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Comunidades negras en el Pacífico colombiano

 | 
Odile Hoffmann

Cuarta parte. Los campos de la modernidad

Capítulo 10. Política e identidad, la construcción de un campo regional (1950-2001)

Texte intégral

1¿Cómo se articulan las distintas esferas de lo político y cómo se transforman con la introducción de argumentos multiculturalistas que establecen las bases de nuevos derechos y nuevos actores? ¿Cuál es el papel de las movilizaciones étnicas en las dinámicas políticas contemporáneas? ¿Éstas son simplemente instrumentalizadas o actúan como un factor de cambio en el campo político?

2Por “campo político” entendemos tanto el dominio político-electoral como otras formas de expresión más codificadas, que juntas concurren para modelar las relaciones entre la gente, entre los ciudadanos que intervienen en los escenarios públicos a diferentes niveles. De ahí que resulte importante no separar los dos dominios, o reducir lo político a la política. En la región de Tumaco, su imbricación se revela en la forma de una doble paradoja. Por una parte, el interés patente de los habitantes por los eventos políticos, y en especial por las elecciones, viene acompañado de una especie de consenso que consiste en calificar a estas últimas de mascarada clientelar y corrupta (compro de votos, fraudes electorales). Por la otra, existe un potencial de movilización social siempre intacto a pesar de los decenios de control estricto del sistema político regional ejercido por un puñado de individuos. Todo sucede como si dos mundos se desenvolvieran de manera paralela, el mundo social y el mundo político, unos y otros siempre al acecho de deficiencias o espacios libres para explotar o recuperar. Ciertos rasgos podrían abundar a favor de esta interpretación y en especial cierta separación del mundo político frente a la sociedad regional. Los partidos disponen de efectivos reducidos y de un personal que se renueva poco y que se distancia de sus electores. Por su lado, la “sociedad civil” ha aprendido a expresarse públicamente (manifestaciones, revueltas, huelgas) sin intervención de aparatos políticos, o muchas veces contra ellos. No obstante, una indagación un poco más incisiva contradice inmediatamente esta manera de ver las cosas. Los partidos políticos tradicionales (el liberal y el conservador) que comparten el poder a nivel nacional desde hace 50 años no pueden ignorar ciertas exigencias de la “base” e integran poco a poco nuevos elementos en sus discursos. Y los actores de la sociedad civil más visibles no son insensibles a las solicitaciones de los partidos y de los hombres políticos de la región, el departamento o el país. En esos dos espacios de participación artificialmente separados por el análisis, se pueden detectar con facilidad relaciones entre individuos, pero también entre discurso y estrategias políticas.

10.1. La política regional, una historia de caudillos

3Es fácil definir una “región de Tumaco” en el plano político. Corresponde a la zona del litoral del departamento de Nariño (diez municipios), amputada de su porción norte, y que mantiene relaciones más estrechas con el municipio de Guapi o directamente con la región de Buenaventura. Al este, la cordillera limita con el mundo político andino; éste está estructurado en torno a Pasto, la capital del departamento, de tradición conservadora, mientras que el litoral es netamente de raigambre liberal. Como lo han mostrado varios autores (De Roux, 1991); Agudelo, 1999), la filiación liberal debe mucho a las medidas de abolición de la esclavitud implementadas bajo régimen liberal (1851) y más tarde a la emancipación política de las poblaciones analfabetas (1932), de las que formaba parte la mayoría de los habitantes del Pacífico. Desde entonces, las regiones de poblamiento negro son tradicionalmente liberales, y Tumaco no es la excepción.

  • 1 Entrevistas en el río Mejicano, 1996-1997.

4El conflicto de la década de 1950 entre conservadores y liberales (conocido como la Violencia), aunque no fue tan violento como en otras regiones del país, afectó también a la región de Tumaco, sobre todo a sus porciones más accesibles. La ciudad pasó a manos de los conservadores y, en los pueblos situados a orillas de la carretera Tumaco-Pasto, numerosos liberales tuvieron que irse, tras ser denunciados por funcionarios o maestros. Huyeron a Ecuador o se instalaron en la ciudad, perdiendo así las propiedades con las que contaban en sus pueblos de origen, sobre todo sus tierras. En ciertos ríos como el Mejicano, las autoridades municipales nombraron representantes conservadores que dejaron malos recuerdos: “aquí hubo conservadores, unos vegajos... eran la maldad”. Son acusados de robos y violaciones: “las muchachas tenían que esconderse”. En el río Mira, en Candelilla, “llegaron pájaros de la Violencia a los que Rojas Pinilla -el Presidente de entonces, a finales de la década de 1950- les dio tierras. Vinieron, trabajaron mucho, pero son muy violentos. No son de aquí ni son negros”1. La identificación política se asocia con la identificación socio-racial para dejar bien en claro la distinción.

5La Violencia significó profundas recomposiciones sociales y territoriales: pérdida de tierras y exilio forzado para algunos, llegada de vecinos violentos y “extranjeros” para otros, imposición de autoridades en la mayoría de los pueblos. Tanto en la ciudad como en el campo, esa década de 1950 representa una ruptura en la vida regional. Además, esta situación vino inmediatamente después del gran incendio de 1947, que destruyó la ciudad en el momento mismo en que se confirmaba la bancarrota del mercado exportador de caucho natural, afectado por la introducción de los derivados del petróleo. Ante tantas contrariedades acumuladas, gran parte de la élite comercial -blanca o mestiza- abandonó la ciudad y se replegó en Cali o en las metrópolis del interior.

