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Memorias en conflicto

Situaciones

Heridas abiertas, derechos esquivos: reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación1

Carlos Iván Degregori

Texte intégral

  • 1 Una versión preliminar de la primera parte de este artículo apareció con el título ”La palabra y l (...)
  • 2 En julio de 2001, el gobierno del presidente Valentín Paniagua creó una Comisión de la Verdad, int (...)

1Hasta principios del año 2000, pronosticar que pronto habría en el Perú una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hubiera sonado excéntrico. ¿Cómo se abrió entonces una ventana de oportunidad para su creación apenas dieciocho meses después?2 ¿Cómo ha incidido su trabajo en la disputa sobre una historia hegemónica acerca del conflicto armado interno que vivió el país en las décadas de 1980 y 1990? ¿Cómo modifica la agenda intelectual y política su Informe Final presentado el 28 de agosto de 2003? El presente texto adelanta algunas reflexiones sobre estas preguntas.

EL SURGIMIENTO DE LA CVR

  • 3 Explayarse sobre las causas de la derrota del PCP-SL y el MRTA excede a los límites del presente t (...)

2En abril de 1992, en un contexto de grave crisis nacional y luego de doce años del conflicto armado interno más sangriento de nuestra república, la mayoría de la opinión pública apoyó el golpe de estado encabezado por Alberto Fujimori, trocando libertades a cambio de orden y seguridad. Cinco meses después, cayó preso Abimael Guzmán, líder máximo del principal grupo subversivo, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), y, en los meses siguientes, la mayor parte de su dirección nacional. Paralelamente, fueron también capturados los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)3. La capacidad militar y política de las organizaciones subversivas colapsó. Aprovechando el contexto político favorable, en los años siguientes, los principales voceros del régimen propalaron insistentemente un mensaje que, apoyado por importantes líderes de opinión y amplificado por la mayoría de medios de comunicación, se volvió sentido común: las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el conflicto habían sido el costo necesario que el país tuvo que pagar para acabar con la violencia subversiva desatada en 1980 por el PCP-SL y, cuatro años más tarde, por el MRTA. Era mejor voltear la página, mirar hacia delante, no reabrir las heridas provocadas por el conflicto. Hacia mediados de la década, parecía haberse impuesto el olvido. La ley de amnistía de 1995 parecía su consagración.

  • 4 Sobre memoria, olvido y política, véase Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, 2002, México (...)
  • 5 Steve Stern, De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como pr (...)

3Pero se había impuesto, más bien, una cierta narrativa sobre los años de violencia política4. na ”memoria salvadora”5, en la que los protagonistas centrales de la gesta pacificadora eran Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Las Fuerzas Armadas y Policiales aparecían como actores secundarios y las instituciones civiles y ciudadanos de a pie como meros espectadores pasivos de ese drama en blanco y negro en el cual la encarnación del mal no eran solo Sendero Luminoso y el MRTA, sino todos aquellos que discrepaban con la versión oficial sobre lo ocurrido en esos años.

4Siempre existieron, sin embargo, narrativas que cuestionaban esa historia oficial. Las más visibles eran las que surgían desde los organismos defensores de Derechos Humanos o el periodismo de oposición. Pero también estaban las memorias silenciadas, arrinconadas en el ámbito local o familiar, por temor y/o por la falta de canales para expresarse en la esfera pública.

5Explorar esas versiones cuestionadoras, esas memorias arrinconadas, su derrotero a lo largo de la década pasada, su impacto en la opinión pública y en las movilizaciones sociales durante las postrimerías del fujimorismo permite esbozar una suerte de genealogía de la CVR. Sirve también para cuestionar generalizaciones sobre una supuesta ”cultura peruana” irremediablemente autoritaria.

6Así, incluso durante el debate de la Constitución de 1993, en pleno auge del sentido común que consideraba la ”mano dura” como la única respuesta no solo a la violencia terrorista, sino a casi cualquier problema, entre un 30 y 40% de peruanos opinaron en contra de la restauración de la pena de muerte en la nueva Constitución. En 1995, alrededor del 85% se pronunció en contra de la ley de amnistía promulgada en junio de ese año, apenas pocas semanas después de la arrolladora victoria electoral de Fujimori, que le permitió reelegirse para un segundo período. Poco después, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una encuesta sobre la percepción ciudadana acerca de los derechos humanos. La mayor demanda de los encuestados fue que la CNDH se concentre en:

”el derecho a la vida, entendido como la protección de las personas contra toda forma de abuso y trato discriminatorio, particularmente en el acceso a la justicia.”

