Capítulo 3. Una época de transición: las guarangas y los corregimientos (1548-1570)
p. 117-156
Texte intégral
El nuevo acercamiento del poder imperial al escenario político local
1En su afán de definir y aplicar una nueva política de Estado, que implicara el control político de los territorios conquistados y particularmente de los espacios locales, la Corona hizo un esfuerzo por recopilar la mayor cantidad de información y por procesar y sistematizar la acumulación de tres décadas de experiencia en los territorios peruanos. Ello se justificaba por su necesidad de establecer un diagnóstico lo más exacto y seguro posible a través del que idear una estrategia precisa para imponer los intereses estatales.1
2Un avance fundamental en este terreno fue la primera visita general ordenada por La Gasca a fines de la década de 1540, con el fin de conocer el tamaño y los recursos de la población indígena, lo que permitiría hacer una nueva evaluación tributaria. Durante los años siguientes, este esfuerzo estadístico se incrementó notoriamente, dando muestras del creciente desarrollo de los instrumentos administrativos del Estado imperial para lograr un conocimiento cuantitativo y cualitativo de la población y los territorios que controlaba. Numerosos visitadores se desplazaron a las diferentes encomiendas y realizaron un recorrido sobre el terreno, identificando y entrevistando no solo a las principales autoridades locales (principalmente a los caciques de guaranga), sino también al resto de la población. Se apoyaban para ello en formularios que los guiaban en la indagación y que permitían homogeneizar y sistematizar la información. Gracias a las visitas se pudo realizar una exhaustiva investigación sobre la población, la organización sociopolítica y los recursos de las diferentes unidades sociales y políticas que componían el Imperio inca.2
3En los territorios de Huaylas, los primeros visitadores enviados por La Gasca fueron dos reconocidos funcionarios: Sebastián de Merlo y Gómez de Caravantes, quienes reunieron a los indios de las diferentes encomiendas para hacer un recuento de la población. A esta visita le sucedió la del arzobispo Loayza, quien junto con los destacados dominicos fray Tomás de San Martín y fray Domingo de Santo Tomás, hicieron, tal vez a partir de esa primera información, la tasa de la encomienda. A fines de la década del cincuenta se produjo la visita del licenciado Álvarez, corregidor de Huánuco, de la que solo se ha podido conocer la parte correspondiente a las guarangas de Ichoc y Allauca Guaraz.
4Las disposiciones de La Gasca para las visitas indicaban que debían hacerse “casa por casa”; además de facilitar un conteo más preciso, ello implicaba un contacto directo con la población. En ese sentido, las visitas no solo suponían hitos del esfuerzo estadístico del gobierno colonial y una manera de “encuadrar a la sociedad [indígena] en el modelo ideal preconizado por el Estado y la Iglesia”,3 sino una forma mediante la cual el monarca, representante máximo de ese Estado, se hacía presente en los rincones más recónditos del territorio imperial con todo su poder y esplendor: “Una visita principal estaba presidida por el juez visitador, e integrada por una caravana de funcionarios que incluía por lo menos a un escribano, un intérprete y un sacerdote, además de una comitiva de soldados, sirvientes y cargadores”.4
5Las visitas tenían un profundo significado político. Los habitantes de las guarangas podían evocar al soberano a través de la figura del juez visitador, “representante e imagen viviente del monarca e investido de la autoridad regia”,5 y percibir así “como realidad visible un proyecto de orden político y social”.6 A través de las visitas, el monarca pudo estrechar la relación con sus vasallos de forma visual y “mantener la ficción de un vínculo inmediato y directo entre la Corona y cada vasallo”.7
6Así como el reparto de Jauja en 1534 supuso la representación de un orden (el de los encomenderos), la visita de 1549 a las encomiendas de Huaylas representó sobre el terreno el nuevo orden que inauguraría una relación directa entre el rey y sus súbditos. Se estableció así un nuevo pacto político entre la Corona y las autoridades locales indígenas reconocidas de facto como señores naturales.
7Este pacto político se formalizó a través del cuidadoso empadronamiento de todos y cada uno de los tributarios —vasallos del rey— y del cacique al que pertenecían, y de una detallada relación de los bienes y servicios que debían entregar como tributo. Estas tasaciones quedaron registradas por escrito y fueron notificadas y entregadas oficialmente a los caciques principales y a los de las guarangas, quienes, por lo general, no se limitaron a acatarlas tal cual, sino que entablaron una negociación que condicionaba la aceptación del pacto a ciertos cambios en las tasaciones que les parecían más desfavorables. Cuando finalmente quedaban establecidas, los caciques las guardaban celosamente como un documento fundamental que sintetizaba, simbolizaba y evidenciaba sus relaciones con el monarca, quien a cambio de su cumplimiento tributario y de la aceptación de sus leyes les aseguraba la protección de sus derechos y privilegios.8
8El pacto político se siguió reeditando constantemente. Como veremos en los próximos capítulos, durante las siguientes décadas y cada cierto tiempo, los caciques —como representantes e interlocutores reconocidos por la Corona— siguieron solicitando revisitas para reajustar la tasación; podían incluso objetar al visitador si consideraban que no era justo. Así, cuando consideraban que las autoridades que representaban al rey no habían respetado las condiciones del pacto, recurrían a las altas instancias de la justicia real y hasta al propio monarca.
La situación política de Huaylas entre 1548 y 1560
El declive del poder de los encomenderos
9El panorama político en el territorio de Huaylas mostraba claramente el declive del poder político de los encomenderos, mientras que el de los caciques se iba fortaleciendo aún más y el de la Iglesia iba en ascenso.
10Los encomenderos de la zona se habían visto debilitados en su posición central tras la derrota sufrida frente a la Corona que, para doblegarlos y después de vencerlos, atacó sus bases económicas ejerciendo un control férreo sobre las rentas de las encomiendas, que en Huaylas ya se habían visto muy afectadas durante las sucesivas guerras civiles que sangraron la economía de la región. Para lograr este objetivo, las rentas fueron reguladas a través de las retasas.
11Tanto o más grave para la situación de predominio de los encomenderos en el plano local, donde algunos de los primeros todavía lograron mantener una posición ventajosa (sobre todo en el ámbito económico),9 fue el cambio de titularidad de las encomiendas, que vino generalmente acompañado de pleitos judiciales. Ya fuera por la ausencia del propietario titular de la encomienda —los dos más importantes poseedores, Aliaga y Francisca Pizarro, se fueron a España—, por un recambio generacional —Hernando de Torres, el hijo del encomendero asesinado, alcanzó por fin su mayoría de edad y accedió a su encomienda—, o por la intromisión de la Corona —la posesión de la encomienda de Huaylas por parte de Francisca Pizarro fue cuestionada por altas instancias de la administración colonial—, la propiedad de las encomiendas de Huaylas, salvo la de Marca, vino a ser cuestionada o entró en un proceso judicial. Las dos importantes encomiendas de Guaraz, que inicialmente habían sido una sola (desdoblada a fines de la década del cuarenta y adjudicada a fieles servidores reales), seguían siendo peleadas judicialmente por el hijo del encomendero titular, quien las recuperó definitivamente, y fueron nuevamente unificadas en la década del sesenta. La encomienda de Recuay, por su parte, se encontraba en litigio tras la salida de Jerónimo de Aliaga a España en 1550, de donde nunca regresó, y era ahora disputada por dos hijos del encomendero que la administraban desde Lima. Por otro lado, la encomienda de Huaylas, si bien seguía estando en posesión de Francisca Pizarro, quedó en manos de su mayordomo, y como todo el patrimonio de los Pizarro, se encontraba en la mira de las autoridades españolas que pretendían limitar o liquidar definitivamente el poder económico y político del clan Pizarro. A fines de la década de 1550 esta encomienda fue asignada a un nuevo encomendero, Vasco de Guevara, quitándosela definitivamente a doña Francisca Pizarro.
12El recambio de los encomenderos se terminó de consumar a principios de la década del setenta, cuando las dos encomiendas de Guaraz volvieron a unificarse en manos de un solo encomendero: Hernando de Torres. Por esas fechas, la encomienda de Recuay era propiedad de Juan de Aliaga.
13Esta segunda generación de encomenderos sostenía una relación muy diferente con sus encomendados. El vínculo existente entre los encomenderos y sus caciques —muchos de ellos también relevados o muertos— se fue haciendo mucho menos estrecho, y los lazos de lealtad y dependencia mutua también se vieron fuertemente debilitados.
14La reasignación de encomiendas, el constante descenso de la población con la consiguiente caída de los ingresos tributarios, las disputas judiciales entre los diferentes candidatos a las encomiendas, o el simple recambio generacional, funcionaron así como mecanismos que contribuyeron al deterioro de la institución de la encomienda y del poder político de los encomenderos, derrotados contundente y definitivamente por la Corona en Jaquijaguana.
El afianzamiento del poder de los caciques
15El periodo transcurrido entre el declive de los encomenderos y las reformas toledanas constituyó una época dorada para los caciques locales: desde la conquista no habían disfrutado de unas condiciones tan favorables para desplegar su poder.
16En el ámbito externo, su fuerza, su capacidad organizativa y de coordinación y su conocimiento de los mecanismos hispanos para reclamar derechos se mostraron patentemente en las peticiones hechas a la Corona para recuperar los recursos “confiscados” desde los inicios de la conquista o para mostrar su opinión —la mayoría de las veces su disconformidad y oposición— sobre la nueva legislación impulsada por la Corona, tema en el que profundizaremos más adelante.
17En el ámbito local, durante este periodo, que supuso una especie de limbo jurídico en la medida en que el sistema de las encomiendas no se sustituyó inmediatamente por otro, los caciques pudieron aprovechar su casi intocado sistema de poder de tradición prehispánica y sacar partido, además, de las ventajas del nuevo sistema, sin intromisiones, dado que los encomenderos, con quienes muchos de ellos habían establecido relaciones estrechas y leales, habían casi desaparecido de sus vidas, dejándolos así como interlocutores directos de la Corona.
18Una nueva generación de caciques, la mayoría hijos o nietos de los primeros, había sustituido a los caciques iniciales por otros más familiarizados con la nueva sociedad surgida de la conquista. Efectivamente, a fines de la década de 1550, la mayoría de los caciques de guaranga, al menos los que hemos podido constatar, no eran los mismos que los iniciales.10
19Sin embargo, este recambio no supuso una mengua en sus atribuciones políticas y de gobierno, sino más bien lo contrario. Como bien mostraron las sucesivas visitas de la década de 1550, los caciques seguían poseyendo y ejerciendo sus atribuciones de gobierno y judiciales, ya que su prestigio y legitimidad no habían sido cuestionados consistentemente hasta el momento. Ellos habían sido tolerados y reconocidos por el régimen colonial, en la medida en que ayudaban a mantener el orden y la organización necesarios para subsistir y, desde luego, ejercían ese poder y trataban de mantenerlo a toda costa, para lo cual contaban con muchos instrumentos.
