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    Plan détaillé Texte intégral Reivindicaciones indígenas y políticas del Estado: una combinación posible A manera de conclusión Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    ¿Representación o participación?

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    Entre la participación y la representación: retos y dilemas de la movilización indígena en Colombia y la zona andina

    Virginie Laurent

    p. 37-71

    Texte intégral Bibliographie Bibliografía Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, AMÉRICA LATINA fue testigo de un viraje en las formas de expresión de la movilización indígena. Entre los años sesenta y ochenta, surgen las primeras organizaciones destinadas a enmarcar las demandas sociales e identitarias de las poblaciones indígenas1. Además de exigir acceso a la tierra, a la educación y la salud, denuncian la discriminación a la cual estas se encuentran sometidas. Dentro o al lado de asociaciones campesinas o sindicales, se proponen obrar a favor de peticiones más amplias: una apertura del sistema político o una mayor justicia económica y social. Para esta lucha, se recurre en parte a una apropiación de canales legales que aseguran derechos especiales a territorios y/o autoridades de índole comunal (por ejemplo, a través de la Ley 89 de 1890 en Colombia o la Ley de comunas en Ecuador); pero sobre todo, se acude a vías de hecho (tomas de tierra, marchas, bloqueos de carreteras).

    2A finales de los ochenta y principios de los noventa, sin embargo, las modalidades de acción indígena latinoamericana toman un nuevo rumbo, con el inicio de su inserción en la palestra electoral2. En busca de imperios perdidos, en nombre de comunidades γ tradiciones –a veces (re) inventadas3–, se multiplican las opciones políticas, candidaturas y líderes que se enorgullecen de ser indios o de beneficiarse de un apoyo desde las poblaciones indígenas. A escala continental, Evo Morales es sin duda quien personifica de manera más emblemática esta apuesta de la movilización electoral indígena4. Sin embargo, por espectacular que sea este caso poco común de la llegada de un indio a la presidencia de la república boliviana, no debe ocultar otras experiencias políticas indígenas que, de México a Chile, pasando por los Andes septentrionales y centrales, se están dando, principalmente en el nivel local y regional, pero también, en algunos casos, desde el ámbito nacional.

    3Por una parte, estos logros electorales vislumbran posibilidades sin precedentes de empoderamiento: hoy en día, quienes encarnan las poblaciones, organizaciones y/o movimientos indígenas, pueden tener acceso a curales y funciones en las que nunca antes fueron vistos. Sin embargo, más allá de su fuerza simbólica, la presencia indígena en algunos sitios estratégicos no deja de plantear el interrogante de saber en qué medida el acceso de algunos pocos a la toma de decisiones puede significar para todos el paso de la exclusión a la participación (Bernai, 2000). Así mismo, está relacionada con una pregunta central: ¡el poder para qué?, pues una cosa es reivindicar elacceso al poder pero otra, bien distinta, tener claridad en cómo, con qué herramientas, en qué contexto y para qué metas ejercerlo. Por último, es importante tener en cuenta que el aprendizaje de la política moderna5 no equivale a la única expresión posible del ejercicio del poder desde lo que aparece de manera muy esquemática como “el mundo indígena”. De hecho, en muchos de los grupos que constituyen la población indígena de América Latina, se encuentran autoridades propias, que se sitúan al lado de las esferas de poder -ejecutivo, legislativo y judicial- de índole nacional. Se hace entonces necesario indagar sobre el posible enlace entre elites y formas indígenas de hacer política -por la vía electoral y en el espacio público o desde un ámbito conocido como comunitario y de índole local.

    4Buscando aportar elementos para responder a tales inquietudes a la vez que evidenciar cómo, entre la participación y la representación -así como las representaciones- se perfilan nuevos retos y dilemas para la movilización indígena desde de su proyección en el escenario político-electoral, en este artículo volveré en primer lugar sobre la manera como las reivindicaciones indígenas y las políticas del Estado han llegado a coincidir en las últimas décadas, para cristalizar un nuevo paradigma de sociedad (McAll, Piché y Fortier, 1992), fundado en el respeto oficial de la multiculturalidad y a favor de una mayor participación ciudadana. En segundo lugar, me centraré en las formas y los contenidos que, bajo estas condiciones inéditas, toma la apuesta indígena en la palestra político-electoral. ¿Cómo, qué y a quiénes representar, en cuanto que organizaciones o líderes indígenas? Por último, me detendré sobre los posibles alcances pero también los límites del “después de” del acceso indígena al poder, haciendo énfasis en la relación entre representación y —¿con o sin?- participación. Para ilustrar mi reflexión, recurriré a estudios de caso realizados en Colombia y a trabajos producidos en Bolivia, Ecuador y Perú, los cuales podrán dar cuenta de algunas experiencias políticas y/o electorales indígenas6.

    Reivindicaciones indígenas y políticas del Estado: una combinación posible

    5En parte, el auge de lo indígena en el campo político-electoral se explica por sus dinámicas internas: treinta años de expansión y fortalecimiento de asociaciones destinadas a hacer valer los derechos de las poblaciones indígenas frente al Estado y la sociedad nacional; el abandono de una posición abstencionista frecuentemente defendida frente a un sistema político considerado como demasiado cerrado; una voluntad nueva, en la década de los noventa, de jugar la carta de una participación propia a través de sus organizaciones y/o líderes.

    6No obstante, son diversos los contextos que rodean la movilización indígena, –o su ausencia– en países con mayor o menor cantidad de habitantes censados como indígenas7. Sin duda, Ecuador y Bolivia se destacan en la zona andina por ser el teatro de algunas de las actuaciones indígenas más llamativas de los últimos años. Entre estas pueden nombrarse los levantamientos masivos que en varias oportunidades sacudieron a las ciudades de Quito (1990, 2000) y de La Paz (2003, 2005), entre otras. También sobresale la participación de líderes indígenas en las altas esferas del poder en estos países. Además de la ya mencionada trayectoria del presidente elegido en Bolivia en diciembre de 2005, es válido resaltar el anterior acceso, en 1993, de otro indígena aymara -Víctor Hugo Cárdenas- a la vicepresidencia en este mismo país, en nombre de un Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL) y al lado de un representante de la “clase política tradicional” -Gonzalo Sánchez, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (Lacroix, 2006). Igualmente, se puede recordar la repartición de cuatro ministerios -y dieciocho puestos diplomáticos- entre dirigentes del Movimiento Pachakutik ecuatoriano con base en una alianza sellada -aunque sea por la corta duración de siete meses- entre esta agrupación política reivindicada como indígena y un llamado Partido Sociedad Patriótica (PSP) dirigido por el presidente de la república Lucio Gutiérrez (León, 2005: 11-38; Massai, 2006).

    7Por cierto, no deja de llamar la atención, en estos dos países, la disparidad aparente entre estas bien distintas formas indígenas de hacer política, desde la protesta o desde el poder. No obstante, como lo anota Jorge León a propósito del caso de Ecuador, el episodio político-electoral indígena reciente es el fruto de las movilizaciones anteriores articuladas alrededor de la protesta. Según él, el agujón, para la constitución de un actor étnico en este país, “fue la protesta, que permitió a las organizaciones indígenas convertirse en interlocutores del Estado y, ante las exigencias de diálogo, construir sus propuestas de políticas para sí y, lentamente, proposiciones más amplias” (León, 2005). En otras palabras, como lo afirma el mismo León, “ [1] a protesta en Ecuador ha sido un camino para la inserción política” (Ibid.)

    8Por su parte, Colombia y Perú dan cuenta de otros ejemplos –y contraejemplos– interesantes de la proyección de la indianidad en el escenario político-electoral, con base –o sin ella– en experiencias previas de organización. Independientemente de su significativo peso relativo en relación con el total de habitantes, la población indígena de Perú en pocas ocasiones da prueba de un potencial político en términos de protagonismo propio -aunque sí compone una parte significativa del electorado, que puede llegar a ser decisiva a la hora del voto (Pajuelo, 2005: 109-134). Sin duda, la “larga marcha de las (pocas) organizaciones indígenas” peruanas (Ibid.:115) contrasta con el alto número, la capacidad de agregación y la eficiencia política y electoral de las organizaciones indígenas colombianas; de hecho, en Colombia se registró una progresión indígena en el escenario electoral -en algunas oportunidades considerable- entre los años 1991 y 2003, en la mayoría de los casos canalizada por la vía de organizaciones de amplitud nacional, a pesar de lo “poco indígena” de la población en este país, considerado “ante todo mestizo” (Laurent, op. cit.).

    Descentralización, participación ciudadana y multiculturalismo) en naciones renovadas

    9Más allá de estas diferencias en las declinaciones tomadas por la movilización indígena a escala de América andina, vale la pena hacer énfasis en que su giro hacia lo electoral también se ha hecho posible gracias a un entorno que ha jugado a su favor. Hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, modificaciones profundas en la definición de las sociedades nacionales y sus modos de funcionamiento, inciden directa o indirectamente en el fomento de aspiraciones y logros electorales articulados alrededor de la indianidad: procesos de “aperturas democráticas” con medidas a favor de la descentralización y la participación ciudadana, cambios constitucionales fundados en un reconocimiento de la alteridad y adopción de políticas de la diferencia con base en una discriminación positiva.

    10Como lo señala Olivier Dabène, en la década de los noventa se difunde en América Latina la idea según la cual “la consolidación democrática requería pasar de una democracia representativa a una democracia participativa” (Dabène, 2000: 229). En este mismo espíritu, y para colmar la brecha existente entre país político γ país nacional, se apunta a una mayor repartición de las responsabilidades y a una transferencia de los recursos nacionales hacia las periferias: no sólo las provincias, los departamentos y los municipios, sino también los “territorios indígenas”. Así mismo, se busca ampliar las atribuciones del ciudadano –por lo menos algunas de ellas–: entre otras, por ejemplo, la de tener el poder de elegir o revocar a sus representantes (alcaldes, gobernadores de departamentos, prefectos), así como la de contribuir a las tomas de decisiones en el ámbito local a través de su participación en juntas de acción comunal o parroquiales, asambleas populares, comités de vigilancia y demás foros.

    11Con base en estos principios, desde 1986 se adopta en Colombia una reforma municipal cuyos esfuerzos a favor de la “elección popular” de los mandatarios y de la descentralización serán reiterados y extendidos del municipio al departamento con la Constitución de 1991. En Ecuador, la Ley de Modernización del Estado de 1993 marca la pauta para el inicio de un proceso de “descentralización, como política de Estado” (Instituto Internacional de Gobernabilitat de Catalunya, 69), seguido por una serie de reformas constitucionales y demás herramientas legales apuntando en la misma dirección (Ley Especial de Distribución de 1997, Ley Especial de Descentralización del Estado de 1997, Constitución de 1998, entre otros). En paralelo, la reforma constitucional del 24 de enero de 1995 permite la inscripción electoral de candidatos sin necesidad de su afiliación a un partido político -lo cual hace posible una mayor participación ciudadana. En Bolivia, la Ley de Participación Popular de 1994 tiene una fuerte incidencia en el proceso de “municipalización” del país, mientras que la Ley de Reagrupación Ciudadana y Pueblos Indígenas autoriza a su vez las candidaturas independientes; finalmente, a partir de la reforma del Código Electoral del 12 de agosto de 2005, se empiezan a elegir los prefectos8.

    12Esta nueva normatividad contribuye, por una parte, a motivar una mayor adscripción en las batallas electorales —fuera del marco de los “partidos tradicionales”—; por otra, a “dinamizar” los espacios municipales y —aunque en menor medida— regionales, convirtiéndoles en terrenos por conquistar electoralmente, para actuar políticamente con base en posibilidades de gestión con cierto grado de autonomía en relación con el centro y a partir de un acceso inédito a recursos propios.

