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¿Representación o participación?

Las protestas sociales en Perú, entre el fujimorismo y la “transición democrática” (1995-2004)1

Martín Tanaka

Texte intégral

Introducción

  • 1 Este trabajo se basa en los resultados de una investigación desarrollada en el Instituto de Estudi (...)

1EN ESTE TRABAJO ANALIZO LA DINÁMICA DE LAS protestas sociales en Perú en el periodo que va desde la segunda mitad del gobierno de Alberto Fujimori hasta finales del gobierno de Alejandro Toledo, periodo que algunos autores han caracterizado como de “transición democrática”. Aquí se muestra cómo las protestas sociales en el Perú han seguido una dinámica ascendente desde finales de la década de los años noventa; inicialmente, en el contexto de los cuestionamientos a la segunda reelección del presidente Fujimori, y luego, por un conjunto de factores, en el contexto de un cambio en la estructura de oportunidades políticas, signadas por procesos de apertura y democratización. Empero, las protestas sociales se distinguen por su carácter local y fragmentado, y los ciudadanos enfrentan graves problemas de acción colectiva en el nivel de la base, consecuencia de los sucesivos intentos frustrados de reestructuración ocurridos en el país después del quiebre del orden oligárquico. Las protestas ocurren allí donde existen marcos de referencia cognitivos caracterizados por lógicas antisistema y de confrontación, pero muy desideologizados, por lo que también tienen altas dosis de pragmatismo; allí donde existen estructuras de movilización, redes organizativas herederas de diversas tradiciones políticas (APRA, izquierda, fujimorismo, redes de ONG, iglesias y otros), que logran aprovechar oportunidades políticas o reaccionar frente a iniciativas del Estado muy específicas y coyunturales, para lo cual resulta decisiva la intervención de intermediarios sociales y políticos o brokers, así como diversos actores externos que plantean agendas más allá de lo local, en el ámbito nacional y hasta transnacional.

2En suma, el estudio de las protestas sociales nos muestra una realidad social signada por la fragmentación y la desarticulación de las instancias que construyen la representación social y política (fragmentación horizontal y vertical), por lo cual, las acciones de protesta tienden a asumir la forma de “estallidos” esporádicos, que no expresan la constitución de actores, que no siguen caminos institucionales, y que siguen rutas que oscilan entre la confrontación pura y la cooptación clientelista por parte del Estado. Esta fragmentación se combina con ininterrumpidos procesos de democratización social. La combinación de fragmentación, aspiraciones democráticas, y un Estado y una política débilmente institucionalizados, ponen en debate la necesidad de una profunda reforma del Estado.

Las protestas en Perú, 1995-2004

  • 2 Esta base de datos se elaboró recogiendo información contenida en los diarios de circulación nacio (...)

3El estudio de la dinámica de las protestas en Perú presenta, de entrada, muchas complicaciones de orden metodológico. No existen fuentes de información públicas sistemáticas y confiables, que nos permitan tener el registro de su número y características principales. Para subsanar parcialmente esta carencia, en el contexto de una investigación desarrollada en el Instituto de Estudios Peruanos creamos una base de datos sobre las protestas en Perú, cubriendo un periodo de diez años, entre 1995 y 2004, años que podríamos caracterizar gruesamente como los años de la “transición democrática”, es decir, desde el inicio del segundo gobierno de Alberto Fujimori, pasando por el gobierno de transición de Valentín Paniagua, y llegando hasta el gobierno plenamente democrático de Alejandro Toledo2.

4¿Qué entendemos por protesta social? Entendemos acciones colectivas en donde un grupo de ciudadanos se moviliza en pro de algún objetivo, recurriendo a procedimientos no institucionales. En general, como veremos, protesta quien se siente afectado por algo, o quien procura obtener algún beneficio, pero que percibe que los caminos regulares de solución no constituyen una opción satisfactoria y, además, quien puede hacerlo. Con esto último llamamos la atención sobre los costos de la acción colectiva, y la necesidad de movilizar recursos y contar con organización para lograr estas acciones.

5Con la información recogida podemos constatar cómo las protestas parten de un nivel relativamente bajo, consecuencia de la desmovilización ocurrida después de la crisis y las políticas de reforma estructural ocurridas entre finales de la década de los años ochenta e inicios de los noventa; aumentan entre 1997 y 1998, expresión de las protestas contra los intentos inconstitucionales de reelección del presidente Fujimori; y aumentan notablemente en el año 2000 en el marco de las protestas contra la consumación de la segunda reelección, en julio de 2000. A partir de entonces, se mantienen en un alto nivel, como consecuencia de los cambios políticos generados por la apertura democrática ocurrida desde 2001.

Gráfico 1. Protestas sociales en Perú, 1995-2004

Gráfico 1. Protestas sociales en Perú, 1995-2004

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos

6Una indicación de cuál es la dinámica que está detrás del aumento de las protestas puede verse en el gráfico 2, donde se examinan los tipos de demandas presentados. En 1997 y 1998 el aumento de las protestas se explica largamente por el aumento de las protestas de naturaleza política; en el año 2000, las demandas políticas son de lejos las más importantes, aunque ya puede registrarse un aumento de los demás tipos de protestas, debido a que el cuestiona-miento del tercer periodo gubernamental de Fujimori se ve acompañado por demandas por cambios en las políticas públicas en general, en un contexto en el cual el nuevo gobierno asume el poder en una situación de debilidad. En 2001, depuesto Fujimori, se produce un proceso de apertura democrática, que incentiva implícitamente la expresión de diversas formas de protesta “contenidas” en años anteriores, en el marco de un gobierno con claras tendencias autoritarias; así, aumentan claramente las demandas laborales, administrativas y presupuestales.

Gráfico 2. Protestas: tipos de demanda, 1995-2004

Gráfico 2. Protestas: tipos de demanda, 1995-2004

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos

7¿Qué magnitud tiene este aumento de las protestas sociales? Hay dos respuestas posibles: de un lado, podríamos evaluarlas relacionándolas con la capacidad de los gobiernos para dar respuestas a ellas; de otro lado, podríamos evaluarlas comparándolas con la dinámica de la protesta en los países vecinos. Frente al primer criterio, las protestas han sido muy importantes, y pusieron “en jaque” tanto a los gobiernos de Alberto Fujimori como de Alejandro Toledo. En el primer caso, Fujimori enfrentó serios cuestionamientos a la legitimidad de su segunda reelección, por lo que las protestas fueron importantes, aunque no decisivas, para producir su caída (Tanaka, 2001). En el caso de Toledo, las protestas también comprometieron seriamente la estabilidad del gobierno, considerando que este tuvo muy bajos niveles de aprobación a su gestión (no pasó de 12% entre mediados de 2003 e inicios de 2006).

