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Indigeneidades contemporáneas: cultura, política y globalización

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Marisol de la Cadena
, 
Orin Starn

Segunda parte. El territorio y la cuestión de la soberanía

Capítulo 5. La soberanía tribal choctaw a comienzos del siglo XXI

Valerie Lambert

Note de l’auteur

Note portant sur l’auteur1

Texte intégral

La demanda por la libre determinación se ha convertido en un tema político universal, que abarca desde las organizaciones tribales rivales de Sudáfrica posteriores al apartheid y otras naciones de ese continente, hasta los maoríes de Nueva Zelanda y los aborígenes de Australia, e incluso al movimiento de independencia hawaiano. En cada uno de estos casos, existe una proclividad a comparar las situaciones locales con las de las tribus indias americanas [Estados Unidos] que han alcanzado un alto grado de autonomía económica y política dentro de un sistema constitucional más amplio.
Kersey 1996

1Sin duda, muchos pueblos indígenas de todo el mundo buscan un mayor control sobre sus propios asuntos y la disolución de las estructuras de discriminación y desigualdad. Muchos grupos también quieren que los gobiernos de los países en los que viven reconozcan más plenamente —en algunos casos simplemente que acepten— el derecho indígena a la libre determinación. Lo que me da que pensar es la última parte de la afirmación de Kersey: su valoración positiva de los derechos políticos que tienen las tribus indias americanas, junto con la sugerencia de que los pueblos indígenas de todo el mundo podrían estar mirando a Estados Unidos como un modelo de respeto a la autonomía y la soberanía nativas. Analizo aquí el caso particular de una experiencia tribal india de principios del siglo xxi en Estados Unidos, la de los choctaw. Para ello, estudio tres conflictos recientes entre los choctaw y los no indios. El primero está relacionado con la experiencia tribal de los choctaw relativa a la venta de combustibles para motores, el segundo aborda los esfuerzos de la tribu dirigidos a expandir sus empresas de juegos de azar, y el último se refiere a un conflicto por el agua en las tierras originarias de los choctaw al sureste de Oklahoma. Cada uno de estos conflictos ofrece también una visión sobre diversos aspectos de la vida y la historia tribales, y revela una imagen mucho menos optimista del nivel de soberanía choctaw del que podría imaginarse en una época en la que algunos observadores quieren retratar a todas las tribus indias americanas como rebosantes del dinero proveniente de los casinos y con un poder político irrestricto.

2Antes de analizar estos conflictos, permítanme presentar ciertos materiales que han dado forma a mi perspectiva sobre los temas abordados en este capítulo, los mismos que fueron obtenidos de mi experiencia de crecer como una choctaw en Oklahoma y de mi experiencia profesional como antropóloga cultural en la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA, por sus siglas en inglés). Durante mi juventud en Oklahoma, en ese entonces el estado con mayor población indígena de Estados Unidos, me habría desconcertado la afirmación de que Estados Unidos había aceptado de manera especial nuestra condición de ser distintos. Tanto mis pares como los adultos que me rodeaban en la ciudad de Oklahoma, donde fui criada, se referían a Oklahoma como un lugar indeseable para vivir, y con frecuencia se mencionaba que la razón por la que estábamos en esta parte de Estados Unidos, era porque el gobierno federal había reubicado a la fuerza a nuestras tribus en lo que ahora es Oklahoma, para que los no indios pudieran contar con nuestras fértiles tierras del sudeste del país. Cuando niña pasé muchos veranos en la nación chickasaw, la nación tribal en la que mi abuelo, que tenía ancestros chickasaw y también choctaw, había solicitado parte de su “asignación” de tierras del estado tribal choctaw y chickasaw. La razón por la cual mis parientes habían adquirido estas parcelas de tierra choctaw y chickasaw, según me dijeron, fue porque una ley federal de principios del siglo xx había suprimido los gobiernos de las cinco tribus “civilizadas” —una de ellas la choctaw —, y había asignado la propiedad individual de sus tierras a los miembros de la tribu en un esfuerzo por disolver a estas cinco tribus “civilizadas”. A lo largo de los últimos años del siglo xix, muchas otras tribus de Estados Unidos estuvieron sujetas a una legislación similar.

3Tengo gratos recuerdos de un día soleado de agosto, cuando mi hermana y yo, recostadas en el cerco que rodeaba un tranquilo sendero rural, mirábamos al ganado color marrón pastando en las colinas de la parcela que le fue asignada a mi abuelo. No obstante, el ganado que veíamos no era el de mi abuelo y ni siquiera el de mi padre. Era propiedad de un ranchero blanco que había adquirido nuestra parcela. Mi hermana y yo nos habíamos recostado en el cerco, no desde la parte interior del cerco, sino desde el lado que daba a la carretera. Nuestra familia no fue la única que perdió la parcela. Miles de miembros de las cinco tribus “civilizadas” fuimos despojados de las parcelas por los no indígenas como resultado de leyes federales de inicios del siglo xx. Para los niños choctaw y chickasaw, así como para muchos otros niños indígenas en Oklahoma, la lección fue clara: la relación federal nos despojó —en gran medida— no solo una, sino dos veces. En esa época, la única evidencia que pude percibir de una aceptación federal de nuestro ser distintos radicaba en el hecho de que el gobierno de Estados Unidos nos permitía tener un jefe para que nos ayudara a administrar las 4000 hectáreas que todavía estaban bajo el control tribal. Siendo yo pequeña, a fines de los años 1960, a los choctaw se nos prohibió, por ley, elegir a este jefe. En esa época y hasta 1970, el gobierno de Estados Unidos designó a los jefes de las cinco tribus “civilizadas”.

4Unos 15 años después de salir de Oklahoma para asistir a la universidad y a la escuela de posgrado, fui contratada para trabajar como antropóloga cultural en la BIA, un organismo que en los últimos años ha tenido un equipo constituido casi totalmente por indios. Acepté este puesto en parte porque estaba fascinada por las políticas federales indias y el proceso de formulación de políticas con respecto a los asuntos indios. Un segundo factor fue mi fuerte deseo de analizar críticamente lo que había dentro de la “caja negra” que es la BIA, un organismo que ha sido, y sigue siendo, de tremenda importancia política y simbólica para los indios. Trabajé en la oficina central de la BIA en Washington, D. C, bajo el mando de dos subsecretarios de asuntos indígenas: Ada Deer, una trabajadora social y activista india menominee que ha encabezado un exitoso movimiento para restablecer a su tribu después de que el gobierno federal la devastara, y Kevin Gover, un abogado pawnee de Oklahoma que ha utilizado su título de abogado y los tribunales de Estados Unidos para defender a las tribus en contra de las violaciones a su soberanía. He visto luchar a estos dos líderes indios contra el Congreso, contra los gobiernos estatales de Estados Unidos y, con menor frecuencia, contra el entonces presidente Bill Clinton, para tratar de hacer cumplir la Federal Trust Obligation ante las tribus de Estados Unidos y para promover la soberanía y el derecho a la libre determinación de las entonces 561 tribus indígenas reconocidas federalmente en ese país.