    Ser igual y diferente... bajo la veeduría del Estado

    13La ciudadanía renovada aplicada a todos los ciudadanos, irá además de la mano con otra, concebida por su parte como lo que Jorge León define a propósito del caso de Ecuador como ciudadanía diferente, fundada en un “doble proceso. Por un lado, la demanda de equidad social y, por el otro, la inmediata ratificación de ser diferente como grupo o colectividad y, por lo mismo, de vivir este proceso de modo también diferente o tener derechos singulares por su condición de pueblo” (León, op. cit.: 18). Desde el ámbito legal, esta perspectiva que abre la posibilidad sin precedente de ser a la vez igual y diferente, se concreta en la validación constitucional del carácter multiétnico y pluricultural de Colombia (en 1991), Perú (en 1993), Bolivia (en 1994) y Ecuador (en 1998), entre otros países de la región.

    14Sin duda, las poblaciones indígenas son las principales beneficiarías de tales medidas que aseguran su acceso a una serie de derechos a la vez universales -bajo el fundamento de la equidad- y específicos -por ser portadores de una identidad considerada como particular9. Estos últimos confirman la existencia de formas colectivas de tenencia y/o usufructo de la tierra y la permanencia de autoridades y prerrogativas distintivas dentro de territorios propios, tales como los llamados resguardos en Colombia; las tierras comunales de origen (TCO), en Bolivia; las comunidades campesinas y nativas, en el Perú; o las circunscripciones territoriales indígenas (CTI), en el Ecuador. Así mismo, asegura el acceso a recursos económicos desde un ámbito comunitario, lo cual, combinado con el proceso de descentralización y participación ciudadana a nivel municipal y regional, ofrece nuevas herramientas favorables a una autogestión indígena -más allá de las posibles dudas que es susceptible de generar su aplicación en la práctica (ver más adelante). A estos elementos se suma -por ejemplo, en el caso colombiano- la puesta en marcha de circunscripciones electorales especiales destinadas a asegurar una representación de las poblaciones indígenas en el Congreso10.

    15Por su parte, el Estado no sólo debe promover “la inter-culturalidad y la igualdad entre las culturas” (Constitución, art. 62) o asegurar “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” (Artículo 13, Constitución colombiana de 1991), sino también “[adoptar] medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (Ibid.). Así las cosas, adquiere en adelante el nuevo compromiso de, como anota Philippe Macaire (2004), “asegurar a los indígenas la continuidad de su indianidad” en vez de buscar “cambiar al indio” por ser símbolo de atraso (Macaire, 2004; Gros, 1997). Para este fin le corresponde “modelar el derecho”, lo que en otras palabras implica “tomar en cuenta las instituciones y los esquemas de organización a través de los cuales las poblaciones [indígenas] dan forma a su vida social y que son conocidas como propias” (Macaire, ibid.)

    16En un contexto marcado por la introducción paralela de políticas neoliberales que plantean la reducción de la función estatal, la implementación de estas nuevas formas de participación ciudadana -y de participación de ciudadanía diferente- así como los compromisos adquiridos por el Estado al respecto, incitan a preguntarse, como lo hace Christian Gros, “si la descentralización asociada a las prácticas de autogestión, no constituye una nueva tecnología de control social (...) con la práctica, en la esfera social y económica, de principios democráticos que renuevan la vida política” (Gros, 1997: 37).

    17En adelante se estaría atribuyendo a las poblaciones, en el ámbito regional, competencias y medios que antes estaban regidos por un Estado centralizado, instituyendo así un modelo de gobierno de baja intensidad. Ahora bien, a la intención del Estado de “reconocer en vez de negar” para mejor asimilar, podrá corresponder otra “jugada” esta vez efectuada por parte de las poblaciones indígenas que, a través de sus organizaciones y autoridades comunitarias, sabrán sacar provecho de los espacios abiertos para afirmarse como actores políticos. Aunque sea por razones pragmáticas, llegarán de tal forma a vislumbrarse puntos de intersección y una aparente conciliación entre algunas de las demandas indígenas (ser partícipes de sus propios destinos, ser reconocidas como interlocutores) y políticas implementadas desde el Estado (para modernizarse y (re)legitimarse) (Gros, 1997 y 2000; Lacroix, 2006b; Laurent, 2002; Massai, 2005; Guerrero y Ospina, 2003).

    18Así las cosas, como lo escribe Laurent Lacroix en un comentario que se refiere a Bolivia, pero que sin duda se podría aplicar igualmente a los casos colombiano y ecuatoriano:

    (...) lo que algunos observadores llaman el‘despertar indio’ o la‘re-indianización’ para describir la emergencia de nuevos protagonistas socio-culturales aparece durante tiempos fuertes de la historia contemporánea de este país que son la transición democrática (...) y la modernización del Estado (...) Aparecen concomitantes las dinámicas de democratización y las afirmaciones identitarias. En un sentido, las reformas políticas parecen favorecer la aparición y la expresión de actores socioculturales; en otro, estos actores expresan con fuerza y limpidez su voluntad de implicarse en los proyectos de renovación nacional. En eso, reivindican y asumen un papel político (Lacroix, 2006b: 2)11.

    Representar en cuanto que indígenas: apuesta en la palestra electoral

    19Por cierto, la movilización indígena en el escenario electoral -o, por el contrario, su rechazo abierto- no se limita a los últimos años. Durante décadas, pudo tomar la forma de un respaldo a los llamados partidos tradicionales; más recientemente se ha traducido también en un apoyo a otras fuerzas políticas, reivindicadas como independientes. Por su parte, desde su creación, las organizaciones indígenas asumieron una posición abstencionista frente a un sistema político que consideraban demasiado excluyente. No obstante, bajo las nuevas condiciones introducidas por los cambios institucionales y/o constitucionales de finales de los ochenta y principios de los noventa, se va marcando un viraje significativo en la experiencia política de las poblaciones indígenas: por primera vez, se proponen participar en elecciones a través de fuerzas y/o líderes que proyectan defender ante todo sus intereses específicos -sin duda, entre otros-, para acceder a las corporaciones públicas.

    La indignidad puesta en escena: palabras e imágenes

    20En un entorno marcado por un descrédito de la clase política, las opciones electorales indígenas gozan de una fuerte simpatía entre los votantes, tanto indígenas como no-indígenas. Asociadas con la idea de conocimientos ancestrales y/o de una revancha de los primeros habitantes de América, supuestamente alejados del clientelismo y de la corrupción, se destacan por pretender ser fuerzas alternativas frente a las demás agrupaciones políticas. Con ellas, son numerosos los símbolos que, en un trasfondo de “guerra de las imágenes” (Gruzinski, 1991) se imponen en adelante en el escenario político-electoral, tanto en el contenido y la forma de los programas propuestos al electorado, como en los “juegos de apariencias” y la gestualidad de los candidatos y representantes electos indígenas.

    21La conversión de la indianidad en capital político se percibe en primer lugar en las denominaciones bajo las cuales algunas organizaciones se inscriben en la palestra electoral, haciendo claramente alusión a un origen y/o una pertenencia etno-racial12. Al respecto, sobresalen, entre otros, los ejemplos del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), la Alianza Social Indígena (ASI) o el Movimiento Indígena Colombiano (MIC) para el caso de Colombia, así como el del Movimiento Pachakutik –para una “refundación del tiempo y del espacio”– con sus variantes en el Ecuador (Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País Pachakutik, MUPNPP) y en Bolivia (Movimiento Indígena Pachakuti, MIP).

    22Lo indígena está además claramente presente en las plataformas electorales: a través de alusiones directas a los destinos de las comunidades, naciones, nacionalidades y pueblos originarios, para el respeto de las raíces culturales o para revivir la tradición; pero también, con base en temas-claves atribuidos por el imaginario colectivo, aunque sea de manera estereotipada, a unas ‘cualidades indígenas’: tales como la armonía entre el hombre y la naturaleza, el respeto a los ancianos o la capacidad de llevar a cabo esfuerzos colectivos para el bien común (como, por ejemplo, las llamadas mingas andinas)13.

    23Por último, quizá lo que más llama la atención en este proceso de etnicización de la política es la manera como, en los últimos años, han tendido a afirmarse públicamente una serie de “signos exteriores de indianidad” entre los hombres -y las mujeres- que buscan y/o logran llegar a cargos públicos en representación de las poblaciones indígenas, por ejemplo, con el uso de una vestimenta considerada tradicional o por su presencia activa en rituales reivindicados como ancestrales.

    24Sin duda, este fenómeno es especialmente sugestivo en un país “poco indio” como Colombia, en el cual, desde la entrada de representantes indígenas en el debate nacional en el momento de la Asamblea Constituyente de 1991, el pelo largo, los sombreros y las plumas hacen parte del paisaje político nacional14. Como afirma Jean-François Bayart, en política “el hábito sí hace el monje, y los actores políticos no se equivocan al respecto” (Bayart, 1996: 196).

    25En un contexto en donde la población indígena es por el contrario la mayoría, también se puede recordar la mundialmente difundida ceremonia de homenaje a la Pacha Mama a orillas del Lago Titicaca, del recién elegido presidente de la República de Bolivia, Evo Morales. Presidente de todos los bolivianos, se proclamaba, en la víspera de su posesión oficial, ante todo como un presidente indígena (aymara) –el primero en la historia–, y, por tanto, como un mandatario que como nunca antes se había visto, representaría en adelante a una población hasta entonces discriminada y marginalizada. En este mismo orden de ideas, es válido recalcar el caso –estudiado por Ramón Pajuelo– de la campaña electoral de Alejandro Toledo en el Perú en 1990. Aunque no haya despertado el mismo interés en los medios de comunicación internacionales como su homólogo boliviano, este fue otro candidato a la presidencia de la República que, antes de Evo Morales, se reivindicó como un indio -cholo- frente a su rival Alberto Fujimori -considerado un chino por su ascendencia japonesa:

    (...) [a] tono con los nuevos tiempos de predominio mercantil neoliberal, en el imaginario popular la imagen del ‘chino honesto y trabajador’, que una década antes había llevado a Fujimori al poder, fue reemplazada por la del ‘cholo exitoso’ que había logrado educarse en los Estados Unidos y retornar al Perú casado con una ‘gringa’. Pero esta imagen no fue la única novedad simbólica en estas elecciones, pues el partido de Toledo -Perú Posible, una agrupación tan improvisada y carente de organización como la del oficialismo, que esta vez se denominó Frente Independiente Perú 2000- recurrió al uso de una simbología política basada en elementos de la cosmovisión andina. (Pajuelo, op. cit.: 121).

    26A este mismo respecto, Pajuelo precisa:

    (...) [e]n el caso de Perú Posible, fue la esposa de Toledo, Elian Karp, quien se encargó de promover el uso de una simbología política basada en elementos de la cosmovisión andina. Como antropóloga, Karp –quien además habla el quechua– conoce la religión indígena y de ese modo pudo traspasar algunos de sus símbolos hacia el terreno de la lucha política electoral. La chakana -cruz andina— se convirtió en el emblema representativo de Perú Posible. Otro símbolo étnico usado ampliamente por los partidarios toledistas fue la wiphala, la bandera de siete colores del arco iris o bandera del Tawantisuyu. Pero la imagen que logró mayor éxito fue la del Inca Pachacutec. Debido a sus rasgos indígenas, Toledo fue identificado con el legendario Inca cuzqueño, quien es considerado el creador del Tawantinsuyu. Así, el cholo’ de origen pobre y rural, que trabajó de niño como lustrabotas y logró ir a estudiar a los EE. UU., llegaba a encarnar la promesa de una nueva nación. Al igual que Pachacutec y llevando en sus manos una vara -símbolo andino del poder, al cual los partidarios de Toledo le añadieron una chacana en la punta- Toledo recorrió el país despertando una amplia adhesión, sobre todo entre la población de sectores populares, cuyo origen provinciano e indígena parecía reflejado en la figura del ‘cholo’ candidato. El fenómeno fue comparado a los huaycos o avalancha de lodo y piedras que se producen en la sierra en épocas de lluvia. Después de una década, el tsunami Fujimori estaba siendo reemplazado por el huayco de Toledo (Ibid.: 123).

