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Comunidades negras en el Pacífico colombiano

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Odile Hoffmann

Tercera parte. Tierras, territorios e identidades

Capítulo 8. Los territorios colectivos, la transición institucional

Texte intégral

1Con base en ciertas situaciones concretas relativas a dos “territorios colectivos” en curso de constitución, descubriremos los actores y sus intereses contradictorios, lo que está en juego y los registros de legitimidad enarbolados por unos y otros. Los espacios en cuestión coinciden en gran medida con la región descrita anteriormente: los dos territorios colectivos colindan, pero uno se prolonga hacia el océano al noroeste (el Bajo Mira) y el otro lo hace hacia los piedemontes al sureste (el Alto Mira).

2La tesis de la transición institucional, defendida en este capítulo, consiste en postular que con la transferencia de los títulos legales del Estado hacia las colectividades rurales, la titularización de los territorios colectivos suscita una recomposición micropolítica pues instaura instituciones especializadas y, con esto, legitimidades hasta entonces inéditas al interior de las comunidades. Será puesta a prueba interrogando los mecanismos que conducen a los actores a aceptar o elaborar nuevas normas y nuevas autoridades.

Recordatorio de algunos términos
A partir de la promulgación de la ley 70, en 1993, el movimiento negro se estructura en torno a organizaciones étnico-territoriales, organizaciones locales cuyo objetivo es suscitar la creación de territorios colectivos de comunidades negras. En el departamento de Nariño, una organización regional los apoya en sus gestiones: es el Palenque regional, cercano al movimiento nacional Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Localmente, los pueblos se organizan a su vez en Consejos Comunitarios, que reagrupan a las personas que reivindican un mismo territorio colectivo. Las dos instancias representativas de un Consejo Comunitario son la asamblea general, por un lado, y la Junta directiva, por el otro. El Consejo Comunitario (y su Junta) es el único habilitado para efectuar las gestiones para la titularización del territorio colectivo. Puede ser asistido por una o varias organizaciones, ONG o por la Iglesia.

8.1. Los títulos colectivos en 2001: un balance moderado

  • 1 Categoría que incluye, a su vez, a los parques nacionales, las reservas forestales (”especial” o “ (...)
  • 2 Acerca de los diferentes tipos de afectación legal de las tierras, véase el capítulo “Afectación l (...)
  • 3 La Ley de reforma social agraria de 1961 prohibe las adjudicaciones de tierras en las “zonas de há (...)
  • 4 Datos del INCORA, hechos públicos en la cumbre contra el racismo y la xenofobia de Durban (2001).

3De la superficie total de la franja pacífica (cerca de 10 millones de hectáreas), más de un cuarto (2.8 millones) corresponde a espacios que a priori no estarían sujetos a las medidas de titularización de territorios étnicos: las reservas naturales1, las zonas urbanas, las zonas sus­traídas a la reserva forestal a partir de la década de 1960 y los espacios de utilidad pública bajo control directo del Estado (Defensa Nacional)2. Las previsiones a término dan cuenta de 2.5 millones de hectáreas a regularizar bajo la forma de reservas indígenas3, la mayoría ya constituidas. Los territorios colectivos de comunidades negras deberían cubrir a término las 4.7 millones de hectáreas restantes4.

4Los primeros títulos colectivos fueron emitidos en 1996, para pequeños territorios del Chocó. Al año siguiente, el programa inicia realmente con la regularización del mayor territorio de comunidades negras, el del ACIA (Asociación Campesina Independiente del Atrato) en el Chocó: cerca de 40 000 personas y más de 300 000 ha beneficiadas (cuadro 19). La ACIA constituyó la punta de ataque de las primeras movilizaciones durante la elaboración de la ley 70, al principio de la década de 1990, y la entrega oficial del título colectivo de propiedad, en 1997, fue muy mediatizada y se efectuó en presencia del presidente de la República.

Cuadro 19. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras, por año, balance nacional, mayo de 2001

Cuadro 19. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras, por año, balance nacional, mayo de 2001

Fuente: INCORA, Programa de atención a las Comunidades Negras, 2001, Silvio E. Garces M. y Carlos Reyes.

5Fuera de ese caso extremo, los territorios colectivos tienen en promedio de 1 500 a 2 000 personas, y de 20 000 a 40 000 ha cada uno. Después de un año 2000 particularmente generoso en titularizaciones, el año 2001 se caracteriza por un descenso neto del número de títulos emitidos. Parece claro que la mayoría de los territorios colectivos que no implica problemas ha sido regularizada, apenas seis años después de la promulgación del decreto de aplicación. Estas cifras demuestran, si quedaran dudas, la amplitud y la eficacia de la movilización étnico-territorial. Las solicitudes de titularización no resueltas, que representan aproximadamente el equivalente en superficie de los territorios ya regularizados, son por supuesto las más problemáticas: territorios no viables económicamente, conflictos de límites con vecinos (reservas indígenas, parques naturales o territorios contiguos), conflictos internos de las organizaciones y, sobre todo, problemas relacionados con la irrupción de actores exteriores, casi siempre ilegales y violentos.

  • 5 Lo que no ha impedido a actores ilegales invadir algunos de estos territorios y obligar al desplaz (...)

6La proporción más grande de títulos colectivos concierne lógicamente al departamento del Chocó (cuadro 20), donde se dio la concentración campesina y étnica más importante en el momento de la Constitución. Cerca de 15 000 familias y 80 000 individuos han adquirido derechos legalizados de propiedad de la tierra5.

Cuadro 20. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras por departamento, balance en mayo de 2001

Cuadro 20. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras por departamento, balance en mayo de 2001

Fuente: INCORA, Programa de Atención a las Comunidades Negras, 2001, Silvio E. Garcés M. y Carlos Reyes.

7En el departamento de Antioquia existe un poblamiento negro relativamente marginal en relación con los demás departamentos, lo que explica la pequeña cantidad de títulos colectivos legalizados. La mayoría de las tierras bajas del departamento de Cauca ya está titularizada, bajo la forma de seis territorios colectivos. De hecho, los principales “vacíos” en el mapa de repartición de los territorios de las comunidades negras se sitúan en los departamentos del Valle del Cauca (Buenaventura) y de Nariño (Tumaco), donde se encuentran las tierras de mayor interés para los inversionistas.

8Respecto al departamento de Nariño, el mapa que sitúa los espacios en función de su afectación legal (reserva natural, reserva indígena, territorio negro o sustracción a la reserva selvática) es suficientemente elocuente (figura 13): las reservas indígenas están principal­mente situadas en los piedemontes, al sur, cerca de la frontera ecuatoriana, ahí donde el poblamiento indígena es el más importante. No quita que dos reservas indígenas obtuvieron su regularización en la zona baja (Sanquianga y Mejicano). Por su parte, los territorios de las comunidades negras legalizados están situados al centro de la zona litoral del departamento, es decir, lejos de cualquier vía de comunicación nacional y en un espacio geográfico (en líneas generales el valle bajo del Patía) que nunca ha despertado el interés de los inversionis­tas, con excepción de negociantes interesados en la madera, pero no en la propiedad de la tierra.

Figura 13. Afectación legal de las tierras en el litoral nariñense, 2001

Figura 13. Afectación legal de las tierras en el litoral nariñense, 2001

9Las zonas prohibidas para la titularización colectiva corresponden al Parque Natural de Sanquianga (creado en 1977) al norte, pero sobre todo a las áreas de sustracción de la reserva selvática, que por lo mismo pueden ser privatizadas. La más importante de estas últimas se sitúa al sur de Tumaco, de un lado y otro de la carretera, en tierras de buena calidad agronómica que reivindican dos Consejos Comunitarios para establecer en ellas sus territorios colectivos (Alto y Bajo Mira). Otras porciones de espacio con fuerte potencial agronómico, los valles principales, han sido “sustraídas” a la reserva y sigue siendo imposible regularizarlas en territorios colectivos. Se les reconoce por la forma que ocupan en el mapa, apegada al curso de los ríos. Por lo tanto, quedarían como legalmente susceptibles de titularización colectiva sólo algunas porciones de tierras interfluviales o de manglares. Aunque presentan un interés ecológico, a veces incluso agronómico, notable, es imposible valorizar económicamente esos medios tomándolos de manera separada y, de hecho, cuentan con una población poco importante (la que está, como sabemos, instalada a orillas de los ríos).

10A diez años de la promulgación de la ley 70, el balance es moderado. El proceso de titularización fue llevado a bien en casi la mitad de las superficies previstas, lo que en sí es un triunfo para el gobierno y para las organizaciones que acompañaron la movilización. Pero uno de los objetivos principales de la ley -al menos para los militantes-, que era asegurar la seguridad de la propiedad de la tierra a los habitantes más expuestos a las expoliaciones, sólo ha sido alcanzado de manera muy parcial: únicamente los casos menos problemáticos han sido resueltos de forma rápida. Fuera de ahí, los conflictos persisten y los riesgos de pérdida del territorio incluso se acentúan, como vimos en el caso de la región de Tumaco. La situación de violencia se ha agravado de tal manera en todo el Pacífico que aun los títulos colectivos emitidos recientemente no ofrecen garantía alguna contra el desplazamiento forzado.