  • 6 Sobre los sucesos de 1992 en La Cantuta, véase Pablo Sandoval, ”El olvido está lleno de memoria. L (...)

7Es reveladora también la percepción que se recogió en los focus groups sobre la matanza de estudiantes en la Universidad Nacional de Educación ”La Cantuta” en 19926 y la entonces reciente ley de amnistía:

  • 7 A la intemperie. Percepciones sobre derechos humanos, 1996, Lima: CNDH. La encuesta fue realizada (...)

”La Cantuta puede traer recuerdos borrosos pero es sinónimo de un asesinato de estudiantes, y la condena se mantiene aún si los desaparecidos hubieran sido efectivamente senderistas. La amnistía es rechazada, violó el derecho de las personas, y particularmente de los deudos, de saber la verdad y recibir justicia. Estos son valores que se aprecian.” 7

  • 8 Nos referimos al famoso video en el cual el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) (...)

8Esa sensibilidad a favor de la verdad y en contra de la impunidad llegó a ocupar un lugar importante dentro del paquete de demandas que se fueron articulando contra el gobierno en la segunda mitad de la década. Entre estas, destaca el reclamo contra el autoritarismo, impulsado inicialmente por sectores medios urbanos y que comenzó a cobrar fuerza a partir de la aprobación ya en 1996 de la denominada ”ley de interpretación auténtica”, que abría las puertas a una segunda reelección de Fujimori. En los años siguientes, conforme el régimen concentraba fuerzas en su propia perpetuación y se profundizaba la crisis económica, crecieron las demandas por empleo, salarios y contra el centralismo. Por último, especialmente a partir de la aparición del primer vladivideo en septiembre de 20008, se generalizó el rechazo a la corrupción del régimen.

  • 9 No es propósito de este artículo discutir el denominado ”paradigma de las transiciones democrática (...)

9El punto de encuentro alrededor del cual esas demandas se articularon el año 2000 fue el reclamo por respeto a la democracia representativa, específicamente contra el fraude electoral y el respeto al voto ciudadano. La centralidad de este reclamo muestra cuánto había cambiado el escenario nacional e internacional desde la anterior transición democrática (1977-1980)9, cuando las demandas de los movimientos sociales que empujaron el repliegue del gobierno militar (1968-1980) fueron centralmente económicas y sociales.

  • 10 El término es de Elizabeth Jelin, ”Memorias y luchas políticas”, en: Jamás tan cerca arremetió lo (...)
  • 11 Sobre el escuadrón de la muerte denominado Colina, véase Rospigliosi, op.cit. También el Informe F (...)

10El reclamo contra las violaciones a los DD.HH. logró incorporarse a este paquete de demandas antiautoritarias en la coyuntura de crisis del fujimorismo. Ello sucedió porque, más allá de la sensibilidad ya mencionada, entre las narrativas públicas contestatarias y las memorias silenciadas de las víctimas, existían, desde la década de 1980, ”emprendedores de la memoria”10, que iban tendiendo puentes y creando organizaciones como la CNDH. Si bien no eran masivas, estas organizaciones estaban cohesionadas y habían logrado establecer cabeceras de playa en diferentes regiones y sectores sociales del país. Estos ”emprendedores de la memoria” fueron aglutinando, a su alrededor, desde organizaciones de víctimas de la violencia hasta colectivos juveniles, que, durante el segundo gobierno de Fujimori, articularon la demanda democrática con el respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo, sobre todo a partir de la exposición pública de los crímenes del escuadrón de la muerte llamado Colina y sus relaciones con el hombre fuerte del régimen, Vladimiro Montesinos, la oposición política le fue dando mayor espacio dentro de su agenda al tema del respeto a los derechos humanos11.

  • 12 Por tanto, así como, a fines de la década de 1970, las formas de protesta vinculadas originalmente (...)
  • 13 Los otros tres miembros fueron la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confed (...)

