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Visiones de fin de siglo

 | 
Dora Cajías
, 
Magdalena Cajías
, 
Carmen Johnson
, 
et al.

Estructuras y prácticas políticas en Bolivia y América Latina

Bolivia la nueva: La construcción de una nueva ciudadanía

María L. Lagos

Texte intégral

  • 1 Este trabajo se presentó en el Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA) (...)

1Como respuesta a la crisis de la deuda externa y la presión de instituciones financieras internacionales, como muchos otros en América Latina, en 1985 el Estado boliviano se dispuso a aplicar una serie de políticas neoliberales y reformas legales para reestructurar y “modernizar” cada uno de los aspectos de la sociedad. No es intención de este artículo considerar el impacto económico y social de esta “revolución silenciosa” (Green 1995), pues ha sido ya ampliamente investigada y documentada. Pretendo, más bien, analizar las transformaciones culturales y políticas que el Estado busca introducir en la sociedad boliviana, con estas políticas y reformas legales. Quiero demostrar cómo el Estado y las fuerzas dominantes de la sociedad civil intentan redefinir las actuales nociones y prácticas políticas y de identidad a fin de construir una ciudadanía nueva y “moderna”, utilizando para ello un discurso de modernidad y legalidad. Argumento que, junto a los ajustes estructurales, otro de los objetivos de largo alcance del Estado es el de llevar a cabo una revolución política cultural. En otras palabras, la meta es construir una nueva Bolivia, “Bolivia la Nueva”, tal como proclaman grandes carteles a lo largo de todo el país.1

  • 1 Yasic Feraudy (1997: 131) caracteriza al gobierno de Sánchez de Lozada como “neoliberal social ref (...)

2Si bien, en lo fundamental, el caso boliviano no es diferente a otros en América Latina, en mi opinión dos hechos lo hacen especialmente interesante. Primero, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), los ajustes estructurales se hicieron acompañados de una retórica populista y reformas legales que, en apariencia, responden a demandas populares de largo plazo; particularmente las relacionadas con temas como autonomía, autodeterminación cultural y autogobierno. Segundo, la mayoría de los bolivianos no solamente se ha opuesto abiertamente a la política neoliberal y en masivas movilizaciones, también se ha mostrado contraria a una serie de reformas legales de carácter populista. Si bien estas políticas contestarias no han logrado sus objetivos, subrayan de manera dramática las contradicciones inherentes al populismo neoliberal1 Muestran, asimismo, las discordancias entre una retórica democrática y la enérgica represión de las movilizaciones populares por parte del Estado. Mi argumento es que al llevar tales contradicciones a un primer plano, las movilizaciones populares articulan al mismo tiempo una sólida crítica moral de Estado (Corrigan y Sayer 1985, Thompson 1993).

3Estas dos aparentes incongruencias, que captaron mi atención en 1996 al regresar a Bolivia luego de una prolongada ausencia, serán al mismo tiempo el punto de partida de mi análisis y el escenario en el cual examinaré la manera en que se relaciona el “mensaje estatal de dominación” (Corrigan y Sayer 1985) al de otras perspectivas políticas y de identidad.

La hora del cambio

4En 1993, en plena campaña electoral para presidente, dos partidos de coalición -el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (Alianza mnr/mrtkl)— hicieron público un documento en el cual asumían el compromiso de expresar las demandas de todos los bolivianos. Al tiempo de reconocer la urgente necesidad de abordar la gravedad de los problemas socio-económicos que atormentan a la sociedad boliviana, el documento anunciaba el advenimiento de “la hora del cambio”:

  • 2 La cita corresponde a una versión simplificada del Plan, para el público en general.