8Vistas las cosas desde un ángulo comparativo, por el contrario, las protestas en Perú parecen pálidas en relación con las que remecieron otros países de la región en los mismos años. Recordemos que entre la segunda mitad de la década de los años noventa y el primer lustro del nuevo siglo, en Ecuador, diversas protestas sociales llevaron a la caída de los presidentes Bucaram (1997), Mahuad (2000) y Gutiérrez (2005); en Bolivia, a la caída de los presidentes Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005); en Argentina, a la salida del presidente De la Rúa (2001) y otros encargados de la presidencia hasta la llegada de Duhalde y Kirchner en 2003. En otros países, en medio de todo, no parecen haberse debilitado tanto las capacidades de acción colectiva como en nuestro país, no parecen haberse debilitado tanto los actores políticos y sociales.

9En el caso peruano, las movilizaciones en 2000 que llevaron a la renuncia de Fujimori en 2001, pueden entenderse como parte de este ciclo regional de protestas, asociadas con el descontento que generó la crisis del periodo 1998-2002, la “media década perdida” de la que habló la CEPAL. En Perú, las movilizaciones y protestas ocurridas entre 1997 y 2000, en contra de la reelección de Fujimori, tienen un claro contenido político, al igual que en los demás países; sin embargo, entre 2001 y 2004, ellas muestran un perfil más diferenciado. Si miramos el gráfico 3, encontraremos que las protestas con demandas de alcance local son por mucho las más importantes, lo que sugiere una dificultad para articularlas y darles un sentido político, algo que sí ocurrió en el marco de las luchas contra la reelección de Fujimori, pero que se perdió después. Esto podría ayudar a entender cómo el presidente Toledo, con niveles de aprobación a su gestión tan bajos (no pasó de 12% entre mediados de 2003 e inicios de 2006), y un nivel de conflictividad cercano al que enfrentó Fujimori al final de su gobierno, pudo completar sin mayores sobresaltos su periodo presidencial. El nivel de las protestas fue relativamente importante, pero estas tuvieron un carácter local, disperso, fragmentado, por ello ha resultado difícil “acumular” capital social o político de las mismas y no se han constituido actores fuertes después de ellas. La otra cara de esta medalla es que las protestas, al carecer de estructuras de “contención” que les den cauce y sentido, presentan demandas de difícil negociación y solución.

Gráfico 3. Ámbito de las protestas, 1995-2004

Gráfico 3. Ámbito de las protestas, 1995-2004

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos

¿Qué está en la base de las protestas? ¿Cómo llegamos a esta situación?

  • 3 Los estudios de caso fueron desarrollados por Elisa Wiener, Anahí Durand, Julio Vargas y Carlos Me (...)

10Ahora bien, esta gruesa caracterización cuantitativa debe complementarse con estudios cualitativos, que nos permitan registrar con mayor precisión cuáles son los mecanismos que operan en la base de esta dinámica general. Para ello, en la investigación desarrollada en el Instituto de Estudios Peruanos, realizamos cuatro estudios de caso, referidos a los cuestionamientos a autoridades locales en la provincia de Azángaro, región de Puno; al movimiento cocalero, particularmente el del valle de los ríos Apurímac y Ene, en la región de Ayacucho; al movimiento magisterial en la región de Ayacucho, que tiene una tendencia más radical que su dirigencia nacional; y a los conflictos entre empresas mineras y comunidades afectadas por sus actividades en la región de Cajamarca3. ¿Qué nos dicen en general estos estudios sobre la dinámica de las protestas sociales?

11Considero que hay dos grandes nociones que surgen de los estudios mencionados: fragmentación y democratización. En primer lugar, repetidamente encontramos evidencias de altos niveles de fragmentación social, que plantean severas restricciones a la acción colectiva; es decir, esta se realiza superando condiciones sumamente adversas. Podríamos decir que logran protestar solamente aquellos que pueden hacerlo, no necesariamente los más agraviados o necesitados, sino solamente aquellos que logran organizarse, movilizar recursos y superar los dilemas de la acción colectiva, tal como sugirieron McCarthy y Zald (1977) en uno de sus primeros trabajos sobre la teoría de la movilización de recursos.

12Encontramos reiteradamente que las unidades básicas generadoras de solidaridad e identidad, como son la comunidad campesina, el barrio, la clase social, la ocupación, incluso la familia y el sistema educativo, se han debilitado mucho en los últimos años; salvo en niveles muy bajos de complejidad social (Tanaka y Meléndez, 2005), donde priman relaciones cara a cara, y donde todavía puede encontrarse un vínculo comunitario relativamente más fuerte. Pero aun en estos ámbitos, llama la atención el grado de división, desconfianza y fragmentación, que se expresa en conflictos entre miembros de una misma comunidad, así como entre comunidades vecinas.

13Así, si bien encontramos que en el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales de 2005 se señala que las dos razones principales de conflictos son el “cuestionamiento a autoridades locales” (42%) y los “enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales” (20%), hay otra dimensión fundamental, el conflicto inter e intracomunal, donde el Estado no necesariamente es el opresor, sino que es incapaz de mediar eficazmente entre partes en disputa. Este problema es particularmente agudo en el Perú rural y entre los pobres, y según la Defensoría el 71% de los conflictos registrados está en zonas rurales, y el 86% involucra población pobre. Según la Defensoría, un 17% de los conflictos involucra “conflictos entre comunidades por delimitación, propiedad, acceso a recursos”, y un 7% “conflictos entre departamentos por demarcación territorial o acceso a recursos”, lo que suma un 24%. Sin embargo, esta cifra puede estar subestimada, porque cuando vemos los motivos del conflicto, en un 36% de los casos se cuestionan decisiones judiciales o administrativas por “sentencias [sobre] linderos, adjudicación de tierras, adquisiciones, obras”; y luego, un 8% más protesta por “disputa por linderos”, lo que hace que los conflictos inter e intracomunales representen hasta un 44% del total.