5Deer y Gover asumieron la soberanía tribal como lo hicieron la mayoría de los líderes tribales de su tiempo —entre otras cosas, como un conjunto de derechos inherentes. Sostuvieron que Estados Unidos está obligado por tratados, por su Constitución, por la ley federal y por las políticas federales indias, a proteger a las tribus reconocidas federalmente frente a la usurpación de su soberanía, a proteger las propiedades de las tribus, a brindar asistencia técnica a los gobiernos tribales, a proporcionar beneficios educativos y de salud a los miembros de las tribus, y a promover condiciones que les permitan un ejercicio más pleno de su soberanía. Junto con esto, ellos defendieron lo que describen como los derechos inherentes de las tribus indígenas a elegir a sus propios líderes, decidir quiénes son sus miembros, mantener las fuerzas policiales tribales, recaudar impuestos, regular la propiedad en virtud de la jurisdicción tribal, controlar la conducta de sus miembros de acuerdo a las ordenanzas tribales, regular las relaciones domésticas de los miembros y administrar justicia. Ambos, Deer y Mover, manifestaron claramente a su personal que bajo su mandato se le otorgaría el más alto nivel de respeto al conjunto de derechos inherentes que constituyen la soberanía tribal, y esperaban que el equipo conociera ampliamente la base jurídica y política del estatus especial de las tribus indias. Para el equipo de la BIA, el mensaje era claro: Estados Unidos se ha construido sobre los principios jurídicos y políticos de la aceptación política de las tribus indias y de la soberanía tribal. Muchos miembros de la BIA veían esta aceptación como significativa. Algunos incluso decían que la veían como algo que excedía cualquier aceptación que hubiera existido en cualquier lugar del mundo en cualquier momento.

6La distinción, en ocasiones arbitraria, entre las tribus reconocidas y no reconocidas federalmente, enmarcó todo el trabajo de la BIA. En la oficina, yo era una de las doce personas del equipo cuya principal responsabilidad tenía que ver con individuos y grupos que existían fuera de lo que la BIA llamaba su “población a la que da servicio”. Como parte de la Subdivisión de Aceptación e Investigación (BAR, por sus siglas en inglés), ahora denominada Oficina Federal de Aceptación (OFA), yo evaluaba las peticiones de los grupos que buscaban el reconocimiento federal como tribus indias a través de lo que se conoce como el proceso de aceptación federal. La existencia de este proceso apunta al hecho de que la aceptación federal de las tribus se limita casi exclusivamente a grupos a los cuales el gobierno de Estados Unidos reconoce como tribus indias, y a individuos a los cuales las tribus reconocidas federalmente reconocen como sus miembros o sus ciudadanos. Muchos miembros de las tribus reconocidas federalmente encuentran que esta limitación y demarcación no tiene problemas, a pesar de que contribuye a legitimar un rol federal permanente en la decisión sobre quién es y quién no es indio. Esta contribución se explica en parte por la amplia fetichización, que se inicia a fines del siglo xx, de la categoría “tribu reconocida por el gobierno federal”, entre los miembros de las tribus que actualmente tienen esta categoría.

7La sección en la que trabajé formaba parte de la Oficina de Servicios del Gobierno Tribal de la BIA. En parte por esto, mis obligaciones incluían algunos trabajos para defender los derechos soberanos de las tribus reconocidas federalmente. Los siguientes ejemplos de las pequeñas acciones que desarrollé, ilustran los usos prácticos que se hace en la BIA de una retórica de la soberanía que hace hincapié en la aceptación federal de las tribus reconocidas y sostiene que el gobierno de Estados Unidos mantiene políticas estrictamente de libre determinación y de respeto de la soberanía y los derechos tribales. Un día después de una reunión, regresé a mi oficina y encontré un mensaje de voz de una persona que afirmaba que le estaba siendo negada injustamente la pertenencia a una tribu que yo sabía que había sido reconocida por el gobierno federal. La persona señaló que vivía en la reserva y que reunía los requisitos para formar parte de la tribu, tal como estaban definidos en la Constitución de la tribu. Sin embargo, la tribu supuestamente se había negado a emitirle su tarjeta de miembro tribal y le dijo que no podía votar en las siguientes elecciones tribales. Señaló que las razones eran “políticas”, pues había estado haciendo campaña por el adversario del jefe de la tribu. La persona que llamó pidió que la BIA le recordara al jefe que el acto de prohibirle a un miembro habilitado su derecho a formar parte de la tribu violaba la Constitución de la tribu, un documento que el jefe había jurado defender. En suma, ella pidió que la BIA ejerciera el control sobre el poder de quien ella describía como “el déspota”. Mientras me preparaba para responder a esta llamada telefónica, examiné algunos archivos. Me sorprendió un tanto encontrar una gruesa carpeta con cartas de docenas de otras personas que habían hecho las mismas acusaciones respecto de este jefe, y que habían solicitado, así mismo, la intervención de la BIA. Junto a cada una de estas cartas se encontraban las respuestas hechas por mis colegas. Las cartas explicaban que las tribus indígenas son soberanas y tienen jurisdicción exclusiva sobre la definición de sus miembros. La BIA, continuaban, no puede, y no va a intervenir en los asuntos internos de tribus indias soberanas. Hacerlo constituiría una violación de la soberanía de las tribus y una violación del compromiso federal de larga data de respetar la soberanía tribal y sus derechos políticos.

8En otra oportunidad, recibí una llamada telefónica de una persona no indígena que estaba enojada pues dijo haberse detenido a comer un refrigerio en la reserva de una tribu —que yo sabía estaba reconocida por el gobierno federal, y que, por razones que él no reveló, la policía tribal le obligó a abandonar la reserva. “¡Esto es América!”, exclamó. “¡Ellos [los miembros de la policía tribal] no pueden hacer eso!”. Luego señaló que le había dicho al policía tribal que, tan pronto como regresara de su viaje, los denunciaría, “denunciaría”, dijo en voz alta, “¡al propio gobierno de Estados Unidos!”. Como portavoz del discurso sobre la soberanía de la BIA, le dije a la persona que estaba llamando que, ciertamente, se trataba de Estados Unidos, un país donde existe un respeto por la soberanía y la libre determinación tribal. Las tribus tienen el derecho, en virtud de su soberanía, de hacer salir a individuos como él de su reserva por cualquier motivo.