11Otro objetivo de la ley 70 ha sido, por su parte, plenamente logrado, al menos en un primer momento: aquel que apuntaba a organizar las poblaciones negras, a difundir el discurso étnico y a suscitar la “toma de conciencia” de una identidad específica y ahora reconocida legalmente. Esta movilización no ha sido, sin embargo, uniforme ni unívoca, como lo muestran los dos ejemplos analizados a continuación.

8.2. El territorio del Bajo Mira, “un territorio bajo influencia”

12La organización del bajo Mira inicia en el momento de la promulgación del decreto de aplicación de la ley 70, en 1995. Una primera reunión juntó a cerca de sesenta personas designadas por sus respectivas localidades; una segunda en 1996 atrajo a otras tantas más, antes de la asamblea plenaria, que reunió a 500 personas en un pueblo del Mira. Los asistentes recuerdan que “la gente lloraba de emoción de ver tantas personas reunidas”. Ahí empieza el complejo proceso de la solicitud de titularización, verdadero recorrido del combatiente, que necesita de la concertación de los pueblos y de los campesinos, bajo la conducción de los militantes étnicos, llegados (o que regresaron, para aquellos originarios de los ríos) de la ciudad con el objetivo de acompañar la dinámica de la organización.

  • 6 Los nombres han sido modificados.

13Julio de 1997. Después de unas horas de camino bajo un sol de justicia, entre selvas, plantaciones de palma de aceite y pantanos, nuestro pequeño grupo de una decena de personas llegó por fin a la vereda en la que tendría lugar durante tres días la asamblea general del Con­sejo Comunitario del Bajo Mira. Guiados por la presidenta de este consejo, Cristina6, el trayecto se alargó cuando nos perdimos en la selva, donde nos vimos obligados a recurrir a los recursos locales (el agua contenida en las nueces de tagua) para calmar nuestras gargantas se­dientas. Este pequeño episodio, aunque asumido con buen humor por el grupo, incomodó profundamente a la compañera Cristina, quien se jactaba de conocer perfectamente “su” territorio y veía de esa manera puesto en entredicho públicamente su conocimiento del lugar.

14Los miembros de la delegación eran los siguientes: Cristina, cinco dirigentes de Palenque que venían para asistir al Consejo en el desarrollo de la reunión, cuatro jóvenes miembros del Consejo Comunitario y tres observadores “extranjeros” invitados, entre ellos yo. En la vereda (una decena de casas de tablas de madera, sin electricidad ni servicios públicos de ningún tipo), los habitantes se activaban para alimentar y alojar a las cerca de cien personas que, poco a poco, llegaban de las veredas vecinas o más alejadas, después de varias horas de caminata y/o canoa. El territorio colectivo reivindicado cubre, en efecto, una vasta exten­sión burdamente plana, de altitud cercana al nivel del mar, ubicada de un lado y otro del río Mira, en la que los pocos caminos que existen son aquellos construidos y utilizados por las plantaciones de palma de aceite, por lo que la mayor parte de la comunicación es fluvial o marítima.

15La celebración de una reunión como esa no es, por lo tanto, cosa fácil. Fue necesario el apoyo de la organización regional del movimiento negro Palenque, el financiamiento de las instituciones que supuestamente deben acompañar el proceso de titularización colectiva (INCORA) y la movilización de decenas de habitantes durante varias semanas. La asamblea general es la conclusión de la primera etapa del proceso, la del inventario y la delimitación de las poblaciones y las tierras tomadas en cuenta por la titularización solicitada. Es la ocasión para confirmar los compromisos personales de cada uno, para ratificar públicamente las nuevas instancias y sus papeles respectivos. Otro taller regional, en octubre del mismo año, tendrá como objetivo la descripción colectiva del territorio, su historia, su poblamiento, sus recursos, sus problemas eventuales, con el apoyo esta vez del Instituto geográfico nacional, el IGAC, y con la presencia siempre de la organización Palenque.

16Atrapado entre el mar y las plantaciones agroindustriales, el territorio del Bajo Mira se extiende en gran medida sobre una zona de manglares. La pesca en la costa, la extracción de madera y de palmitos (naidi) en el interior, la recolección de caracoles en los manglares (piangua) aportan los principales recursos comercializables (incluidos aquellos para la exportación a Ecuador o Europa). La agricultura (cacao, coco) y el trabajo agrícola en las plantaciones cercanas proporcionan recursos monetarios, en general completados con un trabajo o un pequeño comercio de uno o varios miembros de la familia en la ciudad de Tumaco. Muy fluctuante según las estaciones o las ocasiones que se presentan (migraciones lejanas pero de corta duración, contrato de trabajo temporal), la economía doméstica es precaria y no permite el acceso a productos de consumo modernos. El hábitat es rudimentario, con casas de madera construidas en general sobre pilotes bajos, cocina al fondo y acceso al agua en esteros cercanos.

17La población que habita el futuro territorio fue calculada en 1995 en más de 8 500 habitantes, repartidos en unos sesenta pueblos, entre los cuales los más grandes alcanzan los 400 habitantes y los más pequeños una decena solamente. Instalados a lo largo de los ríos y de la costa, los habitantes han dejado libres de habitación las tierras del interior, difíciles de acceso, donde, sin embargo, establecen sus parcelas de cultivo y practican, sobre todo, el corte de árboles, la caza y la recolección de productos silvestres comercializables.

18La densidad global de la población es débil, pero el espacio ribereño, en cambio, está densamente ocupado. La población representa cerca de 13% de la población rural del municipio de Tumaco, la cual compone a su vez 40% de la población total del municipio (cuadro 21). Se trata, por lo tanto, de un conjunto al interior del municipio bastante imponente que reivindica sus derechos territoriales.

19Una encuesta SISBEN con base en una muestra de 3 681 personas de esos pueblos en 1994 (lo que equivale a 43% de la población estimada en el aquel momento) permite precisar el perfil sociodemográfico (cuadro 22). Es una población joven (44% de la población tiene menos de 15 años). El índice de masculinidad es cercano al valor de 110 hombres por 100 mujeres, lo que indica una emigración femenina importante y, en consecuencia, la masculinización del campo, como ya fue evocado.

Cuadro 21. Población del territorio del Bajo Mira y la frontera (municipio de Tumaco, Nariño), octubre de 1997

Cuadro 21. Población del territorio del Bajo Mira y la frontera (municipio de Tumaco, Nariño), octubre de 1997

Fuente: DPT: Departamento de Patologías Tropicales (ex SEM, Servicio de Erradicación de la Malaria), SISBEN, 1994.

Cuadro 22. Indicadores demográficos del Bajo Mira y del municipio de Tumaco, basados en la muestra SISBEN de 1994 (para el Bajo Mira, 42 pueblos y 3 681 personas)

Cuadro 22. Indicadores demográficos del Bajo Mira y del municipio de Tumaco, basados en la muestra SISBEN de 1994 (para el Bajo Mira, 42 pueblos y 3 681 personas)

20En los pueblos rurales del bajo Mira, la tasa de empleo de los adultos es superior a la tasa constatada en la ciudad (49% contra 39%) y a la de otras zonas rurales (44%). Esto se debe relacionar con la proporción elevada de obreros y empleados (27%) que trabajan en las plantaciones agroindustriales presentes en la zona. De manera inversa, en esta parte del municipio, el porcentaje de productores agrícolas -campesinos- es menor que en otras zonas rurales del mismo (27%, para una media municipal rural de 35%). Ya es perceptible, por lo tanto, la influencia de las plantaciones de palma en el tipo de ocupación de los habitantes: menos “campesinos” y más “obreros”. En el Bajo Mira, la zona rural mira hacia la ciudad y los empleos agroindustriales. Otros indicadores confirman esta situación al poner en evidencia valores intermedios entre las medias en la zona rural y urbana: por ejemplo, el porcentaje de jefes de familia solteros (33%) es mucho mayor a la media municipal rural pero inferior al constatado en la ciudad. Sin embargo, la proporción de mujeres jefes de familia es del orden de 20% al igual que en el resto del municipio rural, mientras que en la ciudad alcanza 45% (esto está relacionado con la emigración femenina del campo a la ciudad).