Por los problemas anotados está claro que Bolivia ya no puede seguir como está. El Boliviano de hoy, más allá de su identidad social, económica o cultural, demanda un cambio radical urgente; un cambio profundo en la estructura del Estado, en la redistribución de la riqueza, en el rol de la empresa pública, en la responsabilidad de los políticos y en la reasignación de derechos y obligaciones de los ciudadanos. Demanda la descentralización real y efectiva del poder político y económico para que éste vaya a manos del pueblo, como base para una mayor justicia y equidad. Demanda participación. La respuesta a este clamor no puede esperar más tiempo y tiene un nombre: EL PLAN DE TODOS (1993, PP. 14-15). (Enfasis de la autora)2.

  • 3 Ibid.

5Más adelante, el documento describe las bases para iniciar tales cambios: capitalización de las empresas públicas, democratización del capital y participación popular. “Con el Plan de Todos, en los próximos cuatro años, la sociedad boliviana experimentará un proceso de transformación irreversible, para ingresar al nuevo milenio como un país firmemente encaminado al desarrollo económico y social”3.

6Poco después, asumiría el poder el gobierno de coalición de la Alianza mnr/mrtkl, junto al Movimiento Bolivia Libre (mbl) y a la Unión Cívica Solidaridad (ucs), y juntos se dispusieron a aprobar un número sin precedentes de reformas legales -Reforma del Poder Ejecutivo y Reforma de la Constitución- y nuevas leyes -Ley de Reforma Educativa y Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Capitalización, Ley de Participación Popular y, más recientemente, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Formularon, por otra parte, el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, denominada “El Cambio para Todos”.

7Un examen de estos documentos y leyes -y lo que es aún más importante— su interpretación por parte de funcionarios gubernamentales, tecnócratas y algunos intelectuales, revela la ideología que apuntaba el proyecto estatal de transformación cultural, social y política. Permítanme resumir la fuerza impulsora y las ideas clave de este proyecto.

8La primera, es la decisión de construir una nueva sociedad civil que reconozca la diversidad cultural y especificidad de género de los bolivianos, y su derecho a participar en los procesos de desarrollo como actores sociales iguales. En este discurso son clave las palabras solidaridad e igualdad. La reforma del primer artículo de la Constitución, que reconoce que Bolivia es una sociedad multiétnica y pluricultural, la reforma educativa destinada a proporcionar educación bilingüe, la creación de la Secretaría de Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales y los planes gubernamentales para quienes anteriormente habían sido desatendidos —es decir, los grupos nativos y la mujer-, (por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer) constituyen importantes pasos en esta dirección.

9El segundo objetivo revelador, y relacionado con el anterior, es la transformación de la estructura y funciones del Estado, y la simultánea adaptación de las condiciones e instituciones para otorgar voz a una diversidad de actores sociales. Con tales cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se pretendería transformar el sistema político boliviano, de la democracia representativa que es a otra participativa. Aquí son clave los conceptos descentralización, participación y consenso. Todos ellos permitirían a los actores desempeñar un papel protagonista en las decisiones sobre el curso del desarrollo en sus localidad y en torno al control del gobierno municipal.

10Entre los instrumentos esenciales para construir una nueva Bolivia y llevar a cabo algunas de estas reformas están la Ley de Capitalización y la Ley de Participación Popular, ambas aprobadas en 1994.

11Recordemos que el Plan de Todos reconoce la necesidad de una “redistribución de la riqueza”, de la “descentralización efectiva de los poderes económico y político” y de una “democratización del capital”. El análisis de estas leyes, sin embargo, requiere mucha atención a esta retórica. Así, una breve descripción de sus principales postulados servirá para mostrar los objetivos opuestos y contradictorios del proyecto modernizador del Estado.

  • 4 Los dividendos de las empresas capitalizadas generarían fondos suficientes para pagar el BONOSOL. (...)
  • 5 En 1996, siete de cada diez bolivianos vivía en la pobreza: 94 por ciento vivía en el campo y 53 p (...)

