• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 16381 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 16381 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Institut français d’études andines
  • ›
  • Travaux de l'IFEA
  • ›
  • Yasuní en el siglo XXI
  • ›
  • Capítulo 2. Problemas de la cooperación ...
  • Institut français d’études andines
  • Institut français d’études andines
    Institut français d’études andines
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Introducción La reserva de biosfera como espacio de gobernanza ambiental deficiente El comité de gestión como instrumento de la gobernanza ambiental El movimiento ecologista y la política petrolera en el Ecuador Incidencia del conflicto por el bloque 31 sobre el proceso de cooperación institucional Conclusión Notes de bas de page Auteur

    Yasuní en el siglo XXI

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Capítulo 2. Problemas de la cooperación institucional: el caso del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní

    Guillaume Fontaine

    p. 75-127

    Texte intégral Introducción La reserva de biosfera como espacio de gobernanza ambiental deficiente El parque Yasuní y la “estrategia de Sevilla” El teatro de la esquizofrenia La gobernanza deficiente en la reserva de biosfera Yasuní El comité de gestión como instrumento de la gobernanza ambiental Enfoques participativo y deliberativo en la fase de creación Enfoque tecnocrático en la fase de instrumentalización Crisis y redefinición de roles El movimiento ecologista y la política petrolera en el Ecuador La radicalización con la lucha antipetrolera De conflictos ambientales a conflictos sociales Incidencia del conflicto por el bloque 31 sobre el proceso de cooperación institucional Las dimensiones sociales y políticas El proceso de licenciamiento ambiental La vía del conflicto Conclusión Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Introducción

    1El parque nacional Yasuní es comúnmente considerado como parte de las “joyas de la corona”, entre las 34 áreas del sistema nacional de áreas protegidas ecuatoriano, “por su biodiversidad, su herencia cultural, y por poseer un paisaje silvestre en gran parte intacto” (Varios autores 2004). Es parte de una de las tres reservas de biosfera que cuenta el país (junto con las islas Galápagos y el Gran Sumaco), reconocido por lo tanto por el programa “El hombre y la biosfera” de la organización de las Naciones Unidas para la ciencia y la cultura (UNESCO). En realidad, desde su creación, en 19791, este parque fue administrado con escasos recursos y padeció la fragilidad institucional de las autoridades de tutela (Cf. Anexo 1).

    2Si bien es cierto no faltaron propuestas de administración, difícilmente pudieron ser aplicadas, en parte por la insuficiente articulación con los actores locales — no sólo las comunidades y organizaciones indígenas, sino también las empresas petroleras que operan en el área — y en parte por la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos. Cierto es que figura en el cuarto lugar (detrás de los parques nacionales Machalilla y Sumaco y la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas) del inventario de bienes, infraestructura y equipos actualizados del sistema de áreas protegidas realizado en 2001, con un patrimonio de 120.079 USD. No obstante, es el área que dispone del equipo técnico más reducido y con la menor inversión en gastos corrientes, en relación con la superficie del parque (81.833 has / técnico y 9 centavos de dólar / ha), detrás de la reserva de producción faunística Cuyabeno. Por otro lado, la línea base de gastos corrientes apenas representa 88.130 USD, cuando se estiman las necesidades financieras anuales (gastos corrientes e inversión anualizada) entre 348.434 USD (escenario básico) y 699.681 USD (escenario integral).2

    3En este contexto, la creación del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní (en 2001) obedece a una voluntad de dar paso a un nuevo tipo de cooperación institucional. La aparición de este nuevo instrumento de política ambiental lleva lógicamente a plantear una serie de problemáticas que atañen a su carácter novedoso, la originalidad de su funcionamiento, sus alcances y límites, etc. ¿De qué manera aquel comité de gestión pretende responder a los problemas de gobernanza ambiental en el Yasuní? ¿En qué medida ilustra las dificultades de la sociedad civil ecuatoriana en incidir en la gobernanza ambiental? ¿Cuáles son los obstáculos internos y externos a su funcionamiento? ¿Cómo se enfrentó el problema de la multiplicidad de actores representados en su seno? ¿Cómo concilia esta multiplicidad de actores presentes con las necesidades operativas de la gestión ambiental en el parque Yasuní?

    4Para contestar estas problemáticas, veremos en una primera parte cómo la creación del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní se inserta en una estrategia de conservación global. Empezaremos definiendo la reserva de biosfera Yasuní como un espacio de gobernanza ambiental deficiente, caracterizado por las contradicciones entre conservación y explotación petrolera. Estas contradicciones chocan con los principios normativos del programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO. Luego distinguiremos tres etapas en el funcionamiento del comité de gestión: una fase de creación e implementación de mecanismos participativos para identificar los problemas en la gestión del parque; una fase de instrumentalización y reorganización en la cual se desarrolla un proceso de negociación con el poderoso sector petrolero para elaborar una estrategia de financiamiento de la conservación del parque; y una fase de crisis provocada en gran parte por el conflicto entre el movimiento ecologista y la empresa más involucrada en aquella negociación, Petrobras, operadora del bloque 31 en el parque.

    5En una segunda parte, veremos cómo los conflictos ambientales relacionados con el petróleo inciden sobre el proceso de cooperación institucional encarnado por la figura del comité de gestión. Empezaremos analizando las relaciones entre el movimiento ecologista y el sistema de gobernanza ambiental. Estas relaciones se caracterizan por una multiplicación de organizaciones no gubernamentales desde la década de los años ochenta, algunas de las cuales contribuyeron a radicalizar el movimiento ecologista a través de la lucha contra las actividades petroleras en la región amazónica. Luego, nos detendremos en particular en el conflicto alrededor de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente en 2004 para la explotación del bloque 31. No cabe duda de que este conflicto no es el primero ni el más grave entre los que surgieron desde la licitación del bloque 16 en el parque Yasuní, en 1986. Sin embargo, su análisis detenido se justifica aquí, por el hecho de que incidió directamente en el proceso de cooperación institucional materializado en el comité de gestión de la reserva de biosfera. Tras ubicar el contexto social y político de este conflicto, resumiremos las principales etapas del proceso de licenciamiento y evidenciaremos las contradicciones en la acción de este Ministerio, especialmente en relación con la eventual construcción de infraestructuras dentro del parque.

    La reserva de biosfera como espacio de gobernanza ambiental deficiente

    El parque Yasuní y la “estrategia de Sevilla”

    6Casi diez años después de la creación del parque nacional Yasuní, el Estado ecuatoriano solicitó a la UNESCO inscribir a esta área protegida en el programa “El hombre y la biosfera”. Así es como se creó la reserva de biosfera Yasuní, el 25 de mayo de 1989, abarcando, además del parque, el territorio huao y una zona de amortiguamiento circundante de 10 km. de ancho. Como tal, esta reserva forma parte de una red de 480 sitios en el mundo, y debe contribuir a:

    […] combinar el conocimiento científico con modalidades de gobernanza para: Reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida, elevar las condiciones sociales, económicas y culturales, necesarias para un medio ambiente sostenible. Contribuyendo de esta manera a los Objetivos de Desarrollo del Millenio (ODM), en particular el Objetivo 7 sobre sostenibilidad del medio ambiente.
    (UNESCO 2006: 3)

    7El programa “El hombre y la biosfera” fue lanzado en 1970 para coadyuvar a la preservación de la diversidad biológica y el uso de los recursos naturales. En 1974, un grupo de trabajo de este programa elaboró el concepto de reserva de biosfera, definido como zonas de ecosistemas terrestres o costeros y marinos, o una combinación de los mismos, que cumplen tres funciones: la conservación de los recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes, el desarrollo económico y humano sostenible y el apoyo logístico para acrividades de investigación, educación, formación y observación permanente (UNESCO 2006: 3). Las reservas de biosfera son regidas por la legislación internacional “blanda” y los programas internacionales, como la Declaración de Estocolmo (1972), la Carta mundial para la naturaleza (1982), el Informe Brundtland (1987), la Declaración de Rio y la Agenda XXI (1992), el borrador de la Convención internacional sobre medio ambiente y desarrollo elaborado por la Unión mundial para la conservación de la naturaleza (UICN) (en 1995), y aún la Declaración del milenio (2000) (Jeffrey 2004: 14-16).

    8Si bien es cierto, la política ambiental sigue siendo del dominio exclusivo del Estado nacional, la gobernanza ambiental responde cada vez más a preocupaciones y procesos de toma de decisiones globales, aunque estos no sean necesariamente vinculantes. Por lo tanto, los Estados nacionales firmantes de aquellos documentos y miembros de programas del “régimen internacional ambiental” son cada vez más responsables ante la comunidad global:

    […] many of these principles in the current state of the development of international environmental law will have a persuasive moral influence on the approach to environmental issues and good governance […] Increasingly governments, managers and other stakeholders will need to have regard to these emerging principles of international environmental law. Considerable discretion and flexibility will, nevertheless, remain with the States in their national implementation of protected area governance.
    (Jeffery 2004:32)

    9En teoría, las reservas de biosferas se dividen en tres zonas: un núcleo (o varios), una zona de amortiguamiento y otra de transición flexible (o área de cooperación). Para que esta zonificación coadyuve al desarrollo sostenible, la UNESCO recomienda que las actividades humanas que ahí se desarrollan sean compatibles con la preservación de la biodiversidad. Así es como en la zona de transición se contemplan actividades agrícolas “y otros usos”, donde todos los actores presentes “trabajen conjuntamente en la administración y el desarrollo sostenible de los recursos de la zona”. En la zona de amortiguamiento se contemplan “actividades cooperativas compatibles con prácticas económicas racionales”, como la educación, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada. Por último, en las zonas núcleo tan sólo se prevee realizar actividades de investigación y educación, que no alteren los ecosistemas (UNESCO 1996: 3).

    10No se menciona si las actividades extractivas — como la explotación petrolera — son compatibles con estas recomendaciones, pero si nos referimos a la taxonomía de la UICN, que es asumida por el programa “El hombre y la biosfera”, no cabe duda de que aquellas actividades chocan directamente con el concepto de sostenibilidad y de conservación. Sin embargo, persiste una incertidumbre en cuanto a la definición de los “otros usos” por parte de los actores locales y las autoridades de tutela. Ahora bien, en el caso de la reserva de biosfera Yasuní, estas actividades son el origen de muchos conflictos y en cierta medida ello explica los alcances limitados que se han logrado en la administración del área.

    11Un primer congreso internacional sobre las reservas de biosferas fue organizado conjuntamente con el PNUMA (programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente) en Minsk, en 1983. Este evento preparó el plan de acción oficialmente aprobado por la UNESCO el año siguien te. Sin embargo, tan sólo fue en 1993, tras la adopción del Convenio sobre la diversidad biológica firmado en la cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, junio de 1992), que el concepto de reserva de biosfera empezó a articularse con las estrategias de conservación al nivel mundial. En este contexto, se convocó un nuevo congreso en Sevilla en 1995, para evaluar la eficacia del plan de acción elaborado en Minsk. De esta reunión salió la “Estrategia de Sevilla” (aprobada en la 13a reunión del Consejo internacional de coordinación del programa sobre el hombre y la biosfera), que orienta hasta la fecha las acciones de la red mundial de reservas de biosferas.

    12Entre las diez directrices que rigen esta estrategia (Cf. Anexo 5), algunas son de índole teleológica. Así es como la 5a directriz recuerda la necesidad de que las reservas de biosferas contribuyan a la conservación, el desarrollo sostenible y el conocimiento científico. La 4a recomienda intensificar la investigación científica y la enseñanza. La 10a insiste en que deben servir a ampliar el conocimiento sobre las relaciones entre el hombre y el medio ambiente.

    13En cambio, otras traducen una voluntad de “operativizar” el concepto de reserva de biosfera. Se recomienda en particular fortalecer la contribución de aquellas reservas a la aplicación de acuerdos internacionales, que fomentan la conservación y el desarrollo sostenible, y fortalecer redes regionales. Por otro lado, se propone ampliar y diversificar las reservas hasta incluir zonas urbanas, así como “extender las zonas de transición a áreas suficientemente vastas para favorecer la gestión de los ecosistemas” (UNESCO 1996: 6).

    14Las directrices 7, 8 y 9 son de particular interés para el caso de la reserva de biosfera Yasuní, puesto que ponen énfasis en la articulación entre conservación y actividades humanas. Se recomienda en la 7a dar mayor importancia a los conocimientos ancestrales y a los recursos genéticos. En la 8a, se recomienda fomentar pactos entre las comunidades locales y la sociedad en su conjunto. Finalmente, la 9a invita a agrupar a todos los actores y sectores interesados en una tarea común que permita promover las reservas de biosferas.

    15Uno de los objetivos principales de la “Estrategia de Sevilla” es utilizar las reservas de biosfera como “modelo en la ordenación del territorio y lugares de experimentación del desarrollo sostenible”. Para su consecución, la UNESCO recomienda entre otras cosas incluir zonas y usos autóctonos de la diversidad biológica y donde haya una interacción especialmente crítica entre la población y el medio ambiente. Por otro lado, invita a definir y fomentar actividades compatibles con la conservación, así como a “establecer medios para determinar las incompatibilidades entre las funciones de conservación y de uso sostenible de las reservas de biosfera”, buscando un equilibrio entre ambas funciones (UNESCO 1996: 8-9).

    16Por último, para aplicar el concepto de reserva de biosfera, se recomienda elaborar una política o un plan de administración operacional, estimular iniciativas del sector privado “tendentes a establecer o mantener empresas sostenibles”, elaborar y revisar estrategias nacionales y planes de acción, organizar mecanismos de intercambio de información. Al nivel de las reservas, la UNESCO sugiere explícitamente: “Si fuese necesario para preservar la zona núcleo, definir nuevamente, con criterios de desarrollo sostenible, las zonas tampón y de transición” (UNESCO 1996: 12).

    17Conforme el marco estatutario de la red mundial de reservas de biosfera, la situación de la reserva de biosfera Yasuní debía ser revisada en 1999, sobre la base de un informe preparado por el Ministerio del Ambiente y sometido al Comité consultivo sobre reservas de biosfera, luego al Comité internacional de coordinación del Programa sobre el hombre y la biosfera. Ahora bien, aunque este informe no sea disponible, al parecer, ni en la UNESCO ni en el Ministerio del Ambiente del Ecuador, sabemos que esta evaluación sí se hizo, aunque no desembocó en una redefinición de la reserva de biosfera creada en 1989. En este sentido, quedan pendientes algunas preguntas clave en torno a la sostenibilidad de las actividades practicadas en nuestra área de estudio.

    18Según el presidente del Comité ecuatoriano de reservas de biosfera (y funcionario de la empresa estatal Petroecuador),

    La crisis que en todos las órdenes [sic.], principalmente el económico, ha sufrido el Ecuador, ha postergado en alguna medida que la filosofía que entraña la Estrategia de Sevilla, respecto a las reservas de la biosfera, haya sido puesta en práctica en toda su magnitud y menos aún en todo el país.
    (Torres Espinosa 2001: 160)

    19Sin embargo, la coyuntura de crisis financiera y política que marcó el cambio de siglo para el Ecuador no constituye un factor explicativo satisfactorio de las deficiencias de la gobernanza ambiental. En realidad, si los avances de la estrategia de Sevilla quedaron limitados en el caso del Yasuní, ello se debe en gran parte a la agenda petrolera de los gobiernos de turno, desde mucho antes de la crisis de 1999-2000 e, incluso, antes de la creación de esta reserva de biosfera. Desde su creación, el parque — y a fortiori la reserva de biosfera — se volvió el teatro de la esquizofrenia del Estado, que pretende conservar las áreas protegidas en la superficie, pero intensifica al mismo tiempo la explotación del subsuelo por el petróleo.

    El teatro de la esquizofrenia

    20Como bien se sabe, en 1979, año de la creación del parque nacional Yasuní se finalizó la construcción de las vías Auca y Yuca, que se convirtieron de pronto en ejes de penetración para la colonización de la región amazónica ecuatoriana. En 1983 se legalizó el territorio huao en una extensión de 66.570 has, incluyendo el protectorado de Tihueno, creado por el Instituto lingüístico de verano entre 1968 y 1973. En esta zona, se habían realizado obras de exploración sísmica para el consorcio Texaco-CEPE, en 1976, cuando recién la Dirección general de desarrollo forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería estaba elaborando una “Estrategia preliminar para la conservación de áreas sobresalientes del Ecuador” y recomendó la creación de un sistema de conservación incluyendo diez áreas - entre las cuales- estaba el parque Yasuní.