20Para empezar, el control de la información seguía estando en sus manos. A pesar de que la metodología propuesta por La Gasca implicaba una inspección minuciosa y visual “casa por casa” de la población, los visitadores siguieron siendo muy dependientes de la información presentada por los caciques para realizar el conteo de la población y el inventario de los recursos de cada guaranga. Si nos atenemos a algunos testimonios, la ocultación de parte de los recursos fue una estrategia usada habitualmente por los indios, aunque a veces sea difícil de probar.11 Ella tenía larga data, pues por algunos testimonios coloniales sabemos que ciertos caciques locales ayudaban a ocultar a jóvenes de los inspectores incas para evadir la mita inca. Para castigar el encubrimiento que había hecho un cacique de Huánuco, del asentamiento de Tancor, “había sido amarrado y golpeado con una piedra en las espaldas por los funcionarios incas”.12
21Durante la visita del licenciado Álvarez a las guarangas de Guaraz en 1558, los pobladores de la guaranga de Ichoc fueron acusados por un testigo español de haber brindado una información “maliciosa”, ocultando su ganado para encubrir su riqueza ganadera:
Los dichos indios son de los ricos que hay en esta provincia, así de ganados como de muchas y muy buenas tierras como es público y notorio y que hoy no han declarado […] Yo estoy presto y aparejado de probar cómo en el dicho repartimiento hay dos indias que cada una dellas tiene mil ovejas sin las que los caciques y principales tienen […].13
22Con el tiempo, y gracias a la experiencia acumulada por las sucesivas visitas, los caciques y su población solían preparar cada vez mejor y más cuidadosamente el escenario, y acomodaban la realidad para presentarla ante las autoridades españolas ocultando hombres —sobre todo jóvenes— y bienes, y poniéndose de acuerdo y memorizando respuestas previamente para responder el libreto ya conocido de los cuestionarios habituales de cualquier visita.14 Las coordinaciones de los caciques de guaranga con los diferentes responsables administrativos y tributarios, particularmente con los caciques de pachacas, debían ser muy precisas, pues en caso contrario se ponía en evidencia el engaño con el consiguiente castigo de los implicados, como le ocurrió en la vecina encomienda de Huánuco a don Antonio Pumachagua, quien por un problema de falta de coordinación, no fue prevenido a tiempo de la visita, siendo sorprendido por los inspectores que, ante sus incongruencias, lo mandaron “azotar públicamente por haber mentido”.15
23Por otro lado, las atribuciones judiciales de los caciques seguían prácticamente intactas. Resulta significativo el hecho de que la única restricción judicial de la Corona respecto de los caciques fue expresada tan tardíamente como en 1551, prohibiendo la aplicación de penas verdaderamente extremas, como “la pena capital o la imposición de castigos corporales o mutilación de miembros”.16
24Las guarangas y sus caciques también mantenían prácticamente sin cambios la organización prehispánica, que consistía en una red muy jerarquizada de asistentes, que incluía una cantidad de “funcionarios” intermedios cuya labor era aceptada por la administración colonial al calificarlos como principales y mandones. Eran estos los caciques de piscapachaca, de pachaca y de media pachaca. Esta red de tradición local estaba fuertemente organizada y jerarquizada y constituía en la práctica un verdadero poder paralelo, más eficaz que el hispano y más legitimado por la población local.
25Las visitas de Ichoc y Allauca Guaraz en 1558 muestran la importancia que tenían los señores de las pachacas dentro de cada guaranga. La guaranga de Ichoc Guaraz contaba con ocho señores que lideraban sus respectivas pachacas. El título de “don”, que antecede en la mayoría de los casos a sus nombres, es una muestra del reconocimiento que los españoles hicieron de su condición de nobles. Por su parte, la guaranga de Allauca disponía de seis caciques correspondientes a cada una de sus pachacas (véanse los cuadros 6 y 7). En ambos casos, estos caciques son denominados en la documentación como “principales”, para distinguirlos del cacique principal de la encomienda que, en este ejemplo, era el cacique de la guaranga.17 Reproducían a un nivel menor las funciones y privilegios de los caciques de guaranga, pero estaban fuertemente sujetos a su autoridad.18 En la visita se muestra que entre ellos se distribuía el tributo total que debían entregar al encomendero y respondían por él ante el cacique de su guaranga.
Cuadro 6. CACIQUES Y PRINCIPALES DE ICHOC GUARAZ

Fuente: “Visita de Guaraz”, 1558.
26Una parte fundamental del poder de los caciques estribaba en el control censal y fiscal de la población indígena y en la organización de su fuerza de trabajo, lo que los hacía insustituibles como intermediarios ante los españoles.
Cuadro 7. CACIQUES Y PRINCIPALES DE ALLAUCA GUARAZ

Fuente: “Visita de Guaraz”, 1558.
Notes11
Notes22
27Esa potestad les había resultado cada vez más costosa pues, a medida que la población se iba reduciendo, se les hacía más difícil el cobro de las tasas. Sin embargo, desde 1549 la presión fiscal se fue reduciendo considerablemente gracias a la política de tasas y retasas desarrollada por la Corona, que logró recuperar un cierto equilibrio entre el descenso de población y el monto del tributo. Las nuevas políticas reales de retasas —que hacían suyos los reclamos lascasianos y de los líderes indígenas— vinieron a corregir y aliviar la principal carga que atosigaba a los caciques en el ejercicio de su cargo desde hacía dos décadas: la agobiante y creciente presión fiscal que recaía directamente en ellos.
28De acuerdo con numerosos testimonios, la primera tasación rebajó el tributo sensiblemente, aunque no podemos saber en qué medida, pues no existían tasaciones previas en la zona. Esta tendencia a la baja se acentuó con las sucesivas retasas. Esta política, lograda como ha señalado Assadourian gracias a la estrecha alianza entre la audiencia, los religiosos lascasianos en el poder y los caciques, en una ofensiva nunca antes vista, mostraba el poder remozado de los caciques en esta coyuntura. La institución suprema de justicia les era tan propicia que, como se quejaran algunos encomenderos: “con que el cacique de cualquier repartimiento que se le antojaba venía o enviaba con un principal suyo a decir que los oidores que estaba muy cargado, y con esto le quitaban una parte de los tributos a veces no pequeña”;19 “se retasaban las encomiendas sin nuevas visitas, sin llamar o atender los reclamos de los encomenderos”.20
29Podemos imaginar el alivio que supuso para las guarangas de Huaylas la política de tasas y retasas de las décadas de 1550 y 1560, gracias a que muchos de sus documentos se han conservado. La primera tasación que se hizo de los tributos de la encomienda de Huaylas, en 1549, por orden de La Gasca, fue elaborada por el arzobispo Loayza, fray Domingo de Santo Tomás y fray Tomás de San Martín. Si bien podemos suponer que ella constituyó un avance significativo respecto de la época anterior, dado que la ausencia de tasación propiciaba abusos más grandes,21 sorprende la cuantía de la tributación: seiscientos pesos de oro y cuatro mil ochocientos de plata, además de productos de cumbi (vestidos y ropa), lana (vestidos, cojines y alfombras) y cabuya (alpargatas, ojotas, jáquimas, cinchas, cabestros, sogas, mantas de caballos de lana), ganado (ovejas, puercos, aves), productos agrícolas (maíz, trigo, papas y ají), huevos, sebo, sillas y doce indios de servicio.22 La siguiente tasación, en 1552, significó una reducción considerable de la tributación global asignada a cada guaranga; para empezar, se eliminó el oro y se redujo a cuatro mil pesos la cantidad de plata, disminuyó considerablemente el número de ovejas y se eliminaron las papas, las sillas, los productos en cabuya y los indios de servicio.23
30En la encomienda de Ichoc Guaraz, en comparación con la retasa de 1550, la de 1552 disminuyó significativamente el monto de la tributación en dinero —de cuatrocientos pesos de oro a trescientos—, en especie —de doscientas fanegas de maíz a ciento cincuenta, cincuenta de trigo en lugar de doscientas, de treinta y seis ovejas a doce, de doscientas aves a ciento treinta— y en servicio —eliminándose los diez indios que debían trabajar en la chacra y atendiendo el ganado del encomendero, y manteniéndose únicamente tres para cuidar el ganado.24 Solamente aumentó la cantidad de papas (ciento cincuenta fanegas en lugar de las cincuenta anteriores).
31Los caciques no solo solicitaron retasas, sino que hicieron repetidamente uso de su derecho a reclamar sobre algunos aspectos contemplados en ellas. Por ejemplo, el cacique de Ichoc Guaraz, Guaman Cocha (sin duda, el documento se refiere a Huaman Cochache), tras serle notificada la retasa de 1550, solicitó a la audiencia que en lugar de ir a Huánuco a pagar los tributos en tres pagas, le permitieran hacerlo en dos, argumentando “que el encomendero en ello no pierde cosa ninguna de sus tributos y a los dichos naturales se les excusan muchos inconvenientes del trabajo e muertes que desta manera lo podían mucho mejor cumplir”. La audiencia ordenó entonces que “se les den e paguen en cada un año en dos pagas de seis en seis meses e que el encomendero no los pueda compeler ni compela a que se les paguen de otra manera”.25 Durante la siguiente retasa hecha en 1552, el cacique en mención reclamó no enviar tanto maíz y trigo a Huánuco, y otra vez la audiencia, en octubre de 1553, le concedió el pedido: “que no pongan en Huánuco a su encomendero más de sesenta fanegas de trigo e maíz de las ciento cincuenta que por la retasa hecha en 15 de octubre de 1552”.26
32No cabe duda de que esta política de tasaciones y retasas constituyó una gran ayuda para los caciques de guaranga en su función gestora de la economía local y en la organización de la fuerza de trabajo. Desde luego, no sabemos si ella lograría compensar el fuerte incremento de la carga tributaria “per cápita” producido por el vertiginoso descenso demográfico. De cualquier modo, el monto del tributo se repartía internamente de forma desigual, de acuerdo con las posibilidades y responsabilidades de cada persona. Por ejemplo, en este periodo temprano los caciques de las guarangas de Ichoc y Allauca pagaban tributo y en un monto mayor que los indios comunes. Los de Allauca decían “que todos pagan tributos, caciques e principales e todos los indios sin que nadie se excuse dello y que nadie recibe agravio dello”.27 Es más, el cacique de Allauca declaró que pagaba de tributo:
Cuatro pesos en plata por él y por su casa e servicio e los veintitrés indios de su pachaca pagan a peso y medio de tributo y algunos más viejos a peso y tres tomines y los demás principales a dos pesos y medio e a dos pesos e a peso y medio; e sus indios a peso y medio e a peso y ducado e a cinco tomines cada uno […].28
33Las visitas muestran lo bien que se las arreglaron los caciques como administradores de la economía de sus guarangas para adaptarla al nuevo sistema y para poder cumplir con los requerimientos tributarios de la encomienda, a la par que aseguraban la satisfacción de las necesidades básicas de la población sujeta a ellos.
34Un difícil problema que debieron resolver fue la falta de numerario para el pago del tributo. Las autoridades españolas confiaban en que la explotación de las minas en aquellas encomiendas que dispusieran de ellas garantizaría la obtención de oro y plata que demandaban en el tributo. Sin embargo, los indios preferían trabajar en las ciudades españolas o tejer ropa para cumplir con el tributo. Si bien las dos guarangas de Guaraz disponían de minas, sus caciques declararon a Álvarez, en su visita de 1558, que no estaban operativas porque eran muy pobres. Los de Ichoc —que tenían “tres partes minas de plata”— no las explotaban desde los tiempos de los incas, especificando que en caso de necesidad, para pagar sus tributos, “andarían a las dichas minas”.29 Los de Allauca —que tenían “cuatro partes minas de plata e una de oro”— aprovecharon la coyuntura favorable del gobierno de La Gasca para dejar de hacerlo. En sus declaraciones, manifestaron que “desde el presidente La Gasca” no las explotaban por ser “muy trabajosas y pobres”, y que por ello “las dejaron e no han andado más a ellas e que no quieren andar a ellas por lo que dicho tiene e porque se gana mejor alquilándose e haciendo ropa e sus rescates e granjerías para pagar sus tributos”.30 Los de Ichoc declaraban que se iban “a Lima, a Trujillo y a Santa a alquilarse en los que pasan por su tierra, vendelles el maíz e alquilarse e algunos rescates”;31 los de Allauca tenían la misma estrategia: “alquilarse y hacer ropas de algodón para pagar sus tributos”.32
35Si bien en ambas guarangas se había introducido exitosamente muchos de los productos europeos que se les exigían en las tasaciones —como el trigo, las gallinas, las cabras y los puercos—, todavía eran deficitarias en algunos de ellos. Por ejemplo, ninguna de las dos podía cumplir con sus cuotas de ovejas de Castilla, que si bien ya se habían introducido en la guaranga de Ichoc, todavía eran insuficientes (los de Ichoc declararon tener únicamente nueve ovejas de Castilla y los de Allauca ninguna).33 Otro producto fundamental en las tasaciones del que carecían ambas guarangas era la cabuya, imprescindible para fabricar algunos productos, como cabestros, jáquimas, mantas de caballos y costales.
