1 Para 1689, las propiedades de Goizueta incluían por lo menos una estancia en la doctrina de Lampa, y dos en la de San Juan Bautista de Cabanilla (véase Villanueva Urteaga 1981: 59, 70-71).
2 Escandell-Tur (1993: 309-10) muestra una caída en los textiles enviados al Alto Perú en 1725-49.
3 Se concedió al comprador un descuento en sus pagos anuales y un periodo de gracia de cinco años.
4 Véase, por ejemplo, un censo por 8,500 pesos, que don Diego de Esquivel y Navia tomó prestados de Santa Clara en 1708 (ADC, Cregorio Básquez Serrano, 1708-9: fols. 119-27, 15 de marzo de 1708).
5 Al ser subastada la hacienda, Santa Clara apenas logró alcanzar el decimoséptimo puesto entre los acreedores.
6 Su esposa dio a luz a una heredera después de que don Gerónimo Costilla Gallinato y Valverde falleciera en 1692 (ADC, Antonio Pérez de Vargas, 1689-92: fols. 172-80, 5 de septiembre de 1692). En adelante, el apellido Costilla quedó subsumido por la poderosa red criolla de los Venero y Moscoso, y los Jiménez de Lobatón.
7 En 1742, Santa Clara se unió a un juicio que otro acreedor había abierto en contra de Parapuquio, el obraje de la pareja, por incumplir el pago de su deuda (ADC, XXII, 3, 42 [1742-46]). Las monjas no abrieron juicio, tal vez porque Rosa, la hija de la pareja, era una clarisa. Sor Rosa Venero posteriormente fue abadesa por lo menos dos veces (1767-70 y ca. 1780).
8 Don Diego fue el último hijo legítimo de la línea de los Esquivel, y su heredera, doña Petronila, casó con un limeño en 1736. El título emigró a Lima luego de que don Pedro Nolasco de Zavala contrajera matrimonio con una criolla de esa ciudad (Loh-mann Villena 1947, 2: 160-61).
9 Los Ugarte tenían el mayorazgo fundado por Juan de Pancorbo, uno de los primeros colonos del Cuzco. Sobre los “soberbios, altivos y orgullosos” Ugarte, véase Cúneo Harrison (1958); véase también Lohmann Villena (1947, 2: 39).
10 Según Cúneo Harrison (1958: 191), la conexión inca se derivaba del matrimonio celebrado en el siglo xvi entre miembros de las familias Celiorigo y Avendaño.
11 Los Ugarte se aliaron matrimonialmente con los Jara a comienzos del siglo xviii (Lohmann Villena 1947, 2: 311-12). Don Agustín Jara de la Cerda fue hecho marqués de Casa Jara en 1744 (Esquivel y Navia [1980, 2: 349] lacónicamente anotó: “Dio 25.000 pesos”). Véase Rezabal y Ugarte (1792: 152-53).
12 Sor Rosalía de Ugarte fue abadesa de Santa Clara en 1757 (ADC, Pedro de Cáceres, 1697, insertado entre los fols. 39 y 40) y sor Bernardina de Ugarte lo fue en 1782 (AAL, Apelaciones del Cuzco, leg. 51, 1782-89). María de la O y Ugarte fue priora de Santa Catalina entre 1724 y 1727, y de 1730 a 1733 (ADC, Alejo Fernández Escudero, 1724, 1726 y 1727; ADC, Alejo González Peñalosa, 1732-35)- Don Antonio de Ugarte fue el mayordomo del convento en 1780 (AAC, I, 2, 32).
13 La ex-priora menciona que un nuevo impuesto había contribuido al alza en el costo de los alimentos.
14 Algunos prosperaron en estos anos, como el obraje de Lucre. Escandell-Tur (1993: 86-118) examina el caso de las familias entrelazadas de Ugarte-Arvisa-Arriola-Picoaga, que controlaban Lucre.
15 Véase, por ejemplo, ADC, Asuntos Eclesiásticos, leg. 3 (1739-50), doc. de 1739 referente a la hacienda Oscollopampa, devuelta a Santa Catalina por un censatario que no podía cumplir con sus pagos.
16 Las leyes de Toro de 1505 mencionaron al censo al quitar por vez primera, a fin de dejar en claro que el mecanismo podía llevar al embargo de la propiedad, incluso en casos en los cuales el monto del principal era pequeño con respecto al valor de la propiedad. Un temprano ejemplo procedente del Cuzco se encuentra en ASCS, “Inventario de octubre”, fol. 15, causa ejecutiva presentada contra el patrimonio de Pedro Herquinigo en 1615.
17 Glave y Remy (1983: 429-521) describen la crisis de la producción maicera de Ollantaytambo después de la década de 1770, incluyendo el papel jugado por las deudas. Desde la perspectiva de las finanzas conventuales, este ultimo problema parece haber sido regional.
18 Para no tomar sino un ejemplo, Guambutío, una valiosa hacienda maicera cerca de Oropesa, fue subastada en 23,000 pesos en 1708, momento en el cual tenía 22,000 pesos en obligaciones por censos con Santa Catalina. El comprador solamente pagó mil pesos en efectivo y aceptó hacer pagos anuales al convento por los censos (ADC Cabildo, Pedimentos, leg. 109, 1571-1732).
19 En 1754, por ejemplo, las clarisas insistieron en un “cenzo perpetuo irredimible” por la hacienda Callapuquio, manifestando su preocupación “porque al presente todas las fincas de este Obispado estan cargadas de Zensos” (ADC, Pedro José Gamarra, 1753-54: fols. 274v-83v, 22 de junio de 1754, la cita en el fol. 257v).
20 Más de ciento setenta años habían pasado desde el último concilio límense (Vargas Ugarte, ed., 1951-54, 2: 103-10).
21 O’Phelan (1985: 161-207, la cita en la p. 161) sostiene que los “cambios en el impuesto de la alcabala, así como el establecimiento de aduanas... dieron el impulso inicial que culminó con el estallido de la Gran Rebelión”.
22 La obra de John H. Rowe es indispensable para entender la larga historia de tensiones y conflictos entre la nobleza incaica y la cotona; ella muestra que los nobles incas estaban complotando contra la corona ya en la década de 1660. Muchas referencias sueltas en la documentación de archivo reflejan los agravios de los incas. Por ejemplo, véase AGI, Audiencia del Cuzco, 64, 1758, representación hecha al rey por don Gabriel Christan Reynoso Ynga del Cuzco, a quien el cabildo catedralicio del Cuzco le había negado el cargo de racionero; y Ministerio de RR.EE., Lima, Archivo de Límites, “Libro de actas del cabildo del Cuzco”; 1725-35: fols. 174-92, referentes a la demanda hecha por don Pedro Arias de Miranda Ynga de que sus privilegios fueran respetados. Ambos sostenían descender de los Incas.
23 La legalización del reparto dio a los corregidores ciertas ventajas sobre los curas, en la competencia a nivel local por el control de la mano de obra y los pagos, y muchos sacerdotes respondieron elevando el precio de sus servicios (O’Phelan 1985: 53-57, 109-17).
24 Los curas y corregidores de la región también eran hacendados, y probablemente buscaron compensar sus pérdidas en el comercio de cereales dependiendo aún más del reparto y de otros mecanismos de extracción de excedentes (véase Glave y Remy 1983: 519-20).
25 “Se levantaron en un violento desafío de las autoridades coloniales”, nos dice Steve Sern (1987: 34), “más de cien veces entre los años de 1720 y 1790”; él señala la amplia influencia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, de 1742.
26 O’Phelan (1985: 170) señala que los arrieros y comerciantes indígenas y mestizos fueron “los principales participantes” en los motines contra las aduanas de Arequipa en 1777, y La Paz en 1780. La propuesta de abrir una aduana en el Cuzco también hizo que se planeara un alzamiento (ibíd.: 194-203).
27 Véase la síntesis analítica que Walker (1999) hace de la rebelión. Según Mendiburu (1931-34, 11: 32), Túpac Amaru tenía treinta y cinco recuas de diez muías cada una, y estaba involucrado en el comercio con Lima y Potosí. O’Phelan (1985: 265) cita evidencias de que en el momento mismo de la rebelión, él venía siendo perseguido por los aduaneros por una deuda de 300 pesos.
28 La relación más completa de la rebelión es la de Boleslao Lewin (1957); para una versión condensada, con buenas referencias, véase Walker (1999).
29 En palabras de Cúneo Harrison (1958: 192), “no actuaron como les hubiera correspondido y se habían comprometido con Túpac Amaru”. Aunque no da ninguna evidencia de que se haya establecido un acuerdo entre éste y los Ugarte antes de la rebelión, las autoridades españolas evidentemente estaban listas para creer que así había sido (ibíd.: 192-93).
30 Cahill (1988: 462-63) cita un informe de la audiencia del Cuzco, indicando que Túpac Amaru tomó bienes por valor de 14,000 pesos del obraje de Lucre y 10,000 pesos en efectivo de la hacienda.
31 Santa Catalina pagó el préstamo al juzgado eclesiástico dos años más tarde.
32 Ésta y la siguiente información sobre María Mejía y Mariano Túpac Amaru proviene de BN, ms. C1081 (1782), ’Autos del depósito de María Mejía en el monasterio de Santa Catalina”, transcrito en Burns (1992).
33 Los juicios que involucraban a la pragmática de 1776 contra los “matrimonios desiguales” prohibían, por lo general, el matrimonio entre blancos y no blancos de ascendencia africana. Por ello, los cargos de que Mejía era “media zamba” podrían haber buscado —y tal vez haber sido inventados para— asegurar que ella encajara con la definición de una pareja “desigual" para Túpac Amaru (Burns 1992: 140-43).