    21Es más, entre 1985 y 1987, se adjudicaron sucesivamente los bloques 15, 16, l4 y 17 a consorcios petroleros, en un área comprendida entre los ríos Napo y Curaray. Una vez reducida la superficie del parque Yasuní a 544.730 has3, quedaron fuera del área protegida los bloques 16 y 17. Sin embargo, la nueva ampliación a 982.000 has4 no impidió la construcción de la vía Maxus entre los ríos Napo y Tiputini (entre 1993 y 1994), que se convirtió a su vez en foco de colonización interna para algunas familias huaorani. Tampoco impidió la adjudicación del bloque 31 al sur del Tiputini (en 1996), ni la finalización de las campañas de exploración sísmica por Petroecuador, en los campos Ishpingo Tiputini y Tambococha (ITT), hasta 2001. Si bien es cierto, el territorio legal de los huaorani — ampliado a 679.000 has en 19905 — coincide con lo que se considera como la “zona de amortiguamiento” de la reserva de biosfera Yasuní, en buena parte los bloques petrolíferos se ubican dentro del parque nacional.

    22Ello implica, entre otras cosas, que el parque en su totalidad no puede considerarse como la zona núcleo de la reserva, según los criterios de la UNESCO. Esta situación paradójica implica que las actividades petroleras se articulen con la conservación de la biodiversidad y sean compatibles con el uso sostenible de los recursos naturales de la zona (primer escenario). Caso contrario, la delimitación de la reserva de biosfera Yasuní debería ser revisada o se debería prohibir, una vez para siempre, aquellas actividades — y por lo tanto, cancelar los contratos vigentes para esos bloques (segundo escenario).

    23Según la lógica de acción y los intereses defendidos por unos actores u otros, se privilegia uno de estos escenarios. La lógica del movimiento ecologista — con sus diversas expresiones — ha sido a favor del segundo escenario. Este movimiento es el principal protagonista de los conflictos ambientales vinculados con el petróleo en la Amazonia ecuatoriana, desde finales de los años ochenta. Así es como varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han impulsado acciones legales en contra del Estado y las empresas petroleras, apoyadas oportunadamente por campañas de prensa y movilizaciones colectivas de distinto grado y ámbito geográfico.

    24La lógica de acción de las comunidades y organizaciones indígenas del área es dual. Si bien es cierto persiguen la defensa de un estilo de vida vinculado con un territorio, su historia oscila entre los dos escenarios. Algunos se aliaron con el movimiento ecologista o defienden una opción excluyente de la actividad petrolera en el parque Yasuní. Ese es el caso, por ejemplo, de Moi Enomenga, figura carismática del conflicto entre los huaorani y las empresas petroleras, apoyado en particular por Acción ecológica (Ziegler-Otero 2004).

    25Por su lado, las comunidades quichua asentadas en el área de influencia del parque han seguido su propia dinámica de ocupación territorial, llegando muy recientemente a un acuerdo formal de cooperación con el Ministerio del Ambiente6. Por último, en función de la coyuntura y de la dirigencia de turno, la FCUNAE (Federación de comunas y unión de nativos de la Amazonia ecuatoriana) y la ONHAE (Organización de la nacionalidad huaorani de la Amazonia ecuatoriana) oscilan entre una táctica de colaboración con las empresas y la oposición a su presencia en el área.

    26El Estado ecuatoriano ha optado tradicionalmente a favor del primer escenario, puesto que hasta la fecha no se ha planteado la redelimitación del parque nacional, ni de la reserva de biosfera, mientras la ampliación de la frontera extractiva ha sido continua. Excepcionalmente, se optó por el segundo, con la supresión del bloque 32 del catastro petrolero7, junto con la creación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane en un área de 700.000 has. entre los ríos Yasuní y Pastaza8, y ello con serias limitaciones como la demora en establecer los límites legales de esta zona. En efecto, la delimitación final de la zona Tagaeri-Taromenane será establecida ocho años después, en un área de 758.000 has.9 Por otro lado, en junio de 2007, el presidente Rafael Correa apoyó la propuesta del entonces ministro de Energía, Alberto Acosta, de postergar la explotación de los campos ITT siempre y cuando el país consiguiera captar 350 milliones de dólares por año por parte de la comunidad internacional, para mantener el petróleo in situ.10

    27Así mismo, las empresas que operan en esta zona abogan por el primer escenario, con resultados y énfasis variables según el momento y las empresas. En muchos casos, ellas han encontrado el apoyo de comunidades indígenas locales, lo cual repercute hasta la actualidad en la lógica de acción del movimiento indígena amazónico. Desde 1986, las empresas estadounidenses Conoco y Maxus, diseñaron una estrategia original de relaciones comunitarias con los huaorani en el bloque 16, asumida luego por la empresa hispano-argentina Repsol-YPF, acompañada por una comunicación muy agresiva en torno al manejo de tecnologías de punta para la mitigación de los impactos ambientales (Narváez 1996). Así mismo, Occidental elaboró un “Código de conducta” con las comunidades secoya asentadas en la parte norte del bloque 15, desarrolló un plan de relaciones comunitarias con la comuna quichua El Edén (en las riveras del Napo) y limitó al mínimo sus actividades en el parque Yasuní (en la parte sur del bloque 15). En el bloque 17, la empresa canadiense Encana elaboró una estrategia similar, bajo el lema de “responsabilidad corporativa” (Benalcázar 2006).

    28En la actualidad, la empresa brasileña Petrobras está implementando acciones de la misma índole, con las comunidades quichua y huaorani del área de influencia del bloque 31, y afirma aplicar los estándares ambientales más altos, en la explotación de este área.

    La gobernanza deficiente en la reserva de biosfera Yasuní

    29Estas lógicas pretenden romper con las prácticas de Texaco y CEPE en las décadas de los años setenta y ochenta, que corresponden a un tercer escenario: la explotación indiscriminada del petróleo, donde sea que se encuentre, sin preocupación por los impactos ambientales y sociales que genere. Este escenario coincidió con el periodo de gestión de la SUFOREN (Subsecretaría forestal y de recursos naturales) (1979-1992), en el cual se abrió la primera oficina del parque en Nuevo Rocafuerte (luego transferida a Puerto Francisco de Orellana) y se construyeron tres guardianías – en la laguna de Jatuncocha (de pronto destruida por falta de mantenimiento), luego en las comunidades de Añangu y El Yuca-Taracoa.

    30En julio de 1989, se presentó un “Plan emergente de manejo del parque nacional Yasuní y reserva de biosfera”, elaborado por Flavio Coello, director de áreas naturales de la SUFOREN, y James Nations, coordinador de TNC (The nature conservancy) (Coello y Nations 1989). Este último proponía ampliar el parque a 1 millón de has con la siguiente zonifi-cación: una zona de recuperación (uso industrial) o de uso especial en la parte que coincide con los bloques petrolíferos (≃ 54% del área ampliada); una zona vedada a toda actividad humana (≃ 24% del área); una zona turística incluyendo los asentamientos huaorani (≃ 12% del área); una zona restringida a la actividad científica (≃ 10%). En la zona de amortiguamiento circundante, se ubicarían los asentamientos poblacionales.

    31Aunque este plan fue aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el consejo del programa “El hombre y la biosfera” de la UNESCO en el Ecuador, no contó con la participación ni el respaldo de las poblaciones locales (Villaverde et al, 2005: 251-253). Además, fue muy criticado por la mayoría de los ecologistas, pues al parecer ratificaba la presencia de las actividades petroleras, mientras se llevaba a cabo la campaña “Amazonia por la vida” que perseguía precisamente contrarrestarla. Finalmente, quedó en letra muerta con la modificación del parque en 1990.

    32En el periodo de gestión del INEFAN (1993-1999), varios proyectos se sucedieron para apoyar a la gestión del parque a distintos niveles: el proyecto Subir-Care-USAID (1992-1994), el proyecto GEF (1996-1999), el proyecto Yasuní-FEPP-Embajada de los Países Bajos (1996-2002) y el proyecto Petramaz-Unión Europea (1997-2000). Del proyecto Petramaz salió una nueva propuesta de zonificación de la reserva de biosfera Yasuní, presentada en diciembre de 1999. Esta zonificación revisó la propuesta de la SUFOREN y TNC, con una zona núcleo de 634.000 has (incluida la reserva natural estricta Cononaco y la zona intangible Tagaeri), zonas asociadas al núcleo de 557.500 has (incluida la reserva natural estricta Curaray-Pintoyacu, la zona de naturaleza salvaje Tivacuno, la zona especial Nashiño y el parque nacional Tiputini-Jatun Cocha), zonas de amortiguamiento de 464.500 has (incluido el paisaje protegido Tiputini y las reservas de recursos Curaray, Bameno y huaorani) y una zona de transición de 614.000 has (incluidas las zonas de uso racional del río Napo y la vía Auca).

    33Cabe destacar por su importancia el “Plan maestro para la prorección de la biodiversidad mediante el fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas”, financiado por el GEF en el mismo periodo. Este último constituyó un paso importante para la administración de la zona y preparó la aprobación del “Plan de manejo estratégico del parque nacional Yasuní” por el Ministerio del Medio Ambiente11, que algunos criticaron por la falta de articulación entre sus componentes, así como la ausencia de análisis a profundidad del componente social y de escenarios que desemboquen en situaciones concretas, en particular en relación con la actividad petrolera (Villaverde et al, 2005: 259-263).

    34Este voluminoso documento (siete tomos) comprende tres partes: un diagnóstico de la biodiversidad, un diagnóstico social y económico y un plan de manejo (Ministerio del Medio Ambiente 1999). Propone una nueva zonificación de la reserva de biosfera, con una zona intangible (al sur), una zona de uso restringido (en los sectores Yasuní y Tiputini-Tivacuno, donde se superponen los bloques 14, 16, 31 y 20), una zona de uso regulado (sectores Tiputini-Jatun Cocha y Curaray, donde se superponen los bloques 14, 31 y 20), una zona de uso extensivo (sectores Napo-Tiputini y Llanchama, donde se superponen los bloques 14 y 15) y una zona de transición (perímetro exterior del parque, donde se ubican comunidades quichua del bajo Napo y del Curaray, el territorio de los huaorani, los asentamientos campesinos del Noroccidente y la parroquia Nuevo Rocafuerte). Contempla, además, la formación de un comité interinstitucional de manejo de la reserva de biosfera Yasuní y un ente de asesoría técnica integrado por las dos estaciones científicas del área. Se estima el presupuesto total para la implementación de este plan a 2,44 millones de dólares (0,5 millón / año), con 32 técnicos, siete guardianías y una oficina de apoyo en Nuevo Rocafuerte.

    35Al fin y al cabo, pese a los intentos de convertir en medidas concretas los planteamientos de la “estrategia de Sevilla”, la gestión del parque Yasuní y de su zona de amortiguamiento obedece a una lógica de acción burocrática cuyas limitaciones se manifiestan en la falta de avances en el plan de manejo del parque. Esta aproximación no permite enfrentar los principales retos de la conservación en el área de estudio, en particular en lo que atañe a la superposición parcial de bloques petrolíferos con la zona núcleo de la reserva de biosfera. Ante esta constatación, la creación del comité de gestión de la reserva de biosfera, en 2001, constituye un intento original de pasar a una concepción más participativa de la gobernanza ambiental.

    El comité de gestión como instrumento de la gobernanza ambiental

    36En el funcionamiento del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní, se pueden identificar tres fases: una fase de creación e implementación (de enero de 2001 a noviembre de 2003), una fase de instrumentalización (de noviembre de 2003 a agosto de 2004) y una fase de redefinición de roles (de agosto de 2004 a agosto de 2006).12

    Enfoques participativo y deliberativo en la fase de creación

    37El objetivo principal del comité es fortalecer las capacidades locales para el manejo participativo del parque, con el apoyo de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio, a través de la generación de información e investigaciones científicas, el diálogo entre los actores y la institucionalización de la base social. Sus funciones consisten en cooperar con el Ministerio en la conservación y el manejo del parque y su zona de amortiguamiento, participar en la definición de la política ambiental, hacer un seguimiento y una evaluación de los proyectos de conservación, velar por la integridad del parque, denunciar las infracciones y los delitos, así como armonizar los objetivos de conservación y desarrollo local. Para ello, cuenta con el apoyo de un grupo asesor técnico, que tiene que presentarle líneas de acción prioritaria y ofrecer capacitación y asistencia técnica para fortalecerlo.13

    38La fase de creación y planificación de este comité es marcada por tres encuentros de concertación y un ciclo de reuniones del directorio provisional del comité de gestión y un grupo asesor técnico pata la reserva de biosfera Yasuní, que empiezan a enfrentar los problemas del parque en relación con las actividades petroleras y la tenencia de la tierra.

    39El inicio de esta fase puede ubicarse en el “primer taller de concertación interinstitucional para la reserva de biosfera Yasuní”, realizado en Puerto Francisco de Orellana del 16 al 19 de enero de 2001. En esta reunión, participan 85 representantes de 25 instituciones, que acuerdan proceder a la recopilación inicial del Estado del conocimiento sobre el parque Yasuní, la caracterización de los actores locales y la identificación de las principales amenazas a la conservación en este área. El evento marca un hito en la cooperación institucional para la conservación del parque Yasuní, en la medida en que los participantes reconocen la necesidad de contar con un comité de gestión con los actores clave de la región. Así mismo, anuncia la orientación “participativa” que marcará las dos primeras fases del proceso.

    40Un segundo taller reúne a 126 representantes de 25 instituciones y comunidades (Puerto Francisco de Orellana, 23-26 de octubre de 2001). En esta reunión se realiza una caracterización complementaria de los actores clave y se crea un grupo voluntario, encargado de elaborar una propuesta de estructura de gestión (comité) e integrado por el responsable del parque nacional Yasuní y representantes del Consejo Provincial de Orellana, el Municipio de Francisco de Orellana, la Brigada Selva No. 19 Napo, el Vicariato de Aguarico, las organizaciones indígenas del área (FCUNAE, OPIP, CONFENIAE), la FOCAO, el FEPP y la WCS.

    41Este grupo se reunirá en tres oportunidades. El 3 de noviembre de 2001, se llega a un acuerdo sobre la necesidad de delimitar los territorios quichua y elaborar una propuesta de ecoturismo con el Ministerio del Ambiente, complementada por una propuesta para el manejo conjunto (“comanejo”) de áreas entre la FCUNAE y el Ministerio.14 El 27 de noviembre siguiente, el equipo consulta a varios actores locales15 sobre la visión, el rol, las funciones y la estructura del futuro comité de gestión. Finalmente, el 26 de marzo de 2002, se propone estructurar el comité de gestión en cuatro niveles: una asamblea general, un directorio, varias comisiones técnicas y comisiones especiales.16

    42Esta última propuesta es discutida en un tercer taller, con 35 representantes de 15 organizaciones y comunidades (Puerto Francisco de Orellana, 7 de mayo de 2002). En el mismo momento, se elige un directorio provisional, encargado de elaborar los estatutos del comité de gestión, conformar un grupo asesor técnico y elaborar un plan de acción para dar respuesta a problemas como el ordenamiento territorial, los conflictos ambientales y el fortalecimiento de organizaciones de base y gobiernos locales. Con este directorio, integrado por diez instituciones17, aparece un segundo nivel de cooperación institucional, con enfoque “delegativo”.

    43El directorio del comité se reúne por primera vez después de su conformación en agosto de 2002, para acordar en la necesidad de coordinar la legalización de fincas entre el Ministerio del Ambiente y el INDA (lo cual implica elaborar una lista de personas sin escritura), apoyar en la elaboración de planes de manejo para las comunidades indígenas ubicadas en el parque y organizar talleres informativos sobre el comité de gestión, en el cantón Aguarico y la provincia de Pastaza. El 10 de enero de 2003, se organiza una nueva reunión, junto con representantes del Fondo ambiental nacional y del proyecto GTZ-Gran Sumaco, en la cual se revisa la propuesta de estructura del comité de gestión. Por otro lado, se analiza la información disponible sobre el plan operativo del parque y las problemáticas de zonificación, ordenamiento territorial y manejo de conflictos.

    44Un mes después (20 de febrero de 2003) el directorio se reúne nuevamente con representantes del Gran Sumaco y funcionarios de Repsol-YPF. Acuerdan en centralizar la información sobre la zonificación, la tenencia de la tierra, los diagnósticos y los planes de manejo comunitarios en la oficina de la WCS en Quito. Otra reunión está prevista, para definir los límites de la reserva de biosfera Yasuní y elaborar un plan de acción para luchar contra la explotación maderera y buscar apoyo de la cooperación internacional.