36La falta de estos bienes era compensada sobradamente por la riqueza agrícola y ganadera de que disfrutaban ambas guarangas, lo que permitía obtener los productos tasados mediante un intercambio eficiente con los indios comarcanos —sobre todo de maíz, papas y coca, productos que les sobraban.34 Los indios de la guaranga Allauca declararon que hacían estos intercambios “con los indios de Ocros e Recuay e Guari e Guaylas [con quienes] tienen sus rescates e contrataciones en que les llevan maíz e lo rescatan por lana e por ovejas e cabuya e trigo e sal e otras cosas”.35
37Para lograr una exitosa gestión económica, los caciques, además de ocuparse de la distribución y organización de la mano de obra de su guaranga, controlaban y administraban los bienes de la comunidad, un hecho que les facilitó enormemente su misión y que además les daba un inmenso poder. Si bien “el origen de estos bienes se remontaba —según algunos autores— a la noción andina de sapsi”,36 el término “bienes de comunidad” —o comunidades—37 fue introducido por los españoles y hacía referencia a aquellos bienes y recursos que eran gestionados por las autoridades políticas locales y que se explotaban para cubrir las necesidades que afectaban comunitariamente a la población. En los inicios de la época colonial constituyó un concepto confuso pues, a menudo, los bienes de comunidad no se podían distinguir de otro tipo de bienes cuya jurisdicción era poco clara, bien por las declaraciones de los caciques, bien por la interpretación equivocada o interesada de las autoridades hispanas.
38Entre los bienes considerados de comunidad se incluían ciertos recursos, como las tierras agrícolas sobrantes (no las repartidas por el cacique para la explotación familiar), que eran propiedades que se explotaban a menudo comunalmente para cubrir ciertos gastos importantes para el grupo; las aguas; los montes; y los pastos, de cuyo aprovechamiento —particularmente ganadero, de caza y recolección— se beneficiaban los habitantes de las guarangas particular o colectivamente.
39Los recursos y aprovechamientos de tierras —fueran libres o comunales— se expandieron notablemente en gran parte de las guarangas, debido al descenso demográfico que implicó un aumento notable de las tierras disponibles, que siempre podían ser usadas para aprovechamientos comunitarios que ayudaran a sufragar gastos comunes, o que podían ser vendidas a los españoles cada vez más hambrientos de tierra, aun cuando ello estaba prohibido expresamente por la nueva legislación colonial. Esta expansión podía ser relativa, dado que mu-chas veces, el descenso de la población provocó el abandono de los costosos (en mano de obra y trabajo) sistemas de intensificación agraria, como los andenes o sistemas de riego, y ello llevó a un uso mucho más extensivo de la tierra para la ganadería.
40Este parece ser el caso de las dos guarangas de Guaraz, cuyos caciques mencionaron disponer de una gran cantidad de tierras. Los habitantes de Ichoc declararon que “no han tenido orden ninguna en el repartir las tierras ni chacaras porque tienen tierras hartas para sus labores y sementeras”;38 del mismo tenor fue la declaración de los de Allauca, quienes manifestaron que tenían tierras sobradas, por lo que no necesitaban hacer el reparto anual como se hacía en otras partes.39 Tal vez por ello el sistema de cultivo de las dos guarangas de Guaraz era fundamentalmente extensivo (cosechas anuales y en tierras de secano) y muy productivo.40
41Quizá para aprovechar mejor las tierras sobrantes y evitar que las tomaran con sus propios ganados los encomenderos y otros españoles, como ya lo venían haciendo (el encomendero de Ichoc tenía cien puercos y doscientas cabras y el de Allauca seiscientos veinte puercos), el aprovechamiento ganadero en am-bas guarangas estaba en expansión. Los de Ichoc declararon tener en 1557 mil doscientos tres ovejas de la tierra, cuatrocientos cincuenta y tres cabras, ciento catorce puercos, nueve ovejas de Castilla y una yegua, mientras que los Allauca poseían seiscientos treinta y un ovejas de la tierra, doscientas veintiocho cabras, ciento ochenta y tres puercos y una yegua.41 Si bien en ambas guarangas el ganado de la tierra (las llamas) era el mayoritario, ya se habían introducido con gran éxito cabras y puercos, mientras que las ovejas de Castilla, que más adelante constituirían el principal aprovechamiento ganadero de estas tierras, no eran significativas aún (los de Allauca no tenían ninguna, tal vez porque tampoco los encomenderos las tenían). Según el testimonio dado por los indios, el ganado “es de todos los indios. Que unos tienen a dos e a tres e a cuatro e a seis cabezas e más […] e lo tienen en sus propias tierras porque tienen buen pasto para ellos”. Los indios añadían además que “su ganado rescata alguno de ello a trueco de maíz y por plata”.42
42Los caciques de las guarangas tendieron a considerar también como bienes de comunidad los ganados y las tierras del Sol, dedicados al Estado inca y al culto de la religión estatal. Estas tierras fueron habitualmente recuperadas por los habitantes locales, después de la conquista, para destinarlas a un uso comunal.43 Por otro lado, si hacemos caso a algunos testimonios, los ganados del Sol eran particularmente abundantes:
Que en muchas partes de este reino [...] había ganado de la tierra dedicado por los Ingas al sol y a los mismos Ingas, a que no osan tocar los indios sino para sacrificios, en que se ofende a Dios Nuestro Señor. Habrá deste ganado más de trescientas mil cabezas de que naide captiva, antes se ocupan muchos indios en guardallo y averiguándose desta manera se podrían dar por propios e bienes de comunidad a los pueblos en cuyos términos están estos ganados y parte de las dichas ovejas y carneros se podrían dar y repartir para el servicio de los tambos [...].44
43Si bien en las visitas de la zona que conservamos para esta época no hay menciones a ganados y tierras del Inca y del Sol, gracias a testimonios posteriores podemos comprobar que las guarangas seguían disponiendo de esos recursos. Así ocurría en la guaranga de Ecash (Icas), inserta en la encomienda de Huaylas, que seguía manteniendo a fines del siglo xvi el control de estas tierras que los indios consideraban les pertenecían “de la repartición que tuvieron del tiempo del inca” y que usaban para el pago de sus tributos. Tal vez tenía el mismo origen el ganado (ciento sesenta cabezas) que la guaranga de Tocas tenía diseminado por diversos lugares a fines del siglo xvi.45 En otros casos, se ha podido comprobar que las tierras y ganados del Sol se habían destinado al culto de los ancestros locales, un hecho que todavía subsistía en Recuay en el primer tercio del siglo xvii, cuando los extirpadores de idolatrías lo descubrieron.
44Otros bienes que habían pasado a engrosar el patrimonio comunitario y que eran considerados bienes de comunidad tenían un origen temprano colonial. Algunos de ellos habían sido cedidos o legados por los españoles, particularmente los encomenderos, para el bien común de los indios, para el pago de sus tributos, como caridad hacia los pobres o para la curación de enfermedades. Estos legados se debían en gran medida a los religiosos que habían ido introduciendo en la mente de los encomenderos la idea de la restitución, es decir, de que si querían salvar sus almas, debían compensar o restituir lo que habían ganado de forma no cristiana en beneficio de todos los indios de su encomienda. Algunos dejaban bienes para los pobres; otros cedían a los indios obrajes de comunidad; y otros, hospitales, como recordara Matienzo:
Suelen algunos vecinos, o personas que han tenido indios a cargo, para descargo de sus conciencias, dar o dejar mandado que se les dé alguna cantidad de dineros que les parece que les debe y que les son a cargo, lo cual —por mandado de la audiencia o de otras justicias— se emplea en vacas, ovejas de Castilla o ganado de la tierra [...] lo cual solían gastar los caciques en lo que querían y comerlo, y no daban cosa ninguna de ello a los pobres para quien ello era […].46
45Con el tiempo, en la encomienda de Huaylas los bienes de comunidad fueron cuantiosos, tal vez debido a que habían sido los dominicos quienes la habían evangelizado y habían logrado concientizar a los encomenderos para que restituyesen los bienes a los indios. Sea como fuere, en el repartimiento de Huaylas había nada menos que tres obrajes de comunidad: uno en Yungay (Guambo); otro en el pueblo de Mato, cuyo administrador era el encomendero Jerónimo de Guevara; y otro en Huaylas.47 Sin embargo, en los de Recuay, Marca y Guaraz, administrados por clérigos, no existen noticias de bienes de comunidad de origen colonial temprano.
46Como vemos, bajo el concepto de bienes de comunidad se englobaba una diversa y heterogénea cantidad de bienes cuyo denominador común era ser gestionados por los caciques y destinados al bienestar de la población indígena. En este concepto se puede incluir el patrimonio comunal de tipo eclesiástico —como hospitales y bienes dedicados al culto católico—, que posteriormente adquiriría una gran importancia, como mostraremos en los capítulos siguientes.
47Si los bienes de comunidad no lograban cubrir las necesidades comunes, los caciques solían recurrir a echar derramas, es decir, a pedir un tributo extraordinario a los indios para cubrir algún gasto no previsto, pero imprescindible, como completar la tasa del tributo en épocas de mala cosecha, comprar ornamentos para la iglesia, financiar un juicio con el encomendero o con otros caciques, e incluso incrementar el patrimonio comunitario. Estos pedidos — que en muchas ocasiones podían ser vistos como extorsiones— solían ser excepcionales, pero en algunos casos se abusó de ellos, por necesidad o por capricho de los caciques, lo que contribuyó a dar una mala imagen de ellos.
48Los bienes de comunidad, entonces, no constituían un patrimonio fijo, sino más bien cambiante. Este patrimonio podía incrementarse o disminuir, según una diversidad de factores, entre los que se contaban la acertada o desafortunada gestión de los caciques, la cantidad de tierras y ganados que se habían podido retener de la época inca, las donaciones de españoles e indios, la compra o venta de estas tierras y ganados, y hasta la cantidad y cuantía de las derramas.
49Al poder político y el prestigio social y religioso de los caciques se sumaba su poder económico. En muchos casos, su patrimonio privado se vio incrementado desde los inicios de la conquista. Ciertamente, partían desde tiempos prehispánicos de una posición económica superior a la de la población común de las guarangas, que se manifestaba claramente en que disponían generalmente de más mujeres y servidores que el resto de la gente. Si bien la poliginia no era una característica privativa de los caciques —en la guaranga de Ichoc Guaraz más de diez indios tenían varias mujeres—, los caciques de guaranga, y después de ellos los de pachaca, solían destacar por el número de mujeres que podían mantener.48
50Según la visita de 1558, el cacique de la guaranga de Ichoc tenía dieciséis mujeres y su segunda persona nada menos que dieciocho. En la guaranga de Allauca, el curaca principal tenía únicamente seis. Todos los caciques de pachaca de ambas guarangas tenían más de una esposa (de diez a dos).
51Por otro lado, los caciques seguían manteniendo los privilegios económicos que regían desde la época prehispánica, como el derecho a determinados bienes y servicios (entre ellos, el derecho a recibir camaricos, a disfrutar de servicios personales sin remunerar y a ser beneficiarios de mitayos para sus chacras). Por ejemplo, al cacique principal de Allauca Guaraz, siempre según la visita de 1558, le daban cinco indios casados para que le sirvieran, y a cada principal o señor de pachaca le correspondía un matrimonio “sin les pagar nada” y también le labraban sus chacras: tres fanegas de semillas de maíz y otras tres de papas (a los curacas de pachaca les labraban una fanega y media de cada uno de estos productos). El cacique principal tenía a su cargo a tres casados y un soltero, y el cacique segunda persona tenía cinco casados. Los caciques de pachaca, por su parte, tenían derecho a los servicios de dos y hasta tres servidores.49 Al cacique de Ichoc, don Hernando Guaman Cochache, “le daban tres indios casados u uno soltero e que a don Alonso Poma Cochache, segundo cacique, le dan cinco indios casados”, mientras que a los demás principales, es decir a los caciques de pachaca, les correspondía de dos a tres indios “para hacerles sus chacras, sementeras y casas y para guarda de sus ganados”.50 Por otra parte, los indios debían sembrar a sus caciques de guaranga tres fanegas de sembraduras, y a los demás principales, una fanega y media, dándoles los caciques de comer y beber el día en que se ocupaban de estas tierras.51
52Por otro lado, los caciques y sus linajes podían ser propietarios de tierras y ganados que administraban personalmente. No obstante, no está muy claro en qué situaciones podían disponer de tierras propias. Assadourian, basándose en Cieza, menciona que el Inca daba mercedes personales de tierras a los hijos habidos en sus mujeres secundarias y también a los linajes de las jefaturas étnicas.52 En Huaylas, este fue el caso de Contarhuacho, esposa secundaria del Inca, a quien se le había entregado tierras, bienes y servidores.