12Con la Ley de Capitalización, el gobierno se proponía “capitalizar” las empresas estatales, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones a inversionistas privados nacionales y/o extranjeros, quienes a su vez serían responsables de administrarlas. En la práctica, la capitalización (un eufemismo para privatización) de las empresas estratégicas del Estado ha supuesto -como observa Yaksic (1997: 142)— una auténtica descapitalización del Estado Boliviano. Además, le ley estipula la transferencia de las demás acciones a los fondos privados de pensiones recientemente creado. Una decisión que requirió también la reforma del antiguo sistema nacional de pensiones. Tres de las principales responsabilidades de los fondos privados de pensiones son administrar e invertir en fondos de seguridad social; administrar las acciones de las empresas capitalizadas, y pagar el bonosol (un bono de solidaridad de US$ 248 por año) a todo boliviano mayor de 65 años (cf. Gaceta Oficial de Bolivia, Ley de Capitalización, 1994)4. Como señala Yaksic, una vez más, si bien la venta del 50% de las cinco empresas estatales ascendía a US$ 1.671.370.499, al bonosol le correspondió alrededor del 4% de los dividendos previstos. Y añade: “Si el beneficio real de la capitalización se reduce únicamente a este monto, una vez más nosotros los bolivianos habíamos regalado nuestros recursos naturales; esta vez por un ‘plato de lentejas’ para nuestros abuelos” (Yaksic 1997: 156). Si bien las empresas estatales han sido “descentralizadas”, la riqueza no se ha distribuido de una manera democrática. Más bien, ha sido dirigida hacia arriba, hacia las corporaciones multinacionales. Y la Ley de Capitalización constituye un paso importante hacia una profundización de las políticas neoliberales impuestas a partir de 1985. En contradicción a la retórica dominante, estas políticas han conducido a una creciente polarización y a desigualdades en la sociedad boliviana5.

  • 6 La ley apoya la consolidación y/o recreación de organizaciones étnicas supralocales, así como la o (...)

13Unicamente en este contexto social podemos iniciar un examen de los postulados básicos de la Ley de Participación Popular (lpp), con la cual el gobierno pretende lograr una “descentralización política” y una “redistribución del poder político”. El propósito general de la ley es proporcionar el 20% de los ingresos estatales directamente a las municipalidades, en función del número de habitantes de cada municipio. Los municipios están conformados por secciones provinciales con al menos 5.000 habitantes. A su vez, cada municipio ha sido dividido en Organizaciones Territoriales de Base (otbs), que estarían indistintamente conformadas por comunidades rurales y juntas vecinales6. Cada otb elegiría, entonces, a sus propios líderes, de acuerdo a sus “usos y costumbres”, así como a quienes los representarían en el Comité de Vigilancia, cuya función es supervisar el empleo de los fondos municipales, por parte de los funcionarios municipales elegidos (cf. Gaceta Oficial de Bolivia, Participación Popular, 1994).

14Si nos atenemos a la retórica dominante, el objetivo de la lpp sería incorporar a los actores sociales “de modo que puedan apropiarse del Estado” (Mercado, 1995: 44). La ley destaca la planificación participativa como un proceso en el cual:

“El encuentro entre los actores institucionales y sociales en el municipio está determinando una nueva dinámica de relacionamiento, la contradicción está siendo sustituida por el consenso determinando objetivos de desarrollo en forma conjunta” (Mercado, 1995: 46).

15Implícitamente la LPP pretendería redefinir las formas populares de participación política que, lejos de estar ausentes, han estado siempre presentes en la política boliviana. La meta es canalizar, lo que se define como formas políticas de confrontación, por expresiones nuevas, legítimas y consensuales.