    45Entre tanto (21 de diciembre de 2001), se conformó el grupo asesor técnico del Ministerio del Ambiente para la reserva de biosfera Yasuní, con representantes del Fondo ambiental nacional (FAN), el FEPP, la WCS, el Ministerio del Ambiente, la Estación científica Yasuní de la Universidad Católica de Ecuador (PUCE), la Estación de biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y el Centro de investigaciones del bosque tropical. Vale anotar que su creación es anterior a la publicación de las normas para la organización y el funcionamiento de los comités de gestión en áreas protegidas y de los grupos asesores técnicos18.

    46Inicialmente, los temas de referencia para la colaboración entre estos actores en la reserva de biosfera Yasuní abarcan la zonificación, la mediación de conflictos, la educación ambiental, la investigación y el monito-reo, así como la elaboración de planes de manejo. Rápidamente, sus actividades se centran en el análisis de los principales problemas del parque Yasuní. En su 2a reunión (abril de 2002), el grupo asesor técnico retoma la discusión en torno a los conflictos por tierra entre las organizaciones indígenas del área (FCUNAE y OPIP) y el Ministerio del Ambiente – lo cual dará lugar a un estudio encargado por la WCS a Ecolex (presentado en febrero 2003) (Ecolex 2003). Por otro lado, se revisa los convenios entre el Ministerio y Petrobras Energía Ecuador, operadora del bloque 31, y un plan de capacitación de inspectores en el parque Yasuní por la WCS.

    47En la 3a reunión del grupo asesor técnico (12-14 de junio de 2002), ya se presenta un “plan gerencial” para seis años, un diagnóstico de tipo “FODA”19 y un plan operativo bianual. Este plan será revisado en las dos siguientes reuniones (1 de agosto de 2003 y 10 de noviembre de 2003), donde se decide “socializarlo” con las instancias gubernamentales y organizaciones de base. En la reunión de noviembre, se revisan además los estatutos del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní y el comité ambiental del cantón Francisco de Orellana; y se decide pedir información a Encana y Petrobras sobre sus actividades en los bloques 14 y 31.

    48Estas dos últimas reuniones del grupo asesor técnico marcan un paso en la creciente importancia del papel que este último asume frente al comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní. En efecto, además de asesorar al Ministerio del Ambiente, este grupo toma cada vez más iniciativas y se relaciona directamente con los actores clave de la reserva de biosfera Yasuní. Mientras tanto, la idea de “socialización” del “plan gerencial” da al proceso un giro instrumental, que sustituye paulatinamente la dimensión de participación amplia o gestión participativa.

    Enfoque tecnocrático en la fase de instrumentalización

    49La fase de instrumentalización de la cooperación institucional para la conservación del parque Yasuní se caracteriza por la intensificación del diálogo del grupo asesor técnico con el sector petrolero, mientras se interrumpe el proceso de consolidación del comité de gestión. En este periodo, el directorio del comité de gestión se reunirá tres veces, mientras que el grupo asesor técnico multiplicará los encuentros — internos y externos. Aparece, entonces, un tercer nivel de cooperación institucional, “tecnocrático” que contempla la participación directa del sector petrolero en el financiamiento de la conservación del parque.

    50El grupo asesor técnico inicia un diálogo con este sector en su 6a reunión (27-28 de noviembre de 2003)20. Tras la presentación de las actividades de Encana y Petrobras en el parque, los participantes coinciden en la necesidad de analizar alternativas a la construcción de una carretera contemplada en el bloque 31 y definir la ocupación espacial por Encana, debido a la superposición parcial del bloque 17 con la zona intangible Tagaeri-Taromenane. Por otro lado, se menciona la necesidad de desarrollar mecanismos de ordenamiento de la inversión social y de fortalecer el grupo asesor técnico.

    51Dos semanas después (11 de diciembre de 2003), se convoca una reunión informativa sobre la vía Auca para definir una estrategia de intervención en esta zona y apoyar la conservación del parque y la reserva de biosfera Yasuní.21 Aún se menciona la necesidad de lograr una mayor participación de los actores del área, para elaborar un plan de desarrollo local (con pequeñas empresas y mejoramiento de tecnologías agrícolas) y salir de la dependencia hacia la industria petrolera. Se recuerda el compromiso de apoyar los procesos de legalización de tierras y ordenamiento territorial, así como fortalecer las organizaciones locales mediante capacitación y asesoría, en particular para controlar la extracción ilegal de madera y la cacería comercial. Por lo tanto se recuerda la necesidad de fortalecer el comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní, entre otras cosas mediante la organización de una mesa de donantes para el parque Yasuní (coordinada por USAID).

    52En la 8a reunión del grupo asesor técnico (22 de enero de 2004), se discute por segunda vez el proyecto pata el desarrollo del bloque 31 y se analizan las alternativas de transporte, el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental y el programa de relaciones comunitarias presentados por Petrobras.22 No se logra un acuerdo sobre el tema de la carretera, ni sobre una estrategia de ordenamiento a largo plazo de la inversión social en el área. En esta reunión, el diálogo con el sector petrolero ocupa toda la agenda. Tras la discusión en torno al proyecto de desarrollo del bloque 31, se recuerdan las dificultades financieras del Ministerio del Ambiente para administrar el parque Yasuní, pero no se menciona el rol del comité de gestión. Finalmente, se programa una reunión para discutir el programa de fortalecimiento del parque y la reserva de biosfera Yasuní, elaborar un diagnóstico de los conflictos en el área y diseñar un fondo ambiental.

    53El 2 de febrero de 2004, el grupo asesor técnico envía un oficio al Ministerio del Ambiente, a la DINAPA y a Petrobras, en el cual pide modificar la propuesta de desarrollo del bloque 31, que contempla la construcción de un muelle en Chiru Isla, de una vía de acceso del Napo a las plataformas Apaika y Nenke y de un centro de procesamiento y facilidades fuera del parque Yasuní. (Cf. Mapa V). En este oficio, los autores expresan su temor ante la posibilidad de que se abra un foco de colonización (interna y externa) alrededor de estas instalaciones, con una creciente penetración en el parque, y que la empresa no podría controlar. En este sentido, sugieren no construir la vía entre el Napo y el Tiputini, ubicar el centro de procesamiento y facilidades dentro del parque, construir el muelle en el Tiputini en lugar de Chiru Isla, construir una vía de acceso del Tiputini a las plataformas Apaika y Nenke, transportar los materiales de construcción por el Napo y el Tiputini (como se hizo para la vía Maxus) y, eventualmente, construir una pista de aterrizaje en el parque para el acceso del personal.

    54Las ventajas principales que destaca esta propuesta consisten en evitar la colonización del área, aumentar el control del centro de procesamiento y facilidades y permitir que se levante la infraestructura, una vez concluida la explotación del bloque 31.

    55El día siguiente, la Dirección de prevención y control ambiental del Ministerio del Ambiente solicita a la DINAPA información adicional sobre “posibles impactos extensivos y cumulativos [del proyecto de desarrollo y producción del bloque 31] tanto dentro del parque nacional Yasuní cuanto en sus zonas de amortiguamiento y de influencia”.

    56El 4 de marzo de 2004, Petrobras remite a la DINAPA el documento que contiene las modificaciones al proyecto de desarrollo y producción del bloque 31, tras una serie de reuniones de consulta. En este contexto (10 de marzo), se convoca la 10a reunión del grupo asesor técnico, con representantes de Petrobras y la Subsecretaría de Capital Natural. En respuesta a la solicitud de modificaciones formulada por el grupo asesor técnico, Petrobras afirma que el único cambio que se puede realizar en el proyecto de desarrollo del bloque 31 es ubicar el centro de procesamiento y facilidades dentro del parque Yasuní.

    57A pesar de ello (en un oficio dirigido el mismo día a la DINAPA, las direcciones de Calidad Ambiental y de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y Petrobras), los miembros del grupo asesor técnico afirman que la empresa “ha respondido adecuadamente” a las solicitudes de cambio en el plan de desarrollo del bloque 31, en particular al construir el centro de procesamiento y facilidades dentro del parque Yasuní. Recomiendan además un estricto control de la colonización por parte de la empresa y el Ministerio del Ambiente, a los cuales ofrece asesoría técnica.

    58Entre tanto (11 de febrero de 2004), el directorio del comité de gestión resolvió apoyar la iniciativa del grupo asesor técnico, en la preparación del plan de fortalecimiento del parque y la reserva de biosfera Yasuní. Desde luego, las discusiones se concentrarán en los mecanismos de gestión, más que en los procesos de participación. Unos pocos días después (20 de febrero de 2004), el grupo asesor técnico presenta una propuesta de fortalecimiento institucional del parque nacional y la reserva de biosfera Yasuní, a la cual se anexa el plan gerencial elaborado en 2003.23 Esta propuesta plantea la necesidad de crear un fideicomiso de 10 millones de dólares, con el objetivo de generar 0,5 millón de dólares de ganancias al año. Por otro lado, tras una nueva presentación del programa de relaciones comunitarias de Petrobras, se plantea la posibilidad de asesoría del grupo asesor técnico a esta empresa y al Ministerio del Ambiente para la gestión ambiental y social del bloque 31 y el monitoreo de las actividades.

    59El 31 de marzo de 2004, en su 11a reunión, el grupo asesor técnico presenta un proyecto de convenio marco de cooperación entre el FAN y Petrobras. El documento cuyo título se volvió “Programa de fortalecimiento del parque nacional Yasuní y reserva de biosfera Yasuní”24, a presentar al Ministerio del Ambiente, exibe un balance crítico de la situación del parque. En particular, resalta que el presupuesto anual de 54.000 dólares desde hace tres años que cubre menos del 10% de las necesidades calculadas en el plan de manejo estratégico de 1999. Considera que la creación del Distrito Regional Sucumbíos-Orellana, en 2002, debilita la capacidad de gestión de la oficina local en Francisco de Orellana (en particular porque genera una demanda adicional de recursos). Además, subraya que el Ministerio del Ambiente tiene una imagen institucional débil y no está en condición de enfrentar la multiplicación de conflictos por tierra, la extracción ilegal de madera, la cacería y la pesca ilegales, así como los problemas generados por la superposición del bloque 17 con la zona intangible.

    60Este documento recuerda que el plan de manejo articula tres programas: el manejo ambiental (protección, investigación y monitoreo, manejo de recursos); el uso público (interpretación ambiental, educación ambiental, desarrollo comunitario y recreación y turismo); y la administración (dirección y desarrollo, gerencia y finanzas, operación y mantenimiento, y seguimiento y evaluación). En base a este plan, el programa de fortalecimiento abarca la capacidad institucional de la oficina local del Ministerio del Ambiente (capacidad de gestión y conservación del personal) ; el incremento del personal; la planificación, el diseño y la implementación de los programas del plan de manejo; el seguimiento, la evaluación y la auditoria de la ejecución del programa.

    61Luego se detalla el cronograma plurianual de actividades en función de objetivos específicos, donde se precisa el rol del comité de gestión (en el marco del programa de uso público). En el primer año se contempla la creación de una oficina para el funcionamiento del comité de gestión. En el segundo año, se prevé el diseño de programas de educación ambiental y desarrollo comunitario, luego el inicio de un proceso de concertación para elaborar un plan de ordenamiento territorial y, finalmente, la promoción de planes de manejo integral en las comunidades de las riveras del Napo y la vía Auca. Para el tercer año debería concluirse el proceso de concertación para el plan de ordenamiento territorial y el plan de acción de conservación y desarrollo de la reserva de biosfera. En el cuarto año se implementaría el plan de ordenamiento y acción de conservación y desarrollo. En los cinco años siguientes, no se mencionan las actividades del comité de gestión, aunque se indica que este último (a través de su director ejecutivo) integraría una comisión permanente de seguimiento del plan, junto con el responsable del parque y representantes del grupo asesor técnico y de Petrobras.

    62En menos de dos semanas, se elabora el texto del convenio marco entre Petrobras y el FAN, aprobado por el grupo asesor técnico en su 12a reunión (12 de abril de 2004). Los participantes de esta reunión coinciden en la necesidad de iniciar una negociación con Repsol-YPF, Occidental y Encana para el financiamiento del plan de manejo estratégico del parque y la reserva de biosfera Yasuní. Solicitan a Encana estudiar las condiciones jurídicas para intercambiar la parte del bloque 17 que se superpone con la zona intangible. Se informa que el proyecto Caimán (coordinado por la fundación Jatún Sacha) realizaría el estudio previo para la delimitación de la zona intangible. Este proceso recibe el aval del directorio del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní, reunido por sexta vez el 17 de mayo de 2004. En el mismo momento, se revisa por segunda vez los estatutos del comité de gestión y se conforma una comisión25 para preparar la asamblea general constitutiva.

    63Esta fase de instrumentalización del proceso de cooperación institucional culmina con el cuarto “taller de concertación”, que reune a 200 representantes de 20 instituciones y 30 comunidades (14-15 de julio de 2004). En esta asamblea, se aprueban los estatutos del comité de gestión, que contemplan la reducción del directorio a siete miembros (representantes de los sectores público, privado y comunitario), y se insiste en la necesidad de tramitar la legalización de aquel comité ante el Ministerio del Ambiente. Se da un plazo de 90 días para reemplazar el directorio provisional y aprobar los estatutos.

    Crisis y redefinición de roles

    64Sin embargo, el comité no llegará a ser legalizado en este plazo. Una vez concluida la discusión en torno al proyecto de desarrollo del bloque 31, el diálogo con el sector petrolero evoluciona hacia un proceso de cooperación directa, por medio de la elaboración de un programa de financiamiento. La articulación con la mesa cantonal del ambiente y otros espacios de diálogo sobre la política ambiental queda en un plano secundario. Desde luego, entre los actores locales (Municipio de Francisco de Orellana, Consejo Provincial de Orellana, FCUNAE, OPIP, FOCAO, Vicariato de Aguarico) prevalece la opinión según cual el grupo asesor técnico “habla en nombre del comité de gestión” y “pierde legitimidad” al no contribuir a la institucionalización del diálogo en torno a la conservación y el desarrollo en la reserva de biosfera Yasuní.

    65El grupo asesor técnico es entonces el objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas, no sólo por estar relacionado de cerca con el proceso de emisión de la licencia ambiental a Petrobras para el bloque 31, sino también por sustituir de facto al directorio del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní. Tanto es así que el grupo asesor técnico ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente como un interlocutor válido, en particular al referirse este explícitamente al grupo en la licencia ambiental para el bloque 31. Sin embargo, la discusión en torno a la legitimidad del proceso de otorgamiento de esta licencia ambiental afecta directamente el proceso de cooperación institucional para la conservación del parque Yasuní.

    66En este contexto, el directorio del comité de gestión retoma cierto control para reactivar el proceso de cooperación institucional en la reserva de biosfera Yasuní e intenta reubicar al grupo asesor en un rol más técnico que político. El 8 de octubre de 2004, pide información sobre la negociación con Petrobras. Pocos meses después (10 de marzo de 2005), resuelve reajustar el texto de los estatutos, tras suprimir la figura de secretaría ejecutiva (para rebajar los costos operativos) y crear secretarías técnicas, grupos de trabajo y comités sectoriales. Por otro lado solicita el apoyo del grupo asesor para organizar, con la UNESCO, una misión de evaluación del proceso de cooperación institucional. Los días 25 y 26 de julio se convoca la 10a reunión del directorio, en la cual los miembros del grupo asesor técnico acuerdan entregar al comité de gestión los documentos del proceso de negociación sobre el fideicomiso. El comité resuelve discutir su legalización una vez logrado un consenso en torno a su mandato real y sus modalidades de financiamiento.

    67Ahora bien, el trámite de legalización de los estatutos del comité de gestión sigue bloqueado en el Ministerio del Ambiente. Por esta razón, el 22 de octubre de 2004, el grupo asesor técnico había decidido postergar las asambleas sectoriales del comité pata la elección de un nuevo directorio. El 10 de febrero de 2005, el directorio estudia la posibilidad de abandonar la figura jurídica de comité por aquella de “corporación”, siguiendo el ejemplo de la Corporación Gran Sumaco, apoyada por la GTZ. El argumento del consultor contratado por la WCS para este asunto, Max Andrade, es que la figura de comité no es viable para representar la reserva de biosfera. Según él, se requiere de un decreto ejecutivo del presidente de la República, puesto que ésta rebasa el parque nacional y, por lo tanto, no es de exclusiva competencia del Ministerio del Ambiente. Se resuelve mantener contacto con el FAN para formular una propuesta de fideicomiso para la reserva de biosfera Yasuní, y se prevé realizar visitas a los miembros del comité para informar sobre el proceso de legalización y la figura de corporación.

