1 Covarrubias (1987: 653) desarrolla los posibles embrollos bajo “grada”, narrando el frustrado deseo masculino: “El italiano la llama grata, y cuentan de un galán que, viendo a su dama en una reja, y estando desfavorecido della, le dixo: ‘¡o ingrata ingrata!’; la primera voz sinifica ser ingrata, y la segunda estar en la reja, o detrás de la red, como loca”.

2 Tales préstamos y empeños de joyas evidentemente formaban parte del circuito colonial de créditos y alianzas.

3 En su testamento (ADC, Antonio Pérez de Vargas, 1689-92: fols. 172-80), don Gerónimo Costilla Gallinato, hijo de Costilla, indicó que Suriguaylla le pertenecía y era objeto de una disputa con Santa Clara por el pago de censos. Al parecer se llegó a un arreglo, pues la hacienda permaneció en la familia y siguió siendo usada para conseguir crédito de las clarisas (véase ADC, Corregimiento, Causas Ordinarias, leg. 49 [1768], exp. 1096, “Autos que sigue el monasterio de Santa Clara contra las haciendas nombradas Suriguailla”).

4 Los Costilla se diversificaron cultivando también a otros posibles prestatarios como los agustinos, por ejemplo.

5 Para recientes contribuciones y una visión global de la dinámica de las economías andinas, véase Larson y Harris, eds. (1995), Clave (1989).

6 Martínez López-Cano (1993: 38) señala la relativa invisibilidad documental del crédito “privado”. Un caso de un contrato verbal de 1696 se menciona en ADC, Pedro de Cáceres, 1696: fols. 285-88, 7 de septiembre de 1696.

7 Hasta hace poco, el crédito era visible sobre todo desde el punto de vista de la hacienda: véase Clave y Remy (1983), Guevara Gil (1993).

8 Cummins (1988: 431-40) ilumina sus elaborados subterfugios; véase también Martínez López-Cano, ed. (1995). Nuevas investigaciones peruanas han perfilado a los comerciantes de Lima (Suárez 1995).

9 Hamnett (1973) llamó la atención sobre esta tendencia. Quiroz (1994: 202-5) señala que la Inquisición llegó a ser uno de los más grandes acreedores eclesiásticos de Lima.

10 Stern (1982: 81, 97-100) señala el funcionamiento de estas cajas dentro del “gran plan” de Toledo para el dominio colonial hispano.

11 Para más información sobre la caja de censos de indios de Lima véase Quiroz (1994: 206-9).

12 Las quejas de don Diego figuran en AAC, II, 1, 12 (1657). Véase también Cevallos López (1962); Martín Rubio (1979).

13 Gibbs (1979) fue el primero en llamar la atención sobre esto.

14 Agustín pasó a ser miembro del clero regular, pero se unió a los franciscanos del Cuzco.

15 Los archivos del Cuzco guardan una extensa documentación sobre las finanzas de estas casas conventuales, incluyendo muchos censos de diversos tipos. Las órdenes masculinas extendían y recibían crédito localmente. Los franciscanos, en cambio, parecieran haber estado relativamente libres de estos tratos.

16 Por ejemplo, en 1715 las monjas dominicas prestaron 1,000 pesos, la mitad de los cuales pertenecía a la cofradía de las Animas “fundada en este Monasterio” (ASCS, “Inventario de agosto”, doc. 49, 9 de agosto de 1715).

17 Por ejemplo, la hacienda Santotis (Guevara Gil 1993). Los agusrinos y betlemitas tuvieron varias haciendas en la región de Ollantaytambo, al igual que los miembros de la Iglesia secular (Glave y Remy 1983).

18 Se requieren más investigaciones para que el panorama crediticio del Cuzco se escla-rezca. Los jesuitas de esta ciudad probablemente fueron prestatarios sedientos de crédito con mayor frecuencia de lo que prestaban, pues tenían grandes empresas y colegios que mantener. Para el papel de los comerciantes en el crédito véase Escandell-Tur (1993: 51-128).