21Aunque en el aspecto demográfico el Bajo Mira combina ciertas particularidades urbanas con otras más rurales, además de destacar por una gran movilidad tanto de hombres (trabajo) como de mujeres (migración), sigue siendo en el municipio un espacio marginado, al menos en el aspecto geográfico. Situado frente al mar en los confines de la frontera con el Ecuador al sur, y de la selva al este, la zona presenta un estado sanitario y de educación muy deficiente y modos de explotación tradicionales que no le permiten liberarse de una extrema dependencia a la ciudad y las plantaciones.

22El mapa aquí reproducido (figura 14) fue elaborado colectivamente por los habitantes durante la asamblea general del Consejo Comunitario en octubre de 1997, según una modalidad que describiremos más adelante. Da una idea de la configuración del territorio, aun­que sin respetar la escala ni la orientación técnicamente exactas. Lo único que me he permitido hacer es pasar en limpio la versión en papel tal cual fue dibujada durante la asamblea. En ella se observa un rectángulo irregular, bordeado debajo por el océano y los manglares, limitado arriba por la carretera Tumaco-Pasto y a la derecha por un vacío, marcado solamente con el dibujo de una cabeza de ganado. Se trata de plantaciones de palmas de aceite y de algunas haciendas de ganadería. El resto de la información señalada por los habitantes tiene que ver con el uso de las tierras, indicado con dibujos de árboles (selva) o de plantas de maíz (parcelas de cultivo) vagamente localizados y sin límites precisos. Las selvas así mencionadas aún son de uso colectivo y de acceso abierto para los habitantes del lugar (los baldíos); las parcelas de cultivo han sido apropiadas de manera individual; y las haciendas y plantaciones pertenecen a residentes de Tumaco, Pasto o Cali, blancos la mayoría. El dibujo de la costa y de las múltiples vías de agua está perfectamente detallado, y las 60 veredas que participan en el Consejo (más dos que rechazaron adherirse) están situadas de manera bastante exacta en relación con las primeras. Las pocas infraestructuras señaladas, además de la carretera y de algunos caminos, son la base militar cercana a la frontera sur y cuatro estanques de cultivo de camarones, instalaciones que pertenecen a empresarios de Tumaco o de Cali. Tanto la base militar como los estanques de cultivo representan fuentes de conflicto locales a propósito del uso y la apropiación de los recursos en tierra, agua y productos de recolección y cultivo.

23En el papel aparece, entonces, un espacio rural claramente delimitado, con recursos diversificados, con, es cierto, algunos conflictos localizados, pero globalmente explotado y administrado por la población local, negra y “nativa”, bajo una combinación de actividades agrícolas, de pesca, de caza y de recolección. Se trata de la imagen esperada y convenida de los territorios de las comunidades negras del Pacífico: aislados, pobres, con hábitat disperso, con actividades rurales tradicionales sujetas a una comercialización incierta.

24Esta imagen no concuerda realmente con ciertos indicadores sociodemográficos antes mencionados: salario agrícola, emigración femenina, movilidad elevada. También podemos señalar que se trata de una versión que no indica ninguna de las infraestructuras presentes en el territorio, en especial en el ámbito de la salud (existen dos consultorios rurales) y de la educación (múltiples escuelas primarias y una secundaria en Candelilla). Otros complementos de información, formulados oralmente en esa ocasión por los asistentes a la reunión, enturbian un poco más esta visión estereotipada e idealizada de los territorios negros. Los asistentes mencionan varios conflictos importantes, susceptible cada uno de poner en causa el proceso de titularización y la existencia misma del territorio. Aparecen así los impedimentos y las contradicciones que deben asumir los habitantes -al igual que sus dirigentes y asesores- para construir una imagen del territorio conforme a las normas exigidas por la legislación.

Figura 14. El territorio del Bajo Mira, dibujado por sus habitantes

Figura 14. El territorio del Bajo Mira, dibujado por sus habitantes

Fuentes: Junta Central del Bajo Mira y frontera (oct.97)

8.3. El debate acerca de las plantaciones: lo indecible y la alienación

  • 7 O Vaquería, dentro del mismo “esquema”, rodeado de estanques de cultivo de ca­marones de una gran (...)

25Ninguna plantación agroindustrial aparece en el mapa del territorio del Bajo Mira elaborado colectivamente por sus habitantes. No obstante, ellas representan el problema mayor para la definición geográfica del territorio, puesto que persisten desacuerdos sobre los límites y a veces la propiedad misma de terrenos plantados con palmas de aceite. Estos conflictos están al origen, por lo demás, de discusiones animadas y repetidas durante los talleres y reuniones comunitarias, en las que cada uno se encarga de dar su versión de la historia. En efecto, la región fue ocupada por agroempresarios en la década de 1950. En su famoso estudio, West (1957) menciona “las haciendas del Mira”, entre ellas la Matildita y sus 200 bovinos. Con anterioridad, otras iniciativas habían fracasado: al principio del siglo xx, unos italianos habían tratado de colonizar el Mira, y más tarde, en la década de 1940, vastas plantaciones de plátano fueron introducidas y luego abandonadas. A partir de la década de 1960, algunas empresas nacionales intentan el cultivo de la palma, con éxito hasta el día de hoy. Cada vez más los campesinos pierden terreno y hoy en día se pueden contar varias “veredas sin tierra”, rodeadas de plantaciones de palma de aceite que topan con el portal de las casas (Monte Alto, El Sande7), o paralizadas por la extensión inminente de las plantaciones (Pusbi).

26De acuerdo con las entrevistas realizadas a los campesinos y la confirmación posterior de algunos cultivadores de palma, las primeras compras de tierra se hicieron de buena fe, entre compradores y vendedores. Estos últimos no venían mayor inconveniente en vender algunas porciones de tierra considerada inagotable (débiles densidades de población, zonas de selva que presentaban una reserva “infinita” de tierras de cultivzo, de caza y recolección). Los precios eran bajos, pero lo suficientemente atractivos para gente de campo poco integrada a los modelos de consumo moderno. Pero luego las cosas se aceleraron. Por un lado, los campesinos comenzaron a pedir precios de venta menos ridículos a medida de que se daban cuenta de que la pérdida de sus lotes no era recompensada por los ingresos que podían percibir de la explotación de las nuevas tierras desbrozadas o, para la mayoría, de un trabajo aleatorio en la ciudad o en las nuevas plantaciones. Las resistencias y las negativas a vender comenzaron a multiplicarse. Frente a esta oposición, los empresarios contaban con aliados poderosos: la banca (la Caja Agraria, institución pública de financiamiento agrícola) y los organismos de desarrollo agrícola (el IFA, y luego el ICA). La primera financiaba los proyectos de los segundos de acuerdo con un mecanismo simple. El ICA proponía reemplazar la variedad local de arroz por una mejorada, más productiva y atractiva para los campesinos. Los créditos asociados dependían de la legalización de los títulos de propiedad de la parcela en cuestión, de lo cual se encargaba la institución (y después el INCORA), con el fin de presentar una garantía hipotecaria para el préstamo. Para los campesinos la ventaja era triple: una mejor producción, un crédito ventajoso y una regularización “gratuita” de sus títulos de propiedad. Pero no se tomaban en cuenta las dificultades inherentes a toda transición tecnológica: la variedad mejorada sólo da buenos resultados en condiciones estrictas de cuidado y de prácticas culturales que no realizaban los pequeños productores. En la mayoría de los casos los resultados fueron mediocres, por no decir desastrosos, y no permitieron el reembolso adecuado de los préstamos. La confiscación de parcelas hipotecadas se impuso, seguida inmediatamente de su reventa a los empresarios privados. En ausencia de tales mecanismos, las ventas forzadas también se multiplicaron, por medio de presiones al posesionado-propietario o a su familia, o de ofrecimientos atractivos y no respetados. Pueblos enteros acabaron “sin tierra”, sobre todo aquellos que estaban situados al borde de la carretera y que se han convertido poco a poco en localidades de trabajadores que cada día parten a Tumaco a la búsqueda de un empleo (cf. el caso de Cortina Verde, Agier, 1999).