    68No obstante, esta opción será descartada, tras una interrupción de un año del proceso, (en la reunión del directorio del 22 de marzo de 2006), debido al conflicto provocado por la licencia ambiental del bloque 31. Esta decisión es ratificada en la reunión de los días 4-6 de agosto de 2006, en la cual se analizan las fuerzas (liderazgo, representatividad, cooperación institucional), las dificultades (escasa participación de las organizaciones indígenas, discontinuidad del proceso, falta de operatividad) y las amenazas (especialmente actividades petroleras) del comité de gestión. Se elabora un plan de acciones inmediatas que contempla la contratación de un técnico responsable del seguimiento a los temas tratados por el comité, la gestión política para la aprobación de los estatutos ante el Ministerio del Ambiente, la preparación de la asamblea general en la cual se elegirá un nuevo directorio, y la difusión del programa de educación ambiental con las guías elaboradas por el FEPP.

    69La evolución de las relaciones entre el comité de gestión y el grupo asesor técnico deja ver una creciente participación del segundo en procesos de toma de decisión que, inicialmente, incumbían al primero. Simultáneamente, el diálogo entre el grupo asesor y el sector petrolero se orientó hacia la gestión y el financiamiento de la conservación, con el apoyo formal del comité de gestión. Ello conlleva la paulatina sustitución de una estrategia participativa por una gestión tecnocrática privada, en contraste con la gestión burocrática pública del parque y de la reserva de biosfera hasta inicios de la década de 2000. Pese a constituir una apuesta mayor para el Ecuador, la conservación del parque Yasuní no dio lugar a un consenso por parte de los actores locales, nacionales e internacionales. En este contexto, la cooperación institucional carece de una real capacidad de gestión y no puede responder adecuadamente a las deficiencias de la gobernanza ambiental. Esta falta de consenso es aún agudizada por la persistencia y la polarización de los conflictos relacionados con el petrolero en la región amazónica, como veremos a continuación.

    El movimiento ecologista y la política petrolera en el Ecuador

    70La historia del movimiento ecologista ecuatoriano está marcada por la multiplicación de las ONG y una radicalización de sus acciones y planteamientos ante la política petrolera desde finales de los años ochenta. Sin embargo, pese a su relativa convergencia con los sectores indígenas y campesinos amazónicos, estas organizaciones no logran mitigar los efectos de la política petrolera del Estado en el parque Yasuní.

    La radicalización con la lucha antipetrolera

    71Las corrientes que atraviesan el movimiento ecologista ecuatoriano nacen de alianzas de geometría variable, que reflejan diversas formas de acción para ejercer incidencia política: conflicto y movilización colectiva, negociación con las elites, cabildeo, etc. Este movimiento se caracteriza además por una creciente profesionalización desde la cumbre de Río, no sólo en las ONG de tipo “tecnócrata” (es decir especializadas en la asesoría técnica al gobierno, las empresas, o aun las poblaciones locales), sino también en aquellas de tipo “activista” (es decir preocupadas por alertar la opinión pública en contra de la política petrolera del Estado, especialmente en la región amazónica).

    72Este movimiento se radicalizó con la campaña “Amazonia por la vida”, encabezada por Acción ecológica en 1989, con diez ONG e instituciones ecuatorianas26 (Varea 1997: 173). El objetivo principal era movilizar la opinión pública en contra de la explotación petrolera en la región amazónica ecuatoriana. Esta campaña arrancó formalmente con una carta pública dirigida al Banco Mundial, para condicionar un préstamo de 100 millones de dólares, solicitado por la empresa de petróleos ecuatoriana (Petroecuador), a finales de enero de 1990 (Kimerling 1993). Desde luego se multiplicaron las marchas, demostraciones y ocupaciones de edificios públicos en Quito (en particular, aquellos de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Minas) y el boicoteo de la marca Texaco en Europa y Estados Unidos (Varea 1997).

    73El primer tema que explotó la campaña era la defensa del parque nacional Yasuní.27 Por ello, los ecologistas se aliaron con el grupo indígena más expuesto a las actividades petroleras en esta zona: los huaorani. Apoyaron una acción legal que había sido emprendida en septiembre de 1989, a través de una demanda planteada por Cordavi ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, en contra del Mnisterio de Energía y Minas, del Ministerio de Agricultura y de Petroecuador. Los abogados de Cordavi alegaban la anticonstitucionalidad de la licitación de bloques petrolíferos en el parque Yasuní. En un primer momento (2 de octubre de 1990) consiguieron una resolución favorable del Tribunal, que declaraba:

    […] se excita a los señores ministros de Energía y Minas y Agricultura y Ganadería, y al señor Presidente Ejecutivo de Petroecuador para que […] eviten en lo posterior hacer concesiones de áreas para la explotación petrolera dentro de los parques nacionales y áreas de reserva natural o equivalentes.
    (Real y Enríquez 1992: 180)

    74No obstante, esta decisión fue contestada por el Ejecutivo y los jueces la sustituyeron por un segundo texto (el 30 de octubre de 1990) que “excita” a las autoridades mencionadas:

    […] tomen las medidas necesarias para la protección de la naturaleza y del biosistema y extremen las medidas de protección y control de los ecosistemas y del medio ambiente en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
    (Real y Enríquez 1992: 183)

    75Oficialmente, este cambio de resolución se debe al uso inapropiado de la palabra “concesión” en la primera versión del texto. Sin embargo, según los abogados de Cordavi, se originó con la presión del sector petrolero sobre el Tribunal, en particular a través del presidente de la República, Rodrigo Borja (1988-1992) y el ministro de Energía (Real y Enríquez 1992: 180 y 183). Sea lo que fuere, tras este cambio, no sólo quedó clara la ingerencia de la industria petrolera en la vida política del país, sino también se hizo patente la crisis de gobernanza, con la intromisión del poder ejecutivo en un proceso judicial, en clara violación de los principios de separación de los tres poderes y de independencia de la justicia.

    76A pesar de este revés, la campaña “Amazonia por la vida” siguió su curso y se fortaleció en torno a un segundo tema: el “caso Texaco”. En mayo de 1994, los ecologistas conformaron una alianza con sectores campesinos e indígenas de la región amazónica, a través del Frente de defensa de la Amazonia (FDA), para apoyar la demanda contra Texaco y difundir sus motivos entre la población ecuatoriana. Por otro lado, apoyándose en la Comisión de fiscalización y control político del Congreso, los ecologistas consiguieron que el Ejecutivo hiciera público un informe sobre los impactos ambientales de las actividades de esta empresa.

    77Este documento, conocido como “Informe HBT-Agra”, fue analizado por un equipo de expertos contratado por aquella comisión, que lo descalificaron. Ello determinó que Texaco firmara un convenio con el gobierno ecuatoriano para la remediación de unas 300 piscinas de desechos tóxicos, abandonadas sin tratamiento en los años ochenta (Fontaine 2003 a: 430).

    78El tercer tema de la campaña “Amazonia por la vida” atañó a la 7a ronda de licitaciones de bloques petrolíferos, en 1994, en la cual los ecologistas consiguieron un nivel de incidencia política inalcanzado anteriormente. En primer lugar, se formó una comisión de expertos, encargada de estudiar las candidaturas de las empresas petroleras en esta ronda de licitaciones, a través de la comisión “Amazonia y petróleo”, integrada por 12 organizaciones28. En segundo lugar, se contrató a la fundación Natura para contribuir a la definición de los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental, que constituyen un prerequisito para la obtención de una licencia ambiental (Fundación Natura 1996).

    79Sin embargo, es ahí donde estallaron las discrepancias entre las organizaciones del movimiento, tanto en los aspectos ideológicos cuanto en los métodos de trabajo. Estas discrepancias se habían exacerbado en mayo de 1990, con la “exclusión” de Natura de la campaña “Amazonia por la vida”, acusada de “no tener una posición clara” sobre el tema petrolero en el parque nacional Yasuní (Varea 1997: 173). Este acontecimiento había ocurrido pocos meses después de la presentación del “Plan emergente” diseñado por TNC y respaldado por Natura, que no cuestionaba la superposición de los bloques petrolíferos con la reserva de biosfera Yasuní y proponía más bien redefinir su zona núcleo para adecuarla con la realidad. Al fin y al cabo, la comisión “Amazonia y petróleo” funcionó de manera errática y quedó bajo el control de Acción ecológica, cuya oposición radical a la actividad petrolera no dejaba lugar a una colaboración con las empresas o el Estado. El mismo Cedenma, sometido a la presión de ambas organizaciones se volvió un escenario de enfrentamiento entre radicales y progresistas.

    80Con la campaña “Amazonia por la vida”, se desprendió una nueva modalidad de los conflictos ambientales en Ecuador: la convergencia entre ecologismo y etnicidad. Desde medianos de los años ochenta ya se observaba este fenómeno al nivel internacional; y en el ámbito amazónico se materializó a través de dos grandes alianzas involucrando a la Coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica (COICA): la una (Alianza amazónica) con ONG ecologistas y de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos y la otra (Alianza del clima) con Municipios “verdes” de Europa. Ello coadyuvó a reforzar la presencia de las organizaciones indígenas amazónicas en los foros donde se discuten los temas centrales de la gobernanza ambiental global (Agenda XXI, Convenio sobre la diversidad biológica, Protocolo de Kyoto, etc.). Por otro lado, se volvió un factor de legitimidad para las ONG de los países europeos y Estados Unidos, en la medida en que estas últimas podían justificar su actuar en base a alianzas con los sectores más vulnerables de los países amazónicos (Fontaine 2006 b).

    81En el Ecuador, la convergencia entre ecologismo y etnicidad incidió en la multiplicación de los conflictos ambientales vinculados con las actividades petroleras. Asumiendo que los territorios indígenas en la región amazónica ofrecen las mayores garantías contra la ampliación de las actividades petroleras en la Amazonia, algunas ONG respaldaron las demandas de aquellas comunidades por la demarcación legal de sus territorios y el ejercicio de una mayor autonomía y autodeterminación. Así es como, desde 1988, la ONG de desarrollo Comunidec se volvió un aliado estratégico pata los quichua de la provincia de Pastaza, en su lucha contra el consorcio Arco-Agip (de Estados Unidos e Italia). En 2000, el CDES ayudó a las organizaciones shuar y achuar del Transcutucú (en Morona Santiago) a ganar una acción de amparo en contra de la empresa Burlington (de Estados Unidos), que paralizó sus actividades en el bloque 24. Simultáneamente, apoyó la movilización de las comunidades quichua de Sarayacu (Pastaza) en contra de la empresa argentina CGC San Jorge, a través de varias demandas ante la Comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por no cumplimiento del Convenio 169 de la OIT29, lo cual impidió seguir con la exploración sísmica en el bloque 23.

    De conflictos ambientales a conflictos sociales

    82Más allá de la convergencia entre los movimientos ecologista e indígena, varios conflictos relacionados con la explotación petrolera en la región amazónica merecen ser mencionados. En 2000, la construcción del OCP generó una movilización de los sectores moderados y radicales del movimiento, en particular con el motivo de que el trazado de esta obra afectaba directamente al bosque protector de Mindo, en la cordillera occidental. Si bien la campaña contra el OCP no logró detener este proyecto, tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, al publicitar las decisiones del gobierno y convertir este tema sumamente tecnocrático en tema de discusión general en los medios de comunicación. Entre otras cosas, por primera vez en el Ecuador, se facilitó el acceso de la opinión pública al estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental de la obra.

    83Otros conflictos sociales surgieron en la región amazónica, coincidiendo con la agitación social que sacudió el país entre abril y agosto de 2005. El 20 de abril, tras dos semanas de manifestaciones particularmente concentradas en Quito, el presidente Lucio Gutiérrez es derrocado. Pronto, su sucesor Alfredo Palacio enfrenta un paro convocado por la asamblea biprovincial de Sucumbíos y Orellana, para exigirle el reconocimiento de un acuerdo suscrito un año antes (9 de junio de 2004) para realizar inversiones en educación, infraestructuras viales y remediación ambiental. El conflicto continúa tras el congelamiento del Fondo de estabilización, inversión social y productiva y reducción del endeudamiento (FEIREP)30, que pone en riesgo la asignación de fondos a la construcción de la “troncal amazónica”, esta red vial regional, deseada por los sectores campesinos y ciertas organizaciones indígenas del Norte y el Centro. El 21 de junio de 2005, tras dos semanas de negociación, el gobierno y la asamblea biprovincial firman un convenio para garantizar las inversiones en educación y construcción de carreteras, pero dejando de lado los problemas de inversión social.

    84Estos problemas se discuten del 7 al 13 de julio siguientes, con las empresas multinacionales presentes en la región, a través de la Asociación de la industria de hidrocarburos del Ecuador (AIHE). Los representantes de la asamblea biprovincial exigen inversión en obras de infraestructura, compra de materias primas y contratación de mano de obra locales, pero no consiguen el compromiso de las empresas. Del 14 al 25 de agosto, la asamblea biprovincial organiza un nuevo paro, durante el cual se paralizan varias estaciones de bombeo de Petroecuador y se denuncian actos de sabotaje. El estado de emergencia es instaurado el 17, tras un intento de sabotaje contra el sistema de oleoductos transecuatoriano (SOTE). Este paro culmina con un acuerdo según cual una parte del impuesto a la renta causado (64% del 25% deducible por donación a instituciones sin fin de lucro) será asignado por las empresas privadas a un fondo de infraestructura vial, para concluir la construcción de 200 km de carreteras entre ambas provincias. Además, el acuerdo contempla la contratación de mano de obra local por las empresas privadas.

    85En este contexto, los conflictos socioambientales, al parecer, convergen más en una creciente hostilidad hacia las empresas petroleras multinacionales, que a las operaciones petrolíferas en sí. El 3 de julio de 2005, el recién posesionado presidente de la ONHAE, Juan Enomenga, denuncia un acuerdo de compensación firmado por su predecesor, Armando Boya, y anuncia la ruptura del diálogo con Petrobras. El 12 de julio, un grupo huao - no alineado con la postura de la nueva dirigencia de la ONHAE — manifiesta en Quito contra la misma empresa, exigiendo su salida del territorio huao, con el apoyo de Acción Ecológica, la Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Comisión de asuntos indígenas del Congreso nacional. El 28 de septiembre, esta Comisión convoca a la ministra del Ambiente, Anita Albán, para una sesión de preguntas. Ante el rehuso de esta última a pronunciarse sobre el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el bloque 31, su presidente, Salvador Quishpe, la acusa de estar a favor de las empresas multinacionales.

    86Por su lado, la CONAIE pide la revisión de los contratos que mantiene el Estado ecuatoriano con todas las empresas petroleras y exige la caducidad del contrato con Occidental. En el mismo sentido, se hace público el “Manifiesto del encuentro Petróleo y soberanía”31, firmado por 17 personalidades32. El texto califica de “incoherente y antipatriótico” el manejo del petróleo en el Ecuador, fustiga la “cruzada neoliberal” que lleva a la “satanización de lo público”, la privatización de la industria petrolera y el desmantelamiento de Petroecuador. Llama a conformar un “frente patriótico por la soberanía petrolera” y declarar la caducidad de los contratos de participación con Occidental, Encana y Petrobras para luego revertir al Estado ecuatoriano los bloques operados por estas empresas. Entre otras cosas, demanda una auditoria integral de los campos petrolíferos en actividad, reformas legales para garantizar nuevas inversiones y el fortalecimiento de Petroecuador, y prohibir la explotación minera en zonas protegidas (así como revocar la licencia ambiental del bloque 31).

    87El 14 de mayo de 2006, el presidente Palacio pronuncia la caducidad del contrato de Occidental. Esta empresa es culpable de haber violado la ley de hidrocarburos, al vender un 40% de sus activos en el bloque 15 y los campos asociados Limoncocha y Edén Yuturi, a City Investing (Encana) en un acuerdo firmado en 2000, sin autorización previa del Ministerio de Energía y Minas. Con esta decisión y tras el acuerdo firmado con la asamblea biprovincial en agosto, el nivel de polarización de los conflictos alrededor del petróleo baja notablemente.

    88Cierto es que la contaminación y la protección del medio ambiente siguen siendo temas importantes en las movilizaciones, como lo muestra la presencia de una mesa de medio ambiente en la asamblea biprovincial de Sucumbíos y Orellana. De hecho, durante el paro de julio de 2005, esta mesa mantuvo un diálogo con el Ministerio del Ambiente, sobre mecanismos de financiamiento para las áreas protegidas, el reglamento de consulta previa para la ley de gestión ambiental y las auditorias ambientales prioritarias pata los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas. No obstante, el objeto central de las movilizaciones sociales de 2005 era forzar las empresas multinacionales y el Estado a negociar compensaciones sociales y a respetar acuerdos pasados para la construcción de infraestructuras, más que la remediación ambiental, la conservación de la biodiversidad o la protección del medio ambiente.