53Muchos caciques aumentaron o adquirieron su patrimonio personal en el temprano periodo colonial. La Corona —junto con el reconocimiento de su rango nobiliario— permitió a los indios nobles el acceso al régimen de propiedad privada. En el nuevo sistema, muchos caciques no desaprovecharon la oportunidad de ingresar en el gremio empresarial, bien solos o bien en compañías y sociedades con los españoles. Cuando Cuenca visitó la jurisdicción de Trujillo, encontró que el negocio de las tabernas y algunas empresas agropecuarias estaban en manos de los caciques.53
54Además, se acusaba a los caciques de apropiarse de otros bienes —como las tierras sobrantes o las tierras y ganados del Inca y del Sol—, aprovechando su posición de administradores del patrimonio común y la confusión reinante en las décadas iniciales de la conquista. Las autoridades españolas, que reclamaban estas tierras y ganados para el Estado, estaban convencidas de que la mayoría de ellos se las habían apropiado directamente los caciques.
55El hecho de que los caciques gestionaran estas tierras y las usaran generalmente como bienes comunales, sembrando en ellas los productos exigidos en la tasa tributaria54 o vendiéndolas para cumplir con ella, habría generado esta idea entre los españoles de que los caciques las usaban como suyas, en su propio beneficio o abusando de su control.55
56No tenemos muchas referencias de las propiedades de los caciques de Huaylas en fechas tempranas, salvo las chacras que les trabajaban sus indios y la insinuación de un testigo hispano que denunció que los caciques de Guaraz eran propietarios de una gran cantidad de ganado.56 Sin embargo, a fines del siglo xvi, la mayoría de los caciques de Huaylas tenían tierras y ganados de su propiedad, que tal vez legalizaron según la legislación española en las composiciones de tierras de la última década del siglo.57 En otras áreas, particularmente en Jauja, conocemos con bastante lujo de detalle la considerable riqueza patrimonial de los caciques principales y de guaranga, quienes eran propietarios, no solo de ganados y de tierras, sino también de casas, joyas, caballos y lujosos vestidos y menajes.58
El creciente poder de los curas
57En el ámbito local, el mayor contrapeso a este poder fáctico que ejercían los caciques era el de los curas y frailes, cuya ascendencia social e ideológica, particularmente la de estos últimos, era innegable.
58Hacia 1550, los frailes estaban en la cumbre de su influencia y poder. Los religiosos, particularmente los dominicos, que habían sido los principales aliados del monarca frente a los encomenderos, vivían una época dorada. De inspiradores de las políticas lascasianas de los años cuarenta, se habían convertido en los principales ejecutores de las mismas. El más destacado de todos ellos, fray Domingo de Santo Tomás, había sido el fundador del convento de Yungay, en Huaylas, en fechas muy tempranas, tal vez antes de que los dominicos crearan su primera provincia en 1540. Este convento alcanzaría la categoría de priorato en 1579.59
59Más allá de sus diferentes estilos de evangelización, la intromisión e influencia de los frailes y curas doctrineros en la vida política local y su apropiación de las prerrogativas reales (particularmente de las facultades judiciales y gubernativas) dentro del mundo indígena, era un hecho que preocupaba a la Corona desde hacía tiempo.60
60En el caso de los curas, si bien no tenían atribuciones directas de gobierno, disfrutaban de muchas prerrogativas, entre ellas, la de legislar a través de sus sínodos y localmente mediante sus visitadores, instrumentos que les había permitido ir creando una legislación paralela a la civil y con competencias para intervenir en los asuntos locales —so pretexto de que tenían que ver con lo espiritual—, como la de erigir iglesias y capillas o reducir (congregar) a los indios.
61Lo que más escandalizaba de todo este cuadro a los funcionarios españoles celosos del patronazgo real era el ejercicio de la administración de justicia por parte de los doctrineros y frailes. En 1562, decía el Conde de Nieva:
Los excesos de los frailes son notorios y cárceles que tienen llenas de cepos y prisiones y las justicias públicas que mandan hacer que no hay otro dueño corregidor o provisor más de los que ellos hacen usurpando una jurisdicción y otra que no hay señor tan señor de sus vasallos como ellos los son de sus indios.61
62La práctica de los curas y frailes de azotar “por su mano” y de trasquilar a los indios era tan habitual que fue denunciada y prohibida expresamente por el Concilio de Lima de 1567:
Que todos los ministros de la iglesia traten humanamente y con amor a los indios y con precepto se prohíbe que ningún cura ni visitador castigue o hiera y acote por su mano a indio alguno por culpado que sea y mucho menos le trasquile o haga trasquilar, el que cometiere algo de los dicho sea penado en 30 pesos y en otras penas más graves según fuere su culpa.62
63Sin embargo, el Concilio reservaba para los curas el derecho a ejercer justicia con los que no guardaran los preceptos de la religión cristiana, y sostenía que para ser efectivas, esas penas no debían ser espirituales sino corporales:
Para los que por negligencia dejan la misa o doctrina […] para los que no traen sus hijos a bautizar […] para los que dejan de confesarse a tiempo […] para los que con-sultan a hechiceros […] para los que dejan la fe y adoran los ídolos y guacas y para todos los demás que usan supersticiones e ritos de infieles y son apóstatas de la fe o hacen contra la ley de Dios […].63
64Esta usurpación era denunciada por Matienzo como un poderoso impedimento para la cristianización: “¿Cómo han de osarse confesar a los sacerdotes ni decirles la verdad si tienen cepos y cárceles y les castigan y azotan por los delitos que cometen? En ninguna manera confesarán la verdad, creyendo que si la dicen los han de castigar”.64
65Los religiosos no solo imponían leyes y castigos, sino que amparados en la impunidad, practicaban una serie de abusos contrarios a la legislación y considerados por la Corona como lesivos para la autoridad real. Los más notorios eran la apropiación de tierras y bienes de los indios y someterlos a excesivos trabajos para su servicio y empresas personales. Ello había tratado de limitarse a mediados de siglo, al fijarse las retasas y las nuevas tasaciones supervisadas oficialmente por representantes de la Iglesia. En ellas se mantuvo la responsabilidad de los encomenderos de la evangelización de sus indios. Así lo expresaba la tasa de la encomienda de Ichoc Guaraz, cuyo titular era Hernando de Torres, expedida en Los Reyes el 4 de enero de 1550:
Y porque con menos cargo y escrúpulo de conciencia vos el encomendero podáis llevar los dichos tributos os encargo e mando que doctrinéis los dichos naturales en las cosas de Nuestra Santa Fe Católica e a tener e guardar ley natural e buena policía e no habiendo clérigo o religioso que entienda en lo susodicho se pondrá un español de buena y ejemplo que les enseñe en lo susodicho.65
66Se fijaba, además, un salario monetario que seguía corriendo a cargo del encomendero, y otro en especies a cargo de los caciques e indios:
E porque al clérigo o religioso es justo que se provea de cómoda sustentación en tanto que no hay diezmos de que el dicho religioso y clérigo se pueda sustentar daréis vos los dichos caciques y principales e indios del dicho repartimiento en cada mes para ayuda a sus sustentación […] y el salario de dineros e otra cosa más si es menester lo pagareis vos el dicho encomendero.66
67En la tasa de La Gasca proporcionada al cacique Hinchicaque (encomendado en Rui Barba) en 1550, se debía entregar al cura: “Cada mes tres fanegas de maíz y una de papas y una oveja y cada cuatro meses un puerco o una oveja en su lugar y cada semana seis aves, la mitad hembras y los viernes y días de pescado 10 huevos”.67
68La lista de los abusos de los frailes y curas era casi infinita: amancebamientos, servicios personales, cobros indebidos a los indios por supuestas faltas, cohecho con los caciques, trabajos abusivos para la edificación de iglesias y casas,68 aceptación de camaricos o regalos,69 abusos de los visitadores. Lo más frustrante para los funcionarios reales era que, acogiéndose a su jurisdicción religiosa, los frailes y curas no podían ser fácilmente fiscalizados y castigados por el poder civil, porque “cuando se les requiere para que den cuenta de sus excesos ellos se acogen a la iglesia”.70
69La presencia de los curas y el ejercicio de su poder se encontraban potenciados, además, por una red de asistentes y funcionarios que los apoyaban en la catequesis de la dispersa población que debían evangelizar. Estos fiscales, alguaciles y alcaldes de doctrina —indígenas, generalmente yanaconas, pero también mestizos y mulatos— resultaban una gran ayuda para los curas en el ejercicio de sus funciones, entre ellas, la búsqueda de amancebados o juntar a la doctrina. Para que fuera efectiva en el contexto de una alta dispersión de la población, esta red solía ser muy numerosa —a decir de Lohmann, “dichos subalternos eran una nube y doctrinero había que tenía bajo sus órdenes nada menos que a sesenta y tres”.71 La Corona veía en esta red informal de asistentes un apoyo a la autoridad del cura que no podía controlar y, argumentando que hacía graves “daños e insultos a los indios” (lo cual no dejaba de ser cierto en muchos casos), buscó destituirla.
70El poder económico de curas y religiosos también resultaba notable. El patrimonio de la Iglesia en el ámbito local empezaba a ser cuantioso. Si bien se desestimó tempranamente que las tierras y ganados del Sol —es decir, destinados por el Estado inca al culto cuzqueño—72 pasaran a ser automáticamente de la Iglesia, y también se le impidió disfrutar del diezmo, la Iglesia comenzó a poseer y/o a administrar otras propiedades: por un lado, disponía de las tierras y bienes cedidos voluntariamente por los indios y españoles mediante legados testamentarios (como los de doña Francisca Pizarro y doña Francisca Ximénez a los indios de sus respectivas encomiendas); por otro, echaba derramas o tendía a instaurar bienes propios para el mantenimiento de los edificios religiosos y para la creación de instituciones asistenciales, como hospitales y casas de pobres, que daban ayuda sanitaria y alimentaria a los indios más desfavorecidos. Como veremos, en la encomienda de Huaylas fundó varias casas de pobres que los indios dotaron de abundante ganado.
El corregimiento de Huaylas entre 1565 y 1570
La nueva estrategia imperial
71Una vez vencidos los encomenderos y disminuidos en sus atribuciones, parecía el camino despejado para que la Corona tomara las riendas políticas locales e impusiera directamente su poder. Sin embargo, la información recabada por las visitas le hizo comprender que ello resultaría difícil, pues el espacio político local estaba ya copado por dos instancias fundamentales: los caciques y los doctrineros. Efectivamente, la información acumulada (particularmente la de las visitas), dejaba al descubierto la permanencia, tres décadas después de la conquista, de los patrones políticos tradicionales indígenas que, en lo esencial, continuaban vigentes, y la acumulación de poder por parte de los doctrineros, quienes habían ido ocupando el vacío dejado por los encomenderos y por la ausencia de autoridades estatales en el ámbito local. Ello fue visto, desde luego, como un serio obstáculo para la reforma imperial, que buscaba incorporar a la población indígena, en un esquema de supeditación, al sistema imperial.