16Hagamos una pausa un momento y reflexionemos sobre estas ideas y palabras claves. En mi opinión, resulta sorprendente la manera en que un discurso posmoderno logra impregnar el proyecto de transformación del Estado. Un Estado que:

  1. Reconoce la multiplicidad de las posiciones del sujeto, legítima las diferencias étnicas y de género, pero descuida las diferencias de clase. Aunque el Plan de Todos y el Plan de Desarrollo Económico y Social reconocen la pobreza y la necesidad de erradicarla, no identifican la base estructural de las relaciones de clase. Como hemos visto, las políticas neoliberales han contribuido más bien a una mayor polarización entre clases sociales. En cada una de las movilizaciones que observé emergía siempre el tema de la desigualdad de clases y se negaba obstinadamente a abandonar el escenario central.
  2. Resalta y legítima las organizaciones locales y municipales, a expensas de las supralocales -organizaciones regionales, departamentales y nacionales. Si bien el Esta do no proscribió ninguna de estas organizaciones, ni sus estrategias de lucha, las opiniones de funcionarios gubernamentales, de algunos intelectuales y de fracciones de la clase media están imbuidas de esfuerzos por debilitarlas y fragmentarlas. Durante una entrevista con un consultor de la Secretaría de Participación Popular, ésta señalaba que: “el objetivo de la participación popular es otorgar voz a cada miembro de las Organizaciones Territoriales de Base, y que éstas ocupen el espacio que hasta ahora era de comités cívicos, sindicatos, de la Central Obrera Boliviana y de cualquier grupo pequeño que se proclama representante de la mayoría. Estas organizaciones tendrán que ajustarse a la ley para sobrevivir” (comunicación personal, La Paz, enero de 1996).
  3. Otorga prioridad a las prácticas discursivas y dialógicas y no a confrontaciones “pasadas de moda”.

17El diálogo y el consenso deben sustituir al conflicto y a la oposición. En palabras de Sánchez de Lozada:

Tenemos que dialogar antes de sacarnos la entretela. En el país primero se presenta el conflicto y después el diálogo, situación negativa que se tratará de enmendar conversando y estableciendo primero los aspectos de coincidencia y luego aquéllos contrapuestos (Los Tiempos, 1 de abril, 1996).

  • 7 Ver Gould 1990. Rappaport 1990 y Vincent 1991.

18Con las perspectivas académicas posmodernas de hoy -que hacen énfasis en los intercambios dialógicos para superar las relaciones desiguales de poder- esta posición no reconoce que la relación entre el Estado y la sociedad civil es tal que el primero “delimita el alcance de lo que se puede decir” (Wolfe 1991: 198)7.

19Con todo, no debemos extender la analogía entre posmodernismo y retórica estatal demasiado, pues, a diferencia del discurso posmoderno, el Estado no permite la fluctuación de los significantes sino que fija sus significados en leyes, como si éstas se trataran de mandatos divinos. Cualquier desviación de lo definido como político y legítimo por el Estado es reprimido por la fuerza. En palabras de Corrigan y Sayer, “la ley es legitimada y materializada de maneras impersonales, espléndidas y terribles... el Estado pretende naturalizar la propiedad y el comportamiento por medio de la Ley, de la retórica y del gobierno, lo cual es acompañado por un terror ritualizado” (1995: 99). Como veremos, el gobierno boliviano no vacila en reprimir, muchas veces de manera violenta, cualquier forma de protesta popular que unilateralmente tilda de “política” y contraria a la ley.

“Cuando pedimos diálogo nos dan palo”

20En este acápite examinaré las prácticas y discursos contestanos de los subalternos, quienes guiados por un conocimiento, basado en el sentido común y en la práctica, abordan directamente lo que el Estado silencia, descuida o transforma en ilegal, en su afán por “reinventar la democracia”.