  • 2 “De Tumaco hasta Bucheli y Cajapi reinaban familiares de Flavio Ortiz. De Cajapi a Llorente estaba (...)
  • 3

6La situación política se normaliza en la década de 1960 después de la instauración del Frente Nacional (1958). Mientras que en los niveles más altos los dos partidos se reparten las funciones y los cargos políticos, localmente el partido liberal se reorganiza en torno a los jefes políticos que comparten el espacio regional2. Esos dirigentes construyen verdaderos feudos políticos, repartidos geográficamente, en los cuales han acaparado los principales recursos -transporte, comercio, plantaciones-, lo que les permite controlar los circuitos de trabajo, dinero y tierras. Pablo Reinei, por ejemplo, era contratista del Ferrocarril, cuyas líneas estaban entonces en proceso de construcción, pero también gran terrateniente (con ganado y plantaciones de plátano) y agente general de aduana. Además tenía a su cargo la agencia de aguardiente y era prestamista, dueño de almacenes de ropa y de alimentos; “ocupaba 70 hombres diario”3.

7En ese espacio político fragmentado, todos los jefes eran originarios de la región (Tumaco, Barbacoas, Llorente) y manejaban sus relaciones con los habitantes de modo clientelar y paternalista, y sólo le rendían cuentas al partido liberal en el momento de las elecciones. Pero a finales de la década de 1960, un hombre político cambiará radicalmente esta organización, con la lenta constitución de lo que podríamos llamar el “imperio betista”: Samuel Escrucería Delgado, conocido como Beto.

  • 4 Entre éstos, con Flavio Ortiz y Jorge Cuero Mirando, originarios de Barbacoas, así como con Luis A (...)

8Escrucería Delgado es hijo, sobrino y nieto de hombres de cierta importancia en Tumaco, miembros todos de la élite regional de origen europeo, diseminada en la década de 1950. La familia Escrucería permaneció en la región y Samuel retoma la tradición política que habían iniciado sus abuelos en las décadas de 1920-1940 y establece relaciones con hombres influyentes de los alrededores4. Poco a poco irá construyendo un territorio político propio y, a principios de la década de 1960, rompe esas alianzas para asumir solo la representación de la región en los niveles departamental y nacional (elecciones para la asamblea de 1962 en la que se opone a Flavio Ortiz).

  • 5 Roy Sánchez, candidato a consejero municipal, Tumaco, octubre de 1996.
  • 6 Hebertino Quiñones, habitante de Bellavista, río Mejicano, 1996.

9A nivel local, Beto innova modificando las prácticas clientelares de sus predecesores. Ya no limita su acción a los principales pueblos y ciudades de la región, sino que privilegia las localidades rurales, por medio del desarrollo de una política activa de construcción de obras públicas, que en esa época eran más o menos inexistentes. Incluso sus adversarios lo reconocen: “Beto fue un revolucionario en su tiempo”5, al igual que los residentes del ámbito rural: “en nuestros pueblos, Beto hizo todos los caminos, escuelas, plantas, desembarcaderos, parques, calles”6. Con las inversiones, múltiples y nuevas para la época, que suscita, Beto “crea” el mundo rural y le da un lugar en la sociedad regional. De ahí que sea reconocido como “fundador”, en una sociedad en la que ese título implica un alto grado de legitimidad y de prestigio, como pudimos comprobarlo en el río Mejicano. En cambio, este hombre político sagaz no llevará a cabo ninguna política de fomento o de infraestructuras en la ciudad, lo que en alguna medida contribuyó a su derrota en las décadas de 1980-1990.

10Samuel Escrucería conoce a cada uno por su nombre, sea campesino o persona importante, y se acuerda de todos y de todo. Realiza incesantes visitas a los ríos y distribuye sus favores por todas partes, mediante una nominación, una inscripción escolar o el registro de jubilación de los funcionarios municipales. Beto nunca fue presidente municipal - en esa época éste era nombrado por el departamento-, pero manejaba a su conveniencia el presupuesto municipal y guardaba en su bolsillo la chequera del ayuntamiento, que usaba como si fuera suya, en la calle o en la oficina. Él mismo hablaba de Tumaco como de “su gran finca” o su “tablero de ajedrez”, en el que podía mover las piezas a su gusto. Durante su período de gloria, Beto contaba con una legitimidad indudable, fundamentada en un clientelismo exacerbado, pero muy eficaz en términos de redistribución de bienes, servicios e incluso de dinero a las poblaciones desfavorecidas.

11Samuel Escrucería también fue innovador en el plano del discurso. Fue el primero en reivindicar una “identidad tumaqueña” y en utilizarla en oposición a los pastuzos, esos funcionarios de la sierra y de la capital percibidos como dominantes, arrogantes y racistas. Beto les opone un “nosotros” que no se dice “negros”, sino “tumaqueños”, incluyendo en ese término a todo el litoral de nariño y no únicamente al municipio de Tumaco. De cierta manera, Beto le dio por primera vez un título a las poblaciones del litoral, una identidad que podían asumir ante los “otros”, fueran de Pasto, Cali o Bogotá, y que los reunía más allá de sus diferencias urbano/rural o étnico-raciales -de las cuales, por lo demás, no se hablaba en aquel entonces.

  • 7 “Beto es narco, pero cumple”, Tumaco, entrevista con un adversario político, candidato a la presid (...)

12La lealtad de los habitantes hacia el jefe político resistió a crisis importantes y perduró hasta su muerte, en 1992. Acusado de tráfico de drogas y de corrupción, Samuel Escrucería fue encarcelado en 1984 en Miami (Estados Unidos), donde murió ocho años después. La familia repatrió su cuerpo y le ofreció un entierro grandioso al que asistió toda la ciudad. Como suele decirse con respeto todavía en Tumaco: “Beto era un narco, pero cumplía sus compromisos”7.