11Sin embargo, la inclusión de esta demanda no basta para explicar la conformación de una CVR en el Perú. Más aún si se tiene en cuenta que el reclamo se concentraba en las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori. Aquellas cometidas en la década de 1980, que fueron igual es de graves y mucho más masivas, quedaban todavía en la penumbra. Otro factor que ayuda a explicar la existencia de la CVR es la debilidad de los partidos políticos durante la transición. En realidad, en ninguna de las dos transiciones peruanas más recientes, tuvieron los partidos políticos un papel decisivo. En la anterior (1977-1980), dicho papel lo desempeñaron las ”organizaciones populares”. Esta vez, la ”sociedad civil”. Simplificando, digamos que ambos términos constituyen formas diferentes de nombrar a las clases populares y a los sectores medios, que tuvieron un papel importante como gatilladores de la transición el año 200012. Este papel se plasmó, por ejemplo, en la participación de la CNDH como uno de los cuatro representantes de la sociedad civil en la Mesa de Diálogo propiciada por la OEA luego de las elecciones de 2000, que, en buena medida, dio forma a la transición13. Si los partidos llamados tradicionales hubieran tenido un papel central en la transición, como sucedió por ejemplo en Chile, hubiera sido casi imposible la conformación de una CVR que investigara lo sucedido desde 1980, en tanto hubieran quedado bajo escrutinio los gobiernos de Acción Popular (1980-1985) y del APRA (1985-1990).

  • 14 La primera en la región fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, formada en Arg (...)

12Contaron también, para explicar la existencia de la CVR, las modificaciones en el contexto internacional. No solo por la consolidación de la democracia representativa como credencial para acceder a la globalización, sino por la conformación de comisiones de la verdad en diversos países de América Latina a raíz del fin de las dictaduras militares en el Cono Sur y de los conflictos armados en países de América Central. Para el año 2000, las comisiones de la verdad eran parte del menú de opciones en los países donde se producían transiciones democráticas luego de conflictos armados internos14.

  • 15 Este reclamo antecede a la coyuntura de crisis del fujimorismo, durante la cual se vuelve más visi (...)

13Por tanto, si bien no existió en el Perú del año 2000 una demanda social masiva por verdad y justicia, como fue el caso de Argentina en el momento de la caída de la dictadura militar, sí existía un fuerte reclamo por transparencia y contra la impunidad15, en un contexto internacional favorable.

14Además, lo que se produjo en el Perú no fue una transición pactada, sino un colapso del régimen autoritario. A diferencia de Chile o Guatemala, donde las FFAA no solo conservan sus prerrogativas, sino que monitorean la transición, en el Perú, los guardianes del olvido se baten en retirada, fugan del país o caen en prisión. Hay que añadir, por último, que las transiciones, o por lo menos sus inicios, son coyunturas sumamente fluidas en las que se amplían las posibilidades para la agencia o ”voluntad política”, se agrietan las historias oficiales y se abren resquicios por donde irrumpen otras memorias y otras lecturas del pasado.

  • 16 En Uruguay, por ejemplo, luego de una tímida comisión investigadora del Congreso, con mandato limi (...)

15De esta forma, se abrió el espacio para una comisión de la verdad. El resultado pudo haber sido distinto16. Más aún, la CVR en el Perú tuvo un mandato amplio. No se limitó a esclarecer los casos de detenidos-desparecidos, como sucedió en Chile, sino que investigó:

  • 17 Artículo 3 del Decreto Supremo N. 065-2001-PCM. Las comisiones de la verdad no tienen, por lo gene (...)

”a) asesinatos y secuestros; b) desapariciones forzadas; c) torturas y otras lesiones graves; d) violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país; e) otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.”17

16Por último, ese mandato fue refrendado por los principales candidatos a la presidencia durante las elecciones de 2001. Todos se comprometieron por escrito a hacer suyas las recomendaciones del informe final de la CVR, en caso de ser elegidos.

EL USO DE LA PALABRA

17Dieciséis meses después de su conformación, el pleno de comisionados de la CVR constataba, en una reunión con responsables de sedes regionales y de investigación, que los espacios que se habían abierto para el trabajo de la CVR parecían difuminarse. Las dificultades económicas acaparaban la atención de las mayorías empobrecidas. La fragilidad del régimen agudizaba la tensión entre verdad y justicia, por un lado, y gobernabilidad democrática, por otro. Los enclaves autoritarios persistían con fuerza en sectores importantes como los medios de comunicación. El escepticismo restaba credibilidad a las instituciones. Los espacios para una reelaboración del pasado se adelgazaban y regresaba la tentación del ”olvido”. Esas tendencias se veían reforzadas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., que alteraron dramáticamente el escenario internacional. El principal riesgo que corría la CVR era que su informe final fuera recibido con total indiferencia.