9En la Oklahoma de mi juventud, la aceptación federal de las tribus parecía ser algo ínfimo. Posiblemente la hubiéramos equiparado a un pequeño abrevadero. En la BIA, la aceptación política de las tribus, a menudo, era considerada como algo vasto: semejante, tal vez, a un campo de pastoreo. En mi juventud, con frecuencia los que estaban a mi alrededor daban por sentado que Estados Unidos no respetaba la soberanía tribal. En la BIA, el respeto federal de la soberanía tribal, a menudo, se sobrentendía, pero se decía que había comenzado en la década de 1960 con el inicio de lo que los académicos suelen describir como la “era de la libre determinación” de las políticas federales indias. En lo que respecta a esta “era de la libre determinación”, una época que continúa hasta la actualidad, muchos en la BIA simplemente dan por sentado que Estados Unidos se ha convertido en un líder mundial en los asuntos referidos al respeto de los derechos y la soberanía indígenas.

10Mi investigación en la nación choctaw resaltó una experiencia práctica referida a la soberanía tribal que difiere de manera fundamental de estas dos construcciones. Como he mostrado, existen tres cosas acerca de la soberanía tribal choctaw que no son muy visibles desde lejos y, por lo tanto, podrían ser pasadas por alto, por ejemplo, por los grupos indígenas en otras partes del mundo que buscan información sobre las aceptaciones estructurales de la soberanía y la autonomía de las tribus de Estados Unidos. Lo primero que corre el riesgo de ser omitido es la intensidad y la frecuencia con las que los choctaw padecen la usurpación de su soberanía. Es poco probable que incluso la BIA o la mayoría de los ciudadanos choctaw aprecien cabalmente la cantidad de procesos legales que los choctaw y, sin duda otras tribus, entablan sobre los temas de discrepancia referidos a la soberanía tribal, temas de discrepancia que, como Biolsi (2001) señala, se concentran en el ámbito local.

11Menos velada para la ciudadanía choctaw, pero quizás no para la BIA, es una segunda característica de la soberanía choctaw que el siguiente debate pone de relieve: el hecho de que, en el contexto de estas usurpaciones y las maniobras políticas posteriores, la soberanía de la tribu choctaw es reconocida y respetada con menos frecuencia que lo que es puesta en duda, tolerada a regañadientes o incluso desestimada por completo. Los no choctaw suelen oponerse a las definiciones choctaw de ciertas acciones como parte del conjunto de derechos inherentes de la tribu, lo que obliga a la tribu a negociar y afirmar estos derechos. A través de una serie de ataques y contraataques, los choctaw en repetidas ocasiones proveen evidencias de su soberanía, revelándose un aspecto importante de su soberanía tribal —su identidad como un proceso de negociación (Clara Sue Kidwell, comunicación personal; Cattelino 2004).

12Un tercer aspecto de la soberanía choctaw, que se hace patente en la siguiente discusión, es el hecho de que, cuando luchan para defenderse legalmente en contra de usurpaciones de su soberanía, los choctaw tienen a su disposición más de lo que está implícito en la analogía de un pequeño abrevadero, pero ellos no suelen experimentar el alcance ininterrumpido, ni la base segura y nivelada, que está implícito en la analogía del campo de pastoreo. Su experiencia se asemeja más a aquella de desplazarse por un lago que está descongelándose en el extremo norte al final del invierno. Las pisadas no son seguras no solo porque el hielo está resbaladizo y, para usar la analogía de Wilkins y Lomawaima (2001), porque el terreno es desigual, sino también porque a menudo el hielo abre paso y lo hace en lugares inesperados y en momentos inesperados. La analogía del lago descongelándose capta también la dureza y, a veces, incluso la brutalidad, de la actual experiencia choctaw por la defensa de su soberanía.

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13La tribu choctaw, constituida por cerca de 175 mil personas, habita en un territorio originario que alcanza aproximadamente unas 18 millones de hectáreas en el sureste de Oklahoma. Desde la aplicación de las leyes de asignación de tierras a comienzos del siglo xx, la mayor parte de este territorio —territorio que se denomina la nación choctaw— ha sido propiedad de no indios, y la gran mayoría (quizás hasta un 90 por ciento) de los residentes de la nación choctaw han sido no choctaw, dos características que vuelven compleja la relación entre la tierra y la indianidad en el sureste de Oklahoma. Un jefe está a cargo de la rama ejecutiva del gobierno tribal y de sus seis mil empleados tribales. La rama legislativa del gobierno tribal está compuesta por un consejo tribal de 12 miembros, y el poder judicial tribal lo conforman tres jueces tribales.

14Dos de los conflictos con los no indios que se examinan a continuación, implican esfuerzos tribales por mantener o ampliar los negocios tribales y los esfuerzos realizados por el estado de Oklahoma para controlar o limitar las actividades de desarrollo económico de la tribu. Desde la promulgación de la Ley de Autodeterminación Indígena y Asistencia Educativa en 1975 y de otras leyes que promueven la libre determinación y autogobierno de las tribus de Estados Unidos, los choctaw han proseguido con un agresivo programa de desarrollo económico tribal. Sus objetivos son tres: (1) detener el flujo migratorio urbano mediante la creación de más puestos de trabajo para los choctaw; (2) seguir ampliando los programas y servicios tribales para ayudar a aliviar los altos niveles de pobreza en la nación choctaw; y (3) reducir la dependencia de la tribu de fondos federales. Las empresas tribales choctaw actualmente generan varios cientos de millones de dólares al año, luego de haber partido de cero en 1978. Estas empresas incluyen megaestaciones de combustible, locales para jugar bingo, una pista de carreras de caballos, plantas manufactureras, centros comerciales tribales y un centro turístico. Las utilidades de las empresas tribales financian cerca de un 80 por ciento de los programas y servicios de la tribu. Con algunas excepciones, el estado de Oklahoma está impedido de regular, controlar o ejercer incluso una limitada jurisdicción sobre las empresas y otros bienes tribales. En general, la BIA y la ley federal interpretan esos actos como violaciones a la soberanía tribal.

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15El primer conflicto, que llegó a un punto decisivo en 1996, estuvo relacionado con las ventas tribales de carburantes para motores en más de media docena de centros de abastecimiento tribales en la nación choctaw. Los centros de abastecimiento, que los choctaw comenzaron a construir en 1990, son básicamente grandes gasolineras. Su principal producto es combustible para motores, pero a menudo también tienen pequeños restaurantes, mini supermercados, espacios para tómbolas y estancos de tabaco.

16Empleados, administradores, conductores, electricistas, contadores y empleados de mantenimiento proveen de personal a estas megaestaciones de combustible, cada una de las cuales ha creado entre 30 y 50 puestos de trabajo. A pesar de que los puestos de trabajo no son muchos y los salarios son relativamente bajos, en la mayoría de los casos su impacto local ha sido importante. La pobreza y el desempleo siguen siendo problemas importantes en el sureste de Oklahoma.

