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Comunidades negras en el Pacífico colombiano

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Odile Hoffmann

Primera parte. La ley y el espacio

Capítulo 1. Las innovaciones constitucionales y legislativas

Texte intégral

1.1. La apuesta de la legitimación internacional

1Desde hace varios años, la imagen de Colombia se asocia sistemáticamente a la violencia que reina en ella, cosa que ha dado lugar a una abundante literatura e incluso a una especialización disciplinaria, la violentología (Sánchez, 1991 y 1993; Pécaut, 1996; Pissoat y Goueset, 2002). Como en otras partes de América Latina, el siglo xix vio la confrontación de liberales y conservadores en conflictos más o menos regionalizados y en una serie de guerras civiles. La última de ellas, la guerra de los Mil Días, que tuvo lugar en el paso del siglo xix al xx, marcó profundamente la memoria colectiva. El periodo llamado de la Violencia, en los años cincuenta, confrontó a los simpatizantes de los dos partidos, pero asumió formas extremadamente variadas según las regiones. Conflictos de tierras, enfrentamientos religiosos, luchas de clanes, a veces simples rivalidades pueblerinas se transformaron en sangrientos combates en los que la lógica “amigo-enemigo” (Pécaut, 1987) predominó por sobre otros modos de confrontación social y política.

2Sin embargo, la violencia actual no es heredera directa de esos años sombríos. Es necesario reconocer primero los periodos de tregua y de calma relativa que vivió Colombia en el curso de su historia. El más reciente fue, precisamente, el que siguió a la Violencia, de 1960 a 1980 más o menos, gracias al pacto del Frente Nacional que organizó la repartición de los poderes en alternancia entre los dos partidos. La “nueva violencia”, que no ha dejado de crecer desde los años ochenta, es resultado de una nueva conjunción de factores militares (aumento del poder de las guerrillas), político-institucionales (el bloqueo político impuesto por el consenso del Frente Nacional entre los dos principales partidos, que excluye a otras tendencias de derecha y de izquierda), socioeconómicos (estancamiento de la economía rural, estrangulada por las grandes propiedades) y, sobre todo y de manera masiva, de orden mafioso. El surgimiento y después el aumento espectacular de las actividades ligadas al tráfico de drogas y, desde hace poco, al cultivo y a la transformación de la coca cambió por completo las lógicas de acumulación del capital económico, social y político por un lado y las relaciones de fuerza entre los grupos de poder nacionales y regionales por el otro. Al inmiscuirse en prácticamente todos los campos (político, económico, social, militar), las lógicas “narco” han destruido las bases de legitimidad de los grupos de poder que se disputan la escena nacional. Este fenómeno no excluye, por supuesto, a las guerrillas ni al ejército y tampoco, en lo sucesivo, a los paramilitares. La imbricación de intereses de unos y otros es a veces tal que los antagonismos “tradicionales” desaparecen en provecho de alianzas insólitas (guerrilla-ejército-narco) o más clásicas (ejército-paramilitares). A estos acuerdos efímeros les siguen sin tardanza ajustes de cuentas que alimentan la violencia.

3Los aparatos de Estado teóricamente responsables del establecimiento de normas de coexistencia en el territorio nacional y su aplicación (asamblea nacional y senado, justicia, policía, ejército) son incapaces de hacer frente a estas agresiones, cuando no están ellos mismos gangrenados por las nuevas lógicas mafiosas. El resultado es un profundo desorden institucional, que los gobiernos sucesivos tratan de paliar con reformas más o menos audaces. Dentro de este difícil contexto se decidió, en 1990, convocar a una asamblea constituyente supuestamente encargada de recoger y después traducir en términos jurídicos las aspiraciones de la sociedad civil.

4Históricamente, el Estado colombiano se redefine permanentemente en función de las correlaciones de fuerza existentes entre los dos partidos históricos: el liberal y el conservador. A través de sus propias clientelas regionales o corporativas éstos se encargan de canalizar la expresión de reivindicaciones de grupos, clases o sindicatos. Esta mediación se da a través de mecanismos clientelares clásicos y de “figuras” o personajes claves –senadores principalmente– que ocupan espacios estratégicos en el aparato institucional y que disponen de eslabones regionales para distribuir sus prebendas (para un estudio del clientelismo en Colombia véase Leal y Dávila, 1994). Sin embargo, prácticamente desde el fin del Frente Nacional (años setenta) el país pasa por una crisis de partidos (pérdida de legitimidad y de audiencia) que se ha ido ahondando desde hace algunos años (escándalos de corrupción) y repercute directamente en la capacidad del Estado de lograr la aprobación, entre las clases subalternas, de sus reformas económicas y sus políticas de orientación neoliberal (Pécaut, 1996; Pizarro, 1993).

5Frente a estos bloqueos y en medio del recrudecimiento de la violencia, una vía de salida consistió en modificar a fondo las reglas de interlocución y negociación entre los actores sociales y políticos, incluyendo el gobierno y su dispositivo institucional. En palabras de Christian Gros (1997), se buscaba establecer “nuevas formas de gestión social y política” que fueran más autónomas de los partidos y que pudieran ejercerse al margen o fuera de ellos. Pero la creación de estos espacios y modalidades de negociación implicaba a su vez la creación de nuevos interlocutores o el fortalecimiento de ciertos actores emergentes independientes. Estas preocupaciones se concretan en la convocatoria de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución, adoptada en 1991, cuyo primer objetivo es la redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad civil (Valencia, 1998). El nuevo texto, entre otras novedades, consagra la entrada de la etnicidad en el discurso constitucional y presenta innovaciones de consideración en las cuestiones del reordenamiento territorial y del régimen de propiedad.

6La Constitución de 1991 reconoce la naturaleza pluriétnica y multiculural de la nación colombiana y abre un espacio específico a las comunidades indígenas (aproximadamente 2.5% de la población) y por primera vez a las comunidades negras (20 a 25% de la población). Estos nuevos principios llevan al Estado a confirmar o ampliar las tierras de reservas o resguardos indígenas hasta cubrir un cuarto del territorio nacional, así como a instituir un nuevo derecho territorial en beneficio de ciertas comunidades negras en la forma de títulos de propiedad colectivos (ley 70 de 1993). ¿Por qué tales concesiones, que equivalen a la sustracción de una gran porción del suelo nacional de las leyes de intercambio mercantil, en el momento mismo en que el gobierno, a través de su organismo especializado –el Incora– y con el apoyo de las agencias internacionales, implementa una política dirigida a generalizar el mercado de tierras como principal mecanismo regulador de la repartición de tierras en el medio rural?

7Las luchas y movilizaciones indígenas que se han intensificado desde los años setenta tienen mucho que ver con esto. En veinte años éstas se han desarrollado tanto en el interior como al margen de los canales tradicionales de negociación, incursionando en nuevos campos (solidaridad internacional, participación electoral con candidatos autónomos), incluyendo algunos ilegales (la guerrilla). Lograron ejercer una fuerte presión sobre el gobierno y obtuvieron respuestas significativas en el plano político, económico y territorial. Los indios aparecen ahora como una fuerza organizada, ciertamente con numerosos conflictos internos y múltiples ambigüedades políticas, pero también con una práctica acumulada que se traduce en un real capital político movilizable, como se evidenció en el momento de la Asamblea Constituyente, en 1989 (Laurent, 2005).

  • 1 Conceptos sistemáticamente ligados y a veces confundidos en los discursos oficiales o de militante (...)
  • 2 Por ejemplo, el Proyecto Biopacífico para el litoral pacífico, con financiamiento del Fondo Mundia (...)

8Hay otras razones que empujan al gobierno a sostener tesis radicalmente etnicistas con el riesgo de contravenir las reglas neoliberales que él mismo se ha fijado. En efecto, con estas tomas de posición, invierte en campos internacionalmente fértiles y altamente simbólicos: el reconocimiento de los derechos de las minorías y la búsqueda de medidas que conduzcan a un desarrollo sostenible1. Muy criticado en la escena internacional por los atentados flagrantes de ciertos cuerpos del Estado (ejército y policía) a los derechos humanos, incluido el Derecho Internacional Humanitario, y por su presunta conexión con los medios vinculados al tráfico de drogas, el gobierno colombiano recupera legitimidad en un campo distinto pero también fundamental en la correlación de fuerzas internacionales. Las grandes agencias y los prestamistas internacionales, entre ellos el Banco Mundial, son ahora sensibles a las cuestiones étnicas y sostienen los proyectos de desarrollo orientados en este sentido2.

9De manera más prosaica, y esta vez en la línea cabal de sus opciones neoliberales, el Estado colombiano tiene con estas innovaciones (la institución de “territorios colectivos de comunidades negras”) la oportunidad de regular los derechos de propiedad sobre este vasto territorio, que aún permanece en gran parte “baldío”, es decir, sin título de propiedad legalmente atribuido a habitantes o agricultores. Ante la posible llegada de capitales extranjeros (especialmente japoneses y malayos, interesados en invertir en el cultivo de la palma de aceite o en la cría de camarones), era urgente establecer las normas jurídicas que autorizan a corto o mediano plazo el establecimiento de contratos legalmente garantizados entre los “propietarios” y los inversionistas.

10Finalmente, y no es el menor de los argumentos, el reconocimiento de la autonomías territorial de las comunidades indígenas y negras se asimila a una descentralización, en la que el Estado delega en las nuevas autoridades locales la gestión de problemas extremadamente delicados, como son la presencia de plantaciones de coca o de amapola, de la guerrilla, de grupos paramilitares y de los desplazamientos masivos de población que huye de las exacciones de unos y otros. Las tierras de las comunidades indígenas y negras están situadas efectivamente en su mayoría en las periferias geográficas del país –las tierras bajas de Oriente y del Pacífico, las selvas y las montañas de las cordilleras–, en las cuales, a veces desde hace décadas, inciden estos actores ilegales que el gobierno colombiano –y la sociedad civil- son incapaces de controlar.

11Diez años después de la promulgación de la ley 70, que abría la vía a la reorganización territorial de las regiones habitadas por poblaciones afrocolombianas del Pacífico, resulta interesante analizar cómo se han posicionado y redefinido los protagonistas implicados en este proceso.

1.2. Una invención sobre medida: el caso de las poblaciones negras del Pacífico y de los títulos colectivos de propiedad

12La ley 70 de 1993 reconoce el derecho al territorio de las poblaciones negras instaladas desde hace siglos en la parte occidental del país, en tierras que han tenido el rango de “Tierras de la Nación” y, en lo esencial, no legalizadas bajo la figura de propiedad. Estas poblaciones descienden de esclavos cimarrones refugiados en esas aisladas selvas tropicales, de esclavos emancipados en 1851 y de negros libres mucho antes de la ley de manumisión. En la segunda mitad del siglo xix, grandes migraciones los condujeron a esas tierras bajas, entonces poco pobladas, y donde el mestizaje (con los indios o los blancos, minoritarios) es todavía bastante restringido.

  • 3 Población correspondiente, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (...)

13En realidad la ley no beneficia a la totalidad de las poblaciones negras de Colombia y las restricciones son considerables: sólo concierne a las “comunidades negras rurales ribereñas del Pacífico”. Quedan excluidas las poblaciones urbanas, las del interior y las de la costa atlántica, que históricamente son las más desarrolladas y las más integradas a la sociedad nacional. Restan alrededor de 900 mil habitantes del litoral pacífico3, de ellos unos 540 mil viven fuera de las zonas urbanas y responden estrictamente a los criterios de la ley 70. Por lo tanto, sólo una porción pequeña de la población negra nacional, estimada en 10 millones si nos atenemos a las cifras recientes del Incora, se vería beneficiada por la fase territorial de esta ley. Podrá tener acceso a títulos de propiedad que, a diferencia de los títulos legales clásicos, individuales, serán emitidos de manera colectiva a nombre de los consejos comunitarios creados para la ocasión y cuyas modalidades de elección y de funcionamiento no están claramente reglamentadas. La ley estipula solamente que serán representativos de las poblaciones y responsables de garantizar el respeto de los reglamentos internos elaborados por cada uno de ellos, según sus sistemas propios de derecho (relativos al reparto y uso de las tierras, pero también a los conflictos interétnicos, las relaciones con las autoridades, la resolución de conflictos internos).

14Las ambigüedades y malentendidos del proceso son legión, ya sea en el momento de redacción de la ley (Wade, 1994) o en el de su aplicación. Citemos solamente algunos ejemplos que tienen que ver directamente con el tema que nos ocupa. La nueva legislación está directamente calcada del modelo indígena de organización social y territorial. Supone, nunca de manera explícita, la preexistencia de estructuras comunitarias –los consejos comunitarios– que bastaría con “reconocer”, reactivar y legitimar frente a los demás actores. La idea misma de territorio colectivo se presenta como una “práctica ancestral” y tradicional de manejo del espacio. Los consejos comunitarios aparecen como una instancia igualmente ancestral, cuando ni lo uno –el territorio colectivo– ni lo otro -el consejo comunitario- son unánime y sistemáticamente aceptados en el Pacífico.

15Es verdad que la historia del poblamiento y ocupación del espacio, en estas regiones desconocidas durante mucho tiempo por el poder central y donde no se ejercieron las normas occidentales del derecho de propiedad, dio lugar a modalidades específicas de inscripción territorial. En el Pacífico, la apropiación individual de ciertas tierras –los colinos o parcelas de producción, en general situados sobre las vegas de los ríos– se combina con el uso colectivo de ciertos espacios –los montes o “centros” selváticos, poco o nada aptos para la agricultura–, según modalidades que dependen en parte de la naturaleza misma de los terrenos y en parte de los objetivos de la explotación. Así, en las selvas el acceso permanece más o menos libre para la caza, la recolección y aun la extracción (madera, plantas), siempre que se trate de actividades de subsistencia, pero son rápidamente apropiadas de manera individual cuando la presión sobre los recursos se acrecienta, a la par que su valor mercantil. En este contexto, cabe cuestionar la noción central de “gestión colectiva de las tierras” tal y como fue defendida por los legisladores y activistas que participaron en la elaboración de la ley 70.

  • 4 En los años sesenta y setenta, en algunas regiones del Pacífico el Incora llevó a cabo campañas de (...)

16La ausencia, efectiva aunque parcial, de títulos de propiedad individuales legalizados4 ha sido asimilada por muchos a la existencia de normas colectivas de uso, con el razonamiento de que “si no es de nadie, es de todos”. De la noción de “colectivo” se pasó a la de “comunitario”, y la deriva implicó lógicamente la existencia de instancias sociales más o menos formalizadas, encargadas de hacer respetar estas normas “comunitarias”: los consejos comunitarios hicieron así, de manera casi natural, su aparición en el discurso. Sin embargo, trabajos de investigación recientes en las zonas rurales de Nariño cuestionan estos múltiples supuestos, y se suscriben más bien a otra interpretación, adelantada desde 1960 por Whitten (1992 [1974]), que insistía en los mecanismos diádicos o interpersonales para la regulación del acceso y uso de los recursos –materiales y políticos– y en general la resolución de conflictos. En estas sociedades rurales caracterizadas por un tejido sociofamiliar muy denso las relaciones de parentesco, de proximidad y de afinidad son a la vez suficientemente flexibles y suficientemente coercitivas como para generar comportamientos de convivencia, sin tener que recurrir a ninguna instancia formal de regulación (Villa, 1998).

17Frente a esta compleja realidad, el dispositivo contenido en la ley resulta reductor, pero se presenta como inmediatamente operativo ya que responde a las expectativas de los diversos protagonistas. Podría hablarse de “malentendido funcional”, en el sentido de Badie (1995), para explicar la adopción del concepto de consejos comunitarios: unos y otros lo suscriben por motivos diferentes, asociándole contenidos variados según sus objetivos y conocimientos.

18Los legisladores encuentran así interlocutores susceptibles de aplicar la ley y de conducir las inevitables discusiones consecuentes; los asesores y activistas, entre ellos la Iglesia católica, ya estaban familiarizados con esta noción debido a sus experiencias previas con las comunidades indígenas donde sí funcionan instancias colectivas de discusión y toma de decisión; por su parte, ciertos líderes afrocolombianos también aprobaron la idea ya que veían en esta nueva instancia el único espacio posible de protagonismo y de negociación, al mismo tiempo que de promoción política. Más que de “reconocimiento”, se trata verdaderamente de la creación/construcción de instancias comunitarias. Yendo un poco más lejos, se podría incluso hablar de un proceso en que el Estado procede a la institucionalización de las “comunidades negras”. Esto no equivale a negar la existencia y la importancia de estructuras sociales propias de las poblaciones negras, por ejemplo las organizaciones culturales y políticas preexistentes a la ley 70 y otras formadas después, pero subraya el papel preeminente del Estado en el proceso de construcción de estos nuevos dispositivos políticos y sociales (Agudelo, 2002). Esta participación activa del Estado tiene, por lo demás, múltiples consecuencias en el funcionamiento de las nuevas instituciones, empezando por mantenerlas con una débil autonomía financiera, léase política.

19Otros aspectos de la ley son susceptibles de análisis similares. Así, numerosos artículos de la ley 70 hacen referencia a las prácticas tradicionales, definidas como aquellas utilizadas por las poblaciones “para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo sostenible” (cap. I, art. 2, ley 70); la propiedad colectiva será reconocida en la medida en que se ejerza “de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente” (cap. IV, art. 19). Los beneficiarios “continuarán conservando, manteniendo y favoreciendo la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción” (cap. IV, art. 21). Las comunidades negras se ven así investidas de cualidades específicas: guardianas del medio ambiente “desde siempre”, deberían comprometerse a continuar desarrollando sus prácticas ecológicas en su territorio. Cualquiera que haya trabajado en la región del Pacífico conoce la naturaleza esencialmente extractiva y predadora de los sistemas agrícolas, en contextos de baja densidad demográfica y bajo la presión de agentes económicos exteriores que compran y comercializan, desde hace más de un siglo, los recursos naturales del litoral: caucho, tagua (Phytelephas spp. y Palandra aequatorialis) y madera. En estas condiciones, hablar reiteradamente de las prácticas ecológicas y el desarrollo sostenible remite a un discurso retórico, indispensable para insertar las nuevas disposiciones legislativas dentro de un discurso internacional legitimador, lo que a su vez es condición necesaria para conseguir fondos de la comunidad internacional. En una ceremonia de entrega de títulos de propiedad colectiva en el Chocó, el gobernador recordaba que con ese gesto “las comunidades toman el compromiso histórico de asegurar la durabilidad y la conservación del medio ambiente, al mismo tiempo que la comunidad internacional se compromete a aportar los recursos económicos necesarios al desarrollo equitativo de las comunidades” (El Espectador, 12 de febrero de 1998).

20Sin embargo, a pesar de estas ambigüedades, entre las organizaciones de base y entre los mismos habitantes del Pacífico se está dando un proceso de reapropiación del discurso, y a veces de recuperación de ciertas prácticas hasta entonces desconocidas o desaparecidas, pero ahora reivindicadas como “ancestrales” y “específicas”. En unos pocos años, desde la nueva Constitución de 1991, la promulgación de la ley 70 en 1993 y sobre todo la promulgación del decreto que reglamenta la titulación colectiva en 1995, la movilización social se ha amplificado en casi todos los municipios y ríos del Pacífico. En el departamento meridional de Nariño, más de veinte organizaciones étnico-territoriales han visto la luz del día, y poco a poco se constituyeron en igual número de consejos comunitarios encargados de llevar a cabo la titulación colectiva de “territorios de comunidades negras”. En 2000, el Estado había reconocido once “territorios colectivos” en ese departamento, mientras que otros veintiuno estaban en trámite. En total, estos treinta y dos territorios representan a 325 localidades y más de 800 mil hectáreas, cubriendo así la mayor parte de la superficie disponible.

  • 5 La noción de invisibilidad de las poblaciones negras a los ojos de los gobernantes y, más allá, de (...)

21Las poblaciones negras del Pacífico, hace veinte años todavía “invisibles”5 en la escena nacional, hacen su entrada con fuerza en el dispositivo institucional gubernamental, lo que no sucede sin ciertas fricciones y rechinar de dientes. La ley y los decretos que se elaboran poco a poco abren, en efecto, espacios reservados para las comunidades negras en múltiples campos: el de la propiedad territorial (decreto 1745), pero también el de la educación superior, con la creación de un instituto de investigaciones especializadas (el Instituto F. Neuman, hoy Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP); el de la educación de base, con los programas de etnoeducación (decreto 2249); el de la representación en el seno de los organismos de desarrollo (decreto 2314); el de la participación en los programas de investigación desarrollados sobre o en el Pacífico (decreto 2374), y más globalmente el de la negociación con el gobierno, con la creación de una Comisión Consultiva de Alto Nivel (departamental y nacional), concebida como un espacio de interlocución entre las instancias territoriales y nacionales (decreto 1371) (Agudelo, 1999).

22Este nuevo espacio institucional es ocupado por los dirigentes de las organizaciones de las comunidades negras que surgieron a finales de los años ochenta (algunos con antecedentes en los sesenta, como Cimarrón), pero que a menudo carecen de la capacidad para hacer frente a estas múltiples oportunidades -y obligaciones legales- de participación. Se da entonces un proceso “lógico”, casi mecánico, de acaparamiento de funciones por algunos, los más capacitados, los que disponen de un mayor capital cultural y político (Agier y Hoffmann, 1999).

23La concentración de la información en círculos restringidos de dirigentes locales provoca un efecto de aislamiento político, agravado por el fenómeno de segmentación de las élites políticas y sociales regionales. En efecto, el nuevo dispositivo se desarrolla al margen o más bien en paralelo con las instituciones sociales y políticas tradicionales que son las administraciones locales, las instancias descentralizadas de diversos ministerios, los sindicatos preexistentes y, sobre todo, los partidos políticos. Los activistas acusan a estas estructuras de traicionar la causa étnica, de no haberla apoyado nunca y de ni siquiera haberla tomado en cuenta. Tras la promulgación de la ley y de la movilización que le siguió, a principios de los años noventa, los militantes políticos tradicionales fueron poco a poco marginados de las nuevas redes activistas que se iban conformando, so pretexto de su colusión con los intereses de “los blancos” y de su participación en el sistema político nacional. Los que quedaron como líderes del “nuevo movimiento social” fueron unos dirigentes jóvenes, escolarizados y urbanos en su mayoría, sin pasado político en el sentido tradicional del término, pero en general con experiencia en trabajo comunitario en las ONG de los sectores cultural o social.

24En cierto momento hubo confluencia de intereses entre el Estado, que andaba en busca de interlocutores creados a la medida por la ley 70, y una élite local naciente que encontraba en esta coyuntura un campo de expresión y de reconocimiento social y político. El Estado guardaba ventaja al conservar protagonistas “cautivos” y dependientes –sobre todo del financiamiento–, alejados de los canales tradicionales de negociación política, mientras que los militantes negros podían así construir, en un espacio de alguna manera protegido, sus propios dispositivos políticos.

25Pero las cosas suceden con gran rapidez y el proceso de construcción se ve amenazado por todos los flancos. En el plano nacional, el nuevo espacio político étnico está cada vez menos protegido. El movimiento negro creyó poder traducir en términos electorales su capital político recientemente adquirido en las esferas institucionales, pero esto no sucedió. Las elecciones municipales de octubre de 1997 y de octubre de 2001 y las elecciones para la designación del Congreso de marzo de 1998 y de marzo de 2002 demostraron la poca presencia del PCN, tanto en las regiones del litoral como en las grandes ciudades con fuerte población negra. Si bien es cierto que cada vez más candidatos integran las reivindicaciones étnicas en sus discursos, lo hacen desde las estructuras tradicionales de decisión y poder, en uno de los dos partidos políticos históricos o en el seno de pequeños movimientos coyunturales recientemente creados pero afiliados a alguno de ellos. Por otra parte, varios militantes de la etnicidad, decepcionados por la falta de resultados inmediatos, se tornan hacia los partidos tradicionales para escapar del aislamiento mencionado. La separación entre las esferas de la política tradicional -partidos, sindicatos y administraciones- y las de la etnicidad, estimuladas por el Estado y asumidas por los nuevos líderes negros, se vuelve contraproducente para muchos militantes y políticos que no pueden sino constatar la eficacia persistente de las redes clientelares tradicionales.

26Todo acontece como si el discurso étnico hubiera adquirido legitimidad y representara incluso cierto argumento electoral, sin lograr con ello constituirse en fundamento de una fuerza político-electoral. En su mayoría, las organizaciones y los militantes étnicos no cuentan con medios para encarar la eficacia de las redes clientelares tradicionales (Agudelo, 2002) y no alcanzan el éxito electoral. Algunas excepciones rompen la regla, pero conciernen principalmente a los candidatos indígenas, que poseen mayor experiencia político-electoral que los militantes afrocolombianos: el senador páez Enrique Piñacué fue reelegido con mucha ventaja en 2002, y el gobernador electo del departamento del Cauca (Floro Tunubalá) es un indígena guambiano. ¿Se puede ver en estos hechos el germen de una dinámica propiamente etnopolítica, es decir, que sitúa a la etnicidad como una dimensión fundamental del ejercicio político (Agier, 1992)? En lo que toca a las poblaciones negras, esto parece todavía muy lejano, tan grandes son las divergencias que existen en el seno mismo de las organizaciones y entre los candidatos. Con dificultad logran los afrocolombianos consolidar su participación institucional; a pesar de estar legitimada y legalizada, todavía no llegan a construir un movimiento político-electoral susceptible de competir con los partidos. Por su parte, el Estado alienta la separación de las esferas de la política tradicional –partidos, sindicatos y administraciones– de las de la etnicidad, ciñendo a estas últimas a la estricta aplicación –mínima la mayoría de las veces– de las disposiciones legislativas ya emitidas. Después de las iniciativas innovadoras de los presidentes Gaviria (1987-1992, la Constitución de 1991) y Samper (1992-1997, la Ley de las Negritudes de 1993 y sus decretos de aplicación), no se ha apoyado la movilización negra. Ni el gobierno de Andrés Pastrana (1997-2002) ni el programa del presidente Álvaro Uribe, elegido en 2002, incluyeron la dimensión multicultural entre sus prioridades. El proceso de organización del movimiento negro no ha recibido ningún impulso significativo desde 1997, en parte por falta de apoyo institucional, en parte a causa de los problemas internos recurrentes (divisiones, acusaciones recíprocas, mala gestión de los recursos).

27En el nivel local, los dispositivos políticos construidos alrededor de la ley 70 son igualmente frágiles. Las organizaciones étnico-territoriales de base, aquellas que se han construido entre agricultores y habitantes rurales confrontados a los problemas cotidianos del subdesarrollo crónico, se inclinan cada vez menos a participar en los juegos de poder de sus dirigentes regionales. Además, a medida que se consolidan y maduran, aspiran a hablar por ellas mismas, sin pasar por el canal de la organización regional, y menos nacional. Las disensiones se multiplican y llevan a recomposiciones institucionales en el movimiento de comunidades negras en casi todos los departamentos del Pacífico. Después del momento de euforia y de movilización de principios de los años noventa, el movimiento negro tiene dificultades para estructurarse y mantener su capacidad de movilización más allá de la titularización de los territorios colectivos.

28Estas características generales se aplican en todo el país diferentemente según las regiones, ya que integran las disparidades existentes en cada una en términos de personal político y económico. A continuación nos abocaremos a analizar el contexto del departamento de Nariño, situado al sur de la gran región del Pacífico.

Notes

1 Conceptos sistemáticamente ligados y a veces confundidos en los discursos oficiales o de militantes, como bien lo resumen las expresiones “etnicidad ecologista” (Albert, 1997) o “nativo ecológico” (Ulloa, 2005).

2 Por ejemplo, el Proyecto Biopacífico para el litoral pacífico, con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-GEF), 1994-1997.

3 Población correspondiente, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de 1993, a los municipios del Pacífico a los que afecta la ley 70. Al igual que en muchos países de América Latina, las autoridades locales impugnan los censos recientes por estar muy por debajo de la realidad. A título de ejemplo, la ciudad de Tumaco contaba con 60 mil habitantes según el censo de 1993, pero sobrepasaba ampliamente los 100 mil según las autoridades locales. El departamento del Chocó contaba con 340 mil habitantes en 1993 según el censo del DANE, mientras que un documento del mismo DANE había declarado que eran 520 mil en 1990, etc. Por otra parte, ningún texto oficial se aventura a dar una estimación de las poblaciones susceptibles de acogerse a la ley 70 para reclamar territorios.

4 En los años sesenta y setenta, en algunas regiones del Pacífico el Incora llevó a cabo campañas de titularización individual de tierras, sobre todo en parcelas explotadas con cultivos comerciales (coco, arroz). En algunos ríos de Nariño se encuentra hoy de un 30 a 40% del total de lotes cultivados (no en superficie ni en número de agricultores) cubiertos por títulos de propiedad individuales legalizados.

5 La noción de invisibilidad de las poblaciones negras a los ojos de los gobernantes y, más allá, de las sociedades nacionales, desarrollada en Colombia por Friedemann (1994), es ampliamente utilizada en contextos similares en otros países de América Latina (Martínez Montiel, 1997, en México; Grosso, 1997, en Argentina).

© Institut français d’études andines, 2007

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