1 Bolívar al salir del Perú, en 1826, no tuvo intenciones de alejarse definitivamente y al recibir la comunicación del nuevo gobierno peruano, donde se le hacía conocer los sucesos que le cerraban el paso para el regreso, no asimiló el rechazo y exigió, entonces, el cumplimiento inmediato del compromiso adquirido por el Perú para culminar la independencia con ayuda de las fuerzas colombianas, a sabiendas de que era imposible hacerlo efectivo en esos días. Estos reclamos fueron: el pago de la deuda por los gastos de la guerra, la reposición de las bajas sufridas por el ejército colombiano durante su permanencia en el Perú y la determinación de los límites de acuerdo a las expectativas colombianas. Al no poder satisfacer tales demandas y complicarse las relaciones por los recelos de quienes representaban a ambos países, se llegó a la ruptura de relaciones y a la declaratoria de guerra.
2 Hay que tener en cuenta que no todos los jefes militares lo eran por profesión; más de uno, como José de la Riva-Agüero, fue principalmente político y su aspiración, por lo tanto, era el poder, aunque no poseía experiencia en su ejercicio.
3 El caudillismo no ha desaparecido de América Latina y en el siglo xx se manifiesta por igual entre militares y entre civiles, quienes en algunas oportunidades pueden retener el poder más allá del tiempo establecido, mediante elecciones fraudulentas, como lo hizo Augusto B. Leguía (1919-30), o en forma arbitraria como lo hiciera el general Óscar R. Benavides.
4 Esta primera clasificación de Jorge Basadre recoge los rezagos racistas del siglo xix y aun cuando asume una actitud de rescate del mestizo, la propuesta encierra una vertiente evolucionista.
5 En trabajos posteriores intentaremos aplicar el método histórico de las generaciones para la clasificación de los caudillos, consideración que sale de los alcances del presente artículo. El hecho de encontrar la actuación paralela de dos generaciones, al adelantarse la segunda por su temprana incorporación a la vida pública en las luchas emancipadoras, creemos que ofrece una veta no explotada, pero sí muy sugerente.
6 El avance de la legislación social en el siglo xix fue muy lento y tuvo marchas y contramarchas debido a la estructura social existente. Por un lado había que premiar a todos los patriotas que, de una u otra forma, participaron en la consecución de la independencia, pero en el caso de los esclavos patriotas, estos eran reclamados por los hacendados costeños para el trabajo agrícola, y el erario no podía asumir su manumisión. Con la abolición del tributo indígena el problema fue similar, su supresión no podía ser reemplazada por nuevas contribuciones por la pobreza de los pueblos.
7 No obstante, estas autorizaciones no permitieron un ingreso significativo de esclavos, pues su tráfico había sido proscrito por Gran Bretaña desde la década de 1820 y ya no llegaban barcos negreros de África. Era Colombia de donde, en forma restringida, por la oposición de sus hacendados, salían algunos embarques de esclavos.
8 En la categoría de Fundadores de la Orden del Sol figuraban: los generales José Gregorio de las Heras, Juan Antonio Alvarez de Arenales y Toribio Luzuriaga, quienes ocuparon además, el cargo de ministros; el intendente del Ejército Juan Gregorio Lemos, los jefes primeros de los cuerpos a la salida de Valparaíso, los ayudantes de campo coroneles Diego Paroissien, Tomás Guido y el marqués de San Miguel; el teniente vicario general del Ejército Cayetano Requena, el mariscal de campo marqués de Torre Tagle, el coronel del batallón Numancia Tomás Heres y el teniente general conde del Valle Oselle.
En la segunda categoría, de beneméritos, se contaban: tres oficiales desde teniente coronel hasta subteniente, inclusive. La elección se hacía por junta de los jefes del ejército, presidida por el general en jefe con revisión de la hoja de servicios y de igual forma se procedía con la elección de cinco oficiales, tomados entre los adictos al Estado Mayor General.
Y, en la tercera categoría se consideró como asociados a todos los ciudadanos, de cualquier clase o fuero, que resultasen acreedores al aprecio público (Oviedo 1861-70: 7).
9 Hay que considerar, además, que la caracterización de liberales y conservadores es muy precaria. Es difícil encontrar una coherencia real entre el pensamiento y la acción. Ambos son marcadamente autoritarios y deambulan, en lo económico, por igual entre la libertad de comercio y el proteccionismo, por mencionar sólo dos aspectos del problema.
10 Es probable que algunos de estos extranjeros se dieran cuenta de las dificultades para aplicar ortodoxamente tales ideas y mitigaran su entusiasmo liberal.
11 Las constituciones hasta 1860 mantienen la intolerancia de cultos, la religión Católica como la religión del estado y su obligación de defenderla. Aun cuando desde el comienzo de la república hay clérigos como Luna Pizarro, Rodríguez de Mendoza, González Vigil y otros que reclaman la libertad de cultos, el resultado final es que las Asambleas Constituyentes se inclinan por mantener la unidad religiosa como base para la identidad nacional.
El clero de estos años es mayoritariamente nacional, porque con la independencia sale parte del clero español y hasta avanzado el siglo xix no llegan nuevas órdenes religiosas.
12 No pueden incluirse aquí los representantes de la Iglesia, salvo casos muy particulares, por iniciarse la pugna Iglesia-Estado por el Real Patronato.
13 Después de la Confederación Perú-Boliviana, Luna Pizarro se reintegra a sus actividades pastorales. Abandona gran parte de su liberalismo y, más adelante, tuvo que aplicar las sanciones contra el clérigo radical Francisco de Paula González Vigil.
14 Un tema muy sugerente para la investigación es el de la vinculación de muchos de estos liberales con la masonería, en especial el caso de Francisco Javier Mariátegui, pero este tema no está estudiado sino muy tangencialmente y aquí resultaría difícil precisar el papel que jugó en esta conquista del poder.