21Al llegar a Bolivia, en enero de 1996, me impresionó la cantidad de movilizaciones que llenaban las páginas de los periódicos: marchas de obreros, maestros y rentistas; bloqueos de caminos de los campesinos en el Departamento de Cochabamba; una huelga general; huelgas de hambre, paros de transporte, y una prolongada marcha -un mes- de cocaleras, que caminaron desde la provincia Chapare hasta la ciudad de La Paz. Estas movilizaciones obedecieron a muchas causas: oposiciones a la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y al incremento de los precios de la gasolina, al anuncio gubernamental de incrementar los salarios en apenas 8%; y a la demora en la aprobación de la Ley de Reforma Agraria por el Congreso Nacional. Paralelamente, cada uno de estos sectores expresó su apoyo a la marcha de las cocaleras, quienes demandaban poner freno a la erradicación forzosa de coca en el Chapare y respeto a los derechos humanos. Argumentando que estas movilizaciones eran “políticas” y por lo tanto ilegales, el Estado respondió con represión policial, perros amaestrados, gases lacrimógenos, detención de líderes y huelguistas de hambre, y despliegue del ejército para poner fin al bloqueo de caminos. Paralelamente, convocó a todos estos sectores a la mesa de negociaciones (cf. La Opinión, La Razón, Los Tiempos, Presencia, Ultima Hora, enero de 1996).

  • 8 Probablemente debido a ello las organizaciones sindicales de productores de coca son ahora los gru (...)

22La marcha de las cocaleras fue sin duda el conflicto más difícil de confrontar, pues atrajo la atención de la prensa nacional y el apoyo de partidos de oposición, de la iglesia, de la Central Obrera Boliviana y de la mayor parte de los bolivianos (cf. Agreda et. al. 1996). También provocó fisuras en el propio gobierno, pues algunos congresistas de la coalición gobernante defendían el derecho constitucional de las cocaleras a marchar pacíficamente. A este problema se añadiría la presión constante del gobierno de los Estados Unidos a favor de la erradicación de las plantaciones de coca y una constante amenaza de “descertificación”, lo cual conllevaría recortes en la ayuda extranjera. Respondiendo a estas presiones, el gobierno boliviano aplicó una política despiadada de erradicación de las plantaciones de coca, con la aprobación de la polémica, y en parte inconstitucional, Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), la militarización del Chapare y violaciones a los derechos humanos más elementales de la población (cf. Cedib 1993, Human Rights Watch Americas 1996)8.

  • 9 La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia respondió a estas acusaciones con la siguien (...)

23Pese a haber sido interceptadas y llevadas de vuelta al Chapare por la fuerza en tres ocasiones, el gobierno no logró detener a estas mujeres en su empeño, pues las que escaparon a la captura se reagruparon y continuaron caminando hasta la ciudad de La Paz por senderos. El gobierno optó, entonces, por desplegar una campaña para desacreditar la marcha, inclusive llegó a negarla e intentó justificar su ilegalidad. Acusó a los líderes de los productores de coca de estar politizados, de mantener contactos con “fuerzas internacionales con base en el Perú” o con narcotraficantes. Sugirió, entre otras cosas, que, bajo amenazas de sanciones sindicales, la “dictadura del liderazgo sindical habría obligado a las mujeres a marchar”, lo cual constituiría una violación de los derechos individuales de los ciudadanos; y que su demanda de poner fin a la erradicación forzosa de coca viola la Ley 1008 (cf. La Opinión, La Razón, Los Tiempos, Presencia, Ultima Hora, diciembre 1995-enero 1996). Por estas razones, el gobierno insistía en calificar la marcha de “política”, ilegal y de ser una amenaza para los intereses nacionales9.

24Las cocaleras, por su parte, resolvieron realizar la marcha -como los hombres habían hecho antes que ellas en 1994 (cf. Contreras 1994) — pues, como señaló una de ellas durante la conversación que sostuve el día que me uní a la marcha, “Nos dimos cuenta que no podíamos dejar la lucha en manos de los hombres solamente, tenemos que luchar juntos”. Al llegar a la ciudad de La Paz, otra cocalera dijo: “hemos caminado durante un mes, bajo la lluvia, la nieve y el granizo, junto a compañeras embarazadas, con casi nada de alimento y durmiendo a la intemperie, todo para que este gobierno respete nuestros derechos como mujer y como campesinas cocaleras” (Silvia Lazarte, Plaza San Francisco, La Paz, 18 de enero de 1996 (grabado por la autora).

