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Comunidades negras en el Pacífico colombiano

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Odile Hoffmann

Conclusión general

Texte intégral

1Desde hace diez años, Colombia implementa un nuevo modelo de Nación que reconoce la diversidad de su poblamiento. Con lo anterior se suma a las orientaciones mundiales que tienden a presentar al multiculturalismo como una “nueva solución” frente a los estancamientos sociales y políticos del modelo universalista que, en América Latina al menos, no ha conseguido menguar las desigualdades históricas entre los grupos sociales y la discriminación hacia los más vulnerables. Alentados por el discurso global vehiculado por innumerables redes de solidaridad y militancia, estos últimos apelan a su identidad cultural o étnica (los indígenas, los negros) para reivindicar un derecho a la palabra. Pero quizás Colombia sea el único país de América Latina en haber llevado tan lejos las consecuencias de sus elecciones constitucionales. El nuevo aparato legislativo y su reglamentación han provocado transformaciones que afectan al conjunto del cuerpo social en diferentes niveles, con procesos originales de retroalimentación entre las dinámicas localizadas en las regiones y su re-interpretación en dispositivos más amplios de comprensión y de acción social, política, cultural y económica.

2Las regiones del Pacífico colombiano, de poblamiento histórico negro, son las primeras beneficiadas por las dinámicas en curso. Explícitamente denominadas por los textos oficiales a la vez como “sujetos” y “blanco” de las políticas multiculturales, construyen un nuevo modelo al mismo tiempo que lo padecen. Esta doble cualidad suscita reajustes de consecuencias inciertas, los principales de los cuales no son por fuerza los más visibles e inmediatos. Si la emergencia de las comunidades negras como actores políticos ya ha sido estudiada (Restrepo, 2002; Agudelo, 2002b; Pardo, 2002), si la lucha contra la discriminación racial ha adquirido cierta legitimidad (Urrea, 1997), si las relaciones de lo político con la cultura son revisadas a la luz del discurso étnico (Wade, 2002a; Agier, 2001; Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001), son menos conocidos los mecanismos de transformación microsocial que provienen y alimentan al mismo tiempo esos procesos de envergadura regional o nacional resultan menos conocidos.

3Localmente, el estudio mostró hasta qué punto el conjunto de las estructuras sociales han sido afectadas por estas transformaciones, no todas inducidas por la introducción de políticas diferencialistas, pero que se insertan en ellas de alguna u otra manera. El efecto de “contexto” siempre no permite separar netamente lo es que del resorte de la esfera económica o política de los efectos propios del nuevo discurso étnico, pero su análisis cruzado permite señalar las tendencias y situarlas las unas en relación con las otras.

4Nuestra hipótesis de partida, que establecía a la autoridad como un analizador pertinente de las transformaciones en curso, ha mostrado sus pro y sus contra. En diferentes escalas, los fundamentos de la autoridad se modifican y engendran recomposiciones inéditas. A nivel local, los sistemas de los pueblos siguen estando marcados por la diversidad de prácticas y la ausencia de prescripción en materia de autoridad local, alianza matrimonial o transmisión patrimonial, por ejemplo. La pertenencia local se afirma por medio de un conjunto no jerárquico de derechos adquiridos por parentesco (filiación o alianza), presencia efectiva y participación en las actividades del pueblo. Las jerarquías locales combinan los tres elementos y alimentan un dispositivo de autoridad flexible y renegociable en función de los contextos. Desde hace unos veinte años, la migración y la multiplicación de uniones matrimoniales fuera de la esfera local ponen en causa los dos mecanismos (presencia y parentesco), al mismo tiempo que aparece una nueva fuente de legitimidad en la militancia étnica y en la afirmación de la pertenencia a las “comunidades negras”. Las sociedades locales han debido revisar sus dispositivos, que, aunque poco institucionalizados y no explicitados, se apoyan en normas de comportamiento asociadas con mecanismos de sanción a los que se “desvían” de ellas (el rumor, la brujería, la acusación). En la actualidad, los instrumentos “tradicionales” de regulación pierden su poder normativo o coercitivo y compiten con otros, legitimados en parte por un orden exterior al cual hay que adecuarse y que importa sus propias fuentes de autoridad vinculadas con el conocimiento administrativo, la capacidad de control de los recursos (aquí el territorio) o la inserción en las redes étnicas o políticas.