13Su hijo Samuel Escrucería Manzi (llamado “Betico”) retoma la herencia familiar durante el gobierno de y apadrinado por Turbay Ayala (1978-1982). Pero, localmente, fue incapaz de mantener y menos aún de consolidar las redes de clientela pacientemente construidas por su padre. Pierde sus apoyos y debe, a su vez, huir de la justicia colombiana. Condenado en 1988 por un fraude realizado diez años antes a la Caja Agraria de Tumaco, es desaforado de su puesto de senador en 1992 (por corrupción y peculado al erario público) y se le prohibe participar en las elecciones nacionales. Sin embargo, unos años después, Betico regresa a la escena política, osando presentarse a sí mismo y a su familia como víctimas de un sistema de justicia corrompido y débil, vendido a los “gringos” y a la DEA (Drug Enforcment Agency) “que mató a mi padre”. Impedido de ser candidato en las elecciones nacionales, prueba suerte en las municipales de 1997 en Tumaco, con el tema de la reconquista política del sistema por la familia Escrucería: “mi tío (Gustavo) al Senado, mi hermana (Sonia) a la Cámara, mi primo (Diego) a la Asamblea, yo a la alcaldía... y mi hijo para futuro alcalde” (discurso inaugural de la campaña, julio de 1997). La familia, el poder y el futuro de la región se confunden en esa caricatura de nepotismo abiertamente proclamado. No ganará esa elección pero sí la siguiente (2001). Declarado inmediatamente como incompetente por la justicia, deja su lugar a su hermana, “democráticamente” elegida en las elecciones que siguieron. Asistimos, a partir de ese momento, al gran retorno del betismo.

14El betismo no es una corriente política; es un sistema que estructuró la escena política regional durante treinta años apoyándose en dos pilares principales: la familia y el partido liberal. Los miembros de la familia ocuparon puestos en la Asamblea departamental (Nariño) y en el Congreso (nacional), en tanto que senadores y diputados en varias ocasiones (Helfrich, 2000). En cuanto al partido liberal, éste le dio “carta blanca” a la familia y a su caudillo, como si no pudiera o no quisiera aventurarse en esas tierras marginales poco pobladas -por lo tanto, con pocos electores a nivel nacional- y mal conocidas. En esas condiciones de relativo abandono, Beto representaba al mediador ideal, personaje destacado, conocedor de los mecanismos políticos “tradicionales” fundados en el vínculo directo y la lealtad. Sin concurrencia al interior del partido, Samuel Escrucería construyó su capital político a partir de un “territorio”: un espacio político que él mismo delimitó con la reunión de los espacios fragmentados del período anterior en torno a un significado común, una identidad propia. Apoyándose en prácticas cliente-lares clásicas de control y redistribución, propuso sin embargo una nueva visión del espacio regional, que pasó del eterno estatus de discriminado al de lugar de reconocimiento y de expresión colectiva. Por primera vez, los tumaqueños se sintieron representados en tanto que tales, y no como simples electores o clientes políticos. Geográfica en apariencia, esta identidad se basa en verdad en la noción antigua de la discriminación regional histórica, que oculta apenas una discriminación racial hacia las poblaciones negras del litoral. La interpelación a una identidad regional permite servirse del registro del orgullo colectivo y de la reivindicación de justicia socio-racial sin referirse a ellos explícitamente. Esta veta, que Beto supo explotar, explica la adhesión popular a su favor, más allá de las prebendas que éste sabía distribuir con cierta generosidad. Los habitantes -y en particular los rurales- se reconocen en ese caudillo, quien, aunque blanco, les asignaba un lugar en el aparato político regional y nacional.

15En el “sistema Beto”, la región de Tumaco constituye un capital espacial construido y mantenido mediante redes personalizadas de clientela, y por medio del cual es posible satisfacer intereses políticos y obtener beneficios económicos, a corto y mediano plazo, dentro y fuera de la región. El espacio local y regional, es decir, el espacio tumaque-ño en el cual reina Beto, constituye la base indispensable para la proyección del “sistema Beto” hacia el exterior (el país, el Congreso).

16Ese edificio político se debilita bajo el efecto conjugado de las dinámicas locales y nacionales. Localmente, aunque la autoridad de Beto sigue siendo fuerte en el medio rural, se debilita a partir de 1975 y, sobre todo, en la década de 1980, a medida que se consolida la movilización política de una población urbana exasperada por el abandono institucional y material en el cual se encuentra Tumaco. La redistribución clientelar no tiene el mismo impacto en la ciudad que en el campo, y las tasas de escolaridad, que son más altas, permiten el surgimiento de una clase media que reclama el derecho a la palabra. Las huelgas de 1975-1976, seguidas de los paros cívicos de 1988 y 1992, expresan el hartazgo de la población ante un sistema dirigido exclusivamente hacia la corrupción y la acumulación personal y familiar de los patrones políticos y sus socios. Las medidas de descentralización y sobre todo la elección popular de los alcaldes (votada en 1986 y aplicada por primera vez en 1988) se convierten para la población en una oportunidad para denunciar el aparato betista y renovar al personal político regional, al menos durante un tiempo. En la misma época (finales de la década de 1980), las movilizaciones sociales y políticas generadas en el todo el país por la Constituyente de 1990 y las medidas constitucionales de 1991, que alientan la participación popular y la democracia local, significan cada una un golpe al dispositivo instaurado por Beto. Aunque ninguno de esos factores fue en sí mismo responsable de su caída, su conjunción en el tiempo permitió debilitar lo que muchos veían como un sistema hegemónico indestructible.