  • 18 A diferencia de otros países como Guatemala, la CVR peruana no tuvo que iniciar sus investigacione (...)

18Sin embargo, la coyuntura seguía siendo fluida y el país estaba lejos de haber regresado a la situación anterior a enero de 2000 (cosa, por lo demás, imposible). La propia existencia de la CVR, inscrita dentro del proceso de lucha contra el olvido y la impunidad que acabamos de reseñar, se alimentaba de él18 y, al mismo tiempo, favorecía el desencadenamiento o consolidación de procesos en marcha.

19Menciono solo algunos ejemplos. Atreverse a hablar sobre los crímenes y violaciones a los DD. HH. de nuestra historia reciente de una manera tan directa hubiera sido impensable tres años antes. No me refiero solo a las Audiencias Públicas de la CVR, que fueron la línea de trabajo de mayor impacto de la Comisión, sino a varios otros ámbitos en los que diversos actores hacían uso de la palabra, para denunciar, por ejemplo, la existencia de sitios de entierro o fosas comunes. No es que solo hasta ese tiempo se descubrieran, sino que el resquebrajamiento del miedo abrió la posibilidad de denunciar su existencia. Así, al iniciarse el trabajo de la CVR, habían sido reportados alrededor de cincuenta sitios de entierro ante organismos defensores de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo. Cuando la CVR terminó su trabajo, el número de sitios reportados superaba los cuatro mil, de los cuales el equipo forense de la CVR logró hacer reconocimientos preliminares en más de dos mil. Por otro lado, teniendo en cuenta la experiencia de otras Comisiones, las dimensiones del conflicto en el Perú y nuestras propias fuerzas, la CVR planificó recoger alrededor de doce mil testimonios. Pero la demanda fue creciendo sostenidamente y terminó recogiendo casi diecisiete mil.

HERIDAS, DERECHOS

20¿Reabre la CVR heridas que ya estaban cerradas, produciendo un dolor innecesario a las propias víctimas al darles la palabra? Si algo quedó claro a partir del trabajo de la CVR es que las heridas no estaban cerradas y eran bastante más graves y dolorosas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que había eran voces silenciadas por la lejanía y/o la indiferencia, pues, en contraste con los países del Cono Sur, donde la violencia política tuvo lugar en escenarios urbanos y en un contexto de mayor desarrollo ciudadano, en nuestro país, el polo más golpeado por la violencia política fue el pobrerural-indígena-joven. Y las mujeres de ese polo sufrieron tendencialmente las mayores secuelas.

  • 19 En el Seminario Internacional ”De la negación al reconocimiento. Escenarios Post-Comisión de la Ve (...)
  • 20 Mientras que, en el censo nacional de 1993, el porcentaje de quechuahablantes en el país no llegab (...)

21Podemos pensar, entonces, que en el país coexisten diferentes tiempos, marcados por un acceso diferenciado al poder. Lo que para las elites y la mayoría de la población urbana es pasado, sigue siendo presente para los in-significantes. El término es de Gustavo Gutiérrez19. En el plano económico, porque el conflicto armado interno golpeó sobre todo zonas del país que importaban poco en términos macroeconómicos, en tanto poco aportaban al PBI. En el plano político, porque las elecciones no se deciden en las zonas rurales. En el cultural, por el arraigado racismo subsistente contra los pueblos indígenas: el 75% de las víctimas mortales del conflicto tenían al quechua como idioma materno20.

  • 21 Sobre la imposibilidad de elaborar el duelo en situaciones traumáticas, véase Ernst van Alpen, ”Sy (...)

22La CVR llevó a la esfera pública una realidad que quería ser relegada al pasado: la de los miles de familiares de desaparecidos, por ejemplo, atrapados en un presente de sufrimiento, impedidos de cerrar el duelo y voltear la página mientras no ubiquen a sus seres queridos. Al hacerlo, contribuyó a alterar los balances de poder, aunque fuera solo para incomodar a quienes lo detentan, lo cual pudo advertirse en sus reacciones frente al informe final de la CVR21.

  • 22 La asimetría se acentuaba por la composición misma de la CVR, que no dejaba de reflejar las brecha (...)

23Uno de los peligros de las audiencias públicas era el de establecer una relación asimétrica, paternalista22, con quienes podían aparecer o, peor aún, ser construidos como víctimas, y solo como tales podían acceder a la esfera pública y obtener reconocimiento. Sin embargo, el hecho mismo de atreverse a hablar los mostraba a los testimoniantes como agentes. Cuando hablaban en lenguas diferentes del castellano, el testimonio constituía, además, una doble reparación simbólica, porque su silencio se quebraba y porque su voz se escuchaba en idiomas silenciados en la esfera pública.