17A mediados de los años 1990, Oklahoma aplicaba un impuesto de 0, 14 dólares por galón de petróleo y 0, 17 dólares por galón de gasolina. En el año fiscal 1995, estos impuestos generaron cerca de 370 millones de dólares para Oklahoma, lo que significó alrededor del diez por ciento del total de los ingresos de este estado (Johnson y Turner 1998). Los carburantes vendidos por las tribus no están sujetos a estos impuestos en virtud del derecho soberano de las tribus de manejar la propiedad tribal sin la intervención o injerencia de los gobiernos estatales. A fines del siglo xx, el rápido crecimiento de las ventas tribales de gasolina en Oklahoma motivó al estado a impugnar este derecho. Oklahoma afirmó que estaba “perdiendo” 3, 5 millones de dólares por el no cobro de impuestos a las tribus sobre los combustibles de motor, y que los propietarios no indígenas de estaciones de gasolina (que ejercían presión sobre el estado) estaban enfrentando una “competencia desleal” de las tribus (Johnson y Turner 1998). Oklahoma aceptó a regañadientes que las tribus podían tener derecho a vender carburantes libres de impuestos estatales a los indios, pero alegó que el estado tenía el derecho a cobrar impuestos sobre las ventas que hacían las tribus a los no indios. Esta peculiar impugnación de la soberanía tribal era lo suficientemente novedosa como para que un caso que se basaba en esta impugnación —la Comisión de Impuestos de Oklahoma contra la nación chickasaw ([94771], 515 EE. UU. 450, 1995)— llegara a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

18Antes de que la Corte Suprema emitiera su veredicto, los ciudadanos choctaw de todas partes de la nación choctaw expresaron su preocupación por las consecuencias de una posible victoria del estado. Si el estado obtenía el derecho a cobrar impuestos sobre las ventas tribales de gasolina a los no indios, ¿las megaestaciones que tenía la tribu generarían suficientes beneficios como para que la tribu mantuviera estas empresas? La mayoría era consciente de que la capacidad de la tribu de ofrecer precios bajos de combustibles había permitido las condiciones para construir las megaestaciones, y que estas condiciones se verían considerablemente debilitadas si el estado ganaba. Era indudable que las megaestaciones tribales vendían el combustible mayormente a los no indios.

19Otro asunto era aquel referido a la forma en la que sería ejecutada una decisión en favor del estado. ¿Qué método se podía utilizar para identificar aquellas operaciones específicas no sujetas al impuesto estatal en virtud de la identidad choctaw de un cliente? Un método de identificación de la apariencia basado en el fenotipo, evidentemente no lograría identificar a todos los clientes choctaw. La mayoría de los choctaw son fenotípicamente similares a los blancos, una consecuencia de la larga historia de matrimonios entre blancos y choctaw. Cerca de un 80 por ciento de los miembros de la tribu choctaw tiene menos de una cuarta parte de “sangre” choctaw. Era evidente que algún empleado de la megaestación le tendría que preguntar a los clientes si era choctaw, o se tendría que colocar avisos en las megaestaciones solicitándoles a los clientes que se presentaran como choctaw antes de pagar el combustible.

20Sin embargo, esto planteaba nuevas interrogantes. ¿A los clientes choctaw se les permitiría autoidentificarse como choctaw? O, ¿se les pediría que mostraran una identificación como miembro tribal choctaw? La autoidentificación sería preferida por la mayor parte de los clientes y, por lo tanto, sería para beneficio de la tribu. Sin embargo, desde la aprobación de una Constitución tribal en 1983, que definía la elegibilidad de los miembros tribales sobre la base de la descendencia lineal a partir de un ancestro registrado como “choctaw por sangre” en las Nóminas Dawes de 1906 (parcelación), el gobierno tribal choctaw ha limitado el derecho a votar, a tener un cargo tribal y a recibir beneficios únicamente a los choctaw inscritos. También se ha negado a reconocer a alguien como choctaw si es que no está inscrito. La autoidentificación, un fundamento ocasional para la distribución de los beneficios tribales choctaw entre la parcelación de 1906 y la nueva Constitución de 1983, ha sido suspendida de manera estricta, como lo fue la identificación comunal —el criterio principal que se tuvo para el reconocimiento de los individuos como choctaw por lo menos desde los años 1700 hasta la parcelación. En el contexto de la legislación y las políticas choctaw posteriores a 1983 de aceptar solomiembrostribales, los choctaw en algunas comunidades de la nación choctaw han desarrollado una segunda categoría de choctaw, la categoría “choctawperonoinscrito”. Estos individuos viven en o están de alguna manera asociados con las comunidades de la nación choctaw, tienen ancestros choctaw y a menudo son reconocidos por sus comunidades como choctaw, pero por diversas razones, ninguno de sus antepasados directos estuvieron registrados como “choctaw por sangre” en las Nóminas Dawes de 1906 y, por lo tanto, no son elegibles para ser miembros tribales choctaw. Debido a que el caso del impuesto al combustible de 1995 amenazó con crear incentivos para que el gobierno tribal definiera la categoría “choctaw” en un sentido más amplio de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, se planteó la posibilidad de volver a introducir la identificación comunal o la autoidentificación como el fundamento para definir el conjunto de transacciones relativas al combustible inafectas a los impuestos estatales.

21En 1995, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin de manera efectiva a estas reflexiones locales —por lo menos en lo que se refería a la controversia de los combustibles para motores—, al determinar que Oklahoma no podía gravar su impuesto sobre las empresas tribales de combustible para motores, aun cuando las ventas se hicieran a no indios. Sorprendentemente, esto no acabó con el conflicto. Pocos meses después de emitida la norma, Oklahoma, a sugerencia de la Corte Suprema de Justicia, reelaboró su legislación fiscal referida a combustible de motores. En lugar de cobrar el impuesto en la venta al por menor (y, por tanto, a las empresas tribales), Oklahoma gravó el impuesto a los consumidores. Al hacerlo, Oklahoma podía legalmente cobrar impuestos a los clientes no indios de las empresas tribales, pero no a los clientes indios. Solo se consideraron exentos de estos impuestos a los miembros tribales inscritos, y no a aquellos que simplemente se autoidentificaban o eran identificados comunalmente como choctaw.