17La elección popular de los alcaldes (por medio de sufragio universal) fue uno de los principales incentivos de las transformaciones políticas. En Tumaco, después de una elección que reintrodujo -por última vez- a los partidarios de Beto en la alcaldía (1988), se organizaron fracciones políticas. Éstas también están afiliadas al partido liberal y son conducidas, igualmente, por personalidades encumbradas, descendientes de la ex élite comerciante de principios del siglo xx y que se definen por sus relaciones de alianza o de oposición al betismo. Resulta prácticamente imposible descubrir divergencias de fondo entre sus discursos, sus programas y todavía menos sus prácticas. La multiplicación de fracciones responde, más que a la emergencia de nuevos actores políticos, a un nuevo interés de los hombres políticos tradicionales por las esferas locales. Las medidas de descentralización han otorgado a los municipios prerrogativas y recursos financieros nuevos relativamente considerables si los comparamos con la precariedad económica generalizada en esas regiones. En particular, la función pública, controlada por los alcaldes, genera la parte principal de los empleos asalariados en la región.

18La dimensión económica del campo político es primordial. De manera muy concreta, el juego electoral en el Pacífico está predeterminado por las capacidades financieras de los candidatos. En cada elección abundan los testimonios sobre la compra de votos y la distribución de botas, machetes, comida o dinero en efectivo el día anterior o en el momento mismo del voto. El control -o la ausencia de control- de los votos por parte de los candidatos es sistemática en los pueblos y el fraude poselectoral una práctica corriente. Como lo expresa gran parte de los mismos candidatos, “aquí sólo existe la compra de votos”. Según un periódico local que no cita sus fuentes, los votos de opinión se reducirían, en Tumaco, a 12% de los votantes octubre-noviembre de 1997). Pero la compra de los votos no resuelve todo. Más allá del mercadeo, las campañas electorales hacen circular imágenes, representaciones, discursos y expectativas. La atención que suscitan y las disputas que desatan son una prueba de que las elecciones municipales, con una participación promedio de 60% de los inscritos, despierta un interés que no se reduce únicamente a los beneficios obtenidos en el momento del voto.

  • 8 Del nombre de su dirigente (Rosero), quien nunca pretendió a la alcaldía pero cuya influencia desd (...)

19Con las primeras elecciones municipales populares, una fracción del liberalismo (roserismo8) toma el relevo del betismo y parece encarnar una democratización posible. Logra cosechar la adhesión de las capas urbanas y en particular de los grupos organizados y situados a la izquierda del tablero político (la UP, Unión Patriótica). En 1992, un año después de la Constitución que reconoció a las comunidades negras como un grupo étnico con derechos particulares, un candidato hizo campaña bajo el tema del “voto negro”. La identidad étnica se convierte en argumento electoral y suscita intensos debates en la población votante (negra en 90%). El candidato, apoyado por la fracción roserista, gana -con dificultad- las elecciones y se presenta como “el primer alcalde popular negro de Tumaco”. Una página parece haber sido volteada. Pero su gestión, igualmente deplorable que la de sus predecesores, provoca comentarios contrariados que alimentan el racismo siempre presente: “Por un negro ya no voto”. Esto provoca un cambio de alianzas y la llegada al poder municipal de una nueva fracción del Partido Liberal dirigida por un empresario -blanco- de Tumaco, Nilo del Castillo (alcalde de 1994 a 1997). En las elecciones siguientes, éste apoya a su vez a un candidato negro local, Newton Valencia, que trabaja en el sector asociativo cercano al medio rural y que obtiene un resultado honroso (55% de los votos). Le gana la alcaldía a Samuel Escrucería Manzi (Betico), quien intentaba su regreso a la política. Durante la campaña es utilizado de nueva cuenta el argumento identitario: Newton es uno de los “nuestros” (solidario del sector popular), es “libre” y es “negro”, tres identificaciones que lo desmarcan de los notables que se suceden en el poder desde siempre -con la excepción del intermedio de 1992-1994.

20En todas esas elecciones se han presentado candidatos de la familia de Beto y a veces obtienen resultados importantes. De hecho, la fracción betista no ha desaparecido. Reaparece en la escena política en 2001, después de la derrota del período “Newton”. Éste último, aunque elegido en gran medida por el mundo rural y campesino organizado, pactó con los empresarios agroindustriales, cosa que no le perdonaron los numerosos electores rurales. Para ellos -que representan 50% de los votos- el paternalismo y el clientelismo tradicional de Beto son un mal menor en comparación con los “extranjeros” que se inmiscuyen en la administración municipal de Newton.

  • 9 Independientemente de los argumentos oficiales y explícitos que todos prometen el mejoramiento de (...)

21Las campañas electorales y sus resultados dejan al descubierto tres líneas de demarcación9 que estructuran el escenario político regional: la posición por o contra Beto, la reivindicación de una identidad local negra -ya no tumaqueña como en los tiempos de Beto-, y la relación entre urbanos y rurales. La primera se refiere a la dominación histórica ejercida por un grupo social de origen extranjero, pero instalado desde hace varias generaciones en la conducción económica y política de la ciudad. Las otras dos reflejan la evolución contradictoria de la región desde hace unos veinte años.

  • 10 Newton ganó votos apelando a la solidaridad entre negros, pero sin ofrecer un discurso político co (...)