    Incidencia del conflicto por el bloque 31 sobre el proceso de cooperación institucional

    89De todos los conflictos ambientales que surgieron en el parque nacional Yasuní desde la licitación del bloque 16, en 1986, el conflicto alrededor de la licencia ambiental para la explotación del bloque 31 no es el más grave, ni el más largo33. Sin embargo, por su mediatización y por el impacto que tuvo en el funcionamiento del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní, merece un análisis detallado. Para entender el efecto que tuvo este conflicto sobre el proceso de cooperación institucional para la conservación, es necesario entender por qué el proceso de licenciamiento ambiental llegó a un bloqueo por parte del Ministerio del Ambiente. Este conflicto interviene en un contexto de crisis política, que desembocó en la renuncia del presidente Gutiérrez, pero más allá de los factores coyunturales, revela de qué manera la radicalización de los conflictos ambientales vinculados con el petróleo en la Amazonia exacerba las contradicciones inherentes al sistema de gobernanza ambiental, incluso en la gestión del Ministerio del Ambiente, hasta generar bloqueos institucionales y políticos duraderos.

    Las dimensiones sociales y políticas

    90La culminación de la construcción del OCP (en septiembre de 2003), abrió la vía a una nueva fase de expansión de la frontera petrolera en la reserva de biosfera Yasuní. Por un lado, se trataba de explotar los hallazgos descubiertos por Pérez Companc en el bloque 31 y Petroecuador en el bloque 20 – más conocido por los campos ITT; por el otro, los gobiernos de turno querían abrir a licitación una serie de bloques ubicados al sur del Curaray. La creación de las áreas intangibles Cuyabeno-Imuya y Tagaeri-Taromenane (en enero de 1999) había sido pensada para anticipar esta tendencia, reafirmar la prioridad de la conservación en la región y limitar las actividades en áreas protegidas. Sin embargo, tanto los campos ITT como el bloque 31 quedaban en su mayoría por fuera de los límites de ambas áreas.

    91En mayo de 2004, Acción Ecológica publica un documento titulado “Petrobras en el Yasuní, comentarios al estudio de impacto ambiental del bloque 31”, que anuncia la intensificación de su campaña en contra de la filial ecuatoriana del grupo brasileño. Luego dedica un número entero de su boletín electrónico, “Alerta Verde” (Acción Ecológica 2004), al parque Yasuní. Este documento hace un breve recuento del proceso de explotación petrolera en el parque y el territorio huao, antes de concentrarse en el análisis del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental del bloque 31. Concluye con la petición de no conceder la licencia ambiental para el bloque 31 y realizar una auditoria a la explotación petrolera en el parque Yasuní.

    92Por otro lado, critica abiertamente la actuación del grupo asesor técnico del Ministerio del Ambiente para la reserva de biosfera Yasuní, en la negociación por la creación del fideicomiso con Petrobras, haciendo un recuento detallado de las reuniones sostenidas por este grupo, de noviembre de 2003 a abril de 2004. Incluso, cuestiona el papel de los científicos de las estaciones de la USFQ y la PUCE en relación con las empresas petroleras.

    93De hecho, en un oficio a Petrobras (con fecha 19 de marzo de 2004), la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas indica:

    […] es importante señalar que el mencionado estudio ha recogido las recomendaciones del grupo asesor técnico del parque nacional y reserva de la biosfera Yasuní, recibida en comunicación S/N el 16 de marzo del 2004.

    94Por otro lado, en un oficio al grupo asesor técnico (con fecha 10 de marzo de 2004), el director nacional de Prevención y Control del Ministerio del Ambiente declara:

    También es importante destacar la posibilidad cierta de lograr que el manejo del parque nacional pueda ser financiable y sustentable a futuro, considerando la predisposición de la empresa de brindar su colaboración decidida para este efecto, incluyendo fortalezas para prevención y control.

    95En un memorando al ministro del Ambiente (con fecha 16 de abril de 2004), el mismo funcionario indica:

    Bajo un marco legal con disposiciones y competencias, en algunos casos contrapuestos o no muy claras y la falta de una serie de normas y procedimientos internos para su aplicación, la precaución impuesta de cumplir estrictamente el trámite de licenciamiento, parece no ser suficiente, por los cuestionamientos, no siempre sustentados, de quienes se oponen a esta actividad, pero que generan inquietud en las autoridades y también en los técnicos ante situaciones que sobrepasan el ámbito de su competencia.

    96Ello deja pensar que la iniciativa del grupo asesor técnico de negociar las condiciones de creación de un fondo ambiental para la conservación del parque Yasuní coincidió con el interés de Petrobras de conseguir la licencia ambiental para intervenir en el bloque 31 y con el interés de la administración de turno (entonces bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez) de ampliar la frontera extractiva hacia los campos ITT. No obstante, en una carta dirigida a Fabián Valdivieso (4 de octubre de 2004), el grupo asesor técnico declara que el Ministerio lo utilizó, así como el proceso de coordinación institucional de actores clave del parque Yasuní,

    […] para justificar la emisión de la licencia [y considera que] el hecho de que el Ministerio haya aprobado la licencia ambiental sin examinar todas las alternativas a la carretera propuestas por el grupo asesor técnico, pone en peligro la conservación a largo plazo del parque nacional Yasuní.

    97Es más, el 25 de noviembre, dos miembros de este grupo34 firman a título personal, junto con 57 científicos que trabajan o han trabajado en el parque Yasuní, una carta abierta al presidente Gutiérrez, titulada “Científicos preocupados por el parque nacional Yasuní”. Esta carta va acompañada por un “Informe técnico consultivo” (Varios autores 2004), cuyas principales conclusiones merecen ser destacadas aquí: el parque Yasuní alberga una excepcional biodiversidad y herencia cultural; es un área fundamental para la conservación mundial; la “vía Maxus” - entre los ríos Napo y Tiputini, en el bloque 16 - ha provocado y sigue generando impactos negativos irreversibles por facilitar la cacería comercial, la deforestación y la colonización. Con todo, la comunidad científica internacional manifiesta su oposición a la construcción de una nueva carretera en el parque, y recomienda utilizar técnicas de explotación de tipo off shore (según ellos, comparables con aquellas utilizadas en el bloque 10 en el Ecuador y en el proyecto Camisea en el Perú). Por último, piden la promulgación de una ley que prohiba construir carreteras en todos los parques nacionales ecuatorianos.

    98En enero de 2005, la Asociación de biología tropical y conservación (reputada organización de investigación estadounidense) adopta una resolución unánime para pedir al gobierno ecuatoriano que prohiba la construcción de una nueva carretera en el parque Yasuní. En febrero circula una “Carta abierta de científicos al gobierno ecuatoriano”, manifestando su preocupación por la construcción de una nueva carretera en el bloque 15 (descartada por Occidental en su plan operativo de 2003), y el proyecto de construcción de carretera en el bloque 31.35 Esa carta hace eco a una carta similar de siete investigadores del Smithsonian Institute, que recomiendan a Petrobras una alternativa sin carretera para mitigar los impactos a la biodiversidad en el parque. A lo largo del año, seguirán circulando cartas abiertas dirigidas a los gobiernos ecuatoriano y brasileño, Petrobras y la UNESCO, en las redes ecologistas (Forest conservation blog, FIAN Internacional, Environment News Service, Oilwatch, etc.), que retoman los argumentos de los “Científicos preocupados por el parque nacional Yasuní”.

    99Por otro lado, varias organizaciones lanzaron acciones legales en contra de la licencia ambiental para el bloque 31, otorgada el 19 de agosto de 2004. El 25 de agosto de 2004, una demanda por inconstitucionalidad es presentada en contra del ministro del Ambiente, ante el Tribunal distrital de lo contencioso administrativo No. 1, al amparo del artículo 95 de la Constitución política del Ecuador y el artículo 46 de la Ley de control constitucional.36 Este “recurso de amparo” será negado por el juez (el 11 de octubre), considerando que la resolución ministerial 045 del 25 de agosto de 2004 ha sido expedida por la autoridad competente y cumple con los requisitos legales. Esta decisión será confirmada por el Tribunal Constitucional.

    100Los demandantes invocan el principio de precaución (artículo 91 de la Constitución), en contra de los daños ecológicos y humanos que pueden provocar las actividades petroleras en el bloque 31. Afirman que aquellas actividades “son incompatibles con el manejo adecuado y sustentable de una reserva de biosfera”; y recuerdan que el Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la protección de las reservas naturales, así como de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Piden que el Ministerio del Ambiente revoque la licencia ambiental concedida para el bloque 31 e impulse un estudio independiente y participativo sobre las operaciones petroleras en el parque Yasuní.

    101Un segundo “recurso de amparo” es presentado en septiembre de 2005.37 Nuevamente, es negado por la juez (el 14 de noviembre de 2005), en base al artículo 57 de la Ley orgánica de control constitucional, según la cual: “Se prohibe la presentación de más de un recurso de amparo, sobre la misma materia y con el mismo objeto, ante más de un juez o tribunal”. Por otro lado, la juez se declara incompetente para resolver litigios o controversias entre partes que generan el incumplimiento de los términos contractuales y ambientales que contiene la licencia para el bloque 31.

    102Los demandantes argumentan que los términos de referencias para el estudio de impacto ambiental que fueron difundidos y aprobados contemplaban la construcción del centro de procesamiento y facilidades fuera del parque Yasuní, mientras que la licencia ambiental otorgada contempla la construcción de aquel centro de procesamiento y facilidades dentro del parque, sin que se haya consultado a la comunidad (conforme lo mandan el artículo 88 de la Constitución y el artículo 17 del Sistema único de manejo ambiental). Se apoyan en un documento elaborado por un grupo de ONG sobre las consecuencias de la ubicación del centro de procesamiento y facilidades del bloque 31 en el parque.

    103Esta falta de coordinación entre ambas iniciativas manifiesta una división al interior del movimiento ecologista, en cuanto a las modalidades de enfrentar los retos planteados por la explotación del bloque 31, que recuerda las rivalidades entre Acción ecológica y la fundación Natura. De hecho, Acción ecológica fue al origen de la primera acción de amparo, mientras Natura originó la segunda. Si bien es cierto, existe una posición convergente en contra del inicio de las actividades en el bloque 31 y a favor del fortalecimiento del estatuto del parque nacional como área intangible, ambas organizaciones parten de análisis distintos y no llegan a formular una propuesta de acción común. Desde luego, el conflicto se desplaza a un nivel más político que legal; y desemboca en una serie de contradicciones en la propia gestión del Ministerio del Ambiente, la cual ahonda las conocidas deficiencias del sistema de gobernanza ambiental.

    El proceso de licenciamiento ambiental

    104Petrobras inició el proceso de consulta previa a la obtención de una licencia ambiental para el desarrollo y producción del bloque 31, a través del campo Apaika-Nenke, en 2003, es decir mucho antes de la crisis política que desembocó en la caída de Lucio Gutiérrez. El 7 de abril de 2003, la directora nacional de Prevención y Control de la Contaminación encargada del Ministerio del Ambiente (Irma Suárez), remite su informe indicando que los términos de referencia del estudio de impacto y el plan de manejo ambiental del bloque 31 cumplen parcialmente con el artículo 41 de la “Guía metodológica del Reglamento ambiental para actividades hidrocarburíferas” y que se debería presentar un alcance con observaciones de carácter vinculante. Entre abril y diciembre de 2003, se presentan los términos de referencia del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental a la comunidad huao de Kawimeno y las comunidades quichua de Chiru Isla, Samona Yuturi y El Edén, ubicadas en el área de influencia directa del bloque.

    105El 9 de enero de 2004, el director nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas (Hugo Chamba) entrega el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental del bloque 31 a Patricio Viteri, subsecretario de Calidad ambiental del Ministerio del Ambiente, que lo remite a la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Tatiana Egüez. Esta última emite entonces un “criterio favorable” al estudio y el plan (el 27 de enero de 2004) pero solicita a Petrobras presentar el estudio ambiental del área del muelle por construir fuera del parque Yasuní; la propuesta de control de acceso al parque; y el programa de monitoreo con actividades y responsabilidades. Este estudio complementario para la construcción del campamento base y la vía de acceso del bloque 31, así como el adenda al estudio de impacto y el plan de manejo ambiental para el proyecto de construcción del muelle sobre el Napo son presentados por la DINAPA a la Subsecretaría de Calidad Ambiental el 18 de febrero de 2004.

    106Entre tanto (2 de febrero), ha llegado al Ministerio la carta del grupo asesor técnico de la reserva de biosfera Yasuní, que recomienda modificar el plan de manejo ambiental para ubicar el centro de procesamiento y facilidades dentro del parque y renunciar a construir una vía de acceso entre el Napo y el Tiputini, para evitar posibles focos de colonización en esta zona. El 19 de febrero, la Dirección de Calidad ambiental del Ministerio del Ambiente convoca entonces una reunión para discutir esta propuesta. Ahora bien, la empresa Walsh, encargada por Petrobras de realizar el estudio de impacto ambiental, presenta un documento, cuyas conclusiones son sin ambigüedad: indican que el acceso al bloque 31 por el río Tiputini “no es una alternativa viable” por las restricciones ambientales y operativas descritas por Petrobras (Walsh 2004). Precisa que se ubicó inicialmente el centro de procesamiento y facilidades fuera del parque, porque el plan de zonificación para la reserva de biosfera Yasuní no estaba aprobado; sin embargo la reubicación del centro de procesamiento y facilidades cerca de Nenke “no altera los derechos de vía […] de acceso, ductos y servicios originalmente propuestos”.

    107En un oficio a la DINAPA (con fecha 4 de marzo de 2004), Petrobras informa sobre esta reunión y explica que se han descartado varios puntos sugeridos por el grupo asesor técnico, por razones técnicas y económicas. La empresa remite a la DINAPA el documento que contiene las modificaciones al proyecto de desarrollo y producción del bloque 31, tras una serie de reuniones de consulta. La DINAPA aprueba el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental para el proyecto de desarrollo, así como la vía de acceso y el campamento base del bloque 31 (Cf. Supra, Mapa 2). Finalmente, tras una nueva discusión con Petrobras, en torno a nuevas alternativas a la vía de acceso a las plataformas Nenke y Apaika (9 y 12 de agosto de 2004), el ministro del Ambiente, Fabián Valdivieso otorga la licencia ambiental para el desarrollo y la producción del bloque 3138. Así culmina la primera fase del proceso de licenciamiento; pero lejos de ser concluido, el conflicto en torno a este bloque retoma una forma cada vez más política.

    La vía del conflicto

    108Apenas tres meses después del la publicación de la Resolución ministerial No. 045, la licencia ambiental para el bloque 31 queda suspendida por orden del subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, con motivo de la firma obligatoria de un convenio de seguimiento y monitoreo complementario – en aplicación a la cláusula 6 de la licencia ambiental. Una vez efectuado el primer depósito (167.500 USD de un total de 662.400 USD), el 30 de noviembre, se levanta la suspensión y se establece el “Programa de seguimiento y monitoreo socioambiental para la fase constructiva del plan de desarrollo y producción del bloque 31”39, a ser financiado con recursos de Petrobras, administrado financieramente por la Unidad coordinadora de proyectos (UCP) del Ministerio e implementado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

    109Para la ejecución de este programa, se contrata a la empresa Congeminpa, tras un concurso limitado con Costecam y Black Oil Consulting.40 Entre otras obligaciones Congeminpa debe constituir una unidad técnica, participar en el comité de coordinación del programa, como responsable operativo de la representación del Ministerio del Ambiente. Creado el 24 de marzo de 2005, este comité de coordinación es integrado por representantes del Ministerio (jefatura del parque Yasuní y Dirección de Biodiversidad), la DINAPA, el Municipio de Aguarico, el grupo asesor técnico para la reserva de biosfera Yasuní, Petrobras y Cogeminpa. Esta última se compromete también a participar en el proceso de sistematización de la información, preparar los cronogramas de actividades y presentarlos al director nacional de Prevención y control. Debe coordinar con los responsables del parque Yasuní las acciones necesarias para garantizar la conservación del área, identificar los impactos producidos por la ejecución del proyecto de desarrollo y producción del bloque 31. Finalmente se le encarga la actualización de la documentación y de la elaboración de las actas del comité de coordinación, además de la elaboración de varios informes (informes de monitoreo complementario, informes mensuales y anuales e informe final).