25Estas mujeres se autodefinían entonces, como campesinas quechuas y aymaras para denunciar la interferencia de los Estados Unidos y las políticas estatales de violación de los derechos más elementales, incluyendo su derecho a plantar coca. Subrayaron asimismo sus roles de madres, esposas y hermanas preocupadas por la represión que sus esposos, padres, hermanos e hijos sufrían cotidianamente. Señalaron, por otra parte, que ellas también son objeto del abuso (inclusive sexual) y la violencia de los uniformados. Apelando a la solidaridad de género, solicitaron reunirse con las primeras damas, para pedirles, “de mujer a mujer”, su mediación en el conflicto. Apelaron asimismo a la sensibilidad del presidente: “acaso no tiene esposa, madre, hija para saber como es de difícil la vida cuando no se tiene que llevar a la boca? si es así en la ciudad, no se da cuenta cómo es en el campo?” (Severina, Ultima Hora, 10 de enero, 1996).

26Las palabras de las cocaleras son elocuentes, pues presentan una intrincada imagen de sí mismas. Como el caleidoscopio, esta imagen combina todas las fuerzas socio culturales que afectan la construcción de sus identidades: clase, etnicidad género y nacionalidad. Al enfatizar su posición de género, etnicidad y nacionalidad simultánea y estratégicamente despliegan los aspectos mismos de la política de identidad que el propio Estado pretende destacar. Sin embargo, estas mujeres subrayan al mismo tiempo, la realidad de su posición de clase y con ello ponen de manifiesto la contradicción entre la retórica y la práctica estatales.

27En muchos de sus comentarios, las mujeres utilizan las imágenes y conceptos que el Estado emplea: democracia, diálogo, consenso e igualdad para argumentar que, en su experiencia, el significado de estos conceptos es bastante diferente al que expresa la retórica dominante. Los ejemplos -extraídos de diversas declaraciones de las cocaleras a la prensa durante la marcha- que expongo a continuación, ilustran su percepción del argumento gubernamental sobre la necesidad de lograr consenso a través del diálogo, y por qué no tienen otra alternativa que continuar con sus propios métodos de lucha:

“No existe diálogo para nosotros, porque el gobierno responde a nuestro clamor con la fuerza y la represión, lo que nos obliga a seguir luchando pero con nuestros propios métodos de lucha” (Juana, Presencia, 28 de diciembre de 1995).
“Yo no tengo cultivos, no tengo nada que hacer en mi tierra, y por eso estoy en esta marcha que debe servir para hacer respetar nuestros derechos y libertades y lo que dice el gobierno sólo de dientes para afuera, porque cuando pedimos diálogo nos dan palo” (Felipa, Ibid).
“El mnr ha dicho que iba a haber un plan de todos, va a haber trabajo para todos, sin embargo, ha sido un plan de balas, un plan de gases, un plan de sangre para nosotros, un plan de muerte” (Eva, Presencia, 12 de enero de 1996).

28Muchas mujeres recordaron al gobierno de que supuestamente estaban viviendo en una democracia y no en una dictadura:

“El presidente dijo que se respetarán los derechos de la mujer y que no habrá más los abusos en su contra. Quiero ver si ahora Goni cumple con la ley y me respeta y respeta a mis compañeras o se trata de otra mentira... hemos votado por él y lo hemos puesto donde está sólo para que ahora ordene que se nos mate y se nos reprima. No sabemos por qué hace eso, porque los cocaleros no le hemos quitado el plato de comida” (Margarita, Ultima Hora, 10 de enero de 1996).