5Esta evolución puede ser interpretada como el fracaso de cierto modo de regulación autónomo en provecho de instrumentos de regulación de control. Las relaciones entre la gente de estatus diferentes (ancianos-jóvenes, hombres-mujeres, rurales-urbanos, escolarizados o no) se modifican, ya que no todos cuentan con el capital social (escolar, político, económico) necesario para el dominio de esos nuevos instrumentos. La integración de las sociedades ribereñas en la sociedad nacional del siglo xxi se hace, así, en nombre de su identidad particular (étnica, negra), pero esto implica en la práctica, al mismo tiempo, el abandono de sus especificidades socio-políticas. Por lo tanto, no podemos hablar de evolución en sentido único. Se trata más bien de un proceso de recomposición que implica además una adaptación de los mecanismos de regulación de control. Como lo recuerda oportunamente De Munck (2000: 41): “la legitimidad [de la autoridad] debe pasar sin cesar la prueba de su adecuación al conocimiento producido al interior del espacio de regulación autónomo”. Para las sociedades ribereñas del Pacífico, esta adecuación toma efectivamente la forma de pruebas sucesivas en el curso de las cuales se confrontan las visiones de los locales, en su diversidad, con las de los agentes de difusión del nuevo discurso étnico. En reuniones organizadas, pero también por medio de intercambios informales, de conflictos más o menos abiertos o de verdaderas peleas políticas, sin olvidar las acusaciones y otros mecanismos de elusion o de alejamiento, unos y otros forjan sus argumentos o asumen los de los vecinos.

6Es aquí que intervienen los mediadores, a propósito de los cuales hemos hablado en varias ocasiones, verdaderos “pasadores culturales” (Bénat Tachot y Gruziński, 2001) y políticos, que componen y adaptan en la vida cotidiana, en lo concreto de la experiencia, las categorías y nociones aprendidas o retomadas de esferas exteriores. Se trata de jóvenes dirigentes originarios fcuando la redistribución menguó de los pueblos, sacerdotes y religiosas, asesores de ONG solidarias, funcionarios o universitarios comprometidos, artistas o actores del sector cultural. Provenientes de esferas diferentes, se topan muchas alrededor de un mismo dilema: de qué manera “hacer pasar” y traducir las aspiraciones y las necesidades de las comunidades de base y las de las instituciones para ambas partes, sin dejar de construir sus propias redes y de defender los intereses propios. Se trata de un conjunto muy heterogéneo, aunque eso no le impide constituirse como un nuevo grupo social fácilmente identificable y ya inevitable. En las regiones periféricas pobres en personal político calificado, incluso podría afirmarse que forman el esqueleto de una sociedad civil en formación, en la medida en que son los más capacitados para formular solicitudes, precisar quiénes son los exponentes, es decir, de definir los grupos sociales y sus fronteras. Hoy en día, en el Pacífico, lo hacen con base en la defensa y la promoción de una identidad negra. Como en otras partes del mundo, la identidad funciona como un motor político a partir del momento en que se corresponde con una afirmación identitaria colectiva, que puede oponerse a otras identidades formuladas por el exterior, o, como lo expresa Pardo (1997: 219), “cuando los grupos sociales se definen a sí mismos, y actúan en tanto que sujetos políticos en oposición a las identidades asignadas por la conceptualización hegemónica”. Esta politización de las identidades sólo se concretiza si existen los recursos asociados con las identidades y los agentes capaces de movilizarlos (Cohen, 1985). En el Pacífico rural, los recursos existen (los territorios colectivos); los pasadores o intermediarios culturales son precisamente esos agentes movilizadores.