19 ASCS, “Inventario de marzo”, doc. 31, lista titulada “Memoria de las escrituras cobrables, que entregó la señora María de los Remedios, priora que fue, a la señora Catalina de San Ambrosio y Mendoza, priora actual”, 2 de marzo de 1684. En 23 de las 166 entradas no se puede establecer el monto del principal. Dado que la transacción promedio era de más de 2,000 pesos, el principal faltante podría haber llegado a 46,000 pesos, incrementando el total a 343,433 pesos y el ingreso anual del convento hasta 17,172 pesos.

20 ADC, lista manuscrita de 78 puntos titulada “Memoria de los censos que al presente pagan los censuatarios del Cuzco, que se hizo en 29 de febrero de 1676”, insertada en la parte posterior de un volumen copiado a mano de la biblioteca del convento de San Agustín (se trata de Lorenzo de Niebla 1565).

21 Son numerosos los ejemplos de este tipo de “seguimiento” de las dotes de mujeres específicas; véase, por ejemplo, ADC, Pedro de Cáceres, 1697: fols. 450-57v.

22 Hoffman (1996) muestra que los notarios parisinos a menudo actuaban para sus clientes como corredores. Los notarios del Cuzco, poseedores de una valiosa información de negocios, probablemente hicieron lo mismo. Esto explicaría la rapidez con la cual las personas pasaban al locutorio una vez que un censo había sido vuelto a pagar a las monjas.

23 Martín López de Paredes, un notario que manejó buena parte de los negocios de Santa Catalina en el tardío siglo xvii, hizo un contrato para recibir 1,000 pesos de las monjas en un censo del 23 de junio de 1663 (ASCS, “Inventario de las escrituras del mes de junio”, doc. 30).

24 Esta pareciera ser la primera fase de consolidación del muy conocido complejo del obraje-hacienda de Lucre (Escandell-Tur 1993: 86-119).

25 Participaron en una transacción usual en la época: la composición de tierras (véase ADC, Lorenzo de Messa Andueza, 1645-47: fols. 2137-46v; Clave y Remy 1983: 87-92; Guevara Gil 1993: 174-86).

26 Doña Antonia Siclla garantizó su préstamo con sus casas en la ciudad del Cuzco (“barrio de la Calle Nueva”), y con su casa y huerta en el valle de Guancaro (véase ASCS, “Inventario de marzo”, doc. 29, 14 de marzo de 1673).

27 Su abuela les dejó la hacienda Ancaypava, a condición de que se prestaran mil pesos para mejorarla.

28 La documentación de Santa Catalina y Santa Teresa asimismo refleja las activas inversiones hechas por las monjas en muchos ingenios azucareros de la región del Cuzco.

29 En el siglo xvi, estas transacciones habían dado al convento un retorno del 7.14 por ciento anual, al igual que los censos al quitar. Después de que la tasa fuera bajada por la corona a comienzos del siglo xvii, los contratos especificaban un pago anual del 5 por ciento del valor de cada propiedad.

30 Véase en AAC, XIX, 3, 47, petición del 3 de octubre de 1778, una declaración explícita de las desventajas que tenía el arriendo de propiedades del convento.

31 El mayordomo y los testigos adicionales también dijeron que la venta a censo era preferible a contratar costosos mayordomos, pues “muchas veces no se hallan mayordomos de fidelidad” (ASCS, “Inventario de julio”, doc. 19: fols. 134-36, 30 de julio de 1648).

32 Caco aparece en una lista de los activos de Santa Clara en 1872 (véase AAC, C-LVIII, 4, 47, Abadesa Luisa La Torre al obispo del Cuzco, 27 de septiembre de 1872).

33 Para contratos del XVIII referentes a Caco véase ADC, Matías Ximénez Ortega, 1717-18: fols. 149-54; Alejo Fernández Escudero, 1724: fols. 464-72; Pedro José Ga-marra, 1729-31: fols. 268-70; 1743: fols. 101-4, 148-50; 1755: fols. 106-10; 1762-63: fols. 248-50; 1766: fols. 420-22; 1767: fol. 48; Juan Bautista Gamarra, 1774-76: fols. 174-75; Anselmo Vargas, 1797-98: fol. 615.