22La identidad negra es motivo de discusiones apasionadas y no es, en sí, algo evidente para los habitantes, que sin embargo podrían ser calificados en su gran mayoría como tales por un observador recién llegado. Es verdad, la presencia sistemática de blancos en los pasillos del poder municipal o en su dirección es motivo para exasperar a más de uno. Pero es difícil encontrar, hasta hace muy poco, discursos explícitos sobre el tema. En cambio, la identidad tumaqueña es consensual y autoriza el discurso antidiscriminación elaborado en oposición a la gente del “interior” del país, sin mención de color. A partir de la nueva Constitución, sin embargo, el discurso étnico se ha vuelto legítimo y provoca la adhesión de los más jóvenes, en particular en el medio urbano escolarizado. La idea de una diferencia pertinente vinculada con el color convence, a pesar de que por el momento ningún candidato se haya presentado bajo el estandarte étnico10. Presente, pero ocultada la mayor parte del tiempo, la dimensión étnico-racial sólo ha conseguido influenciar el comportamiento electoral (1992-1994 y 1997-2000) sin conseguir encausarlo hacia una lógica etnopolítica.

23La otra línea de demarcación, más reciente, la que diferencia a rurales y urbanos, resulta aún más compleja. Mayoritarios y objeto de prácticas clientelares durante el predominio de Beto, los rurales fueron desapareciendo poco a poco de los programas políticos de los candidatos posteriores. Destinados a una emigración cada vez mayor, sólo eran vistos como electores empobrecidos y pasivos a los cuales se podía comprar con facilidad sus votos. La ley 70 de 1993, al reconocerles derechos y poderes nuevos, le devuelve al mundo rural un lugar estratégico en el juego local.

24Hoy en día ya es imposible hacer campaña sin adoptar una postura respecto a estas dos cuestiones que confluyen en torno a la identidad étnica y al posible papel de las “comunidades negras” en la organización de la sociedad. Los hombres políticos “tradicionales”, blancos la mayoría, lo constatan y buscan tímidamente establecer alianzas con ese nuevo sector.

10.2. El movimiento político-étnico

25Durante los “años Beto”, la situación en la ciudad se deteriora cada vez más. Los testimonios de la década de 1960 evocan una ciudad abandonada y miserable. Los periódicos nacionales quedan impresionados por la situación: mortalidad infantil elevada, déficit escolar sistemático (28 de julio de 1965). Después de los fracasados intentos de la industria del plátano y el “abandono de las empresas llamadas descentralizadas ()”el desempleo se dispara, el comercio desciende y “ni siquiera hay contrabando” ()A tal punto, que el espectro del separatismo vuelve a emerger y “canaliza todo el descontento de Tumaco”. Dos años después, en el mismo periódico, la amenaza es puntualizada: “si no nos dan agua, que nos saquen del mapa de Colombia”, protestan los habitantes exasperados por el eterno aplazamiento de la construcción del acueducto. Y la periodista señala: “no son calles, sino laberintos de fango, polvo y olores” (16 de diciembre de 1968).

26En la década de 1970 se da un inicio de industrialización con el desarrollo de la explotación forestal y la instalación de varios aserraderos. La actividad portuaria también es estimulada y surge un proletariado urbano. Pero la tregua es corta. Ambos sectores económicos, después de haber empleado abundante mano de obra urbana, decaen a mediados de la década de 1970, por razones diversas pero convergentes: modificación de la legislación forestal que restringe la explotación, competición de Buenaventura en el flete, mala administración del puerto, encenagamiento. Una importante movilización popular en 1977 (huelgas, manifestaciones) es respaldada por el conjunto de los sectores organizados de la ciudad (los pescadores, los maestros, los estudiantes), así como por los sindicatos y algunos universitarios del interior, pero no consiguen impedir el cierre de los principales talleres. La decadencia económica se confirma.

  • 11 Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, de tendencia maoísta.

27Los pocos militantes políticos de oposición (MOIR,11 partido comunista), aliados con los representantes de la clase media escolarizada, poco numerosa, intentan canalizar el descontento. En una Junta Cívica de Mejoras y Defensa de los Intereses de Tumaco, creada en 1982, reclaman servicios públicos (acueducto, electrificación, salud, educación) y elaboran su argumentación con base en la defensa de un espacio local denigrado, olvidado, discriminado por el “centro” del país.

  • 12 Durante esas jornadas muere un habitante de Tumaco en una manifestación y numerosos edificios, ent (...)

28Después de la Junta Cívica, un colectivo llamado Tumaco Alerta SOS (1987), constituido más o menos por las mismas personas, retoma el combate “por la dignidad local” y organiza varias manifestaciones. El movimiento va creciendo hasta explotar en 1988, en las jornadas de revuelta popular llamadas “el Tumacazo”12 en referencia a los días de 1948 que agitaron a Bogotá y que marcaron el inicio del período de Violencia (el Bogotazo). Aunque muy anclado en reivindicaciones localizadas, el movimiento se inscribe dentro de la ola de protestas que afecta al conjunto del país a fines de la década de 1980 a propósito de temas semejantes. Los paros cívicos, que reivindican el acceso a los servicios públicos para todos, denuncian más abiertamente el bloqueo político que llevará finalmente a la convocatoria -por elección- de la Asamblea Constituyente, en 1990.

  • 13 Reproducida en Arango, 1991.