7Sin embargo, la instrumentalización política de la identidad no es nueva. En la actualidad es claramente -y legalmente- de orden étnico; ayer se fundía con la pertenencia común a un espacio desfavorizado y discriminado. En los dos casos, se trata de justificar la acción política en nombre de un “nosotros” suficientemente movilizador como para suscitar la adhesión de la base (electoral o militante). La gran habilidad del jefe político Beto Escrucería fue la de inventar la identidad tumaqueña: la identidad regional, sin referencias étnicas, que permitía reunir los grupos sociales gracias a la eufemización, y podría decirse el ocultamiento, de las discriminaciones raciales, no obstante muy presentes en la región y en la ciudad. Esta “invención” discursiva conservó su eficacia política mientras se mantuvo asociada con prácticas de redistribución efectiva de ciertos recursos, es decir, mientras que “ser tumaqueño” permitía el acceso a ciertos beneficios materiales o políticos. Perdió su pertinencia cuando comenzó a ser socavada en sus extremos; por un lado, cuando la redistribución menguó y se detuvo -por falta de recursos y de experiencia política-, y por el otro, cuando empezó a competir con un nuevo criterio identitario, esta vez étnico-racial.

8En la política, el espacio local o regional está, por definición, llamado a desempeñar un papel protagónico, aunque sea simplemente en su calidad de reserva de electores-habitantes. Pero el espacio nunca está definido de antemano, no está determinado por la geografía o la administración. Esto lo podemos ver muy bien en el genio político de Beto, que supo construir una “región de Tumaco” allí donde sólo existían porciones de espacio rural marginado. El espacio es consustancial al campo político, tanto el uno como el otro se retroalimentan en permanencia (Lévy, 1992). Es el abandono de la ciudad en tanto que espacio de movilización social el que, en gran medida, provocó la desafección de los habitantes de Tumaco hacia el sistema político establecido. De manera más reciente, los movimientos político-étnicos se basan también en un proyecto espacial, de doble dimensión: una dimensión agraria para los campesinos que recuperan sus derechos a la propiedad de la tierra bajo la forma de territorios colectivos, y una dimensión simbólica para “todos los negros” convocados a apropiarse del gran “territorio-región” del litoral pacífico.

9Los espacios, al igual que las identidades, se modelan en la interacción política, sin que exista relación unívoca entre unos y otros. Para una misma “identidad negra” reivindicada en el Pacífico, el espacio de referencia se aplica a la vez para los “territorios colectivos” delimitados y cartografiados como para el espacio históricamente poblado de descendientes de negros cimarrones, libres y esclavos. Su reducción a una sola de esas acepciones dejaría atrapada la identidad negra, ya sea en una serie de unidades segmentadas (los territorios), o en una dimensión estrictamente racial al interior de una entidad que ya es multiétnica (la región del Pacífico poblada hoy en día por blancos, mestizos, indígenas y negros). Es la combinación de estos dos referentes la que le da a la identidad negra del Pacífico la flexibilidad indispensable para su apropiación por grupos e individuos que cada día conocen más la experiencia de la movilidad, la migración y la urbanización.