    110En realidad, pocos de estos compromisos serán cumplidos, pues Petrobras detiene sus obras en el área por no conseguir la autorización de entrar al parque. Tras conseguir las licencias de aprovechamiento forestal necesarias41, la empresa inició la construcción del muelle sobre el Napo y la vía de acceso entre Chiru Isla y las plataformas Apaika y Nenke. Sin embargo, comete el error de utilizar el río Tiputini sin permiso legal, para llevar por barcaza una retroexcavadora, un tractor, un tanque de combustibie y tablas para la construcción de un campamento temporal a la entrada del bloque 31 y del parque Yasuní. El 23 de abril, el responsable del parque, Alonso Jaramillo, dirige un oficio a Petrobras, en el cual denuncia la circulación de esta barcaza en el Tiputini e indica:

    Para evitar el impacto doble que representa la apertura de la vía y el tránsito en el Tiputini, he sugerido parar las actividades en el río Tiputini en tanto que llegue la vía a este sitio con las observaciones y correcciones del caso, entonces se autorizará la utilización de una gabarra en el sitio de construcción del puente la misma que una vez terminada la construcción del puente deberá salir del lugar.

    111Petrobras envía una solicitud de permiso para ingresar al parque, el 21 de junio, para realizar trabajos de topografía para la construcción de una vía de acceso a las plataformas Apaika y Nenke. No obstante, esta solicitud es negada por la ministra del Ambiente a través de dos oficios. En el primero (con fecha 6 de julio de 2005), ella comunica “las no conformidades comprobadas mediante las acciones de control efectuadas a la ejecución y cumplimiento del plan de manejo ambiental y condiciones determinadas en la licencia ambiental” del bloque 3142. Amenaza con suspender o revocar la licencia ambiental, si la empresa no remedia y justifica este incumplimiento en un plazo de 15 días, conforme a los artículos 27 y 28 del libro VI del texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. En el segundo (con fecha 7 de julio), informa que ha instruido a Alonso Jaramillo, no emitir autorización de ingreso al parque hasta que sea resuelto “lo relacionado con el tratamiento de las no conformidades mayores y el análisis de las alternativas orientadas a minimizar el impacto de las actividades a cargo de Petrobras”.

    112La ministra argumenta que el estudio de impacto y el plan de manejo amiental que fueron aprobados contemplan la ubicación del centro de procesamiento y facilidades fuera del parque y no contemplan la instalación de generadores eléctricos, pata el desarrollo del campo. Considera además que no se han presentado alternativas para minimizar los impactos, como cable carril, monorriel u otras metodologías constructivas restringidas. Concluye que si Petrobras cumpliera con el plan de manejo aprobado para la licencia ambiental, la construcción del centro de procesamiento y facilidades fuera del parque implicaría que no es necesaria la construcción de un puente ni una vía carrozable dentro del parque Yasuní. Por lo tanto, no autoriza el inicio de las actividades constructivas, ni el paso temporal por el Tiputini, ni tampoco el ingreso al parque.

    113Ambas cartas motivarán un recurso de reposición, interpuesto por Petrobras el 12 de septiembre de 2005. Para su defensa, Petrobras responde que el transporte de equipos por el Tiputini está contemplado por el plan de manejo, para la construcción de un puente, y que no entró al parque sino que utilizó el río limítrofe para esta operación. Argumenta por otro lado que la electrificación de Chiru Isla no requiere de estudio de impacto ambiental, por ser un proyecto de generación inferior a 1 MGW, además ejecutado por un convenio tripartito entre el cantón Aguarico, la comunidad Chiru Isla y Petrobras, en el cual la empresa petrolera tan sólo aporta el financiamiento. Este recurso será archivado por la ministra (el 3 de octubre), que alega que “los oficios […] materia del presente recurso, no son resoluciones ni en ningún momento se suspende o revoca la licencia ambiental”.

    114Sin embargo, una vez pasado el plazo legal de 15 días - durante el cual la empresa responde a las no conformidades y suspende toda actividad en el área — el Ministerio no autoriza aún la entrada al parque ni la circulación por el Tiputini para culminar la construcción del puente de acceso al bloque 31. La explicación radica en el hecho de que la ministra ha recibido “una serie de denuncias respecto de posibles irregularidades incurridas en el proceso de emisión de la licencia ambiental”. De hecho, el 4 de julio de 2005, el Contralor general del Estado autorizó la realización de una auditoria a este proceso y al proceso de contratación y gestión de la UCP del Ministerio del Ambiente, respecto de los gastos efectuados en la implementación del “programa de seguimiento y monitoreo socioambiental”.

    115Por su lado, en un oficio al presidente de la República, Alfredo Palacio (con fecha 3 de agosto de 2005), el director ejecutivo de la fundación Natura, Xavier Bustamante, solicita la suspensión de las operaciones de construcción en el bloque 31 y la revisión a profundidad de los procesos que llevaron al otorgamiento de la licencia ambiental y el diseño del proyecto (en particular la ubicación del centro de procesamiento y facilidades y la construcción de una carretera dentro del parque Yasuní). Incluso, la misma organización gana (el 19 de septiembre) un recurso de acceso a la información planteado ante el juez 4o de lo civil de Pichincha, por considerar que existen serias presunciones de que se haya cometido un acto ilegítimo por parte del entonces ministro del Ambiente, Fabián Valdivieso, al conceder la licencia ambiental para el bloque 31.

    116En sus conclusiones relativas al proceso de emisión de la licencia ambiental para el bloque 31, el informe de la Contraloría General del Estado43 ratifica que los Ministerios de Energía y del Ambiente “no efectuaron el proceso de consulta y participación ciudadana sobre el borrador final del estudio de impacto ambiental, con el centro de procesamiento y facilidades dentro del parque nacional Yasuní”. Añade que la construcción del centro de procesamiento y facilidades dentro del parque “cambiaría sustancialmente la naturaleza” del Estudio de impacto y plan de manejo ambiental del proyecto”.

    117Sin embargo, nota que el Ministerio del Ambiente “no cuenta con un reglamento interno que regule el procedimiento y participación de las diferentes Direcciones de esta Cartera de Estado, a fin de emitir las Licencias Ambientales”, ni ha emitido un pronunciamiento oficial a la fecha de corte (es decir noviembre de 2005), sobre la ubicación del centro de procesamiento y facilidades fuera del parque. Al respecto, el informe recomienda a la ministra del Ambiente,

    […] exigir a Petrobras presentar los estudios de impacto y planes de manejo ambiental, considerando el Centro de Facilidades Petroleras dentro del parque nacional Yasuní [y] disponer al Subsecretario de calidad ambiental que asuma su rol y responsabilidad con el fin de determinar si las no conformidades han sido subsanadas por la compañía Petrobras Energía Ecuador, a fin de garantizar que no se produzcan impactos ambientales adversos en el parque nacional Yasuní.

    118Ahora bien, la negociación retoma una vía diferente, puesto que en enero de 2006, el directorio de Petrobras ha aprobado una nueva propuesta, que contempla la construcción del centro de procesamiento y facilidades fuera del parque Yasuní (conforme el proyecto original), con acceso a los pozos por helicóptero y sin vía de acceso carrozable al interior del parque (Cf. Mapa 2). Antes de recibir el informe de la Contraloría general de la nación, las discusiones entre la empresa y los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, llegaron a un acuerdo según cual Petrobras se compromete a modificar el estudio de impacto ambiental conforme las recomendaciones ya formuladas por la ministra del Ambiente. El nuevo estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, a cargo de Entrix, serán presentados a la DINAPA el 4 de septiembre de 2006, tras un proceso de consulta iniciado el 7 de agosto del mismo año. Motivarán un informe favorable del Ministerio del Ambiente el 24 de noviembre y serán aprobados por el Ministerio de Energía y Minas mediante oficio con fecha 29 de diciembre de 2006.

    119En cuanto al proceso de seguimiento y monitoreo socioambiental, el informe de la Contraloría general ratifica que la Subsecretaría de Calidad ambiental y la Dirección de Control de la contaminación y calidad ambiental del Ministerio del Ambiente “no han cumplido en forma permanente las actividades de coordinación y supervisión”. No obstante, considera que las “no conformidades mayores” emitidas por la ministra del Ambiente en el oficio del 7 de julio de 2005 no se sustentan en errores graves o falta grave de cumplimiento con los términos del estudio de impacto ambiental. Ello explica, a posteriori, porque el Ministerio nunca suspendió la licencia ambiental para el bloque 31, a pesar de no permitir el tránsito por el río Tiputini. En este sentido, por no encontrar solución legal, el conflicto se estanca y desvela las carencias del sistema de gobernanza ambiental.

    120Históricamente, la gobernanza ambiental deficiente llevó a la situación paradójica según la cual el parque nacional Yasuní es a la vez la zona núcleo de la reserva de biosfera Yasuní y el lugar de una intensa actividad petrolera. El intento original de suplir esta deficiencia con la creación de un comité de gestión participativo fue comprometido por la instrumentalización de los mecanismos de cooperación institucional, a costa del incipiente proceso de participación. El conflicto alrededor del bloque 31 evidencia y exacerba estas dificultades por dos motivos: en primer lugar, por un error de análisis del grupo asesor técnico del Ministerio del Ambiente para la reserva de biosfera, en torno a la ubicación del centro de procesamiento y facilidades, o por lo menos su incapacidad de generar consenso en torno a su recomendación de ubicarlo dentro del parque; en segundo lugar, por la burocratización excesiva de aquel Ministerio, al origen de decisiones contradictorias y su insuficiente capacidad de rendición de cuenta.

    Conclusión

    121Desde su creación, el parque nacional Yasuní fue el teatro de la “esquizofrenia” estatal, con la implementación simultánea de políticas públicas de conservación y de extracción perrolera. En este sentido, la inserción del parque en la red mundial de reservas de biosferas debía responder a una necesidad patente de conciliar los objetivos de la conservación con aquellos del desarrollo humano sostenible. Sin embargo, esta iniciativa tuvo pocos efectos prácticos hasta finales de la década de los años noventa. Por un lado, siguieron intensificándose la exploración y explotación petrolera en la región amazónica ecuatoriana y el parque Yasuní. Por el otro, no se resolvieron los conflictos ambientales vinculados con el acceso a la tierra o con las actividades hidrocarburíferas.

    122La suerte del parque nacional Yasuní está en la articulación entre lógicas de acción racional que abogan por dos escenarios contradictorios para la reserva de biosfera: hacer compatibles las actividades petroleras con la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales de la zona; o prohibir definitivamente aquellas actividades en las áreas protegidas. Ahora bien, cualquiera sea el escenario privilegiado, los actores animados por estas lógicas conviven en el lugar, se enfrentan o colaboran según el momento. En este sentido, cada uno cumple con un rol particular en la gobernanza ambiental del área, lo cual fue reconocido por el Ministerio del Ambiente al crearse el comité de gestión y el grupo asesor técnico de la reserva de biosfera Yasuní.

    123El comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní nació como una instancia de participación, producto de un proceso y de la necesidad para este Ministerio de establecer alianzas estratégicas con los actores locales para la conservación de esta área. En cambio, el grupo asesor técnico es un organismo que responde a la necesidad de apoyo técnico y científico al Ministerio, para la conservación. Mientras la conformación del comité de gestión promueve la participación de la sociedad civil, el grupo asesor técnico es conformado por un número limitado de ONG y universidades (a través de sus estaciones científicas) que mantienen convenios con el Ministerio.

    124Las atribuciones del comité de gestión corresponden a la visión del Ministerio del Ambiente en septiembre de 2001, fueron sensiblemente modificadas a lo largo de los cinco años de nuestro periodo de estudio. Ello es particularmente visible con el rol preponderante asumido por el grupo asesor, tras la formulación del plan gerencial y del plan de fortalecimiento de la reserva de biosfera Yasuní. Al asumir la iniciativa del diálogo con las empresas petroleras que operaban en el área, este último dio al proceso de cooperación institucional un rumbo tecnocrático de índole privada.

    125Este giro contrasta con la gestión impulsada durante los periodos de la SUFOREN (1979-1992) y del INEFAN (1993-1999), puesto que buscaba superar los obstáculos a la aplicación del plan de manejo a través de una estrategia de financiamiento sostenible, que involucrara al sector más rico y a la vez más presente en el área. También contrasta con la aproximación participativa a la gestión del parque, que caracterizó los primeros años del comité de gestión, al acelerar el ritmo de la negociación con el sector petrolero sin proceso de consulta y deliberación con los actores locales. Sin embargo, al actuar así, el grupo asesor creó una situación de dependencia estrecha con las empresas multinacionales petroleras, cuya presencia en el parque Yasuní es rechazada por gran parte del movimiento ecologista (especialmente las ONG). En este contexto, el proceso de cooperación institucional padeció las consecuencias del conflicto que estalló alrededor del bloque 31, operado por Petrobras.

    126La oposición rotunda del movimiento ecologista a la licencia ambiental otorgada a Petrobras en 2004 — que autoriza la construcción de infraestructuras petroleras dentro del parque nacional — interviene en un contexto de crisis de gobernabilidad democrática de triple dimensión. Primero, el trasfondo es un nuevo episodio de la crisis política que afecta al Ecuador desde la transición democrática— es decir desde dos décadas y media - y que desembocó en la huida del país de Lucio Gutiérrez (en abril de 2005), el mismo que había participado en el derrocamiento de Jamil Mahuad (en enero de 2001), quien a su vez había contribuido a la caída de Abdalá Bucaram (en febrero de 1997).

    127Segundo, las movilizaciones concomitantes que se dieron en el norte de la región amazónica fueron en gran parte provocadas por la necesidad de garantizar los acuerdos logrados con Gutiérrez, en particular para la construcción de la “troncal amazónica” y la creación de empleos en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se concentra la actividad petrolera desde los años setenta y ochenta. El tercer nivel de crisis se observa en las contradicciones en las decisiones personalizadas que atañen a la aplicación de la ley y al control de las actividades de las empresas — en este caso, Petrobras — por el Ministerio del Ambiente.

    128Esta tercera dimensión es la que más interfirió con el proceso de cooperación institucional para el parque Yasuní, demostrando a contrario cuan perversos pueden volverse los disfuncionamientos del sistema de gobernanza ambiental (en este caso, la debilidad institucional de las autoridades de tutela pata la conservación del parque). Cierto es que los desequilibrios generados por la creciente importancia del grupo asesor técnico frente al sector petrolero tuvieron que ser corregidos por la presión de los miembros del comité de gestión, como lo muestra la última fase del periodo de estudio. No obstante, las contradicciones patentes entre las decisiones tomadas sucesivamente por el Ministerio ahondaron el problema e interrumpieron la negociación en torno a la creación del fondo ambiental para la reserva de biosfera Yasuní.

    129Por un lado, la decisión de Fabián Valdivieso de otorgar una licencia ambiental en base a recomendaciones del grupo asesor, es incongruente con el proceso de aprobación de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental por la misma autoridad. Por el otro, la decisión de Anita Albán de negar a Petrobras la autorización de entrar al parque y navegar en el Tiputini — pese a que la empresa haya respondido a las no conformidades expresadas por ella misma — es incongruente con el proceso de ejecución del contrato firmado con el Estado ecuatoriano.

    130Al fin y al cabo, el proceso de cooperación institucional pata la reserva de biosfera Yasuní se enfrenta con cuatro tipos de problemas estructurales. A nivel político, es patente la debilidad institucional del Ministerio del Ambiente y de la dirección del parque, la discontinuidad en la política ambiental y, por ende, la indefinición jurídica de la figura de reserva de biosfera en el Ecuador — que contrasta con la rigidez del proceso de licenciamiento al cual se someten las empresas petroleras en las áreas protegidas. Sin lugar a duda, el conflicto ambiental alrededor de la licencia para el bloque 31 es de índole política más que legal; y su resolución pasa por un cambio de posiciones tanto de la empresa cuanto del Ministerio, más que por una estricta aplicación de las normas vigentes.

    131A nivel económico, la falta de recursos para el manejo del parque contrasta con la magnitud de las inversiones y ganancias realizadas por la industria petrolera en el área. Un factor clave en la interrupción de aquel proceso, fue también la confusión en la agenda del grupo asesor y del comité de gestión, lo cual desembocó en un proceso de negociación precipitado con el sector petrolero (por la creación del fondo ambiental), que no se amparaba en el respaldo de la sociedad civil ni de las comunidades locales. Esta dimensión constituye el nodo de muchos conflictos en el parque y sigue siendo el punto más obvio de discrepancia entre los distintos sectores del movimiento ecologista ecuatoriano, especialmente en lo que atañe a la posible contribución del sector petrolero en el financiamiento de la conservación.

    132A nivel social, es notable la escasa participación de la sociedad civil en los procesos de conservación, pese a la intención proclamada por todos los actores institucionales y económicos, de involucrar cada vez más a las poblaciones locales en los planes de desarrollo. A ello se añade la falta de representatividad de las ONG nacionales e internacionales, la inadecuación de los mecanismos de consulta y participación — especialmente para las comunidades quichua y huaorani del área de estudio — y la creciente politización del movimiento social amazónico (mediante la asamblea biprovincial), concomitante de la crisis del movimiento indígena amazónico desde la administración de Lucio Gutiérrez. Desde la construcción del OCP, es notoria la evolución de las reivindicaciones de las organizaciones sociales del Nororiente hacia demandas por trabajo y generación de ingreso, mientras que, en los años noventa, las demandas prioritarias abarcaban la remediación de sitios contaminados por Texaco y CEPE el pago de compensaciones por daños ambientales y a la salud.