27Este relato, repetido con sus variantes una y otra vez, configura la trama de un vasto y complejo sentimiento de injusticia regional. A diferencia de las primeras transacciones, que se parecían a contratos, aunque siempre resultaban poco ventajosas para los campesinos, las ventas forzadas son percibidas como una expoliación consumida, con perdedores -los campesinos- y beneficiarios -los cultivadores-. Ya no hay negociación sino una imposición de los más fuertes, quienes disponen de toda una gama de argumentos financieros, jurídicos o de simples relaciones de fuerza. Los antagonismos se ahondan entre patrones, blancos, que viven en Cali o Bogotá, y los trabajadores agrícolas, negros y dirigidos por un contramaestre, blanco también. El término “esclavitud”, por lo general ausente del vocabulario cotidiano, aparece con frecuencia en boca de los obreros agrícolas para calificar las condiciones de trabajo y la dependencia hacia los patrones. En el sistema de la plantación, cohortes de trabajadores son traídos cada mañana de Tumaco o de los pueblos de los alrededores para realizar los trabajos más pesados, con horarios y tareas particularmente duras y a menudo peligrosas (mordeduras de serpientes y accidentes provocados por las caídas de pencas pesadas y cortantes). A veces son alojados en barracas en el lugar mismo si la plantación se encuentra demasiado alejada como para permitir idas y vueltas cotidianas. El trabajo en las plantaciones representa, por lo tanto, una ruptura completa en relación con el dispositivo espacio-temporal que caracteriza a los pueblos rurales del Pacífico, e incluso a los urbanos, tal como fueron descritos en la primera parte de este texto (movilidad, sistema familiar, poliactividad). De hecho, los empresarios se quejan de que los nativos “no soportan” el ritmo de trabajo; algunos se ausentan sin dar explicaciones y vuelven unos días después a reclamar el empleo dado entretanto a otro. Las incomprensiones recíprocas, reinterpretadas en términos de incompatibilidad cultural, se ven reforzadas por la oposición entre “blancos” (los patrones) y “negros” (o afro-colombianos o nativos, es decir, los trabajadores).

28Estas relaciones tensas se explicitan durante el proceso de titularización. Las relaciones de fuerza que silencian a los campesinos se modifican con la nueva legislación. Algunos habitantes expoliados pretenden aprovechar la nueva situación para hacer públicas las exacciones y las extorsiones pasadas y, por qué no, recuperar las tierras que les fueron quitadas a ellos mismos o a sus parientes. De dominantes que siempre han sido, los cultivadores de palma se convierten en enemigos contra los cuales se puede ahora luchar abiertamente. En estas condiciones, el discurso de los dirigentes negros resulta muchas veces radical. Para ellos, los empresarios son invasores, ladrones o algo peor, a los cuales hay que denunciar, hacer retroceder o al menos mantener a distancia, con el fin de prevenirse y protegerse.

29La idea misma de un territorio colectivo reanima los recuerdos de los antiguos posesores, de límites de antaño, de viejos conflictos. En el momento del levantamiento cartográfico del territorio colectivo, se plantea el problema de decidir dónde colocar los límites y cómo inscri­bir en el territorio las plantaciones existentes. Ya vimos que las representaciones cartográficas iniciales elaboradas por las veredas habían optado por una mención muy vaga y no localizada de los cultivos de palma, prácticamente una no mención. Pero la cartografía técnica no autoriza este tipo de imprecisiones: ¿los cultivos de palma están dentro o fuera del territorio? ¿Son reivindicados por el Consejo Comunitario o simplemente limítrofes? ¿Existen conflictos de límites, dónde exactamente, entre quién y quién, bajo qué forma? Los técnicos del IGAC necesitan esa información para constituir el expediente de titularización. No queda otra opción que abrir un debate público sobre tales sujetos durante los talleres colectivos.

30Y ahí, con un poco de sorpresa, constatamos la ausencia de consenso. Durante una reunión del Consejo Comunitario en octubre de 1997, un anciano precisaba: “cuando llegó Palmas [la principal empresa agroindustrial de la región], todo era selva. Nosotros mismos abrimos los caminos de Palmas. Palmas le compró la tierra un Sr. X, que las había comprado él mismo a otro, que las había comprado a uno de nosotros”. Reconoce la responsabilidad de los habitantes y propone validar las transacciones pasadas de venta de tierras, argumentando que en esa época (en la década de 1960), los campesinos eran favorables a la venta. Obtenían de una vez la ventaja de los ingresos de la venta y los del trabajo ofrecido por la empresa, con la certeza de que las tierras libres eran todavía numerosas en los alrededores. Sólo tenían que ir a desmontar un terreno “un poco más lejos” para llevar a cabo sus actividades tradicionales. Los dirigentes de la organización regional Palenque se sublevaron al escuchar esta versión y acusaron al viejo campesino de traición a los intereses de la “comunidad” que tanto ha sufrido las expoliaciones pasadas y actuales. Ese día, el anciano, aunque escuchado por todos y aprobado discretamente por muchos, tuvo que retractarse públicamente y pedir disculpas de lo que había sido presentado como una falta a la solidaridad, antes de sumarse a la versión radical de los dirigentes.

31¿Qué podemos deducir de este episodio? En un trabajo precedente (Hoffmann, 2000), interpreté la situación en términos de cambio de autoridad entre generaciones. Los instrumentos del conocimiento se modifican en el contexto de la movilización y, con ellos, las fuentes de legitimidad de los diferentes participantes en los debates. Hoy en día, los dirigentes étnicos, bastante jóvenes en general, pueden prevalerse de un discurso jurídico y técnico que no dominan los ancianos. Conduciendo el análisis hacia otra dirección, también se pueden detectar las censuras o autocensuras que son parte integrante del nuevo discurso y que ocultan las contradicciones internas a la asamblea reunida. Lo que nunca es dicho explícitamente es que los campesinos que aprueban en silencio el discurso de su vecino trabajan en su mayoría para la agroindustria Palmas, en tanto que obreros agrícolas. Cada día pasan por los caminos abiertos y mantenidos por la empresa -que controla su uso- y a veces recurren a sus camiones para cargar plátanos o cocos de sus parcelas con fines de comercialización propia. La dependencia hacia la empresa de los pueblos cercanos a las plantaciones de palma ya es completa y un conflicto abierto resultaría fatal para la mayoría de los habitantes. Los dirigentes de las organizaciones no comparten esa realidad cotidiana y razonan más bien en términos de justicia social y de derecho a la tierra. Al discurso bien construido y federado de las organizaciones, los campesinos de la zona sólo pueden oponer argumentos de su­pervivencia, difíciles de expresar frente a sus vecinos que, o han sido expulsados y luchan por recuperar sus tierras, o viven en pueblos más lejanos y a los que no atañe directamente la vecindad con empresas dedicadas al cultivo de la palma. La contradicción entre unos y otros es insoluble; el silencio se impone, por lo tanto. La aprobación obligatoria del discurso radical aumenta su alienación ante a los cultivadores, ya que ni siquiera existe la posibilidad de discutirlo públicamente.

  • 8 Aceptación se entiende aquí en su sentido social, lo que no presume en ningún caso una adhesión in (...)

32Estos intercambios ponen en evidencia la dificultad de vivir una doble experiencia simultánea, la de trabajador agrícola dependiente y la de habitante de un territorio, pues cada posición genera sus propias lógicas y lealtades. Manejada en lo cotidiano con compromisos de todo tipo, la contradicción se exaspera en el momento en que la titularización colectiva pone los dos registros frente a frente, en una situación de competencia en relación con el territorio. En tal situación encontramos procesos clásicos de fragmentación de la persona, atrapada entre dos “sistemas”, entre dos modos de integración a un colectivo, pero reforzados aquí por la evolución contradictoria de la sociedad local en su conjunto. En efecto, la exacerbación de las tensiones refleja el proceso de transición que viven las sociedades rurales frente a las innovaciones políticas e institucionales. En un primer momento supieron “manejar” la llegada de los cultivadores, en la dominación, cierto, pero de acuerdo con un esquema bien conocido y socialmente “aceptado” por todos8, que indicaba los lugares y estatus de cada uno: los cultivadores blancos de un lado, los campesinos negros, trabajadores, del otro. Frente a una dominación insoslayable en los niveles social, económico y político, la única estrategia campesina posible encaja en el orden de la supervivencia: la venta de las tierras al mejor precio, la emigración y/o el trabajo asalariado. Solución individual, pero socializada y compartida por la “comunidad”.

33La posible constitución de un territorio colectivo permite revisar ese dispositivo y obliga a sus miembros a reposicionarse en una nueva relación de fuerzas. Los campesinos ribereños pueden ahora respaldarse en el texto fundador por excelencia, la Constitución, para justificar sus pretensiones y destapar un conflicto hasta entonces oculto. La existencia de nuevas instituciones, como el Consejo Comunitario, representante oficial de sus intereses, les permite elaborar nuevas estrategias de negociación colectiva. Pero entonces, se ven obligados a acep­tar modalidades de discusión a las que la mayoría de los habitantes no están acostumbrados. La socialización de los debates se lleva a cabo durante las asambleas generales de los Consejos Comunitarios, en sesiones públicas en las cuales intervienen tanto los campesinos como los dirigentes de la organización o a veces un funcionario o un observador invitado, cada uno de los cuales dispone de argumentos y de capital escolar diferenciado. El riesgo existe de ver a los participantes más preparados acaparar la palabra, manipular el debate o imponer sus opciones.