14Creo que estos temas merecen mucha investigación y reflexión, y creo que no la han tenido porque es más tranquilizador pensar en un pueblo luchando contra sus opresores, y no en disputas en el interior de un pueblo fragmentado. Estos temas fueron puestos en debate por el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero de esto casi no se ha hablado, ni por quienes critican, ni por quienes respaldan el informe. La CVR señala que no es tan correcta la imagen de una población atrapada “entre dos fuegos”, entre el ejército y Sendero; también ocurrió que, en medio del caos, se desataron violentos conflictos inter e intracomunales, que se superpusieron a la dinámica de la guerra (CVR, 2003; Tanaka, 2006).

15La fragmentación no sólo tiene una dimensión “horizontal”, referida a la dificultad para asociarse y actuar de manera colectiva entre pares; también una “vertical”, que se expresa en la desarticulación entre la población y el mundo institucional, así como en la debilidad de los eslabonamientos entre los diferentes niveles de gobierno. Así, hemos encontrado disputas y juegos diferenciados y divergentes entre los diferentes niveles políticos nacionales: centros poblados, distritos, provincias, capitales de región, y actores nacionales. Solemos encontrar conflictos y disputas en los que se establecen alianzas entre, por ejemplo, centros poblados y provincias, en contra de distritos y gobiernos regionales, que prosperan y se vuelven difícilmente manejables debido a la debilidad de un Estado mal organizado, con funciones mal definidas, que además promueve implícitamente la fragmentación al condicionar la transferencia de recursos a la existencia de entidades administrativas territoriales (Torres, 2006); y debido a la inexistencia de un sistema de partidos, de organizaciones políticas nacionales y regionales que generen eslabonamientos y articulaciones mínimamente estables entre estos ámbitos. Casi de más está llamar la atención sobre las funestas consecuencias que tiene esta fragmentación vertical sobre los esfuerzos que deberían hacerse para reconstruir la representación política en Perú, y hacer más viables procesos de agregación y negociación de intereses.

16Ahora bien, este énfasis en la fragmentación no implica negar que en Perú existe un amplio y dinámico conjunto de organizaciones sociales, incluso bastante cohesionadas en su interior; lo que estoy sosteniendo es que esas organizaciones suelen encontrarse desvinculadas y hasta enfrentadas entre sí.

17En medio de este ambiente de fragmentación, hemos encontrado que proliferan la desconfianza, los prejuicios y estereotipos; para esto es importante el papel que juegan diversos actores, entre los que se destacan los medios de comunicación locales, que aprovechan los problemas de legitimidad de las instituciones estatales y de los actores sociales y políticos, para lanzar acusaciones y rumores, muchas veces sin fundamento, como herramienta política. En un contexto así, como es claro, se hace difícil el diálogo y la negociación: las conductas se radicalizan, las posiciones se extreman, y prima el cortoplacismo.

18¿Cómo es que llegamos a esta situación? Considero que, en las últimas décadas, hemos asistido a profundas convulsiones y cambios que han demolido el orden tradicional oligárquico, derribado por un poderoso impulso democratizador. El problema ha consistido en que las energías sociales liberadas no han sido encauzadas propiamente por ningún otro orden alternativo. Así, desde mediados de la década de los años setenta, hemos tenido sucesivos intentos fracasados de reestructuración.

19El viejo orden oligárquico, asentado en la propiedad terrateniente, en un control patrimonial del Estado, en relaciones entre Estado y sociedad marcadas por el clientelismo y el autoritarismo, en relaciones sociales signadas por jerarquías adscritas, inició su desmonte con el fenómeno de las migraciones ocurridas desde la década de los años cuarenta, que a su vez fueron consecuencia de procesos de modernización y de expansión de la escuela pública. La “hegemonía” oligárquica fue cuestionada no de manera directa, sino a través de una “salida” (Hirschman, 1977) masiva, que hizo que Perú pasara de ser un país urbano a uno rural en menos de cuatro décadas. El final político del poder oligárquico ocurrió con las reformas de la dictadura militar del General Velasco, con la reforma agraria y la expropiación de la gran propiedad terrateniente.

20Las migraciones, la reforma agraria y las reformas del gobierno militar cambiaron radicalmente la estructura de propiedad en el campo, las formas de autoridad, las relaciones entre las haciendas, los trabajadores y las comunidades campesinas, así como las relaciones en el interior de cada uno de estos sectores; cambios que se acentuaron en los años siguientes, con la crisis de los modelos cooperativistas y de asociaciones agrarias. Los cambios en el campo, en donde confluyeron procesos de modernización, incertidumbre respecto al rumbo futuro, altas expectativas y escasas posibilidades de realización de las mismas, junto con la aparición de nuevos actores altamente ideologizados, fueron ingredientes que luego dieron lugar a un cruento conflicto interno en la década siguiente. En las zonas urbanas, las migraciones dieron lugar al crecimiento de las ciudades, y al desarrollo de asentamientos marginales, que con los años se convirtieron en parte fundamental de la ciudad; allí se desarrollaron, desordenadamente, nuevas identidades que cuestionaron la hegemonía criolla tradicional.

21El proyecto reformista del velasquismo tuvo como ejes un modelo económico desarrollista, relaciones Estado-sociedad corporativas y participativas, todo dentro de un esquema autoritario, sin pluralismo político; sin embargo, no logró consolidarse. Desde entonces, se inició un largo periodo de crisis e inestabilidad económica, que recién se estabilizó casi veinte años después, en los inicios de la década de los años noventa. El inicio de la crisis determinó la caída del General Velasco y su sucesión por el General Morales Bermúdez. Este inició la implementación de políticas de ajuste estructural para contener la crisis, que dieron lugar a amplias protestas sociales que facilitaron el desarrollo de la izquierda, y de sentidos comunes críticos frente al orden existente. El aislamiento de la dictadura militar facilitó una transición democrática, y el establecimiento de una democracia política plural y competitiva en la década de los años ochenta.

22En la democracia de los años ochenta, tuvimos muy diversos proyectos políticos en disputa. Las disputas fueron alentadas por la percepción de vivir una situación límite, una “coyuntura crítica” que marcaría el destino del país. Se intentó reestructurar la nación desde proyectos liberales, desde una línea social-demócrata-populista y desde una propuesta socialista; pero también desde propuestas extra-sistémicas armadas, como el guevarismo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la propuesta maoísta totalitaria de Sendero Luminoso, así como respuestas represivas desde algunas agencias del Estado, vinculadas con la lucha contrainsurgente. Todo esto generó una dinámica de competencia centrífuga y polarizada, que produjo graves problemas de gobernabilidad: un conflicto armado interno que dejó un saldo de entre 25.000 y 70.000 muertos.