    27Unos meses después, en julio de 2001, cuando los esfuerzos de Alejandro Toledo concluyeron con la victoria en su segunda batalla electoral por la presidencia, la ceremonia de su investidura se llevó a cabo al pie del Machu Pichu, con la vara de mando y la cruz de chacana en la mano y ojotas en la cabeza, para celebrar “el retorno del Inca” (Ibid.: 123-126)15.

    Aperturas y alianzas: el otro reto

    28Fuera de lo ventajoso que pueda revelarse el uso simbólico de la indianidad para conquistar votos, de ninguna forma es viable defender la tradición en beneficio de conductas de encierro y repliegue identitario. Por cierto, las organizaciones y líderes indígenas procuran sacar su legitimidad de Ia(s) comunidad(es)16. No obstante, otra parte de su fuerza está relacionada con su capacidad para convocar y convencer a amplios grupos de la sociedad, a los que también se proponen representar, ya no con base en una pertenencia étnica, racial o cultural, sino por estar afectados por los mismos problemas de exclusión que las poblaciones indígenas.

    29Dentro del MAS, por ejemplo, es sin duda explícita la afinidad con una ideología -el socialismo— que rebasa a las poblaciones indígenas17. Este no es, sin embargo, un caso único. Rechazando a los partidos tradicionales y considerando las fuerzas políticas distintas al bipartidismo demasiado excluyentes, la Alianza Social Indígena colombiana nace en 1991 como una organización que “surge cercana de las luchas indígenas, pero responde a una problemática más amplia y en ese sentido es una propuesta desde lo popular y pretende actuar en el campo de la búsqueda de una alternativa de poder” (Alianza Social Indígena, s. f.: 15). Así mismo, “[e]l MUPNPP, nacido en enero de 1996, se constituye definiéndose como el movimiento de ‘todos los excluidos, de todos los que no tienen representación política’” (Massai, op. cit.: 254), “un movimiento político ‘independiente’, que quiere ser una alternativa a los partidos políticos” (Ibid: 262), un “movimiento no partidario” (Ibid.: 265).

    30La necesidad de negociar con una variada gama de sectores sociales y captar votos igualmente entre un electorado de clases medias y urbanas, intelectuales o artistas, sensibles a la “causa indígena” o, por lo menos, a “otros modos de hacer política”, se refleja en el contenido de las plataformas electorales. Además de los “ingredientes” de la indianidad a los que se aludió en líneas anteriores, las opciones políticas indígenas incluyen en sus programas cuestiones de orden nacional para el bien de todos: para reforzar la democracia participativa en cada escalón de la sociedad, fomentar modelos económicos fundados en la solidaridad, preconizar una reforma agraria o respaldar iniciativas a favor de la paz o del medio ambiente18.

    31Como lo expresa –de manera sintomática, pero entre muchos otros– el volante de campaña de Antonio Peredo, candidato al Senado en representación del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas de diciembre de 2006, “El país que queremos”:

    [l]a refundación del país, como propone el MAS, tiene dos niveles: de una parte, restablecer la soberanía que fue entregada a niveles intolerables en los últimos veinte años, por la aplicación del modelo neoliberal. En un segundo plano, se trata de instalar, por primera vez después de 180 años de vida republicana, el papel protagónico de los sectores desplazados de esta sociedad, principalmente los pueblos originarios. Pero no se trata de hacer proclamas o inscribir declaraciones en documentos oficiales. La soberanía debe ejercerse readquiriendo el derecho a disponer de nuestros recursos, a diseñar políticas nacionales, a estructurar la economía nacional y a construir un país que responda a las necesidades de toda la población [subrayado por el autor]. (Peredo, “El país que queremos” en: www.mas-bolivia.org).

    32Y -registra el folleto más adelante:

    (e]n ellos [los pueblos originarios] se halla la fuerza de la nación, su integridad, su propia visión de la realidad. Si queremos alcanzar de desarrollo que permitan vivir bien a todos y cada uno de nosotros, debemos incorporar lo mejor de sus usos y costumbres a la realidad cotidiana de toda la sociedad [subrayado por el autor]. (Ibid.).

    33Semejante postura a favor de la conjugación de preocupaciones y/o intereses específicos de los pueblos originarios y de toda la sociedad, se traduce frecuentemente en una proximidad de los candidatos en representación de las poblaciones indígenas con asociaciones que -como las organizaciones campesinas y los sindicatos- defienden a quienes agrupan desde una perspectiva gremial o de clase antes que étnica, para enfrentar las dificultades generadas por la marginalidad política, económica y/o social.

    34Al respecto, tres casos ayudan a percibir las estrategias de alianzas de las opciones político-electorales indígenas en el ámbito local, regional y nacional. El primero, en Ecuador, es el del municipio de Cotacachi (provincia de Imbabura), en donde a finales de los años setenta se generó una experiencia de participación ciudadana local entre una población multiétnica (indígenas, mestizos y afroecuatorianos) y plurisectorial (campesinos, artesanos, comerciantes, entre otros) (Ortiz, 2006). Desde 1979 se había asegurado la presencia de la llamada Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) en el concejo municipal, la cual poco a poco llegaría a ser considerada como un “municipio chiquito”. Con base en este ejercicio inicial, en 1996 se planteó la necesidad de presentar un candidato para la alcaldía. Para dicha oportunidad, más allá de la distancia que existía entre la UNORCAC y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)19, es precisamente un cuadro de esta última el que saldrá “elegido”, tanto entre la población en búsqueda de un candidato propio, como en las urnas: el indígena otavalo Auki Tituaña, quien por su ascendencia et no-cultural, su perfil como intelectual formado en Cuba y su vivencia en cuanto comerciante, se destacaba como un candidato idóneo, representante del Movimiento Pachakutik, para asumir este cargo (Ortiz, 2006).

    35El segundo caso, que puede dar cuenta de la elección de candidatos indígenas en el marco de apuestas amplias, tiene que ver con la llegada al poder, en el año 2000 en el departamento del Cauca, del primer gobernador indígena de la historia de Colombia: Floro Tunubalá. Cuando en agosto del mismo año se ratificó la candidatura de este líder guambiano al primer cargo departamental, se esperaba de él que representara a todos los que, hasta entonces, no tenían acceso al poder regional pero proponían unirse, más allá de cualquier pertenencia étnica u organizacional, alrededor de una misma fuerza20. Constituido con este motivo, un Bloque Social Alternativo (BSA), multiétnico y heterogéneo, abarcaba numerosas asociaciones y sectores de índole local, sub-regional o regional, rurales o urbanos (organizaciones de campesinos, centrales obreras, sindicatos de profesores o personal de la salud, organizaciones de población negra, además de algunos “liberales independientes”) además de las dos organizaciones indígenas activas en el departamento21.

    36Finalmente, cabe advertir que la contundente victoria de Evo Morales -con base en una amplia mayoría (53,7% de votos a favor, en la primera vuelta) en una elección de amplitud nacional- se fundó en la necesidad de apertura a las coaliciones. A través de una organización creada sobre las bases del sindicalismo cocalero, el objetivo del candidato indígena a la presidencia era –en el 2005 como en el 2002– conquistar votos rurales del altiplano (principalmente aymaras, como él) y de las tierras bajas del oriente boliviano (Chiquitanía) y votos urbanos entre las clases medias preocupadas por la inestabilidad política y la situación sin salida de Bolivia en los últimos años22.

    Acceder al poder -y ¿ejercer el poder?- como indígena

    37Fruto de esta combinación entre votos de opinión indígenas y votos de respaldo no-indígenas, se concretó en los últimos años el acceso de representantes de las poblaciones indígenas a cargos destacados: no sólo, de manera por cierto algo extraordinaria, a la presidencia de la República, sino también a los parlamentos, a las gobernaciones de departamentos o a las prefecturas de provincias y más frecuentemente, a las alcaldías y los concejos municipales. Así como los argumentos y las estrategias implementadas en periodos de campañas electorales, la presencia indígena –hasta entonces inédita– en semejantes cargos, implica cambios en los términos, las formas y los lugares del poder, en una perspectiva que pretende ser directa, abierta y/o comunitafia.

    38Sin duda, se hace necesario sin embargo, diferenciar las escalas para considerar las responsabilidades y los márgenes de acción de los elegidos indígenas: en el nivel nacional, regional o local, desde el poder ejecutivo o desde el legislativo.

    Representación con -¿o sin?- participación

    39Más allá de una indudable fuerza simbólica, la condición muchas veces minoritaria de los que llegan a los órganos legislativos puede reducir el alcance de su acción. Por el contrario, cuando ejercen funciones desde el poder ejecutivo, las posibilidades de los representantes indígenas van en aumento. Sobre este tema puede recordarse, por ejemplo, la manera como Evo Morales -por cierto con el respaldo de un Congreso que le era entonces favorable- inició su mandato con “medidas de choque” (nacionalización de los hidrocarburos, convocatoria de una Constituyente, legalización de la hoja de coca, entre otras), dejando en claro la dirección en la que se orientarían en adelante los destinos del país entero.

    40A una escala menor, el ámbito municipal se ha convertido en más de una oportunidad en un escenario propicio para experiencias interesantes de gobierno indígena. Volviendo por ejemplo, al caso de Cotacachi, vale la pena hacer énfasis en la iniciativa implementada por el alcalde indígena elegido en 1996, de convocar a una Asamblea de la Unidad Cantonal, con el fin de reunir a la población municipal más allá de sus diferencias internas, identificar sus intereses y prioridades y con base en estos, prever los destinos del municipio en su conjunto. Una “apuesta por la democracia participativa”, según las palabras de Santiago Ortiz:

    (...) mientras en el nivel nacional se asistía en este periodo a una crisis del régimen político, en lo local surgen varias experiencias de participación y democracia a través de experiencias de planificación y presupuesto participativos, de nuevos usos de los espacios públicos, de mejoramiento de la gestión, de programas de turismo, salud, economía, medio ambiente, comercialización o producción agro-ecológica en donde los actores cambian su rol de receptores a un papel activo en su orientación y conducción (Ortiz, 2004: contracarátula).

    41Sobre este mismo punto, Laurent Lacroix subraya -para el caso boliviano- la fuerza de la participación popular en el nivel local, independientemente de sus posibles altibajos en función de las decisiones que se toman desde el poder central: “ [1]o municipal se ha transformado en una escena más autónoma de la vida política nacional. Así, los efectos de las políticas de tipo neoindigenista perduran en lo local a pesar de las alteraciones del proceso de descentralización participativa a nivel nacional” (Lacroix, 20006b: 6)23. Al respecto, Lacroix hace un énfasis especial en el éxito de la autogestión indígena del municipio de Lomerío,

    (...) en Chiquitanía, en donde municipalidad y territorialidad adoptan un carácter específicamente indígena. La población de esta zona y su organización representativa local han obtenido la creación del primer gobierno municipal autónomo de Bolivia reconocido por el Estado en 1999 y la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen en 2003. Hoy día, estas dos jurisdicciones se superponen permitiendo a sus pobladores una autogestión local de un espacio étnico doblemente institucionalizado, a la vez político-administrativo y territorial (Ibid.: 18-19).

    42Algo parecido ocurre en Colombia en los casos –por cierto sui generis– de los municipios de Toribío y Jambaló, en el Cauca. Además de distinguirse por elegir alcaldes en nombre de la Alianza Social Indígena (ASI) desde 1994, estos dos municipios cuentan desde esta misma fecha con concejos municipales mayoritariamente o exclusivamente compuestos por miembros de dicha organización. Paralelamente, la gestión y los planes de desarrollo municipales van de la mano con proyectos comunitarios implementados desde años anteriores -cuando la movilización indígena, sólida desde hace ya décadas en esta zona del país, aún no alcanzaba a proyectarse electoralmente–, y se mantiene un contacto estrecho entre los cargos electos y los miembros de los cabildos –o consejos comunitarios24.