    133Por último, a nivel ético, la ineficacia de los mecanismos de rendició n de cuentas a los cuales obedece el Ministerio del Ambiente es agravada por los esfuerzos de los ecologistas radicales de politizar las relaciones entre este último y las empresas petroleras. La polarización del conflicto en torno a la licencia del bloque 31 no traduce sino la incapacidad del movimiento ecologista de elaborar una propuesta consensuada en tomo a la conservación del parque. Las posiciones éticas, que contraponen los impactos de la actividad petrolera con los beneficios de la conservación, expresan una visión maniquea (el bien contra el mal) y sectorial (aunque con pretención universal) de la realidad ecuatoriana. En este sentido, los conflictos ambientales se vuelven un obstáculo a la cooperación institucional para la conservación, en lugar de ayudar a volverla más participativa. A ello cabe agregar la ambigüedad del discurso de algunos líderes indígenas, que pretenden en público oponerse a la actividad petrolera en su territorio, mientras negociando en privado compensaciones sociales y financieras con las empresas para autorizar su ingreso.

    134La evaluación decenal de la viabilidad de las reservas de biosfera debería llevar a reconsiderar la zonificación de la reserva de biosfera Yasuní, a partir del “Plan emergente de manejo del parque nacional Yasuní y reserva de biosfera”, presentado en 1989 por TNC y la SUFOREN, y de las recomendaciones del proyecto Petramaz-Unión Europea, presentadas en diciembre de 1999. La zona núcleo podría ser redefinida en torno al área intangible declarado en 1999 y delimitada legalmente en 2006. Será probablemente necesario reconsiderar la inclusión de una mayor parte de la provincia del Pastaza en la reserva de biosfera, en función de los intereses reales de las comunidades (especialmente quichua y huaorani) y organizaciones indígenas (especialmente OPIP y CONFENIAE). Pero sobre todo, es muy probable que la zona de amortiguamiento se amplíe a la parte del parque nacional hoy superpuesta con seis bloques petrolíferos en actividad.

    135Por otro lado, es menester asumir que la suerte de la conservación y del desarrollo local dependen de la capacidad de controlar la actividad petrolera. Las soluciones extremas de moratoria total a las actividades petroleras o de licitación de nuevos bloques petrolíferos en la RAE no son viables y pueden convertirse en obstáculos a la gobernanza ambiental eficiente. En este sentido, es menester reconsiderar el papel de las empresas petroleras presentes en el área, así como los procesos de consulta y participación con las poblaciones locales (indígenas y campesinas).

    136Tanto las relaciones con las empresas como la zonificación implican encontrar una solución al problema de participación de los actores locales (especialmente indígenas y organismos seccionales). Ello a su vez obliga a enfrentar a corto plazo los problemas de institucionalidad y los problemas financieros que afectan al Ministerio del Ambiente y la dirección del parque Yasuní. No se trata por lo tanto de proceder a reformas estructurales ni esperar cambios profundos en el sistema de gobernanza ambiental. El reto consiste más bien en hacer viable el proceso de participación y de colaboración interinstitucional en el manejo de la reserva de biosfera con las herramientas existentes — incluido el comité de gestión y el grupo asesor técnico.

    137Finalmente, los cambios actuales en el sistema de gobernanza local — en particular la descentralización de competencias ambientales y las perspectivas que abren el Reglamento de consulta para la Ley de gestión ambiental - crean una situación nueva para la ubicación de la reserva de biosfera y su comité de gestión. Si bien es cierto, los resultados del proceso de consolidación del comité de gestión siguen inciertos, la experiencia debería ser útil para anticipar y enfrentar los problemas de cooperación interinstitucional local. Al respecto, la experiencia del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní puede convertirse en un referente esencial para la implementación de la descentralización en la región amazónica ecuatoriana, más que ser un resultado de la misma.

    Notes de bas de page

    1 Decreto interministerial No. 322, publicado en el Registro Oficial No. 69 del 20 de noviembre de 1979.

    2 Sin llegar al caso extremo del refugio de vida silvestre de la Isla Santa Clara (1.174 USD / ha; 5 has / ténico), se puede comparar estas cifras con aquellas del parque nacional Cajas (6,60 USD / ha; 1.310 has / técnico) o, para quedar en la región amazónica, con aquellas del parque nacional Sumaco-Napo-Galeras (0,46 USD / ha; 15.788 has / técnico y de la reserva biológica Limoncocha (4,07 USD / ha; 1.538 has / técnico). (Ministerio del Ambiente 2005: 48, 51 y 58).

    3 Mediante el Acuerdo ministerial del Ministerio de Agriculrura y Ganadería No 191, del 2 de abril de 1990.

    4 Mediante el Acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganadería No 202, del 15 de mayo de 1992.

    5 Mediante el Decreto presidencial del 3 de abril de 1990.

    6 Un primer convenio de uso y manejo de recursos naturales fue firmado en diciembre de 1998, entre Yolanda Kakabadse (entonces ministra del Ambiente) y las comunidades de Pompeya, Indillama, Nueva Providencia y Centro Añangu. Este convenio es cuestionado por 4 comunidades quichua de la vía a Loreto (Jivino, Centro Manduro, San Luis de Armenia y Patasyacu), afiliadas a la FCUNAE, que conseguirán autorización de la ministra Lourdes Luque para ingresar a la misma zona (en febrero de 2002), luego para ejercer actividades de ecoturismo. Un segundo convenio fue firmado el 2 de septiembre de 2004, entre la Dirección regional Sucumbíos-Orellana del Ministerio del Ambiente y las comunidades de Pompeya, Indillama, Nueva Providencia, Centro Añangu, Sani Isla y San Roque.

    7 Por resolución del comité especial de licitaciones de Petroecuador, del 4 de enero de 1999.

    8 Mediante el Decreto ejecutivo No. 552, del 29 de enero de 1999.

    9 Mediante el Decreto ejecutivo No. 2187, del 3 de enero de 2007.

    10 No es el lugar de comentar esta propuesta, sin embargo vale mencionar que el monto fijado — calculado a partir de las ganancias que generaría la explotación del yacimiento de crudo pesado - supera todas las experiencias latinoamericanas en cuanto al canje de deuda por naturaleza pro-mocionados por el GEF (Global Environmental Facility) y al pago por secuestro de carbono.

    11 Resolución ministerial No. 103, del 30 de diciembre de 1999.

    12 Para elaborar la cronología del proceso, además de entrevistas a los actores clave del comité, se consultaron las cartas y los actas de reunión del grupo asesor técnico y del comité de gestión, además de los siguientes documentos: Grupo social FEPP-Regional Coca (2004), “Informe. Principales resultados del proceso de gestión e implementación de la reserva de biosfera Yasuní. Documento elaborado a petición verbal del ministro de Ambiente, Sr. Fabián Valdivieso”; Jimmy Marchán (2005), “Comité de Gestión de la reserva de biosfera Yasuní. Perspectivas”; y Carolina Mancheno (2005), “Informe cuatrimestral a la WCS. Enero-abril 2005 (segundo borrador)”. (Cf. Anexo 1).

    13 Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de capital natural, Dirección de biodiversidad y áreas protegidas, “Reglamento general para la organización y funcionamiento de los comités de gestión en el patrimonio nacional de áreas naturales protegidas del Ecuador (para revisión y aprobación de la señora ministra)”, septiembre de 2001, mimeo, 9 p.

    14 Asisten representantes del Ministerio del Ambiente, del Vicariato de Aguarico, de la CONFENIAE, la FCUNAE y las comunidades Nueva Providencia, Pompeya, San Luis de Armenia, Centro Manduro y San Roque.

    15 Se entrevistaron a representantes del Distrito regional del Ministerio, del Vicariato de Aguarico, de la Brigada Selva 19 Napo, y de las organizaciones de mujeres de Nuevo Napo, Nueva Esperanza y La Forraleza.

    16 Propuesta formulada por un grupo integrado por representantes del Ministerio del Ambiente (parque Yasuní), el FEPP, la WCS, organizaciones indígenas (CONFENIAE, FCUNAE, OPIP) y campesinas (FOCAO), el Municipio de Francisco de Orellana y el Consejo provincial de Orellana.

    17 Este directorio es integrado por el Ministerio del Ambiente, el Honorable Municipio de Francisco de Orellana, el Consejo provincial de Orellana, el Ecorae, la ONHAE, la CONFENIAE, la FOCAO, la FCUNAE, la Universidad San Francisco de Quito y la Brigada Selva No. 19 Napo.

    18 Mediante el acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente No. 051, del 7 de mayo de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 583, del 27 de mayo de 2002.

    19 Sigla de “fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas”, comúnmente aplicado a los diagnósticos organizacionales.

    20 Asisten a esta reunión funcionarios de Encana, Petrobras, Walsh y Daymi Service (subcontratis-tas de Petrobras para el estudio de impacto ambiental y el plan de relaciones comunitarias del bloque 31), la DINAPA, el Vicariato de Aguarico, el Municipio de Francisco de Orellana y la red de seguridad alimenticia de la FAO (Horizont 3000).

    21 Asisten representantes de Walsh, Petrobras, Encana, USAID y Terra Group.

    22 Esta reunión convoca a representantes de Petrobras, Walsh, Encana, Occidental, Amazon Energy (FCUNAE), Napo Wildlife Center, Scalesia, EcoEcuador, la FCUNAE, la ONHAE, Finding Species y el Consejo provincial de Orellana.

    23 Participan representantes de Walsh, Petrobras, Repsol-YPF y la FOCAO.

    24 Grupo asesor técnico del parque nacional y reserva de biosfera Yasuní, “Programa de fortalecimiento del parque nacional Yasuní y reserva de biosfera Yasuní”, marzo de 2004, mimeo, 38 p.

    25 Esta comisión es integrada por representantes del FEPP, la FOCAO, la FCUNAE, la WCS y el Distrito Regional Sucumbíos-Orellana del Ministerio del Ambiente.

    26 Además de Acción Ecológica, esta campaña involucró a la Escuela Politécnica (Espol) y las ONG Tierra viva, el Cedime, Semilla de vida, Bios, Hippocampus, FEMM, Janan Urin, Amigos de Mazan y Arco iris.

    27 La campaña “Amaxonía por la vida” se reactivo en junio de 2007, bajo el nombre “El Yasuní depende de ti”, a raíz de la propuesta de Acción Ecológica de captar fondos de la cooperación internacional para mantener el petróleo en el subsuelo, lo cual confirma que la lucha contra la explotación petrolera en la Amazonia – y especialmente en el parque Yasuní – sigue siendo el principal tema de convocatotia del movimiento ecologista en el Ecuador.

    28 Además de Acción Ecológica, coordinadora, esta comisión estaba integrada por las fundaciones Natura, Sínchi Sacha y Jatún Sacha Comuna, la SEME (Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica), el IFA, la Asociación de Defensa del Cuyabeno, Oikos, la Corporación ornitológica ecuatoriana (CECIA), la Asociación ecuatoriana de ecoturismo, la Asociación de guías del Cuyabeno y Gaia-Tierra Viva.

    29 Se trata del “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, elaborado en 1989, en reforma al “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales”, de 1957. La segunda parte del convenio está dedicada a las tierras. Véase en particular, el artículo 15.1, dedicado a la explotación de recursos del subsuelo, y el 16.2, dedicado al consentimiento libre de los pueblos para su reubicación.

    30 El FEIREP era un fideicomiso, creado en 2003 con los ingresos del Estado provenientes del transporte de crudo pesado vía el OCP, en el contexto de alza rápida del precio del crudo Oriente en los mercados internacionales. Fue liquidado en julio 2005, luego reemplazado por una cuenta especial denominada “Reactivación productiva y social, del desarrollo científico tecnológico y de la estabilización fiscal (CEREPS).

    31 Frente patriótico por la soberanía petrolera, “Manifiesto del encuentro «Petróleo y soberanía»”, 28 de diciembre de 2005, mimeo.

    32 Entre éstas, figuran los ex ministros de Recursos narurales Gustavo Jarrín Ampudia y René Vargas Pazos, los ex ministros de Ambiente Jaime Galarza y Edgar Isch, Alexandra Almeida (Acción Ecológica), Gustavo Pinto (Colegio de ingenieros geólogos, minas, petróleos y ambiente), etc.

    33 Ver, al respecto, Villaverde et al. (2005); Ecolex (2003).

    34 David Romo (USFQ) y Amanda Barrera (WCS).

    35 Firman personalidades de renombre internacional como la primatóloga británica, Jane Goodall, E. O. Wilson (del museo de zoología comparada de Harvard), Stuart Pimm (de la Universidad de Duke), Paul Erlich (de la Universidad de Stanford), Peter Raven (del Jardín botánico del Missouri), Gary Meffe (Georgia) y Thomas Lovejoy.

    36 Esta demanda es firmada por Elsie Monge (Directora ejecutiva de la Comisión ecuménica de derechos humanos, Patricio Benalcázar (Presidente de la Fundación regional de derechos humanos), Jorge Benavides Ordóñez (Presidente de la Federación de estudiantes universitarios de la Universidad Católica del Ecuador), Leonidas Iza (Presidente de la CONAIE) y David Cordero (Clínica de derechos humanos de la Universidad Católica).

    37 La demanda es firmada, por Xavier Bustamante, director de Fundación Natura, Silvana del Rocío Rivadeneira (Ecolex), Rossana Manosalvas (Ecociencia), Sandra Loor (Cecia), Jorge Albán (Ambiente y Sociedad) y Edgar Isch (ex ministro del Ambiente, de enero a marzo de 2004).

    38 Mediante la Resolución ministerial No. 045, del 19 de agosto de 2004. La publicación de esta resolución coincidió con la visita del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el 25 de agosto.

    39 Mediante la Resolución ministerial No. 142, del 13 de diciembre de 2004.

    40 El contrato es firmado el 16 de febrero de 2005, con una duración de dos años, correspondientes a la fase constructiva del proyecto de desarrollo del bloque 31.

    41 Licencia de aprovechamiento forestal especial No. 001-04, del 7 de diciembre de 2004. Licencia de aprovechamiento forestal especial No. 001-05, del 22 de marzo de 2005.

    42 Estas “incorformidades” fueron archivadas por resolución original 148, del 30 de abril de 2007, comunicada a Petrobras el 17 de mayo.

    43 Contraloría General del Estado, “Informe de auditoria practicada al proceso de contratación y gestión de la unidad coordinadora de proyectos, UCP, del Ministerio del Ambiente, respecto de los gastos efectuados en la implementación del programade seguimiento y monitoreo socio ambiental para la fase constructiva del plan de desarrollo y producción del bloque 31, que se financia con recursos de la compañía Petrobras ; y al proceso de emisión de la licencia ambiental, a cargo del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, y el grado de cumplimiento de los requerimientos de la licencia y del plan de manejo ambiental en la ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y Petrobras”, 10 de mayo de 2006, mimeo, 62 p.

    Auteur

    • Guillaume Fontaine
    Précédent Suivant
    Table des matières

    Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Las confesiones de don Juan Vazquez

    Las confesiones de don Juan Vazquez

    Con el apéndice documental

    Luis Millones

    2002

    Sociedad y gobierno episcopal

    Sociedad y gobierno episcopal

    Las visitas del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo (Cuzco, 1674-1694)

    Pedro Guibovich Pérez et Luis Eduardo Wuffarden

    2008

    Política y burguesía en el Perú

    Política y burguesía en el Perú

    El Partido Civil antes de la Guerra con Chile

    Ulrich Mücke

    2010

    Indigenismo y nación

    Indigenismo y nación

    Los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua en el Boletín Titikaka (1926-1930)

    Ulises Juan Zevallos Aguilar

    2002

    Los Andes y el reto del espacio mundo

    Los Andes y el reto del espacio mundo

    Homenaje a Olivier Dollfus

    Jean-Paul Deler et Évelyne Mesclier (éd.)

    2004

    Memorias en conflicto

    Memorias en conflicto

    Aspectos de la violencia política contemporánea

    Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori et al. (éd.)

    2004

    De los Andes hasta Pará

    De los Andes hasta Pará

    Ecuador - Perú - Amazonas

    Marcel Monnier Edgardo Rivera Martínez (trad.)