34La innovación que representa la creación de los Consejos Comunitarios es de doble filo. Algunos ven en la socialización de los debates mayor transparencia y democracia y se alegran; otros temen una transferencia no preparada de competencias hacia instancias difícilmente controlables, lo que podrían dar entrada a lógicas comunitaristas o a derivas clientelares a costa de las libertades individuales. Como sea, se trata, desde el punto de vista de los habitantes, de una verdadera transición institucional acompañada de numerosos interrogantes tanto individuales como colectivos. La adquisición de nuevos derechos hace re­troceder las fronteras conocidas de la esfera de negociación o las modifica; también impone la necesidad de recurrir a nuevos instrumentos de conocimiento y de reparto del mismo.

8.4. De la cartografía a la gestión del territorio: la aparición de un nuevo saber

35En el contexto de la movilización territorial, ¿de qué manera una innovación técnica como la cartografía provoca o revela transformaciones de orden social o micropolítico? Para responder a esta pregunta, debemos primero entender cuándo, por qué y quién introduce esta técnica.

36En el Pacífico, la cartografía del territorio tiene una historia reciente pero instructiva. Producida por las comunidades en ocasión de los talleres colectivos, se trata de la respuesta de éstas a una iniciativa externa, es decir, a la necesidad, para las instituciones, de conocer el espacio hasta entonces muy poco explorado del litoral. Hasta la década de

371990, es patente la ausencia de instrumentos técnicos y científicos de descripción geográfica. Era, por ejemplo, difícil encontrar un mapa detallado de la región, el más aceptable era un mapa de 1: 250 000 del ejército estadounidense (DMA), en realidad un fondo de imagen satelital calzada sobre el río y la frontera, prácticamente sin mención de pueblos o caminos. Sólo existían realizaciones cartográficas parciales elaboradas por ministerios o empresarios privados con fines de “diagnóstico” en vista de un proyecto de desarrollo o una implantación agroindustrial (esencialmente de datos geomorfológicos o pedológicos). El único mapa detallado de los pueblos provenía del Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM-DPT), cuyos equipos recorrían anualmente la región, casa por casa, para llevar a cabo encuestas epidemiológicas y tratamientos antipalúdicos. Este “mapa” se trataba en realidad de un dibujo aproximativo de los ríos, de trazo fantasioso, que situaba los pueblos unos con relación a los otros, utilizado una vez cada tanto por un funcionario recién llegado. De manera general, los enviados de las instituciones (municipalidad, ministerio, ONG y asociaciones) nunca habían sentido la necesidad de algún tipo de representación cartográfica de su espacio de acción. Al trabajar en proyectos localizados en las veredas, el conocimiento íntimo que tenían, directamente o por el intermediario del indispensable conductor de la canoa -único medio de transporte-compensaba la ausencia de documento cartográfico fiable.

38Pero los datos cambian a partir del momento en que el espacio pasa a ser objeto de gestión a escala regional y de interés para personas que no pueden tener un conocimiento directo de esos espacios, por lo demás bastante difíciles de acceso. Hoy en día la mediación cartográfica es indispensable para todos los actores (campesinos, asesores, funcionarios, representantes electos, dirigentes diversos) en la discusión sobre el futuro del territorio, la negociación de las condiciones de titularización o la argumentación de los conflictos de límites o de uso. Es el paso obligado para “representar”, dar a ver el territorio deseado o disputado y traducir en términos “universales” los conocimientos parciales y localizados de cada una de sus partes, de cada uno de los individuos.

39Exigida por las instituciones (INCORA, IGAC) y prevista por los textos legislativos, la representación cartográfica pasó a ser rápidamente, en manos de las ONG, los militantes, las asociaciones o grupos que acompañan a las poblaciones negras en su solicitud de titularización, una formidable herramienta de movilización colectiva. Elaborar un “mapa”, es, para los habitantes, inscribir por primera vez el territorio de la vida cotidiana en una realidad compartible con otros, cosa que siempre hacen con entusiasmo. También es, para los dirigentes de las organizaciones o los asesores de las ONG o de la Iglesia, la oportunidad de sacar a relucir sujetos que deberán, en un futuro más o menos cercano, ser tratados por el Consejo Comunitario: los derechos de propiedad de la tierra, los conflictos locales, las necesidades en infraestructuras. Es, de alguna manera, la primera ocasión de construir colectivamente la noción misma del territorio, de traducir “en el papel” los derechos inscritos en la ley y perfectamente abstractos hasta ese momento.

40En un primer momento se elaboran los “mapas veredales”, uno por vereda o grupo de veredas (de hecho, porciones de río), durante pequeñas reuniones, al atardecer o el domingo, a menudo en el único salón de clases de una de las localidades. Cada uno anota su casa, su parcela, el trazado de su río, eventualmente los límites de su vereda o del territorio, de acuerdo con su propio conocimiento del terreno, pero también con sus códigos y, por supuesto, con los intereses en juego del momento. Las numerosas omisiones o “errores” de unos y otros son en parte compensadas durante las sesiones colectivas ulteriores, lo que da lugar a una especie de exégesis del trabajo llevado a cabo por cada pequeño grupo: debate acerca de la historia de la vereda, comentarios sobre los recursos, los problemas, los conflictos pasados o actuales.

41La reunión de los distintos documentos gráficos da pie, siempre en un taller colectivo, a la elaboración de un mapa general, representativo esta vez del conjunto del territorio, que reúne teóricamente las informaciones entregadas por los pequeños grupos. Este mapa general, al igual que los anteriores, es elaborado casi siempre sobre grandes hojas de papel, con plumones de diferentes colores y modos de representación muy variados: desde la cabeza de ganado o la palma estilizada, hasta la trama regular que representa una zona de cultivo o de plantación, pasando por vagas indicaciones escritas o dibujadas de los usos del suelo. Es el tipo de documento que he reproducido más arriba para el Bajo Mira (por lo tanto, sin escala ni orientación precisa, cf. figura 14).

  • 9 Información que, por lo demás, guardaron celosamente hasta su reciente publicación, cf. Zonificaci (...)

42La tercera fase consiste en transcribir este tipo de documento en cartografía técnicamente exacta, mostrable y que puede discutirse con los actores institucionales en el momento de la solicitud de titularización. Hasta 1999, el ICAG disponía de un presupuesto y de un equipo especializado (Proyecto de zonificación ecológica) para ayudar a los grupos y Consejos Comunitarios en esa fase, como lo hizo en el Bajo Mira en octubre de 1997. Los intereses de la ICAG no coinciden exactamente con los de las comunidades, incluso si en un principio su colaboración es entendida como apoyo institucional y técnico para las comunidades negras. La institución también resulta beneficiada con una información única en su tipo de los territorios del Pacífico9, que sólo ella puede transcribir en lenguaje universal, por ser la única en disponer de las técnicas adecuadas para hacerlo. Sus equipos desempeñan, por lo tanto, un papel estratégico de intermediarios entre las instituciones gubernamentales y los habitantes y organizaciones negras, ya que son, a menudo, los únicos funcionarios que poseen un conocimiento profundo del terreno.

43La transcripción de las representaciones locales del territorio al mapa técnico desencadena numerosas discusiones y compromisos no desprovistos de sentido. Antes de analizar algunos, recordemos que el mapa IGAC utiliza un lenguaje unificado y homogéneo (que aparece en la leyenda), lo que implica un proceso de selección y codificación de la información. Al actuar de esta manera, el cartógrafo procede de acuerdo con una jerarquía, muchas veces implícita, de elementos retenidos u omitidos, según mecanismos bien conocidos por los geógrafos (Cambrezy y De Maximy, 1995).

44Durante el taller colectivo de octubre de 1997, el ICAG hizo agregar la mención de infraestructuras tales como las iglesias, pidiendo a la gente que diferenciara entre iglesias católicas y templos protestantes, distinción que no había aparecido en ninguna de los mapas “locales”. En el mismo orden de ideas, le fue pedido a los habitantes precisar si había casas pertenecientes a blancos (“paisas”) y, de ser el caso, de situarlas. O también diferenciar las parcelas de cultivo que contaban con títulos de propiedad oficiales de aquellas aún no legalizadas. Nuevas categorías (católico/protestante, blanco/negro, legalizado o no) son de esa manera inducidas por el discurso técnico, bajo el pretexto de las necesidades de una cartografía lo más completa posible. Por supuesto, esas nociones preexistían en la región, y las informaciones pedidas fueron entregadas sin dificultad ni discusión por parte de los habitantes, que no veían en ese momento en ellas ninguna pertinencia -o impertinencia- particular. Se trataba de un elemento entre otros de descripción de la sociedad, y no de una categoría necesaria para organizar la comprensión de la sociedad o de su espacio.

45De la misma manera, los cartógrafos del IGAC les pidieron a los habitantes que dibujaran los límites de sus áreas de cultivo, hábitat y selva, cuando ya vimos cuánto cuidaban los mapas locales la indeterminación y la información aproximativa. El límite, la línea dibujada, se encuentra en la base misma de la cartografía y los avances tecnológicos y conceptuales recientes todavía no han liberado al técnico de esta exigencia básica. Por su parte, los habitantes tienden a evadir el límite claro y rígido, no por desconocimiento o desacuerdo sobre los diferentes espacios, sino por una antigua sabiduría que toma en cuenta las imbri­caciones y sobre todo las variaciones espaciales y temporales incesantes que suelen darse entre parcela cultivada, área de cultivo en descanso, selva inaccesible o no, hacienda privada o plantación, por ejemplo.

  • 10 Estos casos son documentados dramáticamente en otros Consejos Comunitarios. Más al norte, en la re (...)

46Revestidas así de un valor científico aceptable, las categorías descriptivas comienzan a tener una vida de autónoma y reaparecen mencionadas en un discurso unas horas o días después. El católico aislado en medio de protestantes, o viceversa, empieza a preocuparse; el blanco integrado desde hace veinte años a una vereda ve puestos en entredicho sus derechos adquiridos a la parcela o la casa, etc10. Bajo la presión del exterior, la diferencia anodina cambia de estatus para convertirse en criterio de diferenciación. Lo diferente pasa a ser Otro, y esta transformación implica lógicamente una (re)definición de las relaciones del Nosotros con el Otro. Es importante señalar, sin embargo, que no hay, de parte de los agentes del ICAG implicados en este proceso ningún maquiavelismo o deseo inconsciente de manipulación. Al contrario, en el contexto estudiado (no es la generalidad, ya que el ICAG es, como el IGN, Institut Géographique National en Francia, un instituto gigantesco) el equipo del ICAG sitúa su trabajo en una óptica de solidaridad y de apoyo a las comunidades negras. Los investigadores y técnicos sólo pretenden traducir en términos lisibles el discurso de las comunidades, en beneficio de estas últimas. Pero en el camino, el deseo de exhaustividad indispensable a la cartografía, por una parte, y el conocimiento que tienen, por la otra, de lo esperado por los decididores en términos de elementos de información (por ejemplo, las iglesias o las implantaciones de población blanca), los incitan a “completar”, según ellos, y de hecho a modificar la representación del territorio manifestada por sus habitantes.

47Estos fenómenos no son aislados. Forman parte de la reescritura de los procesos locales confrontados a la globalización: para existir en la modernidad mundializada, las sociedades locales deben volverse públicas y “traducir” sus expectativas en términos comprensibles para el exterior. Esto es seguido por un proceso de reducción y a veces de caricaturización de los problemas locales, a causa de la intervención de actores exteriores, como sucede en este caso, o de los dirigentes locales que asumen la “simplificación” y de ahí la reelaboración del discurso. Encontramos la traza de esos mecanismos de “traducción reductora” en otras esferas de la vida colectiva. En el campo político, las sociedades locales tienden a adoptar conceptos que resultan significativos al exterior, aunque a cambio deban inventar una historia o lógicas ad hoc. Es el caso de las sociedades del Pacífico que se presentan como herederas de tradiciones productivas respetuosas del medio ambiente, inte­grando así la esfera del desarrollo sustentable y convirtiéndose en interlocutores potenciales de las agencias especializadas en ese campo. La reinterpretación de sus prácticas en términos de defensa del patrimonio y de la biodiversidad las coloca en la posición de poder negociar y a veces exigir el acceso a recursos tanto políticos como financieros (Hoffmann, 2002). En el campo cultural, el mismo proceso incita a los promotores de la identidad negra a poner en escena tradiciones para un público más extenso y en una óptica militante. Durante el Carnaval de Tumaco, por ejemplo, lugar por excelencia de la escenificación de la imagen propia y de sus relaciones con los otros, la ambigüedad de ciertos personajes (el diablo, las visiones) es borrado para representar sólo una faceta, fácilmente lisible y utilizable con fines de movilización (Agier, 2001). La traducción de un discurso político o cultural impone la elección de categorías que serán comprensibles para el auditorio; y viene acompañada de una reducción de lo real y de la complejidad social o simbólica, reducción de la cual no es posible percibir, en el momento, las posibles consecuencias a largo plazo (transformaciones de costumbres, empobrecimiento de los conocimientos o nuevas representaciones de sí mismo y de los otros).

  • 11 Bajo Jagua, octubre de 1997.

48Un último ejemplo, tomado de otra reunión11, resulta también muy elocuente: el equipo del ICAG intentaba representar cartográficamente el estado de avance de la movilización étnico-territorial de las poblaciones negras el Pacífico. Para hacerlo, encuestaba entre las orga­nizaciones sobre sus puntos de implantación y sus áreas de influencia, presentando este procedimiento como un apoyo institucional a las organizaciones que controlarían el contenido de la información y su “veraridad”. Es fácil imaginar los debates provocados por las pretensiones de uno y otros de “cubrir” tal o cual zona, sobre todo que las técnicas cartográficas no permiten combinaciones infinitas. Por el riesgo de ilegibilidad, no está aconsejado superponer exageradamente las áreas de influencia. Por lo tanto, siempre hay que delimitar, jerarquizar y seleccionar entre una organización y otra, una vereda y otra. El instrumento cartográfico, presentado como elemento de ayuda suplementario en su búsqueda de presencia en el ámbito político regional y nacional, responde principalmente a la necesidad de información de las instituciones científicas, políticas o asociativas para definir sus estrategias de acción o mejorar su comprensión de las situaciones. El riesgo de que esta información sea manipulada y desnaturalizada por otros que no comparten los objetivos iniciales del proceso es grande. Un documento escrito escapa inmediatamente a sus autores, sin importar cuáles hayan sido las precauciones tomadas en un inicio. Cuando se trata de información política delicada, sobre todo en el contexto actual del país, el procedimiento puede convertirse rápidamente en una pesadilla: a tal organización se le negará un financiamiento con el pretexto de que no que no tiene influencia preponderante en la zona, tal dirigente recibirá amenazas por haber reivindicado su presencia en otra área, etcétera.

49Estas peripecias, es cierto, son perfectamente conocidas por los utilizadores institucionales de los mapas, en especial los militares y otros cuerpos armados para quienes la geografía siempre ha sido primordial (Lacoste, 1977). Pero lo son menos para las poblaciones negras que producen la información, muchas veces con entusiasmo, sin que después tengan la posibilidad de controlar su uso. A nombre de la tecnicidad y la eficacia, en realidad se asiste a la imposición de un discurso sobre otro y, a menudo, a la confiscación de información hasta entonces “confidencial” -limitada sólo a los habitantes- por parte de las instituciones que harán uso de ella de acuerdo con sus intereses.

50Este proceso es, de hecho, ya perceptible en el terreno. El mapa inicial, elaborado colectivamente y “completado” luego durante las sesiones de debate, contiene, lo vimos, mucha información potencial-mente de difícil control. Pero más allá de eso, al cartografiar, se reifica y rigidifica el territorio; se exponen ante los ojos todos los límites, espacios, lugares, características, que a partir de entonces se vuelven susceptibles de ser objeto de discusión, de planificación o de acción. En torno al mapa se empieza a hablar de normas locales de propiedad (¿quién tiene derecho a tal parcela y por qué?), de costumbres en el uso del espacio (zonas forestales, de pesca, caza o recolección), de técnicas de explotación a veces nocivas para el medio ambiente (desmonte total, pesca con dinamita, extracción masiva de naidi) o, al contrario, favorables a su protección (recolección selectiva de cangrejos y moluscos, respeto de los tiempos de barbecho). A partir del momento en que está situada en el papel, la información pasa a ser accesible para otros, en especial para las instancias de regulación oficial exteriores al territorio. Y estas últimas se fundamentan en nuevas legitimidades: las reglas del derecho nacional, no siempre compatibles con las prácticas locales (por ejemplo, en términos de propiedad), o cada vez más en argumentos ecologistas relativos a la conservación y la protección del medio natural. De esa manera, ciertas prácticas tradicionales son condenadas mientras que otras tratan de maquillarse para gustar a los numerosos “asesores solidarios” de las instituciones que controlan, por lo demás, las fuentes de financiamiento.

51En resumen, la cartografía sobreentiende la existencia de un orden territorial, cuya descripción técnica y científica -y por lo tanto legítima- será indispensable para la administración del nuevo territorio colectivo (prevista por los textos, cf. decreto 1 745 de 1995). Prácticamente se le pide a los Consejos Comunitarios la descripción del territorio para solicitar la titularización colectiva, es cierto, pero sobre todo para probar su capacidad de organizarlo, planificarlo, ordenarlo, de ser posible de acuerdo con los preceptos de desarrollo sustentable.

52En esa óptica, el territorio cartografiado deja muy rápido de ser patrimonio común de aquellos que participaron en su elaboración, sobre todo que estos últimos no tienen ni a costumbre ni la necesidad de utilizarlo. Se convierte más bien en un instrumento de administración y de decisión en manos de los dirigentes del Consejo Comunitario y de las instituciones que los acompañan en el financiamiento de proyectos de desarrollo o de infraestructuras: el INCORA, el IGAC, pero también CORPONARIÑO u ONG colombianas o internacionales. Lo que podría parecer como una innovación técnica banal para las comunidades (la cartografía) provoca modificaciones profundas en las reglas de negociación de los temas relacionados con el territorio. Existen actualmente herramientas de negociación -mapas, por ejemplo- disponibles para los iniciados, pero difíciles de manipular para los demás. Se instituye entonces una jerarquía interna del conocimiento y de la autoridad asociada con ésta, que accesibles para la mayoría de la población.

53El riesgo es real y algunos no se han dejado engañar, como ese habitante, campesino, precursor de la organización campesina del bajo Mira, de la cual fue el primer presidente, preocupado por el discurso ecologista que pretende prohibir la ganadería bovina y favorecer sólo la agricultura. Él mismo espera algún día poseer algunas vacas para completar su explotación agrícola y pasar el estadio de agricultura “tradicional” ('pequeña agricultura, pesca, caza y trabajo asalariado) al que por el momento se ve restringido. ¿Qué pasará mañana si el Consejo Comunitario, aconsejado por una ONG ecologista o por el ministerio del Medio Ambiente, prohibe a sus miembros cultivar cierta porción de terreno, cazar o practicar la ganadería en tal otra? Sin duda estamos asistiendo a una micro-revolución “política” , con la instauración de nuevas instancias de autoridad local, establecidas de facto bajo la tutela de las instituciones.

54Los habitantes de los ríos no se muestran insensibles ante estas evoluciones que no pueden controlar, pero de las cuales presienten las consecuencias potencialmente nefastas. Tanto en el bajo Mira como en el territorio vecino, el del Alto Mira, a veces sugieren soluciones alter­nativas a las propuestas de las instituciones, más adaptadas a sus contextos y generadoras de otras innovaciones.

8.5. El Alto Mira: proposiciones y fracasos

  • 12 Oficialmente por falta de financiamiento debido a los recortes de presupuesto. También puede enten (...)

55Un poco más arriba, hacia “el monte” (la selva tropical), el Consejo Comunitario del Alto Mira prepara su solicitud de titularización, secundado también por Palenque, pero sin la intervención del ICAG, cuyo equipo especializado -Zonificación ecológica- desapareció entretanto de la institución12. El proceso de cartografía (en el cual participé) fue, por lo tanto, menos tecnificado pero siguió grosso modo las mismas etapas que en el Bajo Mira.

  • 13 Según el CEGA (1999: 18), el Consejo del Alto Mira reagruparía a 2 100 habitantes, o sea, 350 fami (...)

56El territorio del Alto Mira está enclavado en el cauce del río más abajo que su homólogo, y se sitúa en la frontera con el Ecuador y con las reservas indígenas awas. La selva cubre aún gran parte de su superficie. Por esas mismas razones, está más directamente amenazado por actores exteriores: los dueños de plantaciones siempre interesados en extenderse hacia las tierras “vírgenes”, pero también los cultivadores y traficantes de coca, numerosos en ese medio propicio a la clandestinidad, y la guerrilla, por motivos análogos. Según su Consejo Comunitario, reagrupa 43 veredas y 7 700 habitantes13, con una tasa de masculinidad cercana a 100, lo que confirma un anclaje netamente más rural que el caso precedente, a pesar de una emigración que alcanza como media a una familia de cinco.

57Un primer taller agrupó a habitantes de las veredas repartidas en cinco zonas, las cuales habían confeccionado “su” mapa de la porción correspondiente del territorio. El conjunto de la información fue formalizado y dibujado por uno de los miembros del Consejo ahí mismo. En una fase ulterior en la cual participé de manera más directa, ese documento fue reelaborado a escala y retranscrito en cartografía científica para ser presentado a las instituciones (figura 15). Al igual que en el Bajo Mira, ninguna de las amenazas antes citadas aparecen de manera explícita en los mapas iniciales; sólo fueron mencionadas las zonas de selva, dominantes, y de cultivo, dispersas por todo el territorio, ya que las veredas están situadas clásicamente a largo del río, de los esteros de un río y de dos caminos que llevan hacia el sur, hacia la frontera, la imagen transmitida en el papel era la de un territorio “normal” y conforme a las disposiciones legislativas. No obstante, los debates de los sucesivos talleres desembocaron finalmente en una constatación aceptada colectivamente: más allá de la descripción oficial de un territorio de comunidades negras clásico, era necesario reconocer la presencia de actividades ilícitas, y buscar las maneras de “convivir” con esa situación. La negociación es la condición de supervivencia del Consejo en tanto que institución, y de los campesinos en tanto que individuos. La titularización del territorio no podía efectuarse sin el consentimiento, aunque fuera tácito, de los actores que intervienen en él cotidianamente. Precisemos, sin embargo, que ni las guerrillas ni los narcotraficantes, los dos al corriente de la movilización étnica en curso, habían mostrado ni interés ni reticencia particular a proceso de organización. Las reuniones se desarrollaban entonces a la vista y a sabiendas de todos, pero sin su presencia ni intervención.

Figura 15. El territorio colectivo del Alto Mira y frontera

Figura 15. El territorio colectivo del Alto Mira y frontera

(Fuentes : reunión del Consejo, marzo 1998)

58En ese contexto, la cartografía del territorio era tarea delicada. En la óptica de una titularización, hubiera sido suicida mencionar la existencia y todavía más la localización de las actividades ilícitas llevadas a cabo en el territorio. Pero ignorarlas completamente significaba “trabajar en el vacío” y quitarle cualquier interés al ejercicio y, por lo tanto, desmovilizar a los habitantes. La dinámica operada en el momento de la cartografía colectiva logró evitar esos dos escollos. Al destacar con precisión los problemas en vistas de decidir sobre su mención o no el papel, los habitantes establecieron las bases para una posible discusión al interior del Consejo, entre personas fuertemente involucradas en las actividades y otras que las reprueban. Sin testigos exteriores (los asesores técnicos salían en los momentos de discusiones delicadas), fue posible al menos separar y jerarquizar las fuentes de conflicto, algunas de las cuales podían mencionarse abiertamente (conflictos de tierras o de límites con los dueños de plantaciones o con los indígenas vecinos), y otras (cultivos ilícitos y guerrilla). Más aún, en ciertos casos relacionados con la presencia de cultivos de coca, el ejercicio colectivo en torno al mapa suscitó intervenciones inusitadas, que dejaban a un lado las acusaciones mutuas para tratar de llegar a un acuerdo local mínimo. Algunos preconizaron, así, el establecimien­to de mecanismos de protección y alerta en caso de peligro, sin importar su procedencia. En ese contexto, en efecto, los narcotraficantes, las guerrillas, los paramilitares o el ejército son temidos por igual, por razones distintas según las personas implicadas. El papel de las futuras autoridades del territorio en materia de administración y planificación del territorio, bastante ilusoria en ese contexto, sin embargo fue discutida “serenamente” entre personas radicalmente opuestas, no obstante, en sus intereses inmediatos; ciertas reglas de coexistencia pacífica fueron establecidas.

59Las reuniones constituyeron la ocasión, para los habitantes, de “descubrir” realidades que conocían sin haber medido su alcance: me refiero a las porciones de territorio que escapan totalmente a su control. Se trata de zonas de cultivo de la coca, ya mencionadas, pero también de grandes porciones de tierra, a orillas del río, ocupadas desde hace varios decenios por plantaciones de palma y haciendas de ganadería. Al respecto ya ni siquiera es cuestión de conflicto, tan enquistas se haya tal situación. Las plantaciones de palma están en plena explo­tación y nadie piensa en recuperar esas tierras. El punto más bien es del proteger lo que queda. Una de las consecuencias inmediatas de esta situación es la presencia, a lo largo del río, de grandes veredas en las que los habitantes ya no disponen de tierras. Y muchos de ellos desean integrarse al Consejo Comunitario y formar parte del territorio de las comunidades negras. Algunos de los presentes propusieron, ante esto, la noción de “territorio residencial”, concepto que permitiría afirmar los derechos y la participación de todos los habitantes, incluso de aquellos que ya no disponen de parcelas en propiedad (o posesión). Así serían reconocidos los derechos políticos de los ribereños, cualquiera sea su situación en tanto que propietarios o no de una tierra.

60Incluso antes de que el territorio fuera constituido, sus miembros ya lo habían transformado en institución política susceptible de representar a la sociedad local en su conjunto, al disociar el aspecto de la posesión de la tierra de la organización administrativo-territorial. La proposición fue debatida con interés durante varias reuniones, pero finalmente no se concretizó. Chocaba demasiado con la lógica política de las organizaciones del movimiento negro, para quienes el acceso y el uso de las tierras condiciona la legitimidad del territorio y del Consejo Comunitario. En verdad, tenía pocas probabilidades de ser aprobada por las instituciones gubernamentales. Pero es testimonio de la voluntad de incluir, alrededor y en el territorio, a las personas que por una u otra razón no disponen de ninguna autonomía territorial y patrimonial. En la óptica de los campesinos participantes en las reuniones, el territorio representa mucho más que la seguridad de la propiedad de la tierra (completamente ilusoria); es un espacio de solidaridad entre vecinos, una solidaridad reforzada por la defensa de una institución común.

61Otra cuestión delicada suscitó bastantes debates, también con proposiciones innovadoras de los participantes, rechazadas por los dirigentes de la organización. Se trataba de tomar posición frente a los títulos de propiedad individuales, numerosos en esta zona ya que el IN-CORA había trabajado mucho allí en el momento de la instalación de las haciendas (décadas de 1960 y 1970). El dilema es simple: ¿hay que integrar o no a los campesinos que disponen de títulos individuales de sus parcelas? ¿Si hay que hacerlo, se les debe pedir que renuncien a sus títulos en provecho del título colectivo? Los dirigentes regionales tienen una posición ya fijada y muy clara: los habitantes que cuentan con un título de propiedad individual de sus parcelas sólo tendrían dos opciones, excluyentes una de la otra: conservar sus títulos individuales y quedar excluidos del territorio colectivo, o renunciar a ellos para integrarse al título colectivo del Consejo Comunitario. Sin embargo, en la discusión colectiva se llega a otra proposición: ¿no sería posible para cada uno, si tal es el caso, conservar el título individual de las parcelas en cuestión y formar parte del Comité Comunitario en tanto que residente? Esta solución venía a reforzar la propuesta anterior de crear un “territorio residencial” y la idea de disociar los derechos abiertos por la propiedad de la tierra y por la residencia. La pertenencia territorial resultaba mucho más compatible con las normas “tradicionales” que definían la pertenencia social a un lugar que los criterios restrictivos basados en el estatus patrimonial. No obstante, ahí también la primera ponía en cuestión el “dogma” fundador de la movilización étnica, a saber, la asociación entre tierra, territorio e identidad.

62En el plano político, esta proposición presentada otro defecto para los representantes de las instituciones. Al conferirle a los Consejos Comunitarios prerrogativas bien establecidas sobre el criterio de la residencia, las pone en concurrencia con las colectividades locales existentes: la municipalidad, los corregimientos. Un Consejo Comunitario “residencial” podría tomar la iniciativa de emprender una obra pública, un financiamiento o de participar en un programa de desarrollo, sin depender de las autoridades municipales. Establecería así las bases de una posible autonomía territorial, incluyendo a todos los residentes, que ejercerían su ciudadanía en tanto que miembros del Consejo Comunitario y no como habitantes de tal u otro municipio. Se convertiría en herramienta privilegiada de una “ciudadanía étnica más extensa” ya que, según esta versión, los Consejos Comunitarios incluirían a los residentes mestizos o blancos en función de su participación en el colectivo. De cierta manera, la constitución de Consejos Comunitarios sobre la base de la residencia y de la participación popular pondría en cuestión el monopolio de la representación política ejercido por los municipios. Al cabo, podría revelarse como un serio competidor para las instancias administrativas existentes.

  • 14 La titularización del territorio colectivo fue, sin embargo, acordada en 2003, de un modo muy form (...)

63En ese mismo Consejo Comunitario, y éste no es un caso de excepción a nivel regional, otras prácticas mostraban que los habitantes acordaban una significación más amplia a la noción de “territorio colectivo de las comunidades negras”. De esta manera, las pocas familias blancas o mestizas residentes habían sido incorporadas sin problema al consejo (Hoffmann, 2000), y algunos proponían integrar también a los habitantes que habían migrado al otro lado del río y se encontraban, por lo tanto, en territorio ecuatoriano. La idea de un territorio binacional fue evocada. Resulta patente, no faltan innovaciones frente a problemas aparentemente insolubles. Pero finalmente reinó el caos. Un dirigente asesinado en 1998, otros amenazados y empujados al exilio, acusaciones mutuas insensatas, acabaron con la movilización de las veredas. La prudencia incita a adoptar un perfil bajo. En 2000, la titularización de las tierras colectivas ya no estaba realmente a la orden del día14.

Notes

1 Categoría que incluye, a su vez, a los parques nacionales, las reservas forestales (”especial” o “de conservación”) y las “áreas de gestión específica”.

2 Acerca de los diferentes tipos de afectación legal de las tierras, véase el capítulo “Afectación legal del territorio”, en Zonificación ecológica de la región pacífica colombiana, 2000.

3 La Ley de reforma social agraria de 1961 prohibe las adjudicaciones de tierras en las “zonas de hábitat de las comunidades indígenas”. Pero es con la Ley 160 de 1994 que se reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y se inicia una ola sin precedente de titularización de reservas indígenas en todo el país y también en el Pacífico.

4 Datos del INCORA, hechos públicos en la cumbre contra el racismo y la xenofobia de Durban (2001).

5 Lo que no ha impedido a actores ilegales invadir algunos de estos territorios y obligar al desplazamiento colectivo a sus habitantes, quienes acababan de adquirir una supuesta seguridad sobre la propiedad de la tierra, garantizada por el título colectivo.

6 Los nombres han sido modificados.

7 O Vaquería, dentro del mismo “esquema”, rodeado de estanques de cultivo de ca­marones de una gran empresa, Balboa.

8 Aceptación se entiende aquí en su sentido social, lo que no presume en ningún caso una adhesión individual o una posible resignación o conflicto de una parte de la sociedad local.

9 Información que, por lo demás, guardaron celosamente hasta su reciente publicación, cf. Zonificación..., 2000.

10 Estos casos son documentados dramáticamente en otros Consejos Comunitarios. Más al norte, en la región de Guapi, indígenas y negros comparten tradicionalmente un territorio según reglas de uso muy flexibles -aunque no exentas de conflictos-, y ahora se ven obligados a diferenciar y separar sus tierras, con lo que se vuelven inaccesibles los recursos correspondientes al territorio anexado por el otro.

11 Bajo Jagua, octubre de 1997.

12 Oficialmente por falta de financiamiento debido a los recortes de presupuesto. También puede entenderse como una disminución del interés de la institución por una actividad -la asistencia técnica a las comunidades negras- a la cual no está acostumbrada.

13 Según el CEGA (1999: 18), el Consejo del Alto Mira reagruparía a 2 100 habitantes, o sea, 350 familias y abarcaría 47 000 ha. Esta estimación, que minimiza la presencia campesina en esta zona codiciada por lo cultivadores de palma, son muy inferiores a aquellas presentadas por el Consejo Comunitario. Ambas alimentan una pequeña guerra de cifras que apunta a descalificar al otro en su capacidad de diagnóstico.

14 La titularización del territorio colectivo fue, sin embargo, acordada en 2003, de un modo muy formal e institucional que no garantiza ninguna seguridad, patrimonial o militar, a los beneficiados.

Table des illustrations

Titre Cuadro 19. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras, por año, balance nacional, mayo de 2001
Légende Fuente: INCORA, Programa de atención a las Comunidades Negras, 2001, Silvio E. Garces M. y Carlos Reyes.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 100k
Titre Cuadro 20. Titularización de territorios colectivos de comunidades negras por departamento, balance en mayo de 2001
Légende Fuente: INCORA, Programa de Atención a las Comunidades Negras, 2001, Silvio E. Garcés M. y Carlos Reyes.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 99k
Titre Figura 13. Afectación legal de las tierras en el litoral nariñense, 2001
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 396k
Titre Cuadro 21. Población del territorio del Bajo Mira y la frontera (municipio de Tumaco, Nariño), octubre de 1997
Légende Fuente: DPT: Departamento de Patologías Tropicales (ex SEM, Servicio de Erradicación de la Malaria), SISBEN, 1994.
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-4.jpg
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Titre Cuadro 22. Indicadores demográficos del Bajo Mira y del municipio de Tumaco, basados en la muestra SISBEN de 1994 (para el Bajo Mira, 42 pueblos y 3 681 personas)
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 102k
Titre Figura 14. El territorio del Bajo Mira, dibujado por sus habitantes
Légende Fuentes: Junta Central del Bajo Mira y frontera (oct.97)
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-6.jpg
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Titre Figura 15. El territorio colectivo del Alto Mira y frontera
Légende (Fuentes : reunión del Consejo, marzo 1998)
URL http://books.openedition.org/ifea/docannexe/image/5712/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 253k

© Institut français d’études andines, 2007

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