29El caso de Tumaco no es, por lo tanto, aislado, pero presenta particularidades. En una “Proclamación de Tumaco”13 leída en la plaza pública el 16 de septiembre de 1988, los manifestantes insisten en recordar la contribución de la ciudad a los grandes eventos de la Nación, en tanto que ciudadanos y La revuelta de Tumaco de 1781, difícil de describir en términos unívocos, como ya vimos, es calificada de “primer grito de independencia en la boca del negro libre Vicente de la Cruz”. La proclamación concluye en estos términos: “Hoy, nosotros negros descendientes de africanos, con el corazón en las manos, estamos izando a media asta el tricolor colombiano, por el cual dieron la vida nuestros antepasados, para expresar nuestro profundo dolor de sentirnos huérfanos de la Patria”. El argumento identitario remite a dos registros: la concepción de un “nosotros” colectivo que recuerda a la esclavitud como momento fundador, y la noción de deuda histórica de la Nación hacia ese colectivo. Más allá de las reivindicaciones de justicia, dignidad y respeto, se introduce la idea de la necesaria reparación de la Nación hacia sus “hijos” abandonados. La noción de orfandad es, por lo demás, retomada en otros contextos, como por ejemplo, por esos educadores de Nariño que en sus reclamos por una mayor presencia del Estado se quejaban de ser “huérfanos de las instituciones” (Arango, 1991), o por ese hombre político que resumía así la situación de marginalidad cuya responsabilidad atribuía al gobierno central de esta manera: “nosotros, la gente del Pacífico, hemos sido huérfanos del poder” (Hinestroza, 1993). La reiteración de la referencia al padre, a la ausencia de padre, remite tanto al período esclavista, que negaba cualquier pertenencia común a la Nación en tanto que ciudadano, como al pasado clientelar reciente que subordina cualquier expresión política al caudillo paternalista. En los dos casos, la Nación se desentiende de sus deberes al marginalizar a los “negros descendientes de africanos” que habitan esas tierras lejanas.

30Otras acciones colectivas siguieron después, como el Movimiento Cívico de 1995, en el cual importantes manifestaciones bloquearon la carretera Pasto-Tumaco durante diez días. Mestizos, indígenas y negros participaron, unidos en sus reivindicaciones -una vez más abogando por servicios públicos- pero organizados por separado en los campamentos improvisados y, esta vez, conscientes de sus posiciones diferenciadas ante el poder y los aparatos políticos. Entretanto, la Constitución había proclamado a la Nación “pluriétnica y multicultural” y acordado derechos específicos a los diferentes grupos.

31La “sociedad civil” de la región de Tumaco se expresó en diferentes ocasiones de manera violenta. En cada ocasión resurgía el tema de la región abandonada y de la discriminación ejercida por las instituciones centrales. El sujeto/objeto de la discriminación no es la población, sino el espacio local mismo. Éste último desempeña el papel de “comodín” que puede servir a todo el mundo: tanto a los militantes de oposición como a los hombres políticos (Beto mismo), a los campesinos como a los citadinos, a los negros como a los blancos. Es un hecho reciente hablar abiertamente de discriminación racial, así como la interpretación explícita del abandono institucional de la región por parte de los militantes étnicos, pero también en el escenario público y en los medios, como una práctica de orden político y racista. El espacio local ya no cumple con su papel de eufemización del conflicto social, igual como ya no puede pretender a congregar y unificar a grupos sociales diferenciados. En sus relaciones con lo político, la lógica geográfica tiende a subordinarse a los discursos identitarios que se construyen en esa década de 1990.

32Antes y sobre todo después de la Constituyente, un sinnúmero de grupos, organizaciones, asociaciones, hombres y mujeres aspiran a participar en el debate político. Para la región del Pacífico, se trata de elaborar la futura ley -que será votada en 1993- que regirá los derechos específicos de las comunidades negras. En el departamento de Nariño, los militantes provienen de horizontes diversos. Participan individuos procedentes de la educación popular dispensada por algunas ONG presentes desde antes; de la Iglesia católica, que había abierto una línea de “Pastoral negra” en 1983; del sector cultural y artístico, del movimiento cívico de la década de 1980 y, en menor medida, del sindicato campesino ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), más algunos hombres políticos en ruptura con los partidos. Globalmente no poseían antecedentes en materia de discurso étnico, pero habían llevado a cabo luchas en contra de la discriminación y por la defensa de la cultura regional. Los participantes recuerdan los primeros debates, en los cuales reinaba cierta confusión entre los partidarios de la lucha de clases, de los combates agrarios, de las reivindicaciones ecologistas o culturales o de la lucha contra la discriminación racial, en los que cada uno de estos sectores tenía sus propias referencias y apoyos a nivel nacional. Poco a poco, tras exclusiones o abandonos, un grupo de militantes se consolida alrededor de la línea defendida por el “Proceso de Comunidades Negras” (PCN), recientemente constituido en Buenaventura y Bogotá. La mayoría son jóvenes que viven en Tumaco, pero que reafirman sus orígenes rurales, junto con algunos dirigentes campesinos confirmados. Los “políticos tradicionales” se retiran bastante rápido de ese espacio que no controlan/que desconocen.

33Hacia 1993, el PCN afina sus posiciones y define su programa en torno a cuatro derechos fundamentales: “el derecho a Ser Negro, basado en la autodefinición en tanto que grupo étnico”; “el derecho al territorio, definido como el espacio en el que se crea y recrea la vida cultural, social, política, organizativa y económica de diferentes comunidades negras”; “el derecho a la autonomía, concebido como la posibilidad de desarrollar en la vida cotidiana prácticas basadas en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro sistema de derecho”, y “el derecho a una visión propia del futuro” (Escobar y Pedroza, 1996). De entrada, el PCN señala que “todos esos derechos tienen un contenido legal desarrollado de manera general en la ley 70 de 1993”. Se trata, por lo tanto, de establecer un doble frente: hacia las poblaciones del Pacífico, llamadas a asumirse en tanto que comunidades negras, y hacia el Estado, para que respete sus compromisos y encuentre la manera de aplicar las nuevas medidas legislativas.