    43A su vez, el ejecutivo regional ha motivado victorias electorales por parte de las fuerzas políticas indígenas: como fue el caso de las prefecturas provinciales conquistadas en los últimos años por Pachakutik en Ecuador; en Colombia, con la elección de Floro Tunubalá a la gobernación del Cauca en el 2000; y en los tres departamentos -sobre nueve- de Bolivia en donde el MAS se impuso como ganador con motivo de la primera elección de prefectos en diciembre de 2005 (Lacroix, 2006a).

    44De manera más general, es válido precisar que los eventuales logros de dichas experiencias políticas municipales o regionales y el mayor o menor grado de participación “popular” y/o “comunitaria” que implican, están en gran parte relacionados con la existencia de procesos organizativos previos y/o con una adecuación -en términos de complementariedad- entre aquellas a quienes incumben los distintos modos indígenas de ejercer el poder: en cuanto que autoridades tradicionales o como “nueva elite” político-electoral. Cuando estas combinaciones se dan, la movilización por la vía de las urnas se convierte en una herramienta más para la realización de proyectos políticos que rebasan lo meramente electoral.

    45Por último, cabe recordar que, en algunas ocasiones, el acceso de indígenas al poder ha podido presentarse en otras formas, tales como la “fórmula vicepresidencial” a la que se aludía en páginas anteriores, pero igualmente las que, sin pasar por el voto, nacen de un nombramiento desde los centros de decisiones capitalinos: Ministra de Relaciones Internacionales, Viceministro/a de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios o Defensor del Pueblo para las Minorías Étnicas (Lacroix, 2006b; Laurent, 2005; Massai, 2005). Sin duda, en este caso también, es fuerte el efecto simbólico que marca la presencia poco común de figuras indígenas entre los altos funcionarios. Como recalca Laurent Lacroix a propósito de Víctor Hugo Cárdenas,

    (...) asumió plenamente su rol de segundo mandatario del país. Demostró su capacidad técnica y política para gobernar. El respeto de su pacto con el MNR que contribuyó a la estabilidad del país, su acción discitcreta (subterránea según su propia terminología) pero eficaz en el gobierno y su participación en las grandes reformas políticas de los años 1990 han transformado su mandato en una experiencia histórica y ejemplar para todo el personal indígena investido desde esta época en las altas esferas del Estado boliviano (Lacroix, op. cit.: 20).

    46Así mismo, relata Jorge León, “ [l]os dirigentes indígenas y de Pachakutik se convirtieron en estrellas públicas’” (León, op. cit.: 20): (...) :

    [e]sta sorprendente situación implicó un cambio importante en la imagen pública de los indígenas: tuvieron que decidir políticas y pronunciarse sobre una variedad de temas propios al orden del Estado pero que no eran parte de sus agendas. Su voz y sus posiciones contaban, en contraste con su situación inmediatamente anterior. Sus caras se volvieron frecuentes en la televisión, el medio de prensa más cerrado para ellos. Sus vidas privadas también fueron objeto de preocupación en varios medios. Al ser parte de la elite que decide, había curiosidad por conocer lo que
    pensaban, por su manera de ser y de vivir o por su pasado. Se volvieron parte de los referentes de vida públicos y muy posiblemente contribuyeron al cambio del imaginario sobre los indígenas: de estigmatizados como marginales se volvieron ‘normales’. (León, ibid.).

    Cuando los “hermanos” no “sirven”

    47Independientemente de estos aspectos positivos, la incursión indígena en el campo político-electoral no deja de presentar riesgos y limitantes. Por la vía de la movilización electoral, se trata de ser parte de un sistema hasta ayer criticado como cerrado, hoy renovado -oficialmente- en términos de amplitud y democracia, para asegurar una “presencia indígena” en cargos ejecutivos o legislativos. Con ello se inicia una ardua tarea de educación cívica. Se debe justificar la presencia de mandatarios del movimiento indígena en las corporaciones públicas, en una perspectiva que -por lo menos en sus principios- se reivindica como diferente de la de clase política tradicional. Esta movilización de nueva índole, que se acompaña del paso de un sistema de participación directa en las tomas de decisiones (por ejemplo, en las asambleas comunitarias) a otro, de representación (a través del voto), contribuye a modificar la naturaleza de las relaciones entre bases comunitarias y líderes.

    48Con esta delegación del poder, se hace necesario depositar la confianza en individuos, recomendados seguramente por las organizaciones indígenas –las cuales por su parte juegan un papel de intermediarios–, pero poco o mal conocidos. Para ejercer su oficio, los políticos indígenas tienden a ubicarse en los centros urbanos, lo que obviamente entraña un alejamiento físico de los entornos en los cuales nacieron, crecieron y se construyeron como líderes. Con ello puede originarse otro tipo de distancias que limitan obviamente la frecuencia de los intercambios entre comunidades, organizaciones y delegados. Esta situación puede contribuir, por tanto, a reducir el compromiso de estos últimos frente a sus electores y agrupaciones políticas, los cuales pueden sentirse engañados frente a representantes que no representan.

    49De hecho, el cuestionamiento de los elegidos -sobre todo aquellos que han llegado a corporaciones públicas de índole nacional o regional- es frecuente en las experiencias electorales indígenas, mientras son múltiples las fallas que se les reprocha. Sin duda, en primer lugar sobresalen en el “paquete” de la reprobación colectiva, la incapacidad de los cargos electos de respetar las directrices de sus organizaciones y sus compromisos electorales, su mala preparación para asumir los nuevos cargos que les corresponden, su tendencia a hacer alianzas con “enemigos políticos” (en particular, con representantes de los partidos tradicionales) y/o su tendencia a caer en la corrupción, en otras palabras, su falta de claridad frente a su “misión” en el escenario político-electoral (Laurent, 2005; León, 2005; Massai, 2005 y 2006). De forma paralela, las críticas pueden estar relacionadas con el sentimiento de algunos de haber sido “olvidados por los elegidos” -posiblemente por no haber alcanzado un puesto u otro tipo de beneficio material esperado- o de tener que enfrentar gobiernos indígenas de “puertas cerradas” como por ejemplo se pudo escuchar después del acceso de Tunubalá a la gobernación del Cauca en el 2000 (Laurent, op. cit.).

    50Ahora bien, cuando el acceso indígena al poder se concreta en una participación en gobiernos no-indígenas a través de un nombramiento desde el ejecutivo nacional -como fue la experiencia de los ministros de Pachakutik en Ecuador-, de ninguna manera es más fácil evitar los obstáculos y lograr más avances. Tal como lo establece Julie Massai, más allá de numerosas expectativas e independientemente de su voluntad manifiesta de apartarse de la corrupción y del clientelismo,

    [l]os límites opuestos por el sistema político al movimiento independiente llevaron Pachakutik a adoptar muy pronto las criticadas prácticas, en particular restringir la consulta interna y tejer alianzas con partidos tradicionales ya sea por pragmatismo, ya sea a regañadientes. (...) También la corrupción afectó muy temptano al movimiento (en abril de 1997 varios de sus diputados fueron destituidos). Finalmente, la participación del Movimiento Pachakutik (...) en el gobierno de Gutiétrez, tuvo como resultado su debilitamiento y descrédito como opositor, hecho que finalmente lo condujo a replegarse sobre la esfera local, para reconstruir sus bases. Esta experiencia dejó frustraciones muy altas (Massai, op. cit.: 120).

    51En este mismo orden de ideas, Jorge León afirma que

    [a] pesar de que, en general, los cuatro ministerios bajo responsabilidad de Pachakutik tuvieron buena prensa y terminaron con una imagen positiva, fue notorio que, salvo excepción, no disponían de propuestas de políticas. Para los ministros, para el conjunto del petsonal de Pachakutik y para las organizaciones indígenas el ejercicio de gobierno resultó una escuela de aprendizaje sobre la marcha. Para muchos fue una experiencia excepcional que les permitió captar mejor lo que implica el ejercicio gubernamental. Otros pudieron captar la diferencia entre demandas y elaboración de políticas o constatar que Pachakutik tenía más intenciones que propuestas. Otros, en cambio, se ratificaron en sus posiciones de contestación sin lograr conciliar sus posiciones con los estrechos márgenes de acción que tienen los gobiernos y la aun más limitada disponibilidad de recursos. El poder no era lo que se pensaba (León, 2005: 20-21).

    52El hecho de participar directamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez habría además contribuido, con el propósito de reducir la contestación, a restringir en parte el margen de acción de las organizaciones indígenas:

    (...) en contraste con las prácticas en la contestación y oposición, Pachakutik y las organizaciones indígenas en el ejercicio del gobierno no innovaron ni se diferenciaron. Igualmente, la CONAIE al legitimar en el gobierno lo que antes cuestionaba terminó por deslegitimar la protesta. Los dirigentes indígenas pidieron públicamente a la gente no protestar (Ibid.: 21).

    53Por último, la presencia indígena en los órganos legislativos ocasionaría a su vez otra preocupación: podría “legitimar” indirectamente un sistema al cual las opciones políticas indígenas tienen acceso sólo en apariencia, pero en el que se siguen imponiendo las “leyes de la mayoría”, limitando a aquellas a un papel de representación sin participación.

    Diferencias, divergencias y divisiones: luchas intestinas

    54Junto con estos interrogantes relativos al desempeño de los elegidos indígenas, la experiencia político-electoral ha tendido a motivar o a agudizar numerosas diferencias, divergencias y divisiones, las cuales se han expresado en distintos niveles.

    55En primer lugar, la perspectiva electoral incita a considerar los posibles desequilibrios intra-comunitarios o inter-comunitarios que puede generar, entre los que llegan a ser partícipes de las esferas del poder y los que quedan aislados de ellas. Por cierto, la mayoría de las organizaciones y líderes indígenas son partidarios de la actividad electoral; no obstante, algunos la rechazan considerando que se trata de un pluralismo sólo de fachada frente al cual habría que proponer un cambio más radical: en Ecuador, por ejemplo, se planteó la idea de recurrir a la “creación de un Parlamento indígena y popular en todos los escalones de la sociedad” y una “[modificación] de las reglas de acceso al debate político” fuera de los partidos políticos, ya que estos no serían representativos (Massal, op. cit.: 255). En otros casos la movilización electoral no ha despertado mayor interés o se limitó a ser un medio para sacar un provecho material -como por ejemplo, entre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta o de La Guajira, en Colombia (Laurent op. cit.). Por último, la posición de los que han optado más decididamente a su favor tampoco es unánime. Numerosas peleas o escisiones surgieron o se confirmaron, a veces entre sectores que por un tiempo fueron agrupados en el marco de las mismas organizaciones: por ejemplo, dentro de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos Bolivianos, la Organización Nacional Indígena de Colombia o el movimiento Pachakutik ecuatoriano (Lacroix, 2006b; Laurent, 2005; León, 2005; Massai, 2005). Como reacción, en más de una oportunidad la selección de los candidatos y los modos de actuar de los elegidos han sido motivo de conflictos que se han traducido en una fuerte competencia entre (sub)fuerzas y líderes indígenas a la hora de las elecciones (Lacroix; Laurent; León, 2005; Massal).

    56Así mismo, la experiencia electoral ha dado lugar a un fenómeno cíclico de coaliciones pre-electorales/rupturas post-electorales que tiende a comprobar lo difícil que resulta en la práctica, la apuesta de cimentar alianzas entre sectores indígenas y/o con no-indígenas. Entre otros múltiples ejemplos que pueden ilustrar la naturaleza de las luchas intestinas constante de la experiencia político-electoral indígena (Ibid.), es válido recordar la manera como el Bloque Social Alternativo que ganó la gobernación del departamento colombiano del Cauca en el 2000, fue víctima de un proceso de auto desintegración. A lo largo de los meses -y de un proceso electoral a otro-, las diferentes fuerzas que por un tiempo le dieron vida, buscaron afianzarse por su propia cuenta: con motivo de las elecciones legislativas de marzo de 2002, varios candidatos originarios del Cauca y vinculados con las distintas agrupaciones sociales constitutivas del BSA, pretendieron acceder al Congreso alegando sus pertenencias iniciales, dejando de lado el esfuerzo unificador del llamado Bloque y presentándose como rivales (Ibid.).