  • 23 Las objeciones que políticos y empresarios han puesto a la posibilidad de reparaciones, especialme (...)
  • 24 El informe final de la CVR evita presentarlos como víctimas en el sentido de individuos pasivos, a (...)

24Por otro lado, pocas veces los y las testimoniantes se quedaban en la súplica; sobreponiéndose al dolor, la mayoría planteaba demandas. Y el abanico de reclamos no se quedaba en las reparaciones económicas23, sino que incluía, en lugar prominente, demandas de justicia, educación, apoyo psicológico, para mencionar solo las más frecuentes. El tono mayoritario en las Audiencias enlazaba con la sensibilidad advertida en el ya citado estudio de 1996. Quienes daban su testimonio protestaban ”contra los abusos y tratos discriminatorios, especialmente en el acceso a la justicia”, exacerbados más allá de cualquier umbral de tolerancia durante los años de violencia política. Eran, en otras palabras, testimonios que incluían reclamos de igualdad ante la ley, dados por quienes, para comenzar, fueron víctimas, entendiendo esa palabra como una categoría jurídica que da derecho a exigir reparaciones, penales y civiles24. En las décadas previas al conflicto armado interno, sectores importantes de peruanos y peruanas ingresaron al espacio público como sindicalistas o como invasores de haciendas o de terrenos urbanos, conquistando a partir de allí derechos ciudadanos. En las últimas dos décadas, otros peruanos ingresaron a la escena pública desgraciadamente como víctimas de la violencia política. Es posible que también a partir de allí les sea posible conquistar derechos ciudadanos. Un indicador favorable podría ser la conformación —aprovechando la ventana de oportunidad abierta por los trabajos de la CVR— de una federación de organizaciones de víctimas, que revierte parcialmente la debilidad de estas organizaciones en comparación con los países del Cono Sur.

  • 25 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, pp. (...)

25Para esto, es necesario que quienes estén dispuestos a hablar, y a reclamar, encuentren interlocutores en el Estado. También en este aspecto el trabajo de la CVR significó un cambio, menos dramático, pero importante: quienes fueron víctimas de la violencia política y expresaron su deseo de hablar encontraron un espacio oficial (público, o privado en el caso de la recolección de testimonios) de escucha. Existen antecedentes de acción del Estado en este terreno, especialmente en el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que logró elaborar un listado de detenidos-desaparecidos. Pero el espacio para la escucha era (y sigue siendo) tremendamente insuficiente, no solo desde el Estado, sino desde la propia sociedad. Sin embargo, sobre todo en este último aspecto, hay que tener en cuenta los tiempos de la memoria. Como advierte Jelin25:

”Hay coyunturas políticas de transición —como Chile a fines de los ochenta o en la Francia de la posguerra— en que la voluntad de reconstrucción es vivida como contradictoria con mensajes ligados a los horrores del pasado... Encontrar a otros con capacidad de escuchar es central en el proceso de quebrar silencios.”

26En algunos casos, como el del exterminio nazi:

  • 26 Elizabeth Jelín, op.cit., pp. 83-84.

”El mundo exterior no logró captarlo... los marcos interpretativos culturalmente disponibles no contaban con los recursos simbólicos para ubicar y dar sentido a los acontecimientos... Fue necesario el paso del tiempo, e inclusive la llegada de una generación nacida en la posguerra que comenzara a preguntar e interrogar a sus mayores, para reconocer e intentar dar contenido a la brecha histórica que se había creado en la capacidad social de testimoniar, ya que los testimonios no fueron transmisibles, o integrables, en el momento en que se producían los acontecimientos. Sólo con el paso del tiempo se hizo posible ser ”testigo” del testimonio, como capacidad social de escuchar y de dar sentido al testimonio del sobreviviente. Estamos aquí frente a una de las paradojas del ”trauma histórico”, que señala el doble hueco en la narrativa: la incapacidad o imposibilidad de construir una narrativa por el vacío dialógico —no hay sujeto, no hay oyente, no hay escucha—. Cuando se abre el camino al diálogo, quien habla y quien escucha comienzan a nombrar, a dar sentido, a construir memorias.”26

27El trabajo y el Informe Final de la CVR han revelado tanto la reticencia a escuchar ”mensajes ligados a los horrores del pasado” como también la configuración de espacios de diálogo anteriormente inexistentes o exiguos.

INFORME FINAL, VOLUNTAD DE “OLVIDO”, ESPACIOS DE DIÁLOGO

  • 27 Véase al respecto, Carlos Iván Degregori, La década de la antipolítica. Auge y caída de Alberto Fu (...)

28Tan llamativa como la presentación del Informe Final fue la campaña de demolición emprendida por sectores de la prensa y voceros de varios partidos políticos en los dos meses previos a su presentación, es decir, antes de conocerlo. En sus ribetes más duros, los ataques hicieron recordar las campañas mediáticas emprendidas contra los opositores en los últimos años del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000)27.

  • 28 La CVR tenía más de 60% antes de la campaña de demolición y llegó al final de su trabajo con un 48 (...)

29Las principales críticas al Informe Final eran de parcialización en contra de las Fuerzas Armadas y a favor de los grupos subversivos. Sin embargo, en un contexto de crisis de legitimidad de las instituciones, la CVR mantuvo hasta el final un porcentaje de aprobación muy alto en las encuestas de opinión pública28. Más aún, al margen de aprobar o no la labor de los comisionados, más del 80% de encuestados se mostraba a favor de que el Informe Final se entregara efectivamente al gobierno y su contenido se hiciera público. Es importante señalarlo en tanto una de las propuestas de los críticos era que la entrega se postergara o se hiciera en estricto privado al Presidente de la República.

30Lo que esas encuestas expresaban era el repliegue de la ”memoria salvadora” de la década anterior, agresivamente militarizada, y su propuesta de ”olvido”. Sin embargo, aun coyunturalmente en repliegue, esta negativa a reconocer lo acontecido se inscribe en lo que podríamos llamar un tiempo largo de olvido o, más bien, una costumbre de reprimir memorias subalternas. La reticencia a aceptar la cifra de más de 60 mil muertos y desaparecidos planteada en el informe de la CVR, en contraste con los 25 mil muertos tenidos hasta entonces como saldo oficial de los años de violencia, mereció la siguiente reflexión de Mirko Lauer:

  • 29 Mirko Lauer, ”La desaparición de la desaparición”, en: La República, Lima, 19 de junio de 2003, p. (...)

”Además de constituir una cifra atroz, las 35 mil ‘nuevas víctimas’ revelan a su vez una nueva categoría, que en realidad es bastante vieja: los doblemente muertos y desaparecidos. Son personas que sufrieron una tragedia, y el país —no sólo el oficial, sino también el social— simplemente no advirtió que habían muerto o desaparecido. Esto equivale más o menos a decir que estos peruanos inexistían para la nación desde mucho antes de haber dejado de existir para la realidad... La pobreza que los vio nacer tapó el agujero sin inmutarse.”29

31Más que falta de marcos interpretativos culturalmente disponibles dentro de una comunidad nacional víctima de sucesos traumáticos, nos encontramos aquí con la existencia de marcos interpretativos antiguos dentro de una comunidad que excluye o discrimina, especialmente a aquellos pobres que son, además, culturalmente diversos, en este caso quechuas y asháninkas.

32Al mismo tiempo, en contraste con el silencio inicial y con la tibia respuesta posterior del gobierno, se constata la existencia de sujetos dispuestos a escuchar. El éxito de público de la exposición fotográfica de la CVR —Yuyanapaq. Para recordar— así como la multiplicación de eventos, muchos de ellos organizados o atendidos por jóvenes, que tal vez anuncien la llegada de una generación ”dispuesta a interrogar a sus mayores”, hacen que, al momento de escribir este artículo (noviembre de 2003), siga siendo difícil evaluar si el Informe Final de la CVR será capaz de replantear la agenda intelectual y política del país. Sin embargo, ante las reticencias de la mayoría de partidos, del ministerio público y del propio gobierno, nada garantiza que sus recomendaciones sean asumidas por el gobierno y apoyadas por sectores importantes de la opinión pública.

33Otras experiencias de comisiones de la verdad establecidas en períodos de transición democrática permiten afirmar que:

  • 30 Patricia Valdez: ”Las comisiones de la verdad”, en: Verdad y justicia. Homenaje a Emilio Mignone, (...)

”saltar etapas, buscar atajos en el camino de la verdad y la justicia con el argumento de sostener la gobernabilidad, erosiona la posibilidades de fortalecer la propia democracia que se busca defender.”30

34Pero también enseñan que las comisiones son exitosas en la medida en que actores sociales y políticos importantes se comprometen con sus recomendaciones y hacen suya la nueva lectura del pasado propuesta por las comisiones. Transitar de una cierta simpatía pasiva a una memoria activa, no solo solidaria con las víctimas, sino capaz de elaborar nuevos sentidos del pasado y propuestas políticas de futuro, es el difícil desafío de los próximos años.

Notes

1 Una versión preliminar de la primera parte de este artículo apareció con el título ”La palabra y la escucha. Reflexiones sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación” en la revista Socialismo y Participación, n. 94, Lima, diciembre de 2002, pp. 93-98.

2 En julio de 2001, el gobierno del presidente Valentín Paniagua creó una Comisión de la Verdad, integrada por siete miembros, encargada de ”esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos” (Decreto Supremo N. 065-2001PCM. Artículo 1). En agosto del mismo año, a pocos días de asumir el mando, el presidente Alejandro Toledo ratificó su existencia; cambió el nombre por el de Comisión de la Verdad y Reconciliación; incluyó cinco nuevos miembros, pero mantuvo intacto el mandato, que concluye el 13 de julio de 2003.

3 Explayarse sobre las causas de la derrota del PCP-SL y el MRTA excede a los límites del presente trabajo. Véase al respecto el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, especialmente el tomo II.

4 Sobre memoria, olvido y política, véase Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, 2002, México D. F.: Siglo xxi Editores.

5 Steve Stern, De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile 19973-1998). Ponencia presentada al seminario Memoria Colectiva y Represión, Montevideo, Social Science Research Council.

6 Sobre los sucesos de 1992 en La Cantuta, véase Pablo Sandoval, ”El olvido está lleno de memoria. La matanza de estudiantes de La Cantuta”, en: Carlos Iván Degregori editor, Nunca tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú, 2003, Lima: IEP.

7 A la intemperie. Percepciones sobre derechos humanos, 1996, Lima: CNDH. La encuesta fue realizada por IMASEN en Lima, Iquitos y Huancayo. Asimismo, se realizó un estudio cualitativo, entre los sectores populares (estrato bajo inferior, estrato bajo superior) de Lima Metropolitana.

8 Nos referimos al famoso video en el cual el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y hombre fuerte del régimen, Vladimiro Montesinos, entrega rumas de billetes a un congresista electo para que renuncie a su agrupación política y se integre a la bancada gobiernista. Sobre el papel del asesor durante los gobiernos de Alberto Fujimori, véase: Fernando Rospigliosi, Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares, 2000, Lima: IEP.

9 No es propósito de este artículo discutir el denominado ”paradigma de las transiciones democráticas”, hoy ampliamente debatido. Usamos el término en el sentido de tránsito de un gobierno autoritario, producto de la ruptura del estado de derecho, a otro elegido por sufragio universal, en elecciones que cumplen los mínimos estándares internacionales.

10 El término es de Elizabeth Jelin, ”Memorias y luchas políticas”, en: Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú, 2003, Lima: IEP, 48p.).

11 Sobre el escuadrón de la muerte denominado Colina, véase Rospigliosi, op.cit. También el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, especialmente tomos II y V.

12 Por tanto, así como, a fines de la década de 1970, las formas de protesta vinculadas originalmente a los sindicatos obreros —paros, marchas, ollas comunes— se propagaron hacia los sectores medios que comenzaban su proceso de empobrecimiento, esta vez los lavados de bandera y otras estrategias performativas, formuladas inicialmente por núcleos de intelectuales y artistas, fueron replicadas en diferentes ciudades del país por diferentes actores sociales regionales y populares.

13 Los otros tres miembros fueron la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (CONFIEP) y la Conferencia Episcopal Peruana.

14 La primera en la región fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, formada en Argentina en 1983. Posteriormente, se formaron comisiones estatales en Chile, El Salvador y Guatemala. En años recientes, se va construyendo incluso una literatura especializada sobre comisiones de la verdad. Véase, entre otros, Priscilla Hayner, Unspeakeable Truths. Confronting State Terror and Atrocities, 2001, New York/London: Routledge; Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Verdad y justicia, Homenaje a Emilio Mignone, sección III, 2001, San José: CELS/Fundación Ford.