72El ejercicio del poder de caciques y doctrineros se consolidaba cada vez más. Su autoridad estaba muy engarzada y fortalecida en el ámbito local y se apoyaba en resortes de poder paralelos: ambas autoridades disfrutaban de un lugar de privilegio en la vida política y social local, y su residencia permanente entre los indios favorecía además su injerencia y manejo del poder local. Además de su gran ascendencia social e ideológica, basada en una legitimidad procedente de tradiciones diferentes pero igualmente efectiva, ambas autoridades disponían de numerosos instrumentos para ejercer su poder: una red de gobierno, el control estadístico, tributario y de la fuerza de trabajo de la población, y, en la práctica, atribuciones judiciales y penales. En realidad, ambos poderes eran comparables —uno representaba el sistema político hispano y el otro se apoyaba en la tradición prehispánica—, pero también estaban profundamente imbricados, de tal manera que se potenciaban mutuamente frente a la intromisión del gobierno imperial hispano, que tuvo que trabajar duro y parejo para conquistar un poder que hasta entonces nunca había logrado alcanzar.
73Las dos décadas siguientes serían fundamentales para ensayar primero y definir después la manera en que la Corona instauraría una administración colonial que la liberara de su dependencia de los sistemas políticos locales.
74Las reformas se implantaron en dos etapas: una inicial —que tuvo como elementos aglutinadores las ordenanzas del doctor Cuenca y la imposición en 1565 de los corregimientos—, y otra definitiva, impuesta a partir de 1570. Analizaremos a continuación la primera, que se caracterizó por tener un carácter legal y experimental. Llevada a cabo de forma vacilante y poco consistente, funcionó como una especie de avanzada y ensayo que ayudó a la Corona a trazar definitivamente las coordinadas de la reforma en la Junta de 1568, con la instauración de una tasación general y de las reducciones.
El corregimiento de Huaylas
75Lamentablemente, no conocemos los detalles de la instauración del corregimiento de Huaylas. Sin embargo, podemos colegir que ella se produjo a finales de la década del sesenta, ya que en 1565 se habían creado cincuenta y seis corregimientos que fueron establecidos preferente y progresivamente en la Audiencia de Lima, de cuya jurisdicción dependían las encomiendas de Huaylas.73 En 1570, los corregimientos abarcaban ya las tres cuartas partes del territorio peruano.74 Esta primera etapa del corregimiento es bastante nebulosa y no tenemos datos más precisos hasta 1583, cuando ya esta institución había cobrado una forma más definitiva tras la remodelación de Toledo. Sin embargo, sí podemos evaluar las intenciones y las implicancias políticas de la instauración de los corregimientos, gracias a la abundante legislación (particularmente las ordenanzas de Cuenca y las de Vaca de Castro) y a las airadas reacciones que desataron.
76En principio, el establecimiento del corregimiento de Huaylas no significó una ruptura en la organización territorial, sino más bien una continuidad, dado que si bien los corregimientos constituían distritos jurisdiccionales dentro de los cuales el corregidor ejercía su autoridad, ellos se habían basado en las encomiendas. El mismo patrón que siguieron las encomiendas con las guarangas se mantuvo en los corregimientos.
77El corregimiento de Huaylas constituyó inicialmente una agregación de cuatro encomiendas: Recuay, Marca, Guaraz y Huaylas y, por tanto, de las doce guarangas que las integraban. En ese sentido, calcaba básicamente la provincia inca de Huaylas, al incluir las mismas guarangas, lo que permite apreciar la importancia que tuvieron las experiencias políticas previas cuando se decidió su circunscripción (véase el mapa 6). Desde luego, ello no es de extrañar, pues la creación de los corregimientos tenía fines similares: el control tributario efectivo y la presencia del poder imperial en el territorio local.75 Los propios caciques así lo interpretaron en un memorial (del que se hablará más adelante) que escribieron para lograr la supresión de los corregimientos, en el que comparaban al corregidor con el tocricoc o gobernador inca.
78Si bien los corregimientos no requerían de una capitalidad,76 los corregidores solían establecer su centro de operaciones y su casa en una de las cabeceras principales de su jurisdicción, que se convertía, de hecho, en la sede de gobierno donde se centralizaban las funciones políticas y administrativas del corregimiento. Hasta los inicios del siglo xvii, la capital de esta provincia —es decir, el asiento del corregidor— se situó en la encomienda de Huaylas, concretamente en Yungay (aunque el corregidor Valencia se asentó por un tiempo en Caraz), otra coincidencia con la provincia inca de Huaylas, ya que en esa mitad hanan se habían ubicado las autoridades incas. Yungay se convirtió entonces en la sede del corregimiento y allí se centralizaron muchas funciones de gobierno, como la hacienda pública.77
79El vacío documental de este periodo no nos permite conocer los efectos políticos inmediatos que provocó la imposición del corregimiento de Huaylas. De cualquier manera, los primeros años de su aplicación fueron todavía poco definitivos, estuvieron sujetos a marchas y contramarchas y finalmente el propio proyecto fue readaptado por Toledo una década más tarde. Sin embargo, resulta importante para el hilo de nuestra argumentación referirnos, aunque sea brevemente, a las transformaciones provocadas por la reforma en la esfera política local, y señalar la reacción general que causaron.
Las implicaciones políticas de la instauración de los corregimientos en la esfera política local
80Los propósitos políticos de los corregimientos se muestran claramente en las ordenanzas del doctor Cuenca y en las del gobernador Castro, quienes pretendieron neutralizar el poder alcanzado por los caciques y doctrineros incorporando una instancia superior de gobierno local —el corregidor—, e implantando el cabildo indígena, que tenía la clara pretensión de ser un poder paralelo al de los curacas y más acorde con las pautas del gobierno local castellano, y que ya había venido siendo introducido, aunque de forma muy parcial y experimental, en varios lugares.78
81La idea de quitar competencias judiciales y gubernamentales a los caciques y trasladarlas a los cabildos muestra ya el espíritu de la ley en lo tocante al gobierno indígena. Por ello, según las primeras ordenanzas de corregidores de Vaca de Castro, los alcaldes —el cargo más alto en el gobierno indio— no podían ser caciques, lo que implicaba una separación entre el rango y los cargos públicos.79 El corregidor debía nombrar dos alcaldes o más de los naturales en cada repartimiento, que no fueran los caciques, con competencias jurídicas tocantes a los pleitos entre indios.
Cuadro 8. CORREGIDORES DE HUAYLAS 1570-1605

Fuente: De Varallanos, Historia de Huánuco…; AGN, Juicio de Residencia, 19, e. 50; segunda visita de Mogrovejo, 1593.
Notes11
Notes22
82Estas ordenanzas no especifican quiénes eran aptos para ejercer el cargo. Sin embargo, las de Cuenca señalan que lo eran todos aquellos indios cristianos y casados. Su jurisdicción incluía “Averiguar los pleitos entre los indios sin hacer proceso por ante escribano llamando personas de los indios que sepan de los tales negocios y estos dichos alcaldes tengan sus alguaciles indios y solo quede por escrito la sentencia o determinación”.80 Y más específicamente: “Que puedan conocer entre los mismos indios de todas las causas civiles y criminales que entre los tales indios acontecieren, con que no sea a pena de muerte o de mutilación de miembro y en cuanto a los españoles los puedan prender y los puedan enviar para que los castiguéis”.
83Tan significativo como la transferencia de las atribuciones judiciales de los caciques a las nuevas autoridades locales, resulta su inhabilitación para ejercer funciones de gobierno. Los caciques quedaron, en principio, fuera de toda actividad de gobierno, impidiéndoseles expresamente no solo su postulación al cargo de alcalde, sino su intervención en las elecciones de cabildo.81 Por otro lado, los alcaldes de indios, a partir de ahora, no solo tendrían a su cargo la administración de justicia, sino asegurar el bien común de la población mediante el buen recaudo y custodia de los bienes de comunidad, funciones desempeñadas hasta ese momento por los caciques.82 En este punto se impedía el ejercicio de la representación de sus indios a los caciques: ya no podían tomar decisiones en nombre de los indios (por ejemplo, la venta de tierras comunales),83 ni decidir la necesidad de contribuciones específicas (derramas) para gastos extraordinarios,84 ni acudir directamente a la Real Audiencia.85
Mapa 6. EL CORREGIMIENTO DE HUAYLAS

Fuente: AGN, Juicio de Residencia, 19, e. 50; De Varallanos, Historia de Huánuco...
84A pesar de todas estas restricciones, ninguno de los proyectos pretendió hacer tabla rasa con el orden anterior: las autoridades eran conscientes de que ello era imposible. Las críticas a los caciques y el deseo de disminuir sus atribuciones políticas no impedían que todos reconocieran la necesidad de respetar su majestad y de mantener su rango, reflejo de su superioridad social y moral. Las propias ordenanzas finalizan significativamente: “Asimismo se debe declarar en qué han de entender los caciques y cómo los deben respetar y obedecer todos los indios a ellos sujetos, porque de otra manera sería hacerles agravio y que los repartimientos se hiciesen behetrías”.86
85Para esto se les siguió manteniendo sus privilegios de nobleza, pero regulándolos y buscando la ponderación. En esencia, se salvaguardó la mayoría de sus privilegios, tales como la exención respecto de la tasa y recibir ciertos servicios de sus indios, aunque sujetos a una minuciosa evaluación. En el plano judicial, la jurisdicción del cabildo no les alcanzaba, debiendo resolverse los casos que les compitieran en una instancia superior. Para realzar su jerarquía social superior, se preservó algunas de sus distinciones honoríficas, particularmente las más afines a los patrones hispanos, como la de poder montar a caballo (aunque no podían exceder más de dos “cabalgaduras”). Sin embargo, algunas que tenían que ver con los patrones locales se vieron cuestionadas. Por ejemplo, en las ordenanzas de Cuenca se les prohibió que hicieran sus tradicionales banquetes o que fueran portados en hamacas; también se les restringieron otras prerrogativas, lo que limitó su potencial económico, como la posibilidad de hacer tratos comerciales con los españoles o de establecer determinados negocios, como mesones o establecimientos de bebidas.
86A la par que estas prerrogativas, se les otorgaron también ciertos deberes que reflejaban y realzaban su superioridad jerárquica, tal como dar ejemplo a sus indios “de su vida y costumbres viviendo como cristianos honesta y recogidamente de manera que los indios a ellos sujetos con su ejemplo hagan lo mismo”. Este hecho facilitaría inculcar los nuevos valores occidentales y cristianos a la mayoría de la población. Para asegurarse de ello, se preveía la entrega de sus hijos a los sacerdotes “para que se críen cristianamente y de ellos aprendan los indios a ellos sujetos”.
87Otro deber de los caciques, resaltado en las ordenanzas, era ejercer la tutela de sus indios, cuidando de su salud y asegurándose, por ejemplo, de “traer barberos e cirujanos y medicinas necesarias para curar los enfermos a costa de la caja de comunidad”, o evitando que los indios de la sierra fueran a los llanos a trabajar y vigilando sus hábitos y costumbres, procurando que se aficionasen al trabajo y que no se emborrachasen.87
88El afianzamiento social de los caciques en la reforma de los corregimientos vino aparejado con la delegación de responsabilidades cívicas específicas y vitales para el buen desenvolvimiento del orden político que se pretendía implantar. Había que adjudicarles un papel —eso sí, claro y delimitado— en el nuevo sistema, y se decidió convertir a los caciques en agentes fiscales del Estado, cuya misión fundamental sería el cobro del tributo y la organización del trabajo de los indios, funciones en las que tenían una larga experiencia que se remontaba al tiempo de los incas. Tanto en las ordenanzas de Vaca de Castro como en las de Cuenca, quedaron intactas sus funciones administrativas y fiscales, que habían sido fundamentales en el sistema de las encomiendas, aprovechando la experiencia y tradición de los caciques como intermediarios en la recaudación tributaria desde los tiempos incas. Ya Matienzo había destacado que, “además de beber y holgar”, el oficio de los caciques y principales era “contar y repartir, que eran muy diestros en esto, más que ningún español y cuéntanlo despacio y con sus piedras de muchos colores que cierto es cosa de ver”.88 La asignación de esta función permitía no solo aprovechar la experiencia de los caciques, sino insertarlos en el aparato estatal como funcionarios públicos sujetos a la autoridad de sus superiores en el escalafón burocrático y con un salario.