    Oposiciones externas

    57Independientemente de estos elementos que contribuyen a cuestionar su validez desde adentro, la opción político-electoral indígena también puede estar condicionada por factores y actores externos a las poblaciones mismas.

    58En primer lugar, sobre este punto hay que llamar la atención sobre el hecho de que, por muy alentadores que puedan revelarse los cambios constitucionales e institucionales operados en América Latina en las últimas décadas -indicados al principio de esta reflexión-, nada asegura su perennidad. Así mismo, el reconocimiento por parte del Estado de derechos -entre otros, políticos- para las poblaciones indígenas, no impide que se haga “marcha atrás” y que los espacios abiertos... se vuelvan a cerrar. Al respecto, es sin duda significativa la reforma electoral que fue votada en el Congreso colombiano en el año 2003 con miras a favorecer una mayor disciplina de partidos, pero que tuvo como efecto poner en desventaja a las pequeñas fuerzas políticas -incluyendo las indígenas.

    59Además de la obligación para los partidos de presentar listas unificadas, esta reforma del sistema electoral impuso nuevas modalidades, entre las cuales se encuentra la necesidad de alcanzar un número mínimo de votos (umbral) para poder entrar en la asignación de curules y conservar sus personerías jurídicas. Entre otros aspectos, esta medida tuvo como consecuencia obligar a las organizaciones y candidatos indígenas a pensar en nuevas estrategias: por una parte, recurrir prioritariamente a las circunscripciones electorales especiales; por otra, entrar a competir con el aval de partidos diversos de mayor cobertura. Así las cosas, los preparativos para las elecciones legislativas de 2006 dieron lugar a una nueva configuración: después del auge de las organizaciones político-electorales indígenas en la década del noventa, los partidos -no específicamente o explícitamente indígenas-, tanto de derecha como de izquierda, llegaron a contar con la presencia de “sus propios” candidatos indígenas entre sus rangos -obviamente sin asegurar su elección25.

    60Al día siguiente de dichas elecciones, solamente la Alianza Social Indígena seguiría existiendo como “partido indígena”, mientras el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia tendría que ser tachado del mapa político por no haber alcanzado el umbral requerido. Después de varios meses de negociaciones con el Consejo Nacional Electoral, este logrará finalmente salvar su personería jurídica: de común acuerdo se admitirá que la condición del número mínimo de votos no aplica para la circunscripción electoral especial -en la cual de hecho se había inscrito el elegido rechazado26. Más allá de esta salvación in extremis del senador indígena y del movimiento que encarna, semejante episodio sin duda demuestra la manera como las reglas del juego electoral -definidas por la mayoría no-indígena en el Congreso– puede influir en la vida –o muerte– de las organizaciones políticas indígenas.

    61Así mismo, si bien se puede plantear una combinación entre reivindicaciones indígenas y políticas implementadas desde el Estado, también es necesario tener en cuenta el hecho de que esto no descarta la existencia paralela de divergencias entre medidas tomadas “desde arriba” y voluntades, dinámicas y prácticas que se expresan en una escala menor, desde las comunidades o las organizaciones mismas. Además de múltiples ejemplos al respecto, relacionados con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) o con la puesta en marcha de los llamados megaproyectos de desarrollo y que ponen en relieve la pregunta sobre qué vale más, ¿el interés nacional o el equilibrio comunitario?, puede mencionarse la dificultad –o incluso la reticencia– que se tiene entre algunas poblaciones indígenas, para ejercer funciones inéditas -bien sea en el área político-electoral o dentro de espacios considerados comunitarios, en parte creados a través de políticas públicas y a los que llegan recursos de la nación27.

    62De manera más amplia, el cambio de paradigma de los noventa y la ratificación legal de la opción multicultural podrían tener sus propios peligros y efectos perversos. Por un lado, corren el riesgo de limitarse solamente a estrategias políticamente correctas y de tomar la forma de un “maquiavelismo público”: el reconocimiento de derechos particulares para los grupos étnicos disimularía una estrategia del Estado para inmiscuirse en las comunidades, controlarlas y “modernizarlas a pesar de ellas” (Gros, 2000: 97-115). De esta forma, también disimularían una voluntad de los Estados de impedir la contestación28. Por otro lado, en nombre de la defensa de identidades supuestamente “puras”, el multiculturalismo podría favorecer la estigmatización e incentivar procesos de victimización – la pertenencia a un grupo antes desfavorecido garantizaría ahora el derecho a algunos privilegios, a veces en detrimento del interés general (Adler, 1997; Barber, 1995; Freher, 1995; Todorov, 1995; Touraine, 1997a y 1997b).

    63Por último, se debe tener en cuenta que fuera de los posibles desequilibrios ocasionados por medidas implementadas desde el Estado que afectan a las poblaciones indígenas, opositores y contradicciones de otros tipos pueden influir en la acción de los representantes indígenas electos, como las que los enfrentan a representantes de la clase política tradicional y/o a elites regionales “anti-indios” (como, por ejemplo, las del Cauca en Colombia o las de Santa Cruz en Bolivia), pero también en algunos casos –por cierto extremos–, a los actores armados.

    64En sociedades marcadas por la pluralidad étnica y cultural como las latinoamericanas, la cuestión de la legitimidad de los representantes indígenas está presente, no sólo en la relación con su propio electorado, sino también frente a los que no se sienten representados a través de ellos. Seguramente la agudización de la polarización de la sociedad boliviana desde el acceso al poder de Evo Morales ilustra de manera clara el problema de gobernabilidad que plantea esta experiencia inusual de gobierno indígena, con mayor razón por darse ésta en un ámbito de índole nacional. Al cabo de un primer año, la viabilidad -e incluso la durabilidad- de este gobierno puede estar en entredicho por la existencia de relaciones de fuerzas especialmente disímiles y difícilmente conciliables en términos tanto de poblaciones como de intereses: “indios contra blancos”, imposición y refutación a la fuerza de las decisiones gubernamentales, respaldo al presidente desde La Paz o Chapare pero también rechazo al presidente desde Santa Cruz o Beni. Más allá de las rivalidades regionales, cristalizaría una “lucha entre grupos de presión que disponen de una fuerte capacidad de movilización con miras a redefinir la naturaleza del Estado, las políticas nacionales e, incluso, los pactos sociales” (Lacroix, 2006: 83-98).

    65Por otra parte, cuando en numerosas regiones, como en el caso de Colombia, el recurso a las armas está de por medio en distintas estrategias impuestas por parte de guerrillas, paramilitares y/o narcotraficantes, la acción de los representantes electos puede llegar a restringirse a la vez que toda la población se encuentra afectada. De hecho, la presencia de los actores armados en el Cauca -como en todo el territorio nacional- ha sido uno de los mayores obstáculos para la gestión de los equipos gubernamentales implementados por las opciones políticas indígenas, como los que orientan los municipios de Jambaló y Toribío desde principios de los noventa, y los que estuvieron a la cabeza de la gobernación del departamento entre el 2000 y el 200329.

    A manera de conclusión

    66De por sí la ampliación oficial de la ciudadanía -para todos y para los que se reivindican como diferentes— aparece como una condición favorable para un posible diálogo y una mayor adecuación entre el Estado, las instituciones, la sociedad en general y sus múltiples integrantes en especial. Con el fin de que el multiculturalismo se exprese y funcione como una fórmula exitosa en la búsqueda de una mayor equidad política, económica, social y cultural, es sin embargo necesario que el sistema y los debates políticos se abran a los actores y los asuntos identitarios: haciendo así posible su participación en las tomas de decisiones, más allá de tratos preferenciales fijados en la ley en función de particularismos, lo cual se limita a una institucionalización sólo en términos de representación (Rocher y Salée, 1997; Wieviorka, 1995).

    67Al respecto, no cabe duda de que la década pasada selló un cambio impactante para las poblaciones indígenas en América Latina: por inscribir su reconocimiento constitucional en las agendas nacionales, por atestiguar sus avances en la palestra político-electoral, del concejo municipal a la presidencia de la República. Paralelamente, la indianidad se impone como un nuevo componente de lo político: no sólo por estar en el centro de proyectos defendidos por representantes de las poblaciones indígenas sino también en cuanto motivo de aproximaciones entre indígenas y no indígenas a escala continental30.

    68Con una presencia inédita, entre representación y participación, en los órganos del poder ejecutivo y legislativo, se plantean, sin embargo, una serie de prioridades para las organizaciones y los líderes indígenas frente a la perspectiva de la movilización político-electoral. En primer lugar, la de cumplir un papel protagónico -pero sin perderse- en dinámicas, dentro de espacios y para objetivos que rebasan lo meramente comunitario: que no sólo implican una voluntad de autogestión para las poblaciones indígenas sino que suponen igualmente un nuevo papel en los asuntos nacionales y para cuestiones que abatcan el conjunto de –o, por lo menos, una diversidad de grupos en el seno de– la sociedad. También se perfila el difícil reto de lograr alianzas fundadas en acercamientos de fondo entre sectores e intereses plurales más allá de apuestas sólo de índole electoral, así como el desafío de saber manejar las diferencias internas para poder enfrentar mejor las adversidades externas. Por último, la presencia indígena en el poder ejecutivo y legislativo hace necesario tener claridad sobre lo que se espera concretamente de las victorias políticas y/o electorales, teniendo en cuenta que las posibilidades y herramientas de las que se dispone varían considerablemente según la escala (local/municipal; departamental/provincial; nacional), según la naturaleza de los cargos (ejecutivos/legislativos) a los que se llega y la modalidad que facilita el acceso a dichas responsabilidades (por la vía de elecciones o a través de un nombramiento) y seguramente también según la trayectoria de los miembros de este nuevo personal político, la solidez de las organizaciones que los respaldan, así como la relación que mantienen con poblaciones, autoridades e instituciones indígenas y no-indígenas.

    69Sin que necesariamente se abandonen las primeras formas de movilización a través de la protesta, la movilización política y/ o electoral indígena de los últimos años significa la substitución de una lógica de oposición a un sistema político del que uno se siente/ está excluido a una lógica de propuesta dentro de un sistema político al que uno contribuye en adelante. Independientemente de lo matizado que pueda ser el balance respecto de su experiencia aún exploratoria en este campo, las organizaciones y los líderes indígenas tienden a demostrar que de ahora en adelante están articulando su acción no tanto en contra de sino más bien dentro de el Estado -un Estado cuyo papel y responsabilidades frente a los derechos y destinos de las poblaciones indígenas, también han sido redefinidos desde finales de los ochenta, en cuanto veedor y a veces promotor de una institucionalización oficial de la(s) diferencia(s).

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    Adler, F. H. (1997). Différence, Antiracisme et Xénologique (M.-H. Adler, trans.). In L Homme et la société (Vols. 125, Issues 3, pp. 59-67). PERSEE Program. https://doi.org/10.3406/homso.1997.2899
    Massal, J., & Bonilla, M. (Eds.). (2000). Los movimientos sociales en las democracias andinas (1–). Institut français d’études andines. https://doi.org/10.4000/books.ifea.3670
    Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1986). The Invention of Tradition. Labour Le Travail, 18, 313. https://doi.org/10.2307/25142744
    Macaire, P. (2018). Reconnaître les coutumes. Le discours de la loi face aux enjeux locaux. Revista Trace, 46, 121. https://doi.org/10.22134/trace.46.2004.498
    Adler, Franklin Hugh. “Différence, Antiracisme et Xénologique”. Translated by Marie-Hélène Adler. L Homme et la société. PERSEE Program, 1997. https://doi.org/10.3406/homso.1997.2899.
    Massal, Julie, and Marcelo Bonilla, eds. Los Movimientos Sociales En Las Democracias Andinas. []. Institut français d’études andines, 2000. https://doi.org/10.4000/books.ifea.3670.
    Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger. “The Invention of Tradition”. Labour Le Travail 18 (1986): 313. https://doi.org/10.2307/25142744.
    Macaire, Philippe. “Reconnaître Les Coutumes. Le Discours De La Loi Face Aux Enjeux Locaux”. Revista Trace, no. 46 (July 27, 2018): 121. https://doi.org/10.22134/trace.46.2004.498.
    Adler, Franklin Hugh. “Différence, Antiracisme et Xénologique”. L Homme et la société, translated by Marie-Hélène Adler, vol. 125, no. 3, PERSEE Program, 1997, pp. 59-67. Crossref, https://doi.org/10.3406/homso.1997.2899.
    Massal, Julie, and Marcelo Bonilla, editors. Los Movimientos Sociales En Las Democracias Andinas. [], Institut français d’études andines, 2000. Crossref, https://doi.org/10.4000/books.ifea.3670.
    Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger. “The Invention of Tradition”. Labour Le Travail, vol. 18, 1986, p. 313. CrossRef, https://doi.org/10.2307/25142744.
    Macaire, Philippe. “Reconnaître Les Coutumes. Le Discours De La Loi Face Aux Enjeux Locaux”. Revista Trace, no. 46, July 2018, p. 121. Crossref, https://doi.org/10.22134/trace.46.2004.498.