22Las revisiones del código tributario del estado enviaron a las tribus y al estado a la mesa de negociaciones para determinar cómo hacer valer, concretamente, el derecho del estado a cobrar impuestos sobre los combustibles de motores a los consumidores no indígenas. En estas extensas negociaciones, las tribus perdieron la lucha para obligar a que los consumidores no indios enviaran ellos mismos los impuestos al estado. Las tribus también perdieron la lucha para remitir al estado solo el dinero del impuesto a las ventas recaudado a los no indios. Al final, las tribus aceptaron la creación de un proceso de dos pasos. En primer lugar, las tribus remitirían al estado los ingresos fiscales de todas las transacciones tribales de combustibles de motor, incluso las de aquellas compras realizadas por los miembros tribales. Posteriormente, en lugar de una deducción de los impuestos pagados por cada miembro tribal consumidor, las tribus recibirían un determinado porcentaje del total de los ingresos fiscales que habían remitido al estado. Para recibir el porcentaje predeterminado de estos ingresos, las tribus tenían que establecer un pacto (acuerdo escrito firmado) con el estado. Si una tribu decidía no pactar, los miembros de estas tribus individualmente podían solicitar al estado una deducción de los impuestos pagados.

23Cuando el estado inició esta impugnación a la soberanía de la tribu choctaw (y a otras tribus de Oklahoma), los choctaw percibieron que se encontraban ubicados en una parte del lago que estaba descongelándose y que soportaría plenamente su peso. Conforme fueron avanzando, se encontraron con el viento helado de un reconocimiento parcial y mezquino por parte del estado de Oklahoma al derecho soberano de los choctaw de administrar sus bienes tribales sin la interferencia o la intervención del estado. Cuando la Corte Suprema confirmó este derecho, los choctaw deben haber sentido que habían logrado cruzar a través de este parche resbaladizo. Sin embargo, de repente, el hielo cedió. Oklahoma encontró una manera de apropiarse de una porción de los ingresos generados por algunas empresas tribales, penetrando en un dominio que los choctaw habían considerado que estaba únicamente bajo jurisdicción tribal. De esta manera, se puso fin a un proceso a través del cual los choctaw no solo habían afirmado y defendido su soberanía, sino que la habían negociado en un contexto definido por soberanías múltiples y superpuestas (Biolsi 2005; Wilkins y Lomawaima 2001).

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24A lo largo de los últimos años del siglo xx y comienzos del siglo xxi, los locales de juegos de azar tribales también han sido un tema polémico. Los casinos fueron inicialmente propuestos, a mediados de los años 1980, como una opción de desarrollo económico choctaw por el entonces jefe Hollis Roberts. Sin duda, la idea fue cobrando forma sobre la base de las acciones de algunas otras tribus que recientemente habían decidido utilizar su estatus soberano y su inmunidad frente a la ley estatal para sacar provecho del apetito de los no indios por la apuesta, abriendo casinos. En ese momento, aún no quedaba claro que algunas tribus serían capaces de generar, como lo hicieron a partir de finales de la década de 1980, cientos de millones de dólares anuales a partir de sus casinos. A mediados de los años 1980, la mayoría si no todas las tribus acertadamente percibieron los juegos de azar como financieramente riesgosos, una reputación que, para fines de los años 1990, el negocio, en gran medida, había sido capaz de poner en duda, a pesar de que muchos casinos habían fracasado. La percepción de riesgo financiero de los juegos de azar tribales fue una considerable preocupación para los choctaw, en particular en ese momento histórico. Uno de los pocos proyectos de desarrollo económico de la tribu en ese momento, una fábrica de botes de fibra de vidrio, había fracasado, y el centro turístico de la tribu, Arrowhead Lodge, trastabillaba.

25El jefe Roberts, sin embargo, presionó para seguir avanzando a pesar de la oposición. Habló individualmente con los miembros del consejo, con los líderes de base y otros ciudadanos choctaw para conseguir apoyo para una empresa de juegos de azar tribales. En poco tiempo, quedó claro que el principal obstáculo de Roberts no era económico, sino religioso. La gran mayoría de los choctaw son cristianos, reflejo de una historia de 200 años de iglesias y misioneros cristianos en la tierra originaria de los choctaw. La iglesia ha desempeñado siempre un papel importante en la vida y la política choctaw. Antes de que la tribu fuera trasladada a Oklahoma, las iglesias establecieron y promovieron escuelas para la tribu, un objetivo que fue firmemente apoyado por los líderes tribales, y ambos, misioneros e iglesias, se encontraban entre los más fuertes oponentes no indígenas al traslado de la tribu a lo que es ahora Oklahoma (Kidwell 1995). Cuando, a principios del siglo xx, el gobierno tribal choctaw fue destruido, y sus tribunales disueltos como una condición de la Ley de Parcelación, las iglesias intervinieron para llenar el vacío institucional. De hecho, desde 1906 hasta los años 1970, las iglesias fueron, probablemente, las instituciones sociales y políticas más importantes para la tribu (FaimanSilva 1997; Foster 2001).

26A mediados de los años 1980, los predicadores y los miembros de la iglesia choctaw se movilizaron contra la propuesta de la empresa de juegos de azar de Roberts. Dijeron que los juegos de azar eran objetables por razones morales; eran un “pecado”. Los predicadores choctaw sostenían que la tribu choctaw era una nación cristiana, y como tal, no solo debía negarse a participar en los juegos de azar, sino que también debía trabajar para prevenir el crecimiento de los juegos de azar en las reservas indígenas de todo el país. El activista más visible fue el reverendo Bertram Bobb. Durante años Bobb, un miembro choctaw, había tenido a su cargo un grupo de estudio de la Biblia en la nación choctaw y escribía una columna para Bishinik, el periódico tribal choctaw cristiano. En varias oportunidades fue elegido como miembro del consejo tribal. Roberts se opuso a Bobb y al creciente movimiento en contra de los juegos de azar en la nación choctaw con el argumento de que la tribu se encontraba en una necesidad imperiosa de ingresos para ayudar a financiar y ampliar los programas y servicios tribales. En 1987, dos años después de que fuera reelegido por un nuevo periodo de cuatro años como jefe, Roberts logró abrir una empresa tribal de juegos de azar. No se trataba de un casino sino de un “palacio del bingo” para hacer grandes apuestas, un poco menos objetable moralmente.

27El éxito repentino de este local de más de 2600 metros cuadrados, debilitó considerablemente la oposición tribal a los juegos de azar entre la ciudadanía choctaw. Solo durante su segundo año, el palacio del bingo, construido en la ciudad de mediano tamaño que alberga a la sede tribal de los choctaw, obtuvo una ganancia de más de un millón de dólares (Faiman-Silva 1997]. Además, este controvertido negocio tribal proporcionó puestos de trabajo a 140 personas. Para fines de la década, el gobierno tribal, con el consentimiento de todos salvo de una pequeña minoría de la ciudadanía choctaw, había comenzado a explorar maneras de ampliar las operaciones de juegos de azar choctaw. El Consejo Tribal Choctaw hizo un viaje oficial a Connecticut, al Casino Foxwoods de la tribu mashantucket pequot, el casino más grande en cifras brutas en el mundo, donde recorrió las instalaciones y se reunió con el personal y los líderes tribales. La tribu mashantucket pequot se comprometió a ayudar a los choctaw a construir su propio casino.

28La aprobación de la Ley Reguladora de los Juegos de Azar Indígenas (IGRA, por sus siglas en inglés) por el Congreso de Estados Unidos en 1988, obligó a los choctaw a depositar sus esperanzas de construir un casino en una espera indefinida. La IGRA limita el tipo de juegos en los que pueden participar las tribus sobre la base de la legislación estatal sobre juegos de azar del estado(s) en que las tribus se ubican. También otorga a los estados facultades reguladoras limitadas sobre las operaciones tribales de juegos de azar. Al hacerlo, la IGRA contradice la política federal general —basada igualmente en la ley federal— que prohibe la participación de los estados de Estados Unidos en la administración de la propiedad tribal (véase Biolsi 2005). De acuerdo con la IGRA, los juegos de azar indios se dividen en tres clases, siendo la clase III, la más alta, la misma que incluye las apuestas en los casinos. La IGRA exige a las tribus que administran empresas de juegos de clase III que establezcan un convenio con el gobierno de su estado. Estos convenios establecen los procedimientos para la regulación de las operaciones de juegos de azar tribales y a menudo les exigen a las tribus compartir un porcentaje de sus ganancias con el estado. En general, si un estado no permite una lotería estatal y si los ciudadanos del estado no han aprobado específicamente los juegos de azar tribales (a través, por ejemplo, de un referéndum), el nivel más alto de juego que una tribu de ese estado puede conducir es el de la clase II. Los juegos de azar de la clase II incluyen juegos de bingo de apuestas altas, tómbolas y un número limitado de juegos electrónicos.

29Enfrentados a estos nuevos límites federales y estatales a su soberanía, los mismos que les prohibían abrir un casino, en los años 1990 y principios del 2000 los choctaw ampliaron sus operaciones de juegos de azar a través de la expansión de las operaciones de bingo. La tribu construyó otros tres palacios del bingo. Además, se enfocó en el incremento del número de clientes. Brindó transporte gratuito de ida y vuelta (en los autobuses tribales] desde Dallas, Texas. Destacando el hecho de que en un solo juego, un cliente podría ganar un millón de dólares, los líderes tribales también publicitaron el bingo choctaw a través de la radio, la televisión, carteles y periódicos. Para inicios de la década del 2000, la tribu estaba siguiendo el ejemplo de otras tribus de Oklahoma, en particular, los cherokee, cambiando el nombre de sus locales de juego al de “casinos”. Para aumentar su credibilidad como casinos, las empresas anteriormente conocidas como palacios del bingo fueron equipadas con juegos electrónicos fabricados a semejanza de las máquinas tragamonedas. Como ya se mencionó, en el marco de los juegos de azar indios de clase II, se permite un número limitado de juegos electrónicos.

30A comienzos del siglo xxi, el estado de Oklahoma respondió con resistencia al crecimiento y desarrollo de los juegos de azar tribales en Oklahoma, desafiando los derechos de los choctaw y de otras tribus de Oklahoma a participar en los tipos de juegos que funcionaban en estos casinos. En esto el estado fue apoyado por la fuerte presencia cristiana fundamentalista de Oklahoma, cuya expresión más poderosa es la oficina central de Oral Roberts en Oklahoma del este, la zona en la que se ubican las cinco tribus “civilizadas”. Durante años, el grupo fundamentalista cristiano de Oklahoma no había perdido de vista las acciones orientadas hacia el establecimiento de una lotería estatal; en distintas oportunidades había hecho denuncias para desmontar este tipo de iniciativas. Conocedores de que en Oklahoma es políticamente popular impugnar no solo el derecho soberano, sino también el derecho moral de las tribus a hacer funcionar locales de juegos de azar, el estado adoptó una posición de hostilidad hacia los juegos de azar tribales. A principios de la década del 2000, con la ayuda de la National Indian Gaming Commission (NIGC, por sus siglas en inglés) con sede en el gobierno federal, Oklahoma comenzó a cerrar locales seleccionados de juegos de azar tribales. Las tribus que hacen funcionar estos locales, señalaba el estado, cruzan la línea entre las clases II y III de juegos de azar, una línea que estaba tan mal definida que determinadas máquinas pronto se hicieron conocidas popularmente como “aparatos de juego de la zona gris”.

31En noviembre del 2004, las tribus de Oklahoma asestaron un contragolpe. A través de una amplia campaña de relaciones públicas y una amplia movilización política, ayudaron a lograr la aprobación de un referéndum, la State Question 712, que permite a las tribus de Oklahoma ofrecer determinados juegos de clase III, incluyendo el vídeo póquer y el blackjack. El precio, sin embargo, es alto: las tribus deben compartir un porcentaje de los ingresos que les generan los juegos de azar con Oklahoma, y autorizar cierta supervisión estatal a las operaciones de juegos de azar tribales.

32En sus esfuerzos por establecer y ampliar sus operaciones de juegos de azar, los choctaw han estado pisando un lago en descongelamiento que se resquebrajó bajo sus pies en varias ocasiones, especialmente cuando se aprobó la IGRA. Desde entonces, la tribu ha experimentado un andar inseguro como resultado de la movilización de poblaciones que se oponen al juego y de eventos como el cierre de determinados establecimientos de juegos de azar tribales por parte del estado a principios del 2000. En la negociación de su soberanía durante este conflicto, los choctaw, y otras tribus de Oklahoma, han experimentado cierto éxito —por ejemplo, el restablecimiento de su derecho a operar los casinos. Los pactos que regulan estas operaciones, sin embargo, permiten un cierto nivel de intervención del estado en asuntos tribales, el mismo que algunos líderes tribales consideran como un perjuicio para la soberanía tribal.

***

33En el 2001, un conflicto por los derechos al agua, que había durado 27 años, concluyó con un acuerdo provisional entre las tribus choctaw y chickasaw, por un lado, y el estado de Oklahoma, por otro. Durante la mayor parte del proceso, la participación de los chickasaw en este conflicto, uno que básicamente se entabló entre los choctaw y el estado de Oklahoma, se limitó al hecho que los chickasaw tienen un interés del 25 por ciento en la propiedad choctaw en virtud de un tratado intertribal del siglo xix. La presentación que hago a continuación del evento que precipitó el conflicto por el agua —la construcción de un embalse en la nación choctaw y sus secuelas—, el mismo que culminó con un acuerdo en el 2001, ayuda a ilustrar el hecho de que los esfuerzos no indios para despojar a las tribus de Estados Unidos de su propiedad no acabaron a comienzos del siglo xx, como se suele suponer. Las tribus en Estados Unidos siguen soportando importantes amenazas a su propiedad y al control sobre los recursos naturales dentro de sus fronteras, como se verá, y en ocasiones, como en este caso, las tribus siguen tropezando con un gobierno federal que no solo incumple su obligación legal de proteger la propiedad tribal, sino que favorece también los esfuerzos no indios dirigidos a apropiarse de ella. Cabe señalar que la gran mayoría de los casos sobre derechos tribales al agua en Estados Unidos involucra derechos tribales al agua fuera de las fronteras tribales. En el caso que se describe a continuación, el agua que estaba en cuestión se limitaba a las aguas dentro de las fronteras tribales choctaw —y como se estableció en el acuerdo final, también dentro de las fronteras tribales chickasaw.