34 Para administrar Yllanya, las monjas usaron los contratos de arrendamiento, así como ventas a censo (el alquiler era pagadero en azúcar y “melados”). En 1710, ellas dieron el ingenio a don Miguel de Mendoza y Valdés en 5,000 pesos anuales, en una “venta de por vida” (ASCS, “inventario de junio”, doc. 48, 14 de junio de 1710). Santa Catalina conservó Guambutio e Yllanya hasta bien entrado el siglo xx.

35 Los campos en cuestión, situados junto al río Urubamba, fueron vendidos a Hernando Mejía Duran, quien pagó 7,200 pesos en dos barras de plata y cuatro bolsas de dinero. Las monjas pensaban usar el dinero para ampliar Pachar.

36 Para el temprano siglo xviii, Pachar había sido ampliado aún más y las monjas pudieron vender la hacienda a censo al 5 por ciento de su valor, o 2,000 pesos anuales (ADC, Gregorio Básquez Serrano, 1711: fols. 20-25, 15 de enero de 1711; Matías Xi-ménez Ortega, 1715, 14 de agosto de 1715). La importancia de Pachar se refleja en su contrato desusadamente detallado, el cual especificaba que si el contratante no lograba llevar a tiempo los cereales especificados al convento, las monjas le podrían cobrar el costo de una cantidad equivalente del mismo al precio de mercado.

37 Por ejemplo, en 1658 el comerciante Diego de Molina compró una pequeña cantidad de maíz (ADC, Lorenzo de Messa Andueza, 1658: fols. 1056-56v, 3 de septiembre de 1658). Las constituciones de las clarisas explícitamente preveían una venta tal (Constituciones generales 1689: fol. 68).

38 Según este documento no fechado, este obraje produjo 30,000 varas de tela en un año, vendidas a 4 reales cada una. Del ingreso resultante de 15,000 pesos, 4,727 fueron pagados a los trabajadores indígenas y 3,100 pesos fueron distribuidos entre las monjas, donadas y criadas.

39 Mörner (1978: 82) menciona al paso que los dueños de los obrajes del Cuzco incluían a “uno que otro convento”.

40 Véase, por ejemplo, la detallada relación hecha por Llopis Agelán (1980: 809-40) de las ventas de cereales, aceite de oliva y otros productos agrícolas excedentes para las monjas dominicas de Regina Coeli en Zafra, entre la década de 1770 y la de 1830.

41 Tapia Franco (1991: cap. 2) cita un caso presentado ante las autoridades limeñas a comienzos de la década de 1640. Una mujer arregló con un hombre el préstamo de 4,400 pesos pero no le dio más que 4,000, por lo cual él la denunció por cobrar interés (10%).

42 Algunos casos extremos podrían no ser sino descuidos o problemas para mostrar la documentación legal relevante, y no generosidad o clemencia de parte de las monjas. Por ejemplo, un censo por 3,000 pesos que estuvo impago durante 38 años y 8 meses. Para cuando las monjas de Santa Clara abrieron juicio para recuperar el censo, las deudas sumaban 5,800 pesos (ADC, Pedro José Gamarra, 1769: fols. 269-75v, 1 de agosto de 1769). Unos cuantos años después, las clarisas se sumaron a un juicio abierto por otro acreedor contra la hacienda de Aguacata, en Abancay. Las monjas sostenían que la propiedad llevaba dos censos pagaderos a ellas y se sumaron al juicio para recuperar 3,400 pesos de principal y 13, 428 pesos, 1 real en pagos adeudados: casi setenta y nueve años de réditos impagos.

43 El marqués ofreció como garantía su hacienda de Chinicara, que ya tenía un principal de 6,000 pesos en censos pagaderos a las monjas de Santa Catalina.

44 Martín (1983: 178), por ejemplo, sostiene que “mediante dotes y donaciones, algunos de los conventos [de Lima] habían acumulado una gran cantidad de capital y bastantes bienes raíces urbanos de primer orden. Todos estos activos estaban congelados en manos de una comunidad religiosa, [y] no contribuyeron al flujo normal de riqueza dentro de la sociedad virreinal”.