    Cette bibliographie a été enrichie de toutes les références bibliographiques automatiquement générées par Bilbo en utilisant Crossref.

    Bibliografía

    Abélès M., 1990, “Mises en scène et rituels politiques. Une approche critique”, en: Hermès, No. 8-9, Paris, CNRS, pp. 241-259.

    ____, 1993, “La mise en représentation du politique”, en: Abélès M.,

    Jeudy H.P., Anthropologie du politique, Paris, Armand Colin, pp. 247-271.

    10.3406/homso.1997.2899 :

    Adler F. H., “Différence, antiracisme et xénologique”, en: L’Homme et la Société, No. 125, julio-septiembre 1997, pp. 59-67; Barber B., “Face à la retribalisation du monde”, en: Esprit, No. 6, junio 1995, pp. 132-144 ; Feher M., “Identités en évolution: individu, famille, communauté aux Etats-Unis”, en: Esprit, No. 6, junio 1995, pp. 114-131 ; Todorov T., “Du culte de la différence à la sacralisation de la victime”, en: Esprit, No. 6, junio 1995, pp. 90-100; Touraine Α., “Faux et vrais problèmes”, en: Wieviorka, Michel (dir.), Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1997a, pp. 291-319; Touraine Α., Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents, Paris, Fayard, 1997b.

    Albό X., 2003, Pueblos indios en la política, La Paz, CIPCA/Plural. Alianza Social Indígena, s. f. Perfil político y programa de la ASI, Bogotá, Mimeo.

    Anderson B., 1983. Imagined Communities. Refection on the origin and spread of nationalism, Londres, Verso Edition.

    Arango R., Sánchez E., 1998, Los pueblos indígenas de Colombia, Bogotá, Tercer Mundo, DNP.

    Baud M., Koonings K., Oostindie G., Ouweneel Α., Silva P., 1996, Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe, Quito, Abya-Yala.

    Bayart J.F., 1996, L’illusion identitaire, Paris, Fayard.

    Bernal A. (comp.), 2000, De la exclusión a la participación. Pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador, Quito, Abya-Yala.

    Chaumeil J.P., 1990, “Les Nouveaux Chefs... Pratiques politiques et organisations indigènes en Amazonie péruvienne”, Problèmes d’Amérique Latine, Paris, Documentation Française, No. 96, p. 93-113.

    Chindoy M., s. f., “Algunas reflexiones sobre la situación de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas”, Órgano Informativo del Equipo de Trabajo del Movimiento de Autoridades de Colombia en el Congreso de la República, boletín No. 5, Bogotá, mimeo.

    10.4000/books.ifea.3670 :

    Dabène O., 2000, “,:Hacia una democracia participativa en los Andes ! ”, en: Massai J., Bonilla M. (eds.), Los movimientos sociales en las democracias andinas, Quito, Flacso-IFEA, pp. 229-240.

    Degregori C.I., s. f., “Hasta las últimas consecuencias”: llave y los desafíos para la democracia y la democratización, mimeo (documento Ersipal, París), s.l.

    Devineau J. (coord.), 1979, Trace Indígenas y derecho, No. 46, México DF, Cemca, 2004 Documentos de la segunda reunión de Barbados, Indianidad y descolonización en América Latina, México D.F., Editorial Nueva Imagen.

    Friedrich Ebert Stiftung, 2005, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Fes-Ildis), “Visiones indígenas de descentralización”, Descentralización Participación, La Paz, FES-ILDIS, No. 8.

    GRAL-CIELA, 1982, Indianité, ethnocide, indigénisme en Amérique latine, Toulouse, CNRS.

    Gros C, 1993, Colombia indígena, Bogotá, CEREC.

    ____, 1997, “Indigenismo y etnicidad: el desafío neoliberal”, in Uribe

    M.V., Restrepo E. (ed.), Antropología de la modernidad, Bogotá, Ican, pp. 15-60.

    ____, 2000, Políticas de la etnicidad. Identidad, Estado y modernidad, Bogotá, ICANH.

    Gruzinski S., 1991, La guerre des Images de Christophe Colomb à “Blade Runner”, Paris, Fayard.

    Guerrero F., Ospina P., 2003, El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos, Buenos Aires, Clacso-Asdi.

    10.2307/25142744 :

    Hobsbawm E., Ranger T., 1983, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press.

    Instituto Internacional de Gobernabilitat de Catalunya, “Gobernabilidad y descentralización en Ecuador”, en Perfil de Gobernabilidad de la República de Ecuador (http://www.iigov.org), p. 69.

    Lacroix L., 2006a, “Refondation du modèle national et tensions politiques”, Observatoire des Amériques, Paris, IHEAL, pp. 83-98.

    ____, 2006b, “Descentralización participativa y etnicización en Bolivia (1993-2005) “, Actas del Simposio Internacional Gobernanza y gobernabilidad de los territorios en América Latina, IRD, CESU, CIDES, IFEA, IIG, NCCR, Cochabamba, 19-21 septiembre.

    Laurent Virginie, 2002, “Movimiento indígena y retos electorales en Colombia. Entre pertenencias y apariencias: regreso de lo ‘indio’ para una apuesta nacional”, Revista colombiana de antropología, No. 38, Bogotá, ICANH, pp. 161-183.

    ____, 2005, Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998. Motivaciones, campos de acción e impactos, Bogotá, ICANH-IFEA.

    Le Bot Yvon, 1994, Violence de la modernité en Amérique latine, Indianité, société et pouvoir, Paris, Karthala.

    León J. et al., 2005, Participación política, democracia y movimientos indígenas en los Andes, La Paz, IFEA-PIEB-Embajada de Francia en Bolivia.

    10.22134/trace.46.2004.498 :

    Macaire P., “Reconnaître les coutumes : le discours de la loi face aux enjeux locaux”, en Devineau J. (coord.), Trace (Indígenas y derecho), No. 46, Mexico D. F., Cemca, 2004, pp. 121-142.

    Massal J., 2005, Les mouvements indiens en Équateur, Paris, Karthala.

    ____, 2006, “El papel de los movimientos sociales en la consolidación democrática: reflexiones alrededor del caso ecuatoriano en perspectiva comparada”, Colombia Internacional, No. 63, Bogotá, Universidad de los Andes-Centro de Estudios Internacionales-Departamento de Ciencia Política, enero-junio, pp. 108-127.

    Ortiz S., 2004, Cotacachi: una apuesta por la democracia participativa, Quito, FLACSO.

    Presidencia de la República, 1994, Constitución política de Colombia 1991, Bogotá, Presidencia de la República.

    Recondo D., 2002, “État et coutumes electorales dans l’oaxaca. Réflexions sur les enjeux politiques du multiculturalisme”, Tesis de Ciencia Política, Universidad Montesquieu-Bordeaux iv.

    Santana R., 1992, Les Indiens d’Équateur, citoyens dans l’ethnicité ?, Toulouse, CNRS.

    Van Cott D. L. (ed.), 1995, Indigenous peoples and democracy in Latin America, Nueva York, San Martin’s Press.

    Viqueira J.P., Sonnleitner W. (coord.), 2000, Democracia en tierras indígenas: las elecciones en los Altos de Chiapas (1991-1998), México, CIE-SAS, Colegio de México, IFE.

    Notes de bas de page

    1 Para una visión de conjunto sobre el surgimiento de estas organizaciones indígenas de la “primera generación”, el contenido y el alcance de sus reivindicaciones y de manera más general un acercamiento al concepto de etnicidad e indianidad en América Latina, ver entre otros, Baud M., Koonings K., Oostindie G., Ouweneel Α., Silva P. (1996) ; Documento de la Segunda Reunión de Bárbados (1979); gral-ciela (1982); Gros (1993); Laurent (2005); Le Bot (1994); Massai (2005); Restrepo E. y Uribe M. (1997).

    2 Sobre este paso al escenario electoral, sus motivaciones y efectos, ver entre otros, Albo (2002 y 2003); Guerrero F. y Ospina P. (2003); Lacroix (2006b); Laurent (2005); León (2005); Massai (2005); Ortiz (2004); Recondo D. (2002); Santana (1992); Van Cott (1995 y 2003); Viqueira J. y Sonnleitner W. (2000).

    3 Más allá de algunos “discursos fundadores” (peticiones de las organizaciones indígenas o leyes implementadas desde el Estado) que se empeñan en proteger la llamada tradición, ésta se mueve por múltiples procesos de adaptación, apropiación, invención y reinvención (Hobsbawm y Ranger, 1983), mientras las comunidades son imaginadas (Anderson, 1983).

    4 Cuando hablo de movilización electoral indígena me refiero a las candidaturas, los programas, las estrategias, los discursos y los resultados, por una parte, de organizaciones reconocidas por los organismos electorales, que se reivindican como tales, aunque también agrupan a numerosos no indígenas entre sus filas, y, por otra parte, a algunas personalidades visibles identificadas en cuanto que indígenas independientemente de la naturaleza de las fuerzas políticas a las que pertenecen.

    5 Tomo prestados estos términos de Roberto Santana, quien los utiliza a propósito de los indígenas de Ecuador (Santana, 1992).

    6 La siguiente reflexión es fruto de una investigación en curso, adelantada desde el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA-Colombia), y constituye una versión ampliada de un artículo titulado “Populations indiennes et politico-électorales en Amérique Latine. Variations andines autour d’un phénomène continental”, en Transcontinentales, París, MSH, 2007, n° 4, en prensa. Los ejemplos citados descansan, para el caso colombiano, sobre un trabajo en terreno realizado entre 1994 y 2007 (recolección y análisis de datos electorales, observación participante, entrevistas, estudios de perfiles); para los demás países, sobre investigaciones de otros estudiosos del fenómeno de la movilización político-electoral indígena (ver bibliografía) y misiones cortas realizadas en Ecuador y Bolivia en noviembre de 2005.

    7 Según el Banco Mundial, la población indígena correspondería al 48% de los habitantes en Perú y el 62% en Bolivia ../(http:/web.worldbank.org). En el Ecuador, alcanzaría el 7% (citado en Massai J., Les mouvements indiens..., op. cit., p. 14) y en Colombia, menos del 2% (Arango y Sánchez, 1998). A propósito de la medición de la población indígena, es necesario hacer énfasis en que las cifras varían considerablemente en función de los
    criterios -objetivos o subjetivos- tomados en cuenta para su censo. Además, de la proporción de población indígena en relación con el total de habitantes -y la auto/hetero percepción de la indianidad- pueden mencionarse otras variables susceptibles de influir sobre las dinámicas sociales y políticas de las poblaciones indígenas: tales como el peso del Estado y el marco constitucional e institucional, el sistema político-electoral, así como la eventual existencia de organizaciones indígenas activas en el nivel local, regional y/o nacional, la naturaleza de sus relaciones entre sí y con sectores no indígenas de la sociedad.