34Uno de los principales fundamentos para el reconocimiento que hace Estados Unidos de los derechos tribales al agua, son los tratados de creación de las reservaciones firmados en el siglo xix. Para los choctaw, este es específicamente el Tratado de Dancing Rabbit Creek, que en 1830 creó una nueva tierra de origen para la tribu en lo que es ahora Oklahoma. Winters vs. Estados Unidos (207 EE. UU. 564, 1908) afirmó que estos tratados implican propiedad y control tribales de toda el agua dentro de los límites definidos en, y de acuerdo a, estos tratados. Además, Winters y la posterior jurisprudencia (en especial Arizona vs. California [373 EE. UU. 546, 1963]) afirmaron que si el agua dentro de la tierra de origen de una tribu es insuficiente para permitir que la tribu se desarrolle y mantenga una economía sólida y en crecimiento en su tierra de origen —que no es el caso de los choctaw, pero con frecuencia es el caso de las tribus del sudoeste de Estados Unidos—, las tribus también tienen derecho al agua que está fuera de la reserva de manera que permita mantener toda la “superficie prácticamente irrigable” del territorio originario de la tribu. Los derechos tribales sobre el agua prevalecen sobre la condición de estado, una norma que les confiere a los estados la propiedad de toda el agua dentro de las fronteras del estado. Los derechos tribales al agua también superan la “parcelación tipo damero” de las reservaciones y las tierras de origen tribales, un patrón de propiedad de la tierra en la que, como consecuencia de la adjudicación, existen tierras de propiedad de no indios junto a las tierras indias o tribales dentro de las fronteras tribales (véase O'Brien 1989). En 1970, tres de las cinco tribus “civilizadas”, incluidos los choctaw, ganaron un caso relacionado con el agua ante la Corte Suprema de Justicia, el cual, por lo tanto, tiene una incidencia directa sobre el conflicto que se analiza a continuación. La Corte Suprema consideró que las tribus choctaw, chickasaw y cherokee, y no el estado de Oklahoma, eran propietarias de los lechos de un río con valor comercial que recorre sus tierras de origen. El estado no había obtenido la propiedad de este recurso natural, tal como alegaba, cuando alcanzó la condición de estado en 1907; las tribus tenían la propiedad de este recurso sobre la base de los tratados establecidos a inicios del siglo xix que crearon sus tierras de origen.

35A pesar de la afirmación de 1970 de la Corte Suprema respecto de la ininterrumpida existencia de un derecho al agua de los choctaw basado en un tratado, en 1974 el estado de Oklahoma cruzó las fronteras tribales choctaw y cavó un gran pozo en el centro de la nación choctaw para captar lo que los funcionarios del estado a menudo describieron durante mi trabajo de campo como el “exceso” de agua de la tierra originaria choctaw. Situada en un área que tiene una precipitación promedio anual de 56 pulgadas en algunas zonas (un área asentada en el límite oriental de la región boscosa oriental de Estados Unidos), la nación choctaw es rica en agua. De hecho, 500 mil millones de galones de agua al año fluyen a lo largo de una presa en el lago Hugo en la parte meridional de la nación choctaw y en dirección al río Red (el río que marca el límite sur de la nación choctaw), donde el agua se contamina con minerales. Enfrentado a una inminente escasez de agua en la ciudad capital del estado de Oklahoma, debido al crecimiento demográfico previsto, y a la prolongada escasez endémica en el oeste de Oklahoma a consecuencia de la aridez natural de la región y de su fuerte dependencia de los campos de trigo con riego intensivo, el estado de Oklahoma a principios de la década de 1970 urdió un plan para bombear el agua de la nación choctaw a la ciudad de Oklahoma y al oeste de Oklahoma. Este plan se denominó Water Conveyance Project, y el gran pozo que se había excavado en la nación choctaw se denominó reservorio del lago Sardis.

36Los choctaw no autorizaron la construcción del embalse del lago Sardis en su tierra de origen. Tampoco autorizaron la incautación de su agua, un recurso tribal que el estado cree, sin duda, que ha sido lamentablemente subutilizado e insuficientemente desarrollado por la tribu. El gobierno federal no intervino para proteger esta propiedad choctaw de su incautación por el estado. Más bien, construyó el embalse para el estado de Oklahoma y le prestó más de 38 millones de dólares a Oklahoma para el proyecto.

37La construcción del reservorio de 5511 hectáreas y la represa de 14. 138 pies fue terminada en 1982 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El proyecto inundó el pueblo de Sardis de la nación choctaw, una pequeña comunidad agrícola y ganadera que disponía de una escuela, una oficina de correos y una tienda de abarrotes. En el siglo xix, cuando sus principales instituciones eran las tiendas de dos herreros, dos molinos para molienda, una taberna y varias iglesias, este pueblo fue denominado Bunch Town. Con la construcción del reservorio también se inundaron las tumbas de al menos 20 cementerios privados, incluido un camposanto de mil años de antigüedad de los indios caddo que habían habitado la zona antes de que los choctaw fueran reubicados ahí en los años 1830. A principios de los años 1980, citando el derecho federal de dominio eminente, el gobierno federal reubicó a la fuerza a los residentes de Sardis, tanto a quienes estaban vivos como a quienes habían muerto.

38Menos de una década después de que el lago se llenara, los líderes y los legisladores del estado de Oklahoma decidieron abandonar el plan que tenía el estado para el lago y dejaron de pagar el préstamo federal. El estado señaló que las finanzas del estado no permitían que el estado hiciera los pagos anuales del préstamo, y los legisladores estatales no pudieron llegar a un consenso sobre las comunidades que serían las primeras en recibir el agua choctaw. El estado decidió vender el agua choctaw al mejor postor. Las conversaciones con la North Texas Water Agency (NTWA, por sus siglas en inglés), un consorcio de los gobiernos municipales del norte de Texas, sedientos de agua, puso de manifiesto que la NTWA estaba dispuesta a ofrecer al estado de Oklahoma 400 millones de dólares por los derechos a 130 millones diarios de galones de agua choctaw por un período de cien años. Los derechos de los choctaw a esta agua fueron ignorados.