29Las mujeres criticaron también los proyectos de desarrollo alternativo, encaminados a substituir los cultivos de producción de coca, y el uso de los fondos municipales provenientes de la Ley de Participación Popular:

Nosotros no nos oponemos a la erradicación de coca, pero a cambio queremos otra “forma de vivir. Queremos desarrollo alternativo de verdad, no como hasta ahora que nos han puesto una escuelita, una posta de salud o arreglar caminos. Queremos producir para vivir. Marcharemos por nuestras tierras porque no queremos que nos boten del Chapare, ellos quieren ser dueños y contratarnos como sus peones ” (Leonor, La Razón 17 de enero de 1996).

30Estas afirmaciones no sólo constituyen una crítica moral al Estado, son asimismo una ventana desde la cual es posible vislumbrar la definición que las cocaleras dan a esos conceptos centrales del discurso populista neoliberal: política, democracia, diálogo y desarrollo. En la mayoría de sus comentarios, estas mujeres también destacan la posición de clase de los campesinos y la amenaza que las políticas estatales y fuerzas globales más amplias significan para el futuro de los campesinos del Chapare.

31A su arribo a la ciudad de La Paz, las cocaleras fueron acogidas por una multitud de gente, que les brindó una apoteósica bienvenida. Al agradecer al pueblo de La Paz por su recepción, Evo Morales, presidente de la Coordinadora de Productores de Coca, sintetizó con gran habilidad las definiciones populares de la política, la identidad y el desarrollo, cuando señaló:

Estamos muy satisfechos por este gran recibimiento que brinda el pueblo paceño y su gran solidaridad. Lo que quiere decir que en el sindicalismo se practica la solidaridad la unidad mientras que en el neoliberalismo es sólo individualismo. En el neoliberalismo sólo se compite, en el sindicalismo se comparte. Esta es la muestra de parte de nuestra cultura, por eso mi máximo reconocimiento a los compañeros que han recibido a nuestras compañeras marchistas...
Las compañeras -los productores de coca del Trópico- estamos cansados de seguir soportando represión por parte del gobierno. Por eso las compañeras han decidido la marcha en defensa de la vida, la marcha en defensa de la soberanía nacional.
Por qué la marcha en defensa de la soberanía nacional?... lamentablemente el Chapare y Bolivia está siendo administrada por la dea y por la Embajada Americana... parece que el gobierno en vez de erradicar el hambre en la zona del trópico sólo está erradicando al hombre y a la hoja de coca. Creo que debería enfrentar el problema de pobreza y creo que los datos de algunas instituciones que investigan el problema económico, no sólo en Bolivia sino en Latinoamérica, están demostrando que con este neoliberalismo está creciendo el desempleo, que con el neoliberalismo está creciendo la pobreza no sólo en el campo, también en la ciudades. Por eso la lucha en defensa de la soberanía y en contra del neoliberalismo, en contra del imperialismo (extractos de discurso de bienvenida. Plaza San Francisco, La Paz, 18 de enero de 1966 grabado por la autora).

32En tan abierta crítica de la política neoliberal, Evo Morales contrasta lo que considera importantes características de la cultura popular con la ideología y prácticas neoliberales: la unidad frente al individualismo, compartir frente a competir. El apoyo masivo que recibió la marcha de las cocaleras, por parte de la mayoría del pueblo de La Paz, pone de manifiesto que la solidaridad no se fundamenta únicamente en posiciones e identidades subjetivas compartidas o en la localidad. Más bien, trasciende a todas ellas y -como denota Morales- el movimiento sindical boliviano y la cultura popular están en condiciones de brindar los medios para superar estas distinciones. Se trata, entonces, de una oposición directa a los esfuerzos del Estado para redefinir las nociones y prácticas generalizadas de política e identidad.

Conclusión

33El proyecto estatal de construcción de una nueva Bolivia se nutre de diversas corrientes de pensamiento: ideología neoliberal, demandas populares de larga data pero adaptadas a esta ideología, y perspectivas posmodernas, particularmente las que hacen énfasis en las políticas de la identidad. En contraste, el saber del subalterno -que se basa en la manera en que vive la política del Estado por redefinir las nociones y prácticas populares de identidad y política— muestra claramente la contradicción inherente al populismo neoliberal, el cual enmascara la marginación y exclusión sociales con la retórica de la participación. En última instancia, entonces la crítica moral subalterna cuestiona la misma legitimidad del Estado.