    8 Para más detalle sobre estos procesos de reformas y el contenido de estas normas, ver entre otros Dabène (2000), Instituto Internacional de Gobernabilitat de Catalunya, op. cit., Lacroix L., (2006b), Laurent V., (2005), Massai, (2005), Guerrero y Ospina (2003).

    9 La validación oficial de la alteridad se ha extendido a otros grupos de la población: afrolatinoamericanos, rom y raizales, en el caso colombiano y mujeres. En años recientes, el tema de los derechos sociales de las mujeres y del respeto a la diversidad sexual también ha entrado en el debate público.

    10 A través de los artículos 171 y 176 está asegurada la presencia de –por lo menos– dos representantes de las comunidades indígenas en el Senado, uno en la Cámara. Para tener derecho a inscribirse en la circunscripción especial indígena, un candidato debe dar cuenta de su condición como autoridad tradicional o haber sido líder de una organización indígena; en otros términos, debe comprobar la existencia de lazos con el movimiento indígena y estar respaldado por él. Nada deja entender, sin embargo, que a un no indígena se le impida competir en esta circunscripción. Además, estos artículos no preven ninguna condición específica en cuanto al electorado: indígenas y no indígenas pueden votar por los candidatos que se presentan en la circunscripción especial.

    11 Para los casos colombiano y ecuatoriano, ver Laurent V., op. cit., Massal (2005) , Guerrero y Ospina (2003) .

    12 Sobre este punto, se puede subrayar que las organizaciones indígenas hacen alusión al ser indígena como categoría genérica, independientemente de los distintos orígenes étnicos de los candidatos y elegidos que agrupan en su seno (quichuas, aymarás, paeces, guambíanos, etcétera).

    13 Ver folletos de campaña electoral y plataformas de las opciones políticas indígenas, entre los cuales destacamos Alianza Social Indígena, Estatutos, Bogotá, Mimeo. s.f., Alianza Social Indígena, Perfil político y programa de la ASI, Bogotá, Mimeo., s.f..; Jacanamijoy B., Preserva tu cultura, revive la tradición, Bogotá, Mimeo., 1997; Bloque Social Alternativo (BSA), Todos en minga por el Cauca. Floro Alberto Tunubalá Gobernador, Mimeo, 2000; Consejo Andino de las Primeras Naciones, Felipe Quispe (www.pusinsuyu.com); Movimiento al Socialismo, Nuestros principios (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Diez puntos del programa del MAS (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Programa de gobierno (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Para vivir bien (www. masbolivia.org); Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Estatutos, El Corzo, Guachucal, Nariño, Mimeo., 15 de mayo de 1994; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Elementos para la construcción de una política indígena del Estado colombiano, Bogotá, Mimeo., s.f.; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, En minga por Silvia, Mimeo., 1997; Movimiento Indígena Colombiano (MIC), Estatutos del movimiento político Movimiento Indígena Colombiano MIC, Bogotá, Mimeo., s.f.; Movimiento Indígena Pachakuti (www.bolpress.com); Movimiento Indígena de Páez, En minga por Páez, Mimeo, 2000; Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, Propósitos y Principios (www.pachakutik.org.ec)

    14 Con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, fueron elegidos dos representantes indígenas: Francisco Rojas Birry, en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Lorenzo Muelas, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Sobre este episodio y el proceso de visibilización simbólica de la indianidad, ver Laurent (2002).

    15 El ojota es el gorro que usan los habitantes –indígenas, en su mayoría– de las tierras altas andinas; por extensión, este término designa también a estos últimos, de manera peyorativa. Como lo anota Xavier Albó, en las últimas décadas los ojotas han ganado terreno en el poder local. Ver Albó X., “Ojotas en el poder local. Cuatro años después”, Cuadernos de Investigación, No, 53, La Paz, CIPCA-HIS-BOL, 1999. A través de personajes como Alejandro Toledo y Evo Morales, se plantea -aunque en distintos grados- su acceso al poder en el nivel nacional.

    16 Ver, por ejemplo, Guerrero y Ospina (2003), Laurent V., “Indianité et mobilisations politico-électorales en Colombie. Quelle place pour la tradition dans un contexte de modernité ? ”, en: Amérique Latine, Histoire et Mémoire Les Cahiers ALHIM, Saint-Denis, Université Paris viii, 2007, pp. 123-148.

    17 Por el contrario, la intención de Felipe Quispe de encarnar una posición más específicamente indígena y tomas de posición más radicales en el marco del Movimiento Indígena Pachakutí (MIP), reveló sus límites al cabo de unos meses durante los cuales el líder del MIP aparecía como un potencial rival frente a Evo Morales. Ver Lacroix L., op. cit.

    18 Folletos de campaña electoral y plataformas de las opciones políticas indígenas (ver nota 23).

    19 En efecto, la UNORCAC está más bien cercana a la llamada Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN).

    20 En cuanto a la decisión de acudir a un indígena para que encabezara semejante coalición, seguramente tuvo que ver con la destacada trayectoria de este líder -quien, entre otros, fue senador de 1991 a 1994. Además, el anako con el cual se visten los indígenas guambíanos, hacía de Tunubalá un candidato particularmente visible y reconocible, pata encarnar un eslogan que, conocido como “En minga por el Cauca”, también hacía claramente referencia a lo indígena.

    21 Para dicha oportunidad, se reconciliaron dos “viejos rivales”: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), creado en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente sobre las bases de su predecesor a nivel regional, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente.

    22 Por el contrario, cabe recordar que la tentativa de dar vida a un movimiento aymara más radical (Movimiento Indígena Pachakuti, MIP, creado en el 2001) resultó un fracaso a pesar de que, durante algunos meses, su principal instigador, el Malku Felipe Quispe, había aparecido como un fuerte rival para Evo Morales. Ver Lacroix (2006). De manera más general, sobre las alianzas electorales indígenas/blancos/afros, ver, entre otros, Laurent (2005), Massal (2005).

    23 Al respecto, Laurent Lacroix hace referencia a la llamada Ley de Diálogo Nacional del año 2000, que contribuyó a frenar el proceso de descentralización.

    24 Sobre el contenido de los llamados Proyecto Global (Jambaló) y Proyecto Nasa (Toribío), ver respectivamente http://www.nasaacin.net/proyecto_glo-bal.htm y http://www.nasaacin.net/proyectos_vida.htm; sobre la relación entre autoridades tradicionales y nueva elite política indígena en Colombia, ver Laurent (2005).

    25 Con motivo de las elecciones parlamentarias de 2006, tres líderes indígenas de reconocida trayectoria y ex miembros de las organizaciones ASI y AICO, compitieron para Senado en nombre del Polo Alternativo (partido de oposición al gobierno de Álvaro Uribe), mientras una indígena arhuaca presentó su candidatura a través de Cambio Radical (favorable al presidente colombiano). Ninguno de estos candidatos llegó a ser elegido. Por el contrario, una candidata wayú también del Polo, saldrá elegida a la Cámara de Representantes, teniendo a otra wayú de la ASI entre sus competidoras.

    26 Comunicado Consejo Nacional Electoral disponible en: www.regis-traduria.gov.co

    27 Si bien ha contribuido a fortalecer el principio de “autogestión indígena”, en algunos casos, la transferencia de recursos públicos hacia municipios o territorios colectivos indígenas se ha quedado sin reglamentar; en otros, ha podido genetat rivalidades internas entte organizaciones y poblaciones indígenas, nuevas dependencias (tanto frente a la perspectiva de tecibir dineros como frente a autoridades que juegan un papel de ‘intermediarios’ (alcaldes, gobernadores de departamentos o demás ediles) y/o conflictos de competencias entre autoridades de índole nacional y comunitaria. Al respecto, ver Lacroix (2006b), Laurent (2005), León (2005), Massai (2005).

    28 Ver Camilieri C., “L’universation par l’interculturel” en: Raison Présente, No. 4-6, 1997, pp. 21-31; Jaccoud M., “Processus pénal et identitaire: le cas des
    Inuit du Nouveau-Québec” en: Sociologie et sociétés, vol. xxiv, No. 2, otoño 1992, pp. 25-43.

    29 Sólo entre los meses de abril de 2002 y octubre de 2003 se registraron 17 atentados (tomas y/o hostigamientos a la población civil) y 245 víctimas en el departamento del Cauca (El Espectador, 19.10.03 , 6 A ) . E n algunos casos - de nuevo en el Cauca - , los peligros a los que son sometidas las comunidades indígenas por parte de los actotes armados, las ha llevado a definir nuevas funciones para sus autoridades - tales como las de “guardias cívicas” activas en operaciones implementadas en municipios del notte del departamento pata proteger a la población después de varios ataques de la guerrilla en el 2002 y conocidas como mingas en resistencia. No obstante, el caso caucano es atípico en el nivel nacional; en muchas ottas regiones del país, el movimiento indígena deja entrever mayores debilidades tanto frente a los actores armados como frente a las herramientas del Estado.

    30 La imagen de una alianza de la izquierda latinoamericana encarnada por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales representa un símbolo fuerte al respecto: por una parte, refleja, en el ámbito internacional, afinidades que también existen en el nivel local, regional o nacional; por otra, demuestra hasta qué punto se convirtió en “preocupación continental” el hecho de afirmarse como indígena, representante de los indígenas y/o representante de un gobierno de los indígenas –o, por lo menos, cercano a los indígenas.

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    1 Para una visión de conjunto sobre el surgimiento de estas organizaciones indígenas de la “primera generación”, el contenido y el alcance de sus reivindicaciones y de manera más general un acercamiento al concepto de etnicidad e indianidad en América Latina, ver entre otros, Baud M., Koonings K., Oostindie G., Ouweneel Α., Silva P. (1996) ; Documento de la Segunda Reunión de Bárbados (1979); gral-ciela (1982); Gros (1993); Laurent (2005); Le Bot (1994); Massai (2005); Restrepo E. y Uribe M. (1997).

    2 Sobre este paso al escenario electoral, sus motivaciones y efectos, ver entre otros, Albo (2002 y 2003); Guerrero F. y Ospina P. (2003); Lacroix (2006b); Laurent (2005); León (2005); Massai (2005); Ortiz (2004); Recondo D. (2002); Santana (1992); Van Cott (1995 y 2003); Viqueira J. y Sonnleitner W. (2000).

    3 Más allá de algunos “discursos fundadores” (peticiones de las organizaciones indígenas o leyes implementadas desde el Estado) que se empeñan en proteger la llamada tradición, ésta se mueve por múltiples procesos de adaptación, apropiación, invención y reinvención (Hobsbawm y Ranger, 1983), mientras las comunidades son imaginadas (Anderson, 1983).

    4 Cuando hablo de movilización electoral indígena me refiero a las candidaturas, los programas, las estrategias, los discursos y los resultados, por una parte, de organizaciones reconocidas por los organismos electorales, que se reivindican como tales, aunque también agrupan a numerosos no indígenas entre sus filas, y, por otra parte, a algunas personalidades visibles identificadas en cuanto que indígenas independientemente de la naturaleza de las fuerzas políticas a las que pertenecen.

    5 Tomo prestados estos términos de Roberto Santana, quien los utiliza a propósito de los indígenas de Ecuador (Santana, 1992).

    6 La siguiente reflexión es fruto de una investigación en curso, adelantada desde el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA-Colombia), y constituye una versión ampliada de un artículo titulado “Populations indiennes et politico-électorales en Amérique Latine. Variations andines autour d’un phénomène continental”, en Transcontinentales, París, MSH, 2007, n° 4, en prensa. Los ejemplos citados descansan, para el caso colombiano, sobre un trabajo en terreno realizado entre 1994 y 2007 (recolección y análisis de datos electorales, observación participante, entrevistas, estudios de perfiles); para los demás países, sobre investigaciones de otros estudiosos del fenómeno de la movilización político-electoral indígena (ver bibliografía) y misiones cortas realizadas en Ecuador y Bolivia en noviembre de 2005.