39Cuando, en la década de 1970, se concibió la idea de construir el embalse del lago Sardis y crear el proyecto de transporte de agua, los choctaw no estaban bien preparados para defender sus derechos sobre el agua y su soberanía. En 1906, cuando la legislación federal de adjudicación disolvió las ramas legislativa y judicial del gobierno tribal, convirtió al poder ejecutivo en una institución que era un cascarón. Tal vez lo más significativo fue que, de 1906 a 1970, como se ha mencionado anteriormente, el jefe choctaw fue nombrado por el gobierno de Estados Unidos. En parte debido a esto, la labor de reconstrucción de las instituciones políticas formales de la tribu no comenzó en serio sino recién a finales de los años 1970. A mediados de la década de 1990, ya había tenido lugar una amplia reconstrucción, lo que ayudó a que la tribu se preparara mejor para defender sus derechos sobre el agua y para resistir otras injerencias en su soberanía y en sus propiedades.

40En agosto de 1992, los dirigentes tribales choctaw informaron a la ciudadanía de la intención de la tribu de impugnar la pretendida propiedad del estado sobre el agua choctaw. El jefe choctaw Roberts, el subjefe Greg Pyle y el vocero del Consejo Tribal Choctaw, Randle Durant, comenzaron entonces a preparar el terreno para anunciar públicamente, a fines de 1997, el reclamo de los derechos sobre el agua de la tribu. Sabían que la batalla sería sangrienta. Después de todo, “el estado [de Oklahoma] ha estado usando agua tribales desde su creación, sin tener en cuenta los intereses tribales”, y bajo el supuesto de que posee el agua (Helton 1998: 1000). Por lo tanto, los líderes tribales choctaw consultaron con los abogados tribales, participaron en reuniones informales con funcionarios del estado, prepararon materiales para distribuirlos entre los legisladores estatales de Oklahoma, y hablaron con la NTWA y otros postores sobre la idea de ceder en arriendo el agua choctaw. También movilizaron el apoyo para la inminente demanda tribal capacitando a los choctaw sobre los derechos de la tribu, la ilegalidad de las acciones del estado y la necesidad de tomar medidas para defender los derechos sobre el agua y la soberanía choctaw. En diversas oportunidades observé a los líderes choctaw encender a las multitudes de ciudadanos choctaw con sus palabras sobre el agua.

41Especialmente después del anuncio público del reclamo por los derechos al agua de la tribu, los líderes tribales lanzaron una campaña de relaciones públicas para movilizar el apoyo de los no choctaw. La tribu comenzó a utilizar avisos en páginas completas de los diarios, personas que iban de puerta en puerta y reuniones públicas para promover la soberanía tribal sobre el agua y la cesión en arriendo del agua choctaw a la NTWA. El control tribal del agua, decían los líderes tribales, puede traer “un impulso económico sin precedentes para la región”. La tribu auspició cenas a las que se invitó a periodistas, banqueros y comisionados del condado. También contrató a Tommy Thomas, un antiguo legislador, a fin de promover la aceptación pública de una cesión en arriendo del agua, la que, a pesar de todo, garantizaría “agua de sobra para las necesidades de Oklahoma” y permitiría la afluencia de montos de capital sin precedentes hacia la nación choctaw.

42El 14 de noviembre del 2001, se llegó a un anteproyecto de acuerdo entre Oklahoma y las tribus choctaw y chickasaw. Prácticamente en el último minuto, se decidió que el agua dentro de las fronteras tribales chickasaw también formaría parte del acuerdo. A pesar de los grandes preparativos de los choctaw para esta batalla con el estado, el resultado fue decepcionante para ambas tribus. El acuerdo establecía que Oklahoma, por una parte, y las tribus choctaw y chickasaw, por otra, se dividirían de manera uniforme los ingresos de la cesión en arrendamiento del agua del sureste de Oklahoma. Los choctaw obtendrían el 37, 5 por ciento; los chickasaw obtendrían el 12, 5 por ciento. Toda la cuota del estado, en cambio, iba a ser empleada en el desarrollo económico del sureste de Oklahoma. Un comité de pobladores del sureste de Oklahoma, que contaba solo con una limitada representación en el estado, decidiría cómo emplear concretamente la cuota del estado. El fracaso de las tribus para lograr incorporar en este anteproyecto el reconocimiento de los derechos plenos sobre el agua que habían sido incluidos en los tratados, se explica por la incapacidad histórica de los gobiernos estatal y federal de Estados Unidos de honrar los tratados con las tribus indias de América. También puede explicarse por la relativa debilidad de las tribus choctaw y chickasaw frente al estado. Un factor importante para la obtención del consentimiento tribal para este acuerdo, fue la necesidad urgente que percibieron los líderes de estas dos tribus de crear nuevos puestos de trabajo y empresas en sus tierras de origen. De esta manera, en un sentido, el acuerdo representa una pequeña victoria para la libre determinación choctaw y chickasaw. Sin embargo, también constituye una pérdida significativa para la soberanía tribal choctaw y chickasaw, así como para el cumplimiento de los tratados por parte de los gobiernos federal y estatal de Estados Unidos.

43Sin embargo, para el 2005, las tribus y el estado todavía no habían llegado a un acuerdo de cesión en arriendo del agua a la NTWA. Es más, las tribus y el estado todavía no habían ratificado, a través de una votación de la legislatura del estado de Oklahoma, las condiciones bajo las cuales acordarían “coadministrar” este recurso (véase Biolsi 2005). En junio del 2005, tuve una larga conversación con mi jefe, Greg Pyle, acerca de este conflicto y otros asuntos. Pyle me dijo que la causa principal del estancamiento es que la NTWA no estaba dispuesta a ofrecer un precio que el estado y las tribus consideren aceptables.

44Especialmente a fines del siglo xx y principios del xxi, Estados Unidos ha acuñado para sí una imagen de nación modelo por su respeto a los derechos políticos de las poblaciones minoritarias ubicadas dentro de sus fronteras y por su promoción del multiculturalismo. Los Estados Unidos afirman que proporcionan un lugar seguro para sus pueblos indígenas, ofreciéndoles un amplio margen para ejercer su soberanía, desplegar sus derechos a la libre determinación, y lograr un alto grado de autonomía económica y política. Sin embargo, este modelo estatal de aceptación política de las tribus en Estados Unidos —uno que ha recibido mucha atención internacional—, no se ajusta para dar cuenta de las experiencias tribales que se describen en este capítulo. La tribu choctaw y, sin duda, otras tribus en Estados Unidos, siguen sufriendo reiterados ataques a su soberanía, la imposición de irracionales limitaciones al ejercicio de su libre determinación, así como usurpaciones reales y pretendidas de sus bienes. Sería mejor que los pueblos indígenas buscaran en otro lugar un ideal por el cual luchar.

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Notes

1 University of North Carolina.

© Institut français d’études andines, 2010

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