  • 14 Los hemos desarrollado en otro estudio: Agier y Hoffmann, 1999.

34La Coordinación regional del PCN para Nariño, llamada Palen-que-Nariño, opta por participar en el espacio institucional abierto recientemente por la Constitución. En todos los sectores que le son accesibles (agrario, salud, educación, medio ambiente, investigación), se introduce en las instancias de negociación política o técnica, continuando en paralelo un trabajo de base en los pueblos a los que incumbe la titularización colectiva de sus tierras. Son años de una importante movilización y de intensas negociaciones al interior mismo de las comunidades, es decir, entre militantes, campesinos y dirigentes negros. Los problemas encontrados por esos militantes, y por los campesinos invitados a organizarse de acuerdo con modalidades completamente nuevas para ellos, son inmensos14. A diez años de la promulgación de la ley, el balance es difícil de establecer, tanto en el plano de las tierras adquiridas, como en el más general de las dinámicas sociales y políticas comprometidas para la ocasión.

10.3. Una sociedad civil todavía frágil

35El número de actores institucionales presentes en el medio rural aumentó considerablemente tras la creación de los Consejos Comunitarios. El discurso identitario étnico ya es conocido y utilizado hasta en lo más profundo de las selvas del Pacífico, aunque no siempre sea dominado. Algunos habitantes confunden todavía la organización regional del movimiento negro (Palenque) con una institución gubernamental, pues ambas son percibidas como “extranjeros” que vienen a inmiscuirse en sistemas hasta entonces autónomos; otros rechazan categóricamente la etiqueta de “negros” y sólo se reivindican en tanto que tumaqueños o libres; para unos terceros, la legitimidad territorial no puede fundarse sólo en el color de la piel. Pero, globalmente, para la mayoría de los rurales, la ley 70 es el soporte de un reconocimiento político y, al mismo tiempo, el único instrumento para conseguir la seguridad de la posesión de la tierra. Se adhieren o la padecen, con o sin entusiasmo y con reservas según los casos, pero no ya no pueden ignorarla.

  • 15 Para un análisis detallado de las estrategias y prácticas políticas del movimiento negro en sus di (...)

36En el medio urbano y a nivel regional, el impacto de la movilización étnico-territorial en las dinámicas políticas es más delicado de circunscribir. El primer aspecto relevante es que, por el momento, ésta no se traduce en una participación electoral en los debates -salvo algunas excepciones-. En el período que siguió a la promulgación de la ley 70, la prioridad del movimiento negro se centra en la organización de las comunidades y en el proceso de titularización de territorios colectivos. La posición del PCN, por ejemplo, consistía en participar en los espacios institucionales y políticos en los que se discuten los asuntos relativos a las comunidades negras, sin por eso introducirse sistemáticamente en los campos electorales municipal o departamental. El movimiento, que supuestamente debe basarse en una ruptura ideológica mental importante respecto a los aparatos políticos tradicionales, implicaba al principio una toma de distancia frente a los dispositivos electorales, sistemáticamente denunciados como corruptos e incapaces de traducir los intereses de las comunidades negras. Por lo demás, los movimientos étnicos no contaban con los medios para participar en el juego electoral, ni el personal calificado, ni los recursos financieros suficientes. Como lo reconoce uno de los dirigentes, “no jugaban en el mismo patio” (C. Rosero, citado por Agudelo, 1999). Las pocas incursiones electorales, solas o en listas alternativas, se soldaron con fracasos, pues los candidatos presentados como étnicos o negros sólo obtuvieron resultados irrisorios15. La profunda división interna de la corriente político-étnica, fraccionada en pequeños movimientos y organizaciones a veces efímeros, que se pelean los recursos del Estado y que no han sabido hasta ahora federarse, explica también esos flacos resultados electorales.

37Un segundo elemento, que matiza al precedente, consiste en subrayar la influencia real que ejerce la movilización étnica en las representaciones y los discursos elaborados por los hombres, las mujeres y las instituciones que participan en el debate político, a todos los niveles. No sólo los partidos políticos recuperan poco o mucho los argumentos étnicos y los incorporan en sus programas (justicia social, lucha contra la discriminación), sino que también desempeñan el doble papel de formación de futuros dirigentes étnicos y de espacio para acoger a los decepcionados o los excluidos de las organizaciones negras. A pesar de las oposiciones, las pasarelas entre las dos esferas son múltiples y numerosos dirigente étnicos se convierten a la política tradicional en cuanto cuentan con una base de clientela más o menos consolidada.

  • 16 Sobre el papel de las ONG y de las asociaciones en las dinámicas políticas colombianas y del Pacíf (...)

38Entres estos dos medios con relaciones ambivalentes -competición, oposición, separación, sinergia- otro sector de la vida política desempeña un papel preponderante: el que reúne a las ONG, las asociaciones, los sindicatos, las organizaciones culturales y religiosas16. Este sector es el principal “proveedor” de dirigentes y militantes étnicos. La

  • 17 También podríamos mencionar la cooperación internacional, en particular la convención de la CVC co (...)

39Iglesia católica y la ONG Plan Internacional son las dos instituciones por las cuales pasaron la mayoría de los miembros de Palenque Nariño, para formarse o en tanto que promotor social17. Implicadas en el trabajo social local, obtienen su legitimidad en la esfera internacional de la ayuda al desarrollo y de la asistencia a las poblaciones desproveídas. Son localmente las principales suministradoras de discursos sobre el multiculturalismo y la defensa de las minorías étnicas. Respaldadas por su fínanciamiento y sus redes internacionales, las ONG desempeñan un papel ideológico y cultural -en la ocurrencia culturalista- mayor en la medida en que representan el único espacio de autonomía (económica y política) disponible para la expresión de la sociedad civil que emerge en las décadas de 1980-1990. Los militantes políticos se comprometen, constituyendo un tejido relacional y de redes que más tarde serán activados en el marco de la movilización étnica. De esta manera, por medio tanto del juego de la adhesión ideológica como por los contactos individuales establecidos entre las personas, las ONG son las “facilitadoras” o catalizadoras de expresiones políticas que se multiplican en margen de los partidos y los sindicatos.