    7 Según el Banco Mundial, la población indígena correspondería al 48% de los habitantes en Perú y el 62% en Bolivia ../(http:/web.worldbank.org). En el Ecuador, alcanzaría el 7% (citado en Massai J., Les mouvements indiens..., op. cit., p. 14) y en Colombia, menos del 2% (Arango y Sánchez, 1998). A propósito de la medición de la población indígena, es necesario hacer énfasis en que las cifras varían considerablemente en función de los
    criterios -objetivos o subjetivos- tomados en cuenta para su censo. Además, de la proporción de población indígena en relación con el total de habitantes -y la auto/hetero percepción de la indianidad- pueden mencionarse otras variables susceptibles de influir sobre las dinámicas sociales y políticas de las poblaciones indígenas: tales como el peso del Estado y el marco constitucional e institucional, el sistema político-electoral, así como la eventual existencia de organizaciones indígenas activas en el nivel local, regional y/o nacional, la naturaleza de sus relaciones entre sí y con sectores no indígenas de la sociedad.

    8 Para más detalle sobre estos procesos de reformas y el contenido de estas normas, ver entre otros Dabène (2000), Instituto Internacional de Gobernabilitat de Catalunya, op. cit., Lacroix L., (2006b), Laurent V., (2005), Massai, (2005), Guerrero y Ospina (2003).

    9 La validación oficial de la alteridad se ha extendido a otros grupos de la población: afrolatinoamericanos, rom y raizales, en el caso colombiano y mujeres. En años recientes, el tema de los derechos sociales de las mujeres y del respeto a la diversidad sexual también ha entrado en el debate público.

    10 A través de los artículos 171 y 176 está asegurada la presencia de –por lo menos– dos representantes de las comunidades indígenas en el Senado, uno en la Cámara. Para tener derecho a inscribirse en la circunscripción especial indígena, un candidato debe dar cuenta de su condición como autoridad tradicional o haber sido líder de una organización indígena; en otros términos, debe comprobar la existencia de lazos con el movimiento indígena y estar respaldado por él. Nada deja entender, sin embargo, que a un no indígena se le impida competir en esta circunscripción. Además, estos artículos no preven ninguna condición específica en cuanto al electorado: indígenas y no indígenas pueden votar por los candidatos que se presentan en la circunscripción especial.

    11 Para los casos colombiano y ecuatoriano, ver Laurent V., op. cit., Massal (2005) , Guerrero y Ospina (2003) .

    12 Sobre este punto, se puede subrayar que las organizaciones indígenas hacen alusión al ser indígena como categoría genérica, independientemente de los distintos orígenes étnicos de los candidatos y elegidos que agrupan en su seno (quichuas, aymarás, paeces, guambíanos, etcétera).

    13 Ver folletos de campaña electoral y plataformas de las opciones políticas indígenas, entre los cuales destacamos Alianza Social Indígena, Estatutos, Bogotá, Mimeo. s.f., Alianza Social Indígena, Perfil político y programa de la ASI, Bogotá, Mimeo., s.f..; Jacanamijoy B., Preserva tu cultura, revive la tradición, Bogotá, Mimeo., 1997; Bloque Social Alternativo (BSA), Todos en minga por el Cauca. Floro Alberto Tunubalá Gobernador, Mimeo, 2000; Consejo Andino de las Primeras Naciones, Felipe Quispe (www.pusinsuyu.com); Movimiento al Socialismo, Nuestros principios (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Diez puntos del programa del MAS (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Programa de gobierno (www.masbolivia.org); Movimiento al Socialismo, Para vivir bien (www. masbolivia.org); Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Estatutos, El Corzo, Guachucal, Nariño, Mimeo., 15 de mayo de 1994; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Elementos para la construcción de una política indígena del Estado colombiano, Bogotá, Mimeo., s.f.; Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, En minga por Silvia, Mimeo., 1997; Movimiento Indígena Colombiano (MIC), Estatutos del movimiento político Movimiento Indígena Colombiano MIC, Bogotá, Mimeo., s.f.; Movimiento Indígena Pachakuti (www.bolpress.com); Movimiento Indígena de Páez, En minga por Páez, Mimeo, 2000; Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, Propósitos y Principios (www.pachakutik.org.ec)

    14 Con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, fueron elegidos dos representantes indígenas: Francisco Rojas Birry, en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Lorenzo Muelas, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Sobre este episodio y el proceso de visibilización simbólica de la indianidad, ver Laurent (2002).

    15 El ojota es el gorro que usan los habitantes –indígenas, en su mayoría– de las tierras altas andinas; por extensión, este término designa también a estos últimos, de manera peyorativa. Como lo anota Xavier Albó, en las últimas décadas los ojotas han ganado terreno en el poder local. Ver Albó X., “Ojotas en el poder local. Cuatro años después”, Cuadernos de Investigación, No, 53, La Paz, CIPCA-HIS-BOL, 1999. A través de personajes como Alejandro Toledo y Evo Morales, se plantea -aunque en distintos grados- su acceso al poder en el nivel nacional.

    16 Ver, por ejemplo, Guerrero y Ospina (2003), Laurent V., “Indianité et mobilisations politico-électorales en Colombie. Quelle place pour la tradition dans un contexte de modernité ? ”, en: Amérique Latine, Histoire et Mémoire Les Cahiers ALHIM, Saint-Denis, Université Paris viii, 2007, pp. 123-148.

    17 Por el contrario, la intención de Felipe Quispe de encarnar una posición más específicamente indígena y tomas de posición más radicales en el marco del Movimiento Indígena Pachakutí (MIP), reveló sus límites al cabo de unos meses durante los cuales el líder del MIP aparecía como un potencial rival frente a Evo Morales. Ver Lacroix L., op. cit.

    18 Folletos de campaña electoral y plataformas de las opciones políticas indígenas (ver nota 23).

    19 En efecto, la UNORCAC está más bien cercana a la llamada Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN).

    20 En cuanto a la decisión de acudir a un indígena para que encabezara semejante coalición, seguramente tuvo que ver con la destacada trayectoria de este líder -quien, entre otros, fue senador de 1991 a 1994. Además, el anako con el cual se visten los indígenas guambíanos, hacía de Tunubalá un candidato particularmente visible y reconocible, pata encarnar un eslogan que, conocido como “En minga por el Cauca”, también hacía claramente referencia a lo indígena.

    21 Para dicha oportunidad, se reconciliaron dos “viejos rivales”: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), creado en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente sobre las bases de su predecesor a nivel regional, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente.

    22 Por el contrario, cabe recordar que la tentativa de dar vida a un movimiento aymara más radical (Movimiento Indígena Pachakuti, MIP, creado en el 2001) resultó un fracaso a pesar de que, durante algunos meses, su principal instigador, el Malku Felipe Quispe, había aparecido como un fuerte rival para Evo Morales. Ver Lacroix (2006). De manera más general, sobre las alianzas electorales indígenas/blancos/afros, ver, entre otros, Laurent (2005), Massal (2005).

    23 Al respecto, Laurent Lacroix hace referencia a la llamada Ley de Diálogo Nacional del año 2000, que contribuyó a frenar el proceso de descentralización.

    24 Sobre el contenido de los llamados Proyecto Global (Jambaló) y Proyecto Nasa (Toribío), ver respectivamente http://www.nasaacin.net/proyecto_glo-bal.htm y http://www.nasaacin.net/proyectos_vida.htm; sobre la relación entre autoridades tradicionales y nueva elite política indígena en Colombia, ver Laurent (2005).

    25 Con motivo de las elecciones parlamentarias de 2006, tres líderes indígenas de reconocida trayectoria y ex miembros de las organizaciones ASI y AICO, compitieron para Senado en nombre del Polo Alternativo (partido de oposición al gobierno de Álvaro Uribe), mientras una indígena arhuaca presentó su candidatura a través de Cambio Radical (favorable al presidente colombiano). Ninguno de estos candidatos llegó a ser elegido. Por el contrario, una candidata wayú también del Polo, saldrá elegida a la Cámara de Representantes, teniendo a otra wayú de la ASI entre sus competidoras.

    26 Comunicado Consejo Nacional Electoral disponible en: www.regis-traduria.gov.co

    27 Si bien ha contribuido a fortalecer el principio de “autogestión indígena”, en algunos casos, la transferencia de recursos públicos hacia municipios o territorios colectivos indígenas se ha quedado sin reglamentar; en otros, ha podido genetat rivalidades internas entte organizaciones y poblaciones indígenas, nuevas dependencias (tanto frente a la perspectiva de tecibir dineros como frente a autoridades que juegan un papel de ‘intermediarios’ (alcaldes, gobernadores de departamentos o demás ediles) y/o conflictos de competencias entre autoridades de índole nacional y comunitaria. Al respecto, ver Lacroix (2006b), Laurent (2005), León (2005), Massai (2005).

    28 Ver Camilieri C., “L’universation par l’interculturel” en: Raison Présente, No. 4-6, 1997, pp. 21-31; Jaccoud M., “Processus pénal et identitaire: le cas des
    Inuit du Nouveau-Québec” en: Sociologie et sociétés, vol. xxiv, No. 2, otoño 1992, pp. 25-43.

    29 Sólo entre los meses de abril de 2002 y octubre de 2003 se registraron 17 atentados (tomas y/o hostigamientos a la población civil) y 245 víctimas en el departamento del Cauca (El Espectador, 19.10.03 , 6 A ) . E n algunos casos - de nuevo en el Cauca - , los peligros a los que son sometidas las comunidades indígenas por parte de los actotes armados, las ha llevado a definir nuevas funciones para sus autoridades - tales como las de “guardias cívicas” activas en operaciones implementadas en municipios del notte del departamento pata proteger a la población después de varios ataques de la guerrilla en el 2002 y conocidas como mingas en resistencia. No obstante, el caso caucano es atípico en el nivel nacional; en muchas ottas regiones del país, el movimiento indígena deja entrever mayores debilidades tanto frente a los actores armados como frente a las herramientas del Estado.

    30 La imagen de una alianza de la izquierda latinoamericana encarnada por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales representa un símbolo fuerte al respecto: por una parte, refleja, en el ámbito internacional, afinidades que también existen en el nivel local, regional o nacional; por otra, demuestra hasta qué punto se convirtió en “preocupación continental” el hecho de afirmarse como indígena, representante de los indígenas y/o representante de un gobierno de los indígenas –o, por lo menos, cercano a los indígenas.

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    • Laurent, Virginie. (2016) Élite(s) eindianidaden Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo. Colombia Internacional. DOI: 10.7440/colombiaint87.2016.06

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    • Laurent, Virginie. (2016) Élite(s) eindianidaden Colombia: retos de democracia en contexto de multiculturalismo. Colombia Internacional. DOI: 10.7440/colombiaint87.2016.06
    • Chilito, Eduardo Andrés. (2018) Poblaciones indígenas y elecciones locales en cuatro municipios del Departamento del Cauca 2003-2015. Colombia Internacional. DOI: 10.7440/colombiaint94.2018.06

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    Laurent, V. (2008). Entre la participación y la representación: retos y dilemas de la movilización indígena en Colombia y la zona andina. In J. Massal (éd.), ¿Representación o participación? (1‑). Institut français d’études andines. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5839
    Laurent, Virginie. « Entre la participación y la representación: retos y dilemas de la movilización indígena en Colombia y la zona andina ». In ¿Representación o participación?, édité par Julie Massal. Lima: Institut français d’études andines, 2008. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5839.
    Laurent, Virginie. « Entre la participación y la representación: retos y dilemas de la movilización indígena en Colombia y la zona andina ». ¿Representación o participación?, édité par Julie Massal, Institut français d’études andines, 2008, https://doi.org/10.4000/books.ifea.5839.

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    Massal, J. (éd.). (2008). ¿Representación o participación? (1‑). Institut français d’études andines, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5833
    Massal, Julie, éd. ¿Representación o participación?. Lima: Institut français d’études andines, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales, 2008. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5833.
    Massal, Julie, éditeur. ¿Representación o participación?. Institut français d’études andines, Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales, 2008, https://doi.org/10.4000/books.ifea.5833.
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