34 Mata Linares, un oidor de la audiencia de Lima, fue hecho intendente del Cuzco en 1784. En Criollos en conflicto: Cuzco después de Túpac Amaru (1985), Luis Durand Flórez se concentra en Mata y su enemistad con los criollos cuzqueños.
35 Mata defendió su insistencia en que se efectuasen nuevas elecciones para alcalde después de que el cabildo votara a favor de un pariente de los Ugarte. Dijo que: “[L]es sobra habilidad para lo malo, y adverso a el Europeo”.
36 En 1792 Rivadeneyra y su rival, la madre Francisca del Tránsito y Valdes, fueron descalificadas de postular a priora por orden del virrey (AAC, L, 2, 27, “Testimonio de los autos seguidos por varias religiosas del Monasterio de Sta. Catalina, queriendo anular la elección de priora”, fols. 62-63).
37 Dean (2002: cap. 5), muestra cómo los indios nobles del Cuzco defendían celosamente su derecho a usar este poderoso símbolo de la autoridad incaica.
38 AGI, Audiencia del Cuzco, 17, doc. 28, contiene el informe de Mata Linares del 19 de marzo de 1786, sobre la necesidad de abolir las pretensiones y costumbres de los incas nobles del Cuzco.
39 Para tener cierta idea de a qué se enfrentaban, véase la propuesta hecha en 1798 por un integrante del cabildo catedralicio del Cuzco, de que el quechua fuera suprimido y la vestimenta indígena cambiada para “españolizarlos” (AGI Audiencia de Cuzco, 70, propuesta al rey hecha por el canónigo Dr. José Fernández Baeza, 28 de junio de 1798).
40 Burkholder y Chandler (1982) traen información sobre los oidores: no hubo criollos entre los que ocuparon la audiencia del Cuzco sino hasta 1806.
41 Este caso, sostenido con gran energía, envió a ambos bandos en busca de las obras de juristas. La priora de Santa Catalina intentó citar un volumen de Pablo Salazar, mencionado en la obra de Gerónimo de Seballos, pero no se pudo encontrar una copia ni en el Cuzco ni en Lima.
42 El contrato contraído por don Fernando Ochoa con Santa Teresa en 1786, imponiendo un censo sobre la hacienda Guaylla, se encuentra en AAC, LXXXIII, 4, 61 (1793).
43 Este censo se encuentra también en ADC, Bernardo José Gamarra, 1786: fols. 407-12, 3 de octubre de 1786.
44 Los herederos de Tronconis debían un total de 25,700 pesos a Santa Clara.
45 “Concolorcorvo” era el seudónimo adoptado por Alonso Carrió de la Vandera.
46 Esta tendencia parece corresponder al surgimiento de los chorrillos que Escandell-Tur (1993) esboza. A las instituciones más pequeñas y flexibles les podía ir relativamente bien, a medida que las grandes (como los obrajes de la región) sufrían.
47 Mörner (1984: 51) observa que los censos facilitaron una rápida rotación en la propiedad de las haciendas del Cuzco. Aunque esta observación se refiere a un periodo posterior (1825-69), podemos ver el mismo fenómeno estructural mucho antes, y merece un estudio más detenido.
48 Según Villanueva Urteaga, ed. (1982: 288), Guaylla pertenecía en 1689 aJ Lic. Cristóbal Calero, presbítero.
49 Las monjas pagaron 10,150 pesos del precio en efectivo, pues los censos que Guallgua tenía sumaban 11,850 pesos.
50 Carmona debía entregar cien fanegas de harina al año. El peso especificado por fanega era de siete arrobas y siete libras cada una. Al precio estipulado de cinco pesos por fanega, esto sumaba un valor de quinientos pesos de harina cada año.
51 Se requieren más investigaciones para que los patrones se esclarezcan; los Ferro, Garmendia y otros podrían originalmente haber formado parte del sistema de intendentes que reemplazó a los corregidores.
52 Al tomar los votos en Santa Catalina en 1806, una monja ofreció su celda para satisfacer el pago de su dote. La priora manifestó su aprobación, pues ella era lo bastante grande como para convertirla en un nuevo ambiente para las novicias; el ambiente anterior había sido abandonado.
53 En las cláusulas de su testamento, doña Josefa Holgado menciona que cada año las sacristanas pagaban doscientos o trescientos pesos de su propio dinero en adornar el altar para las fiestas del convento, razón por la cual nadie quería tener dicho cargo (ADC, Andrés de Zamora, 1790-94: fols. 56-56v, 4 de mayo de 1791).
54 Para empezar, aún no había nadie listo para ocupar su lugar: por ejemplo, no existía ningún banco en la región y ninguno aparecería en décadas. Las casas comerciales, como Braillard, tal vez desempeñaron un importante papel dando crédito, lo que merece estudiarse.
55 Sin embargo, en 1784 el capitán Francisco Beitia pagó a Santa Catalina diez mil pesos en efectivo, para redimir la mitad de los censos impuestos sobre sus haciendas en Calca (AAC, XIV, 1, 9).