40En este esquema de análisis, podríamos sorprendernos de la ausencia de grupos de poder económico que, no obstante, también participan en el devenir político de la región. Pero, en Tumaco, los poderes económicos apenas se constituyeron como grupos de presión coherentes con una traducción política. Antes se trataba más bien de intereses particulares, que establecían o no acuerdos políticos en función de coyunturas temporales, sin proyecto ni memoria política. Eran relativamente invisibles en el escenario público y poseían sus propios mecanismos de negociación y de acceso a los recursos públicos, sin necesidad de participar en el debate electoral o político. Las cosas comenzaron a cambiar a partir de 1997, con la institucionalización de la participación de los empresarios del cultivo de la palma en la política de desarrollo agrícola municipal y regional. Esta evolución es reciente y no se ha traducido aún en la afirmación de un discurso público por parte de los actores económicos en el espacio público.

41Al término de este repaso de los procesos políticos que marcaron y que siguen marcando los ritmos de la vida regional de Tumaco, podemos afirmar que hace diez años se dio una recomposición política, aunque ésta no se haya traducido, por el momento, en una redistribución masiva de los puestos de representación o de nuevos equilibrios electorales. La ruptura comienza en la década de 1980 con la introducción de las medidas de descentralización, de las cuales la más eficaz a corto término consiste en la elección popular de los alcaldes. Alimentada con el descontento social y la constitución de un campo político autónomo en torno a las ONG y la Iglesia católica, la ruptura se vuelva más visible con las modificaciones constitucionales y legislativas de 1991 y 1993, que permiten la emergencia de un nuevo actor político legítimo, las comunidades negras. La sociedad civil local había ya minado las bases del viejo sistema paternalista sin esperar la llegada de esas dinámicas provenientes del centro. Es la conjunción de fenómenos locales de resistencia y de políticas nacionales la que provoca las transformaciones más importantes de la vida política. En ese sentido, no se puede hablar de una marginalización completa de la región por la manera en que ésta participa en los debates nacionales. En 2002, el regreso del betismo en el escenario local así como el debilitamiento del movimiento étnico traducen una inversión de tendencias perceptible a nivel nacional, pues la problemática de la guerra ha relegado la “cuestión negra” a un segundo plano de las preocupaciones de las instituciones y los partidos. De igual manera, con sus particularidades ya subrayadas en varias ocasiones, la región siempre ha estado integrada a ciertos procesos de modernidad, entre los cuales la urbanización es una de sus principales manifestaciones.

Notes

1 Entrevistas en el río Mejicano, 1996-1997.

2 “De Tumaco hasta Bucheli y Cajapi reinaban familiares de Flavio Ortiz. De Cajapi a Llorente estaba Pablo Reinei Erazo, y su influencia se extendía hasta el río Mira. En Guayacana había otro líder, Rubén Flores, de la misma línea liberal. En Tumaco dominaba la familia Llorente, político, médico y representante [diputado] en Bogotá” (entrevista Porfírio Becerra, Tumaco, octubre de 1996).

3

4 Entre éstos, con Flavio Ortiz y Jorge Cuero Mirando, originarios de Barbacoas, así como con Luis Avelino Pérez -padre del actual senador Luis Eladio Pérez-, originario también de Barbacoas.

5 Roy Sánchez, candidato a consejero municipal, Tumaco, octubre de 1996.

6 Hebertino Quiñones, habitante de Bellavista, río Mejicano, 1996.

7 “Beto es narco, pero cumple”, Tumaco, entrevista con un adversario político, candidato a la presidencia municipal, 1996. Encontramos este tipo de refrán tanto en África (“el que come le da de comer a los otros”, Marie, 1997: 94) como en Brasil (roba pero cumple).

8 Del nombre de su dirigente (Rosero), quien nunca pretendió a la alcaldía pero cuya influencia desde 1990 en las elecciones fue importante, antes de postularse -y de conquistar- el puesto de gobernador de Nariño en 1997.

9 Independientemente de los argumentos oficiales y explícitos que todos prometen el mejoramiento de los servicios públicos en la ciudad y en el campo, la lucha contra la corrupción y el combate contre el abandono de la región por parte de las autoridades gubernamentales.

10 Newton ganó votos apelando a la solidaridad entre negros, pero sin ofrecer un discurso político construido con base en la identidad étnica.

11 Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, de tendencia maoísta.

12 Durante esas jornadas muere un habitante de Tumaco en una manifestación y numerosos edificios, entre ellos la Alcaldía, son destruidos o quemados.

13 Reproducida en Arango, 1991.

14 Los hemos desarrollado en otro estudio: Agier y Hoffmann, 1999.

15 Para un análisis detallado de las estrategias y prácticas políticas del movimiento negro en sus diferentes fracciones, cfr. Agudelo, 1999.

16 Sobre el papel de las ONG y de las asociaciones en las dinámicas políticas colombianas y del Pacífico en particular, cfr. Pardo, 1997.

17 También podríamos mencionar la cooperación internacional, en particular la convención de la CVC con Holanda, particularmente activa en las décadas de 1980-1990.

© Institut français d’études andines, 2007

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