45 Para tomar un ejemplo representativo, en su estudio de las finanzas conventuales mexicanas, Reyna (1990: 33) dice lo siguiente: “En principio, las familias económicamente poderosas procuraban que sus hijas contrajeran matrimonio ventajoso; sin embargo, cuando éstos no se llevaban a cabo, el ingreso al convento era lo mejor para la buena reputación y conservación de la fortuna de la familia”. Sin embargo, véase Soeiro (1978), quien hace un trabajo convincente explicando (y no asumiendo) la utilidad del convento como una opción de contingencia para las elites en tiempos difíciles.

46 Esto se conocía como la “legítima” de un hijo. Una familia también podía establecer un mayorazgo, una estrategia que parece haber sido usada con más frecuencia en el siglo xvi que después.

47 Antes de tomar sus votos, las novicias por lo general renunciaban a sus propiedades en el mundo, designando a aquellos que las heredarían en lugar suyo; de ahí la frecuencia en el registro documental de la renunciación a su legítima por parte de mujeres. En un interesante caso de 1677, una monja de Santa Catalina sostuvo que su padre la había presionado para que le diera el control total de su herencia, y ella recibió permiso para re-escribir los términos de su renuncia (véase AAC, XLIX, 1,16 [1677], 23 de diciembre de 1677).

48 En adelante, su hermano luchó para conservar el patrimonio de la familia y las cosas parecen haber empeorado rápidamente. Para cuando falleció en 1727, sin herederos, el segundo conde de la Laguna estaba abrumado por las deudas.

49 Desde la Edad Media, como lo muestra Johnson (1991: 13-34), la profesión religiosa era individual, pero estaba fuertemente influida por las consideraciones familiares.

50 Tampoco se podía mantener fuera a una mujer si era de suficiente edad y comprensión (Schroeder, ed., 1978: 228-29).

51 Francisca, la hermana de Rafaela, también entró a Santa Clara. Según Rafaela, a ella y a Francisca les habían dejado 10,000 pesos cada una en el testamento de su padre, pero Luciana y un cómplice habían escondido el testamento y robado la herencia.

52 En 1741, por ejemplo, Juana Francisca de Jesús, viuda de don Alonso Guampu Tupa, y su hija Pascuala Magdalena Teresa de Jesús, ambas monjas de clausura en Santa Teresa, vendieron una casa en la ciudad a un comerciante llamado don Eusebio de Be-tancur en 400 pesos (ADC, Pedro José Gamarra, 1741: fols. 357-59v, 28 de febrero de 1741).

53 Esta donación hecha por María Panti, identificada por el notario como “yndia”, habría de durar por toda la vida de su nieta.

54 ADC, Alejo González Peñaloza, 22 de marzo de 1741, para el primer censo (200 pesos); para el embargo véase ADC, Corregimiento, Causas Ordinarias, leg. 46 (1763-65), exp. 1002, Santa Teresa v. don Melchor Queso Yupanqui y doña Josefa Pillco Sisa, 1764.

55 Véase O’Phelan Godoy (1985) y Stern (1987). Stern subraya la importancia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, desatada en los Andes centrales en 1742.

56 Esta caracterización depende de cómo se periodice la historia de la ciudad entre mediados y finales del periodo colonial, un punto sobre el cual los historiadores aún están lejos del consenso. Para Cahill, la “edad de oro” de las familias de la elite criolla cuzqueña perduró durante todo el siglo xviii, hasta 1780; en “Repartos ilícitos” (1988: 473), Cahill concentra su análisis en los repartos. Los estudios de Luis Miguel Clave y Neus Escandell-Tur tienden a confirmar esta impresión, por lo menos en lo que respecta a los clanes más grandes y poderosos de la elite. Por cierro que hasta ahora ningún historiador ha sostenido la existencia de una edad de oro para la mayoría nativa de la región; si, como lo sugiere Ann Wightman, la población tributaria andina se estaba recuperando demográficamente para el siglo xviii, ella todavía estaba lejos de vivir algo “dorado”. Los curacas y principales son otra cosa; los estudios actualmente en curso debieran decirnos más sobre sus experiencias y lealtades.