23Así, en la década de los años ochenta tuvimos los efectos combinados de la crisis económica, que desembocó en hiperinflación al final de la década y en sucesivos intentos fallidos de ajuste económico que destruyeron el empleo formal y generaron la extensión de actividades informales por cuenta propia, todo lo cual debilitó en extremo a los gremios y a las organizaciones de la sociedad civil; y una cruenta violencia política que, de un lado, ubicó a la población y a una importante generación de dirigentes populares “entre dos fuegos”, entre las fuerzas subversivas y contrasubversivas y, del otro, atizó una dinámica de conflictos existentes en las propias comunidades, lo que terminó siendo también una guerra de sectores dentro de las mismas. Esto produjo un debilitamiento extremo de las organizaciones de la sociedad civil y generó niveles extremadamente bajos de confianza interpersonal, entre los más bajos del mundo (Romero y Sulmont, 2000).

24La disputa entre los diversos proyectos políticos en pugna se resolvió inesperadamente en la década de los años noventa, con la llegada al poder y la consolidación relativa del fujimorismo; lo que parecía una crisis de gobernabilidad, consecuencia de agudos procesos de polarización social, terminó convirtiéndose en una crisis de representación. Alberto Fujimori, un outsider, ganó las elecciones de 1990 con un discurso crítico del sistema político. Fujimori tuvo éxito en estabilizar la economía, y encabezó una reestructuración neoliberal que terminó con el largo ciclo de inestabilidad iniciado a mediados de la década de los años setenta. Este manejo económico, sin embargo, se combinó con un manejo tradicionalista y vertical en la conducción del Estado, y con un discurso político antisistema y antiinstitucional, que llevó a la constitución de un régimen autoritario (Tanaka, 2001).

25Durante el fujimorismo se dio el colapso de los partidos y del sistema de partidos entonces en construcción, junto con todas sus redes de intermediación política, lo que debilitó enormemente las posibilidades de acción colectiva. Las reformas económicas debilitaron también el empleo formal y los niveles de sindicalización, con lo cual, a los problemas de representación política se unieron los problemas de representación social. Se perfiló de este modo, un Estado en ciertos aspectos recuperado y modernizado, pero también envilecido por prácticas autoritarias, clientelitas y corruptas, que establecieron formas de relación con la sociedad que no sólo mantuvieron, sino que profundizaron la fragmentación social y la debilidad institucional. Es importante mencionar que el fujimorismo instauró también una ética social, una cultura política en la que el irrespeto a las normas e instituciones, así como el “ventajismo” individual logró legitimidad social (Ubilluz, 2006).

26Como saldo de lo ocurrido en las últimas décadas, tenemos en el nivel de la base, desconfianza interpersonal y la exacerbación de conflictos intra comunitarios; efectos desestructurantes consecuencia de la crisis y la reconversión económicas; colapso de los partidos y de sus estructuras de intermediación; y la generalización de sentidos comunes antisistema, anti- políticos, todo lo cual minó las capacidades de movilización y acción colectivas, intensas en la década de los años setenta y ochenta.

27Todo esto explica por qué encontramos hoy un tejido social signado por la fragmentación, el particularismo y las demandas democráticas insatisfechas que erosionan la legitimidad del sistema político. Llegados a este punto, tenemos que responder: ¿de qué manera se hace posible, en este contexto, la acción colectiva y la protesta? ¿Cómo explicar su aumento en los últimos años? ¿Qué alcances tienen estas protestas?

¿Por qué y cómo se hace posible la protesta?

  • 4 El análisis que sigue se inspira, en términos teóricos, en McAdam et al, (1996); Rucht, (1991); Je (...)

28¿De qué manera, en algunas circunstancias, determinados sectores sociales logran movilizarse, actuar colectivamente, protestar, y llegar a constituir un desafío importante a la autoridad del gobierno central? De los casos analizados, podemos extraer cinco dimensiones analíticas relevantes4:

  1. Marcos cognitivos de referencia
  2. Estructuras de movilización
  3. Oportunidades políticas
  4. Importancia de brokers sociales y políticos
  5. Presencia también de actores externos globales

29Veamos a continuación brevemente cada uno de estos elementos.

1. Marcos cognitivos de referencia

30Hemos encontrado en todos los casos estudiados, la existencia de marcos de referencia cognitivos, sentidos comunes, en síntesis, una cultura política según la cual, el Estado y los principales actores sociales y políticos aparecen deslegitimados, lejanos, no representativos. Al mismo tiempo, los mecanismos institucionales de negociación y solución de conflictos aparecen como irrelevantes, costosos, inaccesibles, ineficientes, y se percibe la movilización y la protesta social como recursos y prácticas legítimas para “hacerse escuchar”. Según el Latinobarómetro de 2006, Perú aparece en el antepenúltimo lugar de la región, solo por encima de Ecuador y Paraguay, en cuanto a satisfacción con el funcionamiento de la democracia. También aparece como el tercer país de la región, después de Guatemala y Brasil, en considerar que lo más efectivo para lograr influir en el cambio de las cosas es “participar en movimientos de protesta y exigir los cambios directamente”; al mismo tiempo, aparece en el penúltimo lugar, solamente por encima de Paraguay, en el porcentaje de encuestados que considera que lo más efectivo para lograr influir en el cambio de las cosas es “votar para elegir a los que defienden mi posición”.

  • 5 Cabe destacar la importancia que juegan algunos medios de comunicación locales en recrear esta cul (...)

31En efecto, en la cultura política de las zonas estudiadas en particular, pero también en muchas otras partes del país, encontramos sentidos comunes en torno a la legitimación del uso de la violencia y de formas de interacción política marcadas por la pura confrontación, donde la negociación y la búsqueda de acuerdos son vistos con desconfianza, como formas de “traición” (especialmente en el sur andino, en los valles cocaleros, por ejemplo). Esto dentro de discursos fuertemente críticos con el Estado y sus instituciones, incluso habituados a ubicarse en terrenos para-legales o abiertamente ilegales: zonas donde prolifera el contrabando, el narcotráfico y la informalidad. Algunas de estas zonas fueron duramente golpeadas por la violencia durante los años del conflicto armado interno, y esta experiencia legitimó la “acción directa” frente a la inoperancia de cursos institucionalizados de acción, una suerte se sentido común “senderizado”. En suma, se trata de espacios donde es común el desafío a la autoridad, al Estado, donde las relaciones están siempre sometidas a las amenazas, a la fuerza. La política en estas zonas asume formas altamente confrontacionales: priman altos grados de fragmentación política. Se trata de territorios donde en general el Estado es débil y no existe casi la presencia de organizaciones sociales o políticas nacionales y regionales5.