89Las ordenanzas de Vaca de Castro no son muy específicas en este punto, pero dejan claro que el cobro de la tasa seguiría a cargo de los caciques, aunque con restricciones tendentes a buscar la autonomía de los tributarios frente a ellos; estas se limitaron a tratar que cada indio conociera de forma individual el monto de su tasa para evitar los excesos de los caciques, quienes, aprovechando su papel de intermediarios, solían aumentar los tributos.
Habéis de mandar lo primero que cada indio sepa en particular qué es lo que ha de dar a su cacique, y qué es lo que ha de dar al rey o al encomendero y qué es lo que le cabe de vuestro salario y de las otras cosas que se suelen y acostumbran repartir para gastos comunes, porque no ha de haber más de un repartimiento.89
90En este punto resultan mucho más específicas las ordenanzas de Cuenca. Ellas señalaban que las obligaciones de los caciques en el ámbito fiscal debían ser: seguir a “cargo de recoger y cobrar de los indios del repartimiento así de su parcialidad como de las demás el tributo que por esta tasa está repartido”, y organizar a los indios y repartirlos “por sus ayllus y parcialidades el trabajo”; además, debían mantener un censo actualizado de los tributarios.
91Las ordenanzas se guardaban de tender puentes entre el cabildo y los caciques con el fin de mantener una colaboración estrecha en algunos ámbitos, como el cuidado de las llaves de la caja de comunidad que debían de estar, según las ordenanzas de Vaca de Castro, en manos del cacique, del alcalde de indios y del cura.90
92Por otro lado, la introducción de los corregimientos supuso, al menos en el papel, la anulación —clara y contundente— de las atribuciones judiciales arrogadas por los religiosos. Específicamente se encargaba a los corregidores: “no consentiréis que los religiosos ni sacerdotes que estuvieren en las tales doctrinas, tengan cepos, ni azoten, ni trasquilen a los indios, ni se entremetan a castigarlos por delito alguno que cometieren”. Sin embargo, al margen de esta ordenanza se anotaba: “esto se ha de entender si no fuesen delitos eclesiásticos”.91 Matienzo, por su parte, se mostraba partidario de mantener la potestad judicial de los religiosos en determinados temas: “que ningún padre que esté en la doctrina no pueda tener cepos ni prisiones, ni castigar indios, ni echarles penas, pero al hechicero, y al que tuviere más de una mujer, los pueda azotar y tener presos en la cárcel seglar, para que allí se arrepientan, y el corregidor los destierre o castigue”.
93Las ordenanzas del doctor Cuenca fueron mucho más lejos en la prohibición del ejercicio de la justicia a los religiosos y reflejan un espíritu secularizador mucho más radical, al otorgar a los alcaldes de indios atribuciones que supuestamente eran competencia de los curas, tales como castigar a los amancebados, incestuosos, homosexuales y borrachos y hacer cumplir los preceptos cristianos.92
94Por otro lado, se limitaban fuertemente las competencias de los religiosos en otros temas, como en la posibilidad de decidir sobre la erección de iglesias y de monasterios, que quedó sujeta a la licencia de la audiencia. Solamente en la reparación de los edificios religiosos se les permitió cierta intervención, aunque con la anuencia del corregidor: “que los reparos los puedan hacer por mandado del corregidor que allí residiere”.
95Resulta particularmente importante y de gran trascendencia para nuestro estudio el intento reformista de sacar de la jurisdicción eclesiástica las rentas destinadas a las iglesias (erección, culto y ornamentos) y a los hospitales (cuidado de los indios enfermos). Por ello, aunque ya se ha hecho antes referencia a este asunto, volvemos sobre el tema. Las ordenanzas de Vaca de Castro señalan que lo que “fuere menester para ornamentos y frontales y música para las iglesias” debía sacarse del arca de comunidad con el visto bueno del corregidor, aunque en este punto se recomendaba no innovar y se insistía en que “estos ornamentos los han de dar los encomenderos”.93 En cuanto a los hospitales —muchos de los cuales habían sido creados por los religiosos y se consideraban sujetos a la jurisdicción eclesiástica—, las ordenanzas insistieron en la importancia de mantenerlos; al margen, se advierte que no debía imponerse ninguna contribución especial para ese efecto, pues parecería otro tributo, y que más bien los hospitales debían sustentarse “de mandas que para ello se hicieren graciosamente y de la caja de comunidad”.94 Otra muestra de la voluntad de despojar a los religiosos del control de los bienes de comunidad —aunque tuvieran fines eclesiásticos— fue la prohibición expresa de que administrasen los bienes de los indios.95
96El otro énfasis de las ordenanzas se puso en poner freno a los habituales abusos de los curas y frailes y a sus arbitrariedades. Por eso prohibían que “trataran ni contrataran, ni hicieran sementeras”.96
La reacción a las primeras reformas
97No es de extrañar que entre la fuerte oposición desatada por el establecimiento de los corregimientos en amplios sectores de la sociedad peruana colonial —funcionarios y encomenderos, entre ellos—, la más frontal fuera la de aquellos que se sintieron más afectados por esta reforma: los religiosos y los caciques, que se aliaron para enfrentarla.97 Lohmann y Assadourian han rastreado exhaustivamente la reacción a esta medida y han destacado las acciones tomadas por estos dos grupos comandados por las dos figuras centrales de la Iglesia en ese momento: el arzobispo de Los Reyes, Loayza, y el obispo de Charcas, fray Domingo de Santo Tomás.
98El primero, más que manifestar graves objeciones a la reforma, con cuyo planteamiento estaba esencialmente de acuerdo, se limitó a señalar los puntos más delicados para que se obrase con extremada prudencia, pues temía que el tránsito de un sistema a otro creara un peligroso vacío de poder y trajera complicaciones.98 Uno de los temas más sensibles era el traspaso de poder de los caciques a los alcaldes de indios. Se temió que esta medida revirtiera de forma radical el orden social indígena, dado que el ejercicio del cargo estaba abierto a cualquier indio cristiano casado. Por eso se sugirió que, si bien constituía una medida positiva la imposibilidad del ejercicio del cargo para el cacique principal, “Al menos agora al principio, fuesen indios principales, porque demás que los otros indios son gente muy pobre y de poco saber, sería grande la mudanza de que entre gente que tanto respeto ha tenido y tienen a los caciques, viniesen repentinamente a mandar a los caciques los indios atunlunas”.99
99Se recomendaba también que la introducción de este nuevo estilo político se realizase de forma paulatina y prudente, asumiéndose que la población requería de un aprendizaje para lograr la asimilación de métodos políticos novedosos, como la elegibilidad de los cargos político-judiciales. Por ello, se señalaba: “Por y agora está bien que los elijan [a los alcaldes] los corregidores, más también sería justo que se pusiesen regidores, como su majestad lo manda y que a otro año los alcaldes y regidores eligiesen a otros alcaldes y regidores porque de esta manera empezaran a tomar gusto y entender el gobierno de la república”.100
100La crítica unánime que compartieron todos los grupos —encomenderos, funcionarios, religiosos y caciques— sobre la instauración de los corregimientos fue la forma de pago a los corregidores establecida por Vaca de Castro. Su salario dependería del número de tributarios de su corregimiento, ya que cada uno debía pagar dos tomines por ese concepto, aparte de su tributo, manteniendo así el patrón político-tributario indio basado en una vinculación de tipo personal, no territorial.
101Era claro para todos que este sistema perjudicaba a los indios, pues propiciaba el aumento de la presión de los corregidores que tratarían de incluir a un mayor número de tributarios para incrementar su salario. La oposición fue tan fuerte que Castro hubo de dar marcha atrás en 1566, sustituyendo esta forma de pago por un salario fijo.101
102Más allá del consenso en torno a este punto concreto, cada grupo presentó sus propias objeciones. Las quejas de los caciques se centraron en denunciar que estas medidas suponían una agresión a sus derechos como señores naturales y una erosión del prestigio y poder que les correspondía.102 Fueron enfáticos en el tema del salario del corregidor, pero con el argumento de que se les quitaba su señorío y jurisdicción, ya que la introducción de los corregidores y, en concreto, ese cobro extraordinario, no se había pactado o negociado con ellos. Reclamaban, además, que dicho pago era ilegal, ya que no se ajustaba ni al derecho incaico —en el que los pagos al tocricoc se extraían de las rentas y depósitos de bienes—, ni al castellano —en el que el pago al corregidor lo hacía el erario público, como era el caso, según ellos, de los corregidores de españoles y de los de Nueva España.103 Todos estos argumentos conducían a mostrar que no se les estaba tratando como los vasallos leales al rey que eran.
103En lo referente a la merma de su señorío y jurisdicción, resultaba más escandalosa aún la exclusión hecha a los caciques de guaranga —los verdaderos señores locales— de los privilegios de exención del tributo y de ser acreedores a tributos y servicios por parte de sus indios. Falcón muestra en su informe que el señorío y las normas de sucesión de los linajes de estos caciques habían sido respetados por los incas. El hecho de ser contados como tributarios del rey y de ser considerados “pecheros” les resultaba particularmente agraviante, ya que hasta entonces se les había respetado su derecho a disfrutar privilegios de honra —no trabajar corporalmente o el derecho a cabalgar— y de beneficio —recibir tributos por las altas funciones que desempeñaban, entre las cuales estaba la de “repartir entre los indios lo que cabe a cada uno de pagar del tributo”,104 lo que también se les impedía al tratar de imponer la tributación por cabezas. Ello fue rebatido fehacientemente tanto por el curaca Diego Tavli como por las glosas a las ordenanzas y por el licenciado Falcón. De hecho, Castro hubo de dar marcha atrás en este punto, volviéndolos a exceptuar de la tributación.105 Ya antes, el virrey García de Castro había ordenado que los corregidores asignaran a las segundas personas y a los caciques de guaranga una cantidad de dinero que se extraía del tributo indígena.106 Dado que este salario sería ajustado según el número de indios tributarios, García de Castro pensaba que sería un estímulo para que los caciques declararan el número exacto de indios y no los ocultaran.
104Las otras quejas tienen que ver con la preservación de su patrimonio, que ya venía siendo minado por la voracidad de los españoles y claramente amenazado con estas medidas. Esta vez, los clamores se centraron en la recuperación de las tierras y los ganados del Inca y el Sol —que en el proyecto se buscaba fueran “recuperados” por el Estado— y en el mantenimiento de la titularidad de todas sus tierras —incluidas las que hubieran dejado al ser trasladados en el momento de la reducción.
105Por su parte, la Iglesia —tanto el clero regular como el secular— reaccionó unánime, rápida y violentamente con todas sus armas y desde todos sus frentes: jerarquía y altas instancias de poder y clero común en los espacios locales. Sus argumentos principales eran el daño que se hacía a los indios con estas medidas y el atraso en la evangelización que supondrían. Los doctrineros aseguraron que su autoridad se vería muy mermada con la presencia del corregidor y que los indios tratarían de aprovechar la competencia entre la autoridad civil y la eclesiástica, con lo que la empresa evangelizadora, según Machín de la Cruz, peligraba. La propia supresión de los asistentes indígenas los dejaba sin apoyo para su función.
106Lohmann ha señalado muy bien las diversas estrategias —políticas y espirituales— de la Iglesia para luchar en contra de estas medidas. Una de ellas, adoptada por la alta jerarquía eclesiástica, fue el apoyo a los indios desde los dos arzobispados principales —el de Lima y el de Charcas—, poniendo a su disposición su infraestructura legal y prestándoles su voz y sus conocimientos jurídicos. Los provinciales de los franciscanos y de los dominicos de Lima denostaron públicamente estas medidas, llegándose incluso a instar a los dominicos a negar la absolución a los corregidores. Los nuevos funcionarios de la Corona pronto se dieron cuenta de la fuerza del poder de los doctrineros y hubieron de sufrir su permanente boicot. Los doctrineros, in situ, entorpecieron todo lo que pudieron la labor de los corregidores, negándoles los registros de bautismo y de matrimonio, documentos que resultaban imprescindibles para el empadronamiento de los indios. Estas reacciones se anticiparían a las que dos décadas después se generalizarían tras la imposición en firme de las reformas toledanas, tema del que nos ocuparemos en el capítulo siguiente.
Reflexiones finales
107Las décadas de 1550 y 1560 constituyeron en Huaylas una etapa de transición. Desde fines de la década de 1540 se aplicó ahí, como en el resto del virreinato del Perú, una política de regulación del sistema tributario a través de la tasación de las encomiendas (y de las sucesivas retasas), que alivió la fuerte presión fiscal a que estaban sometidas las guarangas. Por otro lado, la década del sesenta se cerró con la implantación del corregimiento de Huaylas, lo que supuso la primera reforma administrativa de la organización política local y regional. Ambas fueron políticas diseñadas para ser aplicadas en todo el territorio peruano y am-bas mostraban el firme propósito de la Corona de asumir el control político y económico de los espacios locales. Sin embargo, las dos medidas difirieron diametralmente en su concepción y objetivos. La primera —de fuerte inspiración lascasiana— tenía como fin debilitar el poder económico de los encomenderos y para aplicarla la Corona se apoyó en una alianza con la Iglesia, particularmente con los frailes dominicos, y con las élites indígenas locales, mientras que la segunda —con una fuerte carga secularizadora y regalista— tuvo como objetivo desalojar del poder local a los caciques y a los curas, para lo cual se sirvió fundamentalmente de los funcionarios reales. Durante este dinámico periodo de reflexión, indagación, marchas y contramarchas, se fueron ensayando y definiendo las políticas imperiales que finalmente la Junta Magna y Toledo fijarían en su modelo colonial, y que dieron un giro de noventa grados con respecto a proyectos anteriores, tales como la instauración de la perpetuidad de las encomiendas o la erradicación total de las mismas, que también fueron discutidos.
Notes de bas de page
1 En verdad, el reto impuesto por la incorporación al imperio de un vasto mundo totalmente desconocido obligó a refinar los métodos gubernamentales de la corona española, que diseñó y aplicó exhaustivos cuestionarios para recoger testimonios a escala masiva. Gracias a esta preocupación consciente por la recopilación y sistematización de información, se había ido configurando una idea más clara y precisa de la conformación de los reinos y las sociedades americanas pertenecientes al imperio. Los cuestionarios más conocidos fueron los redactados por el presidente del Consejo de Indias, Juan de Ovando, a través de los cuales se pretendía conocer detalles de la geografía, el clima, la población y los recursos del Nuevo Mundo. Tan exitosos resultaron, que formularios del mismo tenor fueron aplicados en esa misma década en Castilla.
2 Las más conocidas por haber quedado impresas y por ser la base de numerosos estudios son las de Huánuco y Chucuito.
3 Guevara Gil y Salomon, La visita..., p. 5.
4 Ibíd., p. 14.
5 Guevara Gil y Salomon, La visita..., p. 14.
6 Ibíd., p. 7.
7 Ibíd., p. 14.
8 Como veremos en el capítulo cinco de este libro, habitualmente se guardaban en las cajas de comunidad o en la propia casa del cacique.
9 Si bien este fue un golpe certero para los encomenderos, muchos de ellos pudieron capear el temporal gracias a que habían conseguido diversificar su economía y negocios. Tanto Aliaga como Vasco de Guevara y Ruy Barba implantaron en sus encomiendas lucrativas empresas.
10 Salvo en el caso del curaca Vilcarrima, de Huaylas, quien aparece como cacique principal de Huaylas ya en la visita de Diego Álvarez y que ya ocupaba el cargo de cacique principal del repartimiento de Huaylas en 1536, cuando se produjo el cerco de Lima. Sin embargo, si bien en 1557 todavía aparece como cacique principal de Huaylas, en 1558 es presentado como tal don Pedro Carua Pillao.
Fuente: “Probanza de Francisco de Ampuero” (1557); “Visita de Guaraz” (1557); “Pleito por las guarangas de Hernando de Torres” (1558; AGI, Justicia 405A); y “Autos por la sucesión del cacicazgo de la guaranga de Ichochonta” (AGN, Derecho Indígena, c. 19, leg. 3).
11 “Los visitados emplearon diversos medios para generar ironía, ambigüedades y útiles oportunidades destinadas a disputar los designios coloniales. Pero ese lado de la historia es aún muy difícil de ser relatado a partir de las fuentes disponibles. Por lo general, todo lo que se puede vislumbrar es el uso político y legal ex post facto que los visitados hicieron de sus propios retratos documentales” (Guevara Gil y Salomon, La visita…, pp. 8-9).
12 Guevara Gil y Salomon, La visita…, p. 16.
13 “Visita de Guaraz”, p. 114.
14 Véase la novelesca reconstrucción hecha por Mayer en “Los atributos del hogar…” a partir de los testimonios de la visita de Huánuco (pp. 98-127).
15 Mayer citado por Guevara Gil y Salomon, La visita…, p. 16.
16 “Cédula de 17 de diciembre de 1551” (Lohmann, El corregidor…).
17 Al ser encomiendas de una sola guaranga, el cacique principal de cada una de ellas era el cacique de guaranga. El rango de caciques que le sigue, el de pachacas, correspondía entonces a los denominados “principales”. En aquellas encomiendas que constaban de más de una guaranga, el cacique principal era un cacique de guaranga elegido entre todos ellos, y los demás caciques de guaranga (no los de pachaca) eran los que solían ser denominados “principales”.
18 Quejas de los indios del común contra don Alonso, cacique principal o de guaranga de la guaranga de Ichoc Guaraz, porque “es mal acondicionado y les riñe” y “con su soberbia les trata mal”, en especial “a un indio llamado Guara Poma, que no era de su pachaca sino de la del principal Santiago a quien le dio de palos y lo descalabró; a otro indio llamado Alonso Xulca Guaman de la guaranga de Santiago fue entregado por yanacona al cacique principal por Pariache, principal de la pachaca de Santiago quien le sirvió cuatro años alquilándolo a los españoles y en todo ese tiempo ganó veinte y nueve pesos de su trabajo que le entregó pero por sus malos tratamientos [le pegaba y no le daba de comer] quería volverse a su pachaca de Santiago” (“Visita de Guaraz”, pp. 112-113).
19 Citado por Assadourian, “La renta…”, p. 184.
20 Assadourian, “La renta…”, p. 183.
21 Para el periodo anterior a La Gasca, “en los tributos no se puede averiguar, porque en esta ciudad [Lima] no ha habido tasación como en otros pueblos y lo más es granjerías” (citado por Varón, La ilusión..., p. 281).
22 “Tasa de la encomienda de Huaylas de 1549” (AGI, Justicia, 405A).
23 AGI, Escribanía de Cámara, 496A.
24 AGI, Justicia 405A, f. 294.
25 Ibíd., f. 291.
26 Ibíd., f. 297.
27 “Visita de Guaraz”, p. 132.
28 “Visita de Guaraz”, p. 133.
29 Ibíd., pp. 109-110.
30 Ibíd., p. 132.
31 Ibíd., p. 110.
32 Ibíd., p. 105.
33 “Visita de Guaraz”, pp. 109 y 131.
34 Ibíd., pp. 109 y 132.
35 “Visita de Guaraz”, p. 105. La visita del licenciado Diego Álvarez en el año de 1558 nos ofrece todavía muchos más detalles sobre el territorio, los recursos y los aprovechamientos de los habitantes de las guarangas de Ichoc y Allauca Guaraz. Ambas mantenían en esa temprana época colonial un alto grado de autosuficiencia productiva, gracias, en gran medida, a la diversidad ecológica de su territorio. Por ejemplo, las tierras de Ichoc son descritas por los indios como “frías y ásperas” y también algunas “llanas y montes y cerca de ríos” y sanas; los de Allauca se refieren a sus tierras prácticamente con los mismos términos: “tierra fría, templada, áspera y alguna parte della tierra llana y sucia cerca de un río grande e quebradas”. Esta variedad les permitía aprovechamientos muy variados agrícolas —maíz, trigo, papas y ocas— y ganaderos —llamas, fundamentalmente—, y tener cocales y hasta minas que se daban el lujo de no explotar. Los productos agrícolas que cosechaban ambas guarangas eran similares: “trigo, maíz y papas, ocas y otras legumbres” los de Ichoc, y “maíz y papas y otras legumbres” los de Allauca. El trigo, producto fundamental en las tasaciones de los encomenderos, se había generalizado ya en ambos repartimientos. La producción era anual (de secano). En la guaranga de Ichoc se señala un rendimiento muy alto de “30 fanegas por fanega”, aunque no se lo especifica para cada producto, mientras que la productividad de las tierras de Allauca parece ser menor, muy baja para el trigo y el maíz y más alta para las papas (“que sacan de a doce fanegas por fanega de trigo y del maíz a quince y a dieciocho fanegas y de las papas a cuarenta fanegas por fanega”).
Tanto Ichoc como Allauca declararon, además, tener chacras de coca. Los de Ichoc, ventitrés chacras de coca “de la menuda” en sus propias tierras. De ellas sacaban cada cuatro meses ventitrés cestos pequeños “para venderla para sus tratos y granjerías y para su comida”. Los de Allauca tenían seis chacras “de la menuda” en sus tierras, de las que sacaban venticuatro cestos “para su comida y sus rescates”.
36 Medelius y De la Puente, “Curacas…”, p. 45.
37 Como ya se comentó, en el siglo xvi e inicios del xvii estos eran términos intercambiables.
38 “Visita de Guaraz”, p. 109.
39 Ibíd., p. 131.
40 De todos modos, la alta productividad, sobre todo de la guaranga de Ichoc (donde habita-ban los pobladores antiguos, es decir los huari), hace presumir el uso de sistemas de intensificación de la producción, tales como andenes, y según Espinoza Soriano, de fertilizantes y de rotación de suelos. Espinoza Soriano, “Huaraz…”, p. 30. Lo que está claro es que no tenían infraestructura de regadío y que dependían de las lluvias para sus cosechas.
41 “Visita de Guaraz”, pp. 109 y 131.
42 Ibíd., p. 109.
43 Se afirma que fue Pachacutec quien ordenó lotizar el territorio en tierras para el Sol y tierras para el Estado, aun cuando esta directiva se atribuye también a Túpac Yupanqui, su sucesor. No se sabe cuál era exactamente el lote que cada guaranga debía ceder para este fin. Murra menciona el caso de Chincha en que cada guaranga debía ceder una chacra de diez fanegas (una fanega y media es poco más de una hectárea). Véase Silva Fuente, El imperio…. Sin embargo, la documentación existente para Chincha muestra que las tierras en las que los indios cultivaban los productos que serían entregados al Inca no siempre eran las mismas, sino que las mudaban de vez en cuando.
44 De Matienzo, Gobierno…, p. 72.
45 En los pueblos de Sancta Ana (de Uchup) y Lampani y Camcha y Guaylas y Macate. Segunda visita de Mogrovejo (Mogrovejo, “Relación…”), 1593, p. 71.
46 De Matienzo, Gobierno…, p. 71.
47 Mogrovejo, “Relación…”, pp. 65-69.
48 Espinoza Soriano señala que solamente los curacas de guaranga tenían derecho a varias esposas, mientras que los de pachaca, al menos en Huancayo, no tenían derecho más que a una (“La guaranga…”, p. 26). Los curacas de cualquier nivel que fueran tenían una esposa principal, que generalmente pertenecía a la familia del linaje de forma recta, es decir, debían tener el mismo abuelo. La primera solía aportar una dote. Las mujeres secundarias siempre debían pertenecer a la nobleza. Espinoza Soriano, “La poliginia…”, p. 428. Muchos hogares señoriales se vieron aumentados en tiempos de los incas, pues era costumbre entre ellos donar “mujeres secundarias a los curacas de huno, saya, anan, hurin, huarangas y pachacas, mitimaes e incluso a jefes de yanaconas, aunque a cada cual según su clase y status” (Espinoza Soriano, “La poliginia…”, p. 427). En esos casos, la esposa entregada por el Inca pasaba a ser la principal. Según este mismo autor, en los hogares poligínicos de más alto nivel, es decir en el de las guarangas y los reinos, “cuyos territorios eran bastante dilatados y con aldeas muy numerosas”, los curacas, además de la esposa principal y algunas secundarias que convivían en su hogar, tenían otras que vivían en los asentamientos de su demarcación. Espinoza Soriano, “La poliginia…”, p. 432.
49 “Visita de Guaraz”, pp. 132-133.
50 Ibíd., p. 110.
51 Ibíd., p. 110.
52 Assadourian, “Los derechos…”, pp. 118 y 119.
53 “Ordenanzas de los indios de Cuenca”, insertas en Rostworowski, “Algunos comentarios…”, pp. 142 y 144. En adelante se citaran como “Ordenanzas de Cuenca”.
54 Polo de Ondegardo citado por Assadourian, “Los derechos”, p. 105.
55 La confusión entre bienes propios de los caciques y bienes comunitarios ha calado en la historiografía a través de la imagen dada por los contemporáneos españoles (encomenderos, funcionarios, curas) en sus frecuentes alusiones a que los caciques usaban los bienes de la comunidad como si fueran suyos.
56 “Visita de Guaraz”, p. 114.
57 Según la segunda visita de Mogrovejo, don Alonso Llaulli tenía en Yungay una estancia con ovejas, vacas, puercos, yeguas y burras; don Pedro Llaulli, “progenitor”, ovejas, sembradura y dos indios casados; el cacique de Caraz, don Felipe Carvajal, poseía dos canchas de ganado, cabras y ovejas; Juan de Aquiyán, cacique de Guacta, una manada de cabras; en Macate, don Domingo Guamancapa tenía una estancia con cabras, ovejas, yeguas, llamas y puercos; don Alonso Chaucallarmi, cacique de Santa Ana de Uchup, otra estancia con cabras y ovejas, lo mismo que don Luis Llicllac, cacique de Lampaní. Mogrovejo, “Relación…”, 1593, pp. 65-73.
58 Véase la “Información hecha por mandado de S. E. sobre los daños que se han recrecido los indios del valle de Jauja en los pleitos que han tenido…”, cuya transcripción está incluida en Medelius y De la Puente, “Curacas…”, pp. 65-82. Estos autores han comentado, para el caso de Jauja, que en el periodo temprano colonial no existía una clara diferenciación entre los bienes privados de los curacas y los de comunidad, y que hacia 1570 habría habido “una incipiente separación entre los bienes privados del cacique y los bienes comunes del repartimiento [...] pero la separación es ambigua aún” (Medelius y De la Puente, “Curacas…”, p. 48). Sin embargo, el documento en que basan esta afirmación muestra la existencia de una clara diferenciación entre los bienes de la comunidad y los del linaje de los caciques, desde al menos mediados de siglo. Instados a dar cuenta de estos bienes a inicios de la década de 1570, los caciques señalaban que habían usado sus bienes patrimoniales en la defensa de su título de cacicazgo, mientras que para la defensa de sus indios habían usado los de la comunidad. Es más, el cacique principal de la encomienda de Ananguanca descalificaba a los caciques que pretendían desalojarlo de su cacicazgo con el argumento de que en lugar de haber sacado de su propia hacienda para cubrir los cuantiosos gastos que ocasionaban los litigios, como había hecho él, ellos habían recurrido a los bienes de comunidad. Véase “Información” en Medelius y De la Puente, “Curacas…”, pp. 68 y ss. Los demás caciques, sin embargo, mencionaban en sus declaraciones que cuando los pleitos se habían hecho para reclamar derechos de cacicazgo, los habían financiado con su propio patrimonio y el de sus hermanos.
59 Este diferente tratamiento de la zona de Huaylas y de la de Recuay, al parecer, tiene que ver con la división jurisdiccional de ambos repartimientos: el de Huaylas (y los dos de Guaraz) dependían de la ciudad de Huánuco, mientras que el de Recuay, de Lima. José de Varallanos comenta que “años antes de 1590 se agregó a la ciudad de Huánuco las encomiendas de Huaylas y Cajatambo” (De Varallanos, Historia…, p. 231). Sin embargo, en una lista de las encomiendas del distrito de Huánuco, la única que aparece de Huaylas es la encomienda de Marca.
60 Esta preocupación respondía a la creciente desconfianza del poder real hacia los encomenderos, a quienes se quitó toda representación real para adjudicársela a los religiosos. La transferencia de autoridad judicial a los evangelizadores quienes, en muchos casos “se apropiaron por dos décadas de forma plena y ostensible de esa prerrogativa”, es resaltada por Estenssoro, Del paganismo…, p. 41. Este mismo autor da cuenta de la rivalidad existente entre encomenderos y doctrineros para ver quién lograba “tomar para sí la conducción, el verse reconocido como detentor de la representación real, es decir, la delegación del rol de jueces y gobernadores, de señores” (Estenssoro, Del paganismo…, p. 45). Según Lohmann, los doctrineros salieron victoriosos en esta lucha al arrogarse una “porción de la competencia secular […] a lo largo del tiempo” (Lohmann, El corregidor…, p. 396).
61 Citado por Lohmann, El corregidor…, p. 62.
62 De Matienzo, Gobierno..., p. 116.
63 Ibíd., p. 117.
64 Ibíd., p. 117.
65 “Tasa de La Gasca de Ichoc Guaraz”, AGI, Justicia 405A, f. 289.
66 “Tasa de La Gasca de Ichoc Guaraz”, AGI, Justicia 405A, f. 290.
67 Ibíd., f. 300v.
68 De Matienzo, Gobierno…, pp. 116-117.
69 Si bien estos regalos eran considerados normales, muchos veían en esta costumbre un abuso, calificado de privilegio “inhumano”, “de llevar estas cosas ningún clérigo ni fraile ni lego he visto hasta ahora tener de ello escrúpulo porque dicen que se usaba así en tiempos del Inga y que los indios se corren y afrentan si no los recibimos, y porque en los caminos no hay tambos ni ventas, en lo más de esta tierra, que tengan comida de do se puedan comprar” (De Matienzo, Gobierno…, p. 92).
70 Citado por Lohmann, El corregidor…, p. 62.
71 Lohmann, El corregidor…, p. 100 (al parecer, parafraseando a Machín de la Cruz).
72 Véase los trabajos de Assadourian.
73 Lohmann, El corregidor…, p. 87.
74 Ibíd., p. 120.
75 Ibíd., p. 84.
76 De Matienzo proponía, por ejemplo, que el corregidor debía residir tres meses en cada uno de los cuatro pueblos que le correspondería. Gobierno…, p. 78.
77 Ya bien entrado el siglo xvii Guaraz convertiría en la capital definitiva del corregimiento de Huaylas.
78 “Vieja idea de La Gasca y los antecedentes del marqués de Cañete y del conde de Nieva jueces para causas civiles” (Lohmann, El corregidor…, pp. 48-49).
79 “Ordenanzas de corregidores del gobernador García de Castro, 1565” (Lohmann, El corregidor…, p. 564). En adelante, se citarán como “Ordenanzas de García de Castro”.
80 Ordenanzas de García de Castro, p. 564.
81 Ordenanzas de Cuenca, p. 145.
82 Ordenanzas de Cuenca, p. 126.
83 Ordenanzas de Cuenca, p. 141, y Ordenanzas de García de Castro, p. 573.
84 Ordenanzas de García de Castro, p. 572.
85 Ordenanzas de Cuenca, p. 145, y Ordenanzas de García de Castro, p. 568.
86 Ordenanzas de García de Castro, p. 576.
87 Ordenanzas de Cuenca, p. 139.
88 De Matienzo, Gobierno…, p. 21.
89 Ordenanzas de García de Castro, p. 570.
90 Ibíd., p. 570.
91 Ibíd., p. 566.
92 Ordenanzas de Cuenca, p. 131.
93 Ordenanzas de García de Castro, p. 574.
94 Ibíd., p. 575.
95 De Matienzo, Gobierno…, p. 118.
96 Ordenanzas de García de Castro, p. 566.
97 El gobernador García de Castro, el impulsor de las corregimientos, comentó al respecto: “los más de los sacerdotes y religiosos que están en las doctrinas y los encomenderos y los caciques se juntan a contradecir” (citado por Assadourian, “Los señores…”, p. 250).
98 Al parecer, según Assadourian, su punto de vista está expresado en las glosas hechas a las ordenanzas atribuidas a un encomendero por encargo del arzobispo Loayza.
99 “Ordenanzas de Vaca de Castro”, pp. 564-565.
100 Al margen de la ordenanza seis, “Ordenanzas de Vaca de Castro”, pp. 564-565. En las “Ordenanzas de Cuenca”, sin embargo, solo se restringía los cargos de cabildo al cacique principal del repartimiento que no podía usarlos; los principales y el resto de indios del común que cumplieran ciertos requisitos eran aptos para ellos. “Ordenanzas de Cuenca”, p. 128.
101 Lohmann, El corregidor…, p. 111.
102 Assadourian ha detacado cuáles fueron los vehículos en que los caciques manifestaron sus quejas: unos lo hicieron directamente; el reclamo de varios caciques de los repartimientos de Lima y Huánuco en 1565; “La petición de los indios sobre el proveimiento de los corregidores en 1565”; “Los reclamos de don Diego Tavli, curaca de la encomienda real del valle de S”; “La petición del clérigo Machín de la Cruz en nombre de los cacique y principales e indios destos reinos del Pirú”; el informe de Falcón; las propias glosas a las “Ordenanzas de Vaca de Castro”; y las cartas de Loayza. Assadourian, “Los señores…”, p. 255.
103 Lohmann, El corregidor…, p. 104; Assadourian, “Los señores…”, p. 255.
104 Citado por Assadourian, “Los señores…”, p. 263.
105 Lohmann, El corregidor…, p. 112.
106 “Provisión dada por el licenciado García de Castro el 26 de septiembre de 1565” (citada por Lohmann, El corregidor…, p. 112). Para evitar esto, De Matienzo proponía instituir un funcionario que se llamaría “Tocuirico [que quiere decir: “todo lo ve”] que ha de traer vara. Este ha de ser un indio ladino, extranjero y no de aquel repartimiento sino de otro bien lejos, para que no tenga deudo con los de aquel repartimiento, y no ha de estar muncho tiempo porque no se haga con los caciques y ellos lo sobornen para que calle sus tiranías, como ordinariamente hasta aquí han hecho a españoles. Ha de estar un año, o dos a lo más largo, y héle de tomar residencia al que viniere”. Este funcionario tendría a su cargo el censo de la población del repartimiento y el cobro de la tasa “de cada indio en particular”, apoyado por el cacique. De Matienzo, Gobierno…, p. 52.
Notes de fin
1 “Visita de Guaraz”, p. 117. Es testigo en la información de Ampuero, don Diego Cinchita, cacique principal del repartimiento de Guaraz, encomendado en Ruy Barba, quien se presentó como hijo de Cinchi Caqui, que fue cacique principal de ese repartimiento. Tenía cuarenta años. En la visita se presenta así: “D. Diego Cinchecaque, cacique principal en el dicho repartimiento declaró que tiene a su cargo un pueblo que se llama Cangra y que en él tiene 44 casas y 27 indios casados con el dicho cacique”.
2 Aparece como testigo en la información de Ampuero en 1557. Se presenta como cacique del pueblo de Allauca Guaraz. Tenía entonces cuarenta años. En la visita de Guaraz se precisa que es cacique de una pachaca “D. Pedro Xulca Colere [Collas], principal en el dicho repartimiento declaró que es principal de un pueblo que se llama Marcasuachiz. Que en él tiene 56 casas e chacaras”. Otros principales de la pachaca eran don Antón Guamacolla y don Gonzalo Rimacollas (“Información de Ampuero”, Espinosa Soriano, “Las mujeres…”, p. 124).
1 Aparece en la visita de Mogrovejo como el corregidor que acabó en 1593 la revisita del pueblo de Guaraz iniciada por el corregidor Quiroz Dávila en 1592.
2 Cook, La catástrofe…, p. 243.
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