10Es quizás en ese nivel que el acercamiento en términos de autoridad y de poder encuentra sus límites y en el que debe ser reemplazado por un análisis que sitúa a los actores en contextos económicos y políticos más vastos. El debate sobre la etnicidad negra se desplaza entonces hacia la problemática de la sociedad civil, por un parte, y de la lucha contra el racismo y la discriminación, por la otra, las cuales confluyen en torno a las víctimas de la guerra originarias del Pacífico. La sociedad civil en Colombia enfrenta desafíos gigantescos en el contexto de la guerra y de la intervención de las fuerzas ligadas con el tráfico de droga. En noviembre de 2002 ya eran incontables los alcaldes y gobernadores amenazados por las guerrillas o los paramilitares, y los militantes y sindicalistas padecen desde hace varios años, por no decir una década, los ataques de esos mismos actores armados (secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados). Por su situación geográfica y sus recursos, la región del Pacífico se ha vuelto estratégica en el enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares y desde 1999 es golpeada profundamente por el agravamiento del conflicto. La dimensión “étnica” queda relegada a un segundo plano, pues la guerra afecta a todo el país en todos sus componentes, pero es movilizada por las víctimas después de los dramas en su esfuerzo de reconstrucción individual y colectiva (por ejemplo, por la asociación de desplazados afrocolombianos AFRODES, analizada por Osorio, 2002b). Esta movilización se apoya en el recurso a la “solidaridad étnica” entre negros y en la denuncia del escaso apoyo que el gobierno ha dado a las víctimas originarias del Pacífico, interpretado como una discriminación más hacia las poblaciones negras. La identidad y la solidaridad, en este caso étnicas o regionales, son invocadas para tratar de constituir un grupo definido, portador de reivindicaciones precisas de orden económico (acceso a alojamiento, trabajo, derecho al retorno de los desplazados). Sus demandas vienen a alimentar las luchas emprendidas desde hace varios decenios por las asociaciones y organizaciones negras, principalmente urbanas, que se inscriben en las corrientes antirracistas surgidas de las experiencias estadunidenses.

11Esta reorientación del debate étnico hacia la lucha antidiscriminación reaviva las reflexiones sobre la segregación y la dominación, por un lado, y sobre la ciudadanía, por el otro. Algunos militan a favor de medidas de “acción afirmativa” a través del establecimiento de cuotas en las universidades o en los empleos públicos (como sucede en Brasil actualmente). Otros más bien buscan una tercera vía, con el reclamo de una atención específica a las poblaciones negras en tanto que grupos sociales desfavorizados, pero sin dirigirse a individuos racializados (Guerlain, 1997). Quieren reotorgarle a lo social un papel preponderante y tomar en consideración las injusticias hechas a los colectivos (clases sociales, grupos) y no a los individuos de esos grupos (por ejemplo, enfocarse sobre el problema del desempleo o de la educación en los barrios más que otorgar becas personalizadas). Con esa postura se acercan, no siempre refiriéndose a ello, a los defensores de una ciudadanía étnica y nacional (De la Peña, 1999 y 2001) y de una política de gestión de la diferencia (Kimlycka, 1996). El debate está lejos de haber sido resuelto, como lo atestiguan la multiplicación de encuentros de militantes y de trabajos universitarios sobre el multiculturalismo, el racismo y las poblaciones negras en América Latina. Brasil está más avanzado en ese terreno (Véran, 1999; Sansone, 1998), pero países que hasta hace poco se sentían poco involucrados (Ecuador, Venezuela, Perú) han comenzado a participar en estas reflexiones.

12La lectura que hacemos de la experiencia colombiana subraya la extrema vitalidad y la gran imaginación de los actores sociales más directamente afectados por la estigmatización y la marginalidad social y económica. Lejos de ser una reproducción de tradiciones culturales o de una herencia transmitida invariablemente de generación en generación, las “especificidades” de las poblaciones negras del Pacífico demuestran su capacidad para hacerse de espacios de autonomía integrando las constricciones del momento. Es posible darse cuenta, por lo demás, de que las supuestas particularidades culturales en realidad son compartidas por numerosas sociedades en el mundo -la valorización de la tradición oral y de la palabra, la flexibilidad de los sistemas de autoridad o de las reglas matrimoniales, la gran movilidad de los individuos- y que sólo son “específicas” en relación con las normas de la sociedad nacional que las rodea. Esta lectura muestra también, de manera menos optimista, hasta qué punto la integración ciudadana de las “comunidades negras” a la Nación se lleva a cabo a través de una mutación (¿mutilación?) profunda de los sistemas de autoridad y de regulación microsocial que prevalecían en los ríos, olvidados por el mundo, es cierto, pero también por las instituciones normalizadoras y muchas veces también, en Colombia, por esos guerreros modernos que son las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y los ejércitos descarriados.

© Institut français d’études andines, 2007

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