32No es que el Estado esté totalmente ausente en estas zonas, el verdadero problema es que, o aparece “capturado” por intereses locales, o aparece como un Estado depredador, que sólo busca extraer rentas de la población para el enriquecimiento de un grupo burocrático. La manera negativa en que se percibe el Estado se expresa claramente en el rechazo al “centralismo limeño”, pero la ausencia de legitimidad del Estado afecta también a todas las formas de autoridad local, así como en las regiones y municipios. Se tiene la percepción de vivir en una situación de injusticia y agravio, que requiere de atención por parte de las autoridades (Moore, 1989).

33Al mismo tiempo, y esto es importante recordarlo, este sentido común confrontacional antisistema es no ideológico, muy poco politizado, pragmático, cortoplacista, por lo que también es, paradójicamente, fácilmente cooptable y sometible a relaciones clientelares. Esta combinación de sentido común antisistema y despolitización se gestó durante los años del fujimorismo. El problema de estas protestas no es tanto su posibilidad de convergencia política o programática, sino más bien en el hecho de que, al no tener estructuras que las encaucen y dirijan, pueden llegar a ser muy violentas y con limitadas aperturas a la negociación.

2. Estructuras de movilización

34Encontramos también en todos los casos estudiados la existencia de “estructuras de movilización”, es decir, tradiciones organizativas, redes sociales, memorias sobre formas de organización, disposición de un repertorio de acciones colectivas, que pueden activarse al presentarse las oportunidades y los detonantes adecuados.

35Igualmente hallamos, en todo el país, en medio de la fragmentación, retazos de redes y tradiciones organizativas, muy erosionadas, desarticuladas de los núcleos de los que formaban parte originalmente, y que han ido desarrollando lógicas extremadamente particularistas. Como decíamos anteriormente, la fragmentación no implica la ausencia de núcleos organizados, sí la desarticulación entre ellos.

36Estos retazos de redes organizativas aparecen bajo la forma de rondas campesinas, comités de autodefensa o algún otro tipo de organización rural (junta de usuarios de riego, por ejemplo); sindicato de maestros o alguna otra experiencia sindical. Estas estructuras generalmente guardan relación con alguna tradición política partidaria: algunas fueron formadas por militantes de los partidos de los años ochenta, principalmente de la izquierda, en sus diversas variantes, del APRA y de Acción Popular, principalmente. Las redes vinculadas a la izquierda se relacionan más con experiencias de gremios, sindicatos, asociaciones populares en general, mientras que las otras mucho más con redes formadas en relación con la implementación de políticas públicas o programas sociales, que permitieron crear ciertas bases políticas.

37Estos retazos de redes, a pesar de su debilidad, tienen suma importancia para la posibilidad de llevar adelante acciones colectivas, en un contexto general de fragmentación. Encontramos en estas recles, activistas herederos de tradiciones de izquierda, o incluso militantes de algunos partidos; aquí se destaca el Partido Comunista del Perú Patria Roja, con una presencia significativa en el magisterio (SUTEP) y en las rondas campesinas. De allí la aparente ubicuidad de Patria Roja en los conflictos sociales. Sin embargo, no debemos perder de vista que estas redes operan en un contexto de fragmentación tanto horizontal (entre ellas) como vertical (entre ellas y las organizaciones sociales y políticas nacionales), con lo cual no indicamos que los activistas de las redes organizativas sigan lineamientos o estrategias de grupos nacionales, como podría haber ocurrido en la década de los años ochenta, sino al revés: los líderes locales utilizan su relación con alguna estructura nacional para poder avanzar en demandas básicamente locales y particularistas.

38Existen otras redes importantes que constituyen estructuras de movilización, gestadas en la década de los años noventa y desarrolladas durante los tiempos del fujimorismo, que a su vez fagocitaron algunas redes formadas en la década de los años ochenta. Durante el fujimorismo se formó una generación de líderes y organizaciones sociales en torno a un activismo extremadamente pragmático, bajo formas de relación clientelar con el Estado y vinculadas con diversas políticas estatales, socializadas en una retórica anti-sistema, anti institucional, en la que se privilegiaba la relación directa con el líder, por encima de las organizaciones sociales y políticas, de gremios y partidos, e instituciones del Estado (por ejemplo, municipios y ministerios). Estos liderazgos se formaron bajo la pugnacidad del discurso fujimorista, de manera que en sus prácticas se encuentra la idea de que el éxito en la política se alcanza merced a celadas y maniobras, antes que en la construcción de consensos o plataformas programáticas. Estas redes son dirigidas por diversos personajes, algunos ex funcionarios públicos, ex autoridades electas de diverso tipo (ex congresistas, alcaldes o regidores), que cuentan con cierta experiencia organizativa y con lealtades que cultivaron mientras ejercían posiciones de poder. Estas redes de la década de los años noventa muestran un mayor grado de particularismo y fragmentación que aquellas gestadas en los años ochenta.

3. Oportunidades políticas

39En tercer lugar, las protestas requieren un detonante específico, dado por la coyuntura. Se presentan momentos específicos, generalmente brindados por cambios en el entorno político (apertura general del sistema político, grupos de apoyo poderosos, entre otros) (Tarrow, 1994), o por la implementación de políticas públicas específicas, a partir de las cuales los beneficios potenciales de la movilización sobrepasan grandemente los costos, por la percepción de la existencia de probabilidades altas de tener éxito o, en su defecto, porque los costos de no actuar o responder ante algún cambio externo parecen muy altos, al estar en cuestión asuntos percibidos como críticos.

40La reactivación de las protestas en el país desde 2001, como hemos visto, es una suerte de reacción a un entorno favorable dado por la “transición democrática”. Tenemos la apertura general del sistema, la actuación abierta de diversos grupos políticos que ofician como grupos de apoyo, cambios en el régimen político -como con la descentralización-, que permiten más espacios para la participación. Además, el crecimiento económico desde 2002 y la existencia de más recursos tanto en el gobierno central como en espacios regionales y locales por concepto de canon, Foncomun, etc., que aumentan las expectativas de ganancia por la movilización. Igualmente, la población se enfrenta a un gobierno percibido como dubitativo, sin rumbo, y dispuesto a hacer concesiones. Todo esto atizado por un aumento en las expectativas de la población, al compás de los discursos políticos que hablan de una “transición democrática”, pero que generan cierta frustración, porque la política económica no es capaz de convertir la estabilidad y el crecimiento en más empleos y oportunidades, no al menos al ritmo esperado por la población.