15 Este reclamo antecede a la coyuntura de crisis del fujimorismo, durante la cual se vuelve más visible en la escena pública. En el mencionado estudio de IMASEN, por ejemplo, llamaba la atención, en primer lugar, cómo: ”Desde una marcada conciencia de igualdad se objetaba la falta de procedimientos de justicia igualitarios, la corrupción institucionalizada y las múltiples manifestaciones del abuso y el maltrato de que podían o habían sido objetos” (A la intemperie... p. 57).

16 En Uruguay, por ejemplo, luego de una tímida comisión investigadora del Congreso, con mandato limitado, el gobierno sometió a referéndum una ”Ley de caducidad de las pretensiones punitivas del Estado”, la cual fue aprobada.

17 Artículo 3 del Decreto Supremo N. 065-2001-PCM. Las comisiones de la verdad no tienen, por lo general, carácter vinculante. Sobre la variabilidad de sus mandatos, véase Hayner, op. cit.

18 A diferencia de otros países como Guatemala, la CVR peruana no tuvo que iniciar sus investigaciones prácticamente de cero. En el caso peruano, se aprovecharon investigaciones realizadas por los organismos defensores de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, así como por periodistas independientes e investigadores sociales.

19 En el Seminario Internacional ”De la negación al reconocimiento. Escenarios Post-Comisión de la Verdad y Reconciliación”, Lima, junio 2003.

20 Mientras que, en el censo nacional de 1993, el porcentaje de quechuahablantes en el país no llegaba al 20%.

21 Sobre la imposibilidad de elaborar el duelo en situaciones traumáticas, véase Ernst van Alpen, ”Symptoms of Discursivity: Experience, Memory, and Trauma”. En: Mieke Bal, Jonathan Crece y Leo Spitzer (eds.), Acts of Memory. Cultural Recall in the Present. Hannover, University Press of New England. También Susana Kaufman, ”Sobre violencia social, trauma y memoria”. En: Seminario Memoria colectiva y represión: perspectivas comparativas sobre el proceso de democratización en el Cono Sur de América Latina. SSRC, 6-17 de noviembre de 1998, Montevideo.

22 La asimetría se acentuaba por la composición misma de la CVR, que no dejaba de reflejar las brechas existentes en el país, que contribuyen a explicar la propia violencia política. Por ejemplo, diez de los comisionados eran varones y solo dos mujeres, todos de clase media urbana. Todos vivían en Lima. Solo uno hablaba y entendía quechua, y otro entendía a medias la lengua materna del 75% de las víctimas.

23 Las objeciones que políticos y empresarios han puesto a la posibilidad de reparaciones, especialmente individuales, a las víctimas de la violencia refleja bien una ideología hegemónica en la cual todo se mide en términos monetarios y en la que importan más las cifras macroeconómicas que los bolsillos o la dignidad de los ciudadanos. A veces, de manera despectiva, algunos políticos han afirmado que quienes dieron su testimonio lo hicieron para ”ganarse alguito” (Víctor Andrés García Belaúnde). Casi siempre a la defensiva, muchos se han referido a las dificultades económicas del Estado: ”me gustaría que todos los pobres pudieran recibir un millón de dólares, pero eso no es posible” (Rafael Rey).

24 El informe final de la CVR evita presentarlos como víctimas en el sentido de individuos pasivos, atrapados entre dos fuegos, y necesitados únicamente de protección. Enfatizando la responsabilidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos, el informe rescata la actoría de los sectores sociales golpeados por la violencia, llena de episodios de resistencia y heroísmo, pero también, en casos como el de los comités de autodefensa, por ejemplo, salpicada de abusos y violaciones a los derechos humanos.

25 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, pp. 31-32.

26 Elizabeth Jelín, op.cit., pp. 83-84.

27 Véase al respecto, Carlos Iván Degregori, La década de la antipolítica. Auge y caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, 2000, Lima: IEP, especialmente la sección II.

28 La CVR tenía más de 60% antes de la campaña de demolición y llegó al final de su trabajo con un 48% de aprobación. Ni el Presidente, ni el Congreso ni el Poder Judicial llegan al 20% de aprobación.

29 Mirko Lauer, ”La desaparición de la desaparición”, en: La República, Lima, 19 de junio de 2003, p. 6.

30 Patricia Valdez: ”Las comisiones de la verdad”, en: Verdad y justicia. Homenaje a Emilio Mignone, CELS/Ford, p.128.

© Institut français d’études andines, 2004

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