Notes

1 Yasic Feraudy (1997: 131) caracteriza al gobierno de Sánchez de Lozada como “neoliberal social reformista”, pues habría pretendido equilibrar la política económica neoliberal con reformas y programas sociales para dar una tregua a la pobreza.

2 La cita corresponde a una versión simplificada del Plan, para el público en general.

3 Ibid.

4 Los dividendos de las empresas capitalizadas generarían fondos suficientes para pagar el BONOSOL. El gobierno saliente de Sánchez de Lozada comenzó a pagarlo un mes antes de las elecciones presidenciales de 1997. El nuevo gobierno recientemente ha denunciado que el dinero para pagar este bono provino de préstamos con elevadas tasas de interés, y que el Estado ya no está en condiciones de pagarlo.

5 En 1996, siete de cada diez bolivianos vivía en la pobreza: 94 por ciento vivía en el campo y 53 por ciento en las ciudades. Presencia 20/1/1996. Ver asimismo Iriarte 1996.

6 La ley apoya la consolidación y/o recreación de organizaciones étnicas supralocales, así como la organización de Distritos Municipales Indígenas. Otro aspecto positivo de la LPP es que pretende reorganizar los territorios provinciales y redistribuir los ingresos estatales más equitativamente y, por primera vez, incorporar a las comunidades al municipio.

7 Ver Gould 1990. Rappaport 1990 y Vincent 1991.

8 Probablemente debido a ello las organizaciones sindicales de productores de coca son ahora los grupos más militantes de Bolivia, y han asumido la vanguardia del movimiento nacional obrero y campesino. Las 5 federaciones de productores de coca (actualmente 6), están representadas por una organización supralocal, la Coordinadora de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba. Las mujeres también ha organizado sus propios sindicatos a nivel de la comunidad y federaciones provinciales que, si bien son independientes, se articulan con las organizaciones sindicales de los hombres.

9 La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia respondió a estas acusaciones con la siguiente declaración: “La marcha nació de la voluntad de las mujeres, por hacer respetar su dignidad y libertad, principios conculcados por las fuerzas de represión del Gobierno, violando el artículo sexto de la Constitución Política del Estado. La marcha de nuestras compañeras es una medida pacífica de protesta, por la constante violación de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba y el incumplimiento del gobierno, de acuerdos suscritos entre ambas partes, cuyas víctimas son principalmente mujeres y niños, este movimiento surgió de la espontánea decisión de las bases y no tiene ninguna injerencia política. La marcha se ampara en lo previsto por la Constitución, que consagra a los derechos humanos, a emitir libremente las ideas, a transitar en el territorio nacional y a formular peticiones colectivamente. La Ley 1008 nada tiene que ver con una marcha de protesta; resulta una temeraria acusación pretender identificar esta movilización con actividades del narcotráfico, además de que la opinión pública conoce de la inconstitucionalidad de esta ley” Presencia 5/1/1996.

Notes de fin

1 Este trabajo se presentó en el Congreso Internacional de Latin American Studies Association (LASA) en Guadalajara, México, 17-19 de abril de 1997. La autora desea agradecer las críticas y sugerencias de Pamela Calla, Concepción Martínez y Susan Paulson para la revisión de la versión original de este trabajo.
El presente artículo se refiere principalmente al período de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Empero, su política de gobierno es al mismo tiempo una continuación y un esfuerzo concertado por profundizar las transformaciones neoliberales. Aunque actualmente Bolivia está siendo gobernada por una amplia coalición de partidos, con el Gral. Hugo Bánzer como su presidente, la política neoliberal sigue su curso.

Auteur

The City University of New York

© Institut français d’études andines, 2001

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