41De otro lado, las protestas aumentan también como reacción a iniciativas gubernamentales de reforma postergadas durante el gobierno de Fujimori: privatizaciones, combate al narcotráfico, combate a la corrupción, reforma del Estado, reformas sectoriales como en el sector de educación, entre otros, que sufren los costos de no actuar colectivamente, al estar en juego elementos críticos. Sin embargo, para que estas oportunidades sean aprovechadas, y se movilicen las redes y recursos organizativos existentes, para que se manifieste el sentido común antisistema, tiene que haber quien organice las protestas, asuma parte de los costos de la acción colectiva y ponga a disposición de los participantes diversos repertorios y modalidades de acción.

4. Importancia de brokers sociales y políticos

42En cuarto lugar, tenemos la intervención de diversos líderes, que cumplen funciones de intermediación entre una población fragmentada, con débiles capacidades para actuar de manera colectiva, formular sus demandas y negociarlas, y las autoridades del Estado, generalmente depositario de las protestas y reclamos sociales. Estos líderes son propiamente intermediarios, no representantes de los sectores en nombre de los cuales hablan, por lo que se constituyen como brokers sociales y políticos. Ellos asumen parte de los costos de la acción colectiva; ponen en marcha diversos repertorios de acción; dotan a esta de sentido estratégico, de propósito; establecen vínculos con actores externos: construyen alianzas, articulan las acciones de un grupo con las de otros, así como con actores sociales y políticos nacionales. No debemos perder de vista que son personajes con juegos propios, distinguibles tanto de los juegos de la población, como de los de las autoridades.

43Estos “intermediarios” brokers aparecen porque satisfacen una necesidad, y ponen en práctica experiencias y destrezas adquiridas en alguna militancia política pasada, en alguna experiencia gremial o de trabajo con ONG, o en el paso por el sector público en diversas dependencias (del gobierno central, regional o municipal). También son líderes con experiencia magisterial, profesionales vinculados al sector público (abogados, ingenieros, contratistas), ex asesores de funcionarios, entre otros. Algunos de estos brokers tienen gran importancia, y por momentos asumen funciones de liderazgo y de construcción de una representación social: Nelson Palomino en el caso del VRAE, hasta su detención, podría ser uno de ellos.

44Es importante no perder de vista que estos personajes no sólo son importantes porque permiten la acción colectiva, sino que también la estructuran, le dan sentido, la canalizan, establecen vínculos con actores nacionales que facilitan los procesos de negociación, y evitan “desbordes” desordenados y violentos como el documentado en Huamanga en 2004, en donde la falta de una conducción más estructurada llevó a la actuación de otros actores marginales, un tanto “lumpenizados” como pandilleros y delincuentes comunes.

45El asunto es que, cumplida su tarea, tiende a desvanecerse su relación con la población, que también se inclina a desarrollar una relación utilitaria con estos personajes; nuevamente, no puede decirse que cumplan estrictamente funciones de representación. Muestra elocuente de esto es que, en las elecciones regionales y municipales de 2002, y en las de Congreso, regionales y municipales ocurridas en 2006, diversos líderes intentaron saltar de sus funciones de intermediación a cargos electivos, con magros resultados, salvo contadas excepciones.

5. Presencia de actores externos globales

46En las protestas encontramos de igual modo, al menos en algunos casos, la intervención de actores externos globales, que complejizan enormemente el estudio de la conflictividad social. En el caso de los conflictos mineros, la intervención de empresas y capitales transnacionales en cuyos directorios participan gobiernos y agencias multilaterales, y cuyo valor en acciones se determina en mercados globales, hace que muchas de sus acciones se guíen por consideraciones externas antes que internas, y que arrastren, por así decirlo, antecedentes, percepciones, evaluaciones y prácticas de otros contextos. De otro lado, los actores que exigen diversas reivindicaciones al sector minero son conscientes de ello, y establecen alianzas con actores transnacionales (Andretta, 2003). Otro caso, dentro de los analizados en nuestro estudio, es el de los conflictos asociados con el movimiento cocalero y las políticas estatales de combate al narcotráfico y erradicación de los cultivos ilegales. Aquí estamos ante una actividad altamente dependiente de la dinámica de los mercados globales, de las políticas de combate al narcotráfico de los Estados Unidos y de los países vecinos (Youngers y Rosin, 2004). El aumento de la demanda incentiva el aumento de los cultivos, las políticas represivas las combaten, y los cocaleros se constituyen en un grupo de interés muy poderoso frente a las políticas del Estado. El ejemplo del protagonismo que adquirió el movimiento cocalero en Bolivia desde la intensificación de las políticas de erradicación en los inicios de la presente década, y la inestabilidad política que siguió en ese país, se constituyen en un fantasma que acecha de manera inquietante. Los líderes del movimiento cocalero también lo saben, e intentan usar esos temores en favor de su negociación con las autoridades.

47En un sentido similar podríamos ubicar los intentos ocurridos en los últimos años de “indigenizar” algunos gremios, así como de construir proyectos políticos basados en la reivindicación de la identidad indígena, inspirados en el MAS o el MIP bolivianos, o el Movimiento Pachakutik ecuatoriano, y en la misma línea las tentativas de aprovechar oportunidades de financiamiento y apoyo de actores transnacionales a estas causas (Pajuelo, 2007). El voluntarismo tiene límites: hasta el momento, estas iniciativas han mostrado pocos resultados, dada la fuerza que aún exhiben en el Perú los discursos clasistas y las propuestas identitarias mestizas.

48En conclusión, las acciones de protesta resultan de una combinación de percepciones críticas frente al Estado y el orden institucional; sentimientos de agravio e injusticia; y oportunidades que se presentan por sucesos coyunturales, que son aprovechados en tanto se cuente con la intermediación de brokers que asumen parte de los costos de la acción colectiva y movilizan redes, se apoyan en experiencias organizativas previas, y tratan de establecer vínculos con otros actores para entrar de mejor manera a negociar con las autoridades estatales. Estas acciones colectivas aparecen así en un contexto general de fragmentación horizontal y vertical, de despolitización, con lo cual tienden a estar signadas por dinámicas y consideraciones locales y particularistas. Esto las hace al mismo tiempo difíciles de prevenir, e impone a las autoridades una desgastante lógica de negociaciones ad-hoc cada vez que las protestas ocurren, pero al mismo tiempo, hace a estas últimas fácilmente cooptables. En la sección siguiente abordaremos esta problemática.