    2005

    Del trono a la guillotina

    Del trono a la guillotina

    El impacto de la Revolución Francesa en el Perú (1789-1808)

    Claudia Rosas Lauro

    2006

    Ladrones de sombra

    Ladrones de sombra

    El universo religioso de los pastores del Ausangate (Andes surperuanos)

    Xavier Ricard Lanata

    2007

    La educación de las elites indígenas en el Perú colonial

    La educación de las elites indígenas en el Perú colonial

    Monique Alaperrine-Bouyer

    2007

    Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América

    Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América

    Elisabeth Cunin (éd.)

    2009

    Una historia de la presencia francesa en el Perú, del Siglo de las Luces a los Años Locos

    Una historia de la presencia francesa en el Perú, del Siglo de las Luces a los Años Locos

    Pascal Riviale

    2008

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Las confesiones de don Juan Vazquez

    Las confesiones de don Juan Vazquez

    Con el apéndice documental

    Luis Millones

    2002

    Sociedad y gobierno episcopal

    Sociedad y gobierno episcopal

    Las visitas del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo (Cuzco, 1674-1694)

    Pedro Guibovich Pérez et Luis Eduardo Wuffarden

    2008

    Política y burguesía en el Perú

    Política y burguesía en el Perú

    El Partido Civil antes de la Guerra con Chile

    Ulrich Mücke

    2010

    Indigenismo y nación

    Indigenismo y nación

    Los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua en el Boletín Titikaka (1926-1930)

    Ulises Juan Zevallos Aguilar

    2002

    Los Andes y el reto del espacio mundo

    Los Andes y el reto del espacio mundo

    Homenaje a Olivier Dollfus

    Jean-Paul Deler et Évelyne Mesclier (éd.)

    2004

    Memorias en conflicto

    Memorias en conflicto

    Aspectos de la violencia política contemporánea

    Raynald Belay, Jorge Bracamonte, Carlos Iván Degregori et al. (éd.)

    2004

    De los Andes hasta Pará

    De los Andes hasta Pará

    Ecuador - Perú - Amazonas

    Marcel Monnier Edgardo Rivera Martínez (trad.)

    2005

    Del trono a la guillotina

    Del trono a la guillotina

    El impacto de la Revolución Francesa en el Perú (1789-1808)

    Claudia Rosas Lauro

    2006

    Ladrones de sombra

    Ladrones de sombra

    El universo religioso de los pastores del Ausangate (Andes surperuanos)

    Xavier Ricard Lanata

    2007

    La educación de las elites indígenas en el Perú colonial

    La educación de las elites indígenas en el Perú colonial

    Monique Alaperrine-Bouyer

    2007

    Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América

    Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América

    Elisabeth Cunin (éd.)

    2009

    Una historia de la presencia francesa en el Perú, del Siglo de las Luces a los Años Locos

    Una historia de la presencia francesa en el Perú, del Siglo de las Luces a los Años Locos

    Pascal Riviale

    2008

    Voir plus de livres
    El precio del petróleo

    El precio del petróleo

    Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica

    Guillaume Fontaine

    2003

    Voir plus de livres
    El precio del petróleo

    El precio del petróleo

    Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica

    Guillaume Fontaine

    2003

    Voir plus de chapitres

    Prólogo. Problemas de la gobernanza ambiental en el Ecuador

    Guillaume Fontaine et Iván Narváez

    Voir plus de chapitres

    Prólogo. Problemas de la gobernanza ambiental en el Ecuador

    Guillaume Fontaine et Iván Narváez

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    ePub / PDF

    1 Decreto interministerial No. 322, publicado en el Registro Oficial No. 69 del 20 de noviembre de 1979.

    2 Sin llegar al caso extremo del refugio de vida silvestre de la Isla Santa Clara (1.174 USD / ha; 5 has / ténico), se puede comparar estas cifras con aquellas del parque nacional Cajas (6,60 USD / ha; 1.310 has / técnico) o, para quedar en la región amazónica, con aquellas del parque nacional Sumaco-Napo-Galeras (0,46 USD / ha; 15.788 has / técnico y de la reserva biológica Limoncocha (4,07 USD / ha; 1.538 has / técnico). (Ministerio del Ambiente 2005: 48, 51 y 58).

    3 Mediante el Acuerdo ministerial del Ministerio de Agriculrura y Ganadería No 191, del 2 de abril de 1990.

    4 Mediante el Acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganadería No 202, del 15 de mayo de 1992.

    5 Mediante el Decreto presidencial del 3 de abril de 1990.

    6 Un primer convenio de uso y manejo de recursos naturales fue firmado en diciembre de 1998, entre Yolanda Kakabadse (entonces ministra del Ambiente) y las comunidades de Pompeya, Indillama, Nueva Providencia y Centro Añangu. Este convenio es cuestionado por 4 comunidades quichua de la vía a Loreto (Jivino, Centro Manduro, San Luis de Armenia y Patasyacu), afiliadas a la FCUNAE, que conseguirán autorización de la ministra Lourdes Luque para ingresar a la misma zona (en febrero de 2002), luego para ejercer actividades de ecoturismo. Un segundo convenio fue firmado el 2 de septiembre de 2004, entre la Dirección regional Sucumbíos-Orellana del Ministerio del Ambiente y las comunidades de Pompeya, Indillama, Nueva Providencia, Centro Añangu, Sani Isla y San Roque.

    7 Por resolución del comité especial de licitaciones de Petroecuador, del 4 de enero de 1999.

    8 Mediante el Decreto ejecutivo No. 552, del 29 de enero de 1999.

    9 Mediante el Decreto ejecutivo No. 2187, del 3 de enero de 2007.

    10 No es el lugar de comentar esta propuesta, sin embargo vale mencionar que el monto fijado — calculado a partir de las ganancias que generaría la explotación del yacimiento de crudo pesado - supera todas las experiencias latinoamericanas en cuanto al canje de deuda por naturaleza pro-mocionados por el GEF (Global Environmental Facility) y al pago por secuestro de carbono.

    11 Resolución ministerial No. 103, del 30 de diciembre de 1999.

    12 Para elaborar la cronología del proceso, además de entrevistas a los actores clave del comité, se consultaron las cartas y los actas de reunión del grupo asesor técnico y del comité de gestión, además de los siguientes documentos: Grupo social FEPP-Regional Coca (2004), “Informe. Principales resultados del proceso de gestión e implementación de la reserva de biosfera Yasuní. Documento elaborado a petición verbal del ministro de Ambiente, Sr. Fabián Valdivieso”; Jimmy Marchán (2005), “Comité de Gestión de la reserva de biosfera Yasuní. Perspectivas”; y Carolina Mancheno (2005), “Informe cuatrimestral a la WCS. Enero-abril 2005 (segundo borrador)”. (Cf. Anexo 1).

    13 Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de capital natural, Dirección de biodiversidad y áreas protegidas, “Reglamento general para la organización y funcionamiento de los comités de gestión en el patrimonio nacional de áreas naturales protegidas del Ecuador (para revisión y aprobación de la señora ministra)”, septiembre de 2001, mimeo, 9 p.

    14 Asisten representantes del Ministerio del Ambiente, del Vicariato de Aguarico, de la CONFENIAE, la FCUNAE y las comunidades Nueva Providencia, Pompeya, San Luis de Armenia, Centro Manduro y San Roque.

    15 Se entrevistaron a representantes del Distrito regional del Ministerio, del Vicariato de Aguarico, de la Brigada Selva 19 Napo, y de las organizaciones de mujeres de Nuevo Napo, Nueva Esperanza y La Forraleza.

    16 Propuesta formulada por un grupo integrado por representantes del Ministerio del Ambiente (parque Yasuní), el FEPP, la WCS, organizaciones indígenas (CONFENIAE, FCUNAE, OPIP) y campesinas (FOCAO), el Municipio de Francisco de Orellana y el Consejo provincial de Orellana.

    17 Este directorio es integrado por el Ministerio del Ambiente, el Honorable Municipio de Francisco de Orellana, el Consejo provincial de Orellana, el Ecorae, la ONHAE, la CONFENIAE, la FOCAO, la FCUNAE, la Universidad San Francisco de Quito y la Brigada Selva No. 19 Napo.

    18 Mediante el acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente No. 051, del 7 de mayo de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 583, del 27 de mayo de 2002.

    19 Sigla de “fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas”, comúnmente aplicado a los diagnósticos organizacionales.

    20 Asisten a esta reunión funcionarios de Encana, Petrobras, Walsh y Daymi Service (subcontratis-tas de Petrobras para el estudio de impacto ambiental y el plan de relaciones comunitarias del bloque 31), la DINAPA, el Vicariato de Aguarico, el Municipio de Francisco de Orellana y la red de seguridad alimenticia de la FAO (Horizont 3000).

    21 Asisten representantes de Walsh, Petrobras, Encana, USAID y Terra Group.

    22 Esta reunión convoca a representantes de Petrobras, Walsh, Encana, Occidental, Amazon Energy (FCUNAE), Napo Wildlife Center, Scalesia, EcoEcuador, la FCUNAE, la ONHAE, Finding Species y el Consejo provincial de Orellana.

    23 Participan representantes de Walsh, Petrobras, Repsol-YPF y la FOCAO.

    24 Grupo asesor técnico del parque nacional y reserva de biosfera Yasuní, “Programa de fortalecimiento del parque nacional Yasuní y reserva de biosfera Yasuní”, marzo de 2004, mimeo, 38 p.

    25 Esta comisión es integrada por representantes del FEPP, la FOCAO, la FCUNAE, la WCS y el Distrito Regional Sucumbíos-Orellana del Ministerio del Ambiente.

    26 Además de Acción Ecológica, esta campaña involucró a la Escuela Politécnica (Espol) y las ONG Tierra viva, el Cedime, Semilla de vida, Bios, Hippocampus, FEMM, Janan Urin, Amigos de Mazan y Arco iris.

    27 La campaña “Amaxonía por la vida” se reactivo en junio de 2007, bajo el nombre “El Yasuní depende de ti”, a raíz de la propuesta de Acción Ecológica de captar fondos de la cooperación internacional para mantener el petróleo en el subsuelo, lo cual confirma que la lucha contra la explotación petrolera en la Amazonia – y especialmente en el parque Yasuní – sigue siendo el principal tema de convocatotia del movimiento ecologista en el Ecuador.

    28 Además de Acción Ecológica, coordinadora, esta comisión estaba integrada por las fundaciones Natura, Sínchi Sacha y Jatún Sacha Comuna, la SEME (Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica), el IFA, la Asociación de Defensa del Cuyabeno, Oikos, la Corporación ornitológica ecuatoriana (CECIA), la Asociación ecuatoriana de ecoturismo, la Asociación de guías del Cuyabeno y Gaia-Tierra Viva.

    29 Se trata del “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, elaborado en 1989, en reforma al “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales”, de 1957. La segunda parte del convenio está dedicada a las tierras. Véase en particular, el artículo 15.1, dedicado a la explotación de recursos del subsuelo, y el 16.2, dedicado al consentimiento libre de los pueblos para su reubicación.

    30 El FEIREP era un fideicomiso, creado en 2003 con los ingresos del Estado provenientes del transporte de crudo pesado vía el OCP, en el contexto de alza rápida del precio del crudo Oriente en los mercados internacionales. Fue liquidado en julio 2005, luego reemplazado por una cuenta especial denominada “Reactivación productiva y social, del desarrollo científico tecnológico y de la estabilización fiscal (CEREPS).

    31 Frente patriótico por la soberanía petrolera, “Manifiesto del encuentro «Petróleo y soberanía»”, 28 de diciembre de 2005, mimeo.

    32 Entre éstas, figuran los ex ministros de Recursos narurales Gustavo Jarrín Ampudia y René Vargas Pazos, los ex ministros de Ambiente Jaime Galarza y Edgar Isch, Alexandra Almeida (Acción Ecológica), Gustavo Pinto (Colegio de ingenieros geólogos, minas, petróleos y ambiente), etc.

    33 Ver, al respecto, Villaverde et al. (2005); Ecolex (2003).

    34 David Romo (USFQ) y Amanda Barrera (WCS).

    35 Firman personalidades de renombre internacional como la primatóloga británica, Jane Goodall, E. O. Wilson (del museo de zoología comparada de Harvard), Stuart Pimm (de la Universidad de Duke), Paul Erlich (de la Universidad de Stanford), Peter Raven (del Jardín botánico del Missouri), Gary Meffe (Georgia) y Thomas Lovejoy.

    36 Esta demanda es firmada por Elsie Monge (Directora ejecutiva de la Comisión ecuménica de derechos humanos, Patricio Benalcázar (Presidente de la Fundación regional de derechos humanos), Jorge Benavides Ordóñez (Presidente de la Federación de estudiantes universitarios de la Universidad Católica del Ecuador), Leonidas Iza (Presidente de la CONAIE) y David Cordero (Clínica de derechos humanos de la Universidad Católica).

    37 La demanda es firmada, por Xavier Bustamante, director de Fundación Natura, Silvana del Rocío Rivadeneira (Ecolex), Rossana Manosalvas (Ecociencia), Sandra Loor (Cecia), Jorge Albán (Ambiente y Sociedad) y Edgar Isch (ex ministro del Ambiente, de enero a marzo de 2004).

    38 Mediante la Resolución ministerial No. 045, del 19 de agosto de 2004. La publicación de esta resolución coincidió con la visita del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el 25 de agosto.

    39 Mediante la Resolución ministerial No. 142, del 13 de diciembre de 2004.

    40 El contrato es firmado el 16 de febrero de 2005, con una duración de dos años, correspondientes a la fase constructiva del proyecto de desarrollo del bloque 31.

    41 Licencia de aprovechamiento forestal especial No. 001-04, del 7 de diciembre de 2004. Licencia de aprovechamiento forestal especial No. 001-05, del 22 de marzo de 2005.

    42 Estas “incorformidades” fueron archivadas por resolución original 148, del 30 de abril de 2007, comunicada a Petrobras el 17 de mayo.

    43 Contraloría General del Estado, “Informe de auditoria practicada al proceso de contratación y gestión de la unidad coordinadora de proyectos, UCP, del Ministerio del Ambiente, respecto de los gastos efectuados en la implementación del programade seguimiento y monitoreo socio ambiental para la fase constructiva del plan de desarrollo y producción del bloque 31, que se financia con recursos de la compañía Petrobras ; y al proceso de emisión de la licencia ambiental, a cargo del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, y el grado de cumplimiento de los requerimientos de la licencia y del plan de manejo ambiental en la ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y Petrobras”, 10 de mayo de 2006, mimeo, 62 p.

    Yasuní en el siglo XXI

    X Facebook Email

    Yasuní en el siglo XXI

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Yasuní en el siglo XXI

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Fontaine, G. (2007). Capítulo 2. Problemas de la cooperación institucional: el caso del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní. In G. Fontaine & I. Narváez (éds.), Yasuní en el siglo XXI. Lima: Institut français d’études andines. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5769
    Fontaine, Guillaume. « Capítulo 2. Problemas de la cooperación institucional: el caso del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní ». In Yasuní en el siglo XXI, édité par Guillaume Fontaine et Iván Narváez. Lima: Institut français d’études andines, 2007. doi:10.4000/books.ifea.5769.
    Fontaine, Guillaume. « Capítulo 2. Problemas de la cooperación institucional: el caso del comité de gestión de la reserva de biosfera Yasuní ». Yasuní en el siglo XXI, édité par Guillaume Fontaine et Iván Narváez, Institut français d’études andines, 2007, https://doi.org/10.4000/books.ifea.5769.

    Référence numérique du livre

    Format

    Fontaine, G., & Narváez, I. (éds.). (2007). Yasuní en el siglo XXI. Lima: Institut français d’études andines, Centro Cultural Abya-Yala, Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Faculté latinoaméricaine de sciences sociales. Sede Académica Ecuador, Petrobras Ecuador, Wildlife conservation society. https://doi.org/10.4000/books.ifea.5758
    Fontaine, Guillaume, et Iván Narváez, éd. Yasuní en el siglo XXI. Lima: Institut français d’études andines, Centro Cultural Abya-Yala, Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Faculté latinoaméricaine de sciences sociales. Sede Académica Ecuador, Petrobras Ecuador, Wildlife conservation society, 2007. doi:10.4000/books.ifea.5758.
    Fontaine, Guillaume, et Iván Narváez, éditeurs. Yasuní en el siglo XXI. Institut français d’études andines, Centro Cultural Abya-Yala, Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, Faculté latinoaméricaine de sciences sociales. Sede Académica Ecuador, Petrobras Ecuador, Wildlife conservation society, 2007, https://doi.org/10.4000/books.ifea.5758.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Institut français d’études andines

    Institut français d’études andines

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.ifea.org.pe

    Email : ifea.secretariat@cnrs.fr

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement