el estallido de graves conflictos en los centros mineros y la utilización de la fuerza y la represión por parte del “gobierno popular”. Las huelgas llevadas adelante, acaudilladas por el sindicato de Siglo xx y principalmente por dirigentes poristas y comunistas, reprodujeron los comportamientos de confrontación abierta y de acción directa de la década de los cuarenta, aunque también se incorporó la experiencia de su participación en la revolución de abril y de su relacionamiento con el mnr.

41Los congresos, conferencias y ampliados de la época, en especial el histórico Congreso de Colquiri (1963), reflejan vehementemente que se había producido una ruptura con el movimientismo, ya que para los obreros de las minas, la Revolución Nacional había sido traicionada por sus gestores políticos, se había auspiciado la emergencia de una nueva clase dominante (la burguesía proimperialista), abandonado las “banderas de abril” y desarrollado políticas antipopulares y antiobreras. Estas percepciones llevaron a que, al menos discursivamente, el nacionalismo revolucionario comenzara a ser reemplazado por el socialismo.

42Más importante que eso es que, durante los cuatro años de confrontación, las pautas ideológicas y los principios de acción del sindicalismo revolucionario comenzaron (o volvieron) a ser centrales en el accionar sindical y político del movimiento minero. Esto puede verificarse, por ejemplo, si se analiza con detenimiento las características de la huelga minera de diciembre de 1963, en la que una decena de técnicos norteamericanos y bolivianos fueron tomados como rehenes en Siglo xx y que concluyó en una fuerte represión y la salida definitiva de Lechín del mnr.

43Así, como señaló René Zavaleta Mercado, “[La] historia de los obreros en el mnr será la historia de su creciente diferenciación con el propio movimiento democrático en general. La lucha por conservar su identidad dentro del lugar de su alianza con las otras clases será a la vez la que configure la construcción de su independencia de clase” (Zavaleta Mercado, René, “El proletariado minero en Bolivia”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. xl, Número II, México, 1972).

44Aunque la caída del mnr, que se produjo en noviembre de 1964, fue el resultado de la acumulación y confluencia de diversas condiciones políticas y sociales, como la generalizada oposición ante el autoritarismo y la corrupción desmedida del régimen, el desmarque de los militares de su alianza con el mnr, la deslegitimación del gobierno a nivel internacional, etc., fueron los obreros, y particularmente el movimiento minero, quienes contribuyeron de manera más decisiva a su desgaste. Sin embargo, el 4 de noviembre se produjo un resultado perverso para estos últimos, al asumir la Presidencia de la República un militar formado en la Doctrina de Seguridad Nacional y en el pensamiento antimarxista, el Gral. René Barrientos Ortuño. Este pronto demostraría que aunque estaba dispuesto a aliarse a los campesinos para convencer al país de que era un continuador de la dimensión populista de la revolución del 52, no toleraría el poder político y sindical acumulado por otro de los actores de ese proceso, el movimiento minero.

45Así, Barrientes no dio tregua a los mineros con políticas como la rebaja de sus salarios en mayo de 1965 (como parte de la aplicación de la II fase del Plan Triangular), el despido de cientos de trabajadores mineros y dirigentes sindicales de sus fuentes de trabajo, el desarme por la fuerza de sus milicias (mayo y septiembre de 1965), la ocupación militar de las minas (1965, 1967), el inicio de juicios penales contra dirigentes, el asesinato de los más destacados conductores del sindicato de Siglo xx (César Lora, Isaac Camacho, Federico Escóbar), la conculcación absoluta de las libertades sindicales, la anulación real del control obrero y las célebres masacres de mayo y septiembre de 1965 (que involucró a varios centros mineros), y la de la Noche de San Juan, del 24 de junio de 1967, ocurrida en Siglo xx.

46La represión y persecusión continua a los dirigentes sindicales de la fstmb y a los sindicatos de base llevó a la familia minera a vivir uno de los periodos de mayor angustia, inseguridad y zozobra, lo que rápidamente condujo a una generalizada oposición al gobierno militar y a un auténtico y profundo resentimiento hacia Barrientes.

47A nivel sindical, se produjo una verdadera radicalización de las dirigencias de la fstmb y de los sindicatos de base, la mayoría de los cuales pasaron a ser conducidos por militantes de tendencias marxistas. A pesar de la represión, y gracias a la solidaridad y al respaldo de los trabajadores de base, éstos pudieron funcionar como “sindicatos clandestinos”.

48Justamente, fueron estas circunstancias de persecusión y represión las que permitieron una convivencia estrecha de los dirigentes con las bases sindicalizadas y con la familia minera (al respecto, hay que recordar que muchos de los dirigentes perseguidos vivían y dormían en el interior de las minas, donde sobrevivían por el apoyo de sus compañeros y los “comités de amas de casa”) y derivó en un fortalecimiento de la concepción de “colectividad minera”, así como en la reafirmación del “nosotros” frente al “otro”.

49Por otro lado, aunque la mayor parte de los dirigentes sindicales eran militantes de distintos partidos políticos de izquierda, estuvieron predominantemente subordinados a las directivas de las bases y no a sus aparatos políticos. Un ejemplo muy claro de esto fue el comportamiento de Federico Escóbar, dirigente de Siglo xx y a su vez del Partido Comunista de Bolivia, primero, y del Partido Comunista Marxista Leninista (pcml), después. Además, se fortaleció la “independencia sindical” y se practicó ampliamente el asambleismo (fuera y dentro de la mina). Y, como un elemento fundamental, el Estado, concebido como el núcleo del poder y de la represión que se ejercía sobre ellos, fue percibido como un enemigo irreconciliable, lo que llevó incluso a la declaración, en 1967, de “territorios libres” o de “extraterritorialidad” de algunos centros mineros.

50Ahora bien, si se trata de averiguar sobre qué tipo de proyecto global, político y social estaba detrás del abierto enfrentamiento del movimiento minero con el gobierno barrientista, lo que podemos encontrar es que, nuevamente, no existe una propuesta orgánica de toma o control del poder en función de los intereses y la dirección proletaria. Eso, incluso siendo evidente la incorporación del socialismo al discurso sustentado en la época.

51La mayoría de los pliegos de peticiones, de los manifiestos emitidos por los sindicatos de base, de las demandas esgrimidas cuando se declaraban huelgas, etc., aluden básicamente a la defensa de derechos económicos y sociales sectoriales y, sustantivamente, al derecho al ejercicio libre y democrático de sus organizaciones sindicales. Es decir que, aparentemente, lo que realmente importaba era poder ejercer sin limitaciones las actividades sindicales para obtener respuesta a sus intereses de parte de los gobiernos de turno.

52Veamos, por ejemplo, los puntos principales esgrimidos, en un pacto firmado por la fstmb y los trabajadores ferroviarios, en enero de 1967, en el que se incluyen algunas demandas de carácter nacional, desde la perspectiva, creemos, del nacionalismo revolucionario.

  1. Defensa intransigente del fuero sindical y respeto absoluto a los dirigentes laborales elegidos legítimamente por los trabajadores de base, aunque éstos no sean reconocidos por el Ministerio de Trabajo.
  2. Oposición a toda dictadura y lucha sin cuartel contra la arbitrariedad de los amos de turno.
  3. Lucha solidaria por la reposición de sueldos y salarios de los mineros y aumento general de sueldos y salarios para la clase trabajadora del país.
  4. Lucha intransigente por la inamovilidad de los trabajadores, así como trato justo y humano por parte de las empresas. Abastecimiento de pulperías, provisión oportuna de ropas de trabajo, modernización de los instrumentos de trabajo, asistencia médica, hospitalaria y de drogas.
  5. Lucha intransigente porque en Bolivia la instalación de los hornos de fundición sea una realidad y no un simple enunciado.
  6. Encaminar el paso de mineros y ferroviarios hacia la defensa de la soberanía nacional y sus riquezas naturales. Condenar la entrega de reservas del Estado a consorcios extranjeros y propugnar una política nacional realista para levantar las entidades estatales.
  7. Lucha intransigente por la creación de nuevas fuentes de trabajo.
  8. Unidad proletaria y defensa mutua en el campo social, económico, cultural y de política sindical que confrontan las organizaciones pactantes o sus filiales en los distritos que se encuentran bajo su jurisdicción” (Firman por los ferroviarios Guillermo Aranda Brun, y por los mineros, René Chacón y Adrián Carpio; Presencia, 12 de enero de 1967, pág. 1).

53Sin embargo, lo que diferencia al movimiento minero de otros sectores laborales que también luchaban por reivindicaciones económico-sociales y por el ejercicio sindical sin restricciones, es que detrás de estos supuestos aparentemente limitados, existía una voluntad de poder suficientente poderosa como para transformar sus luchas reivindicativas en auténticas luchas contestatarias y a sus organizaciones sindicales en una especie de “órganos de poder”. Una voluntad de poder que concebía que el ejercicio sindical sin limitaciones aseguraba su “autodeterminación”, proyectada desde y con la sociedad (la colectividad minera y todos sus posibles aliados), contra el Estado (controlado por sus enemigos de clase, a quienes había que debilitar y expulsar).

54De esa manera, su beligerancia no fue gratuita, como tampoco su valentía y su desprendimiento de la vida cuando se trataba de jugarse el “todo o nada” o se planteaban llegar “hasta las últimas consecuencias”. En ese contexto, las pautas ideológicas y los principios de acción del sindicalismo revolucionario permitieron politizar la lucha sindical porque la dotó de un elemento central de la política: la búsqueda de ejercicio del poder. ¿Importa entonces que ese poder no sea necesariamente la toma del gobierno?

55Para ilustrar un poco cómo vivía el proletariado minero su beligerancia contestataria, citemos estos documentos:

56En una asamblea realizada en la Plaza del Minero de Siglo xx, el posteriormente asesinado dirigente minero Isaac Camacho, se refiere a su rol de dirigente en los siguientes términos:

“Los compañeros nos conocen a nosotros; jamás, compañeros, nos hemos vendido a nadie. Hemos mantenido nuestra línea en forma intransigente, limpia y valientemente. No hemos dicho que por este canal o reclamando por estas cosas nosotros nos vamos a hacer grandes. En la mente del compañero Filemón Escóbar y en la mía no hay ese criterio (...) La victoria final ha de ser de nuestra parte. No han de vencernos las bayonetas. No han de vencernos los cañones. Los que vamos a vencer y los que tenemos la justeza somos los obreros y la historia está con nosotros (...) Me enorgullezco, compañeros, de servir en circunstancias tan difíciles para el movimiento minero pero quiero ponerme a la altura de la combatividad de mis compañeros mineros, quiero ponerme a la altura de este glorioso sindicato de Siglo xx” (Radio Pío xii, grabaciones).

57Y un comunicado del sindicato de San José, señala:

“Hasta ahora hemos estado soportando pero todo se acabó (...) los mineros de San José plantearemos (al ampliado minero que se realizaría en esos días) que de una vez ingresemos a la lucha abierta contra comibol y el gobierno, enemigo jurado del trabajador” (Presencia, 18 de febrero de 1967).

58Durante el gobierno de Barrientos, sin embargo, la correlación de fuerzas no favoreció al movimiento minero, por lo que, a pesar de ser ésta una de las etapas más combativas de su historia, debieron soportar duras derrotas. Sólo la terquedad por mantener vigentes sus organizaciones permitió la rápida recuperación de éstas cuando, tras la muerte accidental del Gral. Barrientos, ocurrida en abril de 1968, la Presidencia de la República fue ocupada por unos meses por Luis Adolfo Siles Salinas, quien pronto decretó la vigencia de las organizaciones sindicales.

59En ese último gobierno, pero principalmente en el de Alfredo Ovando Candia (1969-1970), que intentó contar con bases sociales populares y acomodarse a un periodo de ascenso de la izquierda política y social, el movimiento minero vivió como nunca un proceso de afirmación e irradiación de sus propias perspectivas frente a la sociedad boliviana.

60El contexto político y social del momento lo favoreció y, en abril de 1970, convocó a un histórico congreso en el que sentaría esas bases, con la “tesis socialista” que ya citamos. En el iv Congreso de la cob, que se realizó un mes después, el movimiento minero mostró que se había convertido en el conductor indiscutible del movimiento obrero y popular, así como de la clase media radicalizada desde la guerrilla del Che en Bolivia, que aceptaba, al menos discursivamente, ser vanguardizada por él.

61Esta situación quedó mucho más clara, cuando en octubre de 1970, frente al desgaste del gobierno de Ovando, se produjo un nuevo golpe de Estado protagonizado por la derecha del ejército, que fue contundentemente rechazado por la cob, conducida por el movimiento minero.

62Fue justamente la huelga general e indefinida decretada por la fstmb y el recientemente creado “Comando Político de la cob”, la que frustró el golpe de derecha y permitió el ascenso al poder de un militar nacionalista y algo vinculado a la izquierda, el Gral. Juan José Torres.

63Sin embargo, ni el movimiento obrero ni los partidos de izquierda, que cada día sumaban más adeptos principalmente entre la juventud radicalizada, consideraron a Torres como a un genuino representante de sus perspectivas políticas. De esa manera, aunque recibieron con agrado medidas dictadas por el gobierno, como la nacionalización de empresas mineras extranjeras, la expulsión de los Cuerpos de Paz, la vigencia de las libertades sindicales, la devolución a los mineros de los niveles salariales anteriores a 1965 y otras, no aceptaron el ofrecimiento de co-gobernar con él y pronto lo combatieron. En todo ello, sin duda, pesó la asimilación de la experiencia de su alianza con el mnr.

64Para los obreros, había llegado el momento de estructurar su propio poder, lo que una vez más no pasaba por la instauración de la dictadura del proletariado y ni siquiera se plantearon seriamente el asalto al poder mediante la insurrección armada.

65Como expresión de su propia manera de percibir el ejercicio del poder, que ya explicamos más arriba, optaron por la creación de una “Asamblea Popular”, en otras palabras, por la creación de un poder paralelo, pues este órgano, en el que estaban representados los organismos sindicales, algunos sectores campesinos, los partidos de izquierda y otras organizaciones populares, fue pensado básicamente como un órgano de fiscalización del poder, no de sustitución del poder establecido.

66Así, en los estatutos de la Asamblea Popular, se plantea:

“La Asamblea Popular no puede ser una variante del parlamento burgués, tanto en su contenido como en sus funciones. El error fundamental consistiría en confundir a la Asamblea Popular (...), con una de las modalidades del legislativo tradicional, ejercitando en los hechos las mismas funciones del Parlamento. Tal planteamiento puede despertar ilusiones en el seno de las masas, que no podrá menos que hacer consentir a éstas encontrarse en el poder” (Estatutos de la Asamblea Popular aprobados el 21 de abril de 1971).

67Y, definieron que debía tener las siguientes funciones:

  1. “Constituirse como órgano del Comando Político de los trabajadores y del Pueblo, surgido por decisión popular en las jornadas del 7 de octubre de 1970.
  2. Tomar en sus manos la solución de los problemas nacionales, populares y obreros. La Asamblea, como órgano de poder, tiene entre otras atribuciones la de iniciativa y fiscalización de los actos del Ejecutivo.
  3. La Asamblea Popular es un órgano de poder de masas, especialmente de los trabajadores.
  4. La representación de delegados de la clase obrera será en todos los casos mayorita-ria con relación a la suma de los otros sectores.
  5. La Asamblea Popular se asentará en los comités de base, organizados en las ciudades, provincias y barrios, incorporándose los cabildos como instancias del pueblo.
  6. Los representantes delegados ante la Asamblea Popular responden de sus actos ante sus organizaciones de base. Se establece la revocatoria del mandato y cesarán en sus funciones toda vez que pierdan la confianza de sus mandantes” (Presencia, 20 de junio de 1971, pág. 1).

68Además, determinó que todos los partidos políticos que actuaban en su interior debían subordinarse a los organismos sindicales que tenían la conducción de la Asamblea Popular.

69De esa manera, la creación de la Asamblea Popular y su puesta en funcionamiento desde el 1 de mayo de 1971 refleja nítidamente un momento de síntesis en la acumulación histórica del movimiento minero, que fue su principal propulsor. Pero, asimismo, las limitaciones subyacentes a la manera en que siempre se concibió el ejercicio del poder proletario.

70Paralelamente, la exigencia de la fstmb de que se establezca en comibol la cogestion obrera mayoritaria, que logró funcionar durante unos meses, muestra que, aunque el movimiento minero avanzaba con esta consigna en relación a las limitaciones del control obrero de los cincuentas, tampoco alcanzó a imponer la administración total de sus fuentes de trabajo, paso fundamental en la utopía socialista que levantaban como bandera política.

Los mineros y la democracia

71Apenas a tres meses de haberse constituido la Asamblea Popular, que por lo demás mostró bastante inoperancia, se produjo el golpe de Estado que estalló el 19 de agosto de 1971 y que fue auspiciado por la derecha de las ff.aa., apoyada por dos partidos políticos tradicionales: el MNR y la Falange Socialista Boliviana (fsb), así como por los empresarios y la Embajada norteamericana.

72Aunque el pueblo resistió en las calles, principalmente de la ciudad de La Paz, y en las minas se libraron cruentos enfrentamientos, el golpe triunfó el 21 de agosto, derrotando militar y políticamente al intento más serio de la clase obrera boliviana por estructurar su propio poder.

73El Frente Popular Nacionalista (fpn), que colocó al Gral. Hugo Banzer Suárez en la Presidencia de la República, barrió rápidamente con toda posible resistencia a su encumbramiento, ejercitando una política represiva que inauguró en Bolivia la trágica historia de los gobiernos militares dictatoriales y que, como en otros países de la región en esa misma época, practicó el “terrorismo de Estado”.

74Y, aunque eso no fue percibido inmediatamente por las dirigencias y las bases de la fstmb y la cob, fue en los años de la dictadura banzerista (1971-1978) -en gran medida por las características de ésta, pero también por procesos de cambio internos- cuando las bases de sustentación del sindicalismo revolucionario comenzaron a desmoronarse.

75En otras palabras, sustentamos la hipótesis que no fue en la década de los ochentas, como normalmente se cree, cuando se inició la crisis del sindicalismo minero y en consecuencia de la cob, sino en la de los setentas, periodo en el que las tradiciones mineras comenzaron a vivir un importante proceso de transformación, aun cuando éste se diera de manera lenta, cargado de contradicciones y en gran medida de forma subyacente.

La crisis del sindicalismo revolucionario

76Para argumentar nuestra hipótesis tomarenos sólo algunos elementos de análisis, pues las limitaciones de la presente ponencia nos impiden hacer una exposición más exhaustiva.

  1. Fracaso de la tesis insureccionalista: A diferencia de lo ocurrido en el 52, e incluso en noviembre de 1964 y en octubre de 1970, en que la tesis insurreccionalista que se puso en práctica logró sus objetivos, en agosto de 1971, la clase obrera fue derrotada militar y políticamente. Militarmente, porque la resistencia armada de los obreros, mal preparada y cargada de subjetivismo, fue rápidamente conjurada. Políticamente, porque por primera vez se luchó por la defensa de un proyecto propio, la vigencia de la Asamblea Popular, que terminó siendo destruida.

77La derrota del 71, como pude percibir en el rescate de las percepciones de los mineros de base a través de la historia oral, se convertirá en el punto de partida para la emergencia de sentimientos de impotencia que se tradujeron lentamente en una autoconciencia de que la “invencibilidad” de los mineros chocaba con una realidad diferente: la de la superioridad militar del adversario, que logrará una y otra vez defender y preservar el sistema.

  1. Ineficacia de los métodos tradicionales de lucha: Durante los siete años de la dictadura banzerista, los mineros bolivianos tuvieron muchas razones para protestar contra el gobierno militar que, entre muchas otras cosas, atacó sus conquistas sociales, conculcó las libertades sindicales y practicó la represión indiscriminada contra los cuadros y las bases mineras. Como en otras ocasiones, el movimiento minero resistió las políticas gubernamentales con movilizaciones, huelgas generales, reorganizando una y otra vez sus sindicatos clandestinos, etc. Sin embargo, esta vez sus tradicionales métodos de lucha fueron muy poco eficaces y la dictadura logró imponer por la fuerza sus medidas. Una muestra trágica de ello fue la larga y dificultosamente planificada huelga minera decretada por el Congreso Minero de Corocoro ( 1976), que tras 23 días de desarrollarse heroicamente y con la presencia del ejército en ese distrito, terminó sin obtener sus principales reivindicaciones. Estas situaciones, contribuyeron a que el carácter ofensivo de las luchas mineras pase a ser cada vez más defensivo.
  2. Debilitamiento de la democracia sindical: Dada la persecución permanente a los líderes sindicales de la cob y de la fstmb, muchos de los cuales debieron salir del país o pasar sus días en las cárceles, los sindicatos actuaron obligadamente en la clandestinidad y con grandes limitaciones. Esta situación llevó al debilitamiento de la democracia sindical y los líderes jóvenes que surgieron se vieron imposibilitados de practicar ampliamente la consulta directa con los mineros de base. También contribuyó el que las decisiones que se tomaban surgieran cada vez más “desde arriba” y aunque los obreros de base respondían a ellas, comenzaron a “delegar” más poder a sus dirigencias y a ejercer menor control sobre ellas.
  3. Debilitamiento de la independencia sindical: Poco a poco, la repetidamente mentada consigna de independencia sindical, comenzó a perder sentido pues el movimiento minero era consciente de que debía aliarse con otros sectores y con los partidos políticos para luchar por una tarea que tenía en ese momento un contenido nacional popular: la oposición a la dictadura militar. Paulatinamente, los sindicatos comenzaron a apoyarse cada vez más en los aparatos clandestinos de los partidos políticos de izquierda, que fueron introduciendo en el sindicalismo minero, y con mucha más eficacia que antes, la lógica partidaria en el comportamiento de las dirigencias obreras. Las negativas consecuencias de ello, salieron a luz de manera contundente durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (udp) en la década de los ochentas.
  4. Inoperancia del vanguardismo minero: Una de las lecciones más dolorosas de la derrota del 71, pero sobre todo de los años de la dictadura banzerista, fue la comprobación histórica de que el movimiento minero no estaba en condiciones de arrastrar eficazmente a otros sectores en pos de su propio proyecto y/o sus luchas sectoriales. En ese sentido, aun cuando algunos de sus movimientos contaron con la solidaridad de otros sectores, como fabriles y universitarios, lo cierto es que al final siempre se quedaron solos, soportando una represión fuertemente dirigida contra ellos. De esa manera, su “vanguardismo” chocó con fuertes limitaciones reales, siendo quizá la más importante de éstas, su desvinculación del movimiento campesino.
  5. Debilitamiento de las dimensiones del poder minero: Si en el pasado, gran parte de la identidad positiva del movimiento minero se basó en que ejercía poder en diferentes dimensiones, la comprobación de que éstas comenzaban a debilitarse fue central en el incio de la crisis del sindicalismo revolucionario. Por ejemplo, aunque la minería continuó siendo un pilar fundamental de la economía nacional, comenzaron a surgir con fuerza otros sectores, como el de hidrocarburos y el de la agroindustria.
  6. Paulatino abandono de un proyecto propio: Una de las consecuencias más importantes de la situación que les tocó vivir a los mineros bajo la dictadura banzerista fue que poco a poco se fue asumiendo la necesidad de privilegiar la lucha por la democracia, aún cuando discursivamente se seguía planteando como objetivo la lucha por el socialismo (y, subyacentemente, por su poder en la sociedad). Lo más grave de esto es que la lucha por la democracia no fue definida explícitamente desde una perspectiva propia (que sí existía), sino que fue asimilándose a la proclamada por los partidos de izquierda y otros sectores de la sociedad, que abogaban por la democracia representativa (aun cuando sea instrumentalmente).

78En todo caso, es necesario reiterar que las transformaciones de las tradiciones mineras no ocurrieron de la noche a la mañana y que tampoco fueron percibidas o visibilizadas inmediatamente por el movimiento minero. Es más, ellas aún actuaron como sustento ideológico y práctico de su accionar político y sindical durante mucho tiempo más, sin encontrar cuestionamientos serios sobre sus bases constitutivas al interior del mismo.

79Esta realidad llevó a algunos cientistas sociales, como Carlos Toranzo (unitas-ildis: 1989) a señalar que el movimiento minero habría actuado, principalmente en las décadas de los setentas y ochentas, apoyado en mitos que al estallar la crisis se derrumbaron. Esta tesis, fuertemente popularizada en la década de los noventas, tiene el gran defecto de no saber diferenciar “mito” de “tradición histórica”, como tampoco contrasta “mito” con “memoria histórica”.

80Es evidente que, en muchas ocasiones, no existió correspondencia entre lo que se pensaba que se podía lograr con determinadas acciones sindicales y las condiciones históricas concretas, pero es evidente también que el movimiento minero comenzó a adaptar su accionar a las nuevas realidades coyunturales y estructurales. Es más, esas “adaptaciones” fueron las que paulatinamente dieron lugar a las transformaciones de las pautas ideológicas y los principios de acción sindical que habían sido sustentados por décadas y, finalmente, al derrumbe del sindicalismo revolucionario.

81En muchas ocasiones, para encarar la difícil situación que les tocó vivir en ese período, los mineros conjugaron “tradiciones” con “adaptaciones”, como se puede advertir en diversos documentos a los que mereferiré a continuación.

82En el primero de ellos, trabajadores mineros de base de Siglo xx, ante la represión sufrida por los sindicatos mineros y la fstmb en el primer año del gobierno banzerista, optaron por escribir una carta al Primer Mandatario, antes que pasar a medidas de hecho, como normalmente lo hacían en el pasado. Pero, al mismo tiempo, en la carta reafirmaban su tradicional manera de concebir el sindicato. Allí, se señala:

“(...) ante la situación de incertidumbre y zozobra creada por las declaraciones de amenazas a la clase trabajadora minera (...) a cuyo esfuerzo se debe la existencia del país, aunque lo nieguen nuestros detractores”, (y ante el apresamiento de sus dirigentes) ”(...) sólo por el hecho de haber asumido la defensa de los intereses de los mineros, y en otros casos, haber asumido valientemente la defensa de nuestras riquezas (...), lo que a todas luces constituye una flagrante injusticia” (...), exigen la vigencia de sus sindicatos “porque en ellos existe verdadera democracia, porque agrupa a trabajadores de todas las ideologías políticas sin discriminación, ya que creemos que el sindicato ni ninguna otra autoridad podrá prohibir a los trabajadores que son ciudadanos bolivianos, el derecho que tienen a pensar de acuerdo a sus conocimientos, sus experiencias, sus intereses de clase y la mentalidad que les formó su medio de vida”. Y concluyen: “Defendemos la libertad a la que tenemos derecho los trabajadores mineros y los del país en general, amparados por la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo, tenemos nuestros organismos sindicales y nuestra Federación de Mineros con dirigentes elegidos democráticamente, para los que pedimos las más amplias garantías para el ejercicio de su función directriz, encomendada por los mineros; de no existir esta libertad sindical querrá decir que deben dejar de existir los organismos sindicales porque sin la libertad sindical que nos concede la Ley, los dirigentes sólo se constituyen en simples figuras que nada podrían hacer por la clase obrera” (Presencia, 20 de diciembre de 1972).

83Por su parte, en la convocatoria a la Marcha del 1ro de mayo de 1973, la cob, a tiempo de exigir garantías para la libertad sindical, señaló que esta institución “es una conquista nacional y popular como la nacionalización de las minas y la reforma agraria” (...) “No hay motivo para que esté cerrada. Tampoco hay motivo para que nadie, absolutamente nadie fuera de nuestra clase, venga a querer enseñarnos cómo y quiénes deben ser nuestros conductores (...) Sólo las bases por medio de la democracia y la autonomía sindical, sin la dañina interferencia del paternalismo y el dirigentismo” (Presencia, 3 de mayo de 1973).

El movimiento minero se involucra en la lucha por la democracia

84Ahora bien, a medida que las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical empeoraban y, como consecuencia de ello, las políticas antipopulares del gobierno militar lograban imponerse por la fuerza, el movimiento minero comenzó a centrar su lucha revindicativa en demandas que aludían directamente a un aspecto central: las libertades sindicales.

85Al mismo tiempo, este aspecto comenzó a articularse con el discurso de la izquierda de “retorno a la democracia”, que en esos momentos significaba oponer “democracia” a “dictadura” e implicaba involucrar tras esas consignas a otros sectores de la sociedad que también habían sido afectados por las políticas represivas.

86Evidentemente, luego de los decretos dictados en noviembre de 1974, a través de los cuales se anulaban las libertades políticas (todos los partidos políticos estaban impedidos de funcionar legalmente) y sindicales, la Masacre de Tolata perpetrada contra campesinos del valle de Cochabamba en enero de 1974, la represión contra los universitarios, que desde 1974 se movilizaron por la recuperación de su autonomía y otras medidas dictatoriales, gran parte de la población boliviana había comenzado a comprender la necesidad de luchar por el retorno a la democracia.

87Como en muchas otras ocasiones, volcaron sus ojos hacia el movimiento minero que, aunque muy golpeado, seguía haciendo funcionar sus sindicatos clandestinos; había enfrentado al ejército cuando en 1975 ocupó las minas para destruir sus radioemisoras y hacía permanentes llamados a la lucha general, sustituyendo incluso el papel de la cob, cuyos dirigentes estaban en el exilio.

88Cuando la FSTMB convocó al Congreso Minero, a realizarse en Corocoro a partir del primero de mayo de 1976, y que tuvo que ser autorizado por el gobierno, éste fue observado por muchos como el evento que iba a permitir vislumbrar los caminos y métodos a seguir para la conquista de las reivindicaciones democráticas.

89Al concluir el mismo, los mineros plantearon como demandas centrales: 1) amnistía general e irrestricta; 2) reposición en su trabajo de todos los obreros despedidos por causas político-sindicales; 3) vigencia de las organizaciones sindicales; 4) retiro del ejército de los centros mineros; demandas que, sobre todo la primera, transcendían los intereses exclusivamente mineros.

90Conscientes de los riesgos que corrían, dieron al gobierno un plazo de 30 días para concretar un aumento del 110 % en sus salarios y dar respuesta a las otras demandas, o ingresarían en un paro general e indefinido, a lo que el gobierno respondió: “quedan canceladas todas las representaciones políticas del extremismo, enmascaradas sindicalmente como direcciones pseudo obreras” (cep. Bolivia: 1971-76. Pueblo, Estado e Iglesia, Lima, 1976: 166).

91Como no hubo ninguna respuesta positiva, era inminente el estallido de la huelga. Sin embargo, ésta no pudo prepararse debidamente ya que antes de cumplirse el plazo establecido se produjo el asesinato de Juan José Tórres en la Argentina, el 4 de junio de 1976, que fue atribuido inmediatamente al Gral. Banzer. Vastos sectores de la población se movilizaron pidiendo la repatriación de los restos generando un estado de tensión que motivó a los mineros a adelantar su huelga. Inmediatamente se proclamó el Estado de sitio y se produjo la intervención armada a los centros mineros con la declaración de “zona militar” a los departamentos de Potosí y Oruro. Aunque los huelguistas resistieron, al final, el movimiento fracasó, desatándose una ola indiscriminada de despidos, allanamientos a domicilios, apresamientos y violación permanente de los derechos humanos.

92Mientras se desarrollaba la huelga, la fstmb lanzó, entre otros, un manifiesto titulado “¡No somos extremistas ni subertores!”, en el que afirman:

“La huelga general e indefinida de los mineros es pacífica por la libertad de los dirigentes y trabajadores detenidos, por los derechos democráticos del pueblo trabajador y por mejores condiciones materiales de vida y de trabajo, frente a las condiciones del sub-consumo, la miseria y el hambre que nos han impuesto por la fuerza los enemigos de Bolivia, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres” (FSTMB, 20 de junio de 1976, idem: 173: subrayado mío).

93Esta nueva derrota, entonces, acentuó el viraje de las orientaciones de la lucha de los trabajadores mineros hacia el retorno a la democracia. Además, obligó a abandonar momentáneamente sus tradicionales métodos de lucha optando por otros de carácter marcadamente defensivo.

94Así, cuando a mediados de 1977, por presiones internas y externas, el gobierno banzerista anunció la convocatoria a elecciones nacionales para el siguiente año sin dictar una amplia amnistía, la Federación de Mineros delegó a cuatro mujeres mineras el inicio de un movimiento en pos de una auténtica apertura democrática.

95El 28 de diciembre de ese año, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora, Angélica de Flores y Luzmila de Pimentel, junto a 14 niños que las acompañaban, se declararon en huelga de hambre en el Arzobispado de La Paz, esgrimiendo los cuatro puntos planteados por el congreso de Corocoro: 1) amnistía general e irrestricta; 2) reposición en su trabajo de todos los obreros despedidos por causas político-sindicales; 3) vigencia de las organizaciones sindicales; y 4) retiro de las tropas militares de los centros mineros.

96Unos días después, la conocida dirigente del “Comité de Amas de Casa de Siglo xx”, Domitila Chungara, tomaba la misma decisión junto al segundo grupo de huelguistas que se instaló en el periódico católico Presencia y que estaba compuesto por sacerdotes y otras personalidades. La decisión de la Federación de Mineros de que las “amas de casa” inicien la lucha no fue gratuita: en diversas oportunidades ellas ya habían mostrado su valentía y decisión, como el papel activo jugado en la huelga de 1976. Empero, demuestra nítidamente el desgaste de la “acción directa de masas” y la adopción de nuevos métodos defensivos.

97La huelga de hambre, que pasó desapercibida en sus primeros días, pronto despertó un apoyo popular insospechado. “A los siete días de iniciada ya los huelguistas alcanzaban a 61 personas; a los catorce, a 500; a los 16 días, 1.000; a los 20, 1.200. Los 28 grupos de huelguistas esparcidos en todo el territorio nacional, estaban constituidos por obreros, amas de casa, universitarios, religiosos y otros sectores de la población” (Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Huelga de hambre, 1978: 22).

98Además, la solidaridad con el movimiento iniciado por las cuatro mujeres mineras no sólo se manifestó en la apertura de nuevos piquetes de huelguistas. Desde los primeros días de enero de 1978, universitarios, fabriles, campesinos, profesionales, organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, prensa y otros sectores manifestaron cotidianamente su solidaridad apoyando de diferentes maneras la continuidad de la huelga. Y, en un momento crucial del movimiento, la cob y la fstmb decretaron la huelga general e indefinida como un paso fundamental para hacer retroceder al gobierno.

99Así, a pesar de que los piquetes de huelga de hambre fueron intervenidos militarmente luego de más de 20 días de iniciada ésta, a las pocas horas de ese hecho, Banzer no tuvo otra opción que ceder y aceptar todos los puntos demandados por los huelguistas, excepto la salida del ejército de los campamentos mineros.

100Esta vez, el movimiento acaudillado por la cob y la fstmb, que tuvo un carácter defensivo, logró sus principales objetivos y con ello abrió el camino para la democratización del país, aún cuando la democracia recién pudo instalarse de manera más permanente en 1982.

101Pero, ¿qué significó realmente para los mineros la instauración de la democracia representativa en Bolivia?

El desencuentro del movimiento minero con la democracia

102Los mineros habían logrado, con su lucha, derrotar a la dictadura banzerista y abrir un periodo de democratización que, en un principio, generó grandes esperanzas y expectativas de cambio. En el ambiente primaba la idea de que una nueva etapa se abría para Bolivia y los sectores populares confiaban en que la democracia iba a resolver la mayoría de sus problemas.

103Sin embargo, aunque se realizaron elecciones generales en 1978, 1979 y 1980, que dieron el triunfo a un frente de centro izquierda, la Unidad Democrática y Popular (udp), el país tuvo que soportar todavía dos sangrientos golpes de Estado: el del Cnl. Alberto Natusch Busch, en noviembre de 1979, y el del Gral. Luis García Meza, en julio de 1980, antes de que la democracia política pueda consolidarse.

104Frente a ambos golpes, el movimiento obrero-popular aglutinado en la cob, la fstmb y los sindicatos mineros alcanzaron un protagonismo central en defensa de la democracia. En el primer caso, la cob decretó una huelga general e indefinida y los obreros y el pueblo combatieron a los tanques con piedras, logrando la renuncia del gobierno de facto a los pocos días del golpe. Cuando se produjo el segundo, fueron los mineros los que resistieron hasta el final y sólo fueron acallados después de las masacres cometidas por el ejército en Siglo xx, Catavi, Caracoles y otros centros mineros.

105En ambos casos, también junto al movimiento obrero y popular actuó un emergente movimiento campesino que desde la organización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), en 1979, encontró su independencia frente a los gobiernos de turno, se acercó al movimiento obrero y luchó por la defensa de la democracia.

106En su libro Las Masas en noviembre (1983), René Zavaleta Mercado señaló que la lucha heroica de los trabajadores contra el golpe de Natusch Busch marcó un hito fundamental en su historia pues por primera vez la cob y los campesinos habían desarrollado una huelga general e indefinida y bloqueos de caminos en defensa de la democracia representativa.

107Para Zavaleta, ese hecho planteaba la hipótesis de que la cob estaba dejando de lado la utopía socialista y asumiendo la democracia como un sistema político por el que los obreros y los sectores populares debían luchar.

108Sin embargo, pronto salió a luz que lo que los obreros y los sectores populares esperaban de esa democracia política no era necesariamente lo mismo que ella podía ofrecerles y que muchos de sus comportamientos tradicionales y percepciones y concepciones ideológicas sustentadas por el sindicalismo revolucionario aún se mantenían vivos.

109Cuando la udp asumió el gobierno, en octubre de 1982, el movimiento obrero recibió este hecho con gran esperanza y expectativa. Sin embargo, el nuevo gobierno tuvo que enfrentarse desde un principio a una aguda crisis económica que no pudo resolver como lo prometió y que pronto llevó al país a uno de sus periodos históricos más críticos.

110Cuando la política económica del gobierno de la udp fracasó, los obreros se vieron enfrentados a una nueva desilusión. Esta vez, era un frente de centro izquierda, al que habían apoyado mayoritariamente con su voto, el que se mostraba incapaz de resolver una crisis económica que golpeó sin remedio a los sectores populares y empeoró drásticamente su situación.

111Así, después de unos meses de espera, los sectores populares acaudillados por la cob, y aun sin dejar de simpatizar con el régimen, iniciaron una escalada de movilizaciones, paros y huelgas en torno a reivindicaciones de carácter fundamentalmente económico.

112El fracaso de las negociaciones entre el gobierno de la upd y la cob para el establecimiento del co-gobierno, a mediados de 1983, que enterró la posibilidad de que sea aplicado el “Plan de Emergencia Económico Social”, preparado por la organización sindical, fue el punto de partida para un auténtico distanciamiento entre gobierno y movimiento obrero.

113En el V Congreso de la cob, realizado a mediados de 1984, las corrientes políticas de izquierda radical opositoras a la udp lograron copar las direcciones y, a partir de ese momento, mantuvieron en jaque al gobierno con permanentes y largas huelgas generales de carácter indefinido, que paralizaron durante semanas el desenvolvimiento normal de las actividades en el país.

114El masivo apoyo que éstas obtuvieron evidenciaron el poder de convocatoria y la capacidad de movilización de la cob, lo que llevó a que se vuelva a hablar de ella como de un “órgano de poder” y a que algunos dirigentes mineros, como Filemón Escobar, e intelectuales que actuaban como asesores de la organización sindical, plantearan que la cob tenía funciones fundamentalmente políticas.

115En las minas, el grave proceso inflacionario se tradujo en desabastecimiento de las pulperías, elevación constante de los precios de los productos básicos, salarios cuya capacidad adquisitiva era mínima, lo que provocó que los sindicatos mineros ingresen con fuerza a la escalada de movilizaciones y huelgas.

116A ello, se sumó la crisis de la comibol, que, aunque acumulada desde hacía años, recién apareció como estructural ante el conjunto de la nación. La co-gestión obrera mayoritaria que se implantó en la empresa estatal no logró solucionar problemas como los altos costos de producción, la existencia de supernumerarios, la excesiva burocracia y otros aun de mayor alcance, como el agotamiento de los yacimientos, la falta de renovación de equipos y maquinarias, etc.

117Las movilizaciones obreras, empero, no sólo debilitaron a la udp, que poco a poco fue perdiendo legitimidad a tiempo que los partidos que la componían se enfrascaban en luchas internas, sino que también debilitó a las organizaciones laborales. En todo ello, jugó un papel muy importante el sectarismo político, pues diversos tipo de organizaciones de izquierda que actuaban en el seno del movimiento obrero pugnaron por controlar las direcciones de la FSTMB y de la COB con métodos alejados de las tradiciones obreras. Además, sectores de clase media, como los bancarios, los empleados públicos y otros, cobraron un protagonismo inusual en las decisiones de la COB, desvirtuando en muchos sentidos las orientaciones de ésta.

118Todas estas condiciones condujeron a que la crisis del país ya no fuera sólo económica, sino social y política. Frente a ella, la mayoría de la población se sintió defraudada y la increíble inflación (la más grande en el mundo en tiempos de paz), con sus consiguientes consecuencias, llevó a la utilización de alternativas desesperadas.

119Una vez más fueron los trabajadores mineros los primeros en lanzarse a una especie de “medida final”, a una acción cuyo objetivo fue acabar con una situación a la que ya no se le veía salida. Así, en los primeros días de marzo de 1985,10.000 mineros provenientes de todos los distritos del país y acompañados de sus esposas e hijos, se dirigieron a la ciudad de La Paz. Desde el primer día de su llegada, realizaron cotidianas y gigantescas manifestaciones y marchas, organizaron piquetes en todas las zonas urbanas, lanzaron explosiones de dinamita en el centro de la ciudad y desarrollaron otras acciones de presión.

120Durante su permanencia en La Paz, obtuvieron la solidaridad de los sectores de los barrios populares mientras el gobierno mostró gran debilidad para controlar el movimiento que conforme pasaba el tiempo adquiría más fuerza.

121Esa constatación fue aprovechada por las dirigencias obreras de la cob y la fstmb, así como por los partidos de izquierda opositores atrincherados en el movimiento obrero, para exigir la implantación del salario mínimo vital con escala móvil, consigna que a todas luces significaba una especie de suicidio para el gobierno y que ya había adquirido connotaciones políticas.

122Además, en momentos en que el movimiento ganó mayor fuerza, lanzaron el pedido de renuncia de Hernán Siles Zuazo a la Presidencia de la República, planteándose así una posición de ruptura total con el Presidente. Sin embargo, los dirigentes obreros no midieron la correlación de fuerzas, provocando un resultado inesperado y perverso para sus aspiraciones.

123Ante la gravedad de la situación, el gobierno decidió utilizar a las ff.aa. para dispersar a los mineros. De esa manera, los miles de obreros y sus familias, que durante 21 días habían ocupado con sus movilizaciones el centro urbano de La Paz, tuvieron que replegarse en silencio a sus lugares de alojamiento. El 23 de marzo, a pocas horas de movilizado el ejército, volvían en camiones a sus distritos sin haber conseguido sus reivindicaciones económicas principales y, más bien, que los partidos de derecha opositores al régimen, como el mnr, presionen a Siles para que éste convoque de inmediato a elecciones nacionales, adelantando así el término de su mandato constitucional.

124Las jornadas de marzo, aunque no fue inmediatamente percibido así pues los mineros salieron de la ciudad gritando con el puño en alto: “!Los mineros volveremos!”, se convirtieron en una derrota histórica de profunda significación para el movimiento minero y en el principio del fin de su lugar central en las luchas sociales del siglo xx.

125En las elecciones de ese año, la crisis de la izquierda política y social quedó evidenciada con el triunfo electoral del frente organizado por Hugo Banzer, conductor de Acción Democrática Nacionalista (adn), mientras el segundo lugar fue ocupado por el mnr pazestenssorista, que vivía un nuevo momento de recomposición y proyección política nacional.

126Contrariamente a lo ocurrido en los procesos electorales desarrollados desde 1978, los partidos de izquierda que habían conformado la upd y los de la oposición de izquierda a ésta, sufrieron un fuerte revés electoral.

127Por decisión constitucional del Parlamento, Paz Estenssoro asumió el gobierno en agosto de 1985. Teniendo como objetivo prioritario e inmediato cortar de cuajo el proceso inflacionario y la crisis económica general, el nuevo gobierno lanzó el Decreto 21060, que, por sus alcances y proyecciones, se convirtió en el punto de partida para profundos cambios en la economía y realidad nacionales.

128En efecto, el 21060 no fue un decreto más. En él se planteó no sólo una Nueva Política Económica (npe), que, de carácter neoliberal, pretendió barrer con el capitalismo de Estado vigente desde 1952, sino una nueva concepción de sociedad y de Estado que puso contundentemente en tela de juicio el proyecto nacional inaugurado por el propio mnr 30 años atrás.

129Frente a la crisis de la minería nacionalizada, el 21060 planteó una drástica reducción de comibol en la administración de las minas, la suspensión de subvenciones para su funcionamiento a nivel de las empresas locales y la llamada “relocalización” de miles de obreros de las minas –que en los hechos significaba un despido masivo–, entre otras medidas.

130A los pocos días de dictado el decreto, la cob convocó a la huelga de hambre nacional. Sin embargo, en su desarrollo y conclusión se evidenció que esa central sindical había comenzado a perder su capacidad de convocatoria y de movilización. La huelga fue intervenida por fuerzas policiales después de decretado el “Estado de sitio” y decenas de dirigentes fueron confinados a regiones alejadas del oriente del país.

131A pesar de que por la intermediación de la Iglesia Católica los confinados pudieron regresar, nuevas huelgas y movilizaciones mostraron el desgaste y la debilidad del otrora poderoso movimiento obrero, pues ninguna de ellas logró un mínimo cambio en la Nueva Política Económica.

132En las minas, la amenaza inminente de que miles de obreros serían despedidos provocó acciones de protesta, pero, al igual que en el caso de la cob, éstas no pudieron desviar o “perforar”, como pretendían, las orientaciones gubernamentales.

133Cuando ya cientos de obreros habían optado por dejar sus centros de trabajo ante el pago de indemnizaciones que iban más allá de lo legal, los que aún quedaron en las minas decidieron una medida desesperada, la marcha a pie hasta la ciudad de La Paz, con sus esposas e hijos.

134La llamada “Marcha por la Vida y la Paz”, se inició en la última semana del mes de agosto de 1986. Miles de obreros de diferentes centros mineros partieron de Oruro, logrando avanzar más de cien kilómetros, despertando a su paso gran solidaridad de las comunidades campesinas. Asimismo, gente de las ciudades y militantes de algunos partidos políticos se fueron uniendo a la movilización.

135El 29 de agosto, mientras el pueblo de La Paz preparaba una gran recepción a los mineros, la marcha fue interceptada por el ejército en Calamarca, localidad situada a pocos kilómetros de esa ciudad. Cercados y sin poder defenderse, los marchistas, que en esa acción pacífica e histórica se habían jugado una última carta, intentaron resistir, pero sus dirigentes aceptaron el repliegue para evitar un inminente baño de sangre si se enfrentaban al ejército y la aviación.

136La marcha, aunque fue un acontecimiento de gran impacto para la conciencia y la sensibilidad nacional, fue un acto desesperado cuyos resultados sellaron el camino para la práctica desaparición de la clase obrera de las minas y la desestructuración de su poderoso movimiento.

137En los siguientes meses y años, más de 35.000 mineros y sus familias abandonaron las minas, dejando a su paso pueblos fantasmas, campamentos abandonados y desolación.

138La cob perdió, con ello, al sector social que en su interior había jugado un rol central, no sólo como su actor más decidido y combativo, sino fundamentalmente porque dotó al sindicalismo boliviano, aglutinado por ésta, de una clara orientación: el sindicalismo revolucionario.

139Bajo sus principios, el movimiento obrero boliviano fue durante décadas un actor con vocación de poder y capaz de intervenir en acontecimientos políticos fundamentales de la historia nacional de la segunda mitad del siglo xx. Sin él, la cob ya no podía ser la misma y su crisis, era ante todo resultado de la derrota del sindicalismo revolucionario.

140En suma, el advenimiento de la democracia representativa en Bolivia significó para el movimiento minero el final de una historia de luchas y esperanzas, de construcción de una identidad positiva que fue capaz de irradiarse con fuerza al conjunto de la sociedad, de proyectos políticos y utopías y, sobre todo, de su capacidad para construir su propio poder: un poder esgrimido desde la sociedad y contra el Estado.

Conclusiones

141El horizonte de demandas fundamentales del movimiento minero a lo largo de su historia se centró en propuestas aparentemente primarias, como justicia social, libertad, mejoras sociales y económicas, derecho a autodeterminarse, etc., que, sin embargo, al traducirse en una voluntad de poder inquebrantable, las politizaron y complejizaron.

142En la acumulación de su “experiencia de clase”, los mineros desplegaron comportamientos sociales-sindicales y pautas político-ideológicas que se convirtieron en “tradiciones” sintetizadas por el “sindicalismo revolucionario”.

143Su crisis fue esencialmente la crisis de esa concepción global que permitió a los mineros forjar su identidad y conciencia de clase y proyectarse como un movimiento social contestatario y portador de transformaciones sociales.

144Desaparecido el movimiento minero, la cob marchó sin rumbo y ningún otro sector social que actuaba en su interior pudo ocupar el papel conductor del movimiento obrero y popular.

145Sin embargo, los acontecimientos de abril y septiembre del año 2000, en los que diversos sectores populares, pero principalmente el movimiento campesino (tanto en el Altiplano como en el Chapare y los valles cochabambinos), mostraron su recuperación y una nueva proyección social y política capaz de poner en jaque al gobierno del Gral Banzer, motivan a hacerse algunas preguntas.

146¿Están definitivamente sepultadas las “tradiciones” mineras o es posible reconocerlas encarnadas, readaptadas, reconfiguradas en otros sectores sociales”?

147¿Las bases de sustentación del sindicalismo revolucionario sólo “pertenecieron” a los mineros o su irradiación preñó de ellas a otros sectores que pueden recuperarlas en un nuevo contexto de movilización social?

148¿Las transformaciones estructurales ocurridas en el país desde 1985, realmente barrieron con la capacidad de proyección contestaria de los sectores obreros, campesinos y populares en Bolivia?

149¿Las formas de lucha y los comportamientos sociales son totalmente nuevos o corresponden a otras culturas políticas que no incluyen a la obrera?

150Intentar dar respuestas a estas preguntas sería motivo de otro trabajo, una cosa sí es cada vez más clara: la democracia representativa, tal como se ha desarrollado en Bolivia, tal como la han puesto en práctica los partidos políticos que sustentan el poder, tal como la perciben los ideólogos de la “gobernabilidad”, ha dejado de pertenecer a los sectores populares o, quizás, nunca les perteneció.

151Si en la década de los setentas la democratización del país involucró decisivamente a obreros, campesinos y vastos sectores populares, a principios de un nuevo siglo está claro que los conceptos de democracia que éstos últimos proyectan no tienen nada que ver con los sustentados por los detentadores del poder.

152En ese contexto, las tradiciones obreras del pasado, sobre todo aquella que se refirió a la voluntad de construcción de un poder desplegado desde y en la sociedad, que no es otra cosa que una concepción radical de democracia, aún pueden volver a proyectarse como alternativa ante una democracia que atropelló las esperanzas de quienes fueron los actores centrales de su emergencia y consolidación.

Auteur

Universidad Mayor de San Andrés
Coordinadora de Historia

© Institut français d’études andines, 2001

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