Algunas implicancias para el futuro de la democracia en Perú

49En este texto hemos dado cuenta de cómo se hacen posibles las acciones colectivas de protesta, y de qué manera sus características dan cuenta de la situación de fragmentación social y política de la cual parten. Como hemos señalado, la naturaleza de las protestas presenta dos grandes desafíos: de un lado, su carácter localista y particularista, lo que entorpece grandemente los procesos de negociación, el establecimiento y el cumplimiento de acuerdos. Por otro lado, en la medida en que los intermediarios de las protestas no son estrictamente representantes de los sectores en nombre de los cuales actúan, en tanto aquéllos tienen juegos y objetivos propios, y en tanto enfrentan una situación de fragmentación y desconfianza, muchas veces ocurre que lo acordado por los “dirigentes” es rechazado por las “bases”, con lo cual, las negociaciones son tremendamente desgastantes e inestables. Todo esto hace que primen en los actores comportamientos cortoplacistas, lógicas no cooperativas, en consecuencia, se pierden de vista orientaciones globales, más conducentes al desarrollo.

50Los actores enfrentan grandes dificultades para articular sus intereses y demandas con otros sectores, y para enmarcarlos dentro de estrategias políticas y sociales más amplias. Semejante situación debilita la posibilidad de darle cauces más proposititos a las demandas mismas. Esto por supuesto tiene que entenderse dentro del marco de la debilidad tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales nacionales, de las organizaciones llamadas a canalizar y procesar las demandas y construir la representación, lo que refuerza la percepción de la población de no “ser parte” del sistema político, y genera un saldo de desconfianza, proclive a la confrontación como pauta de la acción colectiva. Pero al mismo tiempo, decíamos, al carecer las protestas de horizontes estratégicos más amplios, resultan relativamente fáciles de cooptar por parte del Estado desde arreglos y negociaciones clientelistas de corto plazo. Esto es lo que explica la relativa estabilidad que vive el país, y por qué en nuestro medio se han podido evitar escenarios de mayor inestabilidad social y política como en Bolivia o Ecuador.

  • 6 Un ejemplo reciente: la actitud del Ministerio de Energía y Minas en relación con el informe de la (...)

51Pero analicemos un poco más cómo enfrenta el Estado la protesta social a la luz de los casos estudiados. En términos generales, encontramos una gran precariedad en la intervención estatal en los ámbitos locales y regionales, por lo que las demandas que pueden surgir de algunos grupos de interés o de diversos actores sociales, encuentran cauces institucionales muy estrechos, o inexistentes. En primer lugar, además de las dificultades asociadas con la escasez de recursos y de cuadros profesionales calificados (incluyendo Lima y las principales ciudades), está un problema de diseño institucional: excesivamente complejo y burocratizado, con competencias mal definidas y en ocasiones hasta contrapuestas entre las diversas instancias del gobierno central, y entre éstas y los gobiernos regionales y locales. La ausencia de políticas de Estado medianamente definidas sobre temas fundamentales como la expansión de las actividades extractivas y su supervisión, la política antidrogas y de desarrollo alternativo, la política educativa o de descentralización, así como la ausencia de políticas claras al respecto en los últimos gobiernos, terminan neutralizando las distintas iniciativas6.

52Las tensiones y deficiencias dentro del Estado han aumentado, no disminuido, en los últimos años. Esto por dos razones principales: primero, por el inicio del proceso de regionalización desde 2002, en un contexto en el cual no se ha llevado a cabo una reforma integral del Estado, con lo cual los problemas de gestión y delimitación de competencias se hicieron más evidentes. Así, la lógica descentralizadora, sin un adecuado diseño institucional, y en un contexto de aguda debilidad de los actores políticos, ha generado en muchos lugares lógicas contrapuestas entre los ámbitos nacional, regional, provincial, distrital, y más abajo, con los centros poblados, que suelen ser resueltas no con una coordinación sobre la base de propuestas integrales de desarrollo, sino con la simple repartición (y consiguiente atomización) de los presupuestos (Torres, 2006).

  • 7 Los ingresos corrientes en el presupuesto público pasaron de 35.000 millones en 2004 a 41.000 mill (...)

53En segundo lugar, paradójicamente, el Estado se ha debilitado en su legitimidad por los efectos del crecimiento económico que experimenta el país desde 2002. El crecimiento ha permitido el aumento de la recaudación, lo que ha incrementado el presupuesto público7. En un contexto de escasez, de estrechez, cuando es poco lo que se puede hacer más allá de cubrir los gastos corrientes, la ineficiencia del Estado parece no llamar la atención; sin embargo, con un aumento de los ingresos, existen recursos que no se logran gastar por diversos problemas de gestión. Es entonces cuando la ineficiencia del Estado se hace más clamorosa e inaceptable para la población.

54En un contexto así, el Estado empieza a ser “capturado” por intereses particularistas: ya sea de burocracias locales, como de diversos grupos de poder, que lo “colonizan”, con lo cual se obstruyen los intereses de los más débiles, así como el interés general de la sociedad. Así el Estado, que debería cumplir funciones arbitrales en algunas disputas, y que debería fijar criterios de política que incentiven prácticas determinadas conducentes al desarrollo, termina prácticamente cerrando los caminos institucionales de procesamiento de los conflictos. En consecuencia, para quienes pueden organizarse y superar los problemas de acción colectiva, el camino es la movilización y la protesta. Pero dado el carácter local de la mayoría de los conflictos, y dada la debilidad del Estado en los ámbitos locales, el camino parece ser, cada vez más, implementar acciones capaces de llamar la atención del poder ejecutivo en Lima, y lograr que este intervenga de manera directa. Llama la atención, finalmente, cómo a pesar de que en el Estado peruano, en los últimos años, se han abierto múltiples espacios de participación y concertación ciudadana, estos espacios no han logrado incidir sobre un procesamiento institucional de las demandas de la población; muestra en parte de problemas de diseño institucional, y en parte, de la debilidad y el aislamiento de las organizaciones de la sociedad civil (Meléndez, 2003; Remy, 2005; Grompone, 2005).

55En resumen, tenemos que, al no existir mediaciones institucionales, dada la debilidad de los partidos, de las organizaciones sociales y del Estado, la protesta aparece como una oportunidad para “hacerse oír” para diversos grupos de interés; sin embargo, al darse en un contexto de fragmentación, ella tiende a asumir la forma de estallidos esporádicos con reivindicaciones particularistas, articuladas a través de brokers, que tienen como estrategia la confrontación y la radicalidad, para poder negociar en el escenario nacional. De otro lado, tenemos un Estado precario, débil, con agencias que actúan des-coordinadamente y hasta en competencia, sometido a intereses de poderes locales, con respuestas reactivas, de corto plazo. Esto no sólo hace que las protestas, cuando ocurren, sean difícilmente negociables, sino que además, y fundamentalmente, hace que se desatienda sistemáticamente a quienes tienen escasas capacidades de acción colectiva, retomando el clásico argumento de Hirschman en su clásico Salida, voz y lealtad (1977).

56Hasta el momento, hemos puesto énfasis en el conflicto social. Sin embargo, como decía Ralph Dahrendorf (1959), en la teoría sociológica podría hablarse, junto a una “sociología del conflicto”, de una “sociología del orden”. Dahrendorf llamaba también la atención sobre la necesidad de evitar contraponer ambas cosas, que en realidad son dos dimensiones intrínsecas de la realidad social. No perdamos de vista que los conflictos no tienen por qué ser pensados necesariamente como desorden, como problemas de desestructuración. Dependiendo de los contextos, el mantenimiento del “orden”, del statu quo, puede ser la mejor expresión de congelamiento, decadencia, en tanto expresa el mantenimiento de privilegios e injusticias, de la incapacidad de los oprimidos para constituirse en actores; en estos casos, el conflicto puede ser señal de renovación, democratización, desarrollo de capacidades. Aquí es pertinente recordar cómo Merton (1968) planteaba el problema de la anomia, y cómo, si bien algunas de sus formas resultaban desestructurantes, algunas otras estaban signadas por la innovación, o eran capaces de imponer nuevos valores. Aquí nos hemos centrado en el análisis del conflicto, sin embargo, en esta última parte, queremos muy brevemente ubicarnos dentro de una mirada al país en su conjunto, recogiendo las evidencias del estudio de los conflictos, pero sin perder de vista otras dimensiones, importantes para tener una mirada más amplia de la sociedad peruana actual.

  • 8 Ver por ejemplo, el clásico de Huntington (1972).

57En efecto, en Perú coexiste la dimensión de los conflictos junto con otros procesos que apuntan en sentidos de democratización e integración social, modernización, que debemos considerar para evitar una mirada unilateral del problema. Para aproximarnos a esta situación, consideramos muy pertinentes algunos debates que plantean cómo la existencia de procesos de democratización y participación, cuando ocurren en contextos de débiles capacidades institucionales por parte del Estado, generan problemas de gobernabilidad8. Vimos en secciones anteriores cómo, con el final del orden oligárquico, se desataron aspiraciones democráticas e igualitarias, a las que intentaron responder sucesivos proyectos políticos, que, uno a uno, fracasaron en sus empeños por instaurar un nuevo orden. Con tocio, parece haberse generado una cultura política igualitarista; con una fuerte conciencia de derechos; ciertos avances materiales; la consolidación relativa de la democracia como régimen político-electoral; procesos de individualización, integración y modernización, más en algunos núcleos y sectores y regiones que en otros, con algunos bolsones importantes de marginalidad. Así, experimentamos el derrumbe de las estructuras tradicionales de autoridad e identidad, y la aparición y desarrollo de aspiraciones y valores democráticos, igualitarios, pero que no logran cuajar dentro de un nuevo marco institucional, en medio de la gran precariedad del Estado. Esto genera tensiones y conflictos, que expresan tanto los procesos de democratización como de fragmentación social de las últimas décadas.

58Viendo las cosas desde este ángulo, el problema con los conflictos no son ellos en sí mismos, sino la debilidad de los mecanismos institucionales para procesarlos de manera pacífica y preservando el beneficio general de la sociedad, empezando por los intereses de los más vulnerables, frente a la acción de grupos de interés específicos. Nuestro problema es precisamente la debilidad de los partidos, la inexistencia de un sistema de representación estable y legítimo, de allí que la protesta social aparezca cuestionando la gobernabilidad democrática (Camou, 1995; Labastida, 2000).

59¿Qué perspectivas se abren hacia el futuro? Al parecer, en el Perú de hoy pesan igualmente las tendencias a la fragmentación como las de constitución de un nuevo orden social; de un lado, algunas tendencias más modernas e integradas al mundo institucional, y del otro, tendencias antisistema. Ellas se habrían expresado en las elecciones generales de 2006. ¿Qué terminará pesando más en el futuro? Dependerá de lo que ocurra en los próximos años.

Bibliographie

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Notes

1 Este trabajo se basa en los resultados de una investigación desarrollada en el Instituto de Estudios Peruanos. El equipo de investigación fue coordinado por el autor y por Romeo Grompone, y estuvo formado por Anahí Durand, Carlos Meléndez, Julio Vargas y Elisa Wiener. Las limitaciones de esta presentación preliminar son responsabilidad del autor.

2 Esta base de datos se elaboró recogiendo información contenida en los diarios de circulación nacional publicados ininterrumpidamente durante esos años: El Comercio, Expreso y La República.

3 Los estudios de caso fueron desarrollados por Elisa Wiener, Anahí Durand, Julio Vargas y Carlos Meléndez, respectivamente.

4 El análisis que sigue se inspira, en términos teóricos, en McAdam et al, (1996); Rucht, (1991); Jenkins y Klandermans, (1995); también en McAdam et al, (2001).

5 Cabe destacar la importancia que juegan algunos medios de comunicación locales en recrear esta cultura de la confrontación, lo que requiere más investigación.

6 Un ejemplo reciente: la actitud del Ministerio de Energía y Minas en relación con el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos asociados a las industrias extractivas. Ver Defensoría del Pueblo (2007).

7 Los ingresos corrientes en el presupuesto público pasaron de 35.000 millones en 2004 a 41.000 millones en 2005, y llegaron a 51.000 millones en 2006. Ver Francke y Mendoza (2006). Otro indicador revelador es que la recaudación tributaria en el 2007 creció un 98% frente a la de 2001, según APOYO Consultoría.

8 Ver por ejemplo, el clásico de Huntington (1972).

Table des illustrations

Titre Gráfico 1. Protestas sociales en Perú, 1995-2004
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Titre Gráfico 2. Protestas: tipos de demanda, 1995-2004
Légende Fuente: Instituto de Estudios Peruanos
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Titre Gráfico 3. Ámbito de las protestas, 1995-2004
Légende Fuente: Instituto